martes, 15 de agosto de 2017

POBLADORES DETIENEN AL PRESUNTO VIOLADOR DE UNA NIÑA EN CHIAPAS, Y LE PRENDEN FUEGO (IMÁGENES FUERTES)

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Los pobladores del municipio de Reforma, Chiapas, decidieron hacer justicia por su propia cuenta y golpearon al supuesto violador. Después, le rociaron gasolina en sus genitales y encendieron una llama para comenzar a quemarlo vivo.

Vecinos linchan a hombre acusado de secuestro y violación de una niña en Tamaulipas (VIDEO)


Chiapas/Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo/Infobae).– Un brutal hecho tuvo lugar en las últimas horas en el municipio de Reforma, Chiapas, cuando un grupo de pobladores capturó al presunto violador de una niña, lo amarró y lo prendió fuego. Las imágenes quedaron registradas en video ante decenas de personas que festejaban el sufrimiento del abusador, quien pedía a gritos que lo rescataran.

“¡Ayúdenme, ayúdenme!”, gritaba el hombre mientras el resto miraba y solo unos pocos pedían que le arrojaran agua para apagar el fuego y mitigar su dolor.

Una vez que lo tuvieron inmovilizado, los habitantes le habían lanzado gasolina en sus testículos donde encendieron la llama y comenzó a quemarlo vivo. A los pocos minutos, fue la Policía de Reforma la que se acercó al lugar tras una llamada anónima que denunció el bestial hecho.



Los agentes se llevaron al presunto violador hasta un centro médico donde fue atendido por sus profundas heridas. El primer parte estableció que poseía quemaduras de tercer grado. El hombre además será investigado por la violación de una niña de ocho años, lo que motivó la venganza de la multitud, según consignó Excélsior.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INFOBAE.


(SIN EMBARGO/ INFOBAE/ REDACCIÓN / AGOSTO 15, 2017, 9:44 AM)

LOS “CHIQUINARCOS” DEL CJNG




Fotos: Cortesia.-Jóvenes sicarios, narcomenudistas y halcones son sacados de colonias de escasos recursos, utilizados algunos para reclutar más jóvenes y adolescentes para enlistarse en el crimen organizado.

Jóvenes de secundaria y preparatoria que habían sido reclutados por el grupo delictivo ahora están en la mira. “Están arrasando con la nueva era de sicarios, la nueva era de distribuidores y la nueva era de halcones”, explicó un elemento de inteligencia a ZETA. La balacera en Playa Palmilla, suscitada el domingo 6 de agosto, es un ejemplo de la nueva guerra

“La situación de las drogas es lo que está sacando de control y que crea todos estos conflictos, tanto en La Paz, como en Cabo San Lucas y San José del Cabo; yo veo a diario la venta de drogas al menudeo, tanto en la marina, en las playas, en el centro, y las autoridades también tienen identificados exactamente quiénes son, y lo permiten”, denunció Walter Widmer, prestador de servicios turísticos de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos.

Esa es la realidad que ha tratado de ocultar el alcalde Arturo de la Rosa Escalante con la inversión de millones de pesos de recursos públicos para justificar el trabajo en materia de seguridad, aun cuando por lo menos veinte policías fueron señalados recientemente por posibles nexos con el crimen organizado.

Todo parece indicar que se ha detectado una red de jóvenes sicarios operando para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o  Tijuana Nueva Generación (CTNG).

En la edición número 2244 de ZETA, en el reportaje titulado “Los sicarios de ‘El Colores’”, se informó de la pandilla que estaba reclutando el CJNG o CTNG.

Los sicarios, halcones y distribuidores, según investigaciones, eran entrenados por Carlos Ignacio Vázquez “El Barbas” o “El Caloso”, ejecutado a finales de marzo en un tiroteo en el corredor turístico de San José del Cabo-Cabo San Lucas, frente al Hotel Grand Mayan Los Cabos.

En el resultó lesionada Carol “N”, de 60 años de edad y es originaria de Pennsylvania, Estados Unidos; una bala perdida se le incrustó en una pierna, y, afortunadamente, el gobierno de Baja California Sur apoyó en su atención médica y traslado al lugar de origen, aminorando el lamentable suceso.

Entonces, fuerzas de inteligencia revelaron a ZETA que “los trabajos de estos jóvenes sicarios principalmente van dirigidos a levantar gente y entregarla para ganarse un lugar cercano y de confianza con el jefe, tienen que romperse la madre, para que vean que tiene huevos, eso manifestaron”.




Edwin Alberto López Rojas, presuntamente líder de una red de jóvenes narcos en Los Cabos, ejecutado en el Zacatal de San José del Cabo

Según los agentes de inteligencia, a ese grupo le llaman “la nueva era de sicarios”, incluso agentes ministeriales informaron que “tienen una banda delictiva, la cual se ha dado a conocer como ‘El Arco’, suponemos y así es como lo consideramos, son gente de ‘El Pecheras’, presunto sucesor de ‘El Babay’ en Cabo San Lucas”.

De acuerdo con la versión de algunos distribuidores de narcóticos detenidos, la mayoría de los sicarios, narcomenudistas y halcones, fueron reclutados en colonias de San José del Cabo, en barrios de alta incidencia delictiva, algunos incluso han denominado el reclutamiento de pandillas para trabajar en las líneas criminales y alcanzar una mayor extensión de clientes potenciales, ávidos de sobresalir, y por ende, con mayor fuerza criminal.

Además, según las indagatorias, jóvenes entre los 15 y 23 años de edad son enlistados en nóminas del crimen, donde alcanzan pagos de entre 2 mil 500 y 7 mil 500 pesos.

“Es sabido que los están adiestrando, pero puro morro que están agarrando en las colonias, en un intento por demostrar poder están evidenciando falta de recursos y de estructura. Todos los pistoleros recién llegados tienen al mando pequeñas células de jovencitos sin experiencia, y son los que están entrándole”, confirmó una fuente de inteligencia militar.

En su arranque, el Ayuntamiento de Los Cabos reconoció que había graves problemas y tendrían que ser resueltos, pero hoy el reflejo es: “… Al menos el 4 por ciento de los hogares con población menor a los 18 años, presentó alguna carencia alimentaria, lo que impacta a su vez en los índices de desempeño y aprovechamiento escolar de miles de cabeños, forzando a muchos de estos niños y jóvenes a trabajar, poniendo en riesgo su integridad, así como elevando los índices de deserción escolar y explotación infantil, problemática que se ha incrementado en los últimos años”, se informó en el análisis que hiciera la actual administración, plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

La falta de atención y cumplimiento de sus compromisos de campaña por parte de Arturo de la Rosa ha llevado a la descomposición social, pues según los registros, la falta de vivienda, empleos y oportunidades para Los Cabos, “ha obligado a que jovencitos (por no decir adolescentes, o en el peor de los casos niños) hayan decidido tomar el mal camino de las drogas, de vender estas cosas para conseguir dinero fácil para solventar las carencias en casa. Vemos que gran parte de los jóvenes involucrados, hoy muertos, tenían serios problemas en casa, económicos, de convivencia y demás”, expuso un experto en criminología consultado por ZETA.

De más de 300 mil habitantes en Los Cabos, hasta 2015 existían más de 22 mil 535 hogares donde el jefe de familia es la mujer, es decir, madres solteras, multiplicándolo por el promedio de ocupantes por familia, que es de 3.6 integrantes, resulta una cantidad de más de 81 mil 100 habitantes en riesgo de caer en manos del crimen organizado por necesidad.

Tomando en cuenta la justificación de las autoridades para afirmar que “la delincuencia organizada inicia desde el ambiente familiar, en el tejido social”, hay puntos que las autoridades no mencionan o no reconocen:

* En Los Cabos existen más de 55 mil 774 personas de 15 años o más con su educación básica incompleta, es decir, no terminaron la preparatoria, secundaria o primaria.

* Más de mil 500 cabeños, de entre 6 y 14 años, no va a la escuela, siendo uno de los principales lugares donde se educa y capacita para laborar.

* Más de 5 mil habitantes son analfabetas.



JÓVENES NARCOS EN LA MIRA

“Buscan en lo que entendemos, la eliminación de toda una generación de nuevos narcos en las líneas del crimen organizado. Están arrasando con la nueva era de sicarios, la nueva era de distribuidores y la nueva era de halcones”, especificó el efectivo de inteligencia.

La guerra que ha sido utilizada como estrategia, revelan cuerpos de investigación, es la desintegración de las nuevas células criminales que operan para los brazos armados de primer nivel para células de CJNG y de Los Dámaso para el Cártel de Sinaloa.

La tarde del domingo 6 de agosto, una masacre se registró en la turística y concurrida Playa Palmilla, la cual cuenta con distintivo Blue Flag. Allí una familia que se encontraba disfrutando del lugar, fue agredida a balazos.

Cerca de las dos de la tarde, de una camioneta Kia de color azul y sin placas de circulación, descendieron al menos tres sicarios con pistolas y armas largas, los cuales según los datos recabados, iban por Yoshio Eduardo “N”, de 17 años, y presunto integrante de una red de candidatos distribuidores de estupefacientes y halcones, la cual era comandada por Edwin Alberto López Rojas, privado de la vida la tarde-noche del 5 de agosto.

“Los sicarios se bajan y dispararon en contra no solo del joven, agarraron parejo contra todos los que estaban, eran cinco y un bebé”, indicó el agente de investigación ministerial.

Lo peor del suceso es que a esa hora la playa se encontraba llena de turistas que disfrutaban de la zona. “Cómo es posible que ni a la playa podamos salir, en ese momento sentimos un miedo tremendo y ni qué decirles a los niños de lo que estaba ocurriendo en ese momento, solo decirles que jugábamos a las escondidas”, expresó un testigo del cuádruple homicidio.

Jóvenes narcos, “Chiquinarcos” o sinónimos de menores de edad en la droga, atrae hombres y mujeres desde los 14 a los 23 años para operar en una red de distribución en Los Cabos.

En el lugar quedaron sin vida Francisco Sedano Bahena, de 26 años, de ocupación carnicero, con domicilio en la colonia El Zacatal; el joven de 17 años, otra persona del sexo masculino que permanece en calidad de desconocido.

Además, resultaron lesionadas dos personas, una del sexo masculino y una femenina, la cual a la llegada de paramédicos localizaron entre sus brazos un bebé de año y medio. Ella murió 24 horas después del ataque.

Anterior a este homicidio, en un fin de semana sangriento para Los Cabos, con un total de 10 muertos, quedó registrada la muerte de Edwin López Rojas, presunto líder de una red de jóvenes narcos, quienes se autodenominan “Chiquinarcos”. Conforme a las indagatorias por parte de las fuerzas del orden, el occiso “se encontraba reclutando jóvenes de secundaria y preparatoria que quisieran trabajar en la mafia, pero así como lo detectamos nosotros, la delincuencia organizada lo detectó y se encargaba de eliminar a los candidatos a integrar la líneas criminales”, expresó la fuente militar.

Lo cierto es que en el teléfono celular de Edwin Rojas se localizaron grupos y conversaciones en WhatsApp que dan cuenta de los posibles candidatos y amistades involucradas, por lo que las autoridades consideran “de mayor relevancia que nos dieran mayores datos de la red, a que el grupo rival los encuentre y pase lo que hemos visto recientemente”.

De acuerdo con los datos recabados, tras el especulado debilitamiento de la célula de Los Dámaso a nivel nacional, una nueva guerra ha sido desatada. Información de las fuerzas federales, refiere que la “tregua” que se habría planteado entre las células criminales fue rechazada, de ahí los ajustes de cuentas entre grupos rivales.

“Este ataque y los últimos -por lo menos los recientes- fueron dirigidos por la célula conocida de Los Colores, sicarios al servicio de Sinaloa, los cuales pese al evidente debilitamiento por la detención de Dámaso López Serrano ‘El Mini Lic’, se pusieron en el juego por la plaza de Los Cabos”, informó el agente de la Policía Ministerial.

Los blancos se han dispersado tanto para el Cártel de Sinaloa, como CJNG. Y es que las autoridades buscan de nueva cuenta a los integrantes del primero, con operaciones para Los Javieres o Los Acosta, a través de la célula de “El Colores”. Sin embargo, fuentes de inteligencia confirmaron que la operación violenta también viene del CJNG o CTNG.

Entre los días  23 y 28 de julio, la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), localizó seis cuerpos semienterrados y calcinados en un predio a dos kilómetros de la Carretera Transpeninsular, a la altura del Kilómetro 17.5 de San José del Cabo a La Paz.

En el mismo predio se encontraba Luis Humberto Sánchez Heredia, de 27 años, originario de San Diego, California, quien se dedicaba a la “venta al menudeo de droga en los antros de la zona de Cabo San Lucas, era un chapulín que operaba en la zona y fue levantado”, detalló el agente ministerial.

Hombres y mujeres de entre 14 y 23 años han sido vinculados en la venta y distribución de droga, “se hacen llamar la nueva era de narcos y se creen bien vergas, pero la verdad es que se exponen demasiado por darse a conocer en el bajo mundo, o hasta para impresionar a los demás”, refirió el agente policial.

