miércoles, 1 de agosto de 2018

PROPINAN GOLPIZA A JOVEN EN MARINA DE CABO SAN LUCAS, BCS


Tremenda golpiza le propinaron a un joven en la Marina de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur;  los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas en la zona contigua a la Plaza Puerto Paraíso.

En un video que circula en redes sociales se ve a un joven huyendo de dos personas más que lo persiguen, uno de ellos porta un tubo en la mano, tras alcanzarlo el par de sujetos golpean brutalmente. Fueron casi dos minutos de golpes grabados por uno de los testigos.

A la riña se suma una mujer con un niño de escasos dos años, la fémina trata controlar a los hombres que golpean desalmadamente al joven, sin lograr detenerlos. En el video se observa que guardias de seguridad de la Marina se acercan al conflicto pero no intervienen.

Según información extraoficial, la riña se desató entre comerciantes de la zona de la Marina de Cabo San Lucas, por problemas con el comercio informal. Tras los hechos al lugar arribaron elementos de seguridad, pero los mismos comerciantes decidieron hacer caso omiso a las solicitudes y todo quedó en un mal rato.

El área de la Marina y la Plaza Puerto Paraíso son de las zonas más vigiladas por elementos de la Marina y Gendarmería, sin embargo, también esta mañana ocurrió un asalto dentro del mismo perímetro, dos asaltantes se llevaron un monto de casi dos millones de pesos de la agencia de bienes raíces “Baja International Realty”.

Hasta ahora no se reportan detenidos.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS  ZETA/ MARTES, 31 JULIO, 2018 02:39 PM)

CRECE VIOLENCIA EN 2018


Aunque la cifra de homicidios dolosos bajó más del 70 por ciento en lo que va del año en Los Cabos, los lesionados con arma de fuego aumentaron más de 200%. El narcomenudeo sigue siendo la principal causa del problema

“Para no hacer el caldo gordo, ‘El Rodo’ reportó haber sido agredido con un cuchillo, pero al atenderlo, los doctores indicaron que se trataba de algo más; nos comunicaron y acudimos al sitio, al corroborarlo, la víctima aceptó que había sido agredido por hombres desconocidos, no vio en qué viajaban ni nada, solo le dispararon”, aseguró a ZETA un agente de Investigación Criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), respecto al hecho registrado la tarde-noche del domingo 15 de julio en las calles Río Grande y Río Bravo de la colonia Laguna Azul en La Paz.

El herido responde al nombre de Rodolfo Miguel Amador, de 35 años de edad, quien llegó por sus propios medios al Hospital de Especialidades “Juan María de Salvatierra”; el diagnóstico indica dos heridas en pierna derecha con entrada y salida, así como un rozón en el lado izquierdo de la frente.

Al entrevistarse con los oficiales, la víctima refirió ir “caminando por las antenas en la colonia Márquez de León, cuando unos hombres intentaron ‘levantarme’, pero hui y me pegaron dos balazos”, aseguró quien no quiso revelar mayores datos de sus agresores, pero es sabido que una de las zonas que sigue caliente es la colonia Márquez de León, territorio que era controlado por el ex agente municipal Carlos Alberto “N”, alias “El Chimichurri”, de 30 años.

De acuerdo al mapa delictivo elaborado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantenía con operativos constantes, “El Chimichurri” se desempeñaba en la zona de Márquez de León, Guelatao, Guadalupe Victoria, Lázaro Cárdenas, Roma y Francisco Villa, inclusive le atribuyen operaciones en la colonia Agustín Olachea, así como “levantones” y ejecuciones que datan de diciembre de 2017 a marzo de este año en Libramiento Oceguera y Carretera a Los Planes.

Su control se perdió el viernes 6 de abril, cuando maniatado, con huellas de tortura y un tiro de gracia, su cuerpo se encontró en la carretera que une al poblado de San Juan de Los Planes con la comunidad de San Antonio en La Paz.

“Según las indagatorias, ‘El Chimichurri’ puso a mucha de la gente que operaba con él, y precisamente se han registrado muchos heridos o fallecidos con arma blanca, quizá para no llamar mucho la atención, pero los narcomenudistas de la zona andan preocupados, pues recientemente los aliados al ‘Chimichurri’ han sido cazados por contras. Lo más seguro es que esta zona se vuelva a ‘calentar’ y tengamos un enfrentamiento”, refirió el miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en el Estado.

Autoridades de los tres niveles de gobierno han salido a señalar que en el primer semestre del año la situación ha mejorado, con la reducción del 95 por ciento de los homicidios, sin embargo, los reportes de gente armada y movimientos sospechosos siguen al acecho. Detenciones y aseguramientos de armas de fuego y droga son de todos los días, aunque las autoridades solo presenten cifras de disminución de homicidios que van a la baja, pero la gente armada aumenta en las calles.

AUMENTA VIOLENCIA EN 2018

Como resultado del trabajo interinstitucional que se efectuó durante el primer semestre de este año, los delitos de alto impacto disminuyeron 95% en Los Cabos, con relación al segundo semestre de 2017.

Si la disminución de delitos de alto impacto solo refiere a Los Cabos, de entrada se tiene que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dicho municipio reportó 160 homicidios dolosos en el primer semestre de 2017; mientras que en los primeros seis meses de 2018, se tiene un estimado de 42 homicidios dolosos, pero el Secretariado registra 37 hasta mayo.

Con 42 homicidios dolosos en 2018 para Los Cabos, contra 160 registrados en 2017, el año más violento, la disminución de delitos contra la vida es del 73.75%, lo cual deja entrever que los homicidios siguen con alta presencia.

Solo dos municipios de Baja California Sur presentan una disminución mayor al 70% en cuanto a homicidios dolosos en los primeros cinco meses del año, la realidad es que sigue siendo una gran preocupación para la ciudadanía, pues hace apenas unos días se aseguró a una célula delictiva de “Los Guzmanes” o “Los Tegoripeños” fuertemente armados y recién llegados desde Sinaloa a Los Cabos.

“Da a pensar que se están reagrupando y expandiendo para enfrentar, quizá, una nueva oleada de violencia que sacuda a la entidad, pero como dice el propio gobernador, Carlos Mendoza Davis, más vale reconocer un problema para poderle dar solución”, refirió la fuente del Grupo de Coordinación.

En cuanto a homicidios dolosos en los primeros cinco meses de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta:

De continuar esa tendencia, la etapa de contención se rompería, al encontrarse BCS en una tranquilidad tensa por la considerable cantidad de incidentes que se registran alrededor de las “cifras”.

Tal fue el caso en una zona “caliente” del Pedregal del Cortés, el Andador Miguel Ibarra Galván, cuando el lunes 16 de julio se registró otro intento de “levantón”. La víctima, José Humberto Ureña Rivas, de 18 años, resultó herido con arma blanca al resistirse, lesionándolo del lado izquierdo detrás de la oreja, hacia la parte media de la cabeza, con una cortada de aproximadamente siete centímetros de largo.

Así, la autoridad ha tenido un ligero incremento en el registro de lesiones dolosas en lo que va de 2018: 682 personas lesionadas en los primeros cinco meses del año, más del 10% que los presentados en 2017.

Lo más relevante es que los lesionados por disparos de arma de fuego, han aumentado más del 220% en el presente año, dato que la PGJE, titulada por Daniel de la Rosa Anaya, no ha revelado.

BCS SE MANTIENE SIN ALERTA DE EU

De acuerdo a la última actualización del Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, Baja California Sur se mantiene fuera de las restricciones que ese gobierno emite a sus connacionales. Precisamente la reestructuración de las alertas ha beneficiado al Estado sudcaliforniano, pues 2017 afectó gravemente a la entidad en cuanto a visitas.

Carlos Mendoza Davis, gobernador de BCS, aplaudió que la estrategia conjunta entre los tres órdenes de gobierno esté funcionando y brindando mayor sensación de seguridad a los turistas.

“Permanecimos fuera, la vez pasada, hace seis meses que hubo la siguiente valoración, también estuvimos como una de las entidades del país en las cuales no hay ninguna restricción para viajar, nos da mucho gusto que en esta nueva valoración del Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, nuevamente haya ratificado que por BCS se puede viajar con toda tranquilidad, esto manda un mensaje muy claro a México y al mundo, de que aquí vivimos en paz, que estamos tranquilos, que nos pueden venir a visitar”, celebró Mendoza Davis.

Más de dos mil elementos de seguridad llegaron a reforzar las calles de Los Cabos y La Paz principalmente, lo que ha llevado a una considerable disminución de hechos de alto impacto.

Por lo menos así lo ha percibido la población, ya que anteriormente los enfrentamientos eran constantes en las diferentes colonias y zonas de uno de los destinos turísticos más importantes del país.

“Como lo he dicho siempre, sin lanzar campanas al vuelo, las estrategias de coordinación, de trabajo conjunto, de esfuerzo por parte de la sociedad y del gobierno y sus tres niveles, en el fuero civil y en el fuero militar, han contenido hasta ahora los embates que tuvimos de la violencia. Yo le apuesto a que todos sigamos unidos y vayamos por ese camino, que nos sigan ratificando como un Estado seguro para viajar”, reiteró el mandatario.

Aunque la violencia se encuentra en una etapa de contención, autoridades han optado por reforzar los puntos flacos con el fin de que cualquier amenaza sea neutralizada y así desarticular las diversas células delictivas que mantienen operaciones en la zona sur de la entidad.

CAE EX POLICÍA IMPLICADO EN CASO ASAEL VALTIERRA

El lunes 16 de julio, agentes de Investigación de la Policía Ministerial en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, ejecutaron orden de aprehensión girada por el Juez Segundo Mixto de Primera Instancia, en contra de Moctezuma I. Bareño Arce, de 37 años de edad, originario de esa cabecera municipal, vinculado a la comisión del delito de privación ilegal de la libertad y robo con violencia en agravio de Jesús Asael Valtierra Loya, de 22 años, a quien se localizó sin vida el 31 de enero de 2011 en las inmediaciones del Rancho Esparragueros del tramo carretero Puerto San Carlos-Ciudad Constitución.

Ex agente municipal de Comondú, Moctezuma participó en este hecho junto al ex comandante Felipe Rodríguez Higuera y el policía Guillermo Aripez Geraldo.

Se les vinculó al homicidio cuando la autoridad confirmó que “policías municipales participaron en un falso retén a bordo de dos patrullas” y se especula que otros tres policías lo hicieron, pero no han sido vinculados.

Según las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se trata de por lo menos siete personas quienes serían responsables del asesinato de Valtierra (aunque se hable de por lo menos 12), entre los que figuran los mencionados elementos de la Policía Municipal, así como Obed Lemuel León Sáenz “El Bitachi”; Ignacio Acosta Madrigal “El Nancho”; Óscar Fidel Angulo López; Jaime Lara Murillo “El Güero Edén” o “El Vaquero”; y Amadeo “El Yeyo”  Zamudio, este último, considerado presunto autor intelectual del crimen. Fue detenido y sentenciado en 2013.

De acuerdo con la averiguación previa 113/2014, las investigaciones se reanudaron y desde entonces han ido cayendo los involucrados: cuatro en 2015 (dos en BCS, uno en Sinaloa y otro en Michoacán); uno en 2016 y otro más en 2017 en Ciudad Constitución, donde tranquilamente paseaban por la misma comunidad donde dieron muerte al joven en 2011.

En su momento la familia externó su preocupación por el retraso en la ejecución de las órdenes de aprehensión libradas en contra de dos de tres policías municipales implicados, hoy solo queda uno pendiente.

“Seguimos insistiendo para que se aprehendan, sean procesados y sentenciados con las penas máximas a todos y cada uno de los implicados en los hechos ocurridos el 31 de enero de 2011, con el fin de robarle el dinero que trasladaba nuestro hijo Asael Valtierra Loya. Fue privado de su libertad para después  asesinarlo y, no conformes con dicha atrocidad,  lo incineraron dentro del vehículo pick-up Dakota color blanco en el que viajaba”, es la consigna de Jesús Valtierra García y Guadalupe Loya Higuera, padres de la víctima.

Acorde con la familia, a la fecha  han sido consignados y se han librado 12 órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio con premeditación y alevosía, privación ilegal de la libertad, robo con violencia y daño agravado por medio de incendio.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS / INVESTIGACIONES ZET/ MARTES, 24 JULIO, 2018 01:00 PM)

“KIKO” BUSCÓ A BONILLA: “NO HABRÁ PACTO… ÉL TIENE CUENTAS QUE RENDIR”


Jaime Bonilla, el senador electo de Morena, reveló a ZETA que recibió una llamada de parte del gobernador para concertar una cita. Por lo pronto, hasta no tener cargo oficial, no se reunirá con él para evitar malos entendidos, pero sentencia que no habrá perdón ni amnistía a la corrupción y quien desvió recursos en BC, “va pagar las consecuencias”

Durante la semana, algunas versiones se hicieron públicas en medios de comunicación sobre colaboradores o cercanos del senador electo y próximo coordinador del Gobierno Federal en Baja California, Jaime Bonilla, y del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Rumores que sugerían el intento, por parte de terceros, para acercar políticamente a las dos figuras. El deslinde vino por parte de Jaime Bonilla, el líder de Morena, mediante una entrevista con este Semanario: “Ni el Presidente de México ni el futuro gobernador o coordinador de delegaciones, tiene la facultad moral para decir que no hay problema. La gente no quiere sangre, quiere justicia. Es todo, y se va a hacer justicia”.

Y remata: “No hay ningún pacto ni va a haber ningún pacto con ningún gobierno, ni estatal, ni municipal; ni con los presidentes municipales, ni gobernador…Quien sea responsable de desviar recursos, va a pagar las consecuencias. No nada más resarcir el daño o regresar el dinero, ya se cometió el delito”.

Bonilla le resta importancia a las versiones que sugieren, existen puentes ocultos de comunicación entre él y el mandatario del Estado; y para “demostrarlo”, reveló a ZETA que la misma mañana de la entrevista (martes 24), su equipo recibió una llamada telefónica por parte del gobernador.

La petición por parte de la oficina del “Kiko” Vega, asegura el de Morena, fue para concretar una cita, un encuentro entre ambos: “Hoy recibimos una llamada, que el gobernador deseaba reunirse conmigo”.

— ¿Y cuál es la respuesta que se le dio?

“Ninguna. No hablé con él. Estaba en reuniones. No le he respondido. No creo que tenga tiempo de verlo, por lo menos en las próximas dos semanas. No me voy a reunir con él.

— ¿Cuál va a ser la respuesta al gobernador?

“Yo no me puedo reunir hasta después de que tome posesión del Senado y esté en funciones, y que tenga más claro cómo va a quedar todo. Seguramente, él va a querer saber detalles y solo tengo generalidades. Para qué me voy a juntar con él”.

— ¿Cuál cree que sea la intención del gobernador de reunirse con usted?

“El gobernador que tenemos ahora es el más desinformado que hemos tenido en Baja California. A eso le sumas la corrupción. Tiene poco interés, el gobernador en solucionar los problemas. Tiene su mente en otra parte. Juntarme con él siento que es estéril, qué beneficio puede tener ahorita. Nada más que surjan un montón de rumores que hicimos algo en lo oscurito, que se filtren fotos o que se invente. A mí no me interesa reunirme con el gobernador, tampoco quiero ser grosero. Si me pide que me reúna con él, tengo que ir preparado para saber de qué quiere hablar conmigo. Tendré que reunirme, ya que tenga esa embestidura misma, ahorita no soy más que un senador electo. De esto le tengo que dar cuenta al licenciado López Obrador. Ahorita solo serían rumores y se presta para pensar en arreglos en lo oscurito”.

Aun así, Bonilla dice ser “muy respetuosos de la vestidura del gobernador”, y que en todo caso, su próximo nombramiento como coordinador del Gobierno Federal solo será “una aduana sobre los recursos. Ésta es una especie de responsabilidad donde se va a fiscalizar los gastos donde vayan, nos interesa que los recursos lleguen abajo”.

El senador electo asegura que con eso se va a evitar casos como “los Duartes, los Granier, los Moreira”, que “tenían toda la posibilidad de firmar y se llevaron la lana…Eso es lo que se trata de evitar de aquí en adelante”.

— ¿Y el daño que se ha hecho?

“Todas las acciones tienen una consecuencia. No va a haber cacería de brujas, pero no va a haber tampoco perdón o amnistía para ese tipo de delitos. Quiero ser muy claro y muy enfático, no va a haber vacas sagradas. Quien sea responsable de desviar recursos, va a pagar las consecuencias. No nada más resarcir el daño o regresar el dinero, ya se cometió el delito”.

Bonilla descalifica al gobierno del Estado: “No nada más es el caso que tenemos un gobierno disfuncional, tenemos un gobierno corrupto. Esa es la realidad. Ha habido corrupción en las dependencias, se han robado dinero.

“Es un Estado completamente abandonado. Yo estoy personalmente agraviado por este gobierno como tijuanense, como bajacaliforniano. Me siento dolido de tener un gobierno que no se preocupó. No se me va a pasar por nada. No hay drenaje ni calles raspadas, menos pavimentadas. Ni escaleras, ni rampas para que la gente suba a sus casas. Dónde están los miles de millones de pesos que se mandaron para eso. Ése es mi agravio. Mi agravio es mi pueblo. No debo ni puedo, ni haría un convenio con el gobernador, donde perjudicara nada más a mi partido, sino a la sociedad. Él tiene cuentas que rendir y yo no le voy a ayudar a rendir cuentas”. Morena, reveló a ZETA que recibió una llamada de parte del gobernador para concertar una cita. Por lo pronto, hasta no tener cargo oficial, no se reunirá con él para evitar malos entendidos, pero sentencia que no habrá perdón ni amnistía a la corrupción y quien desvió recursos en BC, “va pagar las consecuencias”.

(SEMANARIO ZETA/ ZOOM POLÍTICO / ISAÍ LARA BERMÚDEZ /LUNES, 30 JULIO, 2018 01:00 PM)

PUGNA POR ZONA ESTE DE TIJUANA RECRUDECE VIOLENCIA


En dos días fueron ejecutadas 25 personas, que a lo largo de 2018 suman mil 391 víctimas. El subprocurador de Zona, Jorge Álvarez, señala que entre el 80 y 85 por ciento de los asesinatos, son ajustes de cuentas entre narcomenudistas. En el área de Los Pinos, La Presa y Presa Rural, se registran más crímenes por órdenes de “El Cabo 20” y “El Cabo 8”, quienes riñen por el control de esa zona. El primero tiene la protección de Cártel de Sinaloa, y el segundo, del CJNG

Hasta junio, el promedio diario de ejecuciones en Tijuana oscilaba en 7.5 muertes, pero desde hace tres semanas la violencia se recrudeció en la Zona Este de la ciudad, donde dos células, una del Cártel de Sinaloa y otra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se disputan el control por la venta de droga.

Los días 23 y 24 de junio se registraron 11 y 14 crímenes, respectivamente, disparando el promedio diario de muertes; estadística que -finalmente- comienza a preocupar en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Lo que detonó el crimen por aquella zona de Tijuana es la pugna entre Edgar Alejandro Herrera, alias “El Cabo 8”, “El Caimán” y /o “El Zame” (“Lagartijas”), alineado al CJNG, contra David López Jiménez “El Cabo 20”, disidente de Jalisco para unirse a Sinaloa, en las filas de José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”.

A raíz de un asesinato registrado la segunda semana de junio en el estacionamiento del bar 7 de Copas en el Bulevar Díaz Ordaz, uno de los testigos declaró que los sujetos antes mencionados pertenecían al CJNG, pero López Jiménez “volteó bandera” para unirse a Sinaloa, originando la ola de crímenes desde Los Pinos, pasando por La Presa y Presa Rural.

“El Cabo 20”, también apodado “El Lobo”, tiene antecedentes penales por robo con violencia a casa habitación en octubre de 2010, ficha por delitos contra la salud en marzo de 2016, ficha por robo de vehículo en agosto de 2014 y por delitos contra la salud en marzo de 2017.

Sobre “El Caimán”, los registros con que cuenta la autoridad constan de una grabación telefónica donde presuntamente amenazaba a policías municipales; está por abrírsele un mandamiento judicial y la integración de una carpeta de investigación del orden federal por delitos contra la salud.

También tiene averiguaciones previas  por lesiones en 2010, daño en propiedad ajena intencional en 2005 y lesiones por riña en 2009. Aparte de turnaciones por grafiti y objeto fijo en 2005, daños materiales a comercio en 2007, golpes físicos en 2008 y delitos contra la salud en 2011; y fichas por barandilla por actos al vicio, causar molestias e ingerir bebidas en la vía pública, la última de ellas en 2010.

 EL MULTIHOMICIDIO

Los cuerpos de tres hombres y una mujer, al parecer privados de la vida por estrangulamiento, aparecieron en un tramo de terracería en el Ejido Ojo de Agua. Las víctimas, hasta ahora sin identificar, estaban en el interior de un costal. Tenían los rostros cubiertos con cinta adhesiva transparente y diversas huellas de violencia. Oscilaban entre los 30 y 40 años de edad.

“Los occisos tenían el mismo perfil, tatuajes en la piel, la mujer tenía uno de la Santa Muerte. Da la impresión de que estuvieron privados de la libertad en algún lugar; los interrogaron, amenazaron, golpearon, después los ejecutaron y por último abandonaron los cadáveres”, señaló un investigador.

El múltiple homicidio es parte de la pugna por el control de los lugares de venta de droga en la Zona Este.

“La ejecución es una forma de ganar territorio, es como miden sus fuerzas. Ellos revisan cuántos puntos de venta tengo en cual o tal colonia, y lo que están haciendo es quitarles los puntos de venta a la otra persona, ¿cómo lo hacen? Con terror, amenazas y asesinatos. Primero los abordan, les dejan droga y les dan un teléfono, cuando ya no les contestan la llamada se dice que ya no está alineados; es cuando vienen las ejecuciones. No se puede decir que hay territorios controlados y eso se mide cuando ya no pase nada, ya no se registren homicidios”, amplió el investigador quien, agregó, la violencia en Tijuana recrudeció entre un 20 y 25 por ciento durante junio y julio.

“El promedio de muertes mensuales oscilaba entre 180 y 190, el mes pasado rebasó los 221 y este julio van 201. Esto se traduce en que no hay territorios controlados por ninguno de los dos grupos. El control en Los Pinos, Presa y Presa Rural se podrá medir cuando ya no ocurran homicidios”.

CAMBIO EN LA ESTRUCTURA, RESULTADOS POSITIVOS: PGJE

Jorge Álvarez, subprocurador de Justicia, señaló que a raíz del cambio de estructura en la corporación, en abril de 2018, se han arrojado resultados positivos.

“A la Procuraduría le corresponde resolver homicidios, le estamos apostando a la investigación y resolver más homicidios. Con el cambio de estructura, al menos los primeros dos meses han sido positivos, porque primero la Policía Municipal aumentó sus detenciones en flagrancia y nosotros incrementamos las judicializaciones con y sin detenido, pero hay que reconocer que el 90 por ciento de los asuntos con detenidos se quedan consignados y en prisión. También incrementamos los asuntos de judicialización sin detenido, es decir, las órdenes de aprehensión. En junio tuvimos 28 expedientes judicializados con 47 personas, lo que en dos años no había pasado. En julio llevamos más de 14 judicializaciones”, argumentó.

De igual manera, se está incentivando la investigación con más agentes ministeriales.

“Homicidios estaba resolviendo nueve y doce asuntos de órdenes de aprehensión por Número Único de Caso (NUC) con 11 o 14 órdenes de aprehensión; ya en junio, con la reestructura sacamos 17 NUC con 26 órdenes de aprehensión, más los asuntos de la unidad con detenidos, 15 personas.  En julio vamos a cerrar muy bien”, estimó el funcionario.

ASESINO DE DOCTORA CIANI PODRÍA PASAR 42 AÑOS EN LA CÁRCEL

En audiencia intermedia llevada a cabo el 25 de julio en tribunales del Poder Judicial, la fiscalía que lleva el caso del asesinato de la doctora Alma Angélica Ciani González, solicitó un castigo de 42 años y seis meses de cárcel y 800 mil 400 pesos como reposición del daño, para el imputado David Ortega Ramos, a quien se acusa de haber cometido el homicidio el 3 de julio de 2017.

Previo a la audiencia presidida por el juez Francisco Alberto Molina Hernández, tanto la defensa del imputado como la fiscalía, habían solicitado prórroga para tratar de llegar a un acuerdo entre ambas partes y que todo se resolviera mediante proceso abreviado.

Sin embargo, este no se dio, ya que Odín Ciani, hermano de la fallecida galena, la familia busca “en la medida del agravio que se presenta”, la “justicia”, porque “estamos hablando de una persona que asesinó a una ser humano bueno, que además intentó dispararle también a mis sobrinos, pero se le trabó la pistola”.

Durante la audiencia se desahogaron todos los medios de prueba que serán presentados durante el juicio oral, más de 25 prueba, desde testimonios de testigos, familiares, policías, ministeriales, paramédicos y forenses, hasta tentativas periciales, de autopsia, balística, entre otras.

De acuerdo con el testimonio de la fiscalía, Ortega Ramos se presentó el lunes 3 de julio de 2017 al consultorio en que trabajaba la doctora Ciani González, ubicado en Bulevar Cuauhtémoc de la colonia Libertad de Tijuana, al que ingresó por la parte del estacionamiento.

Al entrar le mencionó a uno de los hijos que pasaría a consulta y se sentó en uno de los sillones, mientras salía el paciente con quien se encontraba la doctora, cuando terminó con este, Ortega Ramos ingresó a la sala de consulta y le disparó en tres ocasiones a la altura del tórax con un arma de fuego calibre 9 milímetros, provocando la muerte inmediata de la doctora.

Al salir, el sujeto le apuntó con el arma y trató de disparar a los dos hijos y a la madre de la doctora, quienes se encontraban en la sala de espera; el arma se trabó y al salir huyendo se le cayó un teléfono celular, pieza clave para vincularlo en este caso, en el que se le acusa de homicidio calificado con ventaja. Manuel Ayala Chávez

CINCO ASESINATOS EN MENOS DE 24 HORAS EN MEXICALI; VAN 96 EN EL AÑO

Durante el lunes y martes de esta semana, Mexicali tuvo una de las jornadas más violentas del año, al registrarse cinco asesinatos en menos de 24 horas,  por lo cual la cifra de homicidios es de 96 a lo largo de 2018, ligeramente arriba de la del año anterior.
Pese a que las cifras de Tijuana y Ensenada sobrepasan a la Capital del Estado, es evidente el incremento de crímenes, sobre todo en delitos de alto impacto ocurridos en el Valle de Mexicali, donde se ha desatado una pugna entre grupos antagónicos dedicados al narcomenudeo.

La noche del domingo 22 de julio dio inicio a la jornada de violencia en la colonia Cerro Prieto, en la zona rural del municipio, donde fueron asesinadas dos personas cuyos cuerpos yacían a los costados de un vehículo Toyota Corolla modelo 2005, color gris, con placas de California, el cual estaba estacionado con los focos encendidos sobre la calle Zinc.

El agresor disparó con un arma corta y las víctimas intentaron correr para refugiarse, por lo menos eso sugieren las heridas en su espalda, provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Agustín Castellanos Lara y Alan Axel López Romero, de 46 y 22 años de edad, quienes contaban con historial delictivo como robo simple, daños en propiedad ajena, lesiones y privación ilegal de la libertad.

La mañana siguiente se emitió otro reporte de emergencia, indicando que al interior de un automóvil Toyota modelo 1994, color arena y con placas de California, había otra persona fallecida por disparos de arma de fuego.

Los tiros provenían del exterior, ya que las balas atravesaron el vidrio frontal de la unidad. La víctima no ha sido identificada, pero según fuentes ministeriales, se trata de Luis Alberto Ruiz Morales, conocido como “El Ruso”, líder del Cártel de Sinaloa en aquella zona.

Desconocidos lo ultimaron cuando se encontraba sentado dentro de su vehículo, estacionado sobre Avenida Monzón, casi esquina con Montes de Toledo, Fraccionamiento Quintas del Rey.

Posteriormente, a las 2:30 pm del martes 24 de julio, se emitió un nuevo reporte de emergencia para informar que sobre la calle 20 de Noviembre, en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Número 14 del ejido Sonora, se detectó la presencia de un automotor quemado, en cuyo interior había dos cadáveres.

Al llegar, policías municipales confirmaron el hallazgo de  cuerpos calcinados, los cuales fueron reducidos a cenizas y restos óseos carbonizados; se supo que se trataba de dos personas porque había un par de cráneos al interior.

Los cuerpos quedaron tan dañados que tuvieron que ser trasladados a la morgue en cuatro bolsas. Eduardo Villa Lugo.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 30 JULIO, 2018 01:00 PM)

REGRESA EL HORROR A TIJUANA: UN COLGADO Y ASESINATO EN CENTRO COMERCIAL


Lo que por lo menos hace un par de años no ocurría en Tijuana, la madrugada de este martes 31 de julio el cadáver  de un hombre fue colgado en un puente ubicado sobre el bulevar 2000. Horas más tarde un masculino fue asesinado en un conocido centro comercial localizado en la colonia Hipódromo.

Primero alrededor de las 05:11 horas se informó a la central de emergencias que en el puente a la altura de la colonia Valle Bonito, se encontraba el cuerpo sin vida de un masculino en suspensión completa. La víctima estaba atado de pies y manos y colgado del cuello con una cadena.

Tras el reporte, agentes periciales acudieron al lugar de los hechos y bajaron al occiso, que hasta el momento se desconoce su identidad.

Datos obtenidos por ZETA, refiere que el occiso, de entre 30 y 35 años,  tenía lesiones por arma de fuego y estrangulamiento.

Cabe destacar que en la Zona Este, la violencia se recrudeció tras la pugna que hay entre Edgar Alejandro Herrera, alias “El Cabo 8” del Cártel Jalisco Nueva Generación  y David López Jiménez “El Cabo”, alineado a Sinaloa, por el control de los puntos de venta de droga.

Después alrededor de las 09:00 horas, un hombre fue ejecutado en el interior del centro comercial Galerías Hipódromo. La víctima, identificada como Pedro Ricardo Arce Fox, de 37 años, originario de Tijuana, recibió tiros a quemarropa mientras se encontraba en el gimnasio.

Información revelada a ZETA el hoy occiso fue  detenido en el 2016 por la Policía Estatal Preventiva con dos kilos de cocaína, y en aquella ocasión  manifestó operar para el delincuente Alfonzo Arzate García, alias “El Aquiles”.

Testigos de los hechos refieren que el agresor, fue un hombre que huyó a pie del lugar.

Pese a que se montó un operativo de seguridad  no hay responsables.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  ZETA/ MARTES, 31 JULIO, 2018 09:26 AM)

LOS NUEVOS NARCOJUNIORS


Jóvenes menos violentos que cumplen funciones gerenciales, son el motor de algunas de las principales organizaciones delictivas. Son hijos de los principales narcotraficantes mexicanos y ahora cursan carreras de Comercio o Negocios Internacionales para efectuar transacciones y lavado de dinero. Por lo menos son más de veinte los identificados por autoridades mexicanas y norteamericanas. Presos y prófugos, los de apellidos Arellano, Esparragoza, Caro, Zambada, Carrillo, Oseguera, Guzmán y Beltrán, tienen “cuerda” para rato e integran la nueva dinastía del narcotráfico en México

Así como en su juventud los hermanos Arellano Félix salieron del prototipo de los narcotraficantes de la época, hoy los hijos de los narcos de diferentes grupos criminales son más ejecutivos. Unos, metidos al negocio ilícito, lideran facciones de los cárteles en la parte operativa o financiera. Y otros, presos en penales del país o en el extranjero, aguardan el momento de recuperar su libertad.

Autoridades mexicanas y estadounidenses tienen ubicados con nombres y apellidos por lo menos a una veintena de descendientes de los capos de la droga más famosos de México y les dan seguimiento. Algunos de ellos, incluyendo mujeres, ya están boletinados en la lista de cabecillas del narcotráfico del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y se ha impedido a los norteamericanos realizar con ellos transacciones de negocios.

Hoy, esos y esas jóvenes son la continuidad de décadas de trasiego de estupefacientes, el control de territorios, sobre todo de actividades vinculadas con el blanqueo de capitales. Para ello, por iniciativa propia o a instancia de sus padres, algunos costearon carreras universitarias en México o en el extranjero.

Los hijos de Rubén y/o Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder visible del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y uno de los vástagos de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, ex miembro del Cártel de Sinaloa y a la postre del Cártel Beltrán Leyva, son claro ejemplo de la “especialización” del narco. Sus hijos estudiaron en el extranjero carreras relacionadas con Negocios Internacionales.

Para desgracia de sus organizaciones, Rubén Oseguera González “El Menchito” y Jesús Alfredo Beltrán Guzmán “El Mochomito” están tras las rejas, luego que manejaran importantes negociaciones con cárteles colombianos y bolivianos, según la Procuraduría General de la República (PGR).

De los hijos de los hermanos Arellano Félix que lideran el cártel en esta frontera, ZETA ha informado la identificación de por lo menos tres jóvenes herederos que comandan las acciones desde 2014. Y aunque ya se cuenta con sus nombres, todavía falta conocer sus rostros y su palmarés delictivo.

A quienes les ha ido bien es a los hijos del desaparecido traficante sinaloense Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, pues si bien dos de ellos han sido apresados, uno se fugó de prisión el año próximo pasado y otro libró un juicio de extinción de dominio que le privaría legalmente de un millón de pesos y 131 mil dólares americanos que le fueron asegurados a su captura. A otra de las hijas le fue concedido un amparo para que se descongele y haga libre uso de su cuenta bancaria, tras ser indiciada por lavado de dinero.

Por su parte, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, “desaparecieron” o hacen menos gala de protagonismo después que estuvieran en una franca guerra por control territorial y de trasiego de drogas con la organización disidente que manejaban Dámaso López Núñez “El Licenciado” y su hijo “El Mini Lic”, hoy presos en Estados Unidos.

Los descendientes del capo Rafael Caro Quintero siguen manejándose con un bajo perfil, sin meterse en líos legales, más allá de que el Departamento del Tesoro los puso en el ojo del huracán en junio de 2013 al señalarlos de operar actividades de lavado de dinero. En México se les investigó y se aseguraron cuentas bancarias de diversas empresas, pero a más de cinco años, abogados han ganado litigios y no se ha judicializado la averiguación previa del asunto. Se trata de hombres y mujeres de negocios inmobiliarios.

De los hijos del narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada (nunca detenido), dos de ellos purgan condenas en la Unión Americana, mientras que un tercero se halla internado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en espera de ser extraditado al vecino país del norte y enjuiciado dentro del mismo expediente que sus medios hermanos.

Otros personajes, hijos de líderes de organizaciones criminales, como la de Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, ya recuperaron su libertad luego de pasarla mal durante nueve años en encierro, pagar condenas y, en otros casos, no probarse su responsabilidad penal. En cambio, de la prole de Javier Torres Félix “El JT”, dos de sus juniors están encarcelados.

LOS BENJAMINES

El tiempo sigue su curso y aunque ya están identificados por nombres, tres de los hijos de los hermanos Benjamín y Javier Arellano Félix, siguen siendo un misterio para las autoridades, pues a la fecha no se conocen sus rostros y pocos son los datos que de ellos se han obtenido. A uno le apodan “El Piloto” y es el presunto mandamás del Cártel Arellano Félix (CAF).

Informes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)  de la PGR, ubican a los nuevos narcos como Fabián Arellano Corona y Benjamín Francisco Arellano Serrano, hijos de Benjamín Alberto Arellano Félix; así como a Javier Benjamín Briseño Arellano, presunto hijo de Javier “El Tigrillo” Arellano.

Los bautizados como “Los Benjamines” tienen entre 20 y 27 años de edad. Al parecer criados en Estados Unidos, donde sus padres decidieron alejarlos de cualquier posible atentado en su infancia y adolescencia. Igual sucedió con muchos de sus primos hermanos, de los que no se tienen datos de una posible incursión en la delincuencia y cuentan con estancia legal en aquel país.

Autoridades de ambos lados de la frontera han incluido en el organigrama del cártel a los chicos Arellano. Los ponen al lado de otros de sus familiares. De ellos presuponen que Fabián es “El Piloto”, pero no se tiene certeza hasta ahora. El sobrenombre comenzó a sonar en el bajo mundo del crimen a raíz de la detención de su primo Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero” en 2014.

De hecho, la PGR y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) tienen identificados a cada uno de los hijos de los hermanos y hermanas Arellano Félix. Los que viven brincando el muro, los de Baja California y los que nunca han salido de Culiacán, Sinaloa, medios hermanos de “El Ingeniero”, de apellidos Zamora Arellano. Hay varias jovencitas que por el momento no despiertan sospechas de su relación con los negocios ilícitos de sus padres. Son hijas del fallecido Ramón, de Benjamín y de Javier Arellano.

Los descendientes del finado Francisco Rafael Arellano “La Pancha” o “El Frank” se han mantenido a distancia. También hicieron su vida en Estados Unidos. Ajenos a todo suceso en México, como lo explicó a ZETA uno de sus abogados hace un par de años, cuando surgió una controversia por la disputa legal de los bienes del hombre asesinado en octubre de 2013 en Los Cabos, Baja California Sur, por un sicario disfrazado de payaso.

“MENCHITO” Y JOHANNA

Los hijos de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, están catalogados por autoridades como “piezas clave” en la estructura del conglomerado delictivo. A su corta edad, Rubén “El Menchito” y Jessica Johanna Oseguera González iniciaron en el manejo de negocios y la red de vínculos para el lavado de dinero.

En 2014, a sus entonces 25 años de edad, el varón, con estudios de Comercio Internacional, ya era considerado por la PGR como el segundo de la organización, solo por detrás de su padre. En averiguaciones previas, testigos y miembros del clan declararon la jerarquía del “Menchito”, de quien recibían órdenes y lo señalan como negociador directo con cárteles sudamericanos para el trasiego de droga hacia México.

Rubén ha sido detenido en cuatro ocasiones y liberado otras tres, aunque de forma efímera. Actualmente continúa preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 13 de Oaxaca, luego que parecía recuperar su libertad al librar diversos procesos por delincuencia organizada, lavado de dinero y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, entre otros. Sin embargo, hace un par de semanas le fue negado un amparo que prácticamente le pondría en la calle.

El cargo que mantiene al hijo del “Mencho” en la cárcel es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, puesto que una investigación ministerial realizada en julio de 2015 -por denuncia promovida por la Secretaría de Hacienda- puso en evidencia que en abril de 2012, el muchacho adquirió un vehículo Chevrolet Corvette ZR1 Centennial modelo 2012, dos puertas, color carbón zolder con ebony, con valor comercial de un millón 660 mil pesos.

El lujoso deportivo fue adquirido por Rubén, de entonces de 22 años, al efectuar una transferencia interbancaria de una de sus cuentas por la suma de un millón 400 mil pesos. El resto lo pagó de diversas maneras. Sin embargo, Hacienda indagó que Oseguera hijo tuvo movimientos bancarios en el periodo del 1 de enero de 2010 al 30 de abril de 2015, por 4 millones 497 mil 722 pesos con 20 centavos en depósitos, y de 4 millones 277 mil 761 pesos con 83 centavos en retiros bancarios.

Para conocer el origen del dinero, las autoridades hacendarias solicitaron a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el soporte documental de los movimientos del cuentahabiente para cotejarlos con posibles declaraciones de ingresos.

A su última captura, en declaración ministerial rendida el 24 de junio de 2015, “El Menchito” dijo en cuanto a su ocupación, ser “(…) empleado cuidador de un rancho de caballos de carreras en Perris, California, Estados Unidos, con ingresos aproximados de cuatrocientos dólares a la semana, con tres dependientes en lo económico (…)”. Obvio que la versión resulta inverosímil, según consideran el Ministerio Público Federal y el juez de la causa penal.

Por su parte, Jessica Johanna Oseguera González, quien dirige los restaurantes de comida japonesa Mizu Sushi en Zapopan y Puerto Vallarta, Jalisco, es considerada como el cerebro del marketing del cártel y forma parte del grupo de mujeres que se convirtieron en el alma de las empresas, a través de las cuales los recursos financieros de procedencia ilícita se convierten en dinero “legal”.

Autoridades federales estuvieron a punto de detenerla el sábado 26 de mayo de este año, cuando aprehendieron a su madre, Rosalinda González Valencia, esposa del “Mencho” y hermana de los narcos michoacanos apodados “Los Cuinis”. Los agentes llevaban órdenes de aprehensión en mano, expedidas tres días antes por un juez de Distrito, en contra de Rosalinda y de Johanna, pero esta última ya se había retirado del lado de su progenitora cuando habían ido de compras a Plaza Andares en Zapopan. Ambas son imputadas por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sigue prófuga.

“EL MOCHOMITO”

Otro joven recluido en un penal y calificado de relevante, tanto en su personalidad como en lo que aportaba a su organización criminal, es Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, hijo de Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo” y sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Actualmente se encuentra preso en el penal estatal de Puente Grande, llamado Reclusorio Metropolitano.

Desde el 9 de diciembre de 2016, fecha en que fue privado de la libertad por agentes federales y militares, “El Mochomito” ha promovido diversos juicios de amparo para evitar ser trasladado a una institución carcelaria de máxima seguridad, como podría ser el Cefereso Número 2 “Occidente”, a escasos 250 metros de su actual presidio.

De la imagen de jovencito flaco, de cabello con rayos dorados, poco queda. En el nuevo penal de Puente Grande, donde está clasificado como recluso de “seguimiento especial”, el interno ahora se parece mucho al padre, pues ha embarnecido y está barbado, aprovechando que la institución no cuenta con reglamento desde que fue inaugurada en febrero de 2013, y pese a ello, fue certificada internacionalmente por la Asociación Americana de Prisiones (ACA, por sus siglas en inglés) en 2016.

Sus cuidadores califican a Jesús Alfredo como un tipo muy inteligente, que sale del estereotipo de los hijos de los narcotraficantes, ya que estudió Negocios Internacionales en Europa -sin precisar el país- y no guarda el tiple en la voz de la gente de Sinaloa o Durango, de donde es oriunda su familia.

A la fecha, el centro penitenciario no tiene incidencias negativas del recluso y se sabe que ha guardado buen comportamiento, aunque las autoridades no se confían y por ello le siguen sus pasos todos los días. Los abogados del muchacho, Óscar Pulido Díaz, Alejandro Pérez Torres y María Raquel Delgado, uno de ellos de Nuevo León y la última de Jalisco, están al pendiente de que su cliente no sea trasladado a otra prisión, pues al parecer ahí está “a gusto”.

Y es que a pesar de esa aparente mansedumbre, la autoridad sabe que el día de su detención, cuando salía de una barbería, Beltrán Guzmán y sus cuatro colaboradores portaban armas de fuego, drogas y una granada de fragmentación. Sus escoltas, todos jóvenes, eran también universitarios en su mayoría. Uno de ellos estudiaba Criminología.

LOS HIJOS DE ZAMBADA

La adversidad alcanzó en los últimos años a tres de los vástagos del capo Ismael “El Mayo” Zambada García. Primero cayó en manos de la autoridad Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, el 18 de marzo de 2009 en ciudad de México; después, Serafín Zambada Ortiz, el 21 de noviembre de 2013, en Arizona; y finalmente, Ismael Zambada Imperial “El Mayito Gordo”, el 13 de noviembre de 2014 en Sinaloa.

En el caso de “Vicentillo”, de 43 años hoy día, se declaró culpable de los cargos que le imputan en la Unión Americana, adonde fue extraditado en febrero de 2010 y se convirtió en colaborador de ese país. Sus abogados aseguran que en diciembre próximo se le dictará sentencia en una Corte de Distrito en Chicago, Illinois, por conspirar para poseer y traficar drogas desde Centro y Sudamérica, así como conseguir armas para atacar oficinas públicas.

Zambada Niebla aceptó en 2013 ser responsable de la distribución de toneladas de cocaína entre los años 2005 y 2008, procedente de Centro y Sudamérica, que luego fue trasladada a Estados Unidos por barco, aviones, submarinos, tren, camiones y automóviles. Podría dictársele una pena menor a diez años, así como una multa de 4 millones de dólares.

Por lo que ve a Serafín, el menor de los hijos de “El Mayo”, recuperará su libertad en septiembre próximo de una cárcel en Estados Unidos, luego que la Corte Federal de San Diego, California, le dictó una sentencia de 66 meses, los cuales transcurren desde su arresto en la Garita Internacional de Nogales, entre Sonora y Arizona, según explicó su abogado defensor Saji Vettiyil.

“El Seráfo”, que gustaba de exhibir sus excentricidades a través de redes sociales, podría ser sentenciado a penas desde diez años de prisión hasta cadena perpetua, pero al declararse culpable de conspirar para traficar 100 kilogramos de cocaína y mil kilogramos de marihuana hacia Estados Unidos, país de donde es ciudadano, alcanzó beneficios de la Ley.

El otro Zambada, “El Mayito Gordo”, se encuentra a la espera de ser extraditado al vecino país del norte luego que en noviembre de 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores declaró procedente su entrega para ser juzgado por delitos de conspiración e introducción ilegal de marihuana, cocaína y metanfetaminas por la frontera de Tijuana hacia California y la Costa Este de Estados Unidos. Está preso en el Cefereso 2, donde sus demandas de amparo para recibir atención médica son constantes.

LOS ESPARRAGOZA

Los herederos de Juan José Esparragoza “El Azul” han caído en desgracia por las acciones de autoridades, pero han sabido sortear obstáculos legales y siguen adelante, unos libres, otros presos. Del padre es de quien no se sabe nada, luego que en junio de 2014 se anunció su supuesta muerte, derivada de una caída en el hogar en Zapopan, Jalisco.

A la primera que le llegó la reacción oficial fue a Nadia Patricia Esparragoza Gastélum. A la hija del “Azul” le fue asegurada su cuenta bancaria de Banorte, sucursal Plaza del Sol, en Zapopan, el 24 de abril de 2013. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó que la fémina realizó operaciones relevantes, inusuales y preocupantes en el ámbito financiero y ordenó investigarle, junto con sus familiares, con quienes formó parte de la lista que emite la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las transacciones hechas presuntamente por Nadia Patricia se habrían efectuado con la complicidad de un funcionario bancario. Los movimientos reportados en un breve periodo fueron por cantidades iguales o superiores a 79 millones 454 mil 840 pesos con 42 centavos. En la cuenta de Esparragoza Gastélum aún había poco más de 219 mil 400 pesos cuando fue asegurada por la Comisión nacional Bancaria y de Valores.

Sin embargo, a través de amparos, la mujer ha conseguido en dos ocasiones revertir el congelamiento de sus recursos y no contar todavía con orden de aprehensión. La protección constitucional más reciente le fue otorgada el 25 de enero de 2018. En la investigación estarían inmiscuidos su madre y sus hermanos, Brenda Guadalupe, Christian Iván y Juan Ignacio Esparragoza Gastélum.

Los que fueron detenidos fueron los homónimos de su padre, los dos Juan José. Primero cayó Esparragoza Jiménez “El Cora”, oriundo de Nayarit. En abril de 2014 le detuvieron en Culiacán, Sinaloa, por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión simple de marihuana. Le aseguraron un millón 15 mil 800 pesos y 131 mil 344 dólares en efectivo, dinero que fue sometido a un juicio de extinción de dominio ante un juez. Este año se declaró improcedente la acción impulsada por la PGR, aunque se encuentra en apelación. “El Cora” sigue detenido en el Cefereso Número 13 de Oaxaca.

El otro Juan José, Esparragoza Monzón, fue capturado a inicios de 2017 en Sinaloa, pero su encierro no duró mucho, pues luego de una fiesta de despedida, el 17 de marzo, se fugó del penal de Aguaruto, en Culiacán, junto con otros presuntos miembros del Cártel de Sinaloa. Desde entonces nada se sabe del “Negro”, quien se valió del apoyo del personal de seguridad penitenciaria.

EL HIJO DE AMADO CARRILLO

Uno de los que ya salió de la cárcel este año, es Vicente Carrillo Leyva, hijo del fallecido capo de las drogas Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”. Estuvo prisionero desde el primero de abril de 2009 cuando le atraparon en un parque cercano a su domicilio en Bosques de las Lomas en Ciudad de México, hasta el 12 de junio último, cuando se abrieron las rejas del Cefereso de Puente Grande para regresarle la libertad.

El junior cumplió una condena de siete años y seis meses de prisión por el delito de lavado de dinero y fue absuelto por delincuencia organizada. También llegó a ser sentenciado a tres años de cárcel por uso de credencial de elector falsa, pero mediante un amparo directo que le fue concedido, anuló dicha pena.

La credencial para votar estaba a nombre de Alejandro Peralta Álvarez, alias adoptado por Vicente para ocultar su verdadera identidad. Y es que en su declaración preparatoria ante el juez federal, el apodado “El Ingeniero”  dijo que “a raíz de los hechos que usted me ha leído tuve que cambiar mi vida y dejar de estudiar porque fui perseguido y acosado por las corporaciones policíacas y nunca pude seguir estudiando.

“También me obligaron a cambiar de nombre para poder llevar una vida lo más normal posible, ya que al presentarme con mi verdadero nombre se me negaba la entrada a instituciones de estudios y de trabajo, obligándome así a cambiar mi identidad para poder trabajar y sostener mi persona y mi familia”, detalló el hombre.

LOS CHAPITOS

Los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán también son muy conocidos. Desde los que nacieron y viven en Guadalajara; los originarios de Compostela, Nayarit; los de Culiacán, Sinaloa; y una autonombrada “hija” que habita en Estados Unidos. Algunos ya han probado la dureza de la prisión, otros son mencionados por autoridades, no así perseguidos.

El primero en ser identificado hace casi veinte años fue César, el hijo mayor de Guzmán, en la “Perla Tapatía”. El muchacho de apenas 20 años de edad fue detenido por policías de Zapopan por circular en una camioneta ostentosa y que contaba con blindaje. Tras ser trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco y de no hallar delito que perseguir, le ofrecieron disculpas y le dejaron ir.

Después, en el mismo municipio, fue detenido el 13 de febrero de 2005 Archivaldo Iván Guzmán Salazar “El Chapito”, de 21 años, quien viajaba con otros dos jóvenes armados en una camioneta BMW X-5 modelo 2004, color cereza. Fue encarcelado en el penal “Altiplano” y juzgado por delitos contra la salud, lavado de dinero y el homicidio de una mujer canadiense. Luego de más de tres años en el penal federal fue exonerado, recuperando su libertad.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar “El Alfredillo” o “El Gordo” también fue señalado por la PGR, pero no prosperaron las órdenes de aprehensión solicitadas por un fiscal en contra de él, de su madre María Alejandrina Salazar Hernández y de otros familiares.

Alejandrina Giselle, hermana de “Los Chapitos”, fue detenida el 12 de octubre de 2012, cuando intentaba cruzar la frontera en San Diego, California, identificándose con una visa ajena. La mujer tenía siete meses de embarazo y pretendía dar a luz en la Unión Americana. Al aceptar su responsabilidad llegó a un acuerdo con autoridades estadounidenses y fue liberada en diciembre siguiente. Fue deportada a México.

Todos ellos, junto con Ovidio Guzmán López, también hijo de “El Chapo”, han sido vetados para ingresar a territorio estadounidense. El ex líder del Cártel de Sinaloa cuenta con más hijos, entre ellos un par de apellidos Guzmán Peña, de Nayarit, y Rosa Isela Guzmán Ortiz, quien asegura ser descendiente del sinaloense y vive al otro lado.

LOS CARO QUINTERO

Más de cinco años han pasado desde que la Oficina de Control de Activos (OFAC, por sus siglas en inglés) puso en la lista negra de bienes del narco los manejados por los hijos de Rafael Caro Quintero, sin que nada suceda en definitiva. La presión de los norteamericanos influyó para que el gobierno mexicano actuara en consecuencia. El Ministerio Público Federal ordenó el aseguramiento de 19 cuentas bancarias pertenecientes a 16 empresas y personas físicas de familiares y socios de los hijos de “Rafa”.

Autoridades hacendarias informaron a la PGR que los señalados, de apellidos Caro Elenes (Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio y Mario Yibrán), habrían realizado movimientos bancarios a través de terceros por más de 130 millones de pesos en el periodo comprendido entre 2012 y 2013.

A la fecha, algunas de las compañías investigadas que sufrieron del congelamiento y/o aseguramiento de sus cuentas bancarias, todas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, obtuvieron fallos favorables en juicios de amparo interpuestos para el levantamiento de la medida precautoria.

Defensores y amigos que los Caro Elenes aseguran que siempre se han manifestado ajenos a las actividades ilícitas que se imputaron a su padre y también tuvieron que luchar en instituciones educativas como la Universidad Autónoma de Guadalajara o el TEC de Monterrey, contra el estigma de ser hijos de un capo, por cierto, liberado de prisión el 9 de agosto de 2013.

OTROS NARCOJUNIORS

Los vástagos de Javier Torres Félix “El JT”, uno de los hombres de mayor confianza que tuvo Ismael “El Mayo” Zambada y actualmente preso en “Altiplano”, tras una extradición temporal que le mantuvo en Estados Unidos, también son señalados de participar en actividades ilícitas, al grado que hoy están internados en diversas cárceles.

Se trata de Misael Torres Urrea “El M-2”, quien era síndico en funciones en el municipio de Cosalá, Sinaloa, cuando fue detenido el 1 de octubre de 2014 en el fraccionamiento residencial Camino Real en Culiacán, acusado de proteger al narcotraficante Ismael Zambada. Desde entonces se encuentra en el penal de máxima seguridad de Puente Grande.

A principios de octubre de 2017 fue capturado otro hermano de Misael, Jesús Javier Torres Félix, tras una persecución y balacera sobre la carretera Culiacán-Mazatlán. En una camioneta Toyota RAV4, el individuo y sus cuatro acompañantes llevaban cuatro fusiles AK-47, un M-16, todos con aditamento lanzagranadas, una granada calibre 40 y más de 200 cartuchos útiles de diferentes calibres.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 30 JULIO, 2018 01:00 PM)

#ARISTEGUIENVIVO 01/08/18: DETALLES DEL ACCIDENTE AÉREO EN DURANGO; BARTLETT EN LA CFE Y MÁS…


Además, hablamos de las impugnaciones a la elección presidencial que presentó el PES ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para mantener su registro.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ 01 DE AGOSTO 2018)

FOX Y CALDERÓN TIRARON MILES DE MILLONES EN CASAS CHATARRA; HOY SÓLO QUEDAN VALLES DE ESCOMBRO


En México hay unas 250 mil casas de interés social que han sido abandonadas o que están en desuso, refieren cifras oficiales y de activistas que toman datos al cierre de 2017.
Durante los mandatos de los ex Presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, México experimentó un boom en los desarrollos inmobiliarios de interés social. Pero también aumentó el número de casas abandonadas del Infonavit, que alcanzó 107.33 por ciento entre 2005 y 2012, de acuerdo con cifras oficiales.
El desuso y abandono de viviendas de interés social tiene múltiples causas que parten de la falta de estrategias adecuadas de desarrollo urbanístico y demográfico, dijeron especialistas consultados. SinEmbargo analiza en cuatro entregas las causas, consecuencias, finanzas y actores involucrados en el fenómeno de abandono y desuso de viviendas de interés social en México.

PRIMERA DE UNA SERIE

Coronango, Puebla, 31 de julio (SinEmbargo).– El olor a campo y los cultivos de maíz rodean miles de viviendas de trabajadores que, desde hace más de un lustro, atestiguan carencias y conflictos por falta de servicios básicos en el fraccionamiento Misiones de San Francisco, ubicado al noroeste de la ciudad de Puebla.

En este territorio –disputado por los municipios de Coronango y Cuautlancingo– es común el grafiti en las calles, los problemas de informalidad e intromisión en los espacios, ya sean públicos o privados. Ello se debe a las precarias condiciones que vive la localidad, en donde existen más de 12 mil 500 viviendas –varias de interés social– a las que se suman centenares más, que están siendo erigidas por desarrolladores privados, explicó el Alcalde electo de Coronango, Antonio Teutli Cuautli.

“La mayoría, si no es que todos los fraccionamientos [de Coronango], no han sido municipalizados”. Esto acarrea “irregularidades” relativas al desarrollo poblacional, visibles en la falta de áreas verdes, equipamiento urbano, infraestructura y servicios públicos (sobre todo alumbrado y seguridad), explicó Teutli.

Muchas banquetas de las 11 secciones de Misiones de San Francisco han sido reabsorbidas por la naturaleza. Ya nadie se sienta en las bancas que yacen entre malezas y yerbas. Muchas otras, están ocupadas por comercios informales. En ellas hay carpas que protegen del Sol; sillas y mesas que aguardan comensales, así como perros, a que atrae el olor de garnachas y sobras que alimenten su hocico.

Los caminos conducen a callejones sin salida. Otros desembocan en caminos de terracería. Pero por donde uno pase, los muros de las viviendas se erigen. No hay mucha seguridad, salvo aquella que costean los locales, porque Misiones, todavía, es tierra de nadie.

La gente denuncia que los gobiernos locales no respetan los reglamentos de desarrollo o los predios del fraccionamiento, que se apropian para crear más construcciones. También se quejan de grupos de choque –como Antorcha Ciudadana– ligados a la administración de la aún Alcaldesa de Coronango, la priista Hermelinda Macoto Chapuli, que han invadido al menos 3 mil viviendas desocupadas.

“Sabemos de lo que todos hablan”, comentó Teutli. En Misiones, “muchas casas están vacías desde hace mucho. No están rentadas pero son de alguien”, dijeron a SinEmbargo dos señoras habitantes de la sección seis. Y este desuso –así como el abandono de hogares– auspicia problemas en la localidad poblana.


En el municipio de Coronango, Puebla, la mayor parte de las casas no están municipalizadas. Hay problemas de servicios e infraestructura. Y muchas de las viviendas son diminutas. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.


El problema de las casas abandonadas en México se debe a una falta de estrategia urbana y demográfica a nivel local y nacional, consideran especialistas. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.

En Puebla, por ejemplo, existen 10 mil viviendas abandonadas, deshabitadas, vandalizadas o invadidas de interés social, refirió hace unos meses Antonio Kuri Alam, delegado estatal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). De ellas, tres de cada 10 están ocupadas ilegalmente por personas que no son derechohabientes. Y de la zona conurbada de Puebla, Coronango y Cuautlancingo concentran gran parte de los casos.

El desuso y abandono de viviendas de interés social, a nivel local y nacional, subsiste por la falta de planeación urbanística y demográfica adecuada (que no está exenta de casos de corrupción). Sin un proyecto, los beneficios para las familias de los trabajadores mexicanos son escasos. Además, las medidas de solución generan problemas que impiden que las familias sostengan su patrimonio hipotecario, viéndose obligadas a emigrar y a dejar atrás la ilusión por la que invirtieron.

Este fenómeno “es multifactorial”, dijeron Sara Topelson de Grinberg, coordinadora general de la Fundación Centro de Investigación y Documentación de la Casa (Cidoc), y Alejandro Castillo Morales, asesor económico de la asociación civil El Barzón Popular, en entrevistas con SinEmbargo.

Entre las principales causas, destacaron la distancia entre las viviendas y los centros de desarrollo y de trabajo (que aumenta los costos de transporte y de vida de las familias de los trabajadores mexicanos); la baja calidad de los materiales de construcción; la falta de acceso a servicios básicos y públicos; el déficit de tasas crediticias preferenciales del Infonavit; y la construcción “indiscriminada” de hogares (que no siempre satisface las demandas comunitarias).

EL BOOM DEL INFONAVIT CON FOX Y CALDERÓN

Durante los mandatos de los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, México experimentó un boom en los desarrollos inmobiliarios de interés social.

Entre 1972 –cuando nació el Infonavit– y 2000, el organismo de gobierno que se encarga de otorgar herramientas de ahorro, apoyos para el retiro y créditos hipotecarios, otorgó 2 millones 083 mil 429 créditos a trabajadores formales, refieren datos del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV).

Sólo durante el sexenio de Fox Quesada (2001-2006), el Infonavit concedió 1 millón 884 mil 510 créditos. Y con Calderón Hinojosa (2007-2012) hubo 2 millones 955 mil 015 créditos otorgados. En lo que va de la presente administración, no obstante, las cifras del Infonavit refieren que hubo 3 millones 103 mil 032 créditos entregados.

 “La sobreproducción de vivienda económica se explica como resultado de que, en México, la política de vivienda resaltó la conexión entre el empleo asalariado y los créditos hipotecarios, lo que significó que las industrias y las ciudades con una alta proporción de trabajadores asalariados pudieran recibir una mayor proporción del subsidio a la vivienda”, explica el estudio El impacto de las viviendas deshabitadas en el incremento de delitos (robo a casa habitación y homicidios) en Ciudad Juárez, Chihuahua (2010) del Colegio de la Frontera Norte.

A la par del desarrollo inmobiliario de interés social, también aumentó el número de casas abandonadas del Infonavit, que estalló en 107.33 por ciento entre 2005 y 2012 (pasó de 69 mil 609 a 144 mil 323), según los datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) que dio a conocer El Financiero el año pasado. Hasta 2017, las cifras oficiales reconocieron que habían 73 mil 065 viviendas abandonadas o en desuso (aunque de acuerdo con información del Infonavit en posesión de este medio digital, habrían cuando menos 120.9 mil).

Más allá de las cifras oficiales, un recuento de las declaraciones de los delegados del Infonavit (2017-2018), realizado por la Unidad de Datos de SinEmbargo, arrojó que hay al menos 73 mil 420 viviendas abandonadas, deshabitadas y/o vandalizadas, sólo en dos terceras partes de las entidades federativas. Asimismo, el año pasado, Crescencio Morales Ávila (de El Barzón Popular) mencionó que en México hay más de 250 mil casas abandonadas del Infonavit.

En el sexenio actual, las cifras del Infonavit y de la SHF indican que hubo un decremento de casas abandonadas de 39 por ciento (pasó de 119 mil 960 a 73 mil 065, entre 2013 y 2017). La reducción se explica, en parte, porque a partir de 2010 el Infonavit comenzó a recuperar casas abandonadas, en desuso, invadidas y/o vandalizadas. Entre diciembre de 2010 y mayo de 2018, además de erigir 2 millones 291 mil 877 viviendas, el Infonavit recuperó 1 millón 062 mil 741 casas, de acuerdo con las cifras del SNIIV.

Aunque las estrategias han logrado mejorar los números, en realidad, el reto demográfico y urbanístico que enfrenta el país es “enorme” y los esfuerzos aplicados no han sido suficientes, indicaron los especialistas consultados.

“En nuestro municipio hacen falta viviendas. Es contradictorio cómo habiendo necesidad de vivienda, tengamos casas desocupadas. Es toda una estrategia integral que tenemos que realizar para tener una mejor convivencia y que el desarrollo de nuestro municipio se pueda dar. Es importante que empecemos a planear y que no siga pasando lo que pasó en Misiones de San Francisco”, dijo en entrevista el Alcalde electo de Coronango, Antonio Teutli Cuautli.

Las administraciones anteriores fueron omisas, reconoció. Permitieron construcciones a destajo en el municipio, aún cuando la Ley de Vivienda (artículos 71, 72, 73 y 74) refiere que las autoridades competentes están obligadas a garantizar el desarrollo de casas seguras, habitables y de calidad, que además de contar con el equipamiento y la infraestructura adecuados, “deberán ser congruentes con las necesidades de cada centro de población”.

Contrario a la Ley federal, muchas de las viviendas a las que acceden los trabajadores formales, tanto a nivel local como a nivel nacional, no cumplen con los principios básicos de la ley. Y esto devela una relación “permisiva” entre los organismos encargados de garantizar el derecho a la vivienda –como el Infonavit– y los desarrolladores que contratan para la ejecución de sus proyectos, refirió Alejandro Castillo Morales, asesor económico de la asociación civil El Barzón Popular.


Las constructoras erigen conjuntos habitacionales lejos de las zonas de trabajo y con materiales de baja calidad. La falta de estrategia, la desorganización gubernamental y la corrupción lo permiten, dice el economista Alejandro Castillo Morales. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.

Para el economista, las constructoras –ya sea con el aval, o por la falta de supervisión adecuada por parte de las autoridades– erigen casas que son de interés social “donde encuentran terrenos baratos” sin considerar la viabilidad de las locaciones y la cobertura de necesidades para las familias que habrán de habitarlas.

“Yo he conocido gente a la que le asignaron su casa; pero cuando fue a ver dónde estaba, de plano se arrepintió. Y renunciar a su crédito le resulta también muy complejo. Entonces, no pueden cesar su crédito y les siguen cobrando mientras tengan un trabajo formal”, explicó el integrante de la organización defensora del patrimonio familiar y social.

El abandono –concordó el Alcalde Teutli– se da porque la gente se tiene que mudar por la lejanía de su trabajo y por la falta de servicios “que hace que la gente prefiriera ya no vivir allí”.

Pero la distancia no sólo es un problema en sí mismo, sino que, además, “representa un gasto muy importante en transporte” que se vuelve “una carga económica muy fuerte, que comienza a pesarles [a las familias] en su estructura de gasto mensual”. Y cuando “no alcanza para pagar el transporte y no alcanza para pagar la hipoteca y todos los gastos primarios que tiene la familia, una de las consecuencias es el abandono”, señaló la arquitecta Sara Topelson de Grinberg.

La ex presidente de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) dijo que esta situación es posible, en gran medida, por la falta de esfuerzos coordinados entre los gobiernos municipal, estatal y federal.

“La parte urbana le toca al municipio. Y el municipio lo que ha hecho –porque tampoco tienen dinero; no porque no quieran– es pasarle toda la responsabilidad de la estructura urbana al desarrollador. Y esto es lo que hace que las viviendas se vayan muy lejos, porque es donde es factible hacerlo”.

Asimismo, la arquitecta explicó que al menos en los tres últimos sexenios, el problema de la estrategia de desarrollo demográfico y urbanístico ha sido “el enfocarnos en metas cuantitativas en materia de vivienda, y no en metas cualitativas”, además de que “no se han diseñado” los lineamientos en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno –mencionados en el artículo 73 de la Ley de Vivienda– que “permiten un desarrollo urbano integral”.

No obstante, Topelson reconoció que, al menos en los dos últimos años, han cambiado las políticas públicas. Ahora, los conjuntos habitacionales incluyen el desarrollo de tiendas de conveniencia, centros educativos, deportivos, recreativos y más. Empero, los conjuntos ya existentes –con carencias– continúan siendo un reto para los distintos órdenes de gobierno, advirtió.

LAS OTRAS CAUSAS DE ABANDONO

Para Alejandro Castillo Morales de El Barzón Popular, las grandes distancias, la baja calidad de los materiales de construcción y la carencia de acceso a servicios básicos y públicos, además de una falla estructural, también develan actos de corrupción.

“Si tú eres desarrollador y a ti no te ponen un límite [práctico]… pues eso es corrupción” porque no son ejercidos los principios básicos de la Ley de Vivienda –que establece el derecho a un hogar “digno y decoroso”– por ahorrar costos para generar mayores ingresos para empresas privadas. Y si este abuso es posible, es por el descuido de las autoridades competentes, explicó.

La corrupción abona al fenómeno del abandono y desuso de viviendas de interés social. Y si a ello sumamos las altas tasas crediticias del Infonavit, el bajo nivel de poder adquisitivo y el eventual desempleo de los trabajadores, sostener el pago de los créditos hipotecarios se vuelve casi imposible.

“Pagan en tiempo y forma pero su saldo no disminuye”. Y a fin de cuentas –lamentó el economista– “ya no es tan caro el costo directo de la vivienda sino el costo del financiamiento”, porque el Infonavit actúa “como si fuera una financiera de alto costo”, con tasas inclusive superiores a las de la banca comercial hipotecaria –cobra 12 por ciento anual, según su sitio oficial de Internet– y con intereses calculados con base en el salario mínimo que los hace variables, señaló Castillo.


En sitios como Coronango (Puebla), donde el cemento y la siembra de maíz se encuentran, siguen construyendo casas para trabajadores, a pesar de que la zona no está municipalizada. Foto: Crisanto Rodríguez, SinEmbargo.

Debido a que los créditos del Infonavit no se pueden cancelar de la noche a la mañana, mucha gente opta por huir de las inadecuadas condiciones de vida, sin importar que le sigan cobrando (porque los descuentos son por nómina) y a pesar de perder su inversión.

Si un trabajador no cumple con sus pagos por más de “90 días naturales”, refieren los reglamentos del Infonavit, podría iniciarse un proceso mercantil de demanda que concluya con la requisición o el embargo de la propiedad morosa (lo que puede tardar años de litigio). Esta pérdida y la falta de “reutilización” de las casas, es una causa más de desuso de las propiedades.

Para liquidar el crédito hay tres vías: terminar de pagar (en un plazo de 30 años, según el artículo 41 de la Ley del Infonavit); vender la propiedad y usar el dinero para saldar el adeudo; o regresar la propiedad para cancelar la deuda. En cualquiera de los casos, es difícil que el trabajador salga beneficiado, advirtió el integrante de El Barzón Popular.

Por otro lado, Castillo mencionó que la falta de estrategias efectivas y la corrupción han generado un problema de construcción “indiscriminada” de hogares que inclusive, en algunos puntos del país, sobrepasa la demanda y desemboca en un desperdicio de recursos públicos.

En la opinión de Topelson, en cambio, el problema con los desarrolladores –que en los últimos cuatro años se han beneficiado con 1.7 mil millones de pesos de financiamiento del Infonavit– está ligado a la falta de esfuerzos conjuntos entre los diferentes niveles de gobierno, cuya desorganización complica el desarrollo de zonas integrales en México.

“Tiene que ver con cómo tratamos nuestro territorio; con las políticas públicas; con qué queremos de nuestras ciudades. Si queremos que se sigan expandiendo o no, y con una participación mucho más efectiva de los gobiernos municipal, estatal y federal”, concluyó al respecto.

En lo que sí concordaron Topelson y Castillo, es que “cada ladrillo que no se coloca adecuadamente, es pérdida de dinero” que pagamos todos, y una barrera más para el crecimiento integral, homogéneo y sostenido de las familias mexicanas.

Tan sólo el fenómeno de las casas abandonadas, refieren datos del Infonavit de 2016, equivalió a un perjuicio monetario cercano a 42 mil 500 millones 800 mil pesos (calculado según las 200 mil casas abandonadas o en desuso que registró ese año, con un valor superior a 200 mil pesos). Con la cantidad de viviendas abandonadas o en desuso que hay en la actualidad –y un valor de entre 200 y 300 mil pesos por casa– las pérdidas actuales del Infonavit serían de entre 14.6 y 22 mil millones de pesos en recursos de trabajadores.

El reto, dijo Topelson, es mantener la cantidad de créditos otorgados por año (500 mil anuales, en promedio) “porque hay necesidad de vivienda en el país. Y al mismo tiempo, generar mejor calidad en la vivienda y en su entorno. Es decir, al mismo tiempo construir colonias, barrios… [Localidades] donde la gente tenga calidad de vida y pueda ser feliz”.

Hoy en día, hay 37 millones de connacionales que sufren de rezago habitacional; y hasta 2016, había un déficit de 11 millones de viviendas para los trabajadores mexicanos, de acuerdo con información de la SHF y del Infonavit.

A pesar de la circunstancia, dijo la arquitecta de Fundación Cidoc, si comparamos algunos aspectos del pasado con los del presente, podemos notar algunas diferencias.

Hace varios años, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, todavía se construían los denominados “pie de casa”, que eran viviendas con una sola habitación y con extensiones de construcción de entre 25 y 30 metros cuadrados. “Después se optó por dos recámaras, que son las de 42 metros cuadrados. Y ahora la idea es que [sean] de tres recámaras para evitar la promiscuidad en la casa, en la vivienda”, explicó.

En el marco de una nueva administración, el virtual titular del Infonavit, el urbanista Juan Carlos Zentella Gómez, dijo recientemente a El Economista que a pesar del “éxito cuantitativo” del organismo en los últimos años, es necesario que el Infonavit sea una institución “más social” para garantizar el derecho digno a la vivienda, con todos los servicios y en locaciones cercanas a los centros de trabajo.

“Si bien se le da prioridad a los créditos que son colocados en zonas con empleos, con infraestructura, la verdad es que no hemos logrado detener la expansión de manchas urbanas. Entonces necesitamos revisar estos mecanismos y lograr la articulación de la política de desarrollo urbano con la de vivienda, las cuales han transitado de manera paralela y necesitamos articularlas”, recalcó.

(SIN EMBARGO/ INVESTIGACIONES/ Efrén Flores/ 31 DE JULIO 2018)