miércoles, 23 de octubre de 2013

LIBERAN DE LA CÁRCEL A DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS VINCULADO AL COMANDANTE RAMIRO DEL ERPI

 
*Antonio Díaz Bahena fue hostigado por el Ejército y el Cisen porque su sobrina era esposa del guerrillero. Fue torturado en la PGJE cuando fue detenido, relata su abogado.

Zacarías Cervantes
Chilpancingo.- En acatamiento a un amparo que le concedió un juez federal, la Tercera Sala Penal decretó la libertad de Antonio Díaz Bahena, quien la tarde de ayer salió de la cárcel de esta capital, en donde estaba preso acusado de secuestro.

El abogado que llevó el caso, Hegel Mariano Ramírez dijo anoche que con ello se demostró que no estaba acreditada su responsabilidad y se violó en su perjuicio la presunción de inocencia.

Díaz Bahena salió del penal de esta capital a las seis de la tarde de ayer, donde se encontraba preso desde agosto del 2011.

La Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia decretó su libertad en cumplimiento al amparo “liso y llano” que en días pasados le concedió el juez quinto de distrito en el estado, con residencia en Iguala, “al considerar que no se encuentra acreditada su probable responsabilidad en el delito de secuestro que se le imputó, y por considerar que se vulneró en su perjuicio el derecho a la presunción de inocencia”, informó su abogado.

Díaz Bahena es de Coyuca de Catalán, donde se desempeñó como fogonero del Hospital General, es líder sindical de los trabajadores de salud, comerciante y defensor de derechos humanos.

En 1998 comenzó a ser hostigado por miembros del Ejército y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) debido a que su sobrina, Sonia Vivas Santana estaba casada con Omar Guerrero Solís, comandante Ramiro, líder de una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

“Lo amenazaron para que colaborara con ellos y lograr la ubicación y detención del líder guerrillero, y aunque presentó diversas quejas ante las comisiones de derechos humanos por ese acoso militar, en el 2001 tuvo que abandonar el estado para proteger su vida y la de su familia”, recordó Mariano Ramírez.

El 13 de agosto del 2011, Díaz Bahena fue detenido en Ensenada, Baja California, donde se encontraba desde aproximadamente diez años.

El ahora liberado fue acusado de participar en el secuestro de Rodrigo Borja García, quien estuvo cautivo de agosto de 1999 a enero del 2000 y el 25 de agosto del 2011, la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, de Chilpancingo, le decretó auto de formal prisión por el delito de secuestro.

Desde entonces asumió su defensa el abogado Hegel Mariano, así como organismos civiles de derechos humanos como la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y el Taller de Desarrollo Comunitario.

Los organismos venían denunciando violaciones a sus derechos humanos, pues decían que además del acoso del que había sido objeto, durante su detención fue severamente torturado física y psicológicamente en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, además de haber sido exhibido ante los medios de comunicación como “presunto miembro de una banda de secuestradores”.

Mariano Ramírez informó que el 23 de septiembre pasado, el Juez Quinto de Distrito con residencia en Iguala determinó conceder el amparo “liso y llano” a Díaz Bahena, dentro del amparo indirecto 84/2013, y el 17 de octubre declaró ejecutoriada la sentencia dictada “por no haber sido recurrida por las partes, ordenando a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado que diera cumplimiento a la resolución dentro del plazo de tres días, por lo que en cumplimiento a ello ayer decretó la libertad de Antonio”.

Explicó que el juez federal resolvió que “se concede el amparo liso y llano en virtud de que la imputación realizada por la víctima no cumple con los estándares de fiabilidad necesarios, siendo ése señalamiento aislado y sin sustento”.

Mariano Ramírez dijo que tuvo que ser un juez federal “el que nos diera la razón de lo que sostuvimos desde un principio; que jamás hubo pruebas para procesarlo, que la única imputación en su contra era de oídas y por lo mismo, aislada y sin sustento, algo que los magistrados y el presidente del Tribunal jamás quisieron atender”.

Agregó que eso es motivo de preocupación, “porque, ¿entonces en manos de quién está la justicia?, ¿de quienes no conocen la ley, no saben interpretarla o sabiéndolo les es indiferente?”.

El abogado añadió que en estas circunstancias el caso de Antonio Díaz Bahena no puede observarse de manera simple y aislada, “debido a que refleja las fallas estructurales del sistema de justicia; fallas que destruyen vidas, familias, entornos sociales, sin compensar en lo absoluto los agravios sufridos”.

Sin embargo, dijo que queda en manos del Poder Legislativo establecer mecanismos de reparación de daño de manera oficiosa “a quienes sufren menoscabo en su libertad por este tipo de fallas o deficiencias imputables a los órganos del Estado de modo que el acceder a dicha reparación no se vuelva otra lucha de vida”.

Agregó que en los próximos días presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del Gobierno Federal, los gobiernos estatales de Baja California y Guerrero, el Cisen y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “para pedir un alto al acoso en contra de Antonio Díaz Bahena y su familia, y hacerlos responsables de cualquier cosa que pueda ocurrirles en su persona, familia y/o patrimonio”.

Acudieron a recibir a Díaz Bahena el abogado y la esposa del ahora liberado, Carolina Beda Ocampo Sotelo.

 (EL SUR DE ACAPULCO/ Zacarías Cervantes/ oct 23, 2013) 

RECHAZA LA FAMILIA QUE EL ASESINATO DE ROCÍO MESINO VENGA DEL CRIMEN ORGANIZADO Y CRITICA AL GOBIERNO


*Acusa a la Procuraduría de no investigar el homicidio y desmiente que con sus testimonios se haya elaborado un retrato hablado del autor material. “El gobierno filtra la información para ponernos en riesgo, como lo hizo con Rocío”, dice Norma Mesino

Francisco Magaña
Atoyac.- La familia de Rocío Mesino Mesino rechazó ayer las declaraciones del procurador Iñaki Blanco Cabrera, quien dijo que el asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) podría estar vinculado con el crimen organizado.

Norma Mesino, hermana de Rocío, dijo que exigen a los tres niveles de gobierno agotar todas las líneas de investigación “y se abstengan de dar declaraciones a la ligera, rechazamos categóricamente la declaración del procurador Iñaki Blanco Cabrera”.

Exigió una investigación “seria y profunda” que arroje resultados después “de cumplir los protocolos de la institución procuradora de justicia”.

Pidió que tras un análisis “serio y científico” se proceda a detener a los culpables para que informen a la ciudadanía quiénes son los responsables materiales e intelectuales y los móviles del asesinato”.
Dijo que poco ayudan las declaraciones que confunden y dañan la imagen de Rocío Mesino.

Asimismo, señaló que su familia unirá esfuerzos con todas las organizaciones y movimientos sociales del estado y del país para que la impunidad no prevalezca como en los de otros luchadores sociales asesinados meses atrás.

Reiteró que su familia mantendrá el compromiso de lucha que tenía Rocío Mesino con los campesinos pobres y seguirá con el trabajo social que ella realizó en el marco de la lucha civil y pacífica, en el marco constitucional, “para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, no aceptamos prebendas ni canonjías a cambio de la dignidad”.

Norma Mesino indicó que acudirán a las instancias nacionales e internacionales hasta lograr el castigo a los culpables del homicidio de su hermana, para que se logre el respeto a la vida de los luchadores sociales en México.

Agradeció los pronunciamientos de apoyo de las organizaciones sociales y organismos no gubernamentales.

Asimismo, pidió que alcen su voz por este delito de lesa humanidad para que el crimen no quede en la impunidad, y dijo que la muerte de Rocío Mesino es un baluarte para no claudicar por la transformación de un México libre, democrático y de justicia.

Por otra parte, dijo que es falso que la Procuraduría haya elaborado un retrato hablado del asesino a partir de las declaraciones de los familiares que presenciaron el homicidio.

Señaló que ese tipo de declaraciones son irresponsables, porque ponen en riesgo la integridad física de toda la familia y la organización, “el gobierno filtra la información para ponernos en riesgo, así como lo hizo con Rocío, a quien detuvieron injustamente acusada y ponerla vulnerable”.

Acusó que el gobierno “no está investigando absolutamente nada, no tenemos ninguna comunicación con la Procuraduría ni llamada de nadie sobre las investigaciones del hecho, pero vamos a agotar las instancias legales”.

Dijo que ella de manera personal pidió apoyo al síndico Eduardo Isaías Gómez Ozuna, para que se desplegara un operativo por el crimen de su hermana, “le pedí que se hiciera una acción rápida y no la hubo, ni del municipio ni del estado, de nadie, no están interesados en investigar el caso”.

Añadió que el gobierno desprotegió a Rocío Mesino, quien antes intentó una audiencia con el gobernador Angel Aguirre Rivero sobre su situación, estaba amenazada de muerte por el trabajo que realizaba como organización, pero no se hizo nada.

Consideró que es indignante que se viva en la inseguridad en Atoyac cuando Rocío pidió en un acto al gobernador en la colonia 18 de Mayo seguridad para Atoyac, no sólo para la colonia, y nunca se dio.

Señaló que harán las investigaciones por su cuenta, así como fue con su hermano Miguel Ángel Mesino, asesinado en 2005, y recordó que en ese caso dieron a las autoridades los nombres y apellidos de los asesinos, pero sólo uno fue detenido, pero por otro delito.

Norma Mesino lamentó que se esté tratando de vincular la muerte de Rocío con la delincuencia organizada, y dijo que “el crimen organizado tiene relación con el gobierno, los caciques, Rocío como organización afectó intereses de los gobiernos soberbios en turno; pedimos que se investiguen todas las líneas de investigación, ella no era una delincuente, hacemos responsable al gobierno del estado de lo que le pueda pasar a nuestra familia, que no se quiera acusar que fue un caso pasional, reiteramos que se investiguen todas las líneas”, concluyó.

Minuto de silencio en la Cámara de Diputados por Rocío Mesino

Que la PGR investigue el asesinato, plantea el diputado perredista Carlos de Jesús Alejandro

La Cámara de Diputados abrió su sesión de ayer con un minuto de silencio en señal de luto por el asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino Mesino.

A las 11 horas con 18 minutos empezó ayer la sesión y después de que el presidente de la Cámara, el panista Ricardo Anaya, dio las campanadas el diputado por el Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, pidió la palabra para pedir el minuto de silencio.

“Solicitar respetuosamente un minuto de silencio en virtud del asesinato el pasado sábado de una reconocida dirigente social, Rocío Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur en el estado de Guerrero y, como ha sido tradición en esta Legislatura ante esos hechos reprobables, que en la máxima tribuna del país quede constancia de su memoria. Por eso pedimos un minuto de silencio”, dijo.

Desde su curul, el diputado José Luis Muñoz Soria, del PRD, intervino “en el mismo sentido que el diputado Mejía, pero hacer una denuncia contra esta limpieza social que están haciendo contra dirigentes sociales en todo el país”.

Muñoz Soria argumentó que “el último asesinato de la compañera Rocío no está al margen de todos los asesinatos que se han presentado contra dirigentes sociales, luchadores sociales. Llamamos la atención de la sociedad porque esto está haciéndose una limpieza social del régimen. Denunciamos eso y pedimos el minuto de silencio”.

Entonces la diputada perredista María del Socorro Ceseñas Chapa, añadió: “Nuestras condolencias a la familia, al pueblo de Guerrero, al pueblo de Atoyac y al sinnúmero de comunidades que tan valiente y atinadamente la compañera Rocío Mesino estuvo al frente, no de ahorita, sino de hace muchos años”.

Y exigió “a las autoridades la investigación a fondo, que esclarezca, y exigir, demandar un alto a la criminalización de los líderes sociales. Ya son muchas las muertes que el estado de Guerrero ha dado en la lucha social y ahora corresponde a nuestra gran amiga y compañera Rocío Mesino”.

“Hay un gran vacío en esos lugares de la entidad porque dejó huella. Es muy lamentable que las autoridades correspondientes no se aboquen de fondo y se responsabilice y castigue a las y los culpables”, acotó la legisladora.

Por su parte, el diputado indígena por Guerrero, Carlos de Jesús Alejandro, pidió hacer uso de la palabra y desde su curul manifestó que “lamentamos primero y nos solidarizamos con la familia de nuestra amiga y compañera Rocío Mesino, pero también repudiamos estos crímenes de Estado, porque son eso, crímenes de Estado que han venido criminalizando la lucha social y, en consecuencia, a sus dirigentes”.

“No es novedoso, pero es repudiable y lamentable que en el Estado mexicano sigan ocurriendo estos hechos. Hace algunos meses fue el compañero Arturo Hernández Cardona; después siguió el compañero indígena me’phaa  Raymundo Velázquez; luego en Oaxaca siguió el compañero Arturo Pimentel, fundador del Frente Indígena Binacional de Oaxaca”, denunció el perredista.

Carlos de Jesús Alejandro se dirigió al presidente de la mesa directiva y dijo que “exigimos que el gobierno federal, que la Procuraduría General de la República atraiga este caso, dado que en Guerrero no existen por ahora las condiciones, dados estos hechos de violencia y crímenes que han quedado impunes, para que se puedan esclarecer estos hechos, se deslinden las responsabilidades y se castiguen a los culpables”.



(EL SUR DE ACAPULCO/ Redacción/ oct 23, 2013)

LA CAPTURA DE “EL COREANO”



Joel Martínez Rosas, ex subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, además de ex escolta de Leonel Cota Montaño, fue detenido el miércoles 16 de octubre en Tijuana

Al momento de la detención del ex subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Joel Martínez Rosas “El Coreano”, éste iba saliendo del hotel Hacienda del Río de la ciudad de Tijuana, a las 4:30 pm.
El ex jefe policiaco no se percató que era seguido a corta distancia, hasta que -en un discreto operativo- agentes de la Policía Ministerial de Tijuana cerraron el paso y le solicitaron rendirse porque “estaba detenido”.

Visiblemente nervioso, quien fungiera como escolta del ex gobernador Leonel Cota Montaño, no supo qué hacer ni cómo reaccionar.

“La noticia cayó como balde de agua fría”, relató a ZETA uno de los efectivos que participó durante el operativo de captura.

De acuerdo con uno de los investigadores, la esposa del “Coreano” tenía cita en Tijuana para tramitar su visa y así viajar hacia Estados Unidos.

La Policía Ministerial de Baja California supo de la llegada de Martínez Rosas un día antes, cuando recibió un reporte que había orden de detenerlo y “andaba por Tijuana”, por lo que iniciaron su búsqueda hotel por hotel, hasta que le ubicaron.

Con su foto y datos de complexión física, los policías inmediatamente dieron con su paradero. “Éste es”, dijo uno de los investigadores, cuando lo observaron dentro del hotel tras haber pedido información de su registro en la recepción; fue entonces que establecieron un plantón afuera del hotel, localizado sobre Bulevar Rodolfo Sánchez Taboada, en el corazón de la conocida Zona Río de Tijuana.

“El Coreano” salió del hotel hasta el día siguiente, fue entonces que se le detuvo en la vía pública.

Al momento de la captura, dijo estar de vacaciones en Tijuana, pero su esposa -tras ser interrogada- reveló que estaban de paso en la ciudad, porque “pretendía sacar mi visa”.

El ex escolta y ex subdirector operativo de la Policía Municipal de La Paz en el gobierno de la ex alcaldesa Rosa Delia Cota Montaño, fue llevado a los separos de la Policía Ministerial del Estado de Baja California, donde permaneció un día completo, hasta que vía aérea, fue trasladado el jueves 17 de octubre de Tijuana a La Paz.

El ex funcionario fue trasladado en  un vuelo comercial de la compañía Aeroméxico, que arribó aproximadamente a las dos de la tarde a la capital de Baja California Sur.

Los agentes policiacos de Tijuana entregaron al detenido en el Aeropuerto Internacional de La Paz, en medio de un fuerte operativo. Se le llevó a los separos de la Policía Ministerial del Estado para ser puesto a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador Especializado en Delitos Dolosos.

Al cierre de esta edición, Joel Martínez Rosas “El Coreano” rendía su declaración preparatoria, para su posterior arraigo en el Centro de Ejecución y Medidas Cautelares de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

LA INVESTIGACIÓN

El nombre del ex subdirector operativo de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, salió a relucir en la investigación del doble atentado armado en contra de los hermanos Antonio y Leobardo Alcántar López, bajo el número de averiguación previa LPZ/046/HOM/2013, cuando uno de los dos detenidos, de nombre Jesús Eduardo Hernández “El Rojo”,  terminó por delatarlo durante los interrogatorios, argumentando que “El Coreano” estaba implicado como “presunto responsable de haber planeado el ataque”.

El nombre del jefe policiaco aparece en el expediente del crimen del ex vocero del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y del intento de homicidio de su hermano, Leobardo Alcántar López.

Según las primeras investigaciones de la PGJE, Joel Martínez Rosas habría planeado el ataque en contra de los Alcántar, y de acuerdo a “El Rojo”, se encargó desde la contratación de sicarios hasta la logística, “incluidas armas, vehículos y hasta rutas de escape”.

Hoy se sabe, inicialmente en el plan de ataque en contra de los dos hermanos “participarían dos ‘halcones’, dos guías de reconocimiento y tres sicarios”.

Sin embargo, uno de los pistoleros desistió participar, y en base a las investigaciones, se determinó que los matones fueron reclutados en la colonia 6 de Marzo de Los Mochis, Sinaloa, “quienes se conocían entre sí”.

Los dos guías de reconocimiento “son ex policías de La Paz, quienes en su momento estuvieron al mando de Joel Martínez Rosas, cuando fue subdirector de Operaciones en la Policía Municipal de La Paz”. Uno ya está detenido (“El Rojo”), y otro continúa prófugo de la justicia.

Según un integrante del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, los asesinos del ex director de Comunicación Social del gobierno de Narciso Agúndez Montaño, eran “aprendices de sicarios”, porque en el caso de Antonio, solo asestaron tres de siete tiros, y en el de Leobardo, cinco de siete, nunca hubo un intento de pegar el tiro de gracia.

A decir por el miembro de este grupo, la lectura del doble atentado es que “fue un trabajo sucio”, el cual apunta a resolverse en los próximos días, porque “ya cayó el principal responsable”.

Al cierre de esta edición, los presuntos responsables del crimen de Antonio Alcántar López no habían sido detenidos, no obstante que ya están plenamente identificados.

LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Con la captura del ex jefe policiaco, la investigación del doble atentado se perfila hacia una venganza o un ajuste de cuentas, y prácticamente quedaron descartadas las siguientes hipótesis:

1. El crimen por adeudo de un millón 400 mil pesos que el ex vocero tenía con su ex socio del fugaz negocio Baja Mármol, Adán Mendoza García, prácticamente despojado por el ex funcionario.

Según el expediente, cuando Antonio Alcántar López estaba en prisión por el caso del desvío de 820 mil pesos del Gobierno del Estado, Mendoza tuvo serias diferencias con Leobardo y su cuñado, Alfredo Pérez Robinson “El Robinson”,  quienes en un arranque de coraje, sacaron del negocio literalmente a golpes al entonces socio del ex vocero.

Como era de esperarse, Adán Mendoza García reaccionó con amenazas, y una vez que salió el ex funcionario, quiso arreglar en buena lid, pero Alcántar no aceptó y lo despojo de su inversión en el negocio; incluso una vez que cerró, vendió el local y no entregó un solo centavo a su otrora socio.

2. El crimen por un adeudo con uno de sus proveedores de mármol, el cual era enviado del Estado de Coahuila.

3. El crimen por la labor periodística, ya que desde 2005, Alcántar no ejercía la profesión que en su momento lo llevó a ser reportero, corresponsal de Notimex y jefe de información del diario El Sudcaliforniano.

Hoy por hoy, las dos principales hipótesis de la PGJE son:

- La venganza por deudas, negocios o chantaje en contra de algún político o empresario.

- El ajuste de cuentas por lavado de dinero de los cárteles Arellano Félix o de Sinaloa.

En la opinión de uno de los investigadores del caso y con base a testimonios recabados, el 7 de septiembre de 2013, Leobardo Alcántar López confesó a un agente de la policía que “ya los traían y querían chingarlos”.

El consanguíneo expuso que “el problema era en contra de Antonio, pero él también estaba bajo amenazas, porque sabía todo lo que estaba sucediendo en torno a su hermano”.

El empleado de Oficialía Mayor no dijo quién ni por qué, pero sí que “había una videograbación de Antonio donde hablaba de quiénes y por qué lo querían matar”, de la cual “había orden de entregar, en caso de que le sucediera algo a él o su hermano”. Incluso “sacó a su hijo del estado porque querían secuestrarlo, y obligarlo a devolver un dinero”.

La confesión en tono de plática sucedió justo cuando el ex vocero del anteriormente gobernador Narciso Agúndez Montaño declaraba en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común acompañado de su esposa, Luz de Monserrat Pérez Robinson, sobre el hostigamiento en su contra y la vigilancia que “alguien” había montado afuera de su casa.

Ese día -según el parte de la Policía Municipal de La Paz- fueron detenidos Pablo Alfonso Zazueta Arce y Geismar Hugo Quiñonez, consignados a la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de allanamiento de morada.

Los dos montaban guardia de vigilancia en la residencia del ex funcionario en el fraccionamiento Fidepaz, en el municipio de La Paz, siendo detenidos y posteriormente, puestos en libertad. Los hechos quedaron asentados en la averiguación previa LPZ/798/DET/2013.

(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones ZETA/ octubre 22, 2013 12:00 PM)

EL DESPILFARRO DE AGÚNDEZ EN SAN JOSE DEL CABO, BCS



El Presidente Municipal admitió que existió una irregularidad por parte de sus funcionarios, a quienes termina defendiendo, mientras niega que “haya existido desvío de recursos”. 

Regidores señalan el derroche y se oponen a su manejo turbio del recurso público.

San José del Cabo, Baja California Sur. El alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, y el tesorero, Gerardo Manríquez Amador, se fueron por lo más fácil y cómodo.
Durante el ejercicio fiscal 2012, gastaron un excedente de ingresos de alrededor de 224.6 millones de pesos en presuntos servicios personales, arrendamientos, asesorías, materiales y suministros, servicios de difusión, información y propaganda, apoyos y subsidios y erogaciones extraordinarias.

Con la vieja escuela del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, el principal problema es que el gasto no fue solicitado, informado menos aún autorizado previamente, y por ende, sujeto a votación entre los 13 integrantes del cabildo, como establecen expresamente los artículos 184 y 185 de la Ley Orgánica Municipal del estado de Baja California Sur.

Los regidores –como reconoció el propio síndico Oswaldo Murillo Martínez—“ni enterados estaban de que el alcalde y el tesorero se habían gastado el excedente que representa el 23 por ciento del presupuesto anual”, hasta que el pasado 9 de octubre, y en la sesión pública número 41, José Antonio Agúndez Montaño, se sacó de la manga “el presupuesto de egresos de transferencias, ampliaciones y reducciones del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2012”, y sin más, solicitó la aprobación del gasto irregular del 2012 e intentó regularizarlo casi a finales del ejercicio fiscal del 2013.

Como era de esperarse, la mayoría de los regidores rechazaron la propuesta porque, como dijo el edil del PAN, Juan Fernández Sánchez Navarro, “la aprobación implicaría desconocer los principios elementales del régimen presupuestario del gasto público y pudieran ser sujetos de responsabilidades administrativas y hasta penales”.

El regidor expuso que tanto el edil como el tesorero, a sabiendas de su responsabilidad y omisión de sus facultades y obligaciones, decidieron por sí solos, de manera unilateral y sin tomar en cuenta al pleno del cabildo, gastar el dinero que es parte del patrimonio municipal de Los Cabos.

La votación, según el dictamen, fue la siguiente:

El alcalde José Antonio Agúndez Montaño y la regidora Emilia Vega Uribe a favor de la aprobación.

El síndico Oswaldo Murillo Martínez y los regidores Julio César Castro Pérez, Juan Mauricio Albañez Albañez, Juan Octavio Arvizu Buendía, Anel Susana Marrón Amador,  Víctor Manuel Ortegón Góngora, Ana María Wilson Izquierdo, Reynaldo Zataraín Valera, Mario Fernández Alonso, Eda María Palacios Márquez y Juan Fernández Sánchez Navarro en contra de la autorización.

Así con 11 votos en contra y dos a favor, los regidores rechazaron convertirse en cómplices del desastroso manejo de recursos en el que incurrieron el alcalde y su tesorero, Gerardo Manríquez Amador.

Según la mayoría de los regidores consultados por ZETA cuando los funcionarios ejercieron el gasto del excedente de dichos fondos públicos, violentaron entre otras cosas, las siguientes leyes y reglamentos:

1.- Los artículos 125, 181, 182, 183, 184, 185 y 186 de la Ley Orgánica del gobierno municipal del estado de Baja California Sur.

2.- Los artículos 39 y 42 del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Los Cabos.

3.- Los artículos 8 y 20 del Reglamento Interno de la Tesorería Municipal

4.- Los artículos 19 y 34 del Reglamento de Administración Pública Municipal.

5.- El artículo 6 de la Normatividad del Contenido y Control de la Cuenta Pública del estado.

6.- El artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y municipios de Baja California Sur.

7.- Los artículos 85 y 86 de la Ley general de Contabilidad Gubernamental

El regidor Juan Fernández Sánchez Navarro fue más explícito y dijo que el artículo 125 de la Ley Orgánica del gobierno municipal, establece que son atribuciones del tesorero  “aplicar los ingresos de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado por el ayuntamiento” y “proponer las medidas o disposiciones que tiendan a incrementar los recursos económicos que constituyen la hacienda municipal”.

Es decir, el dinero no puede disponerse y mucho menos gastarse sin previa autorización de 9 de los 13 regidores que integran el cabildo, como marcan los artículos 184 y 185 de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

De lo contrario, y según el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Baja California Sur, incurren en responsabilidad administrativa por actos y omisiones y pueden ser sancionados desde la suspensión del cargo hasta la destitución con inhabilitación para el desempeño de algún empleo público, cargo o comisión hasta por 6 años.

Peor aún. Según el artículo 152 del Código Penal del estado, establece que “cometen el delito de coalición de servidores públicos y se aplicará de uno a seis años de prisión, a quienes teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o cualquier disposición de carácter general, impedir su ejecución o hacer dimisión de sus puestos con el fin de perjudicar la función pública”.

Por lo pronto, el gasto del excedente habrá de ser sometido a una auditoría externa –según la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del cabildo— y cuyos resultados serán dados a conocer en su oportunidad.

EL EXCEDENTE

Datos recabados por ZETA, con base al informe de transferencias, ampliaciones, reducciones al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del 2012, el tesorero Gerardo Manríquez Amador, modificó el presupuesto, aumento y distribuyó el gasto de los 224.6 millones de pesos del excedente en 70 partidas presupuestarias.

En análisis y revisión de las cuentas –según el regidor del PAN, Juan Fernández Sánchez Navarro—“es evidentemente que el gobierno del hermano de Narciso Agúndez Montaño no se ha destacado precisamente por la austeridad y finanzas públicas responsables”, porque disparó discriminadamente el gasto público en los conceptos de servicios telefónicos, energía eléctrica, arrendamientos, asesorías, estudios e investigaciones, así como viáticos, transportes, gastos de recepción, conmemoración y de orden social, combustibles e incluso en sueldos, sobresueldos y compensaciones de servidores públicos. Por citar algunos ejemplos:

1.- El gasto de arrendamiento de vehículos pasó de 176 mil 553 pesos a 836 mil 851 pesos.

2.- El servicio de asesorías pasó de 5 millones 541 mil 771 a 20 millones 169 mil 081 pesos.

3.- Los servicios de recepción y conmemoración pasó de 4 millones 867 mil 565 a 12 millones 543 mil 818 pesos.

4.- Los gastos de lubricantes, aceites y aditivos pasó de un millón 200 mil pesos a 2 millones 533 mil 136 pesos.

5.- Los sobresueldos pasaron de 77 millones 342 mil 546 pesos a 82 millones 416 mil 672 pesos.

6.- El pago de compensaciones por “servicios especiales” pasaron de 160 millones 113 mil 802 pesos a 186 millones 669 mil 064 pesos.

7.- Las erogaciones imprevistas pasaron de 40 mil 881 pesos a 2 millones 026 mil 066 pesos.

El regidor calificó el caso como una burla, porque lejos de haber incrementado el gasto, el alcalde y el tesorero, debieron haber implementado un plan de austeridad, y sobre todo pagar las graves deudas que no fueron consideradas para ejercer el excedente de recursos, como el pasivo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) estimada en 100 millones de pesos, y de la cual ya existía la instrucción clara y precisa del pleno del cabildo de “programar el debido pago de estas cuotas con carácter de urgente por los beneficios que aporta a los trabajadores”, según el resultado de la sesión extraordinaria número 29 celebrada el 15 de noviembre del 2012.

No obstante, la deuda no se pagó, lo que contribuyó a un perjuicio de la Hacienda municipal por los intereses moratorios generados en actualizaciones, multas y recargos, y donde obviamente, nadie se hace responsable de la omisión.

El alcalde José Antonio Agúndez y el tesorero Gerardo Manríquez Amador –y quien eso sí, estrena rines de lujo en su camioneta oficial— ocultan bajo llave las cuentas del ayuntamiento y se han negado a entregar información contable detallada al regidor Juan Fernández Sánchez Navarro.

Según el edil, el 10 de enero del 2013, entregó un memorándum al presidente municipal de Los Cabos, y éste a su vez, solicitó al tesorero facilitar la información de las cuentas públicas del 2012. Sin embargo, nunca lo hizo.

En un segundo intento, el 12 de marzo, el contralor solicitó a Manríquez remitir la información y lo volvió hacer el 8 de abril, y quien rechazó entregar la información. Finalmente, el 8 de mayo, exhortó de manera oficial hacer la entrega de la información contable detallada del ejercicio fiscal de 2012 y nada sucedió, y de acuerdo con el edil, “no hubo sanciones ni tampoco se deslindaron responsabilidades en contra de tesorero”.

A diez meses de distancia, el regidor del PAN, no recibió la información, porque –según expuso— “algo muy grave se está escondiendo”, por lo que adelantó que en breve “va a solicitar abrir una investigación y deslindar responsabilidades administrativas en el marco legal”.

LAS EXCUSAS

Sobre las acusaciones, y ante las evidencias, el tesorero del Ayuntamiento de Los Cabos, Gerardo Manríquez Amador, se defendió y en una reunión con regidores, trató de justificar la omisión, cuando dijo que “no había presentado las cuentas por el desfase en las reuniones de cabildo” y que no tenía ningún inconveniente en la auditoría porque –dijo—“no hubo malos manejos” y “se hizo sin dolo”.

Recordó que en el ejercicio fiscal de 2012 fueron autorizados mil 280 millones 663 mil pesos, y cuyo comparativo –con el gasto real— arrojó un excedente de ingresos de 224.6 millones de pesos. Según sus números, el dinero provino de la siguiente manera:

1.- 50 millones 870 mil 640 pesos de recursos propios.

2.- 9 millones 581 mil 274 pesos de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

3.- 9 millones 603 mil 411 pesos de estímulos del Sistema de Administración Tributaria (Sat).

4.- 20 millones de préstamos.

5.- 25 millones 074 mil 731 pesos de participaciones estatales.

6.- 32 millones 322 mil 042 de participaciones federales.

7.- 25 millones de la Cumbre del G-20.

8.- 17 millones 719 mil 468 pesos del programa Hábitat 2011.

9.- 12 millones 725 mil 137 pesos del programa Hábitat 2012.

10.- 1 millón 204 mil 214 pesos del programa de Rescate de Espacios Públicos.

11.- 9 millones 500 mil pesos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun).

12.- 8 millones 062 mil 020 pesos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (Fais).

13.- 43 millones 480 mil 200 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

En suma, fueron 224 millones 643 mil 638 pesos de excedente en el 2012.

José Antonio Agúndez Montaño, mandatario corresponsable de este desaseo administrativo, admitió que existió una irregularidad por parte de los funcionarios, pero salió a su defensa y rechazó que “haya existido desvío de recursos”.

El presidente municipal estuvo de acuerdo en que “se inicie una investigación y se realice una auditoría externa al gasto del excedente” y dijo estar tranquilo porque –según él—“no hubo mal uso del dinero público”.
Según los regidores, el alcalde y el tesorero cayeron en omisión administrativa, derivado de que la cuenta pública de diciembre del 2012 se cerró en la última sesión de cabildo celebrada en julio del 2013.





Se despacharon con “la cuchara grande”

Concepto
Presupuesto Autorizado
Presupuesto Ejercido
Dinero gastado sin autorización de regidores
Sueldos al personal de base y confianza
$77,655,538.00
$82,416,355.00
$4,7060,817.00
Sobresueldos
$77,342,546.00
$82,416,672.00
$5,074,126.00
Compensaciones por “servicios especiales”
$160,113,802.00
$186,669,064.00
$26,555,261.00
Prima vacacional
$10,280,267.00
$14,551.428.00
$4,271,161.00
Retribuciones por gastos de representación
$3,855,570.00
$4,218,000.00
$362,430.00
Otras prestaciones de “seguridad social”
$68,290,018.00
$84,126,069.00
$15,836,051.00
Cesantía en edad avanzada y vejez
$1,674,324.00
$4,291,877.00
$2,617,553.00
Material de oficina
$3,675,283.00
$3,392,189.00
$263,094.00
Material de limpieza
$2,873,135.00
$4,731,818.00
$1,858,682.00
Materiales y útiles de impresión
$1,733,588.00
$4,142,299.00
$2,408,711.00
Materiales y accesorios para equipo de cómputo
$229,934.00
$600,524.00
$370,590.00
Alimentación de personas
$4,200,054.00
$6,502,112.00
$2,301,572.00
Utensilios para alimentación
$48,134.00
$315,378.00
$267,244.00
Herramientas, refacciones y accesorios
$7,458,357.00
$19,414,402.00
$11,956,046.00
Material eléctrico
$527,876.00
$1,347,766.00
$819,910.00
Materiales de construcción y complementarios
$1,717,914.00
$3,396,319.00
$1,678,406.00
Adquisición de placas
$197,303.00
$3,396,319.00
$2,167872.00
Combustibles
$46,238,741.00
$58,685,305.00
$6,226,001.00
Lubricantes, aceites y aditivos
$1,200,000.00
$2,533,136.00
$1,333,136.00
Ropa, vestuario y equipo
$1,138,685.00
$2,337,131.00
$1,198,445.00
Artículos deportivos
$145,601.00
$2,337,131.00
$1,198,445.00
Servicio telefónico
$4,470,804.00
$6,871,390.00
$2,400586.00
Servicio de luz
$38,071,405.00
$48,862,422.00
$10,791,377.00
Servicio de celulares
$2,679,000.00
$2,911,852,81.00
$232,853.00
Arrendamiento de vehículos
$176,553.00
$836,851.00
$576,056.00
Asesorías
$5,541,771.00
$20,169,081.00
$14,627,310.00
Estudios e investigaciones
$1,025,258.00
$1,589,746.00
$564,488.00
Servicio de mantenimiento y conservación de maquinaria, vehículos y equipo
$5,910,102.00
$14,789,454.00
$8,879,351.00
Gastos de propaganda
$8,307,353.00
$9,767,087.00
$1,459,734.00
Gastos de prensa y comunicaciones oficiales
$8,209,801.00
$11,779,293.00
$3,569,492.00
Espectáculos culturales
$702,591.00
$1,316,146.00
$613,555.00
Viáticos
$1,334,211.00
$1,505,860.00
$171,649.00
Gastos de recepción y conmemoración
$4,867,565.00
$12,543,818.00
$7,929,311.00
Congresos y convenciones
$202,180.00
$442,153.00
$239,972.00
Apoyos a servicios asistenciales
$8,952,2145.00
$14,938,772.00
$5,986,558.00
Otros servicios
$1,956,437.00
$2,211,819.00
$255,282.00
Subsidios a organizaciones oficiales y privadas
$55,773,999.00
$83,706,026.00
$27,932,027.00
Subsidios para apoyo a la educación
$6,869,812.00
$9,804,439.00
$2,934,628.00
Compra de mobiliario y equipo
$1,268,039.00
$2,348,629
$1,080,590.00
Compra de maquinaria y equipo diverso
$880,406.00
$6,397,218.00
$5,516,812.00
Compra de vehículos y equipo terrestre
$—
$725,000.00
$725,000.00
Erogaciones imprevistas
$40,881.00
$2,026,066.00
$1,985,185.00
Adeudos de ejercicio fiscales anteriores
$1,891,925.00
$12,659,290.00
$10,767,365.00
Adeudos fiscales por servicios personales
$—
$11,488,255.00
$11,488,255.00
Devolución de ingresos percibidos indebidamente en otros ejercicios fiscales
$—
$908,112.00
$908,112.00
Programa Hábitat
$38,924,455.00
$113,475,557
$74,551,102.00
Mantenimiento y conservación de obras
$3,560,027.00
$52,663,221.00
$49,103,194.00

(SEMANARIO ZETA/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ octubre 22, 2013 12:00 PM)