Como semilleros criminales han sido focalizados planteles de San José del Cabo como la Escuela Secundaria Técnica 14, de la colonia San José Viejo; Escuela Secundaria Técnica 34, de la colonia Santa Rosa; el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) 04, también de Colonia Santa Rosa; y el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) 31, de la Puerto Nuevo.

De estos planteles han sido identificados los jóvenes que recientemente han sido atacados, además, la red criminal juvenil coincide en las investigaciones en curso. Hay una larga lista de jóvenes presuntamente vinculados y algunos ya en operaciones “bajo investigación de los tres órdenes de gobierno”, cerró el ministerial.

Por otro lado, el Gobierno del Estado de Baja California Sur emitió un comunicado en el que reconoce el actuar de los jóvenes y las medidas a implementar, temas tratados en el Grupo de Coordinación de Seguridad Pública que encabeza Carlos Mendoza Davis, gobernador de Sudcalifornia.

“Se acordó reajustar el despliegue de fuerzas policiacas en Baja California Sur, específicamente en el municipio de Los Cabos, a fin de atender nuevos patrones delincuenciales que se han venido presentando en esa zona luego de la desarticulación de cabecillas y grupos dedicados al narcomenudeo”.

Destacaron que en todos los hechos delictivos se vieron involucrados vehículos sin placas y con vidrios polarizados, por lo que las autoridades acordaron intensificar los operativos. Por último, se advirtió que en los recientes hechos participaron menores de edad, por lo que se acordó intensificar los programas públicos, como “Vivir en Paz”, a fin de ofrecer espacios de desarrollo personal y laboral para los jóvenes, al tiempo que se instruyó a la Secretaría General de Gobierno a privilegiar la parte preventiva del combate a la delincuencia”.

POLICÍAS NEUTRALIZADOS

En las recientes ediciones de ZETA se ha evidenciado la complicidad que han mantenido las fuerzas de la Policía Municipal de Los Cabos con células criminales, incluso con el ex presunto líder de plaza de Cabo San Lucas, Abraham Cervantes Escareaga “El Babay”, tenía fuertes lazos con servidores públicos del municipio.

“El Babay” fue capturado la madrugada del 19 de junio en Cabo San Lucas, aunque autoridades afirmaron que se le detuvo en las calles del centro de esa localidad; datos extraoficiales confirman que la detención se dio en su domicilio, en el exclusivo fraccionamiento Pedregal.




Balacera en Playa Palmilla dejó 5 muertos; tres murieron en el lugar de los hechos y dos más murieron en el centro médico de San José del Cabo, según información actualizada al 10 de agosto

Trascendió que apenas iniciaba la semana y oficiales y mandos de la Policía Municipal de Los Cabos habrían sido despojados de sus teléfonos celulares y desarmados, presuntamente por encontrarse vinculados a células delictivas, tanto de Sinaloa como de Jalisco. De acuerdo con los informes, “los celulares fueron asegurados para investigación, saber quiénes y con quién estamos tratando, además, acabar con la corrupción en la corporación”, dieron a conocer efectivos militares.

Por otro lado, la sociedad aplaude que se tomen medidas para erradicar la corrupción que se ha evidenciado en este Semanario, pues las autoridades son omisas, ni siquiera brindan entrevistas y ejecutan toda acción en la opacidad.

“Los oficiales no deben contar con celulares para que cumplan con su tarea. Si traen teléfonos, deben estar monitoreados por el patrón, en este caso el Ayuntamiento, para tener el monitoreo de a quién llaman o quién les llama o manda mensajes, para evitar que avisen a células delictivas”, aplaudió Fabricio González, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Veinte agentes, entre mandos y policías, fueron privados de sus equipos de telefonía, “sin embargo, con el afán de evitar que el contenido de los teléfonos sea evidenciado, el personal pretende realizar huelgas. La cuestión es que si no deben nada, por qué están tan temerosos, yo digo que debemos ponernos a trabajar y bien, para quien nos debemos”, expuso un agente municipal adscrito al Mando Mixto.

Lo peor es que inteligencia militar detectó que “algunos mandos compartían información con la mafia”, lo que hace pensar que hay colusión y permiten la impunidad, cuestión que hoy tiene hundida a la comunidad cabeña.

Según datos obtenidos por ZETA, algunos de los policías a los que les fueron retirados los celulares y que están bajo investigación por posible colusión con el crimen, son:

* Cota Cota Marcelo// 12 – Confianza// 178-Policia Segundo // 12/01/2001.

* Segura Almíkar José// 12 Confianza// 177 Policía Tercero// 1/18/2006.

* Leyva Valenzuela Jesús//12 Confianza//178-Policia Segundo//6/1/2003.

* Domínguez Alvarado Aníbal Isabel//12 Confianza//188-Policia//7/16/2003.

* Un oficial identificado como Borbón

* El equipo del Teniente Efraín.



Policías Municipales de Los Cabos, ingresaban a escenas del crimen para filtrar fotografias a bandas criminales

Aunque los agentes intentaron realizar una denuncia para evitar que se sepa el contenido de sus celulares, el Ministerio Público negó dicha denuncia, informaron a este Semanario, pero como se ha venido haciendo la mala integración de las investigaciones, este caso no fue la excepción.

“No van a poder realizar una investigación utilizando los datos, en caso de que hayan encontrado algo en los celulares. Aun encontrando evidencias de conexión con grupos criminales, lo único que pueden hacer es informar a sus superiores, las cuales también van a  estar impedidas, y mucho menos actuar laboralmente para un despido, porque no se hizo debidamente el procedimiento, fue arbitrario o fuera de Ley”, dijo el agente ministerial.

Lo lamentable de este procedimiento no es solo el actuar de los policías corruptos, sino que las autoridades de nueva cuenta no realizaron el procedimiento como lo marcan los procesos, jurídicamente no hay mucho por hacer, sería como burlarse de los agentes y en consecuencia que la autoridad federal, de nueva cuenta sea exhibida como “una mala organizadora de evidencia, y, por ende, una liberación de los cargos a los agentes involucrados, por la incapacidad de sancionarlos”, lo que a final de cuentas lleva de nuevo a la falta de capacitación.

Ya quedó claro con el caso de  “El Babay” que la mala integración de un caso puede eximir de culpabilidad de un delito, sin embargo, autoridades federales tuvieron que emplear un plan B para retener y trasladar al sospechoso ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la Ciudad de México.

