martes, 5 de diciembre de 2017

LOS 14 PUNTOS DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, QUE PREOCUPAN A LA ONU

Señala que se favorece "la actuación unilateral, discrecional y ausente de los débiles controles de la ley" en México.



Foto: Salvador Cisneros/ CuartOscuro

La Ley de Seguridad Interior, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y que está en vías de ser analizada por el Senado, contiene puntos que preocupan a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En una carta del representante en México del Alto Comisionado, Jan Jarab, señala a los senadores 14 de esos puntos, como la “ambigüedad de conceptos”, la “violación al principio de necesidad”, el “papel indebido de las Fuerzas Armadas” y el “sometimiento de la autoridad civil al mando militar”.

Así mismo, subraya la “ausencia de controles”, la “ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones”, la “indebida regulación del uso de la fuerza”, la “indebida protección y garantía de los derechos humanos”, además de las “afectaciones a la protesta social” y la “ausencia de transparencia”.

También anota la “lesión a la autonomía”, la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad”, el “ámbito de excepción del derecho procesal administrativo” y la “ausencia de explicitud de los principios rectores”.

Cada uno de ellos es explicado en un documento anexo. Por ejemplo, se expone que “el Presidente de la República podría en determinados supuestos ordenar acciones bajo el amparo de la ley sin estar sujetas a temporalidad alguna o a un marco de actuación determinado, lo que favorecerá la actuación unilateral, discrecional y ausente de los débiles controles de la ley”.



(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/DICIEMBRE 4, 2017 4:30 PM)

LOS VIDEOS SECRETOS QUE INCRIMINAN A LOZOYA CON ODEBRECHT


Las transferencias se hicieron, de acuerdo con los testimonios, cuando Lozoya era parte del equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.Quinto Elemento Lab


Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México hasta mediados de este año, se presentó el 16 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría General de la República, en el municipio de Guarulhos, estado de Sao Paulo, en Brasil.

En compañía de sus abogados, Meneses acudió voluntariamente para presentar su declaración como parte de su “delación premiada” con la justicia de Brasil.

Ante los fiscales André Bueno de Silverio y Daniel Ferebek San Paioma, renunció a su derecho a guardar silencio y aceptó que la sesión se grabara para ser incorporada en las declaraciones juradas que constan en el expediente del proceso penal 6655.

Su testimonio, ya en manos del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, forma parte de las investigaciones del caso conocido como Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción en la historia de América Latina.

Los fiscales brasileños investigan la trama de corrupción en cuyo centro se encuentran el consorcio constructor Odebrecht y políticos de América Latina, comenzando por Inazio Lula Da Silva y decenas de presidentes, ministros, diputados e integrantes de la clase política de una decena de países del continente y de la África de habla portuguesa.

Hasta ahora 78 altos ex ejecutivo de Odebrecht han acordado sumarse a las delaciones premiadas. Pero sus testimonios no bastan para reducir el tiempo de cárcel o recibir condenas más benignas. Los delatores deben aportar datos y documentos que corroboren sus dichos, además de ayudar a revelar la estructura jerárquica de la organización criminal y su modus operandi.

La información que proporcionen también debe ayudar en la prevención de nuevos delitos y en la recuperación del producto del delito.

Si los colaboradores mienten o proporcionan información errónea, los potenciales beneficios se eliminan y el juez a cargo de la causa puede incluso aumentar las penas.

De hecho, aunque el acuerdo se establece entre fiscales y colaboradores premiados, el juez no está obligado a respetarlo y tiene la última palabra para determinar si la información proporcionada vale la pena y merece ser tomada en cuenta. Si no lo considera así, puede invalidar cualquier convenio pactado.

Información de calidad y susceptible de ser corroborada a cambio de una menor condena es la premisa de la “delación premiada”.

Como parte de la investigación, Luis Alberto Meneses se presentó a rendir su testimonio sobre la manera en que presuntamente corrompió a Emilio Lozoya, ex director general de Pemex y un hombre muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de ayuda para obtener contratos de la petrolera estatal.

No es el único testimonio. Al suyo se suman el de Luiz Mameri, vicepresidente de para América Latina y África, y de Hilberto da Silva, director del Sector de Operaciones Estructuradas o Departamento de Sobornos de Odebrecht, como lo bautizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esta era la instancia encargada de armar los esquemas financieros y hacer las transferencias de los pagos indebidos a los políticos y funcionarios.

La información, los documentos y los videos fueron obtenidos por la organización mexicana Quinto Elemento Lab como parte la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, articulada por IDL Reporteros (Perú) e integrada por periodistas de La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando Info (Venezuela), O Globo (Brasil) y Sudestada (Uruguay).

Los tres coinciden: Odebrecht pagó “propinas” o sobornos por al menos 10 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, que fueron transferidos a las cuentas bancarias que él proporcionó.

Las transferencias se hicieron, de acuerdo con los testimonios, cuando Lozoya era parte del equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y, posteriormente, cuando era director general de Pemex.

Esto es lo que Luis Meneses Weyll contó a los fiscales brasileños.


TC -05 by Aristegui Noticias on Scribd

PP-05 by Aristegui Noticias on Scribd


Luis Weyll-Anexo 4 by Aristegui Noticias on Scribd



(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/. INVESTIGACIÓN DE QUINTO ELEMENTO LAB./  DICIEMBRE 5, 2017 6:01 AM)

#ARISTEGUIENVIVO 05 DE DICIEMBRE: ODEBRECHT Y LOZOYA; AMNISTÍA DE AMLO; #MESAPOLÍTICA Y MÁS…


Además, abordamos la discusión de la Ley de Seguridad Interior en el Senado y el informe de la ONU y de la CIDH sobre el periodismo bajo condiciones de terror en México.


(ARISTEGUI NOTICIAS/ Redacción AN/ 05 DE DICIEMBRE 2017)

EL PRI IMPONDRÁ ESTE MARTES UNA LEY QUE CEDE A MILITARES EL ROL DE LAS POLICÍAS; LLAMAN A DETENERLO


Organizaciones civiles y partidos de oposición sostuvieron que la Ley de Seguridad Interior fue aprobada con fallas inconstitucionales, que afectan los derechos humanos de los mexicanos.

La minuta será mañana discutida por el Senado de la República en medio de peticiones de desechar la propuesta que incluyen las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Jan Jarab, así como de decenas de organizaciones civiles mexicanos y del extranjero.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y diputados de oposición acusaron que la Ley de Seguridad Interior contiene fallas constitucionales que contravienen a los derechos humanos, por lo que pidieron no aprobarla.

El pasado jueves la Cámara de Diputados aprobó con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones la Ley de Seguridad Interior, y los últimos llamados a no aprobar la minuta se dan a tan sólo horas de que el Senado de la República la discuta y eventualmente la apruebe.

El Diputado Víctor Sánchez Orozco expuso que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aplicó la “aplanadora”, sin discutir a fondo la iniciativa, presentada por el jefe de la bancada del PRI César Camacho Quiroz en noviembre del año pasado.

“El PRI se aferró a sacar una ley que de origen es inconstitucional, porque el artículo 73 de la Constitución no da facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior”, señaló Orozco, quien fue coordinador de delegados regionales en la Procuraduría General de Jalisco.


El jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó la Ley de seguridad Interior. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro

En entrevista, el General Francisco Gallardo Rodríguez explicó que la minuta que está por aprobarse “no obstante que es de carácter ilegal, es inconstitucional porque contraviene los artículos 129 que tiene que ver con la civilidad del Estado, y que dice que en tiempos de paz, el Ejército no podrá realizar funciones”.

Sin embargo, la lista de inconstitucionalidades es más amplia. La organización Mexicanos Unidos enlistó entre otros artículos que se violentaron el número 21, que asigna las tareas de seguridad pública a las policías del país; y el 29, que dispone en qué casos se pueden suspender las garantías individuales.

“Creo que de origen es inconstitucional y en consecuencia, si en el Poder Legislativo alcanzamos el 33 por ciento de los diputados podemos ir a una controversia constitucional. Creo que la Suprema Corte de Justicia va echar para atrás esa ley”, sostuvo el Diputado Orozco.

¿Por qué decir NO a la #LeydeSeguridadInterior?@diegoluna_, @ErnestoLPV @cataperezcorrea, @erendiritas , @AlfredoLecona y @MaElenaMorera nos dicen de qué va y porqué es un peligro.#SeguridadSinGuerra pic.twitter.com/hSA50EWgUu

— Cencos (@cencos) 5 de diciembre de 2017

La Organización de Naciones Unidas también manifestó su preocupación por esta ley y advirtió de posibles violaciones a la Constitución Política de México, así como inconvencionalidad “a los criterios que han planteado tanto organismos de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de derechos humanos”.

En una misiva enviada al Senado de la República, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso que una reforma así “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.

Y criticó que “la ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Conceptos tales como ‘seguridad interior’, ‘acciones de seguridad interior’, ‘amenazas a la seguridad interior’, ‘riesgo a la seguridad interior’, entre otros, se definen de manera laxa. Algunos otros, como el concepto de “actos de resistencia” carecen por completo de definición a pesar de su relevancia.


La ONU y la CIDH se pronunciaron sus preocupaciones respecto a la Ley de Seguridad Interior. Foto: Rashide Frías, CuartOscuro

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó en un comunicado su preocupación debido a que normalizaría la actividad de las Fuerzas Armadas en las calles. “En México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”.

En su visita a México en 2015, la Comisión recordó haber constatado que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad aumentó los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.

En el sexenio foxista se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas, de acuerdo con datos recolectados por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. En tanto que en 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron más de 10 mil 751 quejas.

La CIDH reiteró la recomendación hecha antes en el informe sobre los derechos humanos del país de desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas, “las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente. Ésta debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado. En este sentido, es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.

RIEGOS CONTRA LA LIBRE PROTESTA

Esta mañana organizaciones de la sociedad civil como Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C. y Mexicanos Unidos advirtieron de los riegos que podría conllevar la ley de Seguridad Interior a la libre protesta.

El próximo julio México elegirá 3 mil 400 cargos a nivel local y federal, incluida la Presidencia de la República.

“Esta ley de seguridad interior es parte de una estrategia para atemorizar al pueblo de México, y hay coyuntura electoral. Hay un gran riesgo de que no triunfe el candidato del sistema y están pensando desde ahora cómo van a reprimir la protestas, porque ya se prevé el fraude”, sostuvo Enrique González Ruíz, miembro de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C.

Una óptica con la que concuerda el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso. “Se coarta el derecho a la libre manifestación. El Presidente quiere que nos manifestemos sin decir nada. ¿Cómo vamos a expresar nuestro malestar, si se supone que cuando alguien se manifiesta es porque hay una afectación de derechos?”, dijo el Diputado federal Alfredo Basurto Román, quien es miembro de la Comisión de Defensa.

Al preguntársele por qué no hubo participación dicha Comisión, como sí la hubo de la de Gobernación, explicó que “Se pidió más bien la opinión de la Comisión de Seguridad Pública, y se le dio otro tinte y jerarquización porque en la de Gobernación están todos los coordinadores”.

La ONU en su anexo a la carta enviada a la Cámara alta se pronunció en el mismo sentido: No obstante que la ley regula tanto las ‘amenazas a la seguridad interior’ como el ‘riesgo a la seguridad interior’, “la norma prevista en el artículo 8 sí incluye a la protesta dentro del ámbito material de la norma pues solamente impide que la misma sea considerada ‘amenaza’, más no ‘riesgo’.

Además, el hecho de condicionar las movilizaciones a su realización pacífica a efecto de excluirlas –parcialmente- del objeto material de la ley trastoca el principio de racionalidad y necesidad, pues permitiría que aquellas que no se realicen de manera pacífica puedan estar sujetas al alcance de la ley y de las autoridades encargadas de su aplicación, incluidas las Fuerzas Armadas. Lo anterior, al arbitrio de la autoridad”.


Diputados protestaron contra la Ley de Seguridad Interior, pero el PRI, sus aliados y una fracción del PAN avalaron la modificación constitucional el pasado jueves. Foto: Saúl López, CuartOscuro

Para el Diputado federal, la discusión en el Senado mantendrá las posturas ya planteadas por las bancadas en la Cámara baja, y en donde el Partido Acción Nacional (PAN) se presentó dividido a la hora de votar con 48 abstenciones, 14 a favor y 17 en contra.

El Diputado panista Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, expuso que su bancada lamentó que la aprobación de la ley de Seguridad Interior no fuese acompañada con la aprobación de una Ley de Mando Mixto, que pondría a ciertas policías municipales bajo el mando estatal.

“[Los del PRI] se quieren congraciar con las Fuerzas Armadas aún cuando no represente una solución de fondo al país. Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas, fuimos el primer grupo político que presentó una iniciativa en noviembre del 2015 al respecto. Por eso la postura generalizada de abstención”, indicó.

La minuta ahora deberá ser discutida por el Senado de la República este martes en las comisiones de Defensa Nacional, Gobernación, Marina y Estudios Legislativos.

En redes sociales, doscientas organizaciones civiles que conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra iniciaron una recolección de firmas (AQUÍ) para que los senadores no den luz verde a la iniciativa presentada por el PRI, además de una campaña de correo electrónicos a los 128 legisladores que conforman el órgano legislativo para que voten en contra.


(SIN EMBARGO/ JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ/ DICIEMBRE 5, 2017/ 12:05 AM) 

LA PAX NARCA DE ANDRÉS MANUEL

De manera innecesaria, Andrés Manuel López Obrador, quien sería Presidente de la República si en estos momentos se realizaran las elecciones presidenciales, dijo estar abierto a analizar la propuesta de darle amnistía a los líderes de los cárteles de las drogas a cambio que se comprometan con la paz. La propuesta no viene incluida en el proyecto de nación que dio a conocer en noviembre, pero no es algo que haya estado fuera de su cabeza durante algún tiempo. La diferencia es que, si en otros momentos parecía una más de sus ocurrencias, hoy, ante la inminente campaña electoral, se convierte en un arma. La más letal, en su contra, la disparó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien afirmó que esa idea haría de México un narcoestado.

López Obrador tiene una lengua muy suelta, que como dice unas cosas, dice otras, y se corrige sin prurito alguno. Así sucedió con su propuesta de descentralizar las secretarías de Estado, que menos de 24 horas después rectificó y dejó en su lugar actual a dependencias como las que albergan las Fuerzas Armadas. Ya explicaría las razones de ese cambio, dijo para justificar su súbito cambio de señal, sin que hasta ahora haya aportado claridad sobre la marcha para atrás. Pero ahora, con la amnistía que propone para los líderes de los cárteles de las drogas, volvió a lastimar a las Fuerzas Armadas y, sobretodo, a los familiares de decenas de miles de víctimas de la cruenta lucha contra las bandas criminales.

No entiende mucho López Obrador del tema del narcotráfico, aunque critica de manera regular todo tipo de estrategia. No combatir al narcotráfico durante los primeros ocho meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, ignora, provocó el reforzamiento de los cárteles de las drogas y el inicio del fin de la inútil estrategia de seguridad en la administración, que en buena medida le costó la candidatura presidencial a su arquitecto, el Secretario de Gobernación. La propuesta de amnistía la acompaña de una estrategia integral que, si se excluye el perdón a criminales, es lo mismo que propuso el ex Presidente Felipe Calderón en 2009, y buscó concretar Peña Nieto desde el principio de su gestión. La única analogía con su propuesta es con Vicente Fox, quien la planteó como ex Presidente en 2011.

Lo preocupante no es la falta de novedad en sus ideas, sino lo reiterativo de su propuesta para perdonar criminales, que sugiere que no es una “locura”, como calificó presidente del PAN, Ricardo Anaya, sino una semilla que está floreciendo en su cabeza.

Alexia Incómoda, el nombre bajo el cual conversa una de las personas más informadas en seguridad y política que habitan el universo de Twitter, recordó el lunes, como contexto de los dichos de López Obrador, que esa propuesta la ha hecho a lo largo de todo el año, comenzando en Sinaloa, cuando la Marina realizó operativos quirúrgicos en contra de las bases de apoyo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y cuando en febrero sus comandos abatieron a Juan Francisco Patrón Sánchez, apodado “El H-2”, quien era el jefe de plaza del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, enemistados con Guzmán y el Cártel del Pacífico desde 2008, en Nayarit. La historia del perdón a criminales por parte de López Obrador no es nueva. La idea de cómo se puede trabajar desde el poder con el narcotráfico, tampoco. Quizás, tampoco originalmente de él.

El pacto con los narcos desde el poder ha dominado los libretos más exitosos en la producción de telenovelas de Epigmenio Ibarra, director general de Argos Comunicación, que desarrollan las vinculaciones criminales con funcionarios de los tres niveles de gobierno. La historia de las narconovelas producidas por la empresa co-fundada por Ibarra en 1992, comenzó en 1996 con “Nada Personal”. En 2012 produjo “Infames”, que planteó la relación de los líderes del narcotráfico con una poderosa Secretaría de Hacienda, donde la mano derecha del titular era familiar de uno de los líderes. La más famosa de todas sus narconovelas es “El Señor de los Cielos”, que recrea la vida de Amado Carrillo, el jefe del Cártel de Juárez, y jefe de todos los barones de la droga, que acordaba con la Presidencia la pax narca, cuya primera temporada se transmitió en 2014. De ella se desprendió “El Chema”, en 2016, que recrea la vida de “El Chapo” Guzmán.

Ibarra, quien ha trabajado o estado cerca de López Obrador desde hace unos 15 años, es uno de los principales responsables del aparato de propaganda del precandidato presidencial, quien a través de sus redes sociales hizo virales temas como el movimiento #YoSoy132, o cruzadas contra Peña Nieto en el mundo virtual, como el aglutinado en el hashtag #RenunciaYa. Paralelamente, ha hecho a Peña Nieto responsable del “crimen de Estado” por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Probablemente, vista la propuesta en este contexto, es Ibarra quien sembró en su cabeza la idea de amnistiar criminales.

López Obrador, en todo caso, es el responsable de sus palabras, al ser el diseminador y promotor de esta propuesta y pensar incorporarla a su proyecto de nación. Bien se vería México de concretarla: el Ejército y la Marina a los cuarteles; los jefes de los cárteles de la droga, asesinos de militares y policías, a las calles. La pax narca renacería bajo su gobierno. A menos que rectifique la propuesta.

rrivapalacio@ejecentrasl.com.mx
twitter: @rivapa


(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/05/12/2017 | 04:04 AM)