Tras anunciarlo en varias ocasiones, por
fin el XXI Ayuntamiento inicia el procedimiento para revocar a la empresa Makro
la concesión de la operación a 30 años del estacionamiento subterráneo en
Palacio Municipal, acción que funcionarios de la administración de Jorge Ramos
-la que concesionó el estacionamiento y acabó con la plaza- advierten de inútil
y con el riesgo de indemnizar a la empresa la inversión de 151.9 millones de
pesos, utilizados en la edificación de la obra, algo de lo que el gobierno de
Astiazarán se dice consciente
Un contrato a modo y una
serie de agregados, éstos últimos distintos a lo avalado por el Cabildo de
Tijuana, son la base en la que el gobierno de Jorge Astiazarán sustenta el
procedimiento para revocar la concesión del estacionamiento subterráneo
concedido a 30 años a la empresa Makro.
La acción legal la inicia en
forma paralela a la clausura total y por tiempo indefinido que el 18 de
septiembre realizó del inmueble ubicado a un costado de Palacio Municipal, y
que también -a causa de la mala edificación- dio al traste al uso peatonal
masivo de la plaza donde solían celebrarse las conmemoraciones del “Grito” de
Independencia.
A seis años de firmado el
convenio y a cuatro de que el inmueble fuera recibido por el Municipio, la
nulidad del contrato es la única opción para resarcir lo que considera un
desventajoso acuerdo, que además, volvió inoperable la Plaza Cívica.
Ante el tiempo transcurrido,
la posibilidad de fincar responsabilidad penal y civil a los funcionarios
omisos -tanto a los del XIX Ayuntamiento que cedieron la licencia, como a los
del XX Ayuntamiento que la recibieron a pesar de las fallas estructurales- es
nula, admite Gerardo Herrera Zavala, consejero jurídico municipal.
Y establecer responsabilidad
administrativa a los ex funcionarios involucrados -algunos actualmente en
funciones como el caso de Manuel Guevara, secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE)-, es una opción que apenas analiza la
administración municipal en turno.
En tanto, el propio Guevara
subraya que la acción que pretende efectuar el gobierno de Astiazarán carece de
posibilidades de prosperar legalmente, y si retira la concesión, solo se
arriesga a una contrademanda que lo obligue a tener que “indemnizar” a la
empresa concesionada.
CAUSALES DE NULIDAD
De acuerdo con el análisis
del contrato de concesión cedido a la empresa Administradora de Obras y
Concesiones, S.A. de C.V., mejor conocida Makro, se realizaron modificaciones
sustanciales al convenio que fue aprobado por el Cabildo en marzo de 2009.
Estos cambios de origen, “son
causales de revocación”, subrayó Gerardo Herrera, consejero jurídico del XXI
Ayuntamiento de Tijuana. Y enumeró:
1. El Cabildo aprobó que durante los 30 años que
durara la concesión, el Ayuntamiento recibiría una contraprestación por cada
vehículo que ingresara al estacionamiento, pero en las bases de licitación se
indicó el uso “gratuito y pacífico”, contraviniendo el acta colegiada, así como
el Reglamento de Bienes y Servicios para el Municipio de Tijuana, que establece
que para el otorgamiento de una concesión, deberá atenderse “el beneficio
social y económico” para el Municipio.
2. El Comité Técnico se sustituyó por la Comisión de
Obras y Servicios Públicos, la cual termina adjudicando el contrato a favor de Administración de Obras y
Concesiones, S.A. de C.V.
3. El número de cajones no coincide con los términos
de la convocatoria publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
ni con la cláusula primera del Contrato Administrativo de Concesión de Bienes
del Dominio Público para la construcción y operación de un estacionamiento
público; en ambos casos se establece una capacidad de 750 cajones. Sin embargo,
de conformidad con el anexo ocho, se determinó un total de 875 cajones de
estacionamiento.
4. En el acuerdo de Cabildo y las bases de licitación
publicadas, se estableció un plazo máximo de 30 años para explotar la operación
del estacionamiento subterráneo, pero a la firma del convenio se determinó que
la concesión “será a 30 años contados a partir del acta de inicio de
operaciones -la cual no ha sido presentada por el concesionario-, pudiendo
prorrogarse el mismo por un periodo similar”.
5. Para la firma del contrato se aprobó una serie de
adendas para poder agregar aclaraciones y conceptos no considerados, mismas que
se utilizaron para hacer modificaciones a las reglas contenidas en las bases de
licitación y contrato de concesión,
violando el acuerdo de Cabildo. Los cambios se hacen a interés de la
concesionaria, sin previo acuerdo de la contraparte.
6. Uno de ellos es el relativo a la garantía de
operación, la cual la concesionara debería entregar al Municipio por un valor equivalente al 10 por ciento del
importe del pago anual en pesos de la Tarifa Unitaria anual, durante el periodo
de concesión y vigente a partir de que el parqueadero iniciara operaciones. El
contrato final deja como base una Tarifa Fija de Inversión, y “a partir de la
fecha del acta de inicio de operación”, la cual el concesionario no ha
entregado.
7. En el contrato el concesionario se compromete a
prestar el servicio concesionado en términos de la normatividad que rige en el
Municipio, pero en una de las adendas se estableció: “El concesionario no
requerirá permiso o autorización para el funcionamiento del estacionamiento
durante el periodo de operación”.
8. La cláusula primera obliga a la empresa a responder
de los defectos o vicios ocultos que resulten de la obra, lo cual no ha
cumplido.
9. El tema de los seguros contra riesgos, accidentes y
siniestros en general, en la cláusula vigésima se establece como una
obligatoriedad, así como un seguro de responsabilidad civil por una suma no
menor a 10 millones de pesos.
Pero en la adenda, el seguro
por responsabilidad civil solo se hace válido durante el periodo de
construcción, mientras que por equipo instalado es válido durante el periodo de
operación, aunque por una cobertura por evento no mayor a 300 mil pesos.
10. Mientras el contrato
determina un uso de la superficie concesionada “exclusivamente para que cumpla
con el objeto de concesión -proporcionar el servicio de estacionamiento-, la
cláusula primera de la adenda define el derecho de la firma de “utilizar y
explotar los espacios y áreas que destine para usos generales y comerciales”.
FUNCIONARIOS OMISOS
A decir por el representante
jurídico de la actual administración municipal, Gerardo Herrera, sí hay
“pecados de omisión” por parte de funcionarios que en forma ilegal realizaron
los cambios para, al final, establecer un convenio “que dejó desprotegido al
Ayuntamiento de Tijuana”.
Y aunque ya espiraron los
tiempos para fincar acción legal y administrativa en contra de los
funcionarios, aún cabe la posibilidad de establecer una responsabilidad
administrativa, aunque esto tendría que ser analizado por Sindicatura
Municipal.
De la fiscalía municipal, a
cargo de Arturo Ledesma, se indicó a ZETA que se está a la espera del inicio
del procedimiento legal por parte del gobierno de Jorge Astiazarán, para
establecer la acción administrativa a que haya lugar en este caso, la cual
“está aún por definirse”.
Como responsables de los
cambios en el contrato de concesión, ajenos a los aprobado por el Cabildo del
XIX Ayuntamiento, se establece al entonces presidente municipal Jorge Ramos
-actual diputado federal-; Enrique Méndez, secretario general de Gobierno; Manuel
Guevara como administrador del Municipio; José Ricardo Vallín Malanche,
secretario de Administración y Finanzas; y Héctor Magaña Mosqueda, como síndico
procurador.
En tanto, las adendas las
firmaron: Jorge Ramos, Enrique Méndez Juárez y Mario Alberto Martínez Castillo
como oficial mayor del XIX Ayuntamiento.
De parte de la concesionaria
firmó Marco Antonio Santacruz Cuevas, administrador de Obras y Concesiones.
El gobierno de Carlos
Bustamante también tiene responsabilidad en este caso, al haber recibido el
inmueble en 2011, sin analizar las fallas estructurales de origen.
Ante la ausencia de
expedientes de la obra, se podría responsabilizar al XX Ayuntamiento, porque al
recibir el parqueadero la empresa debió presentarlos.
La falta de los archivos es
algo que Consejería Jurídica dice también investigar.
MAKRO NO REACCIONA…
HASTA EL MOMENTO
El 6 de octubre de 2014, la
Dirección de Protección Civil Municipal procedió a la clausura parcial del
estacionamiento público subterráneo.
El primero y segundo nivel
del parqueadero quedó inhabilitado, debido a las fallas estructurales expuestas
a simple vista, en tanto el gobierno de Jorge Astiazarán solicitó al Colegio de
Ingenieros Civiles de Tijuana, realizar un análisis estructural del inmueble.
Peritos de Sindicatura Municipal avalaron las anomalías de la obra, las cuales
constataban en fisuras, corrosión, hundimientos y filtración de agua, entre
otras irregularidades.
El dictamen del organismo se
entregó en febrero de 2015, lo que llevó al Municipio a requerir a Makro para
que atendiera las fallas que los profesionales asentaban, además de solicitarle
los planos, fichas técnicas y documentación de la obra, la cual no se encuentra
en los archivos del Municipio. La empresa no atendió el llamado.
El 18 de septiembre de 2015,
Protección Civil y peritos de la Dirección de Administración Urbana procedieron
a inhabilitar en forma total y por tiempo indefinido el inmueble, luego de que
en el techo del mismo y que constituye la explanada pública, se formara una
laguna tras la lluvia registrada en Tijuana el 15 de septiembre.
No obstante a todas estas
acciones en contra de la concesionaria, hasta la fecha la firma no ha
reaccionado.
Ni en la Dirección
Consultiva, ni en los departamentos de Amparo y de lo Contencioso
Administrativo, existen antecedentes de litigios, recursos legales o amparos
interpuestos por Makro, asegura la representación legal del Municipio de
Tijuana.
No obstante, se prevé que
durante el proceso de revocación, el cual podría llevar tres meses una vez
iniciado luego de la aprobación de Cabildo, la empresa dé batalla legal,
situación que podría alargar los tiempos para un resultado final.
También cabe la posibilidad
de que, en su derecho de audiencia, Makro opte por reparar el daño de la obra,
lo cual representaría la solución más viable, pero “no hemos visto interés de
la empresa de resolver objetivamente ese problema”, subrayó Gerardo Herrera,
consejero jurídico.
NADA POR HACER CONTRA MAKRO
Para Manuel Guevara, quien
fuera administrador de la ciudad en el gobierno de Jorge Ramos, con el tiempo
transcurrido después de asignada la concesión y recibido el estacionamiento
subterráneo, “no hay nada que hacer contra la empresa”.
Y anotó: “Si el Cabildo hoy
decide cancelar la concesión, por pura lógica mental, la compañía va a
demandar, y capaz que nos gana una demanda”.
Destacó que ni el gobierno de
Carlos Bustamante, ni el de Jorge Astiazarán, le han dado a Makro su derecho de
audiencia, “formalmente no los han citado”, agregó.
A su juicio, en el XIX
Ayuntamiento, “creo que hicimos lo correcto, claro que si hay errores, hay que
exigir que los corrijan, pero citándolos a la mesa”.
Para el actual titular de
SIDUE, la revocación del contrato no es el camino, porque el Municipio tendría
más que perder, ya que la empresa exigiría una indemnización porque solicitó un
financiamiento para construir, lo cual se le tendría que pagar, “con todo e
intereses”.
ES CASO CERRADO: RAMOS
“Como diputado federal es
caso cerrado”, asentó Jorge Ramos Hernández al ser requerida su opinión sobre
el tema del estacionamiento subterráneo que concesionó siendo alcalde de
Tijuana.
Sostuvo que su administración
entregó a la de Carlos Bustamante, su sucesor, todos los expedientes completos
del convenio con planos, fichas técnicas y proyecto ejecutivo, incluidas las
adendas, “las que sí fueron aprobadas por Cabildo”.
“Si hubiera existido alguna
irregularidad en el proyecto o en la concesión, mi administración hubiera sido
sancionada durante el gobierno de Carlos Bustamante”, justificó el actual
legislador panista.
Y remató: “Si faltan
archivos, se debe al desorden del proceso de entrega-recepción hecho por Carlos
Bustamante a Astiazarán”.
EL COSTO DE RECUPERAR EL BIEN
PÚBLICO
En opinión del consejero
jurídico del XXI Ayuntamiento, de autorizar, sí cabe la posibilidad de una
indemnización, “cuando los bienes invertidos por el concesionario no se
encuentren totalmente amortizados”. No obstante, la revocación será planteada a
Cabildo en la próxima sesión.
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