martes, 14 de febrero de 2017

EJECUCIÓN EN LA BALLENA

Corrió la sangre este martes en el josefino predio

San José del Cabo, Baja California Sur.-  En el interior de una vivienda del josefino predio La Ballena fue encontrado, la tarde de este martes, el cuerpo exánime de un varón, ultimado a balazos.

En la escena, los peritos CSI encontraron casquillos, ojivas así como 5 bolsas con marihuana  y cristal, indicios que fueron enviados para su análisis a los laboratorios de la PGJE.

El occiso, cabeño de 25 años de edad, contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud según la base de datos de AFIS.


(PENINSULAR DIGITAL/ Redacción/ 14/02/2017)

EN “CAPILLA” EL DIRECTOR DE SCT EN BCS

Lo llaman a rendir cuentas en la capital


Eleazar Gutiérrez Magaña, fue emplazado a presentarse en las oficinas centrales de SCT para que explique y rinda un informe conciso sobre una serie de irregularidades que se han señalado en su contra.

La Paz, Baja California Sur.-De manera sorpresiva el titular del Centro SCT en Baja California Sur, Eleazar Gutiérrez Magaña, fue emplazado a presentarse en las oficinas centrales de esa dependencia para que explique y rinda un informe conciso sobre una serie de irregularidades que se han señalado en su contra, no solo sobre desfasamientos de tiempo en las obras carreteras sino incluso por presuntos actos de corrupción en que se dice se ha visto involucrado.

Lo anterior, porque en repetidas veces los ejidatarios se han manifestado sobre el adeudo que existe por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el uso de sus tierras para la construcción del tramo carretero San José del Cabo-Cabo San Lucas.

Ello se desprende del informó que el presidente del Comisariado Ejidal, Gilberto Magaña, externó en el sentido de que no tienen claro de para cuándo recibirán el adeudo restante que mantiene la dependencia con ellos, lo que ha generado el descontento generalizado entre los 272 ejidatarios del lugar y que ya consideran se les ha mentido demasiado.

La acusación del presunto acto de corrupción lo basan porque tienen conocimiento pleno de que ha habido recursos para pagarle a otros ejidos, por lo que no se explican porque del retraso en perjuicio de estos, aun y a sabiendas de que se etiquetaron 320 millones de pesos para realizar la liquidación de los adeudos pendientes con estos.

Otro señalamiento más en contra del funcionario federal fue recientemente por parte de un grupo de trabajadores del Centro SCT, y que en su momento se manifestaron con el propósito de pedir la destitución de quien era el Director de Asuntos Jurídicos, Daniel Herrera Rodríguez, a quien acusaron de ser un personaje que siempre ha estado en contra de los trabajadores y que han sufrido hostigamiento sin que se conozca el motivo de tal actitud.

Ante ello, Humberto Osuna Orozco, secretario general del Sindicato de Trabajadores Democráticos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha venido puntualizando que no cederán ya que es mucho tiempo de soportar las acciones y atropellos por parte de Herrera Rodríguez, quien se venía manejando siempre con una actitud prepotente ante los integrantes del sindicato, por lo que buscaron en varias ocasiones dialogar y ser recibidos por Eleazar Gutiérrez Magaña, pero han acotado que no han tenido una respuesta.

Otro malestar adicional que se ha dado a conocer en las oficinas centrales de la SCT de la Ciudad de México, son los constantes accidentes presentados en el tramo carretero La Paz-Constitución, donde por falta de señalamientos en la carretera y la oscuridad del lugar, han sido varios los autos que se han salido del camino y volcado, provocando lesiones en personas que transitan por ese lugar.

Se ha solicitado en repetidas ocasiones a la autoridad de la SCT, y en especial a la persona de Eleazar Gutiérrez Magaña, que se emita una solución sobre la falta de señalamientos por las obras realizadas en ese tramo carretero, pues no es la primera vez que se presenta un accidente en esa vialidad y en donde algunos medios locales han expresado públicamente que en ese sitio se han generado accidentes que han terminado con la vida de algunas personas.


(PENINSULAR DIGITAL/ Alejandro Barañano/ 14/02/2017)

SUS PAPÁS NO PUDIERON PAGAR EL SECUESTRO, HOY ESTÁN MUERTOS


Dos niños son asesinados en Guatemala después de haber sido secuestrados

El Debate | Guatemala.- Miles de indígenas guatemaltecos sepultaron este martes a dos niños, de 10 y 11 años, asesinados por sus secuestradores en la aldea de Cerro Alto, al oeste de la capital.

Una multitud participó en un acto especial en la escuela donde estudiaban los menores indígenas, y acompañó a pie el desfile fúnebre por un camino de tierra que conduce al cementerio local.

Los menores, de familias indígenas pobres, fueron secuestrados en la mañana del viernes por personas que conducían un automóvil negro cuando caminaban desde sus casas hacia el centro escolar de la comunidad, según versiones de testigos.

Los cuerpos de los niños fueron encontrados en un camino local metidos en sacos de plástico, luego de que los secuestradores los mataran porque las familias no pudieron pagar el rescate.

"Él siempre adelantaba su trabajo de la escuela porque tenía el propósito de llegar a ser un sacerdote", comentó entre sollozos la madre del niño mayor, María Cotzajay, en un discurso en el centro educativo.

"Exigimos seguridad en las escuelas", "Respeto a la niñez", "Pedimos al gobierno justicia", "Estamos cansados de tanta violencia", se leía en carteles escritos por los estudiantes que encabezaban el desfile fúnebre.

El Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) condenó en un comunicado los crímenes y llamó a "poner fin a la violencia" y "alzar la voz y demandar un verdadero sistema de protección de la niñez".

El año pasado murieron en forma violenta 943 menores de 19 años en Guatemala, según un informe del humanitario Grupo de Apoyo Mutuo basado en datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.


(ZOCALO/  AGENCIAS/ 17 DE FEBRERO 2017)

ROBAN FUENTE RADIACTIVA; ALERTAN EN SEIS ESTADOS DEL PAÍS


Piden a la población que tenga algún informe al respecto reportarlo al número 911

Ciudad de México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una alerta para los estados de Querétaro, Hidalgo, de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Michoacán, debido al robo de una fuente radiactiva.

Por medio de su cuenta de Twitter, el titular de la dependencia federal Luis Felipe Puente advirtió del robo y pidió a la población que tenga algún informe al respecto reportarlo al número 911.

Del mismo modo, el coordinador nacional de Protección Civil exhortó a quienes pudieran encontrar una caja naranja evitar abrirla debido al efecto nocivo que causa la radiación en la salud.


(ZÓCALO/ AGENCIAS/ 14 DE FEBRERO 2017)

ME PREOCUPA QUE ME INVOLUCREN EN TEMAS NO ADECUADOS: ÓSCAR LARA

El ex Diputado federal está involucrado una investigación de una cuenta por 6 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra



Me preocupa que me involucren en temas no adecuados: Óscar Lara Foto: Noroeste

CULIACÁN._ Óscar Lara Aréchiga admitió estar preocupado por la publicación hecha por el diario español El País, donde se ventila una investigación de una cuenta por 6 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra, y donde se presume pertenece a un político priista cuya trayectoria coincide con la suya.

En una nueva entrevista telefónica que concedió a Noroeste luego de un día antes decir que desconocía la nota publicada donde se refiere existe una indagatoria por posible blanqueo de recursos para el cártel de Sinaloa, Lara Aréchiga rechazó estar involucrado en actividades ilegales de esta índole, y reiteró que no tiene cuentas bancarias en el extranjero.

El ex Diputado Federal y ex Secretario de Administración y Finanzas en el sexenio del Gobernador Juan Millán y parte de Jesús Aguilar Padilla, afirmó no manejar cuentas de terceros en otros bancos, sin embargo, no quiso especular sobre la posibilidad de que un hermano le haya asignado alguna cuenta.

Por otro lado, aseveró que estará atento a lo que las autoridades le llegaran a requerir en este caso, del cual dijo a la fecha no ha sido notificado de ninguna investigación en su contra.

- ¿Ya pudo leer la nota de El País donde se involucra a priista con un perfil muy similar al suyo en una investigación de blanqueo de recursos en Andorra?

Ya la leí, en primer lugar quiero deslindarme de cualquier involucramiento que se refiere... la carta habla de una investigación en Andorra y en cuanto dicen que yo soy cotitular o que estoy involucrado en una cuenta o que tengo una cuenta, yo no tengo ninguna cuenta fuera del País, como se lo dije el día de ayer.

Por otro lado, no he recibido ninguna notificación, carta al respecto, solicitando información al respecto, por lo tanto yo estaré atento a lo que las autoridades realicen en ese sentido ya que según esa nota, de que ya la juez que lleva el caso hizo solicitud de información al gobierno, y yo estaré atento.

- ¿Usted no tienen ningún hermano que tenga una cuenta particular en esta Banca Privada de Andorra?

Eso sí no sabría decirle... yo no llevo ninguna... estados financieros o inversiones de terceras personas.

- ¿No hay la posiblidad que algún hermano o familiar lo haya puesto en alguna cuenta como cotitular?

No quiero especular nada al respecto, por eso le digo, yo me esperaré hasta que las autoridades se pronuncien en ese sentido.

- ¿Va a hablar con este diario español para aclarar sobre esta publicación?

Yo voy a tratar en las causas legales que se deben de tratar, eso no lo puedo determinar sino hasta que tengas los elementos de juicios.

- ¿Cómo deja esta publicación a Óscar Lara?

Pues en primer lugar afecta mi imagen pública y privada, me deja preocupado sobre que me estén involucrando en temas no adecuados, y hace que me ocupe en atender otras cosas.

- ¿Qué le diría a la gente, a los priistas, sobre esta situación?

Yo le diría en primer lugar a la sociedad, sobre todo a los electores que han confiado en mí cuando participé en una contienda electoral, cuando participé también para ser candidato para la gubernatura: Óscar Lara está ajeno a todo esto que está pasando, y reitero mi militancia y pertenencia a mi partido.

Concluyó la entrevista calificando este tema como algo “escabroso”, en lo que, aseguró, buscan involucrarlo.


(NOROESTE/ GABRIEL MERCADO/ 14/02/2017 | 03:31 PM)

LOS “TIBURONES” DEL TIBURONARIO


Presentan denuncia de hechos para investigar cómo se contrató la obra

La forma en cómo la empresa Osuna y Osuna Arquitectos, sin tener la experiencia requerida, obtuvo cuatro contratos de obra por 51 millones de pesos y siete convenios de ampliación a cada uno de esos contratos, para aumentar las fechas pactadas y los montos, en la construcción del Tiburonario de Mazatlán, es una de las líneas de investigación que plantea la primera denuncia de hechos que un ciudadano presenta contra esta obra.

El ex diputado panista de Mazatlán, Roberto González Gutiérrez, presentó en días pasados la denuncia de hechos por faltas administrativas graves ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa y aseguró que en los próximos días hará lo mismo ante la Auditoría Superior de la Federación, por tratarse de una obra que fue edificada con recursos federales.

En el expediente de la denuncia, que consta de 12 páginas, González Gutiérrez realiza un recuento de los contratos que se licitaron en 2010, 2011, 2012 y 2013, todos ganados por Osuna y Osuna Arquitectos, a pesar de tratarse de una empresa sin experiencia para el tipo de proyecto.

De acuerdo con el portal Compranet del gobierno federal, en donde se guardan todos los expedientes de obras públicas realizadas con recursos federales, Osuna y Osuna Arquitectos, propiedad del líder de la Cámara de Comercio de Mazatlán, Omar Osuna Osuna, sólo tiene en su historial los cuatro contratos del tiburonario y un contrato de 2008 para realizar un parque recreativo en la colonia Francisco Villa de Mazatlán.

CONVENIOS ILEGALES

A pesar de que la ley de Obras públicas de Sinaloa marca porcentajes específicos para aumentar el plazo de construcción de una obra o aumentar el monto de los contratos, en el proyecto del Tiburonario esas reglas no se respetaron.

La empresa mazatleca amplió las fechas y los montos de sus contratos en siete ocasiones a lo largo de cuatro años.

En 2010 por ejemplo, la empresa tenía un plazo de 139 días para concluir la obra “remodelación de la fachada del Acuario y tiburonario” pero al no lograrlo, al año siguiente en 2011 se le ampliaron los tiempos por otros 170 días más y luego, se le dieron 24 días más.

De acuerdo con el artículo 38 de la ley de Obras Públicas de Sinaloa, la autoridad puede celebrar convenios para modificar el monto o el plazo fijado en el contrato, siempre y cuando la ampliación no rebase el 25 por ciento del monto y plazo pactado.

En el caso del primer convenio de ampliación que obtuvo Osuna y Osuna Arquitectos, el porcentaje de ampliación de días alcanzó el 122 por ciento.

En lugar de que la obra se realizara en cinco meses, se llevó 15 meses: casi un año y medio.

Para 2011, recibió otros dos contratos, uno para construir un sistema refuerzo de cimentación de la estructura que ya había construido y otro contrato para la construcción de obra civil, estructuras metálicas en accesos y fachadas complementarias y suministro y colocación de acrílicos de polímeros transparentes, este último uno de los que tronó el pasado febrero de 2017.

En el primer contrato de 2011, la obra se debería realizar del 11 de enero de 2012  y terminar el 15 de abril de 2012, pero de nuevo, las fechas se movieron y se autorizó que la obra iniciara el 23 de febrero y concluyera el 27 de mayo de 2012.

No conforme, día después se autorizó otro convenio para ampliar la fecha del 27 de mayo al 21 de julio de 2012.

En lugar de terminar la obra en cuatro meses como lo planteaba el contrato inicial, a Osuna y Osuna Arquitectos se le permitió terminarla en seis meses.

Ese mismo año, en el otro contrato que la misma empresa tenía para colocar, entre otras cosas, los polémicos acrílicos, los plazos extendidos se dieron de nuevo.

La empresa tenía la misma fecha para comenzar y concluir, de enero a abril. Pero aquí también obtuvo dos convenios para diferir el inicio y mandarlo hasta febrero con una terminación en mayo.

Pero cuando no se pudo concluir en mayo, se autorizó terminarlo en julio. En este caso, el contrato también pasó de un proyecto para edificarse en cuatro meses a una obra que se llevó seis meses.

En su último contrato de 2013 por 18 millones 665 mil pesos para construir una tercera etapa del tiburonario, Osuna y Osuna Arquitectos tuvo un convenio de ampliación de monto por casi un millón de pesos.

La denuncia que entregó González Gutiérrez fue recibida por el coordinador de Contraloría de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Rogelio Aviña Martínez, quien aseguró que a la par de la denuncia se lleva a cabo una auditoría propia en el caso del Tiburonario.


CONTRATOS DEL TIBURONARIO CON OSUNA Y OSUNA ARQUITECTOS:

2010 — 11 millones de pesos  (Aumento del monto por 1 millón 580 mil pesos)

2011 — 3 millones 675 mil pesos

2011 — 16 millones 071 mil pesos

2013 — 18 millones 665 mil pesos (Ampliación del monto por  971 mil 828 pesos).


(RIODOCE/ Miriam Ramírez/ 13 febrero, 2017)

LARA ARÉCHIGA, SOCIO DE JESÚS VIZCARRA Y EL EXGOBERNADOR AGUILAR PADILLA


Óscar Lara (de pie a la derecha) junto a Jesús Vizcarra, el exgobernador Jesús Aguilar Padilla, Emilio Goicochea y el empresario Eustaquio de Nicolás / Foto tomada de twitter.

Óscar Lira Aréchiga quien es investigado por blanqueo de capitales,  a petición de la juez española Canolic Mingorance Cairat, es socio desde 2005 del Grupo Viz, en donde figura como accionista mayoritario el empresario y excandidato a gobernador del PRI, Jesús Vizcarra Calderón.

La sociedad se concretó en una asamblea general extraordinaria  realizada el 25 de abril de 2005, fecha en la que también se integró al ahora exgobernador Jesús Aguilar Padilla con el 0.39 por ciento de las acciones, en tanto quien era su secretario de Administración y Finanzas, Óscar Lara Aréchiga, adquirió el 0.96 por ciento de las acciones.

En la acta protocolizada por la notario Marisela Monajaraz Buelna Arteaga se asienta también la participación de la esposa del exgobernador Jesús Aguilar Padilla, Juliana Rosalía Camacho Rojas con el 0.35 por ciento y el hijo de ambos, Jesús Alberto Aguilar Camacho con el 0.96 por ciento de las acciones del Grupo Viz Sociedad Anónima de Capital Variable.

El documento fue recibido ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del gobierno estatal de Sinaloa el 11 de mayo de 2005 con el folio electrónico 53629-1.

Grupo Viz es una sociedad anónima de capital variable que se constituyó mediante escritura pública número 6,394 del volumen XXV, protocolizado por el notario Jesús Ortiz Andrade, el 10 de diciembre de 1997.

La investigación que se sigue a quien fue secretario de Administración y Finanzas, durante los sexenios de los gobernadores Juan Millán Lizárraga y Jesús Aguilar Padilla, fue difundida por el periódico español El País.


(RIODOCE/ ANABEL IBÁÑEZ /14 FEBRERO, 2017)

MARINA PLANTEA IR CONTRA CORRUPCIÓN DE ÉLITES POLÍTICAS

En plena discusión de la Ley de Seguridad Interior, la Secretaría de Marina propuso "reconceptualizar" el modelo de seguridad nacional a través de un modelo integrador, que no se avoque solo al papel de las fuerzas armadas.

Señaló que se debe tomar en cuenta los factores político, económico, psicosocial, seguridad ampliada, ambiental, de género, social y humano, lo que permitiría ubicar las prioridades en todo momento para atender riesgos y amenazas.

De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Superiores y Navales, elaborado por el almirante José Luis Vergara, ya no basta con percibir y reconocer las amenazas de grupos insurgentes, criminales o terroristas.

Se subraya que debe haber un modelo multifactorial para enfrentar otros aspectos, como los políticos, que generan amenazas a la estabilidad con hechos de corrupción de la élite política y su impunidad, la comunicación entre gobernantes y gobernados, un ordenamiento jurídico eficaz y eficiente, entre otros.

Aunque las iniciativas que se discuten en el Senado y la Cámara de Diputados solo tocan la seguridad interior, la Marina circuló un documento interno denominado "Reconceptualizar la seguridad nacional en México: hacia un modelo integrador", en el que se subraya que la seguridad nacional ha sido un tema escasamente debatido; prueba de ello es que hasta 2005 se creó la Ley de Seguridad Nacional.

Se hace notar que si bien los temas prioritarios del enfoque tradicional son seguridad militar, política, económica y psicosocial, es necesario avanzar en la parte de seguridad social, humana, ambiental y de género, porque inclusive la violencia política hacia las mujeres o los bajos ingresos que perciben pueden ser un riesgo para la seguridad.

Por lo que toca al factor político, el análisis destaca que en el contexto mexicano se consideran seis factores internos que pueden amenazar la estabilidad de instituciones a nivel político:

"Ausencia de acuerdos entre poderes públicos, debilidad institucional del sistema de partidos, procesos electorales ineficientes, divorcio entre sociedad e instituciones públicas, conflictos derivados de las condiciones laborales y sociales del país, erosión de la cohesión social".

Se hace hincapié en que el gobierno del presidente Enrique Peña propuso una política de seguridad interior y pública enfocada a enfrentar riesgos y amenazas.

A partir de esas nociones el modelo propone que el factor político de la seguridad sea medido a través de variables como cultura política, ideología política, acciones de las élites orientadas hacia el bien común, comunicación entre gobernantes y gobernados, situación geopolítica ventajosa para el país, ordenamiento jurídico eficiente y eficaz, régimen político, uso de tecnologías para la comunicación política, actos de corrupción de de la élite política e impunidad ante la comisión de delitos, entre otras.

"El modelo asume que una mayor o menor capacidad política en cada una de estas variables puede convertirse en una vulnerabilidad y en una amenaza para garantizar la seguridad nacional, debido a la relación de cada una de ellas con el poder nacional".

Vergara hace notar que hay otros factores de la seguridad ampliada que deben considerarse, como el de género, porque enfrentan amenazas del orden jerárquico patriarcal y violento, caracterizado por instituciones exclusivas, dominantes y autoritarias como los gobiernos no democráticos, iglesias y las élites.

El factor societal, a su vez, se refiere a las amenazas a la identidad y a los grupos minoritarios amenazados.

En cuanto al tema económico, el estudio advierte que debe existir una concepción de "seguridad ampliada" que incluya el tema ambiental, con acuerdos regionales y colectivos.

ANTICIPA VOTO EN CONTRA

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, anticipó el voto de su bancada contra el proyecto de Ley de Seguridad Interior que, a su juicio, intensifica y legaliza el uso de la fuerza militar en acciones de seguridad pública.

Subrayó que la fracción perredista en San Lázaro impulsará, en cambio, las reformas constitucionales en materia de mando mixto policial.

"El PRD seguirá pugnando por la profesionalización policiaca, así como el reforzamiento de las instituciones de seguridad pública, a fin de retirar paulatinamente al Ejército de las calles", puntualizó.

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados prevé citar a sus integrantes a discutir y votar el dictamen de la Ley de Seguridad Interior el próximo martes, a fin de someterlo a consideración del pleno este mismo mes.


PREVÉN DICTAMINAR PROYECTO DE LEY ESTA SEMANA

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados prevé convocar a reunión de trabajo esta semana para dictaminar la iniciativa de Ley de Seguridad Interior presentada por los priistas César Camacho y Martha Tamayo, así como una propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Nacional suscrita por Manuel Espino, de Movimiento Ciudadano.

Por mayoría de votos, la Comisión de Seguridad emitió el pasado jueves su opinión a favor de ambos proyectos.

La iniciativa priista prevé la intervención del Ejército y la Marina en áreas geográficas por lapsos determinados, en caso de amenazas a la seguridad interior.

Se enlistan los actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo, la integridad de la Federación, el estado de derecho o la gobernabilidad democrática, así como emergencias ambientales, biológicas, nucleares, químicas, sanitarias o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad, sus bienes o la infraestructura estratégica.

Enumera "cualquier otro acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas en el territorio nacional o en áreas geográficas específicas".


(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Angelica Mercado / Milenio/ 2017-02-14)

SECRETARIO DE TRUMP TIENE INTERESES EMPRESARIALES EN HERMOSILLO


Se trata de Wilbur Ross, actual secretario de Comercio en EU, quien es propietario de LEAR Corporation en esta capital, dedicada a los autopartes

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, es fundador y accionista de al menos ocho fábricas de autopartes en México, algunas de las cuales se encuentran en Hermosillo.

Se trata de las maquiladoras que surten de material a compañías automotrices como la Planta Ford.

Desde 2004, de acuerdo con registros del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, Ross ha trasladado al menos dos mil 700 empleos de ese país a México.

En 2006, junto a un grupo de inversionistas liderados por Franklin Mutual Advisers, Ross fundó la compañía International Automotive Component Group (IAC Group), y ese mismo año adquirió —mediante IAC— a la gigantesca Lear Corporation, una de las principales productoras de autopartes en Hermosillo.

El sitio en internet de IAC Group refiere ocho sedes en México, sin contar a Lear: Arteaga, Coahuila; Hermosillo, Sonora; Santa Catarina, Nuevo León; San Miguel Xoxtla, Puebla; El Marqués, Querétaro; Ramos Arizpe, Coahuila; Saltillo, Coahuila, y Toluca, Estado de México.

Las sedes mexicanas se encuentran bajo el nombre de IACNA, con modalidad AAA (certificación fiscal para empresas con mayor eficiencia, que ofrece beneficios y créditos fiscales), y renovaron concesiones el mismo día en que Trump asumió la presidencia. Lear tiene su principal sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero también cuenta con una importante fábrica en Hermosillo y exporta autopartes y sistemas eléctricos para automóviles a EU.

Esto a pesar de las políticas anunciadas por  Donald Trump, de dar prioridad a su país por encima de otras naciones.

Ross, quien mantiene desde hace años un fuerte nexo empresarial con México, también fue elegido por el presidente norteamericano para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

INCERTIDUMBRE

Empresarios estadounidenses y mexicanos no saben si Ross es una esperanza para el TLC o un oportunista.

Por un lado ven la posibilidad de un conflicto de interés, puesto que podría aprovechar la negociación del Tratado para su propio beneficio.

Por otro lado está la esperanza de que haga "entrar en razón" a Trump respecto a sus planes para el comercio entre ambas naciones.

Tom Fullerton, profesor de Comercio en las Américas en la Universidad de Texas, podría ser "la clave para convencer a Trump".

Por su parte, Manuel Ochoa, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la binacional Tecma, asegura que el empresario podría negociar sólo en favor de él y su presidente.


(Dossier Político/ Redacción/ 2017-02-13)

TIGRES: EL CAPRICHO QUE MATÓ A UNA NOVENA CLÁSICA


El anuncio fue inesperado: el magnate Carlos Peralta decidió sacar de la Liga Mexicana de Beisbol a los míticos Tigres supuestamente porque no está de acuerdo con la cantidad de jugadores naturalizados que cada novena puede alinear. Pero las verdaderas causas de la salida parecen ser más bien económicas, ya que en 2017 Tigres recibirá mucho menos dinero público.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El dueño de los Tigres de Quintana Roo, el empresario Carlos Peralta, solicitó la salida de este equipo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), inconforme por la política de libre contratación de peloteros mexicanos de doble nacionalidad. Sin embargo, esta postura contrasta con la que apenas hace un par de años pregonaba: no discriminar a los jugadores que no nacieron en territorio nacional.

El anuncio de Peralta, que pone fin a una trayectoria de 62 años de este equipo en la LMB, es el punto culminante del conflicto que estalló en septiembre pasado, cuando la Liga se dividió en dos bandos: los clubes que consideran que debe existir un límite en la contratación de los peloteros de doble nacionalidad –en beneficio de los nacidos y formados en México– y los que, con base en la legislación mexicana, defienden la libre contratación.

Hasta la noche del viernes 10, la información en manos de este semanario indicaba que Peralta ya había vendido el equipo, que se mantendrá en Cancún durante 2017 pero con otro nombre. El gobierno de Quintana Roo no había sido informado sobre el cambio de propietario.


Carlos Peralta Quintero, dueño y director de Grupo IUSA, envió una misiva al presidente de la LMB, Plinio Escalante, el pasado jueves 2. En ella expuso que puso a la venta el club (sin el nombre ni el logotipo) por “los conflictos y diferencias de visión que se han generado entre los diferentes grupos”.

Los Tigres forman parte del conjunto de ocho integrado por Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca, Piratas de Campeche, Olmecas de Tabasco, Sultanes de Monterrey y Saraperos de Saltillo. Ellos apoyan restringir el número de peloteros mexicanos nacidos en el extranjero.

La euforia por los Tigres y el beisbol se le agotó a Peralta con la salida del gobernador priista Roberto Borge, durante cuyo mandato intentó que Chetumal fuera una de las nuevas plazas de expansión de la LMB.

En septiembre de 2014, concluida la temporada de la LMB, Peralta envió un correo electrónico a Plinio Escalante en el que externó la necesidad de expandir la Liga. Le dijo que “los tiempos” exigen que crezca de 16 a 18 o 20 clubes.

El empresario le informó que ha estado “involucrado en el tema de nuevas plazas para nuestro beisbol de verano, debido a que somos una Liga que decimos que es nacional, y para ser nacional tenemos que abarcar de norte a sur, de este a oeste, no sólo enfocarnos en ciertas zonas del país”.

Desde hace varios años, abundó, hay empresarios y plazas dispuestas a integrarse. “Veo viable la incursión de ciudades que ya han tenido Liga Mexicana como Chetumal, que es, literal, frontera sur del país con Belice. Además de ciudades como Nuevo Laredo y León”.

Peralta incluso planteó la posibilidad de explorar “mercados nuevos para nosotros”, como Sinaloa, Nayarit, Sonora y Jalisco.

Anticipando la respuesta del presidente de la LMB, Peralta enumeró la soluciones a posibles problemas que frenarían la expansión.

“Entiendo perfectamente que la primera pregunta es de dónde se sacarán a los jugadores, que si los estadios no están en condiciones, entre otras. Seamos sinceros, cuando se quiere, se puede. Tenemos una academia de desarrollo (en El Carmen, Nuevo León), y participamos invirtiendo nuestro dinero en los diferentes sistemas de sucursales, precisamente para eso, fomentar jugadores para nuestros equipos y no pensar en primera instancia en venderlos a Estados Unidos, sino antes de eso darles una oportunidad en lo que están siendo forjados, debutarlos y jugarlos en la Liga. Además, existen jugadores de experiencia que ya no están jugando porque los rosters (listas de jugadores) se cierran y tienen que ser dados de baja.”

LA PROPUESTA CLAVE

Entre las propuestas de Peralta para expandir la LMB la más importante era la contratación de peloteros mexicanos nacidos en el extranjero o naturalizados. “El gran número que existe y busca una oportunidad permitiría completar los rosters para que la Liga siga creciendo”.

El empresario invocó el artículo 30 de la Constitución y le pidió a Escalante que la LMB deje de “discriminar” a jugadores mexicanos con base en su propio reglamento:

“Sería positivo el respetar a nuestra Constitución Mexicana en donde dice que todos somos mexicanos por nacimiento y/o naturalización y dejar de ser discriminantes porque aunque nos escudemos en nuestro reglamento de Liga, la realidad es que ya estamos yendo en contra de la Ley. Por lo que, si abrimos esta oportunidad a todos esos jugadores mexicanos no nacidos en territorio nacional, tendremos más peloteros. Al final, los llevamos a los Clásicos Mundiales o a representativos nacionales, al grado que en su momento sólo algunos han tenido nuestra aprobación para jugar como mexicanos en la Liga, incongruentemente si es que ya son mexicanos”.

La preocupación de Peralta por el trato discriminatorio que han recibido los peloteros mexicanos de doble nacionalidad fue atendida de inmediato. Diez días después, en una asamblea, los presidentes o dueños de equipos eliminaron de su Reglamento de la LMB el artículo 13.1, que indicaba: “Para que un jugador sea considerado como mexicano deberá haber nacido en México. Si es nacido en el extranjero, de padre mexicano o bien de madre mexicana, el acta de nacimiento mexicana no deberá tener una extemporaneidad mayor de seis años a la fecha de nacimiento”.

Este artículo había ocasionado que peloteros mexicanos con doble nacionalidad jugaran en calidad de extranjeros. A otros, no obstante, se les dispensaba el candado, como a Fernando Valenzuela Jr. Así, era a gusto o capricho de los equipos quién sí y quién no recibía trato de mexicano.

El 25 de septiembre de 2014 tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de presidentes de los equipos integrados en la Asociación de Equipos Profesionales de Beisbol de la Liga Mexicana A.C. Discutieron el asunto de la nacionalidad de los jugadores.

En esa sesión, además de la modificación al artículo 13, se acordó que los equipos enviaran “al presidente de la LMB, antes del 10 de octubre, sus propuestas para reglamentar el proceso de acreditación de nacionalidad de los jugadores, así como su registro y contratación, los cuales serán consensados para ser votados en la asamblea de noviembre en Oaxaca”.

Y añadieron: “Gil Velázquez podrá jugar en la LMB como mexicano siempre y cuando compruebe que lo es, mientras Fernando Valenzuela Jr. tendrá que tramitar su nacionalidad mexicana para ser considerado como tal en la LMB con los Leones de Yucatán” (Proceso 1997).

El 8 de noviembre se realizó la mencionada asamblea en Oaxaca, en la que se reglamentó cómo será la contratación de mexicanos nacidos en el extranjero: los equipos acordaron que los peloteros deberán contar con pasaporte y entregarlo a más tardar el 16 de febrero de 2015, junto con una carta en la que soliciten a la LMB permiso para competir y accedan a participar en un draft para esa temporada.

En 2015, cuando los Tigres festejaron 60 años de vida, obtuvieron su título 12 en la LMB, el tercero desde que se mudaron a Cancún (2011 y 2013).

EL CONTEXTO POLÍTICO

Casualmente, la drástica decisión de Peralta de sacar a los Tigres de la LMB coincide con el anuncio del nuevo gobernador de Quintana Roo, el panista Carlos Joaquín, quien anunció un recorte significativo en el presupuesto que la entidad destina a apoyar equipos de profesionales.

Tigres, que en los últimos 10 años recibió en promedio 50 millones de pesos por temporada, en 2017 sólo consiguió 20 millones de pesos (Proceso 2101). Con el cambio de dueño, y ya sin poder usar la marca Tigres, el gobierno estatal analizará si seguirá dotando de recursos al nuevo equipo.

La indignación de Peralta por la libre contratación de los peloteros mexicanos nacidos en el extranjero parece el pretexto que necesitaba para deshacerse del equipo heredado de su padre, Alejo Peralta.

Es más, el empresario ni siquiera esperó la resolución del presidente de la National Association of Professional Baseball Leagues (o Minor League Baseball, MiLB), Pat O’Conner, quien fungió como árbitro en el conflicto entre ambos grupos.

Cinco días antes de que O’Conner se pronunciara, Peralta anunció la salida voluntaria de los Tigres. El martes 7, el directivo estadunidense fue contundente. Anunció que los jugadores mexicanos nacidos en el extranjero podrán ser contratados libremente en la LMB.

Desde el punto de vista del grupo de los ocho, el otro grupo de siete –formado por Leones de Yucatán, Pericos de Puebla, Vaqueros de la Laguna, Acereros de Monclova, Toros de Tijuana, Rojos del Águila de Veracruz y Rieleros de Aguascalientes– se salió con la suya. Si es su deseo, podrán jugar con un roster de 30 peloteros mexicanos que no nacieron en territorio patrio.

O’Conner consideró que restringir la libre contratación de peloteros mexicanos nacidos en el extranjero podría derivar en demandas judiciales, además de que convalidaría un acto de discriminación.

“No puedo mirar hacia otro lado ni alentar a una Liga miembro a participar en la discriminación ilegal. Por consiguiente, no habrá límites de roster para los jugadores de doble nacionalidad”, escribió el directivo en un correo electrónico que envió a las partes involucradas.

Pat O’Conner se extendió en sus argumentos. Dijo que entiende la importancia de desarrollar jugadores en México y nacidos en el país, pero recalcó que limitar la contratación de quienes tienen doble nacionalidad viola la Constitución y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, lo cual puede derivar en demandas judiciales.

“Los límites actuarían como: (a) una restricción al acceso a un trabajo; (b) una restricción de la participación en una asociación; (c) una restricción de la participación en actividades deportivas”, explicó.

En teoría, esta decisión pone fin a la disputa, al menos durante la temporada 2017, pues ambos grupos aceptaron el fallo de O’Conner.

Queda otro frente abierto. Entre el grupo de los ocho –ahora siete con la salida de Tigres– hay dudas acerca de la legalidad de los documentos con los cuales los peloteros de doble nacionalidad están acreditando que son mexicanos hijos de padre o madre mexicana.

En la última asamblea de la LMB, realizada en la Ciudad de México el pasado 11 de enero, el presidente ejecutivo de Tigres de Quintana Roo, Cuauhtémoc Rodríguez, reveló que “un porcentaje alto” de esos jugadores acreditó la nacionalidad mexicana con actas de nacimiento falsas, todas ellas obtenidas en una población llamada Castaños, en Coahuila.

“No son mexicanos, son ilegales. Es algo que la presidencia de la Liga no checó. El acta de nacimiento del papá o la mamá que los acredita como mexicanos de ahí la sacaron. Se violaron muchas cosas. Plinio debió tener a alguien revisando eso. Nosotros actuamos de buena fe. Los pasaportes se consiguen fácilmente en México, por desgracia”, aseguró el directivo, que fue respaldado por otros presidentes (Proceso 2098).

En la temporada 2016, en la LMB jugaron 779 peloteros, de los cuales 88 son mexicanos nacidos en Estados Unidos (11.2%) y 11 son naturalizados (1.41%).

En entrevista, Escalante aclara que la LMB pagó a un despacho de abogados especializados es asuntos migratorios (que trabaja con Diablos Rojos del México) para que realizara una investigación a fondo.

De los 99 casos, se eligió una muestra aleatoria de 13, sobre todo de los equipos Toros de Tijuana, Pericos de Puebla y Acereros de Monclova (estos dos pertenecen al empresario coahuilense Gerardo Benavides Pape), que son los que contrataron más jugadores de doble nacionalidad.

El resultado de la investigación es que los papeles son legítimos.

“Algunos presidentes manifestaron dudas y pensaron que había una irregularidad por la rapidez con la que salieron los documentos cuando se supone que son procesos muy lentos. También porque hay varios casos de actas de Castaños. No verificamos uno por uno porque cuesta 10 mil pesos cada investigación. Si los presidentes me dicen nombres de quienes tienen sospechas investigaremos los necesarios, así sean todos”, explica Escalante.

Pero a un grupo de presidentes nadie les saca de la cabeza que esas actas de Castaños fueron obtenidas de modo irregular. Todas fueron expedidas por la Oficialía 5 y firmadas por la funcionaria del Registro Civil de Castaños, Martha López Fuentes. Trámites exprés, al estilo México, dicen.

Ante esta preocupación, O’Conner recomendó que la oficina que comanda Escalante tome medidas para evitar documentos fraudulentos.

“Si es necesario, la Liga debería considerar trabajar con una tercera parte independiente para verificar la exactitud de la información del jugador. Si la Liga necesita ayuda, podemos solicitar recomendaciones de Major League Baseball sobre empresas con las que han trabajado para validar la información”, indicó.

El viernes 24 en la Ciudad de México tendrán lugar dos asambleas de la LMB, en una se abordará el tema de la separación voluntaria del club los Tigres y la venta del equipo.

A mes y medio del arranque de la temporada 2017 de la LMB es incierto el número de equipos que jugarán, pues la compra-venta de los Broncos de Reynosa al empresario Arturo Blanco, dueño de Transportes Potosinos, y su socio Mauricio Martínez, no se ha concretado para convertirse en los Bravos de León.

La expansión de la Liga no sólo no llegó. Peralta mató a uno de los clubes más emblemáticos del beisbol nacional.

ESTE REPORTAJE SE PUBLICÓ EN LA EDICIÓN 2102 DE LA REVISTA PROCESO DEL 12 DE FEBRERO DE 2017.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ BEATRIZ PEREYRA/14 FEBRERO, 2017)

CUELGAN DOS CUERPOS Y NARCOMANTA EN PUENTE PEATONAL DE REYNOSA


NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).- Los cuerpos de dos personas fueron colgadas esta mañana en un puente peatonal de Reynosa, con una narcomanta que reza “Les entrego estas lacras que escudándose en nosotros (Cartel de Golfo) se dedicaban a robar”.

El aviso fue colocado entre los dos cuerpos sobre el puentes de la colonia las Granjas y está firmado por el Comandante Toro, Juan Manuel Loaiza Salinas, jefe del Cartel del Golfo (CDG) en Reynosa.

El texto del Comandante Toro advierte: “ya estoy cansado de que todo las cosas que pasan me echen la culpa a mi y a la empresa. Que si roban, que si secuestran todo no me lo adjudican a mi persona o a la empresa”.

Agrega que “cada rata, secuestrador y violador que detengan lo va a ser entregando de la misma manera”.

La manta, impresa en letras negras y rojas y con faltas de ortografía, concluye señalando que el CDG quiere una ciudad en paz y demostrar que las “lacras” que roban o secuestran no son parte de su “empresa”.

El Comandante Toro forma parte de la corriente del crimen organizado que proponen regresar a la “Vieja Escuela”, la cual enfatiza que los cárteles dejen de meterse con la población, que terminen con extorsiones y secuestros y regresen a su negocio original: el narcotráfico.

Sin embargo, otro motivo de que la violencia se recrudeció en varias regiones como la Frontera Chica y otras ciudades de Tamaulipas se debe a que el “Comandante Toro” enfrenta una insurrección entre sus filas.

Las pugnas internas del CDG han sido la constante desde que fue detenido en Tampico el expolicía Jorge Eduardo Costilla, El Coss.

En los últimos meses las traiciones y delaciones por el “Trono” del CDG en Reynosa han provocado la caída de capos como Mario Armando Ramírez, alias Mario Pelón o X10; Juan Manuel Rodríguez, Juan Perros, y José Tiburcio Hernández, El Gafe, así como sus comandantes y lugartenientes.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN / 14 FEBRERO, 2017)

PRIISTA DE SINALOA ES INVESTIGADO POR MILLONARIA CUENTA EN PARAÍSO FISCAL DE ANDORRA


MADRID (apro).- La justicia de Andorra instruye una investigación sobre la Banca Privada de Andorra (BPA), que incluye un acta de prevención de blanqueo que menciona a un político del PRI de Sinaloa, que tenía una cuenta en ese paraíso fiscal con un saldo de seis millones de dólares.

La magistrada andorrana Canolic Mingorance Cairat emitió hasta dos comisiones rogatorias a México en 2016, en la que además de pedir información sobre dicho político, solicitaba que se investigara la relación entre el Cártel de Sinaloa y el BPA, pero nunca recibió respuesta.

Aunque el acta mencionada no identifica al político priista, el diario El País que publicó esta revelación el lunes 13 y este martes 14 dio seguimiento, lo identifica como Óscar Javier Lara Aréchiga, quien ha sido diputado federal y aspiró al gobierno de Sinaloa.

El acta judicial de la magistrada andorrana transcribe el acta de dicho comité anti-blanqueo, en el que se expone que “el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista”.

Agrega: “La cuenta presenta un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México”, apunta la petición de auxilio judicial.

La comisión rogatoria reclama la identificación “plena” de esta persona y que se aporten certificados penales y policiales de la misma. El auto no desvela, tampoco, el nombre del hermano del político, publica el diario madrileño.

De acuerdo con la identificación que hace la publicación, se trataría de Lara Aréchiga, quien además ocupó cargos en la administración pública federal, como director regional del Banco del Atlántico, consejero regional del Banco Nacional de Crédito Rural e idéntico puesto en Nacional Financiera.

También fue subdirector general de Infraestructura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

El diario estableció contacto con Lara Aréchiga, pero éste les dijo que él no era esa persona, se negó a dar más información y cortó la comunicación.

La magistrada andorrana envió una primera comisión rogatoria a la Procuraduría General de la República (PGR) en febrero de 2016 y la respuesta de México a la juez fue que volviera a enviarla, pero a otra instancia diferente: a la Misión Permanente de México en Naciones Unidas, “lo que provocó la sorpresa de la magistrada Mingorance que en 2015 había ordenado la intervención del banco, entre otras razones por los vínculos entre la entidad y los cárteles mexicanos.

El 12 de marzo de 2015, Apro publicó que después Estados Unidos acusó a ejecutivos de BPA de colaborar en el blanqueo de capitales de clientes rusos, chinos, venezolanos y mafias como el Cártel de Sinaloa.

Es el banco en el que también refieren las investigaciones en torno a la familia de Jordi Pujol, el presidente de la Generalitat de Cataluña, entre 1983 y 2006.

Uno de los clientes que aparecieron en esta investigación es Gabino Fraga Peña, coordinador territorial de compromisos de campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto en las elecciones de 2012, empresario que invirtió millonarios recursos para las tarjetas del conocido como Monex-gate para la misma campaña.

Seguir a @AlexGutierrezMx Twitter Facebook Pinterest


(PROCESO/ ALEJANDRO GUTIÉRREZ / 14 FEBRERO, 2017)

EN SINALOA, NARCOGUERRA INFERNAL


Una nueva ruptura en el Cártel de Sinaloa enfrenta a El Guano –uno de los hermanos de Joaquín Guzmán Loera– con Dámaso López Núñez, compadre y artífice de la fuga del capo sinaloense del penal de Puente Grande en enero de 2001. El estado de Sinaloa, gobernado por Quirino Ordaz Coppel desde el pasado 1 de enero, está bajo el fuego de los sicarios, que ya causó más de 150 asesinatos en lo que va del año. De ellos, 11 ocurrieron el martes 7 en sólo media hora. El semanario sinaloense Ríodoce comparte con Proceso la siguiente información sobre estos hechos.

CULIACÁN, Sin. (Proceso).- Los enfrentamientos de la semana pasada en Sinaloa –que dejaron 11 muertos en menos de 72 horas– anticipan una nueva guerra intestina en el cártel que dirigía Joaquín Guzmán Loera. Su hermano Aureliano, El Guano, inició una pugna por el control de territorios con Dámaso López Núñez, El Licenciado, uno de los operadores más cercanos al Chapo que incluso orquestó su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001.

Los tiroteos ocurrieron mientras elementos de la Policía Militar patrullaban las calles de Culiacán como parte de las acciones emprendidas el 6 de enero pasado para reforzar la seguridad en la capital del estado.

Según fuentes no oficiales, El Guano tomó el lugar del Chapo para proteger a los hijos de éste –Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán– e intenta desplazar al Licenciado.

El Cártel de Sinaloa sufrió una ruptura en 2008, cuando Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, acusó al Chapo de entregar a su hermano Alfredo, El Mochomo, a las fuerzas federales en Culiacán. En dos años, la guerra entre El Chapo y los Beltrán Leyva causó 2 mil 250 muertes, de las cuales mil 167 fueron en 2009.

Desde el 1 de enero pasado, cuando Quirino Ordaz Coppel asumió la gubernatura, la violencia repuntó. Ese mes cerró con 116 homicidios dolosos. El 70% ocurrieron en Culiacán y Mazatlán –donde se registraron 40 casos, una cifra histórica–, municipios donde los cárteles se disputan el control del territorio. En lo que va de febrero ha habido 39 asesinatos, incluidos los 18 de Culiacán y los siete de Navolato, así como 12 personas privadas de su libertad.

En el puerto, autoridades estatales atribuyen la violencia a la lucha entre el Cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva, mientras que en la capital del estado se habla de la fractura entre El Guano y El Licenciado.

En el segundo semestre de 2016 el primero mantuvo otra guerra contra los Beltrán Leyva en Badiraguato, tierra de éstos y del Chapo. Ahí le disputó territorios a Alfredo Beltrán Guzmán, El Mochomito –hijo del Mochomo–, quien fue detenido en diciembre pasado.

A su vez, El Licenciado y su hijo Dámaso López Serrano, El Mini Lic, mantenían su batalla en Baja California Sur contra la célula de Los Adanes por el control del narcomenudeo.

VILLA JUÁREZ, EN EL FUEGO CRUZADO

El último desencuentro entre los Dámaso y los Guzmán ocurrió el martes 7 por la tarde en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato, zona que se disputan las células Los Montana, quienes operan para El Licenciado, y Los Chimallis, cercanos a los Guzmán.

En solo media hora hubo cuatro enfrentamientos más sobre las carreteras 20 y 50 y la que conduce al campo pesquero Las Puentes, en los cuales murieron dos presuntos delincuentes y tres civiles, incluida una joven de 22 años, según los reportes.

Sin embargo, los lugareños comentaron que en realidad hubo más bajas entre los sicarios, sólo que éstos se llevaron los cadáveres de sus compañeros; lo mismo hicieron con cuatro personas, a quienes subieron en la caja de una camioneta a punta de pistola.

Una testigo narró que sobre las carreteras 20 y 50 circulaban varias camionetas desde las cuales se disparaban los sicarios de los grupos rivales. “No sé de dónde salió tanto carro, yo corrí a esconderme”,
dijo.

Un video grabado desde una gasolinera que se encuentra en el cruce de ambas carreteras captó parte de la balacera. A un costado del expendio quedaron atrapados en el fuego cruzado dos jornaleros de la colonia Los Amapas –Zenén Santiago y Norberto “N”–, quienes viajaban en una camioneta Ford Explorer. Según otro testigo, ambos bajaron del vehículo e intentaron refugiarse debajo del vehículo, pero cayeron muertos.

A unos metros de ahí, Rocío Rendón y su esposo también fueron alcanzados por las balas cuando caminaban frente a una refaccionaria. Ella murió, mientras que él sólo resultó lesionado.

Durante el tiroteo, trabajadores y personas que se encontraban en la clínica número 11 del Seguro Social, ubicada en el área de la refriega, fueron encerrados en el inmueble por personal de seguridad.

Peritos y agentes investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) levantaron cuatro cadáveres esa tarde y olvidaron uno. Al día siguiente fueron por él. Estaba a un costado de la carretera que conduce al campo pesquero Las Puentes, junto a una camioneta.

En los cuatro lugares donde fueron los enfrentamientos quedaron ocho camionetas, tres fusiles AK 47, 16 cargadores para AR 15 y AK 47, una granada de fragmentación y 437 casquillos percutidos.

ENTRE EL BEISBOL Y LAS BALAS

Mientras los equipos de beisbol se disputaban la Serie del Caribe en el estadio de Tomateros, los grupos delincuenciales se enfrentaban a balazos en las calles de Culiacán.

Entre el viernes 3 y el lunes 6 hubo enfrentamientos en la sindicatura de Imala, en el fraccionamiento Villas del Real y en las colonias Las Flores, La Costera y Libertad.

El domingo 5 por la tarde, grupos armados se encontraron sobre la avenida Pedro Infante, en el sector Las Flores, y se enfrentaron a balazos. Hubo dos lesionados. En el lugar quedaron ocho vehículos, dos fusiles AK 47, dos granadas, 14 cargadores, 82 casquillos, cinco cascos blindados y 422 cartuchos.

Poco después hubo otra refriega en la que murieron dos presuntos delincuentes. Las autoridades hallaron tres fusiles AK 47 y cuatro pistolas calibre 9 milímetros en la zona. En los primeros minutos del lunes 6, elementos del Ejército se enfrentaron con civiles en la colonia Libertad. No hubo ninguna baja; tampoco detenidos.

Al día siguiente, en el fraccionamiento Villas del Real hubo otro tiroteo entre elementos de la Marina y civiles. De acuerdo con la PGJE, los marinos realizaban patrullajes cuando se encontraron con un grupo armado y se inició la refriega.

El saldo: cinco presuntos delincuentes y un marino muertos. Ahí quedaron también una camioneta, cuatro fusiles AK 47, un AR 15, seis pecheras, 28 cargadores para AK 47 y AR 15 y 250 casquillos. Los delincuentes se desplazaban en al menos cinco vehículos.

La tarde del viernes 3 se desató otra balacera en la comunidad de El Pozo, en la sindicatura de Imala, entre delincuentes y la Policía Militar. Un agente castrense resultó herido en un tobillo; los delincuentes lograron escapar.

El incidente provocó un despliegue policiaco en la zona. Los agentes localizaron un plantío de 10 hectáreas sembradas de mariguana, así como un predio de cinco hectáreas de amapola, cuatro vehícu­los, uno de ellos blindado y con pedestal para portar un rifle de grueso calibre, 56 cargadores, 310 cartuchos calibre 50 y tres granadas.

Ninguno de los presuntos delincuentes muertos ha sido identificado y sus cadáveres permanecen en el servicio forense sin ser reclamados. Hasta el cierre de edición, las autoridades no habían detenido a ningún sospechoso relacionado con los tiroteos.

LAS CARENCIAS DE LA AUTORIDAD

Ante la reciente ola de violencia, la entidad dejó las investigaciones en manos de la Procuraduría General de la República (PGR), en tanto que el gobernador Ordaz Coppel ha evadido los cuestionamientos de la prensa sobre la inseguridad.

El martes 7, ante la insistencia de los reporteros, Ordaz dijo que se estaba reforzando la seguridad en coordinación con fuerzas federales. “Tengo un mes en el cargo y estamos trabajando en ese sentido”, se justificó.

El secretario de Seguridad Pública estatal, el general Genaro Robles Casillas, aseguró que la delincuencia no ha rebasado a la autoridad, pese a las evidencias en sentido contrario. Sin embargo, dijo, “estamos cubriendo todas las necesidades, respondiendo a la necesidad de la población”.

Mencionó que las corporaciones locales necesitan más vehículos y unidades aéreas para reaccionar de manera más pronta. Admitió también que a los uniformados se les dificulta la detección de grupos armados en las calles debido a que las cámaras de vigilancia no funcionan.

De las 168 cámaras que controla C4i en Culiacán, sólo 11 sirven, y de las 249 que opera el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata del municipio, apenas 14 están activas, reveló.

El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia Estatal, Marco Antonio Higuera Gómez, dijo que la ola de enfrentamientos se debe al antagonismo entre delincuentes, pero la fiscalía no los ha identificado. Asimismo, manifestó que dejarán la investigación de los tiroteos a la PGR.

PÁNICO CIUDADANO

Los recientes hechos de violencia provocaron sicosis entre los habitantes de Culiacán y Navolato. El martes 7, luego del tiroteo en Villa Juárez, empezaron a circular mensajes de voz y de texto en los que se alertaba a la población sobre la supuesta presencia de grupos armados en las calles; otros indicaban que se dirigían hacia una población; uno más hablaba de un toque de queda.

Los mensajes se acompañaban de imágenes de personas presuntamente asesinadas en Villa Juárez, aunque en realidad correspondían a otros enfrentamientos. Ese martes por la tarde, la línea de emergencias 911 recibió 7 mil 375 llamadas en las que se reportaron supuestos hechos violentos y la presencia de grupos armados, de los cuales sólo 475 resultaron
verídicas.

Por la noche circularon mensajes de tiroteos en las cercanías del estadio de beisbol, donde se jugaba la final de la Serie del Caribe entre México y Venezuela, así como en varios sectores de Culiacán y Navolato. El inmueble y las inmediaciones estuvieron fuertemente resguardados por policías locales y militares.

Mientras la sicosis cundía entre los ciudadanos, el gobernador Ordaz Coppel se encontraba en el estadio de beisbol disfrutando la final del encuentro. Lo acompañaba el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa.

Entre los padres de familia empezaron a circular mensajes de que habría tiroteos y decidieron no enviar a sus hijos a clases.

Al siguiente, el miércoles 8, en por lo menos 148 escuelas de la zona centro del estado se suspendieron las clases y 40% de los estudiantes de las preparatorias y facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa no acudieron a las aulas.

A la sindicatura de Villa Juárez la paralizó el miedo y la sicosis después de los tiroteos. Las calles lucían desoladas, los comercios cerrados y las escuelas vacías. El síndico Pedro Rodríguez Nevárez no se presentó a trabajar; tampoco sus empleados.

En el poblado tampoco había vigilancia, no se observaron patrullas de policías ni militares. “Pensamos que iba amanecer lleno de guachos y marinos”, comentó uno de los habitantes.

En el mercado municipal Benito Juárez, los pasillos estuvieron solos, pues la mayoría de los locales permanecieron cerrados. Quienes sí abrieron calcularon que cuando mucho una cuarta parte del mercado estaba funcionando. Los negocios tampoco abrieron.

Los seis jardines de niños, seis primarias, tres secundarias, cuatro preparatorias y una guardería del DIF no dieron clases. Fue hasta el jueves 9 cuando elementos de la Policía Estatal y la Policía Militar empezaron sus recorridos.

ESTE REPORTAJE SE PUBLICÓ EN LA EDICIÓN 2102 DE LA REVISTA PROCESO DEL 12 DE FEBRERO DE 2017.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ALEJANDRO MONJARDÍN / RÍODOCE / 14 FEBRERO, 201)