martes, 28 de febrero de 2017

DISMINUYE CAPTURA DE PLAGIARIOS NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Desconocen policías nuevas reglas y les intimida comparecencia ante jueces

La detención de secuestradores en el país registró una reducción en enero al contabilizarse 144 arrestos respecto de diciembre anterior, cuando se registraron 156, informó la organización Alto al Secuestro.

“Es alarmante que no sólo no se detiene a un secuestrador por víctima, sino que las detenciones van a la baja, lo cual coincide con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, destacó en un comunicado.

Alto al Secuestro sostuvo que el número de víctimas disminuyó 9.7% en enero respecto de las 184 personas plagiadas en diciembre, y la tasa de arrestos se ubicó en 115, lo que representa una disminución de 29% respecto a 163 en diciembre.

De acuerdo con el texto, 110 delincuentes fueron detenidos por las unidades antisecuestro estatales, mientras que las autoridades federales sólo detuvieron a 5 secuestradores.

“Los policías tienen temor de realizar detenciones debido al desconocimiento práctico de las nuevas reglas (deficiente capacitación), se sienten intimidados de comparecer ante un juez e indefensos ante el exceso de garantías hacia los derechos de los imputados”, sostuvo Alto al Secuestro.

Los estados con mayor incidencia de secuestro son: Estado de México con 29, Veracruz con 24 y Tamaulipas con 18, y las entidades con mayor número de detenidos son: Veracruz con 36, Estado de México con 20 y Guerrero con 9.


(DIARIO DEL YAQUI/ REDACCION/ 28 DE FEBRERO 2017)

FORTALECEN MURO EN CIUDAD JUÁREZ


La malla que divide Ciudad Juárez de Estados Unidos, instalada en los años 90, está siendo reforzada tras sufrir deterioro ambiental.

Mientras se decide dónde iniciará la construcción del muro que ordenó el Presidente Donald Trump en El Paso, Texas, el reforzamiento de la valla fronteriza en el área de Anapra en Ciudad Juárez y Sunland Park, Nuevo México, lleva un avance del 70 por ciento.

Ramiro Cordero, vocero de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) en el sector de El Paso, indicó que los trabajos de la valla iniciaron su recta final.

"Ya nomás le están dando los últimos toques", señaló.

La altura del muro de acero es de 5 metros y la extensión de 2 kilómetros, de acuerdo con el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

En un recorrido por la zona donde se refuerza la valla se observó que ésta cuenta con una puerta, la cual abren los trabajadores para terminar de reforzarla.

En otra parte, donde aún hay malla ciclónica, los trabajadores tanto norteamericanos como hispanos excavan para colocar los cimientos.

Desde mediados de 2016, durante la Administración de Barack Obama, autoridades de Estados Unidos iniciaron los trabajos de reemplazo de la cerca ciclónica instalada, ya que se debilitó por el clima y la arena, y fue sustituida por acero tubular.

Se previó que los trabajos continúen hasta mediados de este año.

De acuerdo con una evaluación ambiental realizada por el CBP, la cerca fue instalada en la década de 1990, por lo que los vientos han provocado erosión severa tanto en el material como en las vías de acceso, lo que afectaba el patrullaje en la frontera para disuadir y prevenir la actividad transfronteriza ilegal.

SIN DETALLES

Sobre el nuevo proyecto del muro de la Administración Trump, el vocero de la Border Patrol dijo desconocer los detalles.

"No nos han dicho nada. Es muy poco lo que falta aquí en El Paso, así es que no sé por dónde piensan empezar", indicó Cordero.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que se planea empezar la construcción del muro con México en los enclaves fronterizos de El Paso, Texas; Tucson, Arizona, y El Centro, California.

Estos territorios hacen frontera, respectivamente, con las ciudades mexicanas de Ciudad Juárez, Chihuahua;, Nogales, Sonora, y Mexicali, Baja California.

"Hemos identificado las posiciones alrededor de El Paso, Tucson y El Centro para construir un muro en las áreas en las que las vallas o las zanjas ya no son efectivas", dio a conocer DHS en un memorando sobre inmigración.

Al respecto, Cordero explicó que en la región de El Paso-Ciudad Juárez, existen algunas partes sin valla metálica.

"Hay una que otra parte que no (tiene), pero sí son muy limitadas esas partes", señaló, a la vez que explicó que algunas áreas están en el Valle de Juárez y en la zona urbana.

"Por ejemplo, entre el puente (internacional) de Santa Fe (Paso del Norte) y la Equis (una escultura de Sebastián ubicada en Ciudad Juárez) hay malla, pero es malla ciclónica", detalló el portavoz.

"No sé si eso lo vayan a cambiar o no lo vayan a cambiar, no nos han dicho nada".

'DE TODAS MANERAS SE LO PUEDEN BRINCAR'

Desde hace 28 años, Faustino Carranza vive en la calle Calamar de la Colonia Anapra, a unos metros de la valla.

El hombre de 37 años de edad comenta que el reforzamiento del muro fronterizo ha perjudicado a los vecinos.

"Sí han afectado un poco las viviendas porque se están cuarteando, los están metiendo como a martillo, los tubos esos, los fierros", comentó mientras señalaba la pared de un vecino.

"Y así hay varias que se están cuarteando por lo mismo de la vibración de la tierra".

Aunque considera mal que Estados Unidos refuerce la valla, reflexiona que finalmente cada quien tiene derecho a dividir su propiedad.

"Eso que están haciendo nuevo (el reemplazo de la valla) como quiera lo brincan, eso no es nada pa' la gente que quiere cruzar", dijo.

"Para los que quieren brincar no es nada, entre más alto les pongan van a cruzar".

El vecino de Anapra señaló que quizá la fauna del lugar se vea afectada por el muro.

"Lo que sí afecta es la vida silvestre de los animales que cruzan para allá y que cruzan para acá", expuso Carranza, quien aseguró recordar cuando la frontera era libre.

"No había nada", recordó.

"Yo digo '¿pa' que tanto, verdad?', si ya tienen hecho éste, lo están acabando de hacer, si piensan hacer otro (muro) pues ya sería una locura, yo digo".

Con el cambio del material de la valla, las autoridades norteamericanas acondicionaron una puerta.

Mientras descansan un rato, los trabajadores platican con niños de la colonia que se acercan al muro.


(DOSSIER POLITICO/ Agencia Reforma/ 2017-02-27)

HIPOTECAN FUTURO CON CONCESIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HERMOSILLO


De acuerdo a especialistas, esta medida impulsada por el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, costará más de 2 mil 777 millones de pesos a los hermosillenses, aunque el munícipe del Partido Revolucionario Institucional niega categóricamente que represente un costo para los habitantes de la capital de Sonora…

Hermosillo, Sonora (DP).- Como se había anticipado el fin de semana, con el voto a favor de la regidora Diana Barreras y los regidores del PRI, el Cabildo de Hermosillo aprobó concesionar el alumbrado público.

De acuerdo a especialistas, esta medida impulsada por el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, costará más de 2 mil 777 millones de pesos a los hermosillenses, aunque el munícipe del Partido Revolucionario Institucional niega categóricamente que represente un costo para los habitantes de la capital de Sonora

Por esta decisión, la regidora Diana Barreras fue expulsada del Partido Acción Nacional la mañana del lunes y fue anunciado en conferencia de prensa por el presidente estatal del PAN, David Galván Cázares, así como por diputados, regidores y senadores del blanquiazul.

El 12 de febrero, Dossier Político consignó que concesionar o privatizar el servicio de alumbrado público costará a los hermosillenses 2 mil 777 millones de pesos pagaderos a 15 años a razón de 185 millones anuales, alertó el diputado Carlos León de Movimiento Ciudadano.

DP obtuvo una copia del documento donde el legislador de MC en Sonora expone el por qué se oponen a la concesión de este servicio, donde se detallan cifras y plazos a pagar que saldrá invariablemente del bolsillo de los ciudadanos, documento que por su valioso contenido informativo este medio reproduce de manera íntegra:

POR QUE NOS OPONEMOS  A LA CONCESION DE ALUMBRADO PÚBLICO

1.       De acuerdo a la información oficial que entrega el Gobierno Municipal, el costo de inversión a 15 años es el siguiente:

Costo de la obra:                                  1,160 millones de pesos

590 millones para infraestructura de soporte (rehabilitación de infraestructura eléctrica, mobiliario urbano, canalizaciones subterráneas y    alimentadores)

570 millones de pesos se establecen para la compra de 67,000 luminarias de tecnología LED.

Pero la empresa tiene un gasto de intereses y de operación

Costo por intereses bancarios       717 millones de pesos

Presupuesto de operación             900 millones de pesos

COSTO OBRA CON

Intereses/operación                              2,777 millones de pesos


Costo anual                                         185 millones de pesos


Ante estos número, el remanente del Derecho de Alumbrado Público (DAP) 55 millones no cubre el costo anual de 185 millones de pesos que costará a un particular prestar el servicio.

¿De dónde se pagará los 130 millones de pesos restantes por año?

En 15 años: 1,950 millones de pesos sin saber cómo se van a cubrir

2.       El Ayuntamiento dice que cubrirá el costo total con el ahorro del 60% que se genere con el cambio de luz… pero tampoco salen las cuentas.


Actualmente se paga a CFE                 110 millones de pesos cada año

60% ahorro                                         66 millones de pesos cada año

Pago a CFE con ahorro                       44 millones de pesos cada año

Remante DAP cuando cambien todas las luminarias: 121 millones de pesos

¿De dónde se pagarán los 64 millones de pesos restantes por año?

En 15 años: 960 millones de pesos sin saber cómo se van a cubrir

3.       La ciudad quedará hipotecada por 15 años, ya que los recursos del DAP no alcanzan para cubrir en ese tiempo la inversión que se señala por 2,777 millones de pesos.

La ciudadanía está en riesgo de tener un buen servicio y que se aumente el impuesto del DAP para cubrir el costo a particulares. Además de comprometer los recursos del traslado de dominio y prediales.

4.       Para iluminar la ciudad, no son suficiente las lámparas LED, ya que éstas abarcan menos espacio iluminado, por lo que requiere de más lámparas y ahí se diluye el ahorro.

EJEMPLO DE ILUMINACION

·         No es necesario cambiar el 100% por LED, ni toda la infraestructura de soporte puede ser subterránea, ni conviene que toda lo sea.

·         El cambio a tecnología LED baja la carga en watts lo que significa que la infraestructura como transformadores, cableados, quedan sobrados. No habría necesidad de cambiar toda la infraestructura como se dice

5.       De acuerdo a datos oficiales hay 62,500 luminarias en la red actual del alumbrado público municipal del cual 18,750 (30%) son las luminarias urgentes a reparar.

·         ¿Por qué dejaron caer el servicio para tener el pretexto de concesionar?

·         Cada mes se reciben 4.59 millones de pesos (55 millones al año) para mantenimiento del alumbrado público ¿por qué hoy hay un déficit del 30%?

·         ¿Qué hizo la dirección de alumbrado público en este año? Si consideramos que en promedio se apagan al mes un 3% de total de luminarias

6.       No estamos de acuerdo que se renuncie a la responsabilidad del municipio en términos constitucionales  (Artículo 115) de hacerse cargo del servicio de alumbrado público.

7.        Según la CONUEE, (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía) además de la tecnología LED existen al menos otras dos tecnología de alta eficiencia y costo (vapor de sodio de alta presión cerámico y aditivos metálicos cerámicos) que permiten optimizar el recurso para la renovación o sustitución de alumbrados públicos. Es mentira que La CFE los obliga a esta tecnología.

8.       Todavía no se logra con la tecnología LED la duración que están prometiendo. Un buen porcentaje de lo instalado se está apagando.

9.       Hay ciudades donde ha fracasado la tecnología LED por muchas razones técnicas y falta de garantías de las empresas y corrupción de los gobiernos. por ejemplo:

Santa Ana, Guaymas, Tijuana, Los Mochis, Culiacán, Ahome, Guasave, Guadalajara, Torreón, Mexicali, Zapopan, Puerto Vallarta, Mazatlán, Chihuahua, Chetumal (Quintana Roo), Melchor Ocampo (Edo. México), Monclova (Coahuila), San Luis Potosí; Lerdo.

En específico en Tijuana quedo endeudado el municipio y el siguiente ayuntamiento aumentó el impuesto del DAP.

Y en ciudades como Chetumal, Ensenada, Zihuatanejo  han tenido que intervenir los tribunales para la cancelación de los contratos entre los ayuntamientos y las empresas ganadoras.

10.   Si el gobierno desea concesionar el servicio que lo haga durante su período. Que no pasen la decisión a las otras 5 administraciones.

11.   La premura con la que se pretende aprobar decisiones de esta magnitud, ponen en duda las intenciones y la transparencia que debe acompañar a estos procesos.

·         Esta intención de concesionar a particulares el servicio del alumbrado público marca un estilo de gobierno que se niega a escuchar y a tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Están apresurando la licitación para que inicie la concesión en enero del 2017.

12.   Para que un gobierno transite hacia una ruta de mejora, es necesario abrir canales de  comunicación para gobernar una ciudad con el consenso de los sectores de la sociedad y de sus ciudadanos.

HAY SOLUCION SIN HIPOTECAR LA CIUDAD

1.       Con 10 millones es posible rehabilitar 18,750 mil luminarias (cantidad de luminarias que el propio Ayuntamiento ha expresado que es el déficit que son urgentes de prender.

·         Si realmente se desea brindar seguridad al iluminar la ciudad lo urgente es que prendan las luminarias que señalan con déficit.

•         De acuerdo a expertos el costo de reparación está entre 500 y 700 pesos.

2.       Existen esquemas propuestos por CONUEE, además de la gestión de recursos federales que permitirían avanzar en la modernización del sistema de alumbrado, sin comprometer a largo plazo recursos de ingresos propios del ayuntamiento.

·         Hay apoyos en dependencias binacionales para infraestructura en pro de energías renovables, cabe mencionar que por la posición geográfica en la que se encuentra la capital de Sonora es viable candidato para ese tipo de apoyos.

3.       La tecnología  que tiene la ciudad son lámparas de vapor de sodio de alta presión y es tecnología adecuada, alumbran más espacio y las led iluminan menos por lo que implica más luminarias y ese ahorro ya no es tan efectivo. Todavía está en uso en muchos países desarrollados por su alta eficiencia.

4.       Existe un 74.61 % de luminarias de 100 watts que no cumplen con los niveles de iluminación, la gran mayoría de estas se encuentra en las colonias, que es donde es urgente iluminar para generar seguridad en los entornos de los ciudadanos.

Aquí es donde es prioritario tener claridad, cuales son los puntos de iluminación que es URGENTE atender

5.     Se debe atender lo urgente y elaborar un plan que permita reglamentar que todo nuevo desarrollo o renovación sea con tecnología de punta y proyectar la sustitución gradual de las luminarias hacia mejores tecnologías, sin heredar contratos a largo tiempo

DATOS ADICIONALES

•         La primera vez que se recuperó  el diferencial del DAP en efectivo a favor del ayuntamiento fue en la administración 2003-2006, gracias a un servicio eficiente y coordinado con CFE para lograr ahorros considerables sin sacrificar el buen servicio prestado a la ciudadanía.

•         El tiempo de respuesta para atender la demanda de reposición de lámparas puede lograrse en 12 horas con la cuadrilla de 28 trabajadores en turnos dobles. O en 24 horas en un solo turno. (Hace 12 años se reponían las lámparas en 12 horas).


(DOSSIER POLITICO/ REDACCIÓN/ 2017-02-28)

EL ENGAÑO DE CANALES

El pliego de consignación de la orden de aprehensión contra César Gerardo Francisco García Méndez, por el delito de administración fraudulenta, es perfectamente claro. Violó el artículo 234 del Código Penal al haber realizado operaciones perjudiciales al patrimonio de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga, en beneficio de un tercero, en este caso, tanto él como su entonces socio Ernesto Canales, el fiscal anticorrupción de Nuevo León, a quienes contrató para que resolvieran una disputa con Televisa. Extrañamente, en el pliego de consignación del agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 17 de febrero pasado, Canales, acusado por Cusi de los mismos delitos que García Méndez, salva una acción judicial en su contra.

No está clara la razón por la que la Procuraduría de la Ciudad de México no actuó en su contra, pese a haber ejercido la acción penal contra su socio, a quien le demostraron las autoridades que “la conducta engañosa del indiciado es con la finalidad de alcanzar un lucro indebido, afectando el patrimonio ajeno”. Lo que hizo García Méndez lo realizó, quizás con mayor carga, Canales, a quienes Cusi acusó de fraude por 6 millones de dólares, en eran ese entonces poco más de 64 millones de pesos. García Méndez, quien se encuentra prófugo de la justicia, siempre se dijo inocente de la acusación, y afirmó que él nunca recibió ningún dinero.

El punto nodal del caso se encuentra en dos documentos. El primero, firmado el 28 de abril de 2011, donde la señora Cusi cedía “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de “El Tigre” Azcárraga Milmo, a su hijo Emilio Azcárraga Jean, a cambio de una contraprestación, que Canales no le informó que se había acordado, de 6 millones de dólares, a cambio de desistirse de acciones legales para mantener el 16.6 por ciento de la empresa que le fue heredado por “El Tigre”. Este documento, llamado Carta de Instrucción, fue firmado por Canales y García Méndez el 17 de mayo de 2011 con el representante de Televisa, Alejandro Bustos.

En esa Carta de Instrucción solicitaban a Televisa determinar la forma como realizaría el pago compensatorio en dos exposiciones, el 17 y el 27 de mayo de ese año, mediante dos opciones: 1) Un depósito a la cuenta de Summer Stream, C.V., por la vía de Abdadi&Co, Securities Ltd, en el banco Standard Bank Plc., en Londres, por 3 millones de dólares. Y, 2) mediante la contratación que llevara a cabo Televisa de los servicios de mercadotecnia de la empresa Summer Stream, C.V., por otros 3 millones de dólaares. El representante de esas empresas es Canales, mientras que García Méndez sostuvo durante todas las diligencias que no conocía a los accionistas de esas compañías.

Canales aceptó en una comparecencia en el Congreso de Nuevo León en abril del año pasado, que sí había recibido esos recursos, pero alegó que no había actuado de manera ilegal. La denuncia contra él y García Méndez, presentada el 26 de marzo de 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, establecía que los dos abogados “se apoderaron y dispusieron en su beneficio” de los 6 millones de dólares pagados por Televisa, “obteniendo un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial” a la viuda de Azcárraga Milmo. En su defensa ante el Ministerio Público, Canales sostuvo que su cliente, la señora Cusi, estaba informada de todas sus acciones, y como prueba presentó una carta que envió a la señora Cusi el 21 de octubre de 2011, donde hacía una relatoría a manera de rendición de cuentas sobre todo el proceso de sucesión testamentaria, que realizaba junto con García Méndez.

En este espacio se publicó en abril del año pasado “Las mentiras de Canales”, en donde se citaba esa carta: “De acuerdo a las instrucciones recibidas de ti, así como a las facultades conferidas al efecto de negociar un pago compensatorio con Televisa a fin de aplicarlo al pago de los honorarios tanto ya devengados como a los que te enfrentarías al desistirte a tu entero perjuicio de la acción civil, y habiendo obtenido tu autorización expresa siempre que:

“1) No se vinculara de ningún modo el pago de la renuncia de tus derechos o a la transmisión de las acciones, esto es, que se asumiera como pago a los profesionistas y no a ti; 2) No se formalizará en ninguno de los documentos a ser ratificados por ti, que contendrían tus renuncias y transmisiones (de propiedad); y, 3) No retardará en ninguna forma la definición de tu situación jurídica en la causa penal”.

El punto 18 de esa misma carta precisaba: “En ejercicio de tus instrucciones, me reuní con el licenciado Alejandro Bustos Olivares, director jurídico contencioso de Televisa y con el licenciado Alonso Aguilar Zinser, penalista a cargo de la causa penal por parte de Televisa, con quienes negocié a favor de los abogados y de acuerdo a lo instruido por ti, el pago de la cantidad de 6MMUSD, mismo que lo apliqué conforme a tus instrucciones al pago de los honorarios de los distintos profesionistas que intervinieron tanto en la acción civil como en la penal, así como en la restitución de diversas cantidades pagadas por mí en tu nombre durante los procedimientos”.

Esta carta sí deslindaba a Canales y García Méndez de haber actuado con opacidad y dolo, y probada su dicho. El problema es que el zar anticorrupción de Nuevo León nunca le entregó ese documento a la señora Cusi.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa


(NOROESTE/ Estrictamente Personal/ Raymundo Riva Palacio/ 28/02/2017 | 04:09 AM)   

DESFALCA GOBIERNO AL INSTITUTO DE PENSIONES


Creado  en 2009 con el objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales de los trabajadores, el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) padece un quebranto financiero que pone en riesgo su operación.

De acuerdo con el informe de resultados de la revisión y fiscalización realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), al anteúltimo semestre del sexenio de Mario López Valdez, el adeudo del gobierno estatal al IPES ya sumaba 998 millones de pesos.

Los adeudos no pararon ahí. Han crecido como una bola de nieve. Al describir la situación financiera del gobierno estatal heredada a Quirino Ordaz Coppel, el secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, precisó que tienen registros de adeudos mil 725 millones de pesos al instituto de pensiones, lo que ha generado descapitalización de los fondos y el incumplimiento de algunos compromisos.

Tras la revisión de la documentación recibida, el tesorero estatal afirmó que las pensiones representan el mayor crecimiento en el gasto del Gobierno del Estado, las cuales se cubren con recursos propios.

“Históricamente  el Estado no ha hecho las previsiones necesarias, teniendo que distraer recursos de programas prioritarios, además de las cuotas y aportaciones que tiene que dar a los trabajadores”.

La Secretaría de Administración y Finanzas tiene registros que del período de 2011 al 2016, los jubilados aumentaron en 77 por ciento, al pasar de 7 mil 323 a 13 mil tres. Lo anterior provocó que el subsidio pasara de 709 millones en 2010, a 2 mil 900 millones en 2017, lo que representa un crecimiento del 309 por ciento.

En el origen del IPES, junto con modificaciones a la Ley de Pensiones, el entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla argumentó ante el Poder Legislativo, que todo régimen de pensiones para que sea exitoso y útil a los trabajadores debe cimentarse en una estructura sólida y un plan financiero debidamente soportado, a fin de prever sortear cualquier riesgo o contingencia económica que en el futuro pudiera presentarse.

Cálculos del gobierno estatal estimaban entonces que la carga de pensiones resultaría insostenible en menos de una década, por lo que promovió en 2009 el beneficio de una jubilación o pensión para los trabajadores al servicio del Gobierno, bajo un nuevo sistema en el cual los trabajadores realizarían una aportación para que el peso económico no recayera en su totalidad a cargo del gobierno-patrón.

Sin embargo, el quebranto financiero del IPES, empezó desde su fundación en 2009, cuando se registraron los primeros adeudos por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa, como el mismo secretario del STASE, Armando Heráldez, lo asegura.

El incumplimiento de las aportaciones al IPES han transitado por dos sexenios, primero por el de Aguilar Padilla y luego por el de Mario López Valdez. Ahora corresponderá el turno de Quirino Ordaz Coppel para pagar las retenciones, además de pagar o al menos abonar las aportaciones que no fueron pagadas por sus antecesores.

Pese a que el IPES arrastra un adeudo del gobierno estatal por retenciones no enteradas, y que en el último semestre auditado no se registró centavo alguno pagado por el gobierno estatal, el Congreso del Estado aprobó el pasado primero de febrero que ahora el gobierno estatal a cargo de Quirino Ordaz Coppel retendría no el 7.6 por ciento, sino el 10.6 por ciento de los salarios de los trabajadores de nuevo ingreso.

La propuesta para incrementar en un tres por ciento las aportaciones de los trabajadores al IPES fue presentada por el entonces gobernador Mario López Valdez al Congreso del Estado, dos meses antes de concluir su sexenio, pero fue aprobado en febrero, bajo el mandato de Ordaz Coppel,  quien ahora le tocará retener el  10.6 por ciento de los  salarios de los trabajadores de nuevo ingreso.

En la misma iniciativa se subrayó que era indispensable fortalecer la capacidad financiera del IPES para permitir a los trabajadores al servicio del gobierno estatal retirarse con una pensión digna, dentro de un sistema financieramente autosustentable.

Hermético, el director del IPES, Francisco Javier Pinedo de Anda,  prefiere no dar entrevistas  para explicar la situación financiera, para que sea la Secretaría de Administración y Finanzas quien la explique.

DESVIACIONES PERDONADAS

Pese a que ha existido por ocho años una evidente desviación de recursos que fueron retenidos a los trabajadores al servicio del estado y fueron utilizados para fines hasta el momento desconocidos, no se conoce que existan sanciones a funcionarios.

El secretario general del STASE, Armando Heráldez, a pesar que conoce la situación y que desde el inicio del IPES se iniciaron los adeudos del gobierno estatal, no ha entrado en la defensa de la situación y en cambio traslada la responsabilidad a los diputados.

En opinión del dirigente sindical, es la Comisión de Hacienda junto la ASE, las encargadas de cobrarle al Gobierno del Estado: “Son ellos son los que se deben encargar prácticamente de llegar a acuerdos entre todas las fracciones de los diputados para ver cómo solucionar ese conflicto de lo que nos descuentan a nosotros y lo que tiene que pagar Gobierno, lo tiene que liquidar al IPES”.

“La Ley de Pensiones no la puso el STASE, fue Gobierno del Estado, y a ellos les corresponde como autoridades solucionar este conflicto”.

Al revisarse la cuenta pública del segundo semestre de 2016 de Malova, José Menchaca, presidente de la Comisión de Fiscalización, cuestionó que las retenciones y contribuciones no enteradas fueron consideradas como un tema no relevante por la ASE, es decir, que sólo ameritan una sanción administrativa, “un problema de papeles”. Ello indica que son observaciones que no llevarán a resarcir el daño causado a la hacienda pública ni llegarán  a denuncias penales que castiguen a los responsables.

“Algo que no estamos dispuestos a permitir”, externó el diputado al calor de la suspensión de la cuenta pública de Malova.

En cada una de la auditorías realizadas por la ASE a las cuentas públicas del gobierno estatal, se ha hecho la observación sobre la falta de pagos de aportaciones patronales y las retenciones de trabajadores no entregadas, pero no se ha considerado un asunto grave. La ASE se ha limitado a la promoción de una responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios que generaron el incumplimiento ante la  Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado de Sinaloa, con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.

El presidente de la Comisión de Fiscalización consideró como grave la omisión de pagos del gobierno estatal al IPES, al no enterar las retenciones de los trabajadores ni tampoco la parte patronal que corresponde.

De acuerdo con el informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del gobierno estatal al primer semestre de 2016, la ASE no encontró registros contables de que las retenciones que se hacen a los trabajadores se hayan entregado al IPES, ni tampoco pagos de retenciones pendientes de ejercicios anteriores.

Las dudas sobre la situación del IPES motivaron que la Comisión de Fiscalización agregara en el programa de auditorías del segundo semestre de 2016 a este organismo descentralizado.


(RIODOCE/ Anabel Ibáñez/Aarón Ibarra / 27 febrero, 2017)

DOS PRESUNTOS SICARIOS MUERTOS Y UN MARINO HERIDO EN EL PUERTO DE VERACRUZ


Dos presuntos sicarios abatidos y un marino herido fue el saldo de un fuerte enfrentamiento ocurrido la madrugada de este martes en el fraccionamiento Villa Rica del Puerto de Veracruz, ubicado al norte de la ciudad.

El enfrentamiento comenzó a la una de la madrugada y se prolongó por espacio de una hora, provocando crisis nerviosa en varias familias que radican en esta colonia popular.

    Elementos del Ejército Mexicano y de la Marina-Armada de México colocaron filtros de seguridad para evitar que civiles salieran afectados.
Extraoficialmente se logró saber que el enfrentamiento ocurrió en el marco de las labores que elementos de la Secretaria de Marina-Armada de México (Semar) realizan para encontrar a tres marinos desaparecidos el pasado 1 de febrero.

En el enfrentamiento, ocurrido en las calles de Olga Garzon y Virreyes, dos viviendas y una camioneta resultaron afectadas con impacto de bala.

Hasta el momento ni la Semar, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) han emitido un comunicado oficial al respecto.


(RIODOCE/ REDACCION/ 28 febrero, 2017)

DIPUTADOS DAN LA PUNTILLA A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES


La reforma laboral aprobada el martes 21 es la puntilla de una serie de modificaciones legales que durante los últimos cinco años han derruido los derechos de los trabajadores. La semana pasada, la Cámara de Diputados les dio a los patrones el derecho a decidir qué enfermedades son laborales y cuáles no, lo que significa que decidirán si el trabajador recibe todo su sueldo o sólo 60%…

Las reformas en materia laboral que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada son inconstitucionales, abren la puerta a la solicitud de amparos por parte de trabajadores y empresarios, afectan los derechos profesionales y cierran la pinza para privatizar el seguro de riesgos de trabajo. Por si fuera poco, pueden reducir el pago de salario por indemnizaciones.

Especialistas en ciencias de la salud laboral y abogados señalan lo anterior, en tanto que la fracción del PRI y diputados de PAN rechazan que las modificaciones dañen a los empleados. Por el contrario, auguran que se agilizará el pago de indemnizaciones.
Igualmente, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, dice que es falso que el cambio haya vulnerado “derecho alguno de los trabajadores”. Pero revela que lo que aún no se vota en el Senado ya fue negociado y pactado, según se desprende de su comunicado de prensa 813: “(Los cambios) no fueron producto de meses de trabajo sino de años de negociación tripartita, con empresarios y trabajadores”.

El pasado martes 21, los diputados confeccionaron una nueva tabla de enfermedades provocadas por el trabajo, actualizaron el valor en que se tasará cada uno de los órganos del cuerpo humano que lleguen a dañarse en horario laboral y, derivado de lo anterior, definieron la indemnización que procederá en caso de pérdida o afectación permanente.

Pero además: con la reforma, el Poder Legislativo abdicó de su facultad establecida en la Constitución y le otorgó a empresarios y sindicatos charros el derecho de que sean ellos, junto con la STPS, los que vayan modernizando las tablas de enfermedades y valuación.

Ahora, si alguna enfermedad laboral resulta excluida de la nueva tabla será catalogada como “enfermedad general”, por lo que el IMSS le pagará al trabajador sólo 60% de su salario durante el tiempo que dure la baja emanada de la enfermedad, y no 100%, detalla Luis Manuel Pérez Pantoja, maestro en ciencias de la salud de los trabajadores y médico perito tercero en discordia de juicios laborales.

Pero la afectación al bolsillo de los empleados no será lo más grave de la reforma, acusa el especialista Gustavo Leal, sino el hecho de que el Estado deja de tutelar el derecho de los trabajadores a la salud.

REGALAR LA SALUD AJENA

La reforma a los artículos 476, 513 y 515 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) tiene efectos económicos, de salud, laborales, jurídicos y políticos, detallan los entrevistados.

Pérez Pantoja explica que, ante todo, la modificación es un acto de inconstitucionalidad cometido por los legisladores.

Recuerda que el artículo 123 de la Constitución indica, en su fracción 14, que los empresarios son los responsables de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los trabajadores, por lo que deben pagar las indemnizaciones por muerte o incapacidad temporal o permanente.

Con la reforma de la semana pasada, apunta, los diputados “le obsequian” al Ejecutivo y a los empresarios que sean ellos los que aprueben las tablas de enfermedades laborales y de valuación a través de un organismo llamado Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Coconasst, integrado por patrones y sindicatos “palomeados” por el gobierno).

“¡Esto es como poner a la Secretaría de Salud en manos de (las funerarias) Gayosso!”, expresa.

En la reforma laboral aprobada en noviembre de 2012 se estableció en el ­artículo 515 de la LFT que el “presidente de la República puede iniciar ante el Poder Legislativo” la adecuación de las tablas.

Ahora, con la reforma de la semana pasada, ese artículo elimina la intervención del Poder Legislativo, y en el artículo 513 se asienta que la adecuación de las tablas la hará el Ejecutivo a través de la STPS y tras “la aprobación previa” de la Coconasst. Por ello, considera el médico perito, la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo, el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) estudian interponer una controversia constitucional.

“De la Coconasst podemos analizar y confrontar su historia. Es negra, se ha dedicado a desregular los derechos en materia de seguridad e higiene de los trabajadores. Ha disminuido entre 30% y 40% las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia de seguridad e higiene”, delinea.

Y pone dos ejemplos: los botiquines de primeros auxilios ya no son obligatorios en los centros de trabajo porque la Coconasst así lo determinó. Y uno más grave: la NOM 10 –que establece los límites máximos permisibles de sustancias químicas en el ambiente, y que tiene que actualizarse cada año– no se renovó durante 10 años porque las cámaras empresariales se oponían a ello.

El médico refiere que la elaboración del nuevo catálogo de enfermedades de trabajo y la tasación de órganos se realizará “de acuerdo con lo que digan los patrones en esa comisión; por eso digo: la salud en manos de Gayosso”.

La diputada presidenta de la Comisión de Trabajo, la priista Georgina Zapata Lucero (hija de Doroteo Zapata, exdirigente de la Confederación de Trabajadores de México –CTM, sector obrero afiliado al PRI– en Chihuahua, y quien fue la encargada de presentar el 16 de marzo de 2016 la iniciativa de reforma) rechazó que ésta afecte a los trabajadores. “Por el contrario, los empleados podrán demandar a sus patrones por el pago de incapacidades con motivo de afectación a su salud, derivadas de nuevas tecnologías que se utilizan”.

Arturo Alcalde, abogado laboralista, afirma que es procedente que un trabajador se ampare contra la reforma, pues el sector patronal se ha convertido en juez y parte al integrar la Coconasst, ya que ésta definirá cuáles enfermedades pueden considerarse de trabajo y cuánto vale cada parte del cuerpo.

REDUCCIÓN DE DERECHOS

Pérez Pantoja detalla: “Cuando se habla de que esta reforma puede bajar el salario no es exactamente que lo disminuya, sino que se corre el riesgo de que una enfermedad laboral no entre en la tabla, y entonces –en lugar de pagársele al trabajador 100% de su sueldo durante su incapacidad– el IMSS le daría sólo 60%, por considerarla ‘enfermedad general’.

El médico perito explica que hay dos tipos de incapacidad: la temporal y la permanente. “Con las reformas, la incapacidad temporal no se toca, se seguirá pagando 100%. El problema son las incapacidades permanentes, que las hay también de dos tipos: la parcial y la total. Y el problema está en que, por ejemplo, si yo pierdo el dedo pulgar en una fábrica, la tabla actual establece que me deben pagar entre 40 y 50% de mi sueldo, pero como esa tabla de valoración ya estará en manos de los patrones, el nuevo listado puede decir que perder el dedo sólo amerita que se me pague entre 10% y 20%”.

El diputado panista Luis F. Mesta expresó mediante un comunicado que es falso que vaya a reducirse 50% el salario de quienes soliciten una incapacidad. Por el contrario, “es un avance en el tema”. Su postura se explica porque el PAN, junto con el PRI, PES, PVEM y Panal, votó a favor de la reforma. En contra votaron PRD, Morena y MC.

El abogado Arturo Alcalde se manifiesta en contra de que sea la Coconasst la que “apruebe” las tablas, pues, arguye, se trata de un asunto de salud, de decisiones que deben ser tomadas por especialistas, y no de votos.

“Se pone en riesgo el ingreso del trabajador por invalidez. Se pone en riesgo la calificación de vida, de una enfermedad profesional, y esto puede generar consecuencias delicadas al trabajador si no se le reconoce que su enfermedad fue a causa del trabajo.”

Y añade: si a un empleado le clasifican su enfermedad como “general”, esto le puede afectar en su contrato colectivo, y lo mismo si tiene seguro privado contratado por la empresa, “porque para pagar piden que el IMSS reconozca el padecimiento como enfermedad de trabajo”.

Alcalde sostiene: ahora “existe la posibilidad de que en la Coconasst tomen una decisión interesada o irresponsable. La experiencia nos dice que cuando las centrales obreras y patronales participan en órganos tripartitas de seguridad social lo ven desde la óptica del negocio”. Ante esto, manifiesta, quienes deben resolver cuáles son enfermedades laborales y su valor son especialistas en la materia. “Es un error entregar esta decisión a un órgano tripartita”.

DESCAPITALIZAR AL IMSS

Existe otro problema con los cambios, abunda Pérez Pantoja. En todas las empresas el patrón paga dos tipos de cuotas al IMSS: la obrero-patronal (que es la clásica y cubre enfermedad, vejez, cesantía, muerte, guardería y maternidad) y una extraordinaria por “riesgos de trabajo”.

“La fracción 14 del artículo 123 de la Constitución da la responsabilidad al patrón de cubrir daños. Entonces, lo que se hace es que se afilia al trabajador al IMSS y las obligaciones de indemnización se subrogan al propio IMSS; pero se subrogan con una cuota extra por parte de los patrones: esta prima extra se llama prima de siniestralidad. Esa cuota se incrementa en función del número de accidentes y enfermedades laborales, incapacidades permanentes, cantidad de muertes, y a todo esto se le llama ‘índice de siniestralidad’.

Para el médico perito el que las tablas hayan sido excluidas de la ley (y su elaboración sea a partir de ahora sólo un acto administrativo) permitirá que el empleador rechace pagar la prima de siniestralidad al IMSS y, en cambio, adquiera un seguro privado –y a modo– para sus empleados. Y si el Estado quiere obligarlo a que siga pagando al IMSS, el patrón podría incluso ampararse.

Incluso, sostiene, los seguros privados pueden confeccionar sus propias tablas de enfermedades e incapacidades, “A mí la ley me dice que debo cubrir a los empleados contra riesgos de trabajo y lo voy a hacer, pero con una aseguradora privada. ‘Yo te estoy pagando el seguro obligatorio’, puede alegar la empresa”.

Esto, explica, sería otra estocada al IMSS, porque entonces ya no recibiría la prima extraordinaria por siniestralidad. “Y en el hipotético caso de que los patrones se vayan a un seguro privado, pues ahora el negocio será para las aseguradoras privadas, para los bancos”.

En resumen, existen dos problemas: que la Coconasst, que abrió las puertas a los sindicatos charros y a las empresas, quite enfermedades de la lista y no reconozca otras. Y que se “posibilita la privatización del seguro de riesgos de trabajo”.

Este reportaje se publicó en la edición 2104 de la revista Proceso del 26 de febrero de 2017.


(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ JESUSA CERVANTES/ 28 FEBRERO, 2017) 

MARINA Y POLICÍAS SE LOS LLEVARON VIVOS… APARECIERON INCINERADOS EN TAMAULIPAS

NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).- Para concretar la venta de un Taurus 2012, Joel Sebastián Cancino, de 48 años, salió de Reynosa rumbo al municipio vecino de Díaz Ordaz al filo de las 2 de la tarde del 22 de julio pasado.

Cerca de las 16:00 se comunicó con su familia para avisar que ya había vendido el auto en 17 mil pesos, y les pidió vinieran a recogerlo. Quedó con su hijo menor y una de sus trabajadoras de esperarlos frente al motel Buda, ubicado muy cerca de la carretera que conecta a Díaz Ordaz con Reynosa.

Alrededor de las 17:00 horas arribó su hijo al sitio indicado acompañado de la mujer. En la zona se registraba una gran movilización de vehículos y helicópteros de la Marina Armada de México.

Metros antes de estacionarse frente al hotel, observaron cuando efectivos de la Marina interrogaban brevemente a Sebastián Cancino para luego subirlo con violencia a una de sus unidades, donde llevaban a otras personas detenidas.

Horas después su esposa comenzó el peregrinar por diversas dependencias para localizar a su marido, donde le negaban que estuviera preso. Dos días posteriores a su “detención” fue localizada una camioneta abandonada en una bodega en un ejido cercano a Díaz Ordaz.

Joel Sebastián apareció incinerado junto con otro hombre, quien fue identificado como Jonathan Camacho Perales. Las autoridades aseguraron que era Cancino porque encontraron su cartera cerca del vehículo, intacta, con su identificación del IFE, tarjetas de créditos de tiendas departamentales, licencia de conducir, etcétera.

13 MUERTOS EN TIROTEOS

Un día antes, el 21 de julio pasado, se registró un enfrentamiento entre presuntos miembros del Cártel del Golfo y policías federales en la comunidad rural de Raúl Muñiz, aledaña a Reynosa. Pistoleros que se desplazaban en cuatro vehículos intercambiaron disparos con los uniformados. Los tripulantes de tres de los vehículos lograron escapar, pero los del cuarto se enfrascaron en un nutrido tiroteo con los agentes. Al final de la refriega se reportó un saldo de siete presuntos miembros del CDG abatidos.

Para la mañana siguiente se registró una intensa movilización de fuerzas federales y estatales encabezadas por la Marina para localizar a los hombres que huyeron en los tres vehículos. Los efectivos buscaban en zonas aledañas a Díaz Ordaz y el operativo se extendió por toda la Frontera Chica hasta el municipio de Camargo.

En un camino vecinal de Díaz Ordaz, militares se toparon con presuntos sicarios que trataban de deshacerse de un cuerpo. Al verse descubiertos, los pistoleros comenzaron a disparar contra los elementos castrenses. La información que trascendió a la prensa fue que los pistoleros abordaron dos vehículos que “repentinamente se incendiaron”. Al menos seis hombres murieron incinerados, aseguró el parte oficial.

El portal estadunidense Breitbart Texas reportó que fuentes policiales le aseguraron “que los militares habían utilizado un lanzagranadas durante el enfrentamiento”.

Posteriormente se localizó la bodega donde estaban Cancino y un segundo hombre calcinados.

Sobre ese hallazgo, el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) se concretó a informar en un escueto comunicado: “A las 9:00 horas del sábado 23 de julio se reportó que en una bodega abandonada y ubicada en el poblado de Valadeces, perteneciente al municipio de Gustavo Díaz Ordaz, se encontraban los cuerpos calcinados de dos personas a bordo de un tractocamión”.

“Hasta el momento los cuerpos no han sido identificados. Se desconocen las causas del incidente y quién o quiénes hayan sido los autores del mismo. Personal de la Policía Ministerial Investigadora del municipio de Miguel Alemán y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional tomaron conocimiento de los hechos”.

OPERATIVO PARA “LEVANTAR” CIVILES

Durante la movilización militar de los días 22, 23 y 24 de julio pasado, los efectivos de la Marina “levantaron” en el municipio de Díaz Ordaz, en Camargo y otros de la Frontera Chica al menos a una veintena de personas.

Sobre esa redada nada se informó. Esos operativos de la Marina, policías federales y estatales para privar de su libertad a civiles y los choques a tiros eran una más de las cotidianas escenas de violencia que se registran en Tamaulipas.

Esos hechos pasaron inadvertidos para la mayoría de la sociedad mexicana gracias al millonario presupuesto que manejó durante la administración del exgobernador Egidio Torre Cantú el director de Comunicación Guillermo Martínez, con el cual compró a los dueños de los medios locales y destinó onerosos contratos de publicidad para la “prensa nacional”.

Posteriormente de las capturas de la Marina y la policía estatal, decenas de familiares de los detenidos se presentaron ante las autoridades ministeriales de Díaz Ordaz en busca de ayuda para localizar a sus parientes.

Es el caso de Dionisia Galaviz Olivares, de 57 años, quien busca a su hijo Emilio Saavedra Galaviz, de 23 años, detenido a las 21:30 del viernes 23 de julio de 2016 en el ejido Puertecito, del municipio de Camargo, cuando se encontraba conviviendo con su hermano y otro amigo.

Los efectivos militares liberaron al amigo y al hermano, pero Emilio Saavedra fue golpeado y se lo llevaron detenido.

Galaviz Olivares denunció que los militares amenazaron con causar daño a su familia si hacía públicos los hechos. Hasta ahora se desconoce su paradero.

Emily Lizbeth Rentería Lerma, de 17 años, también se presentó al MP de Díaz Ordaz para denunciar que su esposo Juan Antonio Díaz Bocanegra, de 23 años, se encontraba descansando en su casa del ejido Marte R. Gómez, cuando cerca de las 8:30 horas del viernes 23 de julio llegaron tres patrullas y una camioneta blanca Chevrolet Tahoe blanca, donde los policías se llevaron a su cónyuge.

Los efectivos policiacos también amenazaron con regresar por ella y su familia si denunciaban los hechos.

Otra de las víctimas, Arely Treviño Salazar, de 18 años y esposa de Jonathan Camacho Perales, de 28, denunció ante las autoridades que se encontraban en el ejido Lucio Blanco cuando a las 2:00 horas del jueves 22 arribaron presuntos elementos de seguridad, quienes se llevaron a su marido.

Dos días después Camacho Perales fue localizado incinerado junto con Joel Sebastián Cancino. Fue identificado debido a que sus credenciales también aparecieron intactas en una zona de la bodega.

Arely Treviño desconfió de que el cuerpo incinerado que le entregaron fuera el de su esposo y solicitó a la delegación de la PGR en Reynosa que se realizara la prueba de ADN.

Entre los desaparecidos del 23 y 24 de julio del 2016 se encuentran también dos ciudadanos extranjeros: un estadunidense llamado Cenobio Guerra Gutiérrez y un joven originario de Costa Rica, Sergio Ricardo Jiménez Fallas, quien también apareció calcinado.
El Consulado de Estados Unidos en Matamoros se comunicó con la delegación de la PGR en Reynosa para conocer sobre el paradero de Guerra Gutiérrez, mientras que la embajada de Costa Rica buscó a Sergio Ricardo Jiménez.

“Las madres y esposas de los detenidos coincidieron en manifestar que si sus familiares cometieron algún delito que se les aplique la ley, pero que no los desaparezcan o los maten en ejecuciones extrajudiciales”, publicó en esos días el diario El Mañana de Reynosa.

Las familias igual anunciaron que solicitarían ayuda de la CNDH para localizar a sus familiares, ya que no confiaban en las autoridades locales para buscar justicia.

Sobre los casos de los desaparecidos en Díaz Ordaz, la CNDH no respondió la petición de Apro para conocer cuántas denuncias tienen sobre desaparecidos en ese municipio.

CADENA DE IRREGULARIDADES

A diferencia de la capital del país, donde medios de comunicación, organizaciones civiles y políticos exigen que los militares dejen de vigilar las calles, en Tamaulipas –y la región noreste–, los ciudadanos inician sus jornadas escribiendo en sus redes sociales bendiciones y oraciones para los efectivos de la Marina y Ejército Mexicano, ya que los consideran la única opción para combatir la inseguridad y la violencia que provocan el crimen organizado.

No obstante, esa confianza se continúa perdiendo día a día debido a los constantes “daños colaterales” y a las “equivocaciones” en las que los militares cotidianamente confunden a ciudadanos inocentes con criminales, durante sus operativos para combatir a los delincuentes.

En los casos de los detenidos por la Marina que posteriormente aparecieron incinerados existe una cadena de irregularidades para encubrir que fueron capturados por las fuerzas federales.

La Justicia Militar ya investiga el caso en la carpeta de investigación CI-SGJN/SC/NADV/2016-1.

Apro solicitó a la Secretaría de Marina información sobre la investigación, pero el departamento de comunicación no respondió a la petición que se hizo por escrito.

Además de ocultar el caso, autoridades de la PGR pusieron en marcha todo tipo de argucias para presentar como criminales a los desaparecidos y a los civiles que aparecieron calcinados.

Destaca el caso de Sebastián Cancino. La autoridad que debió investigar su asesinato era la PGR. No sobra decir que no realizó alguna investigación.

Peor aún, la fiscal Viridiana Guadalupe Pérez Merinos de esta dependencia se atribuyó funciones que no le correspondían y giró oficios al Registro Civil para que aceptara actas de defunción con irregularidades sobre los fallecidos Sebastián Cancino y del joven costarricense.

En un oficio de la delegación de la PGR, la fiscal Pérez Merinos ordena al oficial de Registro Civil de Reynosa:

“Gire sus amables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se reciban los certificados de defunción con número de folio 160708377 y 160708378, modelo 2016, expedidos por la Secretaría de Salud, a nombre de los CC Joel Sebastián Cancino y Sergio Ricardo Jiménez Fallas respectivamente; a fin de que conforme a sus facultades, dé el trámite correspondiente a las respectivas actas de defunción”.

Las actas de defunción que la fiscal ordenó dar tramitar ni siquiera registraron la fecha de su muerte, entre otras irregularidades.

La fiscal también se encargó de presentar a los ciudadanos inocentes como miembros del crimen organizado.

El resto de las autoridades de Tamaulipas también protegieron a los marinos y los policías que desaparecieron a los más de 20 “detenidos”.

En una de las múltiples quejas, la número 227/2014, que se presentó ante la Comisión de los Derechos Humanos de Tamaulipas por casos similares a los de Díaz Ordaz, se precisa:

“Agentes de la policía estatal intervinieron en su desaparición, pero en la Secretaría de Seguridad Pública se niegan a proporcionar los datos de identidad de los policías que laboraron el día de los hechos, argumentando que es información confidencial”.

Esa era la constante durante la gestión de Egidio Torre Cantú. Desde la Procuraduría de Justicia se desalentó a que las familias denunciaran a sus parientes desaparecidos. Les recomendaban que no lo hicieran porque podría ser peligroso para ellos. Incluso muchos casos quedaron registrados con otros delitos como “robos”.

A pesar de los intentos de borrar de las estadísticas la violencia, Tamaulipas es la entidad del país con la mayor cantidad de personas de quienes se desconoce su paradero.

Las familias tamaulipecas padecen una gran tragedia humanitaria con padres, hermanos e hijos desaparecidos, ya que desde el 2010 a la fecha han desaparecido oficialmente más de 5 mil 450 personas.

Las organizaciones de derechos humanos estiman que al menos existen unas 2 mil víctimas más cuyos casos no fueron denunciados, y por lo tanto no son reconocidas así por las autoridades.

Algunos de los familiares de Díaz Ordaz afectados decidieron hacer a un lado el miedo y los obstáculos que les impusieron desde la PGR y la SSP, a y ahora preparan denuncias contra los funcionarios ante la justicia federal y exigen al gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca que cumpla su palabra de atender los casos de los miles de desaparecidos.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JUAN ALBERTO CEDILLO/ Seguir a @JuanACedillo Twitter Facebook Pinterest/  27 FEBRERO, 2017)

EL DOBLE DISCURSO DE FELIPE CALDERÓN


La decisión de Cuba de negarle la entrada a su territorio a Felipe Calderón dio origen a un pequeño escándalo que estalló en Twitter, donde el panista lamentó el hecho y dijo anhelar que “un día todos los latinoamericanos podamos vivir en libertad, justicia y democracia”. Pero el expresidente parece olvidar que en su sexenio, y por un incidente menor, el gobierno expulsó a un periodista italiano; también olvida que él mismo celebró la deportación de cinco extranjeros luego de los hechos de Atenco en 2006.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 6 de mayo de 2006, 48 horas después de que un operativo policiaco se consumara en San Salvador Atenco, Felipe Calderón expresó su apoyo a los gobiernos del entonces presidente Vicente Fox, y del mexiquense, Enrique Peña Nieto. El saldo fue de dos jóvenes muertos, más de 200 detenidos, decenas de torturados, mujeres víctimas de agresión sexual, así como cinco extranjeros expulsados, sobre los que el entonces candidato presidencial del PAN dijo:

“Es sorprendente que haya extranjeros metidos en este asunto; es para ir a investigarse perfectamente, porque me parecería inaceptable una intervención de extranjeros en cosas de mexicanos.”

Calderón se refería a las españolas Cristina Valls y María Sortres, la alemana Samantha Dietmar, así como a los chilenos Mario Alberto Aguirre y Valentina Larissa Palma, quienes un día antes fueron expulsados del país por su presunta participación en los hechos de Atenco.

Ya con Calderón en la Presidencia, el gobierno mantuvo la prohibición para que los mencionados extranjeros volvieran a México, hasta que en abril de 2009 un amparo invalidó la orden girada por el Instituto Nacional de Migración (INM), que no había fundado ni motivado adecuadamente la medida; es decir, no comprobó los actos que les imputó para expulsarlos.

Casi 11 años después a Felipe Calderón le pasó lo mismo: la mañana del pasado martes 21, el expresidente escribió una serie de tuits informando que el gobierno de Cuba no autorizó su ingreso a la isla y lamentaba no poder estar en el homenaje al extinto disidente Oswaldo Payá, cuya hija, Rosa María, era anfitriona de una concentración de personalidades de distintos países relacionados con la Fundación para la Democracia Panamericana y organizaciones locales anticastristas.

Los mensajes de Calderón se iniciaron a las 10:00 horas, aunque una hora y media antes había calificado de absurdo que impidieran el arribo de la chilena Laura Mariana Aylwin Oyarzún, exministra de Educación de su país e hija del expresidente Patricio Aylwin, y destacada por su activismo democristiano internacional, igual que Calderón quien, poco antes de conocer que también estaba vetado, pedía al gobierno de Raúl Castro una rectificación.

A Calderón y Aylwin se sumó –entre otras personalidades– el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro Lemes, a quien la anfitriona del acto pretendía otorgar el premio “Oswaldo Payá”. Así que a lo largo del martes 21, las críticas se internacionalizaron.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) emitió un comunicado un día después, el miércoles 22, para exponer los motivos de su decisión. En síntesis calificaba a Aylwin, Calderón y Almagro de “personajes ultraderechistas”; y a los organizadores del acto los acusó de ser “un grupúsculo ilegal anticubano” relacionados con diferentes organizaciones internacionales a las que señaló también de “derechistas”.

Según el Minrex, se trataba de un plan para dañar la imagen internacional del país que “consistía en montar en La Habana una abierta y grave provocación contra el gobierno cubano” y “generar inestabilidad interna”.

En cuanto a esto último, el planteamiento y la consecuencia eran similares a lo expuesto por Felipe Calderón en 2006 para el caso de México: se trataba de extranjeros que iban a Cuba para inmiscuirse en cosas de cubanos, por lo cual se les trató como indeseables.

EL CASO PROIESTTI

Entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre de 2010, Cancún fue sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, una de las cumbres internacionales más relevantes en el sexenio de Felipe Calderón.

Anfitrión, el entonces presidente de México ingresaba a una de las sesiones del encuentro cuando, entre un grupo de periodistas, alguien le gritó “espurio”, un vocablo que aludía a las condiciones de su victoria en la elección de 2006 que lo persiguió durante todo el sexenio.

Entre el grupo estaba el periodista italiano Giovanni Proiestti, corresponsal de Il Manifesto, un legendario periódico de orientación comunista editado en Roma. El periodista llevaba 15 años en Chiapas, donde además de realizar trabajos periodísticos era catedrático en la Universidad Autónoma de Chiapas y había formado ya una familia. Había llegado a México como parte de la oleada de periodistas extranjeros que cubrieron el alzamiento zapatista.

Según los testimonios de sus amigos y colegas, recogidos por la agencia Apro en abril de 2011, Proiestti se rio de la afrenta a Calderón, aunque no fue quien lanzó el grito de “espurio”. El Estado Mayor le pidió mostrar su acreditación como reportero y canceló su acceso a la cumbre.

En los días siguientes se iniciaron las alertas por la seguridad de Proiestti. La mañana del 16 de diciembre de 2010 fue detenido en San Cristóbal de las Casas, acusado de portación de mariguana. Amigos y familiares del periodista avisaron a la embajada de Italia. Nueve horas después de la detención, una funcionaria de la Procuraduría chiapaneca acudió al lugar de detención, lo dejó en libertad, le ofreció disculpas y le dijo que había sido una confusión.

El 15 de abril de 2011 Proiestti fue citado en la delegación del INM en Chiapas. Ya no se supo más de él hasta las 19:00 horas, cuando se enteraron de que ya iba en un vuelo con destino a Italia, en calidad de expulsado.

EXPULSIONES Y RECHAZOS

Ante lo ocurrido a Felipe Calderón en su intento por ir a Cuba, la Secretaría de Relaciones Exteriores también emitió un tuit: “La SRE lamenta la decisión del gobierno de Cuba, de no autorizar la visita a La Habana del expresidente Felipe Calderón”. Fue todo.

En México, por ley, los extranjeros no pueden inmiscuirse en asuntos de la cosa pública. El Artículo 33 constitucional se ha mantenido a través de la historia y su aplicación fue discrecional, a cargo del Poder Ejecutivo; en 2015 se reglamentó, por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, para otorgar derecho de audiencia.

Oficialmente el Artículo 33 no se aplica desde abril de 1998, cuando 12 personas fueron expulsadas por su presunta implicación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lo anterior se pudo identificar a partir de una consulta a la herramienta zoom del portal Infomex, donde se colocan respuestas a solicitudes de información realizadas por particulares.

Este semanario documentó (Proceso 1211), que entre 1994 y 2000 fueron expulsados, mediante la aplicación del mencionado artículo o a través de otros preceptos jurídicos, alrededor de 500 extranjeros, muchos de ellos con participación en labores humanitarias o de observación.

Las bases de datos de acceso público, relacionadas con extranjería y migración, no permiten observar cuántos extranjeros han sido rechazados –por motivos políticos– en su intento por ingresar a México y tampoco se pudieron localizar registros abiertos sobre expulsión de extranjeros por algún tipo de activismo.

En los últimos años se han documentado distintos casos y denuncias por rechazo o expulsión de extranjeros en su ingreso a México, para participar en foros o eventos similares al de Cuba, pero con otra tendencia ideológica.

Un caso: el 28 de diciembre de 2013 fue retenido y deportado el anarquista italiano Alfredo Bonanno, quien participaría en unas jornadas anarquistas en la Ciudad Universitaria.

Bonanno es un reputado autor anarquista nacido en 1937. Sus escritos son referencia internacional. Cruz Negra Anarquista, un colectivo internacional dedicado a la defensa de presos políticos y acciones humanitarias en zonas de conflicto, emitió un comunicado ese día:

“En medio de la gritería y las expresiones altisonantes de los represores que le ordenaban apagar el teléfono, (Bonanno) me informó que las autoridades migratorias le habían impedido el ingreso al territorio dominado por el Estado mexicano, declarándolo persona non grata por su presunta peligrosidad y antecedentes penales, motivo por el que lo han deportado a Argentina.”

Cruz Negra denunció también que otros participantes, como Constantino Cavalleri y Jean Weir, fueron sometidos varias horas a interrogatorios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), antes de poder internarse en el país.

México no es un buen destino para los anarquistas internacionales. En 2004, por ejemplo, durante la realización de la Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea, en Guadalajara, fueron detenidos Patrick Leet, Zanotti Mateo, John Domínguez, Juan Francisco Maestre Morales, Silvia Ordaz Amor, María Mar Rodríguez Jurado, Roxana Bestrin Fuentes y Laloue Desperrier Roux. El gobierno de México los expulsó por su filiación ideológica.

Un episodio más reciente, también ocurrido en la administración de Peña Nieto, es el de dos ciudadanos de origen vasco a quienes se les negó la entrada en el AICM.

A finales de julio de 2015, Asier Altuna y Floren Aoiz, miembros de Sortu, un partido vasco independentista, fueron rechazados cuando viajaron a México para participar en el Foro de Sao Paulo, convocado por la Fundación para la Democracia, que preside Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Altuna y Aoiz, no fueron los únicos. Días antes, a la boliviana Leonilda Zurita Vargas, se le negó el visado. Ella es secretaria de Relaciones Internacionales del Movimiento al Socialismo-IPSP, la formación a la que pertenece el presidente Evo Morales.

Además de los expulsados en su sexenio, Felipe Calderón jamás emitió ningún pronunciamiento por esos casos pero, ante su frustrado intento por entrar a Cuba, expuso, una vez más a través de su cuenta de Twitter:

“Anhelo y me comprometo a luchar para que un día todos los latinoamericanos podamos vivir en libertad, justicia y democracia”.

Este reportaje se publicó en la edición 2104 de la revista Proceso del 26 de febrero de 2017.


(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA / Seguir a @Arturo_Rdgz Twitter Facebook Pinterest/ 28 FEBRERO, 2017)