“Esto que estamos viendo en las ejecuciones, es producto de la falta de prevención en la violencia y la delincuencia, de haber dejado o hacer caso omiso a las alertas que se hicieron hace años. Alrededor de tres o cuatro meses que ha estado la Policía Federal con la Gendarmería en nuestro Estado, después de dos y tres meses no vemos temas de inteligencia que permitan desarticular estas células”, alzó la voz el titular de Coparmex en Baja California Sur.

Es claro cómo autoridades federales han dejado a las locales a su suerte, pues han sido detenidas células delictivas y se ha solicitado la intervención de la SEIDO, sin embargo, “nos dejan o nos toman con poca importancia, a lo cual dichas bandas siguen operando o se acaba la competencia estatal, y es cuando vienen los problemas”, declaró un agente ministerial.

Las labores de inteligencia fueron cantadas por la Federación como vitales para erradicar a la delincuencia organizada, además de tener la competencia para investigar los hechos; ante la llegada de más de mil 600 elementos federales, principalmente a La Paz y Los Cabos, dicha labor de inteligencia ha quedado a deber.

“Vemos que en el caso del Gobierno Federal, tal vez esté haciendo falta más labor en materia de inteligencia para combatir con una mayor precisión a estas bandas delincuenciales, si bien sus actos los realizan en lugares específicos, sus dominios, sus territorios de influencia, trascienden el ámbito local”, lamentó Rigoberto Mares Aguilar, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

SIN TREGUA ENTRE CÉLULAS

Respecto al suceso del domingo 6 de agosto, “estamos viendo cómo hoy estas personas sin miedo y escrúpulos, no solamente lo hacen en playas públicas como ya vimos en Los Cabos, sino que hemos visto que se han metido a las casas de las personas, al lugar más privado de una familia a ejecutar personas”, lanzó Fabricio González, de la Coparmex.


Varias bajas ha sufrido una red de “Chiquinarcos” en Los Cabos, la mayoría entre los 14 y 23 años

Y es que la guerra entre las células criminales tanto de Sinaloa, como de Jalisco en dos frentes, ha desencadenado una serie de enfrentamientos y respuesta al fuego entre grupos delictivos. La principal razón es “una gran cantidad de jovencitos sedientos por trabajar en las líneas criminales, basta con venderles la imagen de los narcos a gran escala y solitos se arriman”, afirmó un agente municipal con labores en el Mando Mixto de Los Cabos.

Muchos jóvenes se encuentran en malos pasos, y esto ha sido recabado en las opiniones de los pobladores de colonias de San José del Cabo, quienes aceptan que la descomposición y la falta de atención en casa, ha llevado a delinquir.

“Actos lamentables que nos quitan la tranquilidad a quienes habitamos en esta media península. Vemos en lugares turísticos, en otros lados como en Acapulco, Guerrero; en Cancún, Quintana Roo, están viviendo; no queremos que en Baja California Sur lleguemos a esos niveles, en ese sentido vemos que hay una enorme responsabilidad de las áreas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, particularmente del Gobierno Federal, que efectivamente se ha planteado el incremento de las fuerzas federales; con lo que sucede, deja claro que hace falta más para poder contener esta situación”, declaró el panista Mares Aguilar.

Pero los aumentos en hechos delincuenciales se debe principalmente a que estalló el conflicto entre células criminales que se disputan Los Cabos.

“Intentaron llevar una tregua entre ambos bandos (Sinaloa-Jalisco), pero la respuesta fue negativa por parte de Jalisco, el interés de este cártel principalmente se centra en tomar el control absoluto, así se ha venido dando en todo el país. Hay más intereses que simplemente Los Cabos y los servidores públicos lo saben, si esto no es así, por qué llegaban fuertes cargamentos directamente al puerto de Cabo San Lucas: porque hay un fuerte ingreso de armas a la zona sur, por qué no caen, no solo de Jalisco, sino de los dos bandos”, cuestionó el experto en criminología consultado por este Semanario.

Aunque autoridades se mostraron confiadas en que los homicidios disminuirían ante la caída de “El Mini Lic” en Estados Unidos, lo cierto es que la célula de Los Dámaso en Baja California Sur buscó hasta cierta medida operar de manera distinta y cerrar líneas en “paz”, al ser rechazada la tregua, autoridades ven el incremento de hechos sangrientos, aunque se ha identificado a diferentes operadores para ambos bandos, incluidos policías.

“Los reportes de inteligencia militar indican cuáles son los vehículos, los operadores principales, al menos así lo han hecho sentir, pero a la hora de los hechos es evidente que, o hay complicidad, o de plano hay total desconocimiento de los movimientos criminales del Estado”, finalizó el policía ministerial abordado.

POLICÍAS SIN OPERACIÓN CONTRA EL CRIMEN

La red de jóvenes narcos descubierta no es algo nuevo, los encargados de investigar la delincuencia organizada han dejado crecer el fenómeno social y solo actúan cuando perjudica a la institución.

Un caso reciente se dio en una vivienda del fraccionamiento Villas del Cortez en San José del Cabo, donde marinos tundieron con toda la fuerza tras registrarse el homicidio de un efectivo en el operativo.

Cuando entraron armados a un picadero que todos conocían, la mayoría dentro eran adictos, y cegados por el coraje, los efectivos de la Secretaría de Marina abrieron fuego y se abrieron paso con las armas hasta dejar a todas las almas sin vida. “¿Por qué esa fuerza no se utiliza para acabar con los criminales fuertes? Muy simple, no hay disposición para la atención al problema que tiene Baja California Sur”, planteó un policía ministerial.

Para la Federación ya es un tema generalizado, imposible erradicar en la recta final del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto; dejando  muy claro el mensaje de poca acción de prevención y apoyo de seguridad en los estados; decenas de unidades de la Policía Federal son vistas constantemente en el Hotel SAR, sitio donde se hospedan.

“Son chingaderas que ahí se la lleven estos señores, tanto que anunciaron la llegada de fuerzas federales y para nada, ahí los tienen guardados, en las calles queremos recorridos y que verdaderamente desquiten el sueldo y no vengan al estado a descansar”, demandó Alberto González Mancilla, ciudadano que caminaba por el centro de La Paz.

Los Cabos es sin duda el principal sitio del enfrentamiento de los cárteles de la droga, también es evidente que criminales se movilizan hasta por 10 kilómetros o más dentro de las comunidades, con gente levantada o privada de la libertad, sin que cuerpos policiales puedan detectar la operación, lo que evidencia que los recorridos son inexistentes, y por si fuera poco, las labores de inteligencia nulas.

“En un recorrido que haces en Los Cabos, puedes entrar a colonias como Vista Hermosa, Zacatal, Puerto Nuevo, no ves un solo policía, ¿y los operativos federales que eran para proteger la zona?, ¿dónde quedaron los oficiales que deberían resguardar la zona turística a la hora de la balacera en Playa Palmilla? Todo es una falacia y nos la estamos creyendo, sin duda la violencia prevalece en Los Cabos, aunque el alcalde lo niegue”, finalizó el criminólogo consultado por ZETA.


(SEMANARIO ZETA BCS/ EDICIÓN IMPRESA / RAMÓN TOMÁS BLANCO VILLALÓN /MARTES, 15 AGOSTO, 2017 12:00 PM)

SE ENFRENTAN MAGISTRADOS EN ELECCIÓN DE JUECES


Foto: archivo ZETA

Un enfrentamiento que se prolongó por más de dos horas se llevó a cabo en el Tribunal de Justicia del Estado, que este día ratificaría a un juez y elegiría a tres más, de los cuales uno quedó pendiente.

La primera elección no tuvo mayores contratiempos, Luz Adriana Macías Molina, será nombrada la nueva juez de control de justicia para adolescentes, con 13 votos a favor y 3 en contra.

La segunda votación, terminó empatada a 8 votos por cada uno de los aspirantes, que fueron Tania Miroslava Arce González y Claudia Pamela Tom Jiménez, quienes pretenden ocupar el puesto de Juez de Control para ocupar el puesto tras la renuncia del Juez Herrera.

Sin embargo, la confrontación entre los dos grupos llegó durante la elección del Juez de Primera instancia de lo Civil de Ensenada, pues el Magistrado Fausto Armando López Meza, emitió su voto en favor de un secretario de acuerdos y amigo llamado Jorge Alberto Amezcua Castro, el cual, consideró, debe ser el elegido pese a que no alcance la mayoría de votos.

Estas afirmaciones las emitió por escrito. Sin embargo, cuando vio que su aspirante predilecto sólo alcanzó un voto, emitió un segundo sufragio por otro candidato, lo que provocó la molestia de sus compañeros, sobre todo porque esto provocaba un empate en la decisión.

El magistrado López Meza inclinó su nuevo voto a Erika Michelle Segura Covarrubias, junto con el presidente Jorge Armando Vásquez, mientras que el otro aspirante de nombre Efraín Islas Reyna, fue apoyado por la magistrada María Esther Rentería.

De inmediato se emitieron votos a favor y en contra por la decisión.

“En ningún lado dice que no puedo votar dos veces”, comentó López Meza; “Sólo se vota una vez, es una cuestión de lógica”, señaló el magistrado Jiménez.

Este enfrentamiento repleto de argumentos legales se salió de control por un momento cuando acusaron al Presidente Vásquez de apoyar a la aspirante Segura Covarrubias, y que por eso provocaba el conflicto.

Luego de un prolongado análisis se decidió respetar la metodología original y se rechazó el segundo voto de Fausto Armando López Meza.

Más información en la edición impresa.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  EDUARDO VILLA LUGO /MARTES, 15 AGOSTO, 2017 01:00 PM)


AMENAZAN DE MUERTE A PERIODISTA DEL PERIÓDICO NOROESTE DE SINALOA


El diario local Noroeste denunció que uno de sus periodistas -del cual ocultó su identidad- recibió, el pasado viernes, una amenaza de muerte por escrito contra él y su familia, afuera de su casa particular, en Culiacán, Sinaloa.

Además, el rotativo sinaloense informó que el sábado se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por los hechos, aunado a que la Fiscalía del estado ofreció protección y custodia para el trabajador del medio.

“No es la primera vez que elementos de la planta de periodistas y distribuidores de Noroeste reciben agresiones o amenazas. En los últimos años, Noroeste ha sido objeto de numerosas amenazas, robos e incluso ataques, tanto a su personal como a sus instalaciones y vehículos.”, indicó el medio sinaloense.

“Por tales acciones, esta casa editorial mantiene decenas de denuncias interpuestas, tanto con las autoridades penales como con organismos nacionales e internacionales de libertad de expresión. Y aunque de todos los hechos se han interpuesto las denuncias penales correspondientes en el estado y a nivel nacional, todas continúan impunes.”, abundó el rotativo local.


(SEMANARIO ZETA/ NACIONAL  /CARLOS ÁLVAREZ/ MARTES, 15 AGOSTO, 2017 09:35 AM)

RASTRO DE ENSENADA: EL MÁS NOCIVO DE BC


Fotos: Enrique Botello

Aunado a las condiciones insalubres con que opera el matadero, el líder de los ganaderos lamentó que no haya vigilancia. Los burócratas dicen que trabajan con lo que tienen, mientras que el gobernador presume la gastronomía local cuando lo que se consume son alimentos no certificados

Las condiciones insalubres en que opera el Rastro Municipal de Ensenada, han convertido esta institución de gobierno en el matadero más nocivo de Baja California, advirtió el presidente de la Unión Ganadera en Ensenada, Gustavo Rodríguez Cabrales.

El gremio confesó que enfrenta el problema desde hace más de una década, al mismo tiempo, lamentaron que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid presuma a nivel internacional a Ensenada como “Capital del Vino y la Gastronomía”, cuando el turismo está consumiendo alimentos no certificados.

“La gente no sabe lo que se está comiendo, se trata de carne en condiciones pésimas, bajo cero control medidas sanitarias”, informó el dirigente, quien proclama por sacrificios menos nocivos y una regulación de altura para los bajacalifornianos.

En una visita al Rastro Municipal, se constató que la entrada a las instalaciones, ubicadas en Calle México en Valle Dorado, son libres, hay suciedad entre el ganado antes y después de morir a la intemperie, falta de equipo para inmovilizar al animal, esterilización y aislado del edificio, ganchos, cuchillos; hasta los canales para el consumo final al público, han convertido el rastro en un serio problema de salud pública.

Tan solo el lunes 7 de agosto, los trabajadores sacrificaron 60 caballos que llevaron de Tijuana, 40 reses y 30 cerdos.  No obstante, hay empleados que obtienen dinero extra sacrificando ganado a deshoras, sin que ninguna autoridad los vigile y usando el equipo del Ayuntamiento.

Los ganaderos aseguran que buscan progreso y dignificar la práctica, y de acuerdo al Artículo 115 constitucional, el Estado tiene la responsabilidad de dar este servicio. Entretanto, la responsabilidad de vigilar y clausurar corresponde a la Secretaría de Salud del Estado, pero consideran que hay complicidad.

En las últimas semanas, el Cabildo aprobó un presupuesto de 300 mil pesos para que Oficialía Mayor comprara una pistola inmovilizadora, cuchillo, mandiles y otros accesorios. El alcalde Marco Novelo Osuna indicó que esperan un recurso de casi 5 millones de pesos para mejorar el edificio y se comprometió a gestionar recursos para habilitar el rastro Tipo Inspección Federal (TIF).

ENTREGAN MEDIAS VACAS

Gustavo Rodríguez lamentó que cuando llevan sus reses al rastro debe seguir el proceso, ya que si se descuida, le entregan la carne sin arrachera, sin paleta, sin tripa.

“Hay rapiña de todo lo bueno de la res, entregan todo revuelto y sin lo mejor”, acusan.

 RASTRO TIF ENSENADA, “UN ELEFANTE BLANCO”

En la zona sur de la ciudad, en Maneadero, el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán construyó el edificio que albergaría el rastro TIF, mismo que se convirtió en un “elefante blanco”, con un avance en obra negra de 78 por ciento; se estima que se requiere de 80 millones de pesos para habitarlo.

Para los ganaderos se trata de una falta de voluntad política, el 4 de abril de 2010 se suspendió la ejecución del proyecto y, de 15 millones de pesos, solo  se invirtieron 3 millones.

En la vigésima Legislatura se autorizaron 32 millones para continuar con los trabajos de construcción, pero no entregaron el dinero con el argumento de que el inmueble no contaba con la legal propiedad del terreno, y el monto se usó para pago de deuda pública.

Según el Registro Público de la Propiedad, el terreno pertenece a la Unión Ganadera de Baja California, ellos calculan que han invertido 21 millones de pesos en un rastro TIF que no funciona.

“Lo más que conseguimos cuando Marco Novelo Osuna era diputado estatal, es que enviara un exhorto a Sagarpa y Sefoa, desde entonces ha sido navegar con todos los gobiernos, estatal, municipal y Federal, sin obtener resultados”.

Un ejemplo del abuso de los vendedores, es cuando comercializan carne vieja, ya que algunos llevan su ganado cuando la vida genéticamente reproductiva del animal cumplió su ciclo. Sin embargo, al no existir una regulación, el consumidor no sabe qué le dieron.

“En una carnicería el cliente no sabe si le dieron carne de vaca vieja o toro viejo, sino que la venden toda al parejito porque el carnicero lo que quiere es mejor precio por la vaca”, indicó el presidente de la Unión Ganadera.

Comentó que buscan un valor justo al momento de comercializarlo, pesos óptimos, así como mejores condiciones, lo cual solo puede ofrecer una planta industrial de alto nivel.

EL NEGOCIO DE LA MERMA

En lo que se resuelve el problema del rastro, el regidor Ricardo Medina Fierro presentó una propuesta para que Tesorería Municipal emprenda  un plan financiero a fin de mejorar las instalaciones.

Coincidió en lo insalubre de las instalaciones: “Si van ahorita y ven cómo matan  los animales, cómo está la situación, ninguno compraría carnitas de esas que nos comemos a todo dar en las taquerías”.

Uno de los proyectos es que, en lugar de que las incineren, las sobras del animal se comercializan. Los cueros para alimentos caninos, las grasas para hacer jabón, las pieles y los coágulos de sangre.

“Vienen de otros estados y mientras nosotros se las vendemos en 200 pesos, las revenden en 400 pesos”, indicó el edil, quien ha estrechado lazos con posibles compradores.

Medina defendió a los trabajadores del rastro porque los conoce y sabe que ellos hacen lo que pueden con el material que se les está entregando.

Reconoció que el Ayuntamiento está rebasado con la demanda de carne, e insistió en que ningún rastro está en las condiciones en que se encuentra el de Ensenada.

En respuesta, los empresarios ganaderos hicieron una crítica a Medina Fierro, quien fue secretario general del Sindicato de Burócratas, asegurando que no apoyará el rastro TIF porque está tratando por presión del propio sindicato, ya que hay 26 empleados que tendrán que ser reinstalados en otras oficinas.

ENSENADA TENDRÁ CARNE DE CALIDAD SOLO CON TIF

Una vez funcionando el rastro, se creará un comité integrado por productores, investigadores y autoridades de los tres órdenes de gobierno.



Cárdenas, administrador rastro municipal; Regidor Medina Fierro

Tienen Certificación por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para verificar que los procesos hayan cumplido con las más estrictas Normas Internacionales de Calidad e Higiene, teniendo como finalidad abastecer a los consumidores de carnes de buena calidad y en óptimas condiciones sanitarias, totalmente calificado con su propio esquema de auditoría para garantizar el funcionamiento.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LORENA LAMAS /LUNES, 14 AGOSTO, 2017 12:00 PM)

MUNICIPALES PERMITEN CARRERAS CLANDESTINAS EN TIJUANA


En la ciudad buscan sitios para carreras clandestinas

Por lo menos en una zona de Tijuana, en el Bulevar 2000, un grupo de entre 50 y 60 personas realiza arrancones cada domingo; pagan 50 pesos cada uno, y ese dinero se entrega a la Policía Municipal. Vecinos denuncian que han reportado el ilícito, pero no han sido escuchados por la autoridad

En contubernio y con protección de elementos de la Policía Municipal, un grupo de personas, jóvenes de entre 15 y 30 años de edad, se reúne los domingos a partir de las diez de la noche en las inmediaciones del Bulevar Olivos Norte para realizar carreras clandestinas. Las apuestas van de los 3 mil a los 5 mil pesos.

Son alrededor de 50 o 60 personas entre participantes y público las que se congregan en la zona entre la colonia Cañadas del Refugio y Hacienda Santa María, a la altura del Bulevar 2000. Pagan una “cuota” de 50 pesos por persona que es entregada a un par de policías, con el fin de llevar a cabo las carreras sin ser molestados durante una o dos horas.

Vecinos de ambas colonias denuncian que estos “arrancones” se realizan desde hace más de un año en el mismo lugar, que al inicio lo hacían de manera esporádica e incluso escuchaban llegar las patrullas para desalojar. Ahora lo hacen todos los domingos a la misma hora, y los policías participan deteniendo el tránsito para que se efectúen las carreras sin problema alguno.

CARRERAS SE PACTAN EN FACEBOOK; OTRAS DE FORMA DIRECTA

Un aficionado a estas carreras ilegales habló para ZETA de manera anónima, se identifica como “Aficionado1”, explica que todo inicia en un grupo de Facebook llamado “Carreras Callejeras TJ”, que ahí pactan las carreras, que es un grupo cerrado en el que no permiten a personas no relacionadas con esta actividad. Ahí presentan sus carros, buscan “retador”, pactan la apuesta y acuerdan la fecha de la carrera, aunque hay quienes lo hacen de forma directa, en el mismo lugar donde se desarrollan los “arrancones”.

No les resulta complicado organizar arrancones, incluso en ocasiones se hace un listado y los participantes conforme van llegando se forman entre los vehículos que ahí transitan, detienen la circulación, se organizan los que van a correr y una persona les va dando la señal de salida. Una vez terminada la justa clandestina, se abre paso a los automovilistas de forma normal, hasta que se forman otros participantes.



Foto: Manuel Ayala.- En la ciudad buscan sitios para carreras clandestinas

Otro informante, “Aficionado 2”, dijo que el atractivo de estas carreras es que participan personas con “carros de más de 15 mil dólares”, desde Camaro, Cherokee, Challenger y demás, la mayoría modificados y acoplados para este tipo de eventos y exhibiciones, lo cual los hace atractivos por “la calidad” de los enfrentamientos.

Confirmó: “La gente paga 50 pesos a los organizadores” y estos se los dan “a los policías”, y dependiendo de cuánto se junte, “los dejan estar una hora, o a veces dos, no los molestan, después llegan patrullas por todos lados y el que no alcanzó a correr se chingó”.

MÁS DE UN AÑO HACIENDO LAS CARRERAS EN EL MISMO LUGAR

Una vecina consultada por ZETA se queja por el ruido y el caos que cada domingo provocan los “arrancones”; reiteró que hace más de un año se realizan, “siempre los domingos a la misma hora”. Aunque no tiene la fecha exacta, aseguró los hacían “antes que la carretera estuviera abierta al tránsito, cuando todavía no la terminaban”.

Al principio “sí se escuchaba que a veces llegaba la Policía y todos huían”, incluso “hasta balazos se escucharon dos veces”, pero después “puros ‘arrancones’ que se escuchan por toda la zona”. Ya no saben qué hacer, llaman al 911 y no les responden, hacen el reporte y “nunca pasa nada”.

“Hace poco empecé a ver que había patrullas, pero ya las patrullas no los siguen, al contrario, se quedan, paran el tráfico y enfrente de ellos inician los ‘arrancones’. Me preocupa que lamentablemente ya no podemos apoyarnos en la Policía, aunque como ciudadanos yo sé que no todos son malos, pero son contados los buenos”, refirió.

UNA QUEJA MUY GRAVE

El subdirector de Tránsito de la Policía Municipal, Edgar Francisco Castillo Fraga, refirió que “es una queja muy grave” y reafirmó que los “arrancones” no es algo en lo que la Policía o la institución esté participando; si algún elemento está incurriendo en alguna falta, se va a detectar y se procederá a sancionar.

Especialmente porque se trata de la vía pública, donde no cuentan con medidas de seguridad para eventos de alta velocidad, lo cual pone en riesgo a participantes y espectadores que se forman a un costado de la carretera para observar y exponen sus vidas.

Castillo dijo que esas quejas ciudadanas se tienen que atender y que enviará patrullaje en la zona de conflicto, para determinar sí se llevan a cabo los “arrancones”, sí son clandestinos, y proceder conforme al reglamento, presentar a organizadores y participantes ante el juez municipal por la violación de los reglamentos.

De los oficiales que están en contubernio con los organizadores del acto, afirmó que se tendría que presentar queja ante Sindicatura y seguir varios procedimientos, si existe flagrancia, detener al elemento y presentarlo ante el Ministerio Público; si es una queja o denuncia ciudadana, abrir procedimiento administrativo y procedimiento penal en caso de existir la presunción de un delito como el cohecho.

“ARRANCONES” Y POLICÍAS

En un recorrido que ZETA hizo por el lugar el domingo 6 de agosto, efectivamente se comprobó que desde antes de las diez de la noche, personas llegan a esa parte del Bulevar Los Olivos Norte. Se postran a los costados, beben alcohol o simplemente platican.

Conforme se acerca la hora llegan más y más personas, todas de manera dispersa. Los participantes arriban en sus carros, se forman uno a uno hasta que llega el momento de iniciar la carrera.



Foto: Agustín Reyes.- Policía Municipal va por su mochada y permite arrancones

El reportero también fue testigo que antes de iniciar los “arrancones”, se aproximó una patrulla de la Policía Municipal -no se obtuvo el número por la distancia y la poca luz- a un grupo de jóvenes, al parecer los organizadores, con quienes interactuaron varios minutos.

A decir del “Aficionado 2”, esto sucede porque los policías llegan para “dar aviso” o el “visto bueno”, y, según su experiencia, después regresan para “pasar por su mochada”, la cual, considerando que son 50 pesos por un aproximado de 50 o 60 personas, asciende a 2 mil, 3 mil pesos cada semana.

NO CUMPLEN CON MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para el subdirector de Tránsito de la Policía Municipal, el hecho que se realicen apuestas de manera ilegal también incurre en violación a las normas, porque “si no tienen permiso para hacer los ‘arrancones’, mucho menos lo tienen para que se hagan apuestas por ver quién gana la carrera”, sin embargo, refirió que al no estar corriendo, los espectadores  no infringen el reglamento, aunque su situación tiene que ver más con una situación de seguridad.

Argumentó que es mucho más riesgoso el “arrancón” callejero porque no cuentan con ninguna medida de seguridad, que en algún evento cuando no se cumple con ello debe ser cancelado, pero en este caso, al ser meramente callejero e improvisado no se cumple con nada y la gente se expone a que los atropellen, a un choque, una volcadura o a perder incluso la vida; sin embargo, dijo no contar con reportes de accidentes en ese lugar, aunque, “estamos hablando que desgraciadamente en los eventos de alta velocidad es en los que existen mayores riesgos, y el hecho de que no tengamos ningún reporte no significa que no hayan ocurrido, lo que pasa es que por la naturaleza del evento, por la ilegalidad, no nos los van a reportar”.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno del Municipio, ninguna carrera tipo “arrancón” es legal y por lo tanto, no son permitidos, mucho menos en la vía pública. Argumentaron que no hay reglamento alguno todavía que estipule los eventos tipo “arrancones”, por lo que no se otorgarán permisos para ello. Derivado de esto es que, cuando un promotor se acerca a la institución y manifiesta querer hacer “arrancones”, se les niega el permiso.

“ES UNA TRADICIÓN, NO PODRÁN PARARLOS”

Este tipo de actos se justifican con el argumento de no contar con espacios para llevarlos a cabo de manera oficial y segura, además, en el autódromo -clausurado hace un par de días por no cumplir con los reglamentos- les cobran mucho dinero, por eso deciden salir a las calles porque “es libre”, o simplemente apelando a que se trata de “una tradición de muchos años en Tijuana”.

El subdirector Castillo fue enfático: se trata de un acto ilegal, transgreden normas y reglamentos al no contar con permisos, y al realizar apuestas fuera de normatividad. Para los aficionados, “así son las carreras clandestinas, y nadie las puede parar”, menos aún, como expresaron los vecinos, si la Policía está de su lado.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / MANUEL AYALA/ LUNES, 14 AGOSTO, 2017 12:00 PM)

CUELGAN NARCOMANTA EN PUENTE PEATONAL


En el puente peatonal ubicado sobre el bulevar Lázaro Cárdenas y avenida de Los Arboles  en el Fraccionamiento La Mesa, fue colgada una narcomanta la mañana de este martes 15 de agosto.

La manta,  con un mensaje escrito con letras de color rojo y negro, fue descolgada alrededor de las 07:30 horas. Agentes municipales y ministeriales llegaron al lugar de los hechos a resguardar el sitio en espera de elementos del ministerio público.

Cabe destacar que el escrito es ilegible.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados  ZETA /Martes, 15 Agosto, 2017 10:11 AM)

JUEZ ORDENA INVESTIGAR PRESUNTA ORDEN DE MATAR A TODOS, E IR POR LA CADENA DE MANDO EN TLATLAYA


El juez consideró fundada la solicitud de amparo que reclamaba “[…] que la autoridad ministerial, en la integración, ha omitido realizar una investigación efectiva y eficaz de los mismos, así como de la orden militaren la que se establece el abatimiento de civiles en horas de obscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados, al igual que lo relativo a la cadena de mando y unificar la investigación”.

Ahora la dependencia federal podría presentar un recurso de revisión, de hacerlo “la PGR estaría expresando una clara reticencia a esclarecer los hechos ocurridos en Tlatlaya”, dijo al medio español Gabriela Carreón, una de las abogadas de la testigo de la matanza.

Autoridades cometieron al menos 19 alteraciones en las víctimas de Tlatlaya, revela ONG




Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Un juez ordenó que la Procuraduría General de la República (PGR)  investigue a fondo la matanza de Tlatlaya, Edomex, y que la indagatoria llegue a mandos militares, dio a conocer este día el diario El País.

Un juez de la Ciudad de México amparó a Clara Gómez, una testigo de la muerte de los 22 civiles ocurrida el 30 de junio 2014, supuestamente a manos de militares.

La resolución a favor de la mujer ocurrió el pasado 31 de julio.

El juez consideró fundada la solicitud de amparo que reclamaba “[…] que la autoridad ministerial, en la integración, ha omitido realizar una investigación efectiva y eficaz de los mismos, así como de la orden militaren la que se establece el abatimiento de civiles en horas de obscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados, al igual que lo relativo a la cadena demando y unificar la investigación”, según dice el documento publicado por el medio español.

Ahora la dependencia federal podría presentar un recurso de revisión, resalta la nota firmada por Pablo Ferri.

“De presentar el recurso […], la PGR estaría expresando una clara reticencia a esclarecer los hechos ocurridos en Tlatlaya”, dijo al medio español Gabriela Carreón, una de las abogadas de la testigo.

“El juez señala dos puntos cruciales del caso, la responsabilidad de la cadena de mando y un oficio, divulgado un año después de lo ocurrido, que mostraba la sorprendente ligereza de los mandos militares respecto al uso de las armas de fuego”, destaca el medio.

En este último tema se hace alusión al oficio militar enviado a la base de los soldados implicado en el caso y en la que textualmente decía que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

El juez solicitó a la PGR consideró que también “se tiene acreditado la omisión de investigar respecto a la orden consistente en el abatimiento en horas de oscuridad”.

“La masacre en Tlatlaya es un referente lamentable de la decadencia de nuestro país”: AMLO



TRES AÑOS DE “IMPUNIDAD”

El pasado mes de junio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez alertó que en los cuerpos de las víctimas se presentaron al menos 19 alteraciones, además reclamó que a tres años de los hechos aún prevaleciera la “impunidad”.

La organización señaló 3 elementos importantes:

“Un primer aspecto a señalar en esta falta de diligencia es que no se ha esclarecido ni siquiera el número de víctimas. En mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito revocó el auto de formal prisión contra los tres soldados acusados de homicidio calificado al considerar que se requerían más pruebas para acreditar su responsabilidad, sin que la PGR haya hecho mayores esfuerzos hasta ahora por perfeccionar la indagatoria. La resolución del tribunal no significa una exoneración, pero a pesar de los ofrecimientos de pruebas y propuestas de diligencias por parte de la coadyuvancia, no existe en el expediente un avance sustancial”.

“En segundo lugar, la alteración de la escena del crimen -que la CNDH advirtió que ocurrió “al grado tal que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo”- tampoco ha sido esclarecida ni las responsabilidades por este encubrimiento señaladas, a pesar de que existen elementos de prueba como el oficio CNDH/CGSRAJ/USR/2648/2016 de 29 de noviembre de 2016, mediante el cual la CNDH ofreció a la PGR como prueba imágenes fotográficas provenientes del portal Aristegui Noticias. La propia defensa de Clara Gómez identificó al menos 19 alteraciones en los cuerpos de las víctimas al cotejar las fotografías contenidas en el expediente de la causa penal militar 338/2014, radicada en el Juzgado Sexto Militar, y las que se encuentran en el expediente de CNDH”.

“Como tercer elemento se suma la falta de acciones para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh hace ya dos años. Inmediatamente después de la develación de esta orden militar que incentiva la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, Clara Gómez y el Centro Prodh ofrecieron una serie de pruebas a fin de deslindar responsabilidades en razón de la cadena de mando, con señalamientos concretos de qué funcionarios deberían citarse a declarar; y determinar el origen de la misma. Veinticuatro meses después, la PGR, dentro de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014, no ha llamado a declarar a los mandos relacionados con la Orden de Relevo citada, con excepción del Teniente Coronel de Infantería Sandro Díaz Rodríguez, quien afirmó que el documento es un “machote” y que existen otras órdenes con las mismas instrucciones. De ser cierta esta afirmación, el Ministerio Público de la Federación debería identificar la identidad del autor de dicho “machote” o del mando que debió supervisar tales órdenes”.

Seis de 7 militares son absueltos por caso Tlatlaya; sólo hay uno preso, y es por “desobediencia”





(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / AGOSTO 15, 2017, 2:00 PM)