martes, 4 de julio de 2017

OXXO CIERRA EN APATZINGÁN; LES INCENDIAN 4 TIENDAS EN 2 DÍAS


En dos días incendiaron cuatro tiendas; la cadena de tiendas, argumentan el cierre por la inseguridad; hasta el momento no hay detenidos

APATZINGÁN.- La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo determinó cerrar las puertas de sus filiales en Apatzingán ante la ola de ataques que han sufrido, además de la falta de seguridad para seguir laborando.

El pasado viernes, sujetos desconocidos incendiaron dos establecimientos de las tiendas de conveniencia, lo que ocasionó la pérdida en su totalidad de los productos, informó la agencia Quadratín.

Casi 24 horas después, fueron incendiados otros dos establecimientos a plena luz del día, sin que en ambos de los casos las autoridades presentaran a algún responsable de los hechos.

Con el cierre de estas tiendas de conveniencia se registra un duro golpe a la economía de varias familias que dependen de empleos en dichos establecimientos.




(EXCELSIOR/ REDACCIÓN / FOTOS: @LABALANZAN/  04/07/2017 10:12)

#LAPAZ: UNA PERSECUCIÓN A TIROS POR UN COMANDO ARMADO TERMINÓ AFUERA DEL CERESO


A las 8:30 de la noche de hoy, se encendieron las luces de alerta en las corporaciones de seguridad, cuando se informó que los ocupantes de un vehículo abrieron fuego contra una camioneta pick up de color negra en las calles de Forjadores y Veracruz desde donde inició una persecución a balazos que concluyó afuera de las instalaciones del CERESO en las calles de Colosio y Álvarez Rico.

Testigos no daban crédito a lo que ocurría pues señalaban haber escuchado claramente lo que parecían ráfagas a lo largo del bulevar Forjadores. Era atacado a mansalva por sicarios el conductor de una camioneta pick up Chevrolet S-10, que intentó evadirlo circulando a toda velocidad por varias calles, hasta tomar el bulevar Colosio y estacionarse afuera del CERESO.

Ahí fue atendido por miembros de las corporaciones de seguridad, quienes gravemente lesionado lo apoyaron en su traslado urgente en una patrulla de la Policía Ministerial hacia el Hospital Salvatierra.

Extraoficialmente se ha identificado a la víctima como Edgar, quien labora como custodio en el centro penitenciario. Sobre los atacantes nada se sabe.


(COLECTIVO PERICU/ REDACCIÓN/ JULIO 3, 2017)       

¿EXISTE UNA AGENDA CIUDADANA PARA GUAYMAS?

No tardan, como cada tres años, en que hay elección para llenar los diferentes cargos públicos, saltar a la palestra personajes, que después serán candidatos y sus partidos a anunciar la buena nueva y a hablar de promesas, plataformas y programas.

Votar se ha convertido por azahares o perversión -como el caro lector lo quiera ver-- de nuestra singular democracia en la única participación efectiva del ciudadano-elector en relación con quienes elige. Sin contar mapacherías, compra y coacción del voto, cooptación de opositores y otras formas de adulteración de la voluntad popular, como esas desplegadas a plena luz del día el pasado 4 de junio en el estado de México y en Coahuila, ante el disimulo de la autoridad electoral.

Fuera del sufragio, los elegidos ejercerán un poder sin control, con total impunidad y sin trasparencia.

Y después de pasada la euforia preelectoral y electoral, una vez enquistados en los cargos, tales promesas de campaña y todo lo ofrecido durante los meses que estas duran, pasarán al olvido o al baúl de los recuerdos.

Algunas tan descabelladas como la de poner un teleférico de cerro El Vigía al centro de Otto Claussen o como la de Damián Zepeda en Hermosillo de igual calado, han llamado a risa entre los electores, por la tomadura de pelo.

SORPRESAS TE DA LA VIDA

Otros candidatos, ya en el puesto, se han dedicado a hacer lo que nunca prometieron: Florentino López Tapia, estuvo copado por la Banda de Sinaloa; Edmundo Chávez Méndez, gobernó para su Happy Family; Sara Valle a instalar un gobierno regido por asambleas populares fuera de la ley; Bernardino Cruz Rivas, a patrullar disfrazado de policía por las noches; Carlos Zataraín, a echarse un clavado surrealista a la Bahía para demostrar que estaba descontaminada o a barrer calles inundadas de tierra y basura; Antonio Astiazarán, a privatizar el servicio de limpia; César Lizárraga, a arrendar luminarias y Otto Claussen, a endeudar a la comuna.

Y Lorenzo de Cima va por un proyecto de alumbrado público aunque le falta convencer a los regidores como en su momento lo hicieron los anteriores. Puro convencimiento, claro.

Cada alcalde que ha pasado por el ayuntamiento ha puesto su toque de locura y ocurrencia a su gestión.

Pero, lo cierto, es que la agenda ciudadana que todo gobierno debe tener ha quedado olvidada o rezagada, en el mejor de los casos y así lo demuestran asuntos como el gasolinazo de principios de año o el aumento de las tarifas de agua y actualmente del transporte.

Lo anterior sin mencionar temas tan peliagudos como la corrupción que corroe todo el aparato gubernamental, el estancamiento del crecimiento en un 2.2% anual a pesar de las reformas estructurales neoliberales, la rampante pobreza, la violencia que ha dañado el tejido social, la debilidad del Estado de Derecho y la simulación democrática, pues desde 1997, México, ha sido gobernado por minorías, lo que hace complicado imponer una plataforma política única.

El Pacto por México, implicó la concurrencia de fuerzas como el PRI, PAN y PRD.

Esa dislocación entre agenda política y necesidades ciudadanas, tienen al borde del colapso a regiones enteras del país.

EL ÁNIMO CIVIL: ¿DEBATIR O REBATIR?

Dice el periodista Braulio Peralta, que a los mexicanos no se les da el debate de ideas, sino la adhesión inmediata, por eso el conflicto y la división son las divisas imperantes en la vida pública.
Para el autor de “La jaula de cristal”, no hemos aprendido a discutir sin pleito, con ánimo civil.

Detecta una enorme ausencia de pensamiento crítico, de confrontación de ideas y de reflexiones para el debate público, con sus dinámicas a favor de la discusión. Propone buscar puntos de unión en vez de fragmentar, para armar el rompecabezas de lo que es México.

Lo anterior, tiene mucho que ver con la fiebre frentista que asola a clase política y cuyo antecedente es el Frente Democrático Nacional conformado por el PMS, PARM, PPS y PFCRN, que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y ya se habla de gobiernos de coalición, segundas vueltas, conformación de frentes electorales y demás conceptos que nada dicen al ciudadano común.

En Guaymas, luego de la insurgencia electoral de 1991, cuando el PAN quebró el espinazo del control político priísta en el municipio e inauguró la alternancia en el ayuntamiento, cuando la plaza jugó un rol importante como expresión genuina del ejercicio de derecho de reunión y manifestación ante el discurso unilateral del partido otrora hegemónico, se pensaba que la ciudadanía había alcanzado su mayoría de edad.

Sin embargo, la historia ha demostrado lo contrario. El pobre debate que sesión tras sesión han protagonizado los representantes populares en cabildo y la aprobación de propuestas contrarias al interés ciudadano, es la mejor prueba de esa deplorable realidad.

De otra manera no se explicaría la privatización a favor de PASA, la cual apoyó el entonces edil del PT Rodolfo Lizárraga y el de Movimiento Ciudadano José Ordaz; la ganga de terrenos de la Inmobiliaria con Iván Romano en la administración del Toño Astiazarán; la aprobación del contrato de MIFEL, a quien se adeuda 8 mil millones de pesos o el crédito con Bansi de 365 millones de pesos, avalado por ediles panistas como Luis Felipe Valenzuela y José Javier Peralta, por órdenes directas de Roberto Romero, entonces número dos del padrecismo.

Lo verdadero, es que muchos de los políticos han antepuesto la grilla y sus intereses a la capacidad creativa y constructiva.

GOBIERNO CIUDADANO: MERA DEMAGOGIA

Todo político busca legitimar su gestión en nombre del pueblo. Sara Valle, bautizó al suyo como “Gobierno de Ciudadanos”, pero solo quedó en el nombre, cuando la ingobernabilidad lo arrasó.

En otros momentos, se ha impulsado la conformación de Comités de Barrio, para agilizar las gestiones o para agrupar a las clientelas políticas.

El PRI dentro de su estructura contempla los seccionales, figura que utiliza para tener presencia territorial permanente en barrios y colonias.

Y no han faltado quienes, sin mínima imaginación se han volcado a tareas típicamente clientelares para justificar su accionar aprovechándose de paso de las necesidades de ciertos sectores vulnerables o con apremios sociales.

El Barzón, que presidió Sara Valle, aglutinó a los deudores de la banca; Antorcha Campesina, en un momento agrupó a un sector de precaristas y gente con problemas con el consumo del servicio eléctrico y las diversas federaciones de cooperativas, presididas por Gonzalo Rodríguez Cacho, “El Vitrinas”, Raúl Sánchez Fourcade y el “Molico” Juan Manuel Félix Espinoza, a los vestigios del cooperativismo pesquero.
En últimas fechas el Movimiento No al Gasolinazo, enarboló la defensa de los consumidores –todo mundo— de los energéticos cuyo precio fue liberado a principios de 2017. No pasó mucho tiempo para que quienes lo encabezaban lo dejaran al garete al imponerse los intereses partidistas y electoreros.

Así, Rodolfo Lizárraga, Porfirio Villa Brito, Víctor Marín y Roberto Palafox, dejaron la lucha social y partieron sin recato en busca de derroteros más gananciosos. Y ahora, pretenden unificar a la izquierda local, en aras del sueño guajiro de hacerse del poder total, incluyendo obviamente sus beneficios. Es que de ver, dan ganas.


ALTERNANCIA A NINGUNA PARTE

Si a nivel nacional la agenta política para el 2018 está más que clara y según el historiador Héctor Aguilar Camín comprende cinco puntos obligados: 1) Corrupción; 2) Prosperidad y empleo; 3) Seguridad pública; 4) Estado de Bienestar y 5) Estado de Derecho; a nivel municipal el rezago impone retos más terrenales: servicios públicos de calidad y a costos accesibles, suministro de agua potable, pavimentación, seguridad, vivienda, medio ambiente sano, generación de empleos, salario digno, alumbrado, desarrollo urbano, áreas verdes, desburocratización y cese de la tramitología, cultura, deporte, esparcimiento, entre las más sentidas.

Si alguien –candidato, organización de la sociedad civil o grupo de poder-- se atreviera a armar o a estructurar una agenda seria para intentar sacar del bache al puerto, saldría abultada y cargadita.

Es más, hasta para la izquierda, en sus múltiples acepciones –tomatera, cafecera, verdulera como el PT con Rodolfo Lizárraga y su gurú “El Pipas” Palafox, despensera como Movimiento Ciudadano, reforzada con “El Chino” Cinco y demás— esquematizar dicha agenda sería un talachón.

Lo cierto, es que las políticas neoliberales han dado al traste con el Estado de Bienestar y no se ha podido articular una propuesta alternativa para salir de ese atolladero. PRI y PAN, comparten dicho proyecto y el PRD, ni otras fuerzas de tinte diverso en donde han sido y son gobierno, no han implementados políticas que hagan la diferencia.

La Ciudad de México gobernada por el PRD desde 1997 y otros estados gobernados por alianzas partidistas como Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Nayarit y Chiapas, entre otras, no han marcado grandes diferencias, tal como sucede con Nuevo León, gobernada por un expriista “independiente” como “El Bronco” Jaime Rodríguez Calderón.

Que el PAN gobernara Sonora de 2009 a 2015, no representó grandes avances en comparación del priato de antaño. Hasta eso que el Memo Padrés, dio cabida a priístas desencantados con el boursismo y su PRI-Sonora, como fueron el caso de gentes cercanas a Ernesto “Borrego” Gándara, quien trabajó en giras presidenciales con Vicente Fox apoyado por su amigo Alfonso “Poncho” Durazo y a Carlos “Bebo” Zataraín. Manuel Villegas, se pegó a Roberto Romero, a quien coordino su oficina de gobierno.

Igual acontece a nivel municipal, en donde la constante alternancia de partidos en el ayunta, no ha significado gran cosa. Los grupos de poder económico y político de alcance local y con intereses y ramificaciones a nivel nacional y estatal, permanecen intocados ante los vaivenes de la grilla.
Quizá las únicas tres ocasiones en que tomaron como un desafío a su poder cimentado en años de hegemonía y dominio, fueron la presidencia municipal de Florentino López Tapia, de 1988 a 1991, por su extracción popular; la candidatura de “El Flaco” José Ramón Uribe Maytorena en 1991 por el PAN y la alocada presidencia de la entonces perredista Sara Valle Dessens de 1997 a 1999.

Por esa sencilla razón, todo Plan de Desarrollo Municipal, que pasa por cabildo cada tres años es letra muerta.

¿Más clarito o le seguimos?


(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ 03 Julio 2017)

PALOS DE CIEGO


En medio de una creciente ola de violencia en el País, la Auditoría Superior de la Federación reportó que la mayoría de los municipios presentan irregularidades en el gasto de los recursos de seguridad pública en 2016

En Ensenada, Baja California, la ASF tuvo que solicitar la reintegración de 41 millones 503 mil pesos, luego del mal manejo aplicado a esos fondos, en donde 38 millones 691 mil 200 pesos se traspasaron a otras cuentas bancarias

Juárez, Chihuahua, municipio con graves problemas de seguridad, se dio el lujo de devolver 3.7 mdp a la federación, por no aplicarse en seguridad

Para retener inversiones y captar nuevos capitales que permitan la creación de empleos de mayor calidad y mejor remunerados, las autoridades deben atender el clima de inseguridad que se vive en el país, dice Gustavo de Hoyos Walther

Gustavo de Hoyos Walther dijo que acudirá al Congreso de la Unión para demandar que en el próximo periodo ordinario de sesiones sea prioridad la revisión del marco legal de la actuación de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad

“El sector patronal reclama que la Procuraduría General de la República y cada una de las procuradurías de los estados intensifiquen su trabajo de persecución de los delincuentes”

Gustavo de Hoyos Walther
Presidente de la Coparmex

La ASF establece que en nueve meses el órgano de seguridad recibió 203 mil 248 bienes, entre uniformes, material de seguridad y prendas de protección, por un monto de 238 millones 847 mil 800 pesos

El incumplimiento de la Secretaría de Gobernación en sus metas del programa de Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito puede tener impacto en el incremento de la violencia que ha repuntado en todo el país

Otro renglón en donde la ASF encontró falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública, fue en el de la capacitación y aplicación de los controles de confianza de los elementos

Algunas de las acciones que no fueron cumplidas por la Segob, pese a contar con los fondos económicos, fueron en relación con la atención a los factores de riesgo, como los embarazos de temprana edad, el consumo de drogas y el abandono escolar

2,452 Homicidios dolosos se registraron en mayo pasado en México, es la cifra más alta en los últimos 20 años

1 millón 074 mil Pesos pena impuesta a la Policía Federal por el atraso en la entrega de bienes

7,700 Pesos costo de cada uniforme de gala para dama de la Policía Federal

166 Actividades de estrategia para la prevención social del delito en todo el país planeó la Segob

153 Actividades del total planeado por la Secretaría de Gobernación, se llevaron a cabo

108 Municipios más conflictivos habrían sido beneficiados con las acciones programadas en 2016

34.9 Por ciento del total de policías del país inscritos en el Servicio Profesional de Carrera, afirma la ASF, fue capacitado

Los índices delincuenciales van al alza en todo el país. Con 2 mil 452 homicidios dolosos, mayo se convirtió en el mes más violento de los últimos 20 años.

De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en una gran cantidad de municipios que recibieron recursos como parte del programa de Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública, no hubo cabal trasparencia en el ejercicio de los fondos federales destinados a la seguridad.

Las observaciones que hizo la ASF van desde subejercicios, falta de control interno y violación a la normatividad de adquisiciones hasta incumplimiento de metas y transparencia, eventos que ocasionaron quebrantos a la hacienda pública federal al no haberse ajustado la aplicación de los fondos destinados al fortalecimiento de la seguridad, tal como lo establece la norma federal.

En el municipio de Aguascalientes, la autoridad local incurrió en inobservancias de la norma administrativa, principalmente en materia de transferencia y destino de los recursos y transparencia, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4 millones 211 mil 600 pesos.

Lo mismo sucedió en el municipio de Jesús María, también del estado de Aguascalientes, en donde la ASF tuvo que solicitar la devolución de 161 mil 500 pesos a la tesorería de la federación, luego dichos fondos que se debieron aplicar a los costos de dictámenes de control de confianza de policías locales, nunca se ejercieron.

En el municipio de Ensenada, Baja California, la ASF tuvo que solicitar la reintegración de 41 millones 503 mil pesos, luego del mal manejo aplicado a esos fondos, en donde 38 millones 691 mil 200 pesos se traspasaron a otras cuentas bancarias, y 2 millones 730 mil 900 pesos no fueron pagados a proveedores que incumplieron en la entrega de bienes; allí, 81 mil 100 pesos simplemente no fueron utilizados para fortalecer la seguridad pública municipal.

En Tijuana, Baja California, la autoridad local incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo federal de apoyo para seguridad pública, ya que el municipio no publicó -en su página de internet, ni en medios locales de difusión- los informes trimestrales sobre la información relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del programa, en donde se dejó de ejercer el 1.7 por ciento de los 54 millones 789 mil pesos recibidos.

En el municipio de La Paz, Baja California Sur, uno de los focos en donde se ha concentrado la violencia en los últimos meses, la ASF tuvo que reclamar la devolución de 3 millones 411 mil 600 pesos, de los cuales 3 millones 080 mil 200 pesos simplemente no fueron ejercidos, en tanto que otros 331 mil 400 pesos resultaron de la “la falta de aplicación de penas convencionales a los proveedores por el retraso en la entrega de los bienes”.

En Los Cabos, Baja California Sur, otra de las ciudades más violentas del país, la ASF reconoció en su informe del 2016, que hubo “irregularidades administrativas en el rubro de transferencia de recursos y rendimientos financieros”, pues aunado al retraso con que se hizo la entrega de participaciones por parte del Gobierno estatal, también “el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y transparencia; así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público”.

En el municipio de Campeche también saltaron a la luz las dudas sobre el manejo de los fondos destinados a la seguridad; allí, la ASF determinó “incumplimientos de la normativa en materia de transparencia, en virtud de que el Gobierno del estado de Campeche no sujetó a evaluaciones de desempeño los recursos, para verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas”, lo que hizo que no se aplicaran fondos por 726 mil 900 pesos.

En el municipio de Carmen, también en Campeche, el órgano fiscalizador tuvo que solicitar la devolución de 632 mil 600 pesos que no se aplicaron en pago de becas a aspirantes a policía municipal, diplomado para mandos de la policía y cursos de capacitación y equipamiento para personal de seguridad pública, pese a que esos recursos que ya estaban autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la ASF reclamó la devolución de un millón 641 mil pesos, luego que 835 mil 500 pesos no se reflejaron en las compras argumentadas de bienes para la policía local, y otros 805 mil 500 pesos se utilizaron para pagar bienes que no se ajustaron a las características y especificaciones solicitadas en los contratos de compra de la dirección de seguridad pública de ese municipio.

LA LISTA SIGUE

En la capital de Chihuahua, el órgano fiscalizador solicitó la devolución del 0.3 por ciento de los 50 millones 935 mil 500 pesos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública municipal, luego que esa proporción no fue utilizada por “incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, adquisiciones, así como de evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores”.

Lo mismo sucedió en Cuauhtémoc, Chihuahua, otro municipio con más homicidios dolosos de todo el país, en donde la administración municipal no hizo uso del 2.7 por ciento de los 12 millones 269 mil 700 pesos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública local, esto como resultado de “incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, transparencia, así como evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores”.

Otro municipio con graves problemas de seguridad, pero que devolvió fondos a la federación, luego de que no fueron aplicados en su programa de seguridad pública, fue Juárez, en el estado de Chihuahua, en donde la federación reclamó la devolución por 3 millones 731 mil pesos, luego que se encontró que no se pagó la evaluación del personal policiaco adscrito al municipio.

A la lista de municipios que no cumplieron cabalmente con el manejo de los fondos federales otorgados para el fortalecimiento de la seguridad pública, también se suman Saltillo, Coahuila, que dejó sin ejercer en el 2016 el 1.1 por ciento de los 44 millones 860 mil 200 pesos otorgados por la federación; Villa de Álvarez, Colima, que tuvo que devolver un millón 754 mil 500 pesos que no ejerció oportunamente; el municipio de Durango, que no ejerció el 3.3 por ciento de los 20 millones 209 mil 800 pesos que recibió para mejorar la seguridad pública local.

Otros municipios observados por la ASF, por el incumplimiento en el manejo de los fondos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública local son Gómez Palacio, Lerdo y Pueblo Nuevo, en Durango; Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl, en el Estado de México; Irapuato y León, en Guanajuato; Acapulco, en Guerrero; Guadalajara, en Jalisco, La Piedad y Tarímbaro, en Michoacán; Cuautla y Cuernavaca, en Morelos; Bahía de Banderas y Tepic, en Nayarit.

PIDE COPARMEX REVISIÓN DE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther pidió a las autoridades encargadas de las tareas de seguridad atender el clima de inseguridad que se vive en el país, uno de los temas estratégicos que se deben resolver y abatir.

Durante su mensaje semanal, el líder empresarial afirmó que solo de esta forma se puede alcanzar un verdadero bienestar que sirva para retener inversiones y captar nuevos capitales que permitan la creación de empleos de mayor calidad y mejor remunerados.

“Esta lastimosa realidad requiere con urgencia que todos aportemos a una serie de análisis sobre los cambios estructurales y tácticos que se necesitan en México en materia de seguridad. Reiteramos que el modelo de incorporación de las tareas de seguridad que se concentraron en la Secretaría de Gobernación debe de ser revisado a fondo”, señala.

Según lo señalado por el representante de los órganos empresariales, la incidencia delictiva ha alcanzado niveles alarmantes en muchas entidades del país, situación a la que tienen que hacer frente día a día muchos de los agremiados a Coparmex, lo cual se traduce no solo en un freno a la competitividad sino que atenta contra la tranquilidad de las comunidades.

“En nuestras visitas a los Centros Empresariales de todo el país, los socios y los consejeros de COPARMEX nos han expresado su inquietud creciente por el alza de los delitos como homicidios, robos a comercios que se traducen en una afectación de la tranquilidad en las ciudades y en los estados”.

Gustavo de Hoyos también apuntó que acudirá al Congreso de la Unión para demandar que en el próximo periodo ordinario de sesiones sea prioridad la revisión del marco legal de la actuación de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad, así como la discusión de la Ley de Seguridad Pública que contempla el mando mixto para coordinar a los cuerpos policiacos.

“Y en tanto se resuelve el marco normativo y se revise el diseño institucional de los cuerpos y corporaciones de seguridad el sector patronal reclama que la Procuraduría General de la República y cada una de las procuradurías de los estados intensifiquen su trabajo de persecución de los delincuentes.

“Es impostergable que los gobernadores y los alcaldes asuman plenamente y cuanto antes la responsabilidad primaria en materia de seguridad para la protección física y patrimonial de los ciudadanos”, dijo.

El presidente de Coparmex pidió también que se actualicen los códigos penales para que haya una revisión exhaustiva de la tipificación de los delitos, y sobre todo una correcta instrumentación a efecto de que los criminales no vuelvan a las calles de forma inmediata.

“Con estas acciones y propuestas el sector patronal reafirma su compromiso de trabajar y aportar propuestas que coadyuven a identificar los focos rojos en materia de seguridad y a diseñar nuevas formas de coordinación y gestión eficaces, para abatir los delitos que más afectan a la sociedad”.

El líder del organismo patronal también tuvo palabras de solidaridad con el gremio periodístico por la situación de violencia que lo ha alcanzado, por el asesinato de siete comunicadores durante el año y por las múltiples denuncias de amenazas.

“Exigimos que se investigue hasta las últimas consecuencias, y desde luego que el peso de la ley caiga sobre los responsables de cada uno de ellos. No podemos tolerar más impunidad en México”, remarcó.

“Exigimos que se investigue hasta las últimas consecuencias, y desde luego que el peso de la ley caiga sobre los responsables de cada uno de ellos. No podemos tolerar más impunidad en México”.

SIN CLARIDAD LA POLICÍA FEDERAL

Entre las observaciones que la ASF ha realizado a la aplicación de los fondos de la cuenta pública del 2016, destacan las señaladas a la Policía Federal, en donde no existe claridad en el manejo del dinero que se destinó al programa de Adquisición de Vestuario, Uniformes, Materiales de Seguridad y Prendas de Protección, según el resultado de la auditoría financiera y de cumplimiento marcada con el número 16-5-04L00-02-0020.

En este renglón se establece la “falta de aplicación de penas convencionales” por un monto de un millón 074 mil pesos, por concepto del atraso en el cumplimiento de la entrega de 2 mil 108 bienes (grados) los cuales debieron entregarse a más tardar el 31 de diciembre de 2016, según lo establecido en el correspondiente contrato marcado con el número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016.

En su informe, la ASF establece que en la Policía Federal se recibieron, en el periodo del 5 de octubre de 2015 al 8 de julio de 2016, un total de 203 mil 248 bienes, entre uniformes, material de seguridad y prendas de protección, por un monto de 238 millones 847 mil 800 pesos, pero se registraron notas de entrada con precio unitario de un peso, y con la observación de “Sin pedido y sin contrato Ad Cautelam”, para posteriormente, ser modificadas con el precio unitario señalado en el contrato.

“Las notas de entrada al almacén de la Policía Federal no cumplieron con los requisitos establecidos para la recepción de los bienes”, dice el informe de la ASF, “no se contó con la justificación ni autorización para efectuar cambios en los bienes solicitados en el contrato número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016 de 490 uniformes de gran gala y 490 zapatos para caballero, y en su lugar se recibieron el mismo número de bienes para dama, los cuales tuvieron un costo menor de 7 mil 700 pesos”.

Por lo anterior, la ASF determinó “recuperaciones probables por un millón 074 mil pesos”, que dieron origen a 10 observaciones, de las cuales tres fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe, en tanto que las otras siete dieron curso a nueve recomendaciones, cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.

En el renglón de Servicios de Mantenimiento a Vehículos, Aviones y Helicópteros, también la Policía Federal fue objeto de observaciones por parte del órgano fiscalizador de la federación, pues se determinó que esa dependencia “pagó en demasía por 108 mil 300 pesos, debido a que los entregables de las refacciones se facturaron a un precio superior al establecido en el anexo técnico del contrato”.

SEGOB TAMPOCO CUMPLE

A lo anterior se suma también la deficiencia de la propia Secretaría de Gobernación, dentro del programa Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito, en donde la ASF detectó irregularidades en las metas trazadas.

De acuerdo con la Auditoría de Desempeño 16-0-04100-07-0016, se establece el incumplimiento de actividades en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en las 32 entidades federativas.

Según los datos de la ASF, la Secretaría de Gobernación planeó 166 actividades de estrategia para la prevención social del delito en todo el país, de las que solamente se llevaron a cabo 153, es decir el 92.2 por ciento de la meta; de las 75 actividades programadas con la participación de la Comisión Intersecretarial, solamente se realizaron 58, que representan sólo el 77.3 por ciento de la meta establecida.

El incumplimiento de la Secretaría de Gobernación en sus metas del programa de Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito puede tener impacto en el incremento de la violencia que ha repuntado en todo el país en este año, pues muchas de las acciones programadas en el 2016 estaban destinadas a aplicarse en los 108 municipios más conflictivos de todo el país.

Muchas de las acciones que no fueron cumplidas por la Secretaría de Gobernación, pese a contar con los fondos económicos para ello, fueron en relación con la atención a los factores de riesgo, como los embarazos de temprana edad, el consumo de drogas, el abandono escolar, la falta de oportunidades laborales, la carencia de la participación ciudadana, los entornos de ilegalidad, los espacios públicos insuficientes y deteriorados, y la marginación y exclusión social.

Otro renglón en donde la ASF encontró falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública, fue en el de la capacitación y aplicación de los controles de confianza de los elementos de seguridad pública por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país.

En ese sentido, se encontró que el Secretariado Ejecutivo evaluó a 332 mil 364 policías inscritos dentro del Servicio Profesional de Carrera, que equivalen al 99 por ciento de todos los policías del país, de los que 291 mil 337, que representan el 87 por ciento, acreditaron con el principio de integridad, sin embargo, la entidad fiscalizada -dice el informe- sólo dispuso de información respecto de la capacitación del 34.9 por ciento, es decir un total de 117 mil 237 elementos, por lo que no fue posible validar si el 65.1 por ciento restante se encontraba capacitado para desempeñar sus funciones, a fin de proteger a la población.

(REPORTE INDIGO/ J. JESÚS LEMUS /MARTES 4 DE JULIO DE 2017)





  

MATAN A 9; SE NEGARON A DAR DERECHO DE PISO

Además de los asesinados en Huehuetlán, las autoridades hallaron 5 cadáveres calcinados



Elementos de la Sedena llegaron al municipio de Santo Domingo Huehuetlán El Grande para recuperar el orden público.

PUEBLA.- Nueve personas originarias de Huehuetlán El Grande fueron asesinadas por un comando: cuatro de ellas en sus casas y otras cinco fueron víctimas de un levantón y sus cuerpos calcinados fueron encontrados en un paraje de la zona rural.

Algunas personas aseguran que el comandante de la Policía Municipal, fue linchado tras ser culpado de no salir en defensa de los pobladores; sin embargo, hay otra versión que apunta a que el servidor público trato de impedir los crímenes y murió a manos de los delincuentes.

Versiones extraoficiales señalan que más de 15 personas armadas llegaron a las casas de algunos comerciantes, quienes se habrían negado a pagar el derecho de piso.

Merced Torres Ramos, comerciante de materiales para la construcción, fue asesinado en el interior de su casa, frente a sus cuatro hijas y esposa.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal llegaron a Huehuetlán El Grande para recuperar el orden público, toda vez que los pobladores amenazaban con hacer justicia por propia mano.

A una hora de este lugar, entre los municipios de Cuautinchan y Puebla, en un paraje de Santo Tomás Chautla, fueron encontrados los cuerpos de las cinco personas levantadas, apilados y quemados.

Cerca del sitio del hallazgo estaba un rifle deportivo y una botella de refresco, por lo que se indaga para establecer las causas de muerte.


(EXCELSIOR/ FERNANDO PÉREZ CORONA/ CORRESPONSAL/ 04/07/2017 05:39)  

ACUERDAN LEVANTAR LA HUELGA EN LA JORNADA


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de un par de horas de negociación entre la empresa Demos Desarrollo de Medios SA de CV y el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), alrededor de las 5:30 de la madrugada, con la mediación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México, se acordó levantar la huelga al mediodía de este martes 4 de julio.

El Sitrajor y la empresa acordaron el compromiso de que no haya despidos y el desistimiento del amparo sobre la legalidad de la huelga para reiniciar las negociaciones sobre la crisis económica de la empresa y evitar la quiebra, pero siguen el amparo por el conflicto de naturaleza económica.

El secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta, Pablo Franco, informó a Proceso que convocará a una reunión entre las partes en dos semanas porque será el conciliador en este conflicto y “buscará la avenencia de las partes con un diálogo constante”.

Resaltó que han tenido alrededor de veinte reuniones entre las partes desde el 8 de febrero “y lo importante es que se pudo evitar el uso de la fuerza pública” para desalojar a los huelguistas “para reanudar labores y seguir la conciliación”.

EL ACUERDO

A pesar de que se declaró “inexistente e ilegal” la huelga que estalló el pasado viernes 30, ésta seguía hasta la madrugada del martes, pues el Sitrajor había conseguido la suspensión provisional a la declaración de inexistencia de la huelga.

Ante eso, alrededor de las 11:30 de la noche, el actuario Ismael Rosas, acudió a la guardia de huelguistas afuera de la sede del periódico a notificarles que el juzgado había resuelto que el proceso judicial seguía su camino, pero debían abrir las instalaciones para aquellos que quisieran regresar a laborar, como indicaba la resolución de la noche del domingo, elaborada por la JLCA.

La secretaria general del Sitrajor, Judith Calderón Gómez, le dijo al actuario que no podían acatar esa resolución porque consiguieron la suspensión provisional, por lo que seguían en huelga, pero el actuario insistió en que eso era distinto a la resolución que les obligaba a abrir la sede del periódico o, además de ser despedidos, podrían ser desalojados por la fuerza pública.

Los huelguistas se pusieron nerviosos ante la presencia de un grupo de trabajadores de confianza que se apostaron del lado contrario a las oficinas del periódico y que, supuestamente, pretendían entrar junto con la fuerza púbica. Eso no sucedió porque acordaron con los responsables de la Junta que una comisión encabezada por Calderón Gómez iría a las oficinas para tratar de dialogar una solución al conflicto.

El abogado Víctor Calderón informó a los huelguistas sobre la petición del diálogo y les preguntó si aceptaban que fueran a la reunión. Ellos aceptaron con algunas condiciones como el que no se despidiera a nadie que hubiera participado en el movimiento, lo cual no había sido aceptado por la empresa.

“A ustedes no los está derrotando la lucha, los está derrotando el poder. De fondo ustedes ya ganaron pero hay que saber cuándo hay que dar un paso atrás, pero unidos. Los derrotó, no la empresa, sino el poder porque no hay justificación jurídica para derrotarlos”, les explicó Contreras.

“Si se va a levantar, será unidos, adoloridos pero unidos. No van a dejar de querer aplastarnos. Esa es su naturaleza. Respecto a las represalias no queremos ningún despido y que quede abierta la negociación” indicó Contreras.

Un trabajador solicitó que se abra “una mesa de reconciliación y unidad y que se publique en el periódico que hay negociaciones”, a lo que el resto asintió.

El abogado les pidió que se agruparan, que no dejaran solas las carpas ni abran o dejen que nadie abra las instalaciones “hasta que termine la negociación”.

Calderón Gómez consideró que la empresa no puede actuar de esa manera, condicionando a la gente a regresar a laborar mientras sigue el proceso legal de la huelga en los tribunales.

“Necesitamos un clima de armonía, que la empresa dé garantías y que no va haber despidos ni que los policías sean quienes rompan la huelga. Todos salimos y todos entramos”, reiteró, ante el grito de esta consigna por parte de un trabajador.

Mientras se organizaban para ir a la Junta, un grupo de trabajadores de confianza pidió que saliera el editor Josetxo Zaldúa porque estaba enfermo y “grave”. Primero entró una supuesta doctora y su esposo para valorarlo. Alrededor de las tres de la mañana lo sacaron caminando y con el rostro cubierto, apoyándolo de los brazos por dos personas. Se prohibió que se sacaran fotos y lo trasladaron “a emergencias” en un automóvil color negro.

Alrededor de las 2 de la mañana, se dirigieron a la Junta para negociar una solución pacífica para evitar una represión policiaca contra los huelguistas o un enfrentamiento entre trabajadores sindicalizados y de confianza.

Finalmente, después de un par de horas de negociación entre la empresa y el Sitrajor, en la Junta se acordó levantar la huelga al mediodía de este martes 4 de julio.

Proceso ha buscado a la empresa para saber su versión de los hechos, pero no se ha obtenido una respuesta.


(PROCESO/ ROSALÍA VERGARA/ 4 JULIO, 2017)

GOBERNADOR DE NAYARIT ARROPÓ A NARCOFISCAL


Foto: Tomada de Internet

Bajo el amparo del gobernador Sandoval, el ex fiscal Veytia tomaba lo que quería, afirman víctimas

Bajo la gestión de Édgar Veytia, el llamado ex Fiscal de Hierro, el estado de Nayarit vivió el infierno de El Diablo. Amigo de Alfredo Beltrán Guzmán, El Mochomito (detenido), Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2 (abatido), y compadre de políticos como el actual gobernador Roberto Sandoval, Veytia se apoderó, con su aval, de todo lo que quiso, si alguien se resistía aplicaba el peso de su ley: levantones, secuestros, extorsiones y despojos.

Esa entidad se convirtió en su centro de operación para la elaboración de drogas sintéticas y el tráfico de las mismas, junto con el Cártel de los Beltrán Leyva, donde sembró terror con la Policía Nayarit, su grupo de élite siempre encapuchado.

La trayectoria de Veytia se desarrolló a la par de la del actual gobernador de extracción priísta. El fiscal comenzó como director de Tránsito y Vialidad en el municipio de Tepic, cuando Roberto Sandoval fue alcalde (2008-2011), luego, el 26 de agosto de 2009, lo designó secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de la misma capital.

Pero El Diablo comenzó a tener más poder cuando Sandoval, ya como gobernador en 2011, lo hizo subprocurador y luego fiscal, cargo que lo comenzó a acercar con el crimen organizado y con quienes, supuestamente, pactó la operación en la entidad.

De ahí que autoridades de Estados Unidos lo acusen de conspiración internacional por importar, fabricar y distribuir heroína, metanfetaminas, marihuana y cocaína.

Fue detenido el 28 de marzo en San Diego, California, por agentes de la Control Border Protection, de acuerdo con documentación de una corte de Nueva York; aunque está detenido en territorio estadounidense, los nayaritas temen que pueda obtener su libertad.

Según pobladores, el entonces fiscal Édgar Veytia tenía todo el apoyo de Roberto Sandoval (padrino de Olimpia Veytia, hija de El Diablo) y fue que hizo de la Policía Nayarit, su brazo armado.

GOBERNADOR FUE CÓMPLICE, ACUSAN
Todos los días, si algo le gustaba al fiscal o al H2, se lo arrancaban a sus dueños. Así ocurrió con el señor José, quien fue obligado por el entonces fiscal a venderle un terreno de 18 mil metros cuadrados.

En varias ocasiones la policía de Nayarit, con su característica capucha para ocultar sus rostros, visitó a don José para pedirle “amablemente” que accediera a venderle el terreno “al jefe”, pero siempre se negó.

Hasta que en la última visita ya no preguntaron y lo subieron a la camioneta para llevarlo con el fiscal. “Te traje porque quiero tu terreno, quiero hacer un trato”.

Al final el trato obligado quedó en 13 millones de pesos, muy por debajo del valor catastral de 30 millones de pesos.

—Te traje porque quiero tratar —dijo
Veytia.

—Pero yo lo quiero dar a 2 mil 400 el metro —contestó José.

—Te voy a pagar a mil 900 el metro y di que te fue bien.

“En eso estábamos tratando, cuando le habló el gobernador Roberto Sandoval”, asegura.

Entonces el fiscal puso el altavoz.

—Qué, ya trataste con el amigo —se escuchó decir al gobernador.

—En eso estamos —respondió Veytia.

—Si no quiere, enciérramelo unos días para que afloje —advirtió Sandoval.

—Oíste lo que dijo el gobernador.

—Pues así por las buenas sí les vendo —dijo José.

El Diablo le aseguró que le estaría marcando para hacer los pagos, pero terminó pagándole con dos casas y 3 millones en efectivo, además de dos combis para usar como transporte público.

“Agarra las casas porque no te voy a dar más”, sentenció el fiscal.

El terreno se dividió en dos: el que aún es baldío se lo quedó Carlos Saldate (ex candidato del PRI a la alcaldía de Tepic) y donde hicieron un fraccionamiento pertenece a Veytia.

“Ellos son compadres”, agrega el agraviado.

LAS TRAICIONES

En el grupo hubo traiciones entre Veytia y El H2, y tras la caída de Patrón Sánchez, el grupo que opera principalmente en Nayarit es el del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Desde 2010, la Policía Federal comenzó a detectar el tráfico de droga, principalmente heroína, por medio de la línea Autobuses Coordinados Nayarit, de la que tiene participación Olimpia Cambero, esposa de Édgar Veytia.

Fuera por pasajeros “mulas”, oculto en el sistema de aire acondicionado o adherido bajo los asientos, los autobuses eran utilizados para cometer el delito de trasiego, mismo que quedó asentado en las averiguaciones previas AP/PGR/SON/NAV-I/030/2010 y AP/PGR/SON/NAV-I/15/2010.

En Nayarit, una central se encuentra en Tepic y la otra en Compostela, lugar donde la suegra del ex fiscal, Alicia Monroy Lizola, es alcaldesa; sin embargo, Autobuses Coordinados Nayarit opera en Baja California, Ciudad de México, Sonora y Sinaloa; mientras que en Estados Unidos tiene corridas en Sacramento, Portland y Los Ángeles.

Información a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL indica que el ex fiscal operó junto con Juan Francisco Patrón Sánchez, El H2, abatido en el mes de febrero por la Secretaría de Marina (Semar) y no sólo traficaban droga, también despojaban de casas, terrenos y todo lo que quisieran de los nayaritas.

A partir de la detención de Veytia en Estados Unidos a finales de marzo, un grupo de ciudadanos comenzó a buscarse en redes sociales para dar sus testimonios y conformar una comisión de la verdad, encabezados por Rodrigo González Barrios, ex secretario de Ayuntamiento de Tepic, y la poeta Alma Vidal. En total llevan 74 testimonios de víctimas de despojos de casas, terrenos, extorsionados, amenazados o que sufrieron el secuestro de algún familiar.

Con uniforme de la fiscalía, El H2 hacía presencia y lanzaba sus advertencias: “Casa que me gusta, terreno o mujer, lo tomo”; y así ocurrió con la casa en la que lo abatieron.

En entrevista, la señora María asegura que esa vivienda era de ella, pero El H2 mandó a su gente para pedírsela. El predio tenía una característica que atrajo al narcotraficante: tenía sótano.

“Esa casa, desde que me la quitaron, ha servido para matar gente. Me enviaron a alguien para decirme que si les vendía la casa, le dije que no”, comenta María. Pero “el patrón” insistió y mandó a otra persona; ella le dijo lo mismo.

El H2 se aferró y buscó al que le había vendido el terreno a la señora María. Se trata de Eduardo Rosales.

Con el poder que tenía, El H2 logró que Rosales hiciera el contrato de compra-venta con todo y escrituras, aun y cuando ninguna casa de ahí estaba escriturada.

“A finales de 2010 y principios de 2011, ya no tenía casa. Demandé a Eduardo Rosales pero lo absolvieron, era apoyado por “el patrón” [El H2] y a él lo apoyaba Veytia”. Desde entonces, María se quedó sin la casa que comenzó a construir junto con su esposo, quien falleció en un accidente vehicular en 2006.

COMISIÓN DE LA VERDAD

Rodrigo González Barrios, que impulsa una comisión de la verdad, señala que la detención del fiscal en Estados Unidos generó que ciudadanos comenzaran a salir a denunciar lo que se vivió en Nayarit. “Fue sumamente grave. El asunto del fiscal tiene que ver con haber penetrado al cuerpo de seguridad.

“Está claro que el gobernador del estado conocía lo que hacía el fiscal; buscamos que en el siguiente gobierno se impulse una comisión de la verdad. El despojo a los nayaritas puede ser enorme, por eso necesitamos conocer la magnitud, porque hay riquezas incalculables de funcionarios públicos”, advierte.


(VANGUARDIA/ EL UNIVERSAL/ 4 Jul 2017)

ARDE’ PUEBLA; ASESINAN A NUEVE Y EXPLOTA DUCTO


Los vecinos acusaron al jefe de la policía de ser cómplice de los asesinos, pero que habría sido ejecutado por no haber logrado que los comerciantes pagaran el dinero a los sicarios.

PUEBLA.- Nueve personas muertas (entre ellas un jefe policiaco), un desaparecido y dos heridos (un regidor y un agente) dejó un ataque armado en el municipio poblano de Huehuetlán el Grande, el cual, según autoridades, se debió a una confrontación entre bandas dedicadas al robo de hidrocarburos.

Durante 12 horas, dicho municipio asentado a 40 kilómetros de la ciudad de Puebla, vivió una jornada de violencia encabezada, explicó la fiscalía de la entidad, por sujetos armados que forman parte de la banda “El Cuije”.

Desde la media noche del domingo y durante la madrugada de este lunes, hombres armados agredieron en la población de Ixtlahuacán a varias personas y levantaron a otras que aparecieron calcinadas.

La versión oficial señala que cuatro personas murieron en dicha comunidad y cinco más que habían sido levantadas fueron ejecutadas, quemadas y sus cuerpos abandonados en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla del municipio de Puebla.

Los vecinos revelaron que las personas asesinadas y levantadas se dedicaban a la venta de combustible robado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, alrededor de las 22:30 horas del domingo, la banda “El Cuije”, dedicada al asalto, extorsión a comerciantes y a personas que se dedican al robo de combustible en la zona, ingresaron a Ixtlahuacán, buscando a una persona a “El Chino” para solicitarle el cobro de piso.

En el lugar asesinaron a Evaristo N, de 55 años y su hijo Ramiro “N”, de 23; posteriormente, se trasladaron al domicilio de Merced N a quien le cobraron derecho de piso y mataron.

En la confusión de los pobladores, un habitante del lugar realizó disparos en la calle del Deporte, esquina con Barranca Balcázar, donde el Comandante de la policía municipal Martín N, fue alcanzado por las balas y murió; además resultaron heridos Enrique N, policía municipal y Evelio N, regidor.

Después, los sicarios interceptaron a seis personas que levantaron, cinco de ellas aparecieron quemadas.

EXPLOTA DUCTO

También ayer por la tarde, ordeñadores de ductos de Pemex provocaron una nueva fuga por toma clandestina y un incendio en el Municipio de Palmar de Bravo.

El incendio fue reportado minutos antes de las 16:00 horas en el kilómetro 2 de la carretera Cuesta Blanca-Palmar de Bravo.

De acuerdo con autoridades locales, por lo menos una persona resultó con quemaduras en varias partes del cuerpo, por lo que fue llevada a un hospital por un automovilista.


(VANGUARDIA/ EL UNIVERSAL/ 3 Jul 2017)

EL RIVAL MÁS DÉBIL

No es el mejor momento para una reunión entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, pero en unos días se verán las caras en privado. Hay que hacer dos consideraciones para tratar de entender por qué dialogarán en el marco de la cumbre del G-20 en Hamburgo a finales de esta semana: ¿Cuándo es el mejor momento para reunirse con Trump? Si era inevitable que se cruzaran y hablaran durante las sesiones, ¿no sería más costoso el no tener un encuentro bilateral? Nunca habrá un buen momento para hablar con el actual inquilino de la Casa Blanca, porque con él siempre es un viaje hacia lo desconocido cualquier tipo de interlocución o trato con él. Pero al mismo tiempo, el no formar parte del grupo de nueve líderes que hasta ahora se ha programado hablarán bilateralmente con él, probablemente habría sido interpretado en México como un nuevo desdén del Presidente estadounidense.

Difícilmente podrán sentirse tranquilos los funcionarios mexicanos más sensatos por el encuentro con Trump. La cancillería mexicana no había hecho ningún esfuerzo por buscar una entrevista entre ellos, porque no tendrían nada importante y concreto que pudieran anunciar. Una plática entre estos dos presidentes, que con otros mandatarios estadounidense se podía presumir en un comunicado lleno de caracterizaciones de que fue “cordial”, donde “revisaron los temas de la agenda bilateral” y “acordaron seguir trabajando” para fortalecerla, no podrá ser tratada de igual manera porque a diferencia de antaño, en el caso de Trump, sólo jugando a las forzadas con él, levantándole la voz y confrontándolo, se manda un mensaje de no subordinación.

Peña Nieto no presentará una postura de esas características porque genéticamente es todo lo contrario, de formas muy suaves y de trato débil cuando debe imponerse. Por si no fuera suficiente ese pasivo, Trump es un personaje impredecible y tramposo. Peña Nieto ya ha sufrido y padecido sus exabruptos y mentiras, pagando con humillaciones y descrédito los atropellos. El peor de ellos cuando en enero pasado prácticamente le retiró la invitación en público a ir a la Casa Blanca. Ese episodio precedió a un acuerdo de no hablar sobre el muro en la frontera y que México iba a pagarlo, como decía Trump, que lo rompió en la víspera de que iniciaran delegaciones de alto nivel de los dos países las primeras pláticas sobre las relaciones bilaterales, a unos cuantos metros de la Oficina Oval.

Trump dijo el jueves 26 de enero en su cuenta de Twitter: el Presidente Peña Nieto no debe visitar Estados Unidos a menos que México esté dispuesto a pagar por el muro. Poco después, por la misma red social, Peña Nieto anunció la cancelación del viaje, previsto para el día 30. Las primeras pláticas oficiales entre los dos países habían arrancado en la víspera, y recién se sentaban los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, comenzaron las hostilidades, que se convirtieron en insultos del supremacista consejero presidencial, Steve Bannon. Los mexicanos consideraron levantarse de la mesa, pero porque ello lanzaría la relación bilateral al abismo, aguantaron el maltrato.

La cancelación de la visita llevó la relación a uno de los puntos más álgidos que se recuerda, en situaciones incluso más difíciles que durante la tortuosa negociación sobre el acuerdo de gas natural durante el gobierno de José López Portillo, o más grave que cuando se enfrentaron los gobiernos de Miguel de la Madrid y Ronald Reagan por su intención de invadir Nicaragua. Se puede argumentar que fue la fisura más grande entre los dos países en tiempos de paz, que tuvo un proceso de recuperación con el trabajo que se realizó posteriormente con los secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John Kelly. Aún así, exabruptos antimexicanos de Trump, en medio de negociaciones bilaterales, llevó a Kelly en un momento, durante una de esas reuniones en la Ciudad de México, a disculparse con los mexicanos por las declaraciones de su Presidente.

El estado de relación bilateral ha continuado avanzando por buen camino, con acuerdos marco en materia de seguridad regional y alcanzándose los tiempos óptimos –para su aprobación antes de los periodos electorales de 2018- para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero por más sólido que sea los construido, no deja de ser frágil por la explosividad bipolar de Trump y su búsqueda permanente, en momentos de dificultad, de voltear una y otra vez a México para fustigarlo en los temas de migración y comercio que son los que mejor juegan con su electorado conservador, que mantiene aún de manera homogénea, para desviar la atención.

Angela Merkel, la Canciller federal Alemana y anfitriona de la cumbre del G-20, anticipó la semana pasada que la presencia de Trump va a ser tensa y difícil, por temas como medio ambiente y libre comercio, donde se encuentra literalmente, casi contra todo el mundo. Su temor fue confirmado durante el briefing que dio el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, sobre la reunión. “Desde la perspectiva de política exterior, el objetivo del Presidente será dejar claro, incluso a nuestros aliados, que Estados Unidos no puede tolerar un comercio injusto y prácticas desventajosa para nuestros trabajadores y nuestras industrias”, dijo. “Estamos preparados para actuar donde sea necesario”. No se necesita más. Trump va con la espada afilada. Peña Nieto, en el contexto actual, es su rival más débil.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
Twitter: @rivapa


(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 03/07/2017 | 04:08 AM)   

QUÉ HACER CON TRUMP

¿Qué puede hacer el Presidente Enrique Peña Nieto para evitar que Donald Trump lo humille en la arena pública? Peña Nieto ya experimentó que la actitud conciliadora que tiene en privado, se vuelve nuclear cuando se traslada al público. Una cosa le dijo Trump el último día de agosto del año pasado en Los Pinos, y otra su reacción tres horas después en Phoenix, al dinamitar la conversación que tuvieron durante la campaña presidencial. Otra fue la conversación telefónica, ya presidentes ambos, para acordar que donde la discrepancia fuera insalvable no hablarían de ello con los medios, que violó Trump ante una cámara de televisión. No hay garantía alguna para que lo que acuerden la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado para su encuentro este viernes en Hamburgo, sea respetado por él. Coloquialmente hablando, lo que vaya a resultar, será un volado.

Peña Nieto y Trump sostendrán lo que llama el Departamento de Estado como una reunión pull-aside, que son rápidas y sin tiempo para profundizar, pero que sirven para subrayar el tema que más preocupa en ese momento, o enviar un mensaje de que esa relación es prioritaria. Trump tendrá encuentros pull-aside con nueve de los 19 líderes con quienes se verá en la cumbre del G-20 en Hamburgo a finales de esta semana. ¿Qué puede hacer Peña Nieto con Trump? Si la plática va a ser expedita, sin tiempo para abundar en un tema, la forma como se construirá lo que sucedió en ella no dependerá del Presidente mexicano y cómo se le planta, sino de cómo su equipo diseña la narrativa del encuentro.

Lo peor que puede suceder es lo que ya están haciendo: emitir declaraciones inocuas, vagas y retóricas, o preparar comunicados que destilen miel. Un comunicado para hablar generalidades, como suelen hacerlo, junto con sus filtraciones a las columnas políticas anónimas donde ensalzan al Presidente, no sirve. No les ha funcionado en el pasado; no les va a funcionar ahora. Una comunicación política diferente podría hacer la diferencia. Pero, ¿serán capaces de reinventarse los mexicanos?

La incapacidad de tener una comunicación política eficiente que defienda los intereses mexicanos, no es exclusiva del gobierno de Peña Nieto. Se extiende por muchos sexenios, explicado por la deformación gubernamental de pensar que información e igual a propaganda, que siempre los hace perder la iniciativa y estar siempre a la defensiva. El encuentro de Trump con Peña Nieto, por ejemplo, lo anunciaron en Washington el jueves pasado, cuando el director del Consejo Nacional de Seguridad, H.R. McMaster, y el director del Consejo Nacional Económico, Gary Cohn, dieron una briefing –equivalente informal a una rueda de prensa- a la prensa en la Casa Blanca sobre el viaje a Europa. Lo que hace la Casa Blanca es administrar la información.

En Hamburgo lo primero a través del pool –un grupo compacto- de periodistas que viajen en el Air Fore One, donde altos funcionarios del Gobierno darán a conocer el objetivo que van a alcanzar y lo que esperan de los encuentros más importantes. Ese pool da la información al resto de los periodistas acreditados por la Casa Blanca, con lo cual se empieza a construir su narrativa, con el énfasis deseado. Una vez en Hamburgo, la oficina de prensa de Trump llevará a los periodistas acreditados a funcionarios de alto nivel que irán explicando los detalles que quieren que se resalte de los encuentros bilaterales, con lo cual definirán el contenido de las pláticas. Otros países hacen lo mismo y neutralizan el spin –la intención- de la Casa Blanca. La experiencia en el Gobierno peñista en este campo ha sido amarga, no sólo porque carecen de este procedimiento, sino porque ni siquiera se le da la atención requerida. En una ocasión, para una reunión convocada intempestivamente por el Presidente Barack Obama, como la prensa mexicana quedó hospedada a 45 minutos de Washington, no llevaron funcionarios a hablar con ella porque, dijo un colaborador de Peña Nieto, “estaban demasiado lejos y no daba tiempo”. Aquella ocasión, como se ha dado sistemáticamente en otras, el tono y ángulo de la información no respondió a los intereses mexicanos.


La única forma como podría neutralizarse a Trump, pensando en la probabilidad que haga una de sus jugarretas, es trabajar una estrategia similar: un briefing este mismo martes a la prensa mexicana sobre lo que se espera, para no levantar expectativas falsas y orientar sobre las razones del encuentro, así como reportes diarios, por funcionarios de alto nivel, durante la cumbre del G-20. Esta información les permitiría construir la narrativa de esa gira de acuerdo con los intereses mexicanos, e inyectar antídotos a las ocurrencias de Trump con una versión alterna de lo que diga la Casa Blanca.

La batalla entre los dos presidentes se escenificará, como siempre, en el campo de la comunicación política. Y para entrar a esa guerra se tienen que reinventar los funcionarios mexicanos, dejando su solemnidad y opacidad a un lado. Nunca lo han logrado, por su confusión conceptual con lo que es la información y el mensaje, o generar propaganda en lugar de información. Pero tampoco nunca habían tenido una desafío tan grande como lo es Trump y su bipolaridad. Peña Nieto y su equipo lo saben perfectamente. Han vivido las frustraciones por su excesiva prudencia y falta de creatividad comunicacional. Nunca es tarde para rectificar. Imperdonable sería, con todo lo vivido con Trump, que vuelvan a cometer los mismos errores.

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(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 04/07/2017 | 04:07 AM)