lunes, 8 de febrero de 2016

EN JUÁREZ, TODOS GANAN CON EL PRAGMATISMO CRIMINAL


Desde hace meses, Ciudad Juárez dejó de ser una plaza en disputa. Los grupos delincuenciales que ahí operan lograron un pacto según el cual es más provechoso actuar de mutuo acuerdo e introducir la droga a Estados Unidos sin importar a que cártel pertenezca. La única condición es que pague bien. Consultados al respecto, un agente de inteligencia de Estados Unidos y otro de México ilustran este singular caso de pragmatismo criminal que, según parece, beneficia a todos.

CIUDAD JUÁREZ/EL PASO (Proceso).- La plaza de Ciudad Juárez, Chihuahua, está tranquila. Desde hace meses los grupos criminales que la dominan hicieron un pacto y ahora trabajan para los cárteles que intentan pasar droga a Estados Unidos por esa zona fronteriza.

Un alto funcionario de una agencia federal estadunidense en El Paso, Texas, dice al corresponsal que en tierras juarenses grupos como La Línea –lo que queda del Cártel de Juárez– y otros narcotraficantes independientes lo mismo pasan droga al Cártel de Sinaloa que al del Golfo y las demás organizaciones que les paguen bien.

“Ya no hay pleito por la plaza”, sostiene el funcionario, quien aceptó la entrevista bajo la estricta condición de que no se revele su identidad ni la de la dependencia en la cual labora.

Y puntualiza: “Trabajan como en maquila, pues cobran una cuota por el pase de la droga y en ocasiones el derecho de piso. Pero entre los grupos criminales de Ciudad Juárez ya no hay disputa”.

En territorio mexicano, Proceso visitó a un agente de los servicios mexicanos de inteligencia para escuchar su versión sobre lo que ocurre hoy en la otrora ciudad mas violenta de México y del mundo.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2049, ya en circulación


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL / J. JESÚS ESQUIVEL /6 FEBRERO, 2016 )

HALLAN MISTERIOSO NAUFRAGIO EN EL MAR DE CORTÉS


En el mar de Sonora hallaron un naufragio misterioso acompañado de dos embarcaciones pequeñas y que se hundieron en la zona costera de la Bahía de Lobos,

En esta zona indígena yaqui habían cuerpos de emergencia y otros barcos rescataron al menos a 10 náufragos, mientras que otras cuatro personas permanecen desaparecidas en las heladas aguas del Golfo de California, al sur de Sonora

Fue la madrugada del pasado domingo cuando la primera embarcación, que era un sardinero con el nombre “Propemex DP 2” navegaba con al menos 10 tripulantes; la Capitanía de Puerto en Guaymas solicitó el apoyo de la Armada de México para implementar una búsqueda en la zona, logrando rescatar a ocho personas; hasta la noche de este domingo, dos más permanecían desaparecidos.

Para la tarde, aproximadamente a las 15:52 horas (16:52 tiempo de la Ciudad de México), llamaron al número de emergencias 066 del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), llegó la llamada de auxilio que en la boca sur de San Ignacio Río Muerto una embarcación camaronera se hundió a causa del mal tiempo; dos pescadores fueron rescatados y otros dos permanecen desaparecidos.

Cabe mencionar que en días anteriores las autoridades decretaron el cierre a la navegación por mal tiempo en la región costera, pero desde el sábado se habían levantado las restricciones, por lo que 19 embarcaciones salieron hacia alta mar y fueron sorprendidas por la marea alta.


(DOSSIER POLÍTICO/ NOTIMEX/ 2016-02-08)

BIENES MUNICIPALES EN PROCESO DE EMBARGO


Vía juicio, la empresa del ex diputado federal Jaime Bonilla reclama al Municipio el pago de 630 mil dólares por daños causados en 2006 por empleados municipales, así como una indemnización de más de 2.3 millones de dólares por concepto de intereses legales.

Para amparar las sumas reclamadas, desde mediados de 2015 mantiene en proceso de embargo seis bienes inmuebles, propiedad del Ayuntamiento de Tijuana.  

Empleados municipales contratados para vigilar, causaron daños a equipo e instalaciones de la empresa de radio y televisión Media Sports de México, S.A. de C.V., propiedad del ex diputado Jaime Bonilla Valdez, quién ahora reclama al Municipio de Tijuana una indemnización de más de 2 millones 377 mil dólares.

Los hechos ocurrieron durante la administración Jorge Hank Rhon, quién ignoró el reclamo. Entonces los daños y perjuicios se tasaron por 630 mil dólares y la empresa se encontraba bajo el poder de Marco Antonio Blásquez Salinas, actual senador por el Partido del Trabajo.

Durante tres administraciones municipales, las autoridades desatendieron la demanda civil, cuya resolución ha favorecido a la parte quejosa, en detrimento del erario de los tijuanenses.

La determinación judicial consideró procedente el embargo de seis predios propiedad del Ayuntamiento de Tijuana, al no poder el XXI Ayuntamiento cubrir en 2015 las prestaciones reclamadas por Media Sports de México.

Entre las propiedades municipales a embargar, la determinación judicial incluyó el Museo Interactivo El Trompo, pero este bien deberá ser suplido, porque es propiedad del Gobierno del Estado.

Entonces, el XXI Ayuntamiento reaccionó interponiendo recursos de amparo y apelación buscando no pagar, lo que alarga el proceso, eleva los gastos y monto de indemnización, en caso de perder el juicio; algo de que se dice consciente el gobierno de Jorge Astiazarán.

Tras el embargo, el gobierno municipal interpuso dos apelaciones y un amparo en contra de las dos sentencias que lo obligan al pago millonario reclamado, “porque recursos, simplemente no hay, el presupuesto de 2016 ya está asignado”, fue la única respuesta que dieron a ZETA desde el área jurídica de la administración de Astiazarán, a través del Departamento de Comunicación, cuando se solicitó una entrevista para que la administración municipal expusiera su postura ante el conflicto generado por este expediente.

Actualmente, pese a estar embargados, los  inmuebles municipales no pueden ser sujetos de remate ni ocupación, porque el ayuntamiento promovió una defensa judicial que no ha sido dictaminada por los juzgadores que la recibieron.  

LOS HECHOS

En 2006, Media Sports de México, empresa que entre sus múltiples objetos sociales se encuentra la operación de frecuencias de radio y telecomunicaciones, contrató al Municipio de Tijuana el servicio de vigilancia policiaca para el cuidado de sus instalaciones.

 Al inicio del juicio, la compañía estaba representada por el ahora senador petista Marco Antonio Blásquez Salinas y Héctor de Isla Puga Durán.

Al lanzarse de candidato en la campaña electoral de 2012, dejó de ser apoderado de la empresa, razón por la cual no quiso emitir opinión alguna al ser cuestionado por este asunto.

El actual apoderado legal de la empresa, Héctor de Isla Puga Durán, explicó que mediante contrato, el XVIII Ayuntamiento, presidido por Jorge Hank Rhon, le asignó dos elementos para el cuidado de una de las cuatro plantas trasmisoras, la cual se ubica en la colonia Madero.

 A finales de 2006, uno de los vigilantes laboraba en estado de ebriedad “y se puso a girar sobre un vehículo, tumbó una de las torres, dañó el sistema, equipo y afectó dos de las emisoras, dejándolas fuera del aire”, reveló De Isla Puga al resumir los daños por los que ahora se reclama una indemnización millonaria.

De inicio, comentó, se buscó que el Municipio respondiera por los daños mediante un acuerdo administrativo con el gobierno de Hank, “pero dijeron que no tenían por qué pagar, que no eran responsables, que si queríamos demandar lo hiciéramos, y le seguimos”.

Por ello, en 2007 la empresa interpuso una demanda “por responsabilidad civil objetiva en contra del Ayuntamiento de Tijuana, porque -quienes causaron los daños- son empleados del ayuntamiento”, continuó el apoderado.

 El proceso ha pasado por varias etapas, cuyas resoluciones ha ganado la quejosa, hasta llegar a la fase actual, en la que el Juzgado Quinto de lo Civil resolvió a favor de la empresa de Jaime Bonilla y declaró formalmente embargados seis bienes inmuebles municipales, para amparar el pago de lo reclamado.

 A decir del abogado de la compañía, desde 2006 hasta la fecha, “se buscó llegar una negociación, a un punto de acuerdo y no fue posible, se tuvo que seguir con el juicio”. 

 INDEMNIZACIÓN MILLONARIA

En noviembre de 2010, el Juez del Juzgado Quinto de lo Civil de Tijuana emitió la sentencia definitiva de embargo sobre bienes inmuebles propiedad del Municipio de Tijuana, de acuerdo al expediente 668/2009, relativo al juicio ordinario civil promovido por Media Sports de México, S.A. de C.V.

En ella se condena al Municipio al pago de una suma principal, con un importe total de 630 mil dólares, o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente al momento del pago.

 A fin de garantizar las prestaciones reclamadas en el juicio, el 22 de junio de 2015, se procedió a una primera confiscación bienes. No solo eso:

el 27 de agosto de 2015, la misma instancia judicial resolvió a favor de la demandante el pago de un adeudo de un millón 747 mil 494 dólares por concepto de intereses legales; asimismo, condenó al Municipio de Tijuana al pago de 3 millones 242 mil 196.66 pesos, más el pago de un millón 621 mil 243.84 pesos por concepto de gastos y costos del juicio.

En la resolución del caso asistió como representante jurídico del XXI Ayuntamiento de Tijuana, Jessica Adriana Urenda Guzmán, quien expuso “no puede hacer el pago en este acto y tampoco señala bienes para embargo”, se asentó en el oficio 3357 de la sentencia judicial.

Héctor de Isla Puga Durán compareció en su carácter de apoderado de la empresa, y a cambio del pago reclamado, requirió y le fue concedido el embargo de seis bienes inmuebles municipales.  

BIENES INCAUTADOS

 Los bienes públicos declarados formalmente embargados para amparar el pago de poco más de 2.3 millones de dólares, son:

* Terreno ubicado en la Tercera Etapa del Río Tijuana, de una superficie de 9 mil 711.401 metros cuadrados, inscrito bajo la partida 5327601, con un valor de 922.90 pesos por metro cuadrado.

* Lote ubicado en Parque Industrial Valle del Sur II, de una superficie de 10 mil 446.31 metros cuadrados, bajo la partida 5151188. El valor por metro cuadrado  es de 635.80 pesos.

* Predio en Parque Industrial Valle del Sur II, de una superficie de 21 mil 565.61 metros cuadrados, inscrito en la partida 5151188.

* Museo interactivo resultado de la Fracción C en la Tercera Etapa Río Tijuana, de 40 mil metros cuadrados, asentado en la partida 5472741, con un valor de 922.90 pesos por metro cuadrado. Este predio será sustituido por otro bien aún no determinado, al no proceder la incautación por ser un inmueble propiedad del Estado.

* Lote de 57 mil 797.649 metros cuadrados, según partida 5686776, de un valor estimado en 729 pesos por metro cuadrado.

* Lote fracción 1-1 asentado en la colonia El Florido, Delegación La Presa, de 100 mil metros cuadrados, de acuerdo a la partida 5270007.

Una vez declarados formalmente embargados los inmuebles públicos, la parte acreedora se reservó el derecho de ampliar el número de bienes requeridos al ayuntamiento “o sustitución de los  mismos, durante cualquier fase del procedimiento de ejecución, ante el desconocimiento de los valores que tengan los bienes embargados a la fecha y que sean suficientes y bastantes para cubrir el total  de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada”, se indica en el expediente 668/2009.

   DISPUESTOS A NEGOCIAR

 Con una sentencia de embargo a favor, la representación legal de Media Sports de México S.A. de C.V. se dice dispuesta  negociar con el Municipio para no llevar a embargo los bienes inmuebles confiscados. Para ello, expuso Héctor de Isla Puga Durán, el XXI Ayuntamiento deberá hacer algún convenio con ellos “este mismo año, antes de concluir su administración”, pero no se manifestó dispuesto a reducir el importe de la cantidad reclamada.

Antes  con Jorge Hank,  Jorge Ramos, Carlos Bustamante, y Jorge Astiazarán, “buscamos a todas las administraciones, incluso con una posibilidad de habernos arreglado con una menor cantidad, pero dijeron que no tenían por qué pagar, que no eran responsables”, indicó el apoderado, para luego asentar:

 “Ahora mi comisión es seguir adelante con el procedimiento”.

Que la empresa se trate de un personaje político como Jaime Bonilla, actual dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional -MORENA-, o que el proceso legal lo haya iniciado el actual senador Marco Antonio Blásquez -siendo entonces apoderado de la firma-, no lo hace un caso político, sostuvo De Isla Puga Durán.


(SEMANARIO ZETA/Isabel Mercado / Lunes, 8 febrero, 2016 01:00 PM)

NARCOS DE SEGUNDA EN OPERATIVO DIABLO EXPRÉS


La detención de 22 presuntos delincuentes en Sonora no afectó gravemente al Cártel de Sinaloa, pues ninguno de los aprehendidos era capo relevante.

Autoridades estatales no fueron informadas de las acciones federales y tuvieron que convertirse en espectadores. Estructuras del Cártel Beltrán Leyva siguen intactas en diversas plazas, pese a la detención de “El Panchillo”, supuesto sucesor de Héctor Beltrán Leyva.

Los aseguramientos de droga continúan en Sonora   La presión de los Estados Unidos para que el gobierno mexicano atienda la problemática del crimen organizado en el estado de Sonora funcionó –al menos por esta vez– para dejar fuera de circulación a miembros de los grupos delictivos del Cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva, aunque solo uno de los detenidos esté considerado como un capo de medianos vuelos.

Primero cayeron 22 presuntos elementos de la organización criminal que encabeza Ismael “El Mayo” Zambada, en una acción conjunta de la Policía Federal y agentes norteamericanos en el municipio de Plutarco Elías Calles. La operación fue bautizada como “Diablo Exprés”.

Tan exprés, que las autoridades estatales se enteraron hasta el momento mismo en que inició la cacería y solo fueron espectadores.

Apenas el 4 de enero de 2016 autoridades en materia de seguridad de ambos países se reunieron para establecer una agenda bilateral para combatir la criminalidad que ahoga a la región, tanto del lado de Arizona, como de Sonora, y que es considerado el corredor más importante para el trasiego de drogas hacia el norte del continente. La presencia de agentes federales por tierra y aire sorprendió a los habitantes del municipio sonorense.

El operativo duró todo un día completo y se focalizó en un domicilio donde se almacenaba droga y se mantenía privados de su libertad a migrantes que pretendían cruzar al país vecino. El gobierno federal hizo el anuncio el 30 de enero.

La noticia fue anunciada con estruendo a ambos lados de la frontera. Participaron además de la policía mexicana, el Departamento Antidrogas y el Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos, así como la Agencia de Inmigración de esa nación. Las autoridades se auto elogiaron, por lo que calificaron como un “trabajo de investigación e inteligencia”.

 Afirmaron que fueron varias las semanas de ardua labor de investigación de gabinete y de campo. En plena zona desértica de Sonoyta sorprendieron a los hoy aprehendidos, miembros de una de las múltiples células con que cuenta el Cártel de Sinaloa en Sonora.

La intervención no fue pacífica. Los presuntos narcotraficantes recibieron a tiros a los agentes policiales que cercaron el terreno. Fueron abatidos dos de los agresores, mientras que los otros 22 fueron asegurados al concluir la balacera.

En el sitio se localizaron 18 armas de fuego, 15 de ellas armas largas y tres cortas, gran cantidad de cartuchos útiles y 250 kilos de mariguana empaquetada.

Los detenidos, presuntamente encabezados por Jorge Antonio García Meza, fueron identificados con los nombres de Jorge Luis Alba Quintero, Juan Andrés Chavarín Ríos, Rodolfo Enrique Castro Sandoval, Jesús Omar Ruiz Gastélum, Sergio Albino Castro Félix, José Luis Bojórquez Valdez, Pedro Rodríguez Pacheco y Rey Fernando Hernández Sillas. El resto de la lista de capturados la integran Jony Mauricio Robles Figueroa, Ramón Enrique Sarabia Sandoval, Alexis Andrés Salazar Pacheco, José Rosalío Páez Mendia, Leonardo Mendoza Nava, Ferreol Sillas Aguirre, Idealfonso Bojórquez Perea, Arcadio de la Rocha de la Rocha, Bernardo Beltrán Torrecillas, Arnoldo Félix Soto, Héctor Javier Soto Astorga y José Rosario Bojórquez Perea.

Dos semanas atrás, en Magdalena de Kino, Sonora, había caído en manos de la Procuraduría General de la República, Luis Carlos Villagrana “El Carlitos”, presunto líder de la célula de “Los Jabalíes” que opera para el grupo delictivo “Gente Nueva”, brazo armado del Cártel de Sinaloa en esa entidad.

 “El Carlitos”, atrapado en un automotor de lujo con dos fusiles AK-47 en su radio de acción, era uno de los traficantes más buscados en la zona fronteriza por la Policía Federal y por el gobierno estadounidense que cuenta con una orden de arresto por el trasiego de mariguana y otras drogas hacia Arizona.

Tanto en el caso del “Jabalí” como en el de los 22 sicarios, los Estados Unidos de América expresaron su interés en que sean llevados ante la justicia de su país para que respondan por diversos cargos ante la Corte de Distrito de Arizona.

  De los Beltrán Aunque su captura ocurrió en Guasave, Sinaloa, Francisco Javier Hernández García “El Panchillo”, presunto líder del Cártel de los Beltrán Leyva, en la zona norte, incursionaba en territorio sonorense para apoyar a Trinidad Olivas Valenzuela “El Chapo Trini”, jefe de plaza en Ciudad Obregón. Fuerzas federales lograron la detención de Hernández García cuando se desplazaba en compañía de su asistente Francisco Javier Martínez Coronado.

 La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) señaló que “El Panchillo” se encontraba en la lista de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno de la República.

 Según el comisionado, Renato Sales Heredia “líneas de investigación señalan que tras la detención de Héctor Beltrán Leyva, el pasado primero de octubre de 2014, Hernández García asumió el mando de este grupo delictivo”.

 De Francisco Javier Hernández García se sabe que cuenta con 47 años de edad y formó parte del Cártel de Sinaloa desde los años noventa hasta que los Beltrán Leyva se escindieron del grupo en 2008.

 “El Panchillo” era uno de los hombres de confianza de Arturo “El Barbas” para el trasiego de droga en Sonora.

Información de inteligencia de la Procuraduría General de la República (PGR) tiene identificados a otros capos regionales de la misma organización criminal que han avanzado en los territorios que anteriormente dominaron los hermanos Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa en Mazatlán y en el estado de Sonora.

El grupo delictivo de “Los Mazatlecos”, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”, se ha expandido hacia el norte de Sinaloa, mientras que en Sonora, se menciona a Sajid Emilio Quintero Navidad “El Cadete”, hijo del legendario narcotraficante Emilio Quintero Payán, tío de Rafael Caro Quintero.

“El Cadete” está recuperando las rutas que anteriormente pertenecieron a su familia y que se perdieron desde la captura de su primo Miguel Ángel Caro Quintero, quien fue extraditado a los Estados Unidos en 2009.   Acciones en 2016 A dos días de la detención de “El Carlitos” en Magdalena de Kino, el 19 de enero elementos del Ejército aseguraron una aeronave que transportaba 260 kilos de mariguana, 70.5 Kilogramos de cristal, 18.5 kilogramos de cocaína y poco más de dos kilos de heroína.


El piloto y copiloto de la avioneta fueron detenidos. Dos días más tarde en los municipios de Plutarco Elías Calles y San Luis Río Colorado, soldados aseguraron casi 500 kilos de mariguana y cuatro vehículos. No hubo detenidos. El 22 de enero en el Ejido Cucapah, personal castrense capturó a tres individuos que poseían 149 kilos de cristal en una camioneta.

 Y el día 27, en Caborca y San Luis Río Colorado los militares incautaron más de una tonelada de mariguana y cinco kilos de semilla del enervante; no hubo aprehensiones. Un día antes de que se realizara el operativo “Diablo Exprés”, en Sonoyta, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró un autobús de pasajeros que se dirigía hacia el centro del país y en cuyo maletero llevaba ocultos más de 8 mil 500 cartuchos de diversos calibres. El hallazgo ocurrió en la vieja garita aduanal de San Emeterio.

El miércoles 3 de febrero, en los puestos militares de Cucapah y Querobabi, en los municipios de San Luis Río Colorado y Opodepe respectivamente, fueron asegurados cinco kilos de heroína, 67.4 kilogramos de cocaína y 44 kilos de cristal que dos hombres transportaban en un automotor.

Otros 180 kilos de metanfetamina estaban en el doble fondo de un tracto camión con refrigerador.       Abogado de Kate asegura que la actriz no se esconde Kate del Castillo está cada vez más cerca de la Procuraduría General de la República.

Así lo han aceptado ambas partes. La dependencia, que ya giró una orden de presentación para que la actriz comparezca a declarar, y la propia Kate, que promovió un amparo para que la PGR se abstenga de “filtrar” información de las investigaciones.

La mañana del jueves 4 de febrero trascendió que el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) giró una la orden de localización y presentación contra Kate del Castillo Negrete Trillo.

Con anterioridad, la institución ministerial que investiga la ruta de escape del recapturado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán tras su figa del penal del Altiplano el 11 de julio pasado, había librado un citatorio para que la México-americana compareciera a declarar como testigo, pero no hubo respuesta de su parte.

Un día antes de esta noticia, ZETA informó sobre la promoción de una demanda de amparo por parte de la histrionista.

El juicio de amparo se radicó en el Juzgado Tercero de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal bajo el expediente 70/2016.

La solicitud de garantías fue formulada con la intención de que la PGR se abstenga de “filtrar” información a los medios de comunicación sobre el curso de las pesquisas dentro de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/523/2015 en la que se le está requiriendo su declaración.

Debido a que la autoridad judicial desconoce a qué se refiere Kate con la palabra “filtrar”, el juez previno a la quejosa para que dentro del término de cinco días aclare su demanda y así estar en posibilidad de conocer si el acto reclamado es de su competencia, admitir la solicitud de protección y dictar las medidas cautelares que correspondan.

El primer esbozo legal de la protagonista de la serie “La Reina del Sur” para sortear las acciones de la PGR en su contra fue formulado por su abogado Francisco Xavier Ferro Baranda, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 En anteriores conflictos judiciales, como los sostenidos por Kate del Castillo en 2007 en tribunales del orden civil, tuvo por defensor al ex subprocurador general de la República en tiempos del ex presidente Carlos Salinas, Javier Coello Trejo y como representante legal a su madre Kate Trillo.

 En tanto, su abogado en Estados Unidos de América, Harland Braun, declaró en Los Ángeles para la agencia AP que su clienta está dispuesta a declarar ante las autoridades mexicanas, respecto al encuentro que sostuvo con Joaquín “El Chapo” Guzmán en octubre de 2015.

 Braun aseguró que si reciben la información y credenciales apropiadas, la actriz contestará las preguntas de las autoridades, pues no tiene nada que esconder.

Agregó que Kate se encuentra “un poco decepcionada” de la actuación del gobierno mexicano. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y la procuradora general de la República, Arely Gómez, que el mismo jueves 4 de febrero comparecieron ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, confirmaron que se requiere a Del Castillo en calidad de testigo y que sus derechos están asegurados.

Arely Gómez externó que “todo depende de ella si ella quiere presentarse, dependerá de ella o interponer amparos, Kate del Castillo goza, como cualquier ciudadano, de la presunción de inocencia apegado a nuestro texto constitucional”. La funcionaria no quiso abundar en el tema.

Como se informó en su oportunidad, a la PGR le interesa conocer la forma en que la actriz contactó con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera y después sirvió de puente para que el actor norteamericano Sean Penn se entrevistara con el líder del Cártel de Sinaloa en Pueblo Viejo, Durango, con la intención de filmar una película biográfica del criminal.

En conversaciones de mensajes de textos intervenidos por el Ministerio Público de la Federación se estableció que Kate del Castillo hablaba de proyectos en conjunto con el narcotraficante.

(Luis Carlos Sáinz Martínez/ZETA)


(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones Zeta / Lunes, 8 febrero, 2016 01:00 PM)

MEDIOS HUNDEN A MORALES


Del amiguismo a la prisión, medios de comunicación que en su momento dedicaron planas y espacios privilegiados para hacer lucir la gestión de Guillermo Padrés en Sonora, son ahora pieza clave en la acusación por extorsión contra de su ex secretario de Comunicación, Jorge Morales Borbón.

Los recursos que destinó el gobierno estatal a la prensa, regresaban al ex funcionario mediante el cobro de comisiones de convenios y contratos otorgados.

En el actual gobierno de Kiko Vega, el ex empleado de Morales Borbón en Sonora, Jorge Cornejo, cobra como “subdirector de Imagen, Producción y Publicidad Institucional”

La primera consignación de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, creada en los primeros días de la administración de Claudia Pavlovich, fue la de Jorge Morales Borbón, ex secretario de Comunicación del gobierno de Guillermo Padrés Elías por extorsionar a propietarios de medios de comunicación. La detención del ex funcionario se dio la mañana del lunes 1 de febrero por elementos de la Policía Estatal Investigadora de Sonora. De Morales Borbón, el titular de la Fiscalía, Odracir Espinoza Valle, expuso:

“Utilizó la facultad inherente a su cargo como secretario de Comunicación para tramitar beneficios económicos a su favor, coaccionando e intimidando a las víctimas que pudieran recibir el pago de los servicios que prestaran al Gobierno del Estado”. Según el fiscal, las evidencias recabadas en el transcurso de la investigación iniciaron con la denuncia de un empresario extorsionado.

De ahí, otros afectados rindieron también sus testimonios. De acuerdo con información dada a conocer por la autoridad investigadora, Morales Borbón “condicionó el pago de servicios prestados a empresas de comunicación a favor de él, en efectivo, una parte proporcional de esas cantidades. Incluso condicionaba la contratación futura de esos servicios a esas empresas.

La acusación, aseguró Espinoza Valle, se sustenta en testimonios, dictámenes contables, emisiones de órdenes de pago oficiales y transferencias bancarias, los cuales fueron presentados ante el Juez Tercero de Primaria Instancia de lo Penal, quien emitió la orden de aprehensión en contra de Morales Borbón. Luego resumió:

“En pocas palabras, el señor Jorge Morales Borbón les pedía dinero (a las víctimas) para que pudiera liberar esos pagos que tenían pendientes por esos servicios”. A ZETA, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que la investigación en contra del ex secretario de Comunicación Social, continúa abierta.

 De hecho, el 13 de enero de 2016, el ahora detenido compareció junto al ex subsecretario de la Secretaría de Comunicación Social del Estado, Luis Enrique Montejano.

A ambos se les citó para explicar desvíos de recursos públicos desde esa dependencia. La extorsión, de acuerdo con el Artículo 293 del Código Penal de Sonora, es considerada delito grave y, por ello, no alcanza fianza para llevar el proceso en libertad.  

LOS MEDIOS COMO ALTAVOCES DEL GOBERNADOR

Para el abogado y escritor Carlos Moncada Ochoa, autor del libro “Asalto a Sonora” sobre el sexenio de Guillermo Padrés Elías, el cambio de una coordinación de Comunicación Social a Secretaría en ese gobierno, dictó el poder que desde ahí se ejercería para el control de medios de comunicación.

“En el Congreso del Estado, no se modificó la Ley Orgánica del Ejecutivo donde se enumeran las secretarías de las que conforman la estructura. Por medio de un decreto de Padrés, se transformó en Secretaría, y con ello, la posibilidad de manejar recursos de manera directa”, explica en entrevista telefónica. Moncada Ochoa documentó en su libro, publicado apenas en 2015, el desvío de millones de pesos desde las distintas dependencias del gobierno estatal de Sonora.

En el caso de la Secretaría de Comunicación, refiere “hicieron convenios que parecen inofensivos porque se refieren a la obligación de publicar desplegados y boletines, pero la verdad es que el director o la directora de un medio cuida a ese cliente, procurando no molestarlo con críticas negativas”.

 El escritor menciona como ejemplo, la cobertura de la obra del Acueducto Independencia -cuya construcción sigue en controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, apoyada por el gobierno de Padrés Elías, pero rechazada por el Pueblo Yaqui y los agricultores del sur de Sonora.

“Padrés se va unos días a Ciudad Obregón y publica una página diaria a favor de la obra en El Imparcial, cuyo costo es de 100 mil pesos aproximadamente. También en otros periódicos como El Expreso y el Diario del Yaqui. Eran los altavoces del gobierno”, detalla Moncada Ochoa.

Como con muchas otras portadas y planas completas en diarios, a través de su cuenta de Twitter, Jorge Morales Borbón compartió el 7 de marzo de 2013, fotografías de la primera plana de El Imparcial, El Expreso y El Diario de Sonora, cuya nota principal reproduce las promesas del entonces gobernador sobre el suministro ininterrumpido de agua a Hermosillo a través del acueducto y una planta potabilizadora. Al respecto, el escritor puntualiza:

“Eran campañas sumamente costosas, pero la relación fundamental la tenía con El Imparcial, porque fue su director editorial. Entonces la publicidad se dirigía fundamentalmente a ese periódico y a El Expreso un poco menos”.

De acuerdo con documentos de Transparencia, en tres años, el gobierno de Padrés Elías destinó casi 90 millones de pesos para asesorías de imagen y publicidad en medios de comunicación.

  FALTAN POR CAER

Tras conceder la ampliación del término constitucional para la presentación de pruebas a favor de la defensa de Morales Borbón, Manuel Palafox, Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal, determinó que el plazo concluirá el domingo 7 de febrero a las 13:00 horas.

Interno en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Hermosillo, Sonora, el ex funcionario ha sido careado con sus denunciantes desde el 3 de febrero.


FOTO: tomada de internet Respecto a la continuidad del proceso, aunque se le dicte auto de libertad por el delito de extorsión, las investigaciones por fraude y enriquecimiento ilícito, lo mantendrían preso, explicó un abogado consultado por ZETA.

Tras la transición del PAN al PRI, con la llegada de Claudia Pavlovich a la gubernatura en septiembre de 2015, ha prometido más ex funcionarios por consignar. El fiscal Odracir Espinoza sentenció:

“No cierra capítulos, es el principio de múltiples acciones para turnar ante la justicia sonorense a quienes defraudaron la confianza de los ciudadanos y no deben quedar en ningún momento impunes de esos actos de corrupción”. 

 EN SONORA COMO EN BAJA CALIFORNIA…

 De 1997 a 2009, Jorge Morales Borbón trabajó para Periódicos Healy.

Ocupó tanto la subdirección editorial en los diarios La Crónica y Frontera, de Mexicali y Tijuana, respectivamente,  como en El Imparcial de Hermosillo, Sonora.

En enero de 2009, se integró al equipo de campaña del panista Guillermo Padrés Elías y cuando éste rindió protesta como gobernador, ese mismo año, despachó desde la Secretaría de Comunicación.

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, la esposa de Morales Borbón, Kathya Félix Salazar, ocupa la dirección general de Comunicación Social con un sueldo mensual de 35 mil pesos, según el portal de Transparencia del organismo.

Desde esa dependencia contrató al reportero en Baja California metido a operador panista,  Jorge Humberto Cornejo Manzo, para que ocupara la oficina de San Luis Río Colorado.

Del periodo comprendido entre el 1 de febrero al 31 de diciembre de 2011, Cornejo Manzo cobró 732 mil 600 pesos por el concepto de “asesoría, análisis, elaboración, presentación e implementación de un estudio ejecutivo de comunicación en San Luis Río Colorado”.

El contrato fue adjudicado de manera directa al proveedor con domicilio en Tijuana, según consta en documentos públicos.

 Al año siguiente, el contrato se renovó a nombre de su esposa Maricarmen Viera Guerrero y con un incremento de más de 60 mil pesos.

A Viera Guerrero se le otorgó un contrato -también por adjudicación directa- por “asesoría, análisis, elaboración, presentación e implementación que realizará en coordinación con el Enlace de Comunicación Social del Gobierno del Estado en San Luis Río Colorado”.

El monto total fue de 799 mil 200 pesos, pagados entre el 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 2012. La pareja recibió, en conjunto, más de un millón de pesos de la dependencia encabezada por Morales Borbón.

En la campaña electoral de 2013, Jorge Humberto Cornejo se colocó dentro del equipo de Francisco Vega de Lamadrid  y, desde que éste asumió la gubernatura, se maneja bajo el cargo de subdirector de Imagen, Producción y Publicidad Institucional del Gobierno del Estado de Baja California.

No obstante, en la plantilla de personal del gobierno de Baja California, Cornejo Manzo aparece como “jefe de Producción y Diseño” de la Oficina del Ejecutivo con un sueldo de 40 mil pesos al mes.

Tras la detención de Morales Borbón, a Kiko Vega se le cuestionó sobre la relación laboral de éste con Cornejo Manzo, su actual subdirector de imagen. “Se tendrá que demostrar, yo no lo sé… como a cualquier persona, comunicador en este caso, asiste y se le contrata donde tenga trabajo” respondió.

Desde el inicio de su campaña en 2013, el nombre de Francisco Vega -al igual que de Padrés Elías en Sonora- aparecía en notas favorables publicadas en las ediciones de Periódicos Healy.

Por ejemplo, tras su Primer Informe de Gobierno, el periódico Frontera dedicó su portada a resaltar “En el primer año de Kiko se crean 47 mil empleos”.

A principios de 2015, esto cambió. Tanto Frontera como La Crónica comenzaron a dedicar portadas y planas a criticar las acciones del Gobierno del Estado. Información previamente publicada en ZETA, fue retomada para evidenciar triangulaciones, compras de predios y construcción de mansiones del gobernador.

Finalmente, en marzo de ese año, tanto el gobernador como los cinco alcaldes en Baja California, acusaron al medio de comunicación de extorsión. Por medio de desplegados, explicaron el retiro de publicidad gubernamental de esos diarios.

 Periódicos Healy respondió con la amenaza de denunciar a la administración estatal y solicitó el apoyo de organismos nacionales e internacionales, por considerar la medida un ataque contra su libertad de expresión.

 Con el paso de los meses, la dura línea editorial contra el gobierno de Kiko Vega desapareció y ambas partes abandonaron las acusaciones. 


(SEMANARIO ZETA/ Inés García Ramos/ FOTO: Enrique Botello /  Lunes, 8 febrero, 2016 01:14 PM)

NEGOCIAZO CON ASFALTO DEL AYUNTAMIENTO


Poco se sabe del donativo de mil toneladas de asfalto que PEMEX donó a Ensenada durante el gobierno de Enrique Pelayo. Mientras tanto persisten los baches en 22 delegaciones, debido a la mala calidad de los materiales que usan las empresas constructoras locales   En 2013, Petróleos Mexicanos (PEMEX) entregó mil toneladas de asfalto al XX Ayuntamiento de Ensenada presidido por Enrique Pelayo Torres.

Pero una serie de irregularidades envuelven el donativo, a través de la empresa Grupo Multiservicios para la Construcción (GMC), que al final entregó menos del 50 por ciento del material. La investigación, turnada en diciembre de 2015 a Sindicatura Municipal por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Congreso del Estado, indica que una parte de las mil toneladas de asfalto AC-20 con valor de 9 millones 538 mil 376 pesos, se desvaneció entre los fletes, procesamiento y acarreo. Marco Antonio González Aréchiga, ex director de Infraestructura de la pasada administración municipal, es quien realizó el trato con PEMEX y con GMC, y de comprobarse que tuvo responsabilidad se le sancionará con una inhabilitación y la empresa responsable será boletinada.

Representada por Fernando Martín del Campo Aviña, con oficinas en Salamanca, Guanajuato y con nombre fiscal Omnitractos, S.A de C.V., GMC fue contratada por el Ayuntamiento de Ensenada para sacar el asfalto de las instalaciones de PEMEX en Monterrey y llevarlo a Sonora para procesarlo y entregar en Ensenada.

 Han pasado varias administraciones municipales, panistas y priistas, sin que ninguna haya podido dar solución al conflicto de los baches; se calcula existen en el 80% de las calles de la ciudad.

En las 22 delegaciones las vialidades están dañadas por la mala calidad de los materiales que usan las empresas constructoras locales.

En 2015, el Cabildo de Ensenada aprobó junto con el alcalde de Ensenada Gilberto Hirata Chico la donación de otras mil toneladas de asfalto, pero según la versión de los regidores, ésta fue intercambiada por combustible.  

MARAÑA POLÍTICO-EMPRESARIAL



Según la auditoría,  el total del donativo equivale a 9 mil metros cúbicos, de los cuales, por razones desconocidas, el director de Infraestructura, mediante convenio con la empresa constructora Vehcsa, hizo  que le entregaran 3 mil 729 metros cúbicos, es decir, solo el 41%. Jorge Valdez Miranda, director de la empresa Vehcsa, se defendió de las observaciones del ORFIS e informó que en tres ocasiones fue contratado por el gobierno municipal para tales fines, tanto con Manuel Montenegro, el actual auditor del ORFIS, como con Manuel Quintero, ambos priistas; la diferencia en que en esas administraciones sí se usó el millón de metros cúbicos.

Explicó que en 2013, al momento de recibir el porcentaje de asfalto para transportarlo a Ensenada, GMC entregó menos del 50% de lo especificado en el convenio con folio PM/567/06/2013, firmado con el entonces director de Infraestructura.

 “La empresa GMC sacó el millón de litros y solo nos entregó 471 mil, faltaron 529 mil”, calculó Valdez Miranda.

Con el porcentaje de asfalto que al parecer se extravió -529 m3- se pudieron bachear alrededor de 50 mil metros cuadrados de vialidad.

Comentó que el ayuntamiento debió actuar legalmente en contra de GMC al no entregar el 100% del asfalto, pero por una extraña razón el gobierno de Pelayo Torres prefirió dejar que este intermediario se quedara con el material valuado en unos 4 millones de pesos.

“Tengo aquí las facturas, que quede claro, donde compruebo que pagué el flete, yo he estado entregando a Sindicatura la información que me han pedido”, respondió el ingeniero, y aseguró que el ORFIS no le llamó nunca.

Pero además, el asfalto que le entregaron era importado de Estados Unidos y no el mismo que donó PEMEX, por lo que se cometieron varias irregularidades prohibidas por la paraestatal.  

LUCRAN CON DONATIVO PARA ENSENADENSES

 Los encargados del Departamento de Comunicación de PEMEX afirmaron que todos los trámites hechos entre el gobierno de Ensenada y la paraestatal, están al acceso del público en el portal de internet, donde además se encuentra el acta de entrega del 100% de asfalto.

Mencionaron casos como el de Guanajuato, en cuyo informe de 2013 se reportó un faltante que ya no se entregará. Fuentes extraoficiales del sector constructor aseguran haber recibido ofrecimientos por partes de Campos Aviña, quien intentó vender asfalto a compañías de Ensenada.

Tampoco se sabe cómo fue el arreglo entre las cuatro empresas contratadas para bachear, ya que antes de que llegara la mezcla, habían iniciado con el programa de reparación de vialidades. 

 INVESTIGACIÓN VA PARA LARGO

El síndico procurador Iván Barbosa Ochoa informó que la observación llegó a su oficina hace poco más de un mes, tiempo en que ha acumulado una torre de hojas que integran la investigación que determinará si hay o no un faltante de asfalto.

De antemano aclaró que se trata de meras observaciones por parte del Órgano de Fiscalización, pero que no es un hecho consumado, además de que los involucrados podrán recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para su legítima defensa.

Reconoció que es un trabajo complicado saber en qué punto del trayecto se mermó el porcentaje de asfalto, y aunque el ORFIS asegura se trata de 9 mil metros cúbicos, dentro de los contratos hay un convenio que especifica la conversión de toneladas de asfalto AC-20 a metros cúbicos de mezcla.

Las mil toneladas hacen 3 mil 739 metros cúbicos de material para recubrir baches. “Una vez puesta la mezcla en baches y tramos de carretera es difícil saber cuánto de los materiales pétreos y agregados se utilizaron para la mezcla, aparte de que a estas fechas. ese asfalto ya cumplió su uso, ya no existe”, aclaró.

Sobre las sanciones, Barbosa mencionó que “en el supuesto de que se comprobara que la empresa incurrió en la desaparición de material, se tendría que hacer la recomendación a Infraestructura para que boletine a la empresa para que no se le vuelva a contratar”.

En su Artículo 78, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas contempla la inhabilitación de empresas que incumplan convenios o contratos con no menos de tres meses y no más de cinco años, así como sanciones económicas por montos desde los  50 hasta mil salarios mínimos.

Agregó que el personal a su cargo realiza recorridos de vigilancia para garantizar que los contratistas apliquen selladores necesarios en el pavimento, uno de los químicos que da mayor resistencia a la obra.

La directora de Sindicatura, Mónica Vargas, reconoció que el caso que investigan es  difícil de comprobar. Hasta lo comparó con una receta de cocina:

“Horneas un pastel, te regalan la harina pero tienes que conseguir los huevos, azúcar y al final, cuando está listo, lo repartes en rebanadas. ¿Cómo sabremos cuánto ingrediente hay en cada rebanada?”, cuestionó intrigada la servidora pública.  

MIENTRAS,  SURGEN  “CRÁTERES” EN LA CIUDAD

 En lo que va del presente año, tres personas se han tomado el tiempo de visitar las oficinas de Sindicatura para denunciar que sus unidades sufrieron descomposturas al caer en un bache, informó la directora Mónica Vargas Núñez.

En agosto de 2013 un automovilista cayó en un bache en Avenida Esmeralda y Costa Bella, donde la llanta estalló junto con el rin, y, debido a que el Ayuntamiento ignoró la queja interpuesta en Sindicatura se promovió un juicio contencioso administrativo donde se ganó la demanda por 5 mil 600 pesos.

Con un comprobante de gastos emitido por un negocio de la localidad, el abogado cobró la cantidad para su cliente, quien está al corriente con sus impuestos, y en consideración que es responsabilidad del gobierno municipal mantener las calles en buen estado.

 La denuncia fue interpuesta durante la administración de Pelayo Torres, pero  nunca fue contestada, tampoco lo hicieron funcionarios de la actual gestión de Gilberto Hirata Chico, por lo que el afectado recurrió al Tribunal y en verano de 2015 le repusieron el daño.

Para defenderse, el litigante se basó en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley General de Víctimas, exigiendo la retribución del daño:

“La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones, públicas o privadas que velen por la protección de la víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral”.

En una reciente reunión con el grupo civil Madrugadores, al director de Servicios Públicos Municipales, José de la Luz Valdez, le hicieron la petición para que inste a las compañías constructoras a usar concreto en lugar de asfalto.  

CARACTERÍSTICAS DEL ASFALTO AC-20

El AC-20 es el producto que sale del residuo de la destilación atmosférica y de la destilación al vacío del petróleo crudo, es decir, la parte más pesada, siendo una mezcla de químicos orgánicos altamente viscosa, negra, pegajosa, completamente soluble en bisulfuro de carbono y compuesta principalmente por hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Se utiliza en la construcción y pavimentación de carreteras, autopistas, caminos y calles, además como impermeabilizante para techos.

Este donativo en específico fue trasladado desde la planta de la refinería en Cadereyta, Nuevo León, hasta Ensenada, a las instalaciones de distintas empresas constructoras y al Departamento de Servicios Públicos Municipales, encargados del bacheo en la ciudad. PEMEX aseguró que de su planta salió el cien por ciento del material y “algo” pasó en el camino.    

Empresas involucradas en la investigación de acuerdo al ORFIS

 Volumen en toneladas entregado por Vehcsa   

Constructora                                                  Cantidad solicitada      Cantidad entregada por Vehcsa    Diferencia    
Las Olas, S.A. de C.V.                                                   150 0                           150 
Disain Construcciones, S.A. de C.V.                            60                               65                                                  -5 
Boga Construcciones, S.A. de C.V.                            478                              490                                                -12 
Jorge Alberto Magaña Díaz                                         335                               340                                                 -5 
Servicios Públicos Municipales                                  650                              140                                                510

 —————–      
Volumen total                                                               1673                             1035                                        638 1 mil 

759.27      

Fuente: http://zetatijuana.com/2016/02/08/negociazo-con-asfalto-del-ayuntamiento/

Empresas involucradas en la investigación de acuerdo al ORFIS Volumen en toneladas entregado por Vehcsa   Constructora

Lo que dice la Ley   Artículo 77. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Artículo 78. (…) la inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ FOTOS: Enrique Botello Edición / Lorena Lamas/ Lunes, 8 febrero, 2016 01:30 PM) 

GUERRA CRIMINAL EN BC

Tres grupos de narcos y asesinos se enfrentan en Tijuana, con repercusión a otros municipios, por el control del territorio fronterizo. En Ensenada, en el palenque, se encontraban varios traficantes y policías. Una discusión con “El Tres Animales” hizo que “El Marlon” lo mandara matar ahí mismo. Ninguno de ellos cuenta con orden de aprehensión, a pesar de que PGJE, SSPE y otras fuerzas tienen información y declaraciones ministeriales sobre los homicidios que han cometido y el trasiego de droga que realizan. Enfrentamiento entre células ubica a Tijuana como la tercera ciudad con más homicidios. La número 35 en el mundo 

 (EDICIÓN IMPRESA) Con la llegada del hijo de Ramón Arellano a Baja California y su posible alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel Arellano Félix se niega a morir y el Cártel de Sinaloa intenta acabarlo a balazos.

La guerra sucede en Baja California para apoderarse de este territorio fronterizo y liderarlo dentro del crimen organizado.

Iniciado el enfrentamiento en Tijuana, la violencia e inseguridad producto de las ejecuciones empieza a penetrar en el resto de los municipios del Estado.

La pugna tiene a Tijuana convertida en la tercera ciudad con más homicidios en el país, y la número 35 en el mundo, de acuerdo al informe 2015 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., de México (CCSPJP).

El municipio también ocupa el tercer lugar en el Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

 Los ciudadanos comunes se encuentran en medio de esta pugna de balas y sangre que se desarrolla de día o noche, e incluye lugares públicos como escenarios y niños como víctimas colaterales.

En los primeros 34 días de 2016, solo en Tijuana suman 76 asesinatos, 71 en enero y 5 en los primeros tres días de febrero. Adicionalmente, 36 personas fueron víctimas de intentos de homicidio con arma de fuego, pero los matones fallaron.

En el mismo período, cinco personas han sido ejecutadas en Mexicali, cuatro en Rosarito y siete en Tecate -tres fueron residentes de Tijuana donde los privaron de la libertad- y  seis en Ensenada, cuatro de ellos caídos en un ataque perpetrado por sicarios de un grupo criminal que opera en Tijuana. 

 LA GENTE DE “EL MARLON” MATÓ EN ENSENADA

Apenas el 23 de enero, Raúl Miranda Ordaz “El Marlon”, cabecilla delictiva del Cártel de Sinaloa en Tijuana, intentó matar A Gabriel Ayala Fonseca “El Tres Animales”, líder del narcotráfico en Ensenada, originalmente ligado al CAF, pero con acuerdos recientes de operatividad y no agresión con los sinaloenses, así lo corroboraron a ZETA autoridades de Baja California y Estados Unidos. Gabriel Ayala Fonseja,”El Tres Animales”, “El Tigre”. Cuahutemoc Acosta Beltran “El Temo”.

Afrano Alberto Beltran Romero, “El Betillo” El ataque sucedió en el palenque Póker de Ensenada, donde la balacera dejó cuatro muertos, dos de ellos menores, y 19 heridos.

 De acuerdo al Consejo Estatal de Seguridad, Miranda Ordaz es el sicario y lugarteniente que está ordenando la mayoría de los homicidios ocurridos en Tijuana y ahora en Ensenada.

Sin embargo, no le ha sido solicitada una orden de aprehensión. “El Marlon” está encallado en la fracción del Cártel de Sinaloa encabezada por “El Aquiles”, por cierto, señalada como la célula más violenta de la región.

De la balacera en el palenque existen en poder de las autoridades, fotos de Ayala Fonseca ubicado cerca de la zona VIP, donde los encapuchados asesinaron a tres personas.

Los integrantes del Grupo Coordinación también confirmaron que desde el área donde quedaron la mayoría de las víctimas respondieron con balazos, pero no ubican a el o los autores, presumen pudo ser “El Chino Tacos” o su escolta, o los que “cuidan” a “El Tres Animales”.

“Había muchos narcotraficantes presentes esa noche, ministeriales, policías estatales de inteligencia”, admitieron. Según datos recabados por las autoridades estatales, “El Marlon” y “El Tres Animales” se encontraron, se hicieron de palabras frente a la gente -desconocen la razón- y Miranda Ordaz decidió llamar a su gente y darles la orden de matar a Ayala.

Tras el ataque, las autoridades obtuvieron versiones de los criminales de la zona:

“Todo mundo se abrió”, algunos traficantes dejaron el valle ensenadense y otros cambiaron de municipio, para esperar a que se calme la actividad de la autoridad en el área; no saben precisar la razón del enfrentamientos, pero opinan que los que mataron a los niños “se pasaron” y va a haber problemas.

Una semana después de la balacera, extraoficialmente en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) saben que se descarta la versión oficial de que el  objetivo del ataque fue el asesinado ingeniero Arnoldo Verdugo, pero la sostendrán mientras no tengan mayores avances.

Respecto a los integrantes de la célula de homicidas que participaron en el evento donde fue detenido Joaquín Arizmendi, las autoridades trabajan en la identificación de dos a quienes conocen en el mundo criminal como “El Pariente” cabecilla operacional, con “El Gordo” como encargado; también salieron a relucir apodos como “El Vaquero” y “El Serio”.

Por los homicidios, la Policía Estatal Preventiva (PEP) también detuvo a Jesús Ochoa Nevares “El Chuy”, con antecedentes penitenciarios por robo de vehículo y posesión de drogas.

Su hermana es Viviana Ochoa Nevares, actual pareja de Alfonso Ruiz Toledo “El Poncho”, quien fuera cuñado de Sergio Poblano “El Bibi” (ejecutado el 10 de octubre de 2015).

De acuerdo a información de las áreas de inteligencia, “El Poncho” supervisa el trasiego de Sonora y Sinaloa a Baja California  por aire, para enviarlo a Tijuana y Tecate.

Sin embargo, en la PGJE, el Ministerio Público no encontró elementos para vincular a “El Chuy” con el ataque y fue procesado por narcomenudeo.  

DEL ENFRENTAMIENTO POR EL PUERTO

Como se publicó en la edición 2183 de ZETA, las autoridades conocen desde junio de 2015, de la intención de sicarios del cártel sinaloense de asesinar a Ayala, de acuerdo a declaraciones de los detenidos  Lucre y Marco Antonio Cerda Pacheco. Saben que quien pidió y propuso el homicidio de “El Tres Animales” fue “El Misa”, identificado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como Arturo Misael Frías Ochoa, quien como Raúl Miranda Ordaz, está asociado a Los Aquiles.

“El Misa” es, con base en las autoridades, el sicario de la célula encabezada por Ufrano Alberto Beltrán Romero “El Betillo”,  quien a nombre de los hermanos Alfonso y René Arzate pretendía alinear a los del CAF y ampliar su territorio criminal eliminando a quienes en tiempos de la preponderancia del Cártel Arellano Félix se habían quedado con el control delictivo de amplios territorios en Ensenada.

Basados en declaraciones de delincuentes capturados, estos traficantes afiliados a la mafia de Sinaloa ya administran la delincuencia en el norte del municipio porteño, reciben su droga en San Vicente y Ensenada, pero de acuerdo al análisis del Consejo Estatal de Seguridad, quieren controlar la Zona Este, el Sur y el Valle; tampoco están dispuestos a compartir el control de Maneadero.

Ambos sujetos fueron ubicados como jefes criminales de los dos homicidas contra los cuales la PGJE obtuvo orden de aprehensión en enero de 2016 por el homicidio del secretario de Acuerdos de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ensenada, Sergio Octavio Galindo (4 de octubre de 2015).

Criminales detenidos declararon que fue asesinado porque a cambio de 400 mil dólares se había comprometido a regresar los 220 paquetes de cristal y cocaína que la Policía Federal había decomisado el 26 de agosto de 2015 en la delegación El Sauzal. Pero no pudo.

 Hugo Iván Rivera Gómez “El Padrino”, otro cabecilla criminal detenido y liberado el 4 octubre de 2014, manifestó que “Los Chinolas” se estaban presentando en sus “tiendas” de venta de droga en Maneadero y habían “amenazado a sus trabajadores”.

Los del CAF respondieron a los de Sinaloa el 6 de octubre de 2015, denunciando una de sus casas de seguridad en El Salitral, al número 066. Luego, el 19 de diciembre, una “denuncia prioritaria” recibida por la Policía Federal al 088 fue transferida a las autoridades del Estado, en la llamada mencionaron que “El Misa”, “El Betillo”, “El Temo” y “El Julio” planeaban el asesinato de un policía estatal radicado en el puerto Acto seguido, el 7 de enero de 2016 la PEP capturó a Cuauhtémoc Acosta Beltrán “El Temo”, de 51 años, en posesión de un arma.

En  mayo de 2015 lo habían detenido con dos residentes de Tijuana, acompañado de otras dos personas y en posesión de tres armas de fuego, tres pares de guantes de látex y tres capuchas. 

 EL CABECILLA DE MATONES DE “EL AQUILES”

Raúl Miranda Ordaz “El Marlon”, quien habría ordenado el ataque contra Ayala en el palenque de Ensenada, es cabecilla criminal de Los Aquiles en Tijuana, a quien le ordenaron “alinear a los rebeldes” de todo el municipio fronterizo con los de Sinaloa, por eso inició una pugna criminal, principalmente en las inmediaciones de  la delegación Sánchez Taboada, Playas, Centro y Otay, donde se han cometido el mayor número de homicidios en el último trimestre.

De las zonas que concentran los asesinatos violentos, el coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la PGJE, Miguel Guerrero, refirió son:

“Zona Norte, en Colonia Hidalgo, Cañón Johnson, Cañón Palmeras, Montes Olímpicos, Colonia Obrera, Infonavit Latinos, 3 de Octubre,  Módulos de Otay, y Colonia Sánchez Taboada”.

 El funcionario también detalló que los días más violentos han sido los lunes por la noche y martes en el transcurso del día, y que el repunte de los homicidios en enero sucede porque un importante número de los criminales que operan en la entidad son nativos de Baja California y en parte de diciembre ponen en pausa su actividad criminal para visitar a sus familiares en Sinaloa, Nayarit y Michoacán, principalmente, “nos hemos dado cuenta por los detenidos, pero regresan en enero a cobrar los pagos por la venta de droga del mes y las que dejaron pendientes en diciembre”, así que se acumulan.

Se le preguntó por los grupos más violentos: “Son las células que operan en la Zona Norte, ahí tuvimos este año ya un desmembrado”.

Hasta el momento las investigaciones periciales permitieron al Ministerio Público saber que la víctima fue cercenada en una habitación del hotel Montejo, utilizado como “casa de seguridad”  por uno de los grupos criminales, misma posada donde esta semana fue asesinado Fernando Castañeda Estrada “El Gordo”, identificado como traficante de droga al menudeo en la Zona Norte.

 “Partieron a un hombre a la mitad por las pugnas de Sinaloa encabezadas por ‘El Rulas’ (Raúl Miranda Ordaz, también identificado con el apodo de ‘El Fénix’, ‘El Marlon’), con los residuos de gente del CAF encabezados por ‘El Chakal’ (Alberto Ávila)” y, conforme a las áreas de inteligencia, también por “Los Monitos”: 

Alberto y Roberto Carlos Toscano Rodríguez , este último lesionado de bala el 25 de enero, todos emparentados con Manuel Toscano “El Mono”, operador del CAF asesinado en abril de 2015.

“’El Rulas’ está enfrentado con Los Pelones y Los Primos, se puede decir que traemos tres grupos”, concretó Guerrero, quien reiteró lo expuesto por el subprocurador de Investigaciones Especiales a principios del año: la PGJE sigue sin obtener orden de aprehensión en contra de Miranda Ordaz. Denuncias anónimas recibidas por ZETA y declaraciones en expedientes abiertos por homicidios relacionados con droga, muestran un patrón similar a lo expuesto por criminales detenidos en Ensenada.

Los familiares admiten que el muerto consumía o vendía droga, a veces las dos cosas, también informan que previo al ataque armado, habían recibido la visita  y advertencia de criminales “contrarios” que llegaban con algún tipo de exigencia, la más común,  retirarse de la zona donde vendían. Y la siguiente visita era para matarlos.


En la mayoría de los casos, los matones son reclutados con la promesa de pocos pesos, por ejemplo, 5 mil pesos en el balacera pública del palenque de Ensenada, u homicidas detenidos que han declarado que reciban 2 mil 500, 3 mil o 5 mil pesos a la semana, tiempo en el que lo mismo podían entregar droga, cobrar dinero en las casas donde se venden enervantes o asesinar.

Como presuntos responsables de homicidios, que actualmente se están moviendo con perfil bajo o dejaron Baja California de manera temporal, las autoridades  también consideran pendientes de captura a:

 Juan Lorenzo Cervantes Martínez,  de la célula del detenido  Alfonso Lira “El Atlante”; Javier Adrián Beltrán Cabrera “El R4”, operador de José Soto “El Tigre”; Abelardo Arzate “El Mostro2 con Los Aquiles; y Javier Flores Hernández “El Lentes” con Los Uriarte

Esta semana La Jornada público la denuncia de una mujer que manifestó haber sido torturada y violada en la oficinas que en Tijuana tiene el Grupo Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California después de haber sido capturada en marzo de 2014; señalan que las agresiones quedaron plasmadas en un expediente judicial.

Acusa ocho penetraciones anales agresivas no consentidas, haber sido lesionada en los pezones, quemada en el abdomen  y golpeada con puño y contra la pared en todo el cuerpo. Dada la gravedad de los señalamientos  y el tiempo que ha pasado desde las agresiones señaladas, ZETA consultó a las autoridades respecto al seguimiento que se ha dado al caso.

Se pudo conocer que la víctima, Denis Chávez, fue detenida el 22 de marzo de 2014  y presentada ante un juez como parte de una banda delictiva dedicada al secuestro; se trata del grupo encabezado por el ex policía Édgar Vázquez Flores “El Speed”, ligado a las actividades delictivas del narcotraficante Eduardo García Simental “El Teo”. El juez del caso decretó la formal prisión de Vázquez, la señora Chávez y otros siete cómplices por su presumible participación en secuestros; durante 2013 del empresario norteamericano que privaron de la libertad en Ensenada y mataron en Tecate; una empresaria de Ensenada rescatada en Tecate; y otro empresario raptado en Ensenada en febrero de 2014 y que escapó en el poblado Loma Tova.

 De inició la Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó que efectivamente, bajo el número de queja 162/14-IVG, abierta  el 27 de marzo de 2014, iniciaron la investigación de una denuncia por derechos humanos vulnerados: “Derecho a la vida e integridad personal, derecho a la legalidad y seguridad jurídica, derecho a la libertad, derecho a la privacidad”.

Argumentaron que la queja sigue en proceso de integración, pero que el contenido de la denuncia hecho público, no es el que está en su poder, ya que ellos no han liberado la información. En la PGJE, el subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González Martínez, informó conocer el caso y la denuncia en contra de los agentes, la cual rechaza.

“(Chávez) Sí fue detenida por la Unidad Antisecuestro, es mujer de ‘El Speed´, se consignó ella en su declaración ministerial, con nosotros nunca dijo haber sido agredida sexualmente; en su declaración preparatoria ante el juez, donde es normal que los detenidos argumenten agresiones o detenciones ilegales, ella no dijo nada de una agresión sexual o física.

“Visitaduría la ha declarado en tres ocasiones porque una mujer que es su familiar denunció tortura -sobrina Guadalupe Rivera-, y Visitaduría abrió una averiguación previa en contra de servidores públicos de la institución por tortura; en ninguna de las tres ocasiones que la han entrevistado, ha argumentado alguna agresión sexual, Jurídicamente no hay ningún señalamiento, ningún antecedente”, expuso.

“Tras los señalamientos, nos dimos a la tarea de checar en Visitaduría, donde nos informaron que le pusieron a disposición un álbum con los agentes de la institución y ella reconoce a uno, pero es de Robo de Vehículos, no identifica siquiera a los agentes que la detuvieron o la recibieron en la Unidad antisecuestros. Para nosotros el señalamiento no tiene sustento, es una falacia, puede ser un recurso de la defensa, no sé.

 Pero puedo decir que cada que hay detenidos por secuestros, hago acto de presencias en las instalaciones de Antisecuestro, las mujeres son custodiadas por mujeres. Y me atrevo a asegurar que eso no pasó”, finalizó González Martínez.

Consultadas las autoridades respecto al contenido del examen médico realizado a  Denis Chávez cuando ingresó al CERESO de La Mesa en Tijuana, informaron que efectivamente tenía una quemada en el abdomen, que refirió dolor en los pezones, insomnio e inseguridad “después de lo que me pasó”, pero no habló de violación y no se le hicieron exudados porque no había elementos para ese tipo de revisiones que, informaron, pueden ser realizadas por orden de un Ministerio Público.      

Impunidad en denuncia por robo y tortura de agentes de la PEP   Desde 2013, Antonio Ramírez Medina denunció a los agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) Marco Antonio Alfaro Piñón, Manuel Avenas Rojo, Irving López George y José Antonio Martínez Díaz, ante el área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y en la Procuraduría estatal en Tecate; los acusó de abuso de autoridad, robo y tortura.

Más de dos años han pasado del incidente, ZETA consultó ante ambas instancias respecto a los avances de los respectivos expedientes. En la SSPE, desde en el área de comunicación informaron:

“De la investigación administrativa que tiene Asuntos Internos, la denuncia del ciudadano Antonio Ramírez Medina se ha analizado, se ha entrevistado a los agentes con el denunciante; el asunto sigue en investigación, todavía no se cierra, fue remitido a la Comisión de Desarrollo Policial, están todavía en el proceso de determinar si hubo responsabilidad de los agentes y si procede la remoción del cargo”.

De la PGJE en Tecate, el subprocurador Gerardo  Sosa dio a conocer que la última actuación en ese caso se había dado el 23 de enero de 2015, en el mismo se habían requerido al área de Periciales, pruebas fotográficas del lugar (rancho del ofendido); doce meses después, las imágenes no se recibían.

Se le preguntó si era normal que el avance fuera tan lento en este tipo de casos, a lo cual Sosa respondió que no era lo correcto y que desde su reciente llegada trabajan en corregir ese tipo de situaciones.


De acuerdo al denunciante, quien manifestó dedicarse a la venta de alfalfa, compraventa de autos y renta de implementos para fiestas,  la noche del 25 de marzo de 2013 estaba en su casa en la colonia Paso del Águila, cuando agentes de la PERP irrumpieron ilegalmente con el pretexto de que buscaban a una persona que había detonado un arma, para después someterlo y, presionándole el pecho con una rodilla, entre gritos y groserías preguntarle por “las armas y el dinero”. Dijo que lo asfixiaban con bolsas de plástico y trapos con agua.

Detalló como amenazaron a su familia hasta que terminó diciéndole dónde tenía sus ahorros, pero los agentes no se conformaron y vaciaron el monedero de su esposa, las alcancías de los niños y se llevaron todo lo que encontraron de valor. El monto de lo presuntamente robado se estimó en 20 mil 500 dólares y 600 pesos.

Ramírez asegura que después se lo llevaron a un cerro donde los oficiales siguieron torturándolo, pidiendo les pusiera a alguien que tuviera entre seis y siete kilos de cocaína en su poder.

Finalmente lo llevaron a las oficinas de la PEP, donde lo obligaron a tomarse una foto con una droga de la que el denunciante desconoce el origen y lo consignaron, pero salió bajo fianza.

En el parte de la PEP, los agentes aseguran que lo detuvieron porque hacía sus necesidades fisiológicas en vía pública y, al revisarlo, entre sus ropas encontraron 201 gramos de droga, “polvo blanco al parecer cocaína”.     

 La muerte  sin freno   Otras 12 personas fueron asesinadas en diversas colonias de Tijuana entre el jueves 28 de enero y el 4 de febrero.

Justo ayer jueves, el cadáver de un hombre envuelto en una alfombra fue tirado en un lote baldío de la colonia Jardín Dorado, Delegación Cerro Colorado.

El miércoles 3, el Servicio Médico Forense levantó dos cuerpos; junto al sujeto asesinado en Infonavit Lomas Verdes, de la subdelegación Los Pinos, encontraron una cartulina con el siguiente mensaje:

“Sigue la limpia en la Baja por parte DEL MENCHO ATT: CTNG CJNG”.

Héctor Ibarra fue acribillado el 2 de febrero, en una tienda donde jugaba maquinitas, uno de los presuntos homicidas se le acercó, le dijo algo al odio, después hizo señas y llegaron dos tiradores que dispararon y huyeron, mientras el primero que se le había aproximado se retiró a paso tranquillo, llevando a un niño de la mano.

 A Fernando Castañeda le dispararon el 1 de febrero en el interior del hotel Montejo en la Zona Norte. A una mujer desconocida de entre 35 y 40 años la asfixiaron en  un cuarto del motel La Querencia, el homicida le dejó dos billetes de 500 pesos envueltos en papel.


El domingo 31 de enero, José López (detenido) apuñaló a su madre Amada Ortiz y después quemó el cadáver dentro de su casa, en la colonia División del Norte El sábado 30 mataron a balazos a Raúl López de 55 años, la Policía busca como presunto responsable al marido de una mujer con la que sostenía una relación extramarital.

Y también fue abatido Manuel Lara Hernández, deportado hace tres años de Estados Unidos tras cumplir sentencia por violencia intrafamiliar.

El viernes 29 de enero fue encontrado el cadáver de un hombre no identificado en el interior de un auto estacionado en el fraccionamiento Santa Ana, Delegación La Mesa. Y el jueves 28 de enero, los hombres asesinados fueron Emanuel Arturo de la Torre Jiménez, quien según sus allegados, vendía droga en su taller para la célula delictiva de Los Pelones y había sido amenazado por gente de Los Primos.

También abatieron a Julián Benjamín García Saucedo en la colonia Ignacio Zaragoza, en ese atentado homicida sobrevivió Rubén Saucedo, quien acompañaba a la víctima.

En la semana también fue detenido en la colonia 18 de Marzo, por elementos de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), César Alonso Bueno Martínez “El Morral” o “El Rasek”, identificado como parte del gripo criminal dedicado al homicidio y venta de droga al menudeo, encabezado por Arturo Giovanni Gómez Herrera “El Gross”, De acuerdo al comunicado emitido por las autoridades que lo presentaron.

Bueno tiene “dos órdenes de aprehensión: una por homicidio calificado, en el Juzgado Segundo Penal de esta ciudad, y otra por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en el Juzgado Tercero Penal”.      

El sábado 30 de enero, el Ejército localizó y notificó al Ministerio Público federal que en el número 33 de Calle Josefina M. Contreras, Colonia Aeropuerto, habían asegurado tres paquetes de cristal abandonados en el patio y uno de marihuana en la entrada al domicilio.

 Tras el cateo realizado el lunes 1 de febrero, en una de las recámaras del inmueble localizaron el acceso a un túnel construido con rumbo a Estados Unidos a una distancia de 200 metros,  de 12 metros de profundidad y 5 de longitud; la construcción estaba afectada por un derrumbe.



(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Investigaciones Zeta / Lunes, 8 febrero, 2016 01:00 PM)