miércoles, 13 de septiembre de 2017

SEIS ONGS INTERNACIONALES PIDEN A WASHINGTON NO DAR MÁS DINERO A SEDENA POR VIOLACIONES A DDHH


A más tardar el 30 de septiembre, el Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales a fin que le sean entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos.

Para seis organizaciones civiles mexicanas e internacionales, el Gobierno de México no debe recibir la ayuda de EU debido a los casos de violaciones a los derechos humanos que han sufrido los ciudadanos a manos de miembros del Ejército.

Juez ordena investigar presunta orden de matar a todos, e ir por la cadena de mando en Tlatlaya



Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– Seis organizaciones civiles pidieron al gobierno estadounidense detener el flujo de dinero en efectivo que recibe el Ejército mexicano por considerar que México no ha cumplido con el requisito de mejorar la situación de derechos humanos de sus ciudadanos y tampoco ha investigado los delitos y abusos que sufren a manos de las fuerzas de seguridad.

A más tardar el 30 de septiembre, el Departamento de Estado debe reportar al Congreso de Estados Unidos si México ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales a fin que le sean entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos.

Para Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG, por sus siglas en inglés, y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el gobierno mexicano no ha mostrado voluntad política para proteger los derechos humanos.

“Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de certificar que en México hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente a las fuerzas de seguridad en México cuando no se rinden cuentas por violaciones a derechos humanos solo empeorará la situación del país, en lugar de mejorarla”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de los Migrantes en WOLA.

Las organizaciones pusieron como ejemplo de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército mexicano, la resolución judicial que determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) no investigó con diligencia el caso de los soldados responsables por la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2014, y que tampoco investigó la cadena de mando de la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“Esta sentencia es una prueba más de que el gobierno mexicano no cumplió con el primer requisito para recibir la asistencia de Estados Unidos”, precisaron las organizaciones mexicanas e internacionales.



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LOS CUATRO REQUISITOS QUE MÉXICO DEBE CUMPLIR PARA RECIBIR LA ASISTENCIA DE ESTADOS UNIDOS ESTÁN:

1. El Gobierno de México debe investigar y perseguir en forma exhaustiva y convincente y en tribunales civiles las violaciones a los derechos humanos.

En este punto, las organizaciones consideraron que México no cumplió debido a que la investigación penal sobre el homicidio de 22 civiles por soldados mexicanos en Tlatlaya no ha progresado.

“Las autoridades mexicanas no han obtenido órdenes de aprehensión contra los soldados implicados por homicidio, encubrimiento, y manipulación de evidencia ni han investigado la ‘orden de matar’ bajo la cual operaba el ejército mexicano cuando ocurrió la masacre”, señalaron.

2. Cumplir de manera vigorosa las prohibiciones contra la tortura y la prohibición del uso de testimonios obtenidos a través de la tortura.

En este requisito señalaron que aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México y la PGR han recibido miles de denuncias de tortura, entre 2012 y 2016 los agentes del ministerio público presentaron cargos en sólo 22 casos. Sólo hay pruebas de 15 condenas por tortura en México desde 1999.

3. Búsqueda efectiva de las víctimas de desapariciones forzadas, e investigación y persecución convincente de las personas responsables de tales crímenes.

Según cifras oficiales, hay más de 32 mil desaparecidos en México, sin embargo, los firmantes destacaron que los recientes descubrimientos por un colectivo de familiares de desaparecidos de varias fosas comunes ponen de manifiesto “la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para buscar y exhumar cuerpos, identificarlos y regresarlos a sus familias”.

4. El Comité espera la cooperación completa del Gobierno de México con el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en Guerrero en septiembre de 2014.




Los padres de los normalistas de Ayotzinapa han señalado al Ejército como uno de los culpables de la desaparición de sus hijos. Foto: Cuartoscuro.

EL ESPIONAJE A ACTIVISTAS

El documento mencionó que la situación de los derechos humanos ha empeorado en el país en los últimos seis meses con el asesinato de periodistas, y el espionaje que ha hecho el gobierno mexicano a través del sistema “Pegasus” a los mismos, a activistas anti-corrupción y defensores de derechos humanos.

“En los últimos seis meses hemos atestiguado cómo la situación de los derechos humanos en México ha empeorado, incluyendo elevados niveles de violencia y ataques particularmente atroces contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Un total de ocho periodistas han sido asesinados en lo que va de 2017.

“Este ambiente ha sido agravado por la reciente revelación del periódico The New York Times y de organizaciones civiles mexicanas e internacionales sobre la utilización ilegal de spyware, que puede ser sólo adquirido por entidades gubernamentales, en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas anti-corrupción”, indicaron.

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La solicitud al Gobierno de Estados Unidos se realizó a través de un memorándum que fue enviado a funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Estado y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de Estados Unidos, y a la embajadora de ese país en México, Roberta Jacobson.

En el informe, se presentó la investigación y casos documentados por las organizaciones que demuestran, según las organizaciones “que el gobierno mexicano no ha cumplido con los requisitos en derechos humanos señalados por el Congreso para el año fiscal 2017”.

“Consideramos que el informe del Departamento de Estado sobre los requisitos de derechos humanos incluidos en la ayuda para Financiamiento Militar Exterior a México representa una importante oportunidad para realizar una evaluación meticulosa y completa del cumplimiento de las condiciones de derechos humanos establecidas por el Congreso”, puntualizaron.


(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / SEPTIEMBRE 13, 2017, 10:02 AM)

SECUESTRADO Y DESAPARECIDO; SOSPECHA FAMILIA DE POLICÍAS


Foto: Eduardo Villa.- La esposa y hermana de Luis Alberto Ortíz Aispuro, cargando la lona con la imagen de su familiar desaparecido.

Luis Alberto Ortiz Aispuro desapareció el 17 de enero, cuando con engaños lo llevaron a un terreno localizado en el Ejido Heriberto Jara. Fue secuestrado por una supuesta deuda de 350 mil dólares que la familia no reconoce. A casi ocho meses de no verlo, su esposa Leticia Álvarez García, acusa a las autoridades de su responsabilidad en acción u omisión en su desaparición. En grabaciones que duran hasta 16 minutos captaron la voz de los criminales. Aunque estaba enterada y trabajaba en la entrega del dinero, la PGJE no actuó

Luis Alberto Ortiz Aispuro es originario de Culiacán, Sinaloa, tenía 49 años de edad cuando desapareció. Su esposa, Leticia Álvarez García, lo describe como un hombre bueno que se dedicaba a la renta de rockolas, sillas y mesas, además de vender automóviles que compraba en Estados Unidos.

Nunca tuvo altercados ni problemas con la Ley, salvo algunas acusaciones de tipo personal, según información de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); nada para ser secuestrado y desaparecido, considera Leticia.

Antes de ser cuestionados sobre este tema, en la PGJE y en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) señalaron que durante este año no había secuestros registrados. Sin embargo, en la última conferencia de prensa, David Lozano Blancas, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), reconoció dos casos y cinco más de migrantes que no fueron contabilizados oficialmente.

LA ÚLTIMA VEZ QUE LUIS ALBERTO FUE VISTO

El reloj rondaba las cinco de la tarde de aquel 17 de enero. Luis Alberto y Sergio González, su velador, se preparaban para cerrar el negocio cuando llegó una persona que solo pudo describir como alto, de tez morena, corpulento, el cual iba vestido completamente de azul y que, como seña particular, tiene un tatuaje de estrella en uno de sus brazos.



El vehículo quemado de Luis Alberto  fue localizado en un terreno baldío en la colonia Progreso, al Poniente de la ciudad

Este hombre descendió de un vehículo color azul y se dirigió hacia Luis Alberto. Días antes, esa persona fue a buscarlo para rentarle todas las mesas, pero se retiró al no poder conversar con Luis Alberto, con la promesa de volver.

Tras charlar por algunos minutos pactaron la renta del equipo; le prometieron que sería por varios días y en varios eventos, por lo que no pudo negarse.

Junto con Sergio, Luis cargó el equipo a su vehículo tipo pick-up de la marca Nissan y emprendió el viaje rumbo a la zona poniente de la ciudad.

Primero llegó a la Ahumadita, luego prolongó su trayecto a Progreso y finalmente fue trasladado al Ejido Heriberto Jara, donde fueron recibidos por cinco personas que no logró identificar. Un grupo de niños jugaban en el campo y mujeres con sus hijos estaban del otro lado del canal que atraviesa dicha comunidad rural. Todos observaban, parecía algo normal.

El resto de la historia lo relata Sergio González, el velador de Luis Alberto Ortiz Aispuro: Al bajar de la unidad se dirigió a la parte trasera para bajar las mesas, cuando sintió un fuerte golpe en la nuca que lo dejó inconsciente.

Cuando volvió en sí estaba en el asiento trasero de un vehículo, con la cabeza metida entre sus rodillas y con una mano que le sujetaba el cuello para que la mantuviera con la mirada hacia los tapetes del vehículo. No cruzaron palabras, solo escuchó que los criminales hablaban en claves policíacas. Alcanzó a ver pistolas de reojo desde su posición, todas eran de mano y de color negro; el mismo modelo.

Por media hora estuvo dando vueltas alrededor del ejido hasta que detuvieron la unidad y lo hicieron descender mientras le apuntaban con sus armas. Le instruyeron que caminara pegado al canal hasta llegar a alguna comunidad y a partir de ese momento pedir ayuda.

“Cada vez que pasaba un carro me escondía en el monte porque creí que se habían arrepentido”, comentó Sergio, quien durante las horas que caminó, sentía que volverían para matarlo.

Al llegar pidió apoyo a un familiar y se refugió en su casa. Posteriormente, dijo, dio aviso a un familiar de Luis Alberto, pero este no les informó sino hasta varias horas después.

A él lo habían liberado, pero los secuestradores habían retenido a Ortiz Aispuro.

A la mañana siguiente, Leticia intentó llamarle pero no tuvo éxito, por lo que se dirigió a su local pensando que pudo quedarse dormido ahí. Al no tener certeza de su persona, decidió interponer denuncia ante la PGJE por desaparición.

Tras algunas horas, su hijo, de 25 años, quien hoy reside fuera de Mexicali junto con Leticia, debido a las constantes amenazas, recibió un llamado a su teléfono celular donde le indicaron que su padre estaba secuestro y le exigieron350 mil dólares para dejarlo en libertad.

Iniciaron la búsqueda, hablaron con Sergio y este comentó que la noche anterior fueron llevados hasta el referido ejido donde los sorprendieron criminales en una cancha de basquetbol rodeada de neumáticos. Tras golpearlo y mantenerlo cautivo por un tiempo, lo liberaron.



Luis Alberto Ortiz Aispuro, desaparecido desde el 17 de enero de este año.

Por sus propios medios se dirigieron al sitio a buscar pistas, pues ni la Policía Municipal o Ministerial los atendió, logrando ubicar el vehículo de Luis Alberto en una zona despoblada de la colonia Progreso. La unidad estaba quemada y no se encontraban las mesas.

LA NEGOCIACIÓN

A partir de ese momento, dos voces dirigieron la vida de la familia Ortiz Álvarez, teniendo como principal contacto a uno de los hijos que labora como ingeniero, quien perdió su trabajo durante este incidente y que tuvo que salir de la ciudad cuando comenzaron las amenazas en su contra, según dijo su madre.

Dos veces por semana se contactaban los secuestradores con la familia. Le exigían el pago de la fuerte suma de dinero, según comentó, el adeudo de Luis Alberto con los criminales.

ZETA tiene en su poder 12 grabaciones donde se escucha al joven negociando con los plagiarios, quienes le reclaman que debe hacerse cargo de la deuda de su padre.

Durante los mensajes le exigen vender una casa propiedad de su abuela que se encuentra en Culiacán, Sinaloa, por la que estaba interesado un individuo apodado “El Calallo”, el cual pagaría una importante suma de dinero en efectivo.

El joven dijo desconocer sobre esto, lo que fue tomado de mala manera por los secuestradores, quienes le dijeron, su papá era el que mandaba los mensajes y solo debía seguir las instrucciones para obtener el dinero.

En otra llamada, el hijo de Luis Alberto dice que logró juntar 60 mil pesos que le prestaron sus amigos y familiares, lo que fue tomado como una burla para los criminales que le exigen que se apure o que su padre aparecería “tieso” en un terreno.

Después le exigen vender el terreno donde tenía sillas y mesas, cuyo valor, según le dijeron, rondaría los 3 millones de pesos, pero el joven comenta que no cuenta con las escrituras y solo es una posesión, lo que le complica la venta.

El hijo de Luis Alberto pidió pruebas de que su padre se encontraba con vida, pero los plagiarios se negaron a ponerlo al teléfono, por lo que le ofrecieron enviarle fotos por correo o entregarle una memoria USB en su buzón, pero esto nunca ocurrió, aunque los delincuentes juraron que lo habían hecho.

UNA DE LAS LLAMADAS SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:

Secuestrador (S): ¿Qué noticias nos tienes?

Familiar (F): Pues aquí viejo, batallando, mire, eh… La neta viejo, no… El bato que me iba a prestar la feria no me completó, no me acompletó viejo, y este… me prestó 6 mil bolas, más otros 3 mil que tenía ahí y son siete bolas lo que tengo en dólares.

S: ¿Cuánto?

F: Siete mil bolas y 30 mil pesos, viejo.

S: ¿Once mil?

F: No, no, no, no, no… Le digo que no me completó el bato este que me iba a prestar los 15.

S: Sí, por eso, ¿cuánto tienes?

F: Ahorita tengo siete bolas, 7 mil dólares y como 30 mil pesos

S: O sea que no te completó aquel.

F: No, o sea que el bato estaba esperando agarrar una feria, pues y me dijo: ‘¿Sabes qué? Te voy a hacer el paro, lo más lo más que te puedo prestar son 15 bolas, pero pues déjame checar el sábado’, y le estuve marcando en la semana y la chingada y no… Ahora no me contestó el bato… Ahora sí ya no sé qué hacer, la verdad.

S: 7 mil bolas y 30 mil pesos.

F: (Exhalación de aire) Ya no sé qué hacer, viejo, la neta.

(Segundos de silencio)

S: O sea, y qué, ¿pa’ cuándo piensas tú o qué?

F: Pues no sé, viejo, pues le digo, este compa es la única esperanza ahí que me prestara esa feria ya le había dicho, pero no me completó, pues yo no sé la verdad, qué más hacer, señor, la neta… Si me hace el paro con eso pues la neta se lo agradezco y vamos a seguir pa’ adelante para pagarle lo demás, pero pues ahorita la verdad yo ya, cómo le diré… Ya me ando enfermando, ya no… no… no hallo la puerta viejo, la neta yo y… (Interrumpe).

S: O sea, a ver, a ver, a ver… Voy a echar una platicada con tu papá y ahorita te marco yo pa´ atrás.

F: Sale, viejo…

La mayoría de las grabaciones registran claramente la voz del criminal y su duración alcanza los 16 minutos, lo que facilitaría intervenir, detectar y ubicar el origen de la llamada, sobre todo porque la mayoría se hizo desde teléfonos locales, salvo una que fue hecha con un celular con clave Lada de Mazatlán, Sinaloa.


La lista de números telefónicos usados por secuestradores para llamar a la familia.

Leticia comentó que durante todo ese tiempo, policías ministeriales trabajaron en la investigación a cargo del agente Gómez -se cree que se refiere a José Luis Gómez, hoy comandante de la corporación-, pero que nunca intervinieron. “Estamos cuidando la integridad de su marido”, le comentaban, lo que al principio consideró coherente, hasta el momento que se pactó la entrega y brillaron por su inoperancia.

La llamada de la entrega fue de la siguiente forma:

S: ¿Ya estás listo, entonces?

F: Aquí estoy, viejo. Listo.

S: Okey, deje nomás la bolsita ahí en el cerco, colgada. Fíjate bien, no quiero trucos, ¿okey?, porque aquí de hecho aquí está cerquititas, no vas a batallar nada…

F: Pero me va a marcar, ¿verdad?

S: Aquí va a estar, si yo estoy diciéndole así va a ser, usted no se preocupe por eso, yo le estoy dando mi palabra de que así va a ser.

F: Fierro, pues.

S: Okey, nomás te digo, si me sales con una tarugada te voy a marcar, pero ya te voy a decir otra cosa. Ya te la sabes.

F: No, viejo. Aquí estoy esperándolo, pero por favor que me marquen.

S: Usted nomás me deja la bolsita ahí colgada en el ese y va a pasar por ahí alguien y ahorita la va a agarrar, y en ese momento aquí ahorita le voy a marcar y le voy a decir ‘Aquí lo recoge’. Calientito, aquí cerquititas, no va a batallar nada. Como le digo, porque a mí me sirve más bueno y sano que ‘tieso’, la verdad. Necesito que me paguen.

F: Viejo, pero me va a marcar antes de dejársela, ¿verdad?

S: Usted me tiene que poner el papel (dinero) ahí, yo ahorita es lo que le estoy diciendo y ahorita aquí déjelo, el papel ahí y ahorita aquí mismo se va a hacer cerquitas. Haga eso que le estoy diciendo ahorita, ahí va para allá este hombre. Y aquí ya está cerquitas.

F: Pues necesito que me marque, viejo. Necesito que me marque porque es que también yo estoy aquí ya nomás… estoy esperándolo nomás. Pues si ya se va a hacer… (Interrumpe)

S: Por eso, ahí va a llegar ahorita ya, ahí va a llegar ahorita te estoy diciendo, haz lo que te estoy diciendo, ahí va para allá ya.

El día de la entrega del dinero había agentes del Grupo Antisecuestros en la esquina de la calle, pero nunca actuaron, bajo el argumento que esperaban el momento ideal para realizar el operativo; ