BIENES MUNICIPALES EN PROCESO DE EMBARGO

Vía juicio, la empresa del ex diputado federal Jaime Bonilla reclama al Municipio el pago de 630 mil dólares por daños causados en 2006 por empleados municipales, así como una indemnización de más de 2.3 millones de dólares por concepto de intereses legales.

Para amparar las sumas reclamadas, desde mediados de 2015 mantiene en proceso de embargo seis bienes inmuebles, propiedad del Ayuntamiento de Tijuana.  

Empleados municipales contratados para vigilar, causaron daños a equipo e instalaciones de la empresa de radio y televisión Media Sports de México, S.A. de C.V., propiedad del ex diputado Jaime Bonilla Valdez, quién ahora reclama al Municipio de Tijuana una indemnización de más de 2 millones 377 mil dólares.

Los hechos ocurrieron durante la administración Jorge Hank Rhon, quién ignoró el reclamo. Entonces los daños y perjuicios se tasaron por 630 mil dólares y la empresa se encontraba bajo el poder de Marco Antonio Blásquez Salinas, actual senador por el Partido del Trabajo.

Durante tres administraciones municipales, las autoridades desatendieron la demanda civil, cuya resolución ha favorecido a la parte quejosa, en detrimento del erario de los tijuanenses.

La determinación judicial consideró procedente el embargo de seis predios propiedad del Ayuntamiento de Tijuana, al no poder el XXI Ayuntamiento cubrir en 2015 las prestaciones reclamadas por Media Sports de México.

Entre las propiedades municipales a embargar, la determinación judicial incluyó el Museo Interactivo El Trompo, pero este bien deberá ser suplido, porque es propiedad del Gobierno del Estado.

Entonces, el XXI Ayuntamiento reaccionó interponiendo recursos de amparo y apelación buscando no pagar, lo que alarga el proceso, eleva los gastos y monto de indemnización, en caso de perder el juicio; algo de que se dice consciente el gobierno de Jorge Astiazarán.

Tras el embargo, el gobierno municipal interpuso dos apelaciones y un amparo en contra de las dos sentencias que lo obligan al pago millonario reclamado, “porque recursos, simplemente no hay, el presupuesto de 2016 ya está asignado”, fue la única respuesta que dieron a ZETA desde el área jurídica de la administración de Astiazarán, a través del Departamento de Comunicación, cuando se solicitó una entrevista para que la administración municipal expusiera su postura ante el conflicto generado por este expediente.

Actualmente, pese a estar embargados, los  inmuebles municipales no pueden ser sujetos de remate ni ocupación, porque el ayuntamiento promovió una defensa judicial que no ha sido dictaminada por los juzgadores que la recibieron.  

LOS HECHOS

En 2006, Media Sports de México, empresa que entre sus múltiples objetos sociales se encuentra la operación de frecuencias de radio y telecomunicaciones, contrató al Municipio de Tijuana el servicio de vigilancia policiaca para el cuidado de sus instalaciones.

 Al inicio del juicio, la compañía estaba representada por el ahora senador petista Marco Antonio Blásquez Salinas y Héctor de Isla Puga Durán.

Al lanzarse de candidato en la campaña electoral de 2012, dejó de ser apoderado de la empresa, razón por la cual no quiso emitir opinión alguna al ser cuestionado por este asunto.

El actual apoderado legal de la empresa, Héctor de Isla Puga Durán, explicó que mediante contrato, el XVIII Ayuntamiento, presidido por Jorge Hank Rhon, le asignó dos elementos para el cuidado de una de las cuatro plantas trasmisoras, la cual se ubica en la colonia Madero.

 A finales de 2006, uno de los vigilantes laboraba en estado de ebriedad “y se puso a girar sobre un vehículo, tumbó una de las torres, dañó el sistema, equipo y afectó dos de las emisoras, dejándolas fuera del aire”, reveló De Isla Puga al resumir los daños por los que ahora se reclama una indemnización millonaria.

De inicio, comentó, se buscó que el Municipio respondiera por los daños mediante un acuerdo administrativo con el gobierno de Hank, “pero dijeron que no tenían por qué pagar, que no eran responsables, que si queríamos demandar lo hiciéramos, y le seguimos”.

Por ello, en 2007 la empresa interpuso una demanda “por responsabilidad civil objetiva en contra del Ayuntamiento de Tijuana, porque -quienes causaron los daños- son empleados del ayuntamiento”, continuó el apoderado.

 El proceso ha pasado por varias etapas, cuyas resoluciones ha ganado la quejosa, hasta llegar a la fase actual, en la que el Juzgado Quinto de lo Civil resolvió a favor de la empresa de Jaime Bonilla y declaró formalmente embargados seis bienes inmuebles municipales, para amparar el pago de lo reclamado.

 A decir del abogado de la compañía, desde 2006 hasta la fecha, “se buscó llegar una negociación, a un punto de acuerdo y no fue posible, se tuvo que seguir con el juicio”. 

 INDEMNIZACIÓN MILLONARIA

En noviembre de 2010, el Juez del Juzgado Quinto de lo Civil de Tijuana emitió la sentencia definitiva de embargo sobre bienes inmuebles propiedad del Municipio de Tijuana, de acuerdo al expediente 668/2009, relativo al juicio ordinario civil promovido por Media Sports de México, S.A. de C.V.

En ella se condena al Municipio al pago de una suma principal, con un importe total de 630 mil dólares, o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente al momento del pago.

 A fin de garantizar las prestaciones reclamadas en el juicio, el 22 de junio de 2015, se procedió a una primera confiscación bienes. No solo eso:

el 27 de agosto de 2015, la misma instancia judicial resolvió a favor de la demandante el pago de un adeudo de un millón 747 mil 494 dólares por concepto de intereses legales; asimismo, condenó al Municipio de Tijuana al pago de 3 millones 242 mil 196.66 pesos, más el pago de un millón 621 mil 243.84 pesos por concepto de gastos y costos del juicio.

En la resolución del caso asistió como representante jurídico del XXI Ayuntamiento de Tijuana, Jessica Adriana Urenda Guzmán, quien expuso “no puede hacer el pago en este acto y tampoco señala bienes para embargo”, se asentó en el oficio 3357 de la sentencia judicial.

Héctor de Isla Puga Durán compareció en su carácter de apoderado de la empresa, y a cambio del pago reclamado, requirió y le fue concedido el embargo de seis bienes inmuebles municipales.  

BIENES INCAUTADOS

 Los bienes públicos declarados formalmente embargados para amparar el pago de poco más de 2.3 millones de dólares, son:

* Terreno ubicado en la Tercera Etapa del Río Tijuana, de una superficie de 9 mil 711.401 metros cuadrados, inscrito bajo la partida 5327601, con un valor de 922.90 pesos por metro cuadrado.

* Lote ubicado en Parque Industrial Valle del Sur II, de una superficie de 10 mil 446.31 metros cuadrados, bajo la partida 5151188. El valor por metro cuadrado  es de 635.80 pesos.

* Predio en Parque Industrial Valle del Sur II, de una superficie de 21 mil 565.61 metros cuadrados, inscrito en la partida 5151188.

* Museo interactivo resultado de la Fracción C en la Tercera Etapa Río Tijuana, de 40 mil metros cuadrados, asentado en la partida 5472741, con un valor de 922.90 pesos por metro cuadrado. Este predio será sustituido por otro bien aún no determinado, al no proceder la incautación por ser un inmueble propiedad del Estado.

* Lote de 57 mil 797.649 metros cuadrados, según partida 5686776, de un valor estimado en 729 pesos por metro cuadrado.

* Lote fracción 1-1 asentado en la colonia El Florido, Delegación La Presa, de 100 mil metros cuadrados, de acuerdo a la partida 5270007.

Una vez declarados formalmente embargados los inmuebles públicos, la parte acreedora se reservó el derecho de ampliar el número de bienes requeridos al ayuntamiento “o sustitución de los  mismos, durante cualquier fase del procedimiento de ejecución, ante el desconocimiento de los valores que tengan los bienes embargados a la fecha y que sean suficientes y bastantes para cubrir el total  de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada”, se indica en el expediente 668/2009.

   DISPUESTOS A NEGOCIAR

 Con una sentencia de embargo a favor, la representación legal de Media Sports de México S.A. de C.V. se dice dispuesta  negociar con el Municipio para no llevar a embargo los bienes inmuebles confiscados. Para ello, expuso Héctor de Isla Puga Durán, el XXI Ayuntamiento deberá hacer algún convenio con ellos “este mismo año, antes de concluir su administración”, pero no se manifestó dispuesto a reducir el importe de la cantidad reclamada.

Antes  con Jorge Hank,  Jorge Ramos, Carlos Bustamante, y Jorge Astiazarán, “buscamos a todas las administraciones, incluso con una posibilidad de habernos arreglado con una menor cantidad, pero dijeron que no tenían por qué pagar, que no eran responsables”, indicó el apoderado, para luego asentar:

 “Ahora mi comisión es seguir adelante con el procedimiento”.

Que la empresa se trate de un personaje político como Jaime Bonilla, actual dirigente estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional -MORENA-, o que el proceso legal lo haya iniciado el actual senador Marco Antonio Blásquez -siendo entonces apoderado de la firma-, no lo hace un caso político, sostuvo De Isla Puga Durán.

(SEMANARIO ZETA/Isabel Mercado / Lunes, 8 febrero, 2016 01:00 PM)