Después de 26 años de funcionamiento y de sobrevivir
cuatro años al Nuevo Sistema de Justicia Penal, en Mexicali fue cerrado el
Juzgado Quinto de lo Penal. Ante la disminución del trabajo y los expedientes
por la entrada en vigor del NSJP, ya no es necesario el Juzgado Tradicional.
Dos Juzgados más están en capilla. Los casos pendientes serán enviados al
Cuarto Penal y el personal será, en su mayoría, instalado en otras áreas del
Poder Judicial
Por primera vez en la
historia del Poder Judicial en Baja California, un Juzgado Penal fue
oficialmente cerrado. A partir de las cero horas del sábado 19 de septiembre de
2015, el Juzgado Quinto de lo Penal en Mexicali, dejó de existir.
Así lo decidió el pleno del
Consejo de la Judicatura en sesión extraordinaria efectuada el martes 15 de
septiembre, el acuerdo 01/2005 de ese organismo decreta la extinción: “Se norma
la conclusión de sus funciones, la reubicación del personal y la entrega
recepción de los asuntos públicos del citado órgano jurisdiccional”.
El cierre es la conclusión de
la entrada en vigor en la capital de Baja California del Nuevo Sistema de
Justicia Penal en julio de 2011. La carga laboral en los Juzgados Tradicionales
fue disminuyendo hasta hacer esas instituciones, dispensables. Ciertamente el
primero en cerrarse fue el Quinto Penal, pero en capilla, hay dos Juzgados más
(Segundo y Cuarto).
Dentro de la reingeniería
propuesta para el Poder Judicial por el actual presidente del Tribunal, abogado
Armando Vázquez, trabajadores y recursos de los Juzgados Tradicionales que son
cerrados, serán reorientados a otras áreas.
EXPEDIENTES POR DOQUIER
A partir de la segunda
quincena de septiembre el ya escaso personal del Juzgado Quinto se dedicó a
organizar los cerca de 818 expedientes -160 activos por instrucción, 40
pendientes de audiencia de vista, 280 órdenes de aprehensión pendientes, 22
reaprehensiones en ejecución de sentencia, 18 pendientes por sentencia y 298 en
trámite de requerimientos por recibos de ingreso- que aún estaban en custodia
del Juzgado.
Eso implicó que durante la
semana, personal del Juzgado bajo la supervisión del secretario de Acuerdos
encargado de despacho, Ignacio Castro Beltrán, organizaran el cúmulo de
expedientes a repartir, los cuales serán turnados a otros Juzgados para seguir
el trámite, o los que se enviarán directamente al archivo del Poder Judicial.
A la par de la minuciosa
labor, la incertidumbre de los empleados era evidente. “No sabemos qué va a
pasar con nosotros, sabemos que hoy es el último día aquí, pero no se adonde me
van a mandar”, explicó uno de ellos mientras hablaba por teléfono celular en el
pasillo externo del Juzgado. Adentro, todos se dedicaban a acomodar
expedientes, unos sobre los escritorios y ya listos para llevárselos, otros en
el piso de las oficinas esperando el ordenamiento.
“Pásele, acá le posamos”,
expresó una de las empleadas, quien amplió: “Es que ya nos vamos”, pero al ver
la grabadora no quiso decir más. Otra empleada dice contar con 21 años de
antigüedad en el Poder Judicial, e informa que el Juzgado Quinto Penal fue
creado en 1989, y que antes en ese lugar que poco a poco se va vaciando,
funcionaba un Juzgado de Paz.
Una más de las adscritas al
Juzgado evoca que el último juez en calidad de interino en ese Juzgado fue Juan
García Alberto, cuando sustituyó a Sonia Mireya Beltrán, ahora magistrada en la
Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia.
Pero García Alberto fue comisionado
a otras funciones y en su posición quedó encargado -para el cierre del Juzgado-
el secretario de Acuerdos, Ignacio Castro Beltrán. También titularon ese
Juzgado el ahora Juez de Garantías, Fernando Serrano, y anteriormente el
abogado Leyva Mendívil.
“En la semana nos avisaron
que nos iban a reubicar, pero no a todos nos han dicho a dónde”, expuso
nervioso uno de los empleados, mientras seguía acomodando expedientes. Algunas
de las empleadas se muestran inquietas ante la cámara, preguntan si no hay problema
si salen en las imágenes los números de expediente, aun cuando se trate de
material que va directo al archivo. Otra más comenta que parte de los
expedientes pasará al Juzgado VI Penal para el seguimiento al proceso.
La mayoría se resiste a
hablar, incluso una de ellas, la representante sindical María Figueroa, opta
por no desviar la vista de los expedientes que acomoda, en franco desdén a la
información requerida. “Yo no puedo darle información, en todo caso es el juez
o uno de los secretarios de Acuerdos”, expone al reportero, mientras el
encargado insiste que la información oficial debe proporcionarla el Consejo de
la Judicatura.
Le entra al quite Víctor
Zamora, adscrito al área de fotocopiado, quien es el representante del
Sindicato de Burócratas en esa esfera del Poder Judicial y cuenta con más de 15
años de antigüedad. Indica que en ese Juzgado solo quedan tres empleados
sindicalizados y otros tres de confianza, otra parte del personal ya ha sido
reubicada, principalmente al llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal.
“No nos han dicho a qué parte
nos van a mandar, nada más que nos iban transferir, a reubicarnos”, tercia
Norma Ramos, una de las trabajadoras
(dos años adscrita al Juzgado Quinto): “Sí hay incertidumbre porque ni
siquiera han avisado… tienen como un mes que empezaron a organizar el cierre”.
“Lo único que sabemos es que
hoy es el último día”, explica otra y adelanta que no saben a qué horas podrían
desocuparse ese viernes -son ya cerca de las tres, hora oficial de salida- y ya
saben que tendrán que acudir el sábado 19 a seguir con la labor. Durante todo
ese día, personal del Poder Judicial estuvo dando vueltas en un pequeño pick-up
con expedientes turnados definitivamente al archivo.
“Lo único que sabemos es que
hoy es el último día”, sentencia otra de las empleadas.
MUCHA HISTORIA
“Durante mucho tiempo había
un Juzgado federal, y era el que conocía de todos los asuntos en el Territorio
de la Baja California”, refiere Arnoldo Castilla, académico ya retirado de la
UABC, ex magistrado del Poder Judicial y ex integrante del primer Consejo de la
Judicatura conformado a mediados de 1995.
Con la creación del Estado,
el Código Penal Federal se adoptó como propio de Baja California, creándose por
primera vez los Juzgados del Orden Común, en función de la primera Ley Orgánica
publicada en el Periódico Oficial en enero de 1954.
Castilla recuerda que los
primeros Juzgados estaban ubicados en el edificio anexo al Palacio de Gobierno
-hoy Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California- y el Ministerio
Publico en un edificio anexo a la Cárcel Municipal, ahora CERESO.
De igual manera, refiere que
fue en los tiempos de Milton Castellanos (1971-77) cuando se crea el Juzgado
Tercero Penal, en un pequeño edificio rentado a OASA -por la calle Sur-,
mientras que el Primero y el Segundo estaban en un pequeño local pegado a la
cárcel.
El ex magistrado comenta que
al parecer fue en tiempos de Roberto de la Madrid como gobernante cuando se
construyó el edificio de tres niveles que aún alberga los Juzgados Penales.
Arnoldo Castilla comparte una
anécdota del Juzgado Tercero, donde se guardaban varios kilos de marihuana
decomisada -el Juzgado local conocía en auxilio de la justicia federal de esos
casos-, pero un fin de semana la hierba desapareció, lo robaron y, al día
siguiente, detuvieron al ladrón, quien buscaba vender la mercancía en una zona
cercana a Hotel Lucerna. Era un litigante que se dedicaba a “coyotear”.
Como consecuencia del
crecimiento poblacional -y por ende la comisión de más delitos-, el número de
Juzgados ha crecido, aumentándose a cuatro el 31 de enero de 1989 -con Baylón
Chacón de gobernante- y el Quinto fue creado en septiembre de ese mismo año, en
el enorme edificio del Poder Judicial, precisamente a un costado del centro
penitenciario.
Cerca de 26 años después, el
Juzgado Quinto cerró definitivamente sus puertas y se calcula que a fin de mes,
el presidente del Poder Judicial, Armando Vázquez, acuda a formalizar el cierre
definitivo, el primero de al menos otros dos Juzgados Penales.
“Se trata de que sea un
sistema de justicia de más alta calidad, es un cambio radical”, refiere
Castilla en cuanto al Nuevo Sistema de Justicia Penal, aunque muestra abierta
reticencia ante las evidentes fallas que se han tenido en su implementación.
JUEZA MOLINA EN LA RECTA FINAL EN EL PODER JUDICIAL
De los 25 aspirantes al
puesto de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia -lugar que
dejó vacante el fallecido Marco Antonio López Magaña-, 20 fueron eliminados en
el examen de conocimientos y cuatro en la prueba práctica. Seis de los no aprobados
en las dos categorías, presentaron recurso de revisión y el Consejo de la
Judicatura está por resolverlos.
La única que aprobó las dos
fases fue la Jueza del Décimo Civil de Tijuana, Lourdes Molina Morales. Ella se
presentó el lunes 21 de septiembre a la última prueba, la entrevista con el
jurado de evaluación que integraron el presidente del Tribunal, Armando
Vázquez; el magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo; y el consejero de la
Judicatura, Gerardo Brizuela.
La comparecencia fue en la
pequeña Sala de Pleno del Área Civil -llena, con familiares y amistades de la
compareciente- y duró cerca de una hora. Fue transmitida vía internet y, de
acuerdo con la convocatoria, se evaluaría la integridad profesional, rectitud,
ética, presentación, habilidad de comunicación, buen juicio, prudencia y
objetividad de la aspirante.
El magistrado presidente
Jorge Vázquez detalló el procedimiento, señalando que al final cada uno de
ellos emitiría una calificación en cuanto a la presentación de Molina Morales,
que resultaría en 100, 100 y 97.
La candidata leyó un
documento donde sintetizó su idea sobre el cargo a ocupar, sus méritos
profesionales y las acciones a desarrollar en caso de llegar a la magistratura:
“Desde el día en que ocupé mi cargo he venido ejerciendo mis facultades y
obligaciones con diligencia y esmero, ofreciendo siempre trato diligente y
respetuoso al litigante, ejerciéndolo a través de una política de puertas
abiertas”, expuso la jueza con carrera judicial desde enero de 2000; también
fue secretaria de Acuerdos y proyectista, además de docente en universidades y
actual estudiante de maestría. Aportó un dato: de las 2 mil 293 sentencias en
su Juzgado, el 96 por cierto han sido confirmadas.
El primero en lanzar
preguntas fue el consejero Brizuela, quien quiso saber de las cualidades
necesarias de un magistrado, si debe tener los mismos atributos, sea hombre o
mujer, la ética, cuál sería su principal aportación al cargo, la diferencia
entre los recursos de queja y apelación.
“El magistrado, en el desempeño
de su función debe siempre estar regida su actuación bajo las virtudes
cardinales de la ética en general que nos marcan, que son la templanza, la
fortaleza, la justicia, la prudencia; pero se deben relacionar con el ámbito
jurídico, el jurisdiccional, donde no debemos de perder de vista sobre todo la
equidad, la igualdad de las partes, respetar el principio de contradicción, dar
a cada quien lo que le corresponde, pero
respetando la legalidad y ponderando los derechos humanos”, refirió la jueza de
lo civil.
Molina recalcó que no se debe
perder de vista que se está impartiendo justicia a seres humanos, a la par de
que hay que observar la legalidad. Sobre la ética, considero necesario impartir
una justicia “justa”, templada, prudente, y tener la capacidad de reconocer que
“no se tiene la verdad de todo”, resaltando la necesidad de actualizarse.
De su trabajo, Molina Molares
dijo “para mí es un placer”, además de trabajar sin horario, entregada
plenamente a su labor y con esa idea concretar los proyectos que ya hay al
interior del Poder Judicial, como el caso de la reingeniería de esa instancia.
“Creo que Baja California se
merece una justicia moderna, pronta, expedita y de mucha calidad”, consideró.
El magistrado Jiménez
Carrillo disertó sobre la justicia y el derecho, el tribunal de alzada y la
necesaria revisión -en el caso de la responsabilidad del magistrado- de lo ya
realizado, el concepto de convencionalismo y lo difícil que resulta en
ocasiones entender este concepto; mientras Vázquez subrayó la importancia del
juzgador y el poder resolver de manera efectiva, transparente y humana.
Al final de la comparecencia,
Molina habló de los recursos de revisión de los no aprobados y de cómo se
sentía: “Se siguieron los lineamientos
de la convocatoria, la verdad, muy cómoda”.
El presidente del Tribunal
refirió: “Lo que implica de un proceso de selección es que nos tenemos que
ajustar a ciertos reglamento, no hay que olvidar que la selección es para
magistrado, no es un examen para alumnos de la universidad”.
Del examen práctico, donde
los ponentes deben emitir una resolución, precisó: “Los aspirantes
estructuraron una sentencia y explicaron las consideraciones que tuvieron para
llegar a un sentido u otro, por lo que se evaluó fundamentación, motivación,
estructura, toda la cuestión técnica”.
Y reiteró, fueron tres de los
cuatro eliminados quienes interpusieron recurso de inconformidad. Una vez que
se resuelvan sus casos, se enviará la lista -una sola persona- al Congreso, lo
cual se estima ocurrirá a finales de septiembre.
— ¿Habrá posibilidad de que el Congreso “tumbe”
el procedimiento?
“No hay; ellos solo tienen
que recibir la lista y evaluar…Si cumple con todos los requisitos, el Congreso
no podría decir, y es mi opinión, que porque viene uno, no van a poder
deliberar. Ellos tienen que analizar si la sustentante cumple con todos los requisitos
constitucionales y aprobó el examen. Por eso hay autonomía entre ambos
poderes”.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Sergio Haro
Cordero / Fotos. Sergio Haro/ 28 de
Septiembre del 2015 a las 12:00:43)