Raymundo Riva Palacio
La mezquindad, la frivolidad y la indiferencia son pésimas compañeras de viaje de un Estado. Mezquindad, como el enanismo político de Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, cuando ante una pregunta sobre su reacción ante el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en contra del ex presidente Felipe Calderón, dijo que ese tema competía sólo al Ejecutivo, no a los senadores. Frivolidad, como la del coordinador del PRD en el Congreso, Silvano Aureoles, quien desestimó cualquier acción mexicana porque Estados Unidos, dijo, espía a todo el mundo, todo el tiempo. Indiferencia, como la de una sociedad, que ante hechos que definen su destino es apática.
Esta semana trajo nuevas revelaciones sobre la intromisión de Estados
Unidos en los asuntos internos mexicanos, que entraron en 2010 en los
sistemas de comunicación de la Presidencia de la República y supieron
qué pensaba el Gobierno, qué discutía y cuáles decisiones tomaría. Fue
tan profundamente grave la revelación, que la cancillería condenó el
hecho horas después de divulgarse los documentos del espionaje de la
Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), pero la
reacción en general de la sociedad política y la opinión pública fue
displicente.
La semana pasada cerró con otras revelaciones, las de la participación de un veterano agente de la CIA en la tortura y el asesinato del policía antinarcóticos Enrique Camarena Salazar en 1985, como parte del entramado donde a cambio que los cárteles mexicanos introdujeran droga a Estados Unidos, transportaban armas a la Contra en Nicaragua durante los últimos años de la Guerra Fría en Centroamérica.
Los dos episodios no están conectados en tiempo y en espacio, pero están vinculados. Son las agencias de inteligencia estadounidense zambullidas en asuntos internos mexicanos, las que han cambiado la naturaleza de las relaciones bilaterales. El caso “Camarena” modificó para siempre el tono de la relación bilateral, que se narcotizó, y desató presiones interminables para que los estadounidenses manejaran directamente la política contra los cárteles de la droga, que terminó con la cesión de soberanía por parte de la Administración de Calderón, que les materializó su utopía: condujeron la guerra contra el narcotráfico y, más aún, lo hicieron desde territorio mexicano.
En ese periodo de entrega casi total a Washington, fue durante el cual la NSA espió las comunicaciones electrónicas del Gobierno mexicano para conocer todo lo que pasaba por sus mentes. No se limitaron a la administración pasada. Intervinieron también los teléfonos celulares del candidato presidencial del PRI y nueve de sus colaboradores, para descubrir si, como decían los panistas en Washington, el regreso del PRI al poder era el retorno de la corrupción y el narcotráfico. Si el caso “Camarena” degradó la relación a un nivel de policías y delincuentes, corrupción y la viabilidad del Estado mexicano, el caso del espionaje rompe la certidumbre en la interlocución y lastima la confianza con Washington.
El Gobierno mexicano no reaccionó institucionalmente cuando aparecieron los primeros síntomas de la nueva realidad que lo envolvía. Los cables diplomáticos difundidos a través de WikiLeaks revelaron la profundidad de la penetración de las agencias de inteligencia estadounidenses en México y cómo veían sus diplomáticos al Gobierno. El ex presidente Calderón reaccionó visceralmente en contra del entonces embajador Carlos Pascual, y no institucionalmente, como ahora exige al gobierno de Enrique Peña Nieto, que lo haga porque intervinieron su correo electrónico y el de su gabinete.
Calderón equivocó en aquél entonces el proceder porque no entendió el mundo que adelantaba WikiLeaks. Ahora su exigencia caminó por el sendero correcto y obligó al gobierno de Peña Nieto a dejar la prudencia ante Washington y defender públicamente la soberanía nacional, que ya no se encuadra en el concepto clásico del territorio, sino que obliga a levantar nuevas barreras en un mundo cibernético y sin fronteras, para evitar que sean otros los que tomen las decisiones que corresponden a los mexicanos. Pero no es suficiente, porque la defensa de la soberanía no corresponde únicamente al Ejecutivo.
Absurdo, por ello, la posición rencorosa de Cuevas y la estrechez estratégica de Aureoles. Lamentable las pocas voces que se han expresado y la minimización de los medios de comunicación sobre temas que nos redefinen hacia el futuro. La defensa de la soberanía nacional no es patrimonio exclusivo del Gobierno. Al contrario, la inacción de la sociedad política y de la opinión pública contribuye a su vulneración y reduce su blindaje. No son tiempos para la mezquindad, la frivolidad y la indiferencia. Son momentos, parafraseando a Ortega y Gasset, de mirar más alto y mirar más lejos. El Estado es lo que está en riesgo.
La semana pasada cerró con otras revelaciones, las de la participación de un veterano agente de la CIA en la tortura y el asesinato del policía antinarcóticos Enrique Camarena Salazar en 1985, como parte del entramado donde a cambio que los cárteles mexicanos introdujeran droga a Estados Unidos, transportaban armas a la Contra en Nicaragua durante los últimos años de la Guerra Fría en Centroamérica.
Los dos episodios no están conectados en tiempo y en espacio, pero están vinculados. Son las agencias de inteligencia estadounidense zambullidas en asuntos internos mexicanos, las que han cambiado la naturaleza de las relaciones bilaterales. El caso “Camarena” modificó para siempre el tono de la relación bilateral, que se narcotizó, y desató presiones interminables para que los estadounidenses manejaran directamente la política contra los cárteles de la droga, que terminó con la cesión de soberanía por parte de la Administración de Calderón, que les materializó su utopía: condujeron la guerra contra el narcotráfico y, más aún, lo hicieron desde territorio mexicano.
En ese periodo de entrega casi total a Washington, fue durante el cual la NSA espió las comunicaciones electrónicas del Gobierno mexicano para conocer todo lo que pasaba por sus mentes. No se limitaron a la administración pasada. Intervinieron también los teléfonos celulares del candidato presidencial del PRI y nueve de sus colaboradores, para descubrir si, como decían los panistas en Washington, el regreso del PRI al poder era el retorno de la corrupción y el narcotráfico. Si el caso “Camarena” degradó la relación a un nivel de policías y delincuentes, corrupción y la viabilidad del Estado mexicano, el caso del espionaje rompe la certidumbre en la interlocución y lastima la confianza con Washington.
El Gobierno mexicano no reaccionó institucionalmente cuando aparecieron los primeros síntomas de la nueva realidad que lo envolvía. Los cables diplomáticos difundidos a través de WikiLeaks revelaron la profundidad de la penetración de las agencias de inteligencia estadounidenses en México y cómo veían sus diplomáticos al Gobierno. El ex presidente Calderón reaccionó visceralmente en contra del entonces embajador Carlos Pascual, y no institucionalmente, como ahora exige al gobierno de Enrique Peña Nieto, que lo haga porque intervinieron su correo electrónico y el de su gabinete.
Calderón equivocó en aquél entonces el proceder porque no entendió el mundo que adelantaba WikiLeaks. Ahora su exigencia caminó por el sendero correcto y obligó al gobierno de Peña Nieto a dejar la prudencia ante Washington y defender públicamente la soberanía nacional, que ya no se encuadra en el concepto clásico del territorio, sino que obliga a levantar nuevas barreras en un mundo cibernético y sin fronteras, para evitar que sean otros los que tomen las decisiones que corresponden a los mexicanos. Pero no es suficiente, porque la defensa de la soberanía no corresponde únicamente al Ejecutivo.
Absurdo, por ello, la posición rencorosa de Cuevas y la estrechez estratégica de Aureoles. Lamentable las pocas voces que se han expresado y la minimización de los medios de comunicación sobre temas que nos redefinen hacia el futuro. La defensa de la soberanía nacional no es patrimonio exclusivo del Gobierno. Al contrario, la inacción de la sociedad política y de la opinión pública contribuye a su vulneración y reduce su blindaje. No son tiempos para la mezquindad, la frivolidad y la indiferencia. Son momentos, parafraseando a Ortega y Gasset, de mirar más alto y mirar más lejos. El Estado es lo que está en riesgo.
(ZOCALO/ Columna de Raymundo RIva Palacio/ 23 de Octubre 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario