viernes, 25 de septiembre de 2015

EPN SE VA DE GIRA INTERNACIONAL EN PLENO ANIVERSARIO DEL CASO AYOTZINAPA


MÉXICO, D.F., (apro).- Una participación ante el pleno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas participaciones en foros multinacionales, alejarán este fin de semana al presidente Enrique Peña Nieto de la jornada de protestas previstas al cumplirse un año de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

El mandatario estará de gira del 26 al 28 de septiembre. Su agenda comenzará con una participación en la Cumbre de Equidad de Género y Empoderamiento de las Mujeres. Continuará con una reunión de jefes de Estado sobre cambio climático en la Cumbre para la Adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

De acuerdo con el vocero presidencial, Eduardo Sánchez Hernández, el presidente Peña Nieto será uno de los oradores ante el pleno de la 70 asamblea general de la ONU y participará en otros encuentros privados, uno de ellos, con el secretario general del organismo Ban Ki Moon.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial informó que durante su participación, Peña Nieto y los delegados mexicanos impulsarán temas como el reconocimiento de la aportación de los migrantes al desarrollo, la inclusión social y económica como base para combatir la desigualdad, el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano, la adopción de la equidad de género desde la perspectiva de derechos humanos y el impulso al Estado de Derecho como habilitador del desarrollo.

Según el vocero presidencial se plantean abogar por la reforma al Consejo de Seguridad de la ONU y pretenden colocar sobre la mesa “el problema mundial de las drogas”.

La agenda se desahogará en menos de 48 horas de acuerdo con la información difundida por la Presidencia, con la ausencia del presidente entre el sábado y el lunes siguientes.

Será justo el 26 de septiembre cuando las protestas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, a un año de perpetrarse el crimen, partan de la residencial oficial de Los Pinos y tomen el Centro Histórico capitalino, así como las calles de diferentes ciudades del país.


(PROCESO/ ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA/ 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

AYOTZINAPA: CONFIANZA IRRECUPERABLE


Raymundo Riva Palacio/Estrictamente Personal
Por segunda ocasión el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace un año. Importante para la catarsis de los padres y también para la imagen presidencial, pero poco se podrá esperar de esta nueva reunión. La desconfianza e incredulidad con el Gobierno es irreparable. Lo era en el momento del primer encuentro, a finales de octubre del año pasado; lo es ahora. En aquel entonces se reunió con los padres ante la avalancha de críticas por la inacción federal durante casi un mes. Hoy, por la exigencia de los padres, y en medio del descrédito de una investigación oficial con más dudas que certidumbres.

En un año, un crimen local se convirtió en un crimen de Estado y escándalo mundial. El argumento del exprocurador Jesús Murillo Karam de que lo sucedido la noche del 26 de septiembre era una “depuración entre cárteles”, y el diagnóstico de su exjefe de Oficina, Aurelio Nuño, que sólo era competencia del municipio de Iguala, y en última instancia del Gobierno de Guerrero, llevó al Presidente a la toma de decisión más costosa en lo que va del sexenio. El análisis de Nuño en diciembre de que el movimiento de los padres perdería toda su fuerza en 2015 y se desvanecería como conflicto, volvió a estar equivocado.

Este jueves, el Presidente revivió los análisis superficiales de sus consejeros. No se desvaneció el crimen, pero creció la acusación de su incompetencia. El año pasado Nuño propuso llevar a los padres de los normalistas a Los Pinos, que llegaron con sus abogados y dos jefes del EPR. Prácticamente secuestraron seis horas al Presidente y lo obligaron a firmar un acuerdo-compromiso de 10 puntos que incluyó la cancelación de la posibilidad de que la PGR utilizara la hipótesis del tráfico de heroína en la zona de Iguala como posible móvil del crimen –como se publicó en este espacio el 19 de noviembre pasado– y selló la averiguación previa para evitar informaciones que abonaran a esa posibilidad.

La PGR no pudo desarrollar su principal línea de investigación, que frustró al Gobierno. En diferentes reuniones de Murillo Karam y el excomisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, donde discutieron con los padres de los normalistas y sus abogados se habló sobre las acciones de algunos de los estudiantes, aunque nunca se reflejó en la averiguación. Todavía en diciembre, Rubido perdió la paciencia y les dijo: “Sus hijos no eran unas blancas palomas”. La omisión de la PGR, que en sí es un delito federal, provocó que cuando el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sugirió al narcotráfico como posible móvil del crimen, nadie de quienes en su momento criticaron al Gobierno de querer criminalizar a los normalistas, refutó. El Gobierno volvió a pagar políticamente su laxitud legal.

La omisión de esta hipótesis es la fotografía de la investigación federal, donde el camino jurídico se contaminó por los acuerdos suscritos por el Presidente. No pudo aplicarse la ley en sus términos, porque la política la condicionó y la alteró. La corrección política y el paternalismo –el no lastimar más a los padres– desnudó la debilidad institucional en la aplicación del estado de derecho, que permeó en la opinión pública internacional. El costo se lo llevó el Presidente y el daño se profundizó en los padres de los normalistas desaparecidos, a quienes querían proteger. Ambas partes han sido quienes más han pagado por todo lo que se movió alrededor de ellos. Los menos culpables, los padres, quienes exigen que sus hijos aparezcan vivos. Sin culpabilidad, pero con responsabilidad política, ética e histórica, el Presidente.

El crimen de los normalistas de Ayotzinapa nunca fue un incidente circunscrito exclusivamente al ámbito judicial. Al ser los normalistas los sujetos del ataque, en automático se convirtió en un problema político. Murillo Karam los identificó mecánicamente como delincuentes y Nuño no vio la dimensión por el hecho que los desaparecidos fueran estudiantes y no narcotraficantes. Ayotzinapa no era sinónimo de Los Zetas y el cártel del Golfo, que realizan crímenes similares, sino la casa de un colectivo con historia de represión y hostigamiento gubernamental. El descuido analítico no fue menor y Peña Nieto fue víctima de la novatez en los asuntos de Estado.

¿Qué puede hacer ahora? Una es administrar el daño en él y su Gobierno, que por continuar profundizándose, no es una opción. Otra, que es el consejo eterno que le dan en Los Pinos, que ocupe los espacios en televisión y prensa en un esfuerzo propagandístico sistemático y permanente para que la masa piense en otros temas. Lo mismo dijeron el año pasado y la aprobación presidencial se fue a pique. Tampoco es opción. Los nuevos peritajes resolverán científicamente las controversias actuales, pero no el caso. Una nueva unidad de investigación que remplace a la Agencia de Investigación Criminal y a la SEIDO, revigorizará a la PGR, pero efímeramente: la incredulidad y la agenda de los actores interesados terminarán por imponerse.

El Presidente debe tener claro que no va a ganar esta batalla que se libra mayormente en el campo de las ideas, pero puede dejar el precedente que sí actuó, tarde, pero en consecuencia. Hubo en su Gobierno y en el de Guerrero responsables políticos, que como tales deben de caer. Proceder judicialmente en su contra sería una buena señal.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx /twitter: @rivapa


AYOTZINAPA: LA CAUSA DEL VATICANO


Raymundo Riva Palacio/Estrictamente Personal
Cuidadoso, el papa Francisco explicó a la prensa que lo acompaña en su gira por Cuba y Estados Unidos por qué se saltó México: “Fue un poco casual, porque pensaba entrar en los Estados Unidos por México, (por) Ciudad Juárez”, dijo Francisco. “Pero ir a México sin ir a la Guadalupana hubiera sido una bofetada”. Fueron palabras cuidadosas y diplomáticas que, a la vez, fueron medias verdades. El Papa escondió elegantemente la confrontación que tiene desde el año pasado con el Gobierno mexicano. La realidad es que cuando se concluyó el programa de la gira, México estaba excluido. El crimen de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala fue la causa.

La visita a México había sido negociada por la entonces subsecretaria de Gobernación para Asuntos Religiosos, Paloma Guillén, y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Francisco llegaría a la Ciudad de México y oficiaría una misa en Ciudad Juárez, donde se referiría a la inmigración. De ahí, por tierra, cruzaría el puente internacional para entrar a Estados Unidos por El Paso. En ese entonces aún no sucedía el crimen contra los normalistas. Pero después del 26 de septiembre, el Papa pidió ir a la Normal de Ayotzinapa, para oficiar una misa para los familiares de las víctimas. Imposible. Sin misa por los normalistas, esbozaron, no habría visita. “Esos viejitos no entienden nada”, reaccionó un colaborador del presidente Enrique Peña Nieto en ese momento. Quien no entendía, en realidad, era el equipo en Los Pinos.

En la plática que tuvo el Papa este martes con los periodistas que viajan con él, Francisco dijo que cuando el 17 de diciembre pasado se anunció la conclusión del proceso reservado de negociaciones entre cubanos y estadunidenses, donde el Vaticano jugó un papel central como facilitador, reflexionó: “Voy a entrar a Estados Unidos por Cuba, y la elegí por este motivo”. Para entonces, ya había una ruptura con el Gobierno mexicano. La jerarquía había tomado partido en el tema de Ayotzinapa.

El 22 de diciembre, Christophe Pierre, el nuncio apostólico, que es equivalente al cargo de embajador, ofició la misa de Navidad en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde afirmó: “La iglesia camina con ustedes. Lo peor cuando uno sufre es sentirse solo. Yo sé que ustedes no están abandonados. ¡Estamos con ustedes! ¡También el Papa está con ustedes!”. No fue casual la toma de posición en el Vaticano. En sucesivos viajes a Roma, los prelados mexicanos hablaron en la sede pontificia sobre lo que estaba sucediendo en Iguala y en varias partes del país, donde los sacerdotes estaban siendo extorsionados por el crimen organizado sin que tuvieran respuesta y apoyo del Gobierno federal. Peor aún, el Presidente nunca se había dado tiempo para hablar en privado con la jerarquía eclesiástica; en Los Pinos nunca les dieron cita.

La posición del Vaticano no debía haber sido una sorpresa. El 4 de noviembre, la Arquidiócesis de México dio a conocer la carta que habían enviado a “los familiares de los que perdieron la vida y los desaparecidos de Ayotzinapa”, que decía de arranque: “No dejen que les arrebaten la esperanza que todos los seres humanos necesitamos para superar nuestros sufrimientos. La esperanza empuja a seguir luchando, a seguir viviendo con dignidad, a seguir trabajando por un mundo mejor”. Era preámbulo de lo que venía.

La primera secuela en Roma de lo que estaba pensando el Vaticano sobre el Gobierno del presidente Peña Nieto y crimen en Iguala, fueron dos artículos críticos del Gobierno mexicano por la desaparición de los 43 normalistas, publicados en L’ Osservatore Romano, el órgano oficial de la Iglesia católica.

Pese a los desencuentros, el papa Francisco siguió enviando señales al Gobierno mexicano. El 4 de enero de 2015, nombró cardenal al arzobispo de Morelia –la diócesis nunca había tenido un cardenal–, Alberto Suárez Inda, quien a principio de febrero habló en una conferencia de prensa en Roma de la “manipulación” de los padres de los normalistas y de los intentos de “insurrección”. Su lenguaje era insólitamente duro para un prelado, pero diáfano para lo que quería transmitir el Vaticano. “Percibo que hay una cierta manipulación y una cierta tendencia política, de intereses que se aprovechan del dolor de los padres de familia para provocar insurrecciones”, afirmó Suárez Inda.

El Vaticano estaba con los padres de los normalistas, pero no con los intereses políticos detrás de esa causa.

En este espacio se mencionó en febrero cómo varias organizaciones carólicas habían jugado un papel central en la lucha contra las desapariciones forzadas, y que algunos de sus cabezas, viejos luchadores por la defensa de las garantías individuales, estaban muy activos en el caso de Ayotzinapa.

Uno de los mencionados fue Emilio álvarez icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, promotor del Grupo de Expertos Independientes que recientemente dio a conocer un informe sobre el crimen en Iguala, que desmanteló la versión oficial de la PGR sobre lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa.

El Gobierno nunca leyó los mensajes del Vaticano, ni tomó en cuenta a sus representantes en México. Pudieron ser aliados importantes en Iguala y freno para los católicos con agenda política en Ayotzinapa, pero menospreciaron a sus representantes e ignoraron sus esfuerzos. ¿Alguien se sorprende? No debería. Éste es un capítulo más en la historia del sexenio peñista.


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IGUALA: LA OTRA CARA


Raymundo Riva Palacio/Estrictamente Personal
La cara oculta del crimen contra 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala hace un año es tan pública, que nadie la quiere abordar en toda su dimensión. Se trata de la responsabilidad de la dirigencia de Nueva Izquierda, que controla hace más de una década al PRD.

La corriente de Los Chuchos quiere fugarse hacia delante por su responsabilidad de haber recibido dinero del narcotráfico en Iguala, a través del entonces alcalde José Luis Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, que no sólo colaboraban con el crimen organizado sino que forman parte orgánica de él.

Era público.

La Fiscalía General de Guerrero, en el gobierno de Ángel Heladio Aguirre, aliado de ellos, lo sabía y lo había denunciado, y los líderes perredistas prefirieron guardar silencio y recibir recursos con fines, cuando menos, políticos.

El fin de semana, el Congreso Nacional del PRD aprobó un punto de acuerdo para llamar a todos aquellos que apoyaron políticamente a Abarca.

Interesante acción. Públicamente reconocen que hubo fallas, pero sólo pagarán un costo moral y de legitimidad, cuyas facturas ya vienen saldando desde hace meses, a sabiendas que legalmente, como ya deslizaron en estos días algunos prominentes perredistas, no tendrán consecuencia alguna.

De esta forma, podría interpretarse la decisión del Congreso, como un blindaje político para Los Chuchos, que quieren mantener, a través de Agustín Basave, la presidencia del partido, que significa presupuesto, prebendas y poder.

Entre la sangre y la polarización política, Iguala emergió como la prueba más sólida de que en México hay gobiernos y funcionarios que José Luis Abarca, quien era alcalde de ese municipio el 26 de septiembre y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, convivían con los criminales de Guerreros Unidos.

Los hermanos de la señora Pineda Villa, que habían sido sicarios del jefe de todos los jefes del narcotráfico, Arturo Beltrán Leyva, fundaron esa organización.

Sus dos hermanos fueron ejecutados por su jefe por secuestrar niños, pero su familia mantuvo el control de la organización criminal. En 2009, 19 de sus familiares, incluidos sus padres, fueron capturados en una redada en Cuernavaca por la Policía Federal.

Abarca y Pineda Villa tenían una relación con el poder todavía inexplicable. El entonces secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván, les regaló un terreno de 70 mil metros cuadrados sobre el que construyeron Plaza Galería Tamarindos, el orgullo aspiracional de los igualtecos, con un costo de 300 millones de pesos, que hoy es parte de la investigación de la PGR en su contra por enriquecimiento inexplicable.

A la ceremonia de la primera piedra de la obra, en enero de ese año, asistieron el entonces presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera, el senador Lázaro Mazón Alonso y el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Guerrero, Jorge Peña Soberanis.

Mazón los introdujo a la política y los presentó más adelante con el Gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, quien respaldó los intentos de Abarca para ser alcalde.

Las candidaturas en Guerrero se definían en petit comité, un grupo en donde sólo había representación del Gobernador y de la corriente que lo respaldaba, Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos.

Esta facción, que todavía controla la burocracia del partido, era representada por Sebastián de la Rosa, que era diputado federal.

De la Rosa y Mazón fueron los operadores en el estado, de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña presidencial de 2012, pero a diferencia del segundo, el entonces diputado nunca se desvinculó del PRD.

De la Rosa es el gozne de la política con la narcopolítica en el estado. Su relación con el matrimonio Abarca se fue consolidando a lo largo de los años sin importar que los nexos sanguíneos de la señora Pineda Villa, ni el proceso en contra del exalcalde por el asesinato de ocho líderes comunitarios, encabezados por Arturo Hernández, que eran miembros del PRD. A Los Chuchos no les importó que la pareja fuera política y legalmente tóxica.

Menos de 72 horas después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre, De la Rosa viajó a Iguala para retratarse junto a Abarca y afirmar que Los Chuchos lo apoyaban totalmente. Abarca viajó en esa misma semana a la Ciudad de México para platicar con el entonces presidente del PRD, Jesús Zambrano.

Los Chuchos quedaron atrapados por el crimen y la dirigencia se colapsó. Las secuelas de las contradicciones en las que quedaron involucrados, provocaron una parte de la derrota electoral y otra parte el que el sucesor de Zambrano, Carlos Navarrete, no pudiera seguir al frente del partido. Los Chuchos también se dividieron en Guerrero, aunque después de hacer a De la Rosa diputado local. Hace dos semanas, De la Rosa, que estuvo escondido por un tiempo, temeroso de que la PGR lo detuviera para investigarlo, como consecuencia de ser indiciado en la investigación del crimen de los normalistas, emergió con toda fuerza como coordinador de la bancada perredista en Chilpancingo, respaldado en su momento por Navarrete.

Su designación levantó polémica en Guerrero, donde lo consideran protector político de Abarca. El jefe político de Los Chuchos, Jesús Ortega, en un claro rompimiento con él, declaró a la prensa que dados sus antecedentes, no podía ser coordinador parlamentario. La oposición de sus antiguos patrones y la caída de Navarrete no fueron suficientes para impedir su llegada a ese cargo, el de mayor importancia del PRD en el estado ahora que empiece el gobierno del PRI. La razón, de acuerdo con lo que saben en el Gobierno federal es que Abarca tiene las pruebas de haberle dado 2 millones de pesos a Zambrano para que lo hiciera candidato a alcalde.

El tema de los 2 millones ha sido señalado en la prensa previamente y Zambrano lo ha desmentido. Dentro del PRD, los opositores a Los Chuchos, sostienen que es verdad, así como también la colusión de ese sector con todo lo que representaba Aguirre, De la Rosa y Abarca, a partir de contratos de obra pública multimillonarios para constructoras de familiares de algunos de los dirigentes de esa corriente.

La información la tiene el Gobierno federal, pero no ha hecho nada. Se ha disuelto de la misma manera como se evaporó la oposición de Ortega a De la Rosa, quien hoy despacha como coordinador parlamentario.

Son las cosas inverosímiles de la política mexicana. El protector público de Abarca, uno de los líderes políticos en Guerrero, por la vía legal y legitimado. El presidente Enrique Peña Nieto habrá de recibir este jueves a los muy agraviados familiares de los normalistas y tener el estómago para escuchar la acusación que el crimen lo cometió el Estado.

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LA DISTORSIÓN HISTÓRICA


Raymundo Riva Palacio/Estrictamente Personal
Lo más grave en la investigación del ex procurador Jesús Murillo Karam sobre el crimen de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala el año pasado es lo mucho que parece haber mentido. O si no actuó con dolo, peor aún: lo muy incompetente que resultó como investigador. No hay nada peor a la perversidad en la política que la ignorancia. La verdad histórica en torno a la investigación sobre un crimen que tiene todavía sus páginas abiertas tendrá como un capítulo especial sobre el papel de Murillo Karam y el daño que hizo al presidente Enrique Peña Nieto y a su Gobierno.

La investigación de Murillo Karam no debe analizarse bajo el énfasis de una externalidad: si en el basurero de Cocula, cerca de Iguala, se incineraron los cuerpos de 43 normalistas, aunque introduzca el cuestionamiento sobre la cadena de custodia de las evidencias recogidas en ese lugar. El dato es muy relevante para determinar si como dijo el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no fueron incinerados en ese lugar –la Fiscalía General de Guerrero tampoco mencionó nunca en su informe a escasas dos semanas del crimen el basurero–, porque abriría hipótesis sobre quiénes, además de Guerreros Unidos y policías municipales, participaron en la desaparición de los normalistas. El colapso del trabajo de Murillo Karam empieza en Cocula, donde, en todo caso, termina.

No debe quedar atrapada por el ensordecedor ruido del basurero de Cocula las grandes fallas de Murillo Karam, quien a partir de las mismas evidencias que analizó el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de los mismos testimonios recogidos por la Fiscalía General de Guerrero, hizo su “verdad histórica” una distorsión histórica. El estudio de la investigación fallida comienza, hasta que Murillo y la PGR demuestren los contrario, en la línea de tiempo que dio a conocer el 7 de noviembre sobre la sucesión de hechos en Iguala.

Murillo Karam afirmó que los normalistas llegaron a las 13 horas y secuestraron camiones. Poco después de las 14 horas, al salir de la terminal de autobuses, se enfrentaron con la Policía, que ante su inferioridad numérica, se retiraron. Entonces comenzaron a botear con el fin de obtener recursos para viajar a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre. Para llegar a esta conclusión, el exprocurador dijo que utilizó los videos del C-4, el sistema de vigilancia de la Policía local. En su reconstrucción de hechos, agregó:

“El expresidente municipal de Iguala (José Luis Abarca), quien tenía designado en la comunicación interna de la policía municipal el código ‘A-5’, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos cuatro camiones, según declara el propio operador de la central de radio de la policía municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y la ratifica uno de los vigilantes que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas. El expresidente municipal se encontraba en esos momentos en el informe que daba su esposa (María de los Ángeles Pineda Villa) sobre sus actividades frente al DIF municipal”.

Con los mismos videos del C-4, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció la línea de tiempo del crimen pasadas las 9 de la noche; es decir, 8 horas después. Con los mismos testimonios, la Fiscalía General de Guerrero afirmó que los normalistas llegaron a Iguala pasadas las 9 de la noche. Murillo Karam dijo que todo empezó al mediodía, cuando todo apunta a que comenzó muchas horas después. La diferencia es, literalmente, del día a la noche. El problema es que no se puede quedar todo en un error por el cual tuviera que enfrentar a la justicia.

La versión de Murillo estableció responsabilidades directas sobre exfuncionarios y policías que se encuentran en la cárcel. Identificó a Abarca como el autor intelectual del asesinato y señaló como móvil del crimen el sabotaje al evento de su esposa. El 4 de noviembre, el presidente Peña Nieto reconoció a las autoridades que capturaron a el exalcalde y a su esposa y expresó su confianza en que la detención contribuyera “de manera decisiva” al esclarecimiento de los hechos. El 14 de noviembre, un juez federal dictó el auto de formal prisión en contra de ambos por su presunta responsabilidad en el crimen.

¿Qué hizo Murillo Karam que sea tan grave? La primera posibilidad es que todos aquellos detenidos en función de la línea de tiempo establecida por el exprocurador tendrían que ser puestos en libertad porque los delitos por los que les dictaron el auto de formal prisión, nunca existieron. La segunda es que al haber engañado al juez para obtener ese auto, habría incurrido en un fraude procesal que tiene como castigo la cárcel.

La tercera es que indujo al Presidente a hablar de Abarca y su esposa como los responsables de un crimen que, a partir del error de Murillo Karam en la investigación, no cometieron.

¿Cómo pudo equivocarse tanto? Es una buena pregunta que bien podría hacer el Ministerio Público Federal cuando lo llame a rendir cuentas.

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QUÉ PASÓ EL 26 DE SEPTIEMBRE


Raymundo Riva Palacio/Estrictamente Personal
Demasiado tiempo se ha invertido en el basurero de Cocula y demasiada carga política y emocional se le ha dedicado para demostrar lo fallido de la investigación del exprocurador general, Jesús Murillo Karam, sobre el crimen contra decenas de normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado. La escena del crimen es relevante y la ciencia determinará si los peritajes de la PGR fueron correctos. Pero no puede tomarse como la piedra angular de una investigación fallida, sino como consecuencia de las omisiones y negligencias de un procurador que no puede quedar impune.

La primera prueba contundente de lo errado que fue la investigación de Murillo Karam surgió hace un año, cuando la Fiscalía General de Guerrero dio a conocer su primer informe sobre lo que sucedió aquella noche.

El reporte que difundió el entonces fiscal Iñaki Blanco fue ignorado por Murillo Karam quien, sin embargo, quiso meterlo inexplicablemente a la cárcel. El informe de Iñaki contradecía lo que meses después Murillo Karam definiría como “la verdad histórica” de lo que pasó aquella noche del 26 de septiembre en Iguala.

Para la Fiscalía, de acuerdo con declaraciones ministeriales de testigos, 120 estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto grado de la normal de Ayotzinapa, ubicada en Tixtla, a 16 kilómetros de Chilpancingo, salieron aproximadamente a las 6 de la tarde en dos autobuses Estrella Oro hacia Iguala.

Cuando llegaron a esa ciudad, cerca de las 9 de la noche, se apoderaron de los autobuses y su intención era tomar otros dos autobuses, de la empresa Costa Line para dirigirse, afirmaron hacia la Costa Chica. “(Iban) con rumbo a la carretera federal que lleva a… Chilpancingo, cuando fueron interceptados por camionetas oficiales de la Policía Municipal”, señaló el informe.

“Según la versión de los propios estudiantes sumaban seis patrullas… que trasladaban a aproximadamente 30 policías, todos ellos con armas de fuego, entre pistolas y rifles, por lo que el conductor del autobús que viajaba a la vanguardia detuvo la marcha y los estudiantes que viajaban en él empezaron a bajar del vehículo, momento en el que los policías municipales empezaron a disparar con las armas de fuego que portaban”.

La línea de tiempo de la Fiscalía de Guerrero coincide con la que estableció el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero las dos están en las antípodas de la presentada por Murillo Karam en la conferencia de prensa que ofreció el 7 de noviembre, cuando dijo que había llegado a las 13 horas y secuestraron camiones.

Al salir de la terminal de autobuses poco después de las 14 horas, afirmó el exprocurador, se enfrentaron con la Policía, que ante su inferioridad numérica se retiró. Entonces comenzaron a botear, con el fin de obtener recursos para viajar a la Ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre.

Blanco llegó a la línea de tiempo tras dos semanas de interrogatorios e investigaciones. Murillo Karam estableció una cronología totalmente distinta dos meses después del crimen.

¿De dónde salió la versión del procurador? Según la Fiscalía de Guerrero, pasadas las 9 de la noche, “al detener la marcha de los otros dos autobuses, los estudiantes se bajaron y tomaron unas piedras que empezaron a aventarle… a la Policía Municipal… corrieron porque eran pocos y los estudiantes trataron de mover la patrulla que les estorbaba el paso…

En ese momento arribaron al lugar cinco o seis patrullas más… y los elementos que venían a bordo de las mismas empezaron a disparar a una distancia aproximada de 100 a 150 metros con las armas de fuego que portaban, por lo que los estudiantes corrieron hacia la parte trasera del autobús para cubrirse de los impactos de bala. Posteriormente salieron con las manos en alto; sin embargo, los policías siguieron disparando”.

El ataque de los policías municipales fue directo, cuando salían de Iguala, cerca de las nueve y media de la noche. A esa hora todos los cuerpos de seguridad en Iguala entraron en alerta. Elementos del 27 Batallón de Infantería salieron a las calles e impidieron que les brindaran asistencia médica en una clínica porque, adujeron, era privada. Les ayudaron a conseguir una ambulancia para que se llevaran a un normalista a otro hospital.

En varias calles de Iguala y en la carretera quedaron cuerpos de normalistas y lugareños tirados, algunos de ellos tapizados de balas. La Fiscalía recuperó 193 casquillos percutidos de diferente calibre. Veintidós policías municipales dieron positivo en la Prueba de Lunge, que permite conocer si se disparó un arma.

Fueron las primeras horas de la noche de la barbarie en Iguala. La Fiscalía de Guerrero sugirió la existencia del quinto autobús, como señaló el grupo de expertos independientes.

En su informe, Blanco mencionó que se encontró un tercer autobús de la línea Costa Line, con disparos “al parecer del calibre .223”, que podría ser un cartucho deportivo o similar al que utilizar los fusiles R-15, reglamentarios del Ejército.

Aquel informe hace un año, fue soslayado por Murillo Karam, cuya “verdad histórica” no solamente está severamente cuestionada, sino cuyas afirmaciones, a partir de su línea de tiempo, colocó al presidente Enrique Peña Nieto sobre un tambor de dinamita que en cualquier momento puede explotar.

De esto se hablará mañana.

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RESPONDE RUIZ ESPARZA


Raymundo Riva Palacio/Estrictamente Personal
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, está en desacuerdo con lo que en este espacio se publicó el miércoles sobre él en la columna La gangrena de Peña Nieto, donde se argumentó que a lo largo del sexenio y desde la campaña presidencial de 2012, ha estado involucrado en conflictos de interés y traicionado la confianza de su amigo el Presidente, por lo cual tendría que ser cesado. Ruiz Esparza se ha convertido en un lastre para el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno, pero el secretario, en cuatro puntos específicos del alegato en esta columna, discrepó totalmente:

1.- Sobre la licitación de la autopista Atizapán-Atlacomulco, escribió el secretario, la propuesta de la empresa IDEAL, de Carlos Slim, fue la que presentó el costo de obra más alto, superando por más de 970 millones de pesos a la empresa ganadora. Además, dijo, cometió omisiones en el desglose del precio de obra.

Contrarréplica: en mayo del año pasado se publicaron en este mismo espacio los entretelones de esa licitación, en la cual llegaron al final IDEAL y OHL México. De acuerdo con la documentación del concurso público, se apuntó:

*El pago inicial propuesto por Ideal sin IVA ascendía a 610 mil 265 millones de pesos; el pago inicial propuesto por OHL México sin IVA era de 530 mil millones de pesos.

*El costo de obras sin IVA que iba a realizar Ideal era de 6 mil 699 millones de pesos, contra el costo de obras sin IVA de OHL México, que era de casi mil millones de pesos menos, 5 mil 859 millones.

*Las tarifas propuestas para el cobro de un vehículo estándar, sin IVA, eran de 140.60 pesos propuesto por Ideal, contra 148 pesos presentado por OHL.

*Finalmente, el capital de riesgo sin IVA que propuso Ideal fue de 5 mil 375 millones de pesos, contra 3 mil 94 millones de pesos.

Nunca refutó antes el secretario o los directamente involucrados en esta licitación que se le dio a OHL.

2.- Sobre el tren México-Querétaro, discrepó Ruiz Esparza, la licitación la ganó el Gobierno chino a través del liderazgo de cuatro empresas públicas que formaron un consorcio con dos empresas francesas y cuatro mexicanas, entre las cuales se encontraba Higa, con 17% de la participación.

Contrarréplica: Es cierto que Grupo Higa tiene ese porcentaje de la obra que se ha pospuesto. Sin embargo, fue esa empresa del muy cercano amigo de Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, la que provocó que en un acto extralegal, al aducir opacidad en la licitación, el Presidente ordenara a Ruiz Esparza que cancelara esa licitación, unas cuantas horas después de que el secretario, en una reunión con comisiones del Senado, había defendido la transparencia del proceso. En su carta, Ruiz Esparza no entró en esos detalles, ni se refirió a la afirmación en este espacio que, en crítica a su jefe, dijo públicamente en entrevistas, que la decisión no iba en el interés mexicano.

3.- Sobre la obra del acueducto Monterrey VI, el controvertido proyecto hidráulico en Nuevo León, aseguró Ruiz Esparza que la SCT no tiene relación alguna, porque se trata de un proyecto de carácter estatal.

Contrarréplica: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene, en efecto, un involucramiento técnico directo, pero no así el Gobierno federal. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dio su visto bueno a la viabilidad de la obra en áreas urbanas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia entregó un Dictamen Arqueológico favorable, y Banobras, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, otorgó un apoyo económico no recuperable por 3 mil millones de pesos. Al ser una obra federal en el área jurisdiccional de Ruiz Esparza, varios empresarios del Grupo Monterrey le explicaron lo inviable de la obra y el costo galopante del Grupo Higa, con la esperanza que influyera en la cancelación de la obra. Ruiz Esparza no desmintió ese encuentro en su carta.

Y 4.- Sobre los compromisos de Gobierno en la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, el secretario afirmó que se trató de un ataque político mediático del PAN durante la campaña presidencial de 2012, “no de una realidad, ya que todos los compromisos” correspondientes a su área de responsabilidad, fueron cumplidos y certificados.

Contrarréplica: En abril de 2015, el hoy presidente del PAN, Ricardo Anaya, acompañado de varios candidatos a diputados, presentaron en una conferencia de prensa 17 videos de 135 casos de promesas incumplidas de Peña Nieto como gobernador que, sin embargo, habían sido notariadas como entregadas. Había todo tipo de obras, incluidas carreteras. Un ejemplo fue el compromiso 386, sobre la continuación de la carretera de Coatepec-Harinas a Los Venados, que no se terminó. Otro es el compromiso 161, la construcción de la carretera San Mateo El Viejo-San Pedro El Alto, que quedó a medio terminar.

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LA GANGRENA DE PEÑA NIETO


Raymundo Riva Palacio/Estrictamente Personal
La temporada de audios que exhiben el compadrazgo de los ejecutivos de OHL con las más altas autoridades del Gobierno federal llegó a un punto donde el presidente Enrique Peña Nieto tiene que tomar decisiones. ¿Cómo se cura la gangrena en una pierna?: amputándosela. En el caso de OHL y sus políticas que se regodean en los conflictos de interés, todos los caminos pasan por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. El Presidente tiene que amputarse a Ruiz Esparza antes de que termine de contaminarlo. Hasta ahora lo ha defendido frente a sus amigos que le han sugerido que se deshaga de él, incluso lo salvó en el último ajuste en el Gabinete, porque relevarlo habría desbalanceado el equilibrio entre los vicepresidentes Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y Luis Videgaray, de Hacienda.

El tema de OHL es sólo uno de los que han dejado con manchas a la Secretaría de Comunicaciones cada vez que la cruzan las licitaciones, donde al favorecer a los amigos del Presidente en carreteras, sistemas de telepeaje y transportes se han tocado las líneas de la ilegalidad. Ejemplos abundan. La primera licitación en este Gobierno fue para la carretera Atizapán-Atlacomulco, en la que la constructora IDEAL, de Carlos Slim, presentó la mejor propuesta económica, el mejor costo de obras, las tarifas más convenientes para el consumidor y el mayor capital de riesgo. La obra se le asignó a OHL. IAVE, otra empresa de Slim, dejó de operar el sistema de telepeaje que había tenido por dos décadas, que se le entregó a una empresa donde estaba Roberto Alcántara, empresario cercano al Presidente y cuya familia, como la de él, es de Atlacomulco, pese a que la testigo social de la Función Pública recomendó no hacerlo.

Pero nada fue tan notorio como haber entregado la licitación del tren rápido México-Querétaro a Grupo Higa, del empresario-compadre del Presidente, Juan José Hinojosa, lo que desató un escándalo. El propio Presidente exigió a Ruiz Esparza cancelar la licitación por sus irregularidades, lo que colocó la obra en el limbo. La opacidad con la que se manejó ese proceso provocó un conflicto con la empresa estatal China Railway Corporation. Cuando el presidente Peña Nieto visitó China después de la cancelación, el primer ministro chino, Li Keqiang, lo amenazó sutilmente en un encuentro a puertas cerradas al decirle que si México no compensaba las pérdidas de la empresa, lo llevarían a un panel internacional. Hasta ahora no ha terminado de cerrarse aquel conflicto.
El problema que arrastra Ruiz Esparza con OHL ya está en el despacho del Presidente. Los secretarios de Estado son amortiguadores del Presidente y tienen que resolver los problemas, no ser coladeras para que les lleguen a ellos y les exploten en las manos. Ruiz Esparza no sólo ha hecho eso. En público lo ha contradicho y señalado que las decisiones que ha tomado –en específico la cancelación de la licitación del tren rápido–, afectan a los intereses del país. Tampoco ha frenado bolas de nieve que terminan convirtiéndose en avalancha. Por ejemplo el proyecto hidráulico Monterrey IV, donde también está involucrado Grupo Higa. Los empresarios de Monterrey hablaron con Ruiz Esparza para plantearle que la obra no era necesaria porque la demanda de agua no justificaba una obra de esa envergadura y, además, porque el costo original de la misma se iba incrementando sin explicación alguna. No los tomaron en cuenta y como una consecuencia indirecta del rompimiento con el Grupo Monterrey, la candidata del PRI a la Gubernatura fue arrasada 2-1 por un candidato independiente al que financiaron los empresarios.

Ruiz Esparza tiene meses de ser un lastre para el Presidente, pero Peña Nieto no lo toca. Es un viejo amigo en el que confía inexplicablemente, pese a las consecuencias políticas que ha tenido ese respaldo. No es nuevo. Durante la campaña presidencial de 2012, fue culpa de Ruiz Esparza que el PAN golpeara la integridad del entonces candidato al demostrar que un buen número de las obras que se había comprometido a terminar durante su sexenio, no lo estuvieran, pese a que un notario afirmaba que sí. Ruiz Esparza era el encargado en la campaña de vigilar que todo estuviera dentro de la legalidad, para evitar que se convirtiera en un ataque electoral. “Peña miente”, fue el eslogan con lo que golpeó el PAN, que le quitó en menos de tres semanas cerca de 20 puntos de aprobación, que nunca recuperaría, y que fue uno de los factores por los cuales, al arrancar su Presidencia, empezó con una importante carga negativa.

Peña Nieto no lo castigó. Al contrario. Lo premió al hacerlo secretario de Comunicaciones y Transportes, una gestión que ha sido controvertida y polémica. Ruiz Esparza es uno, si no el miembro del Gabinete con quien sus colegas tienen más molestia por el manejo que le ha dado a la dependencia, y por tanta suspicacia que ha levantado en torno al gobierno peñista. Pero al tener la gracia del presidente, eso poco le debe importar al secretario. Quien tendría que estar preocupado por las consecuencias políticas que está teniendo el mal manejo de su amigo, es el presidente, quien al final, como ha sido este el caso, será quien pague las secuelas y los costos políticos, como lo ha sido, en casi todos los casos, en la primera parte del sexenio.


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OHL, AMIGOS DEL PRESIDENTE


Raymundo Riva Palacio/Estrictamente Personal
Los escándalos que involucran a la empresa constructora OHL con el Gobierno federal y del Estado de México no paran. Desde que comenzaron hace cuatro meses, las acusaciones de conflictos de interés y las muestras de amiguismo, escalaron desde el secretario de Comunicaciones mexiquense hasta el Presidente de la República. Los audios que los exhiben, han abierto una alameda de suspicacia sobre qué tanto le deben los dos gobiernos a OHL y hasta dónde va a llegar todo. Ahora, nueva información sobre el caso sugiere que si las cosas están mal, se pondrán peor.

Tiene como origen, una vez más, la frivolidad con la que los ejecutivos de OHL México manejan información delicada, reflejo de la sensación de impunidad que acicala permanentemente Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, quien variablemente los defiende. La última indiscreción cometida por los ejecutivos fue comentar que la captura el lunes de la semana pasada de Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, a la que señalan como autora de los audios y responsable de su distribución mediática, fue pactada en Los Pinos.

Fuentes con acceso a esos niveles de información dijeron que lo que soltaron los ejecutivos de la empresa constructora fue que la PGR detendría al abogado Díez Gargari para “asustarlo” e inhibirlo. El abogado es la cara de Infraiber, propiedad del empresario tapatío Luis Topete, y ha sido tenaz en denunciar irregularidades en la relación de OHL con las autoridades en perjuicio de su cliente.

El hecho de sugerir una complicidad con funcionarios del Gobierno federal capaces de detonar una acción judicial en sí mismo es grave, pero más lo que agregaron en su indiscreción: que el plan lo platicaron con el presidente Enrique Peña Nieto, Juan Miguel Villar, presidente de la empresa, y José Andrés de Oteyza, presidente de OHL en México. De haber sido así, tendrían que haber tomado en cuenta, de lo que hablaron es de un delito.

Esta reunión no es la que se reveló hace unos días sobre un encuentro en Los Pinos con el presidente Peña Nieto el 6 de abril, donde hablaron del sistema de verificación de aforos carreteros de Infraiber, cuya cancelación de un contrato otorgado por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Auxiliares durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, detonó la indignación de la empresa, y la petición de Villar y Oteyza para seguir bloqueándola. La reunión a la que aludieron los ejecutivos de OHL se dio a finales de agosto, días antes del Tercer Informe de Gobierno, al cual fueron invitados por Peña Nieto.

No hay información oficial sobre ese encuentro, pero el acceso y el tono de la reu-nión, como lo socializaron en su entorno, es consistente con las acciones que ha tomado a su favor Ruiz Esparza, quien lleva meses hablando con los ejecutivos de OHL sobre acciones judiciales contra Díez Gargari y Topete.

El último botón de muestra lo dio el secretario de Comunicaciones y Transportes –mismo cargo que ocupó en el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México–, que este domingo se defendió de las imputaciones del abogado que lo acusó de malinformar al Presidente y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en una carta que publicó el periódico Reforma donde aceptó que haber mantenido el contrato sobre los aforos vehiculares de Infraiber, habría afectado la operación de OHL.

Ruiz Esparza, sin mayor matiz, aceptó que el gobierno donde él trabaja, tomó partido por OHL. “La inquietud de los concesionarios era lógica, en razón de que el cobro de dicha tarifa alteraba el plan financiero, el modelo de negocio y el aforo, con repercusiones en los créditos bancarios otorgados”, escribió.

Al no firmar Infraiber los acuerdos con las concesionarias, recordó, se canceló el contrato en un tribunal federal. “A partir de ese momento se (generaron) ataques hacia diferentes instancias a través de desplegados, suscritos algunos de ellos por el señor Díez.

Al no obtener respuesta por parte de las autoridades del Estado de México, empezó a generarse filtración de audios ilegales y manipulados”, agregó.

Díez Gargari fue detenido la semana pasada para que declarara en calidad de testigo sobre la investigación de los audios grabados en forma clandestina, pero cuando terminó su diligencia, no recuperó la libertad, porque la PGR lo acusó de portación de un arma de fuego sin tener el permiso para ello.

Paradójicamente, mantener detenido al supuesto autor de los audios no impidió para que, mientras estaba en los separos de la PGR, apareciera el audio del 6 de abril. Topete, el dueño de la empresa, no está en México; hace semanas se fue al extranjero para evitar abusos de fuerza de la autoridad.

Las precauciones que tome no serán exageradas. La influencia de OHL en el Gobierno es tan evidente, que sólo así se explica el cinismo con el cual sus ejecutivos hablan cándidamente sobre sus acciones. ¿Qué hizo OHL para que la protección sea tan grande? Aún no se revela esa bala de plata, en caso de existir.

Pero las revelaciones sobre su extraña relación van subiendo de grado y de funcionarios salpicados. Por lo pronto, el Presidente tendría que modificar su relación con OHL y aclarar si existió o no la reunión que presumen sus ejecutivos. Ya no se trataría de un conflicto de interés, sino de un acto ilegal.


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IGUALA: LAS PRIMERAS HORAS


Raymundo Riva Palacio/Estrictamente Personal
En el crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, hay culpables intelectuales y materiales, y responsables políticos. Los acusados directos son el presidente Enrique Peña Nieto y su Gobierno. Cómo un crimen a nivel municipal se convirtió en un crimen de Estado, es un brinco que se fue dando en cámara lenta ante la pasividad del Gobierno. La historia pudo haber sido totalmente diferente si, por ejemplo, la misma noche del 26 de septiembre, el Gobierno federal interviene. ¿Estarían vivos los normalistas? ¿Se habría evitado la barbarie en Iguala? Las preguntas son retóricas, las primeras horas después del crimen permiten ver dos cosas: el crimen se pudo haber evitado o acotado, y sí hay, en el Gobierno federal, responsables políticos por omisión.

La noche del 26 de septiembre, Javier Alatorre informó en el noticiero Hechos, de TV Azteca, que el equipo de futbol de Los Avispones de Chilpancingo, había sido atacado en Iguala. Pasadas las 10 de la noche, el gobernador Ángel Heladio Aguirre llamó por teléfono al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, para alertarlo sobre lo sucedido en Iguala, y que normalistas de Ayotzinapa habían sido objeto de ataques. El Gobernador le habló también al comandante de la XXXV Zona Militar, con sede en Chilpancingo, el general Alejandro Saavedra, quien le respondió que no tenía información, pero que investigaría.

A esas horas ya había transcurrido la mitad de la cacería de normalistas por parte de policías municipales de Iguala y Cocula. Soldados del Batallón XXVI de Infantería, con sede en Iguala, salieron a las calles, pero no ayudaron a los normalistas. La Policía Federal tampoco.

El general Saavedra –que había sido antes jefe de ese batallón, y actualmente encabeza la Novena Región Militar en Acapulco–, desinformó al Gobernador. De acuerdo con el reporte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde que salieron de Chilpancingo los normalistas, elementos de inteligencia militar iban reportando lo que hacían. Patrullas federales, igualmente, los escoltaron hasta Iguala.

La mañana del sábado 27, se giraron instrucciones a los responsables de comunicación en la Secretaría de Gobernación. Que estuvieran atentos a los medios, les dijeron, por que “había habido unos enfrentamientos” la noche anterior en Iguala, y querían saber “si subía”, el tema en la opinión pública. Ese día no hubo mucho, pero al día siguiente, El Universal y La Jornada publicaron a ocho columnas el ataque a los normalistas. El Sur, el periódico más importante en Guerrero, estaba lleno de testimonios que reflejaban acciones de soldados y policías federales contra los estudiantes.

Aguirre envió la noche del 26 de septiembre a Iguala al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez; al fiscal Iñaki Blanco, y al secretario de Salud, Lázaro Mazón, promotor del alcalde José Luis Abarca, para atender el conflicto. Los tres fueron detenidos en retenes de grupos desconocidos. Lograron llegar a Iguala cerca de la una de la mañana. Una de las primeras acciones fue reunir a los policías municipales para que les dijeran qué había sucedido y proceder a desarmarlos.

Le pidieron al comandante del Batallón XXVII de Infantería, el coronel José Rodríguez Pérez, que les permitiera hacerlo en sus instalaciones, pero se negó. La Policía Federal tampoco quiso apoyarlos. Cuando los estaban desarmando en la comandancia, llegaron grupos de personas con el propósito de lincharlos. Un helicóptero del Gobierno estatal los rescató.

El gobierno federal se pasmó. El lunes, en la reunión de estrategia encabezada por Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, la conclusión fue que lo sucedido competía al ámbito local. Tras ese diagnóstico, el Presidente declaró el miércoles 1 de octubre que lo ocurrido era responsabilidad del Gobierno estatal. “Demos espacio y dimensión a lo que ha pasado ahí, que es un asunto que merece especial atención ante lo que ha ocurrido”, dijo el Presidente. “Que el Gobierno del Estado asuma su propia responsabilidad”.

El procurador Jesús Murillo Karam dijo en Los Pinos que lo que había sucedido era “una depuración entre cárteles”. Todos soslayaron que las víctimas eran estudiantes, y los criminales no eran narcotraficantes, sino policías municipales. El 17 de octubre, el Presidente escribió en su cuenta de Twitter que la prioridad de su gobierno era buscar “sin descanso” a los normalistas. Hasta entonces, 21 días después del crimen, intervino el Gobierno. ¿Cuáles fueron las consecuencias?

Retóricamente hablando, si el subsecretario Miranda hubiera reaccionado la noche del 26 de septiembre, si en las secretarías de Gobernación y Defensa, así como en la Policía Federal, se hubiera entendido desde el primer momento la magnitud de lo sucedido –que los jóvenes estudiantes desaparecidos no podían compararse con pandilleros o narcotraficantes–, ¿qué podían haber hecho?

La intervención inmediata de las fuerzas federales habría inhibido las acciones secuenciales de los policías de Iguala y Cocula.

Se habrían podido enviar los drones, que hubiera permitido saber exactamente a dónde habían llevado a los normalistas, vivos o muertos, y quizás salvar la vida de algunos.

Haberlo hecho así no tendría al Gobierno federal acusado directamente de este crimen y la historia sería diferente. Pero no lo hicieron. De los análisis en Los Pinos se dieron las decisiones. Equivocadas, superficiales, insensibles.

La reconstrucción de esas primeras horas permite establecer quiénes, en el ámbito político, fueron los responsables indirectos de este crimen por omisión y negligencia, y aquellos que en la inevitable rendición de cuentas, deberán pagar penalmente.



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EL BASURERO DE COCULA


Raymundo Riva Palacio/Estrictamente Personal
La confrontación entre la PGR y el grupo de expertos que trabajó para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es abierta y tiene un campo de batalla principal: el basurero de Cocula, donde la PGR dijo que habían incinerado a 43 normalistas de Ayotzinapa la madrugada del 27 de septiembre del año pasado, y los peritos independientes afirman que eso es imposible. Habrá nuevos peritajes y nuevas discusiones. Pero los investigadores mexicanos y extranjeros bien podrían voltear a revisar el asesinato de Miguel Ángel Jiménez Blanco, uno de los fundadores de las policías comunitarias en Guerrero y quien con mayor esmero buscaba fosas clandestinas en el estado, a principios de agosto. Jiménez Blanco, poco se sabe, se empeñó en descubrir la suerte de los 43 jóvenes desaparecidos y los buscó en hornos crematorios en el estado y habló con muchas personas que, como lo dijeron los expertos, están todavía llenas de miedo.

“La de Miguel era una muerte anunciada”, dijo en su funeral Julia Alonso Carbajal, miembro de Ciencia forense ciudadana, un proyecto dirigido por familiares de personas desaparecidas.

“Días antes que lo asesinaran, nos comentó de las amenazas de muerte que recibía de el Fusdeg y de los criminales que había detenido la Policía Ciudadana. Es el mundo al revés.

Los criminales estaban ofendidos por que Miguel Ángel anduviera caminando por la calle. Les parecía una ofensa”. El Fusedeg es el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, que ha sido vinculado públicamente con el crimen organizado. Una semana antes del asesinato, Jiménez Blanco supo que iban por él. En un mensaje de texto a una persona de confianza, escribió:

“Hoy vi a varios jóvenes en una curva donde han asaltado y se quedaron viendo al taxi (que manejaba para mantener a su familia). De venida puse mucha atención y vi cosas raras. Ya que venía un taxi, el 1134, se me pegó demasiado, con las luces muy altas cerca del lugar, y quería rebasarme y no lo permití…

Logré pasar unos topes que están antes del lugar que podían atacarme y alcancé a un carro que iba muy rápido y pasamos a un carro que estaba con varios hombres echando luz con una lámpara, mero por el lugar que pensé que podrían atacarme.

Y como iba muy pegado al otro carro ya no pudieron tratar de detenerme, pues al otro carro lo dejé atrás en los topes y el otro estaba esperando más adelante. Puse atención a miradas sobre mí en la base de taxis y nunca vi ese Tsuru que se me pegó demasiado… Fue muy claro, la verdad. Me avisaron que me cuidara, que se estaban preparando contra mí”.

¿Qué sabía Jiménez Blanco? Durante meses había ido ganándose la confianza de pobladores en la zona donde se cometió el crimen contra los normalistas y gradualmente le habían comenzado a contar lo que habían visto la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, y lo que se habían ido enterando posteriormente. Una de las cosas que le dijeron era que, como dijo el grupo de expertos independientes, los normalistas no habían sido incinerados en el basurero de Cocula, como decía la PGR. Cuando menos, porque nunca lo pudo precisar, “todos”, como dijo en su momento el exprocurador Jesús Murillo Karam, o “la mayoría”, como precisó este lunes el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.

La información que tenía Jiménez Blanco era que un número de normalistas había sido enterrado en otro lugar muy diferente a Cocula. Es decir, que no todos, al menos, habían sido incinerados, y no todos los cuerpos estaban realmente desaparecidos. En dónde estaban, nunca lo dijo. No se sabe si porque aún no conquistaba la confianza suficiente para que le indicaran el lugar, o porque consideraba que era demasiado peligroso para decírselo a cualquier persona, por más cercana que fuera. Jiménez Blanco fue una de las personas que a lo largo de estos meses, habló con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los llevó a la zona donde la PGR dijo que los habían incinerado.

Se desconoce qué tanta influencia pudo haber tenido la información que les aportó que pudiera haber sido reflejada abiertamente en el informe que dieron a conocer este domingo. Jiménez Blanco, en todo caso, era una bomba de tiempo para aquellos que desde las instituciones, son los autores intelectuales o materiales del crimen en Iguala, por la información que iba acumulando.

Cuando un corresponsal del periódico The Washington Post lo entrevistó en diciembre, fue muy claro y contundente cuando le preguntaron las razones por las que tanta gente tenía miedo a hablar sobre los desaparecidos. “Todas las autoridades estaban participando, y eso es por lo que nadie puede salir a reportar esos crímenes”, dijo Jiménez Blanco. “Estamos hablando de cientos y cientos de desaparecidos”.

Jiménez Blanco tenía la certeza de poder encontrar en una fosa clandestina en Guerrero, a normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre. Sabían en Guerrero de sus actividades y, quizás, de lo que empezaba a armar y hasta dónde se estaba acercando. Era una muerte anunciada, como dijo Carbajal en su funeral. Es un crimen que hasta ahora está sin resolver y que, de aclararse, podría también alumbrar el camino a la solución definitiva sobre el crimen de los normalistas de Ayotzinapa.

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BOEHNER LLORÓ Y LUEGO RENUNCIÓ


Ciudad de México.- Con un apretón de manos y una sonrisa, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner recibió al papa Francisco en su oficina ceremonial antes del primer discurso de un pontífice ante las cámaras.

"Su Santidad, bienvenido, realmente me alegra que haya venido", dijo el legislador republicano.

Los ojos de Boehner se humedecieron cuando el papa respondió que le alegraba estar ahí. También cuando vio que el papa bendijo a un bebé en uno de los pasillos del edificio legislativo.

Una vez que se sentaron, Boehner dijo que sus colaboradores le habían recomendado usar una corbata de color verde.

El intérprete dijo a Boehner que el papa dijo, "es una corbata con el color de la esperanza".

El papa Francisco se reunió brevemente con el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, en el inicio de su visita al Congreso.

Mientras aguardaba al papa, Boehner bromeó y conversó con los periodistas acerca de la historia del mobiliario de la cámara.

La conversación con el pontífice duró pocos minutos.

El papa saludó a la gente que lo aguardaba fuera de la misión diplomática del Vaticano al iniciar su histórica visita al Congreso.

Tal como hizo el miércoles, Francisco se demoró unos momentos con la gente en la nunciatura en un día soleado. Decenas de miles lo aguardan en los jardines en torno al Capitolio.

El papa estrechó manos y acarició a niños. Uno exclamó, "¡Sí, conseguí una selfie!"

John Boehner renuncia a su cargo como presidente de la Cámara de Representantes

Después de un día histórico en el Congreso con el discurso del papa Francisco, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, anunció que renunciará a su cargo a finales de octubre.

En una decisión inesperada, Boehner informó a los republicanos que renunciará a su puesto en la mañana de este viernes.

El representante John Mica dijo que Boehner "no quiere convertirse en un problema. La gente trata de que él sea un problema dentro y fuera del Congreso".

Boehner se convirtió en presidente de la cámara en enero de 2011.


(ZOCALO / Agencias/ 25/09/2015 - 08:55 AM)

MÁS AFECTADO EL FUERTE QUE AHOME POR CRECIENTE DEL RÍO


El Fuerte, Sinaloa.- El suministro de agua potable, caminos e Infraestructura turística en 22 comunidades y la afectación directa a más de siete mil personas son los rubros en donde más daños dejó la creciente del río Fuerte por desfogues de mil metros cúbicos por segundo de la presa Miguel Hidalgo, según un primer análisis del impacto levantado por el alcalde, marco Vinicio Galaviz.

“Los desfogues que nos está generando la presa Miguel Hidalgo nos ha dañado desde la cabecera municipal hasta El Teroque Viejo que es la última comunidad que nos une con Ahome, el parque La Galera ya está inundado completamente, tenemos el agua dentro de los pozos del agua potable ahí tenemos problemas también, hemos tenido que quitar las bombas en tres comunidades para que no se las lleve el agua, tenemos problemas en esas comunidades, también tenemos del malecón que todavía no nos entregan y el malecón que ya estaba construido también tenemos partes inundadas donde nos está haciendo daño lo que ya estaba construido”.

La Jumapaf retiró las bombas de los sistemas de Sibajahui, Baroten y Tetamboca para que la corriente no se las arrastrara; en El Mahone la fuerza de la corriente destrozó la tubería que suministra el vital líquido a la población.

La creciente del rio daño algunas granjas piscícolas y avícolas que se encuentran en la margen izquierda del rio Fuerte, además de inundar cultivos de mango y arándano, los caminos de acceso a 22 comunidades están colapsados.

Hasta la tarde de martes, Ahome no reportaba daños a la infraestructura.


(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/ 22 septiembre, 2015)

MANCHARON LA MEMORIA DE MILE PARA LAVARSE LAS MANOS Y OCULTAR LA VERDAD: HERMANO


La prensa mexicana manchó la memoria de Mile Virginia Martin para ocultar la verdad del multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte, denunció Fredy, hermano de la colombiana.

En una entrevista con el portal Tercera Vía, Fredy recordó a su hermana como una mujer trabajadora, alegre, responsable:

“Esta es la verdad de lo que era ella, no las especulaciones y el amarillismo que dan los diarios mexicanos, quién más que nosotros que la amamos sabemos qué clase de ser humano era ella.

“Respecto a las personas que escriben y opinan una sarta de mentiras, no sé quién les da derecho para juzgarla y hablar de ella sin haberla conocido, poniéndola como la mala del paseo, y lavarse las manos tratando de ocultar la verdad de lo que pasó aquella tarde donde miserablemente acabaron con su vida y la de cuatro personas más. Porque para este dolor tan grande solo hay un remedio y se llama justicia”.

Mile Virginia Martin era estilista de profesión y modelo. ”Su vida era de trabajo, tratar de salir adelante, le gustaba vivir bien. Y trabajar para lograrlo, era de muy buen ambiente, muy vanidosa y excelente persona, buena hermana amiga y compañera”, recordó su hermano.

Vino a México a buscar mejores oportunidades laborales para ayudar a su familia; sin embargo, debido a la inseguridad del país, tenía pensado regresar a Colombia el próximo mes de octubre.

Mile Virginia Martin fue una de las cinco personas asesinadas en un departamento de la colonia Narvarte, junto con el fotoperiodista Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, la activista y antropóloga Nadia Vera, la maquillista Yesenia Quiroz y la trabajadora de limpieza Alejandra Negrete.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha sido acusada por organizaciones civiles, entre ellas Artículo 19, de filtrar información en perjuicio de las víctimas del multihomicidio.

Entre las versiones atribuidas a la PGJDF publicadas en algunos periódicos mexicanos se encuentran que supuestamente Mile usaba el departamento como lugar para prestar servicios sexuales.


(RIODOCE/ proceso / 23 septiembre, 2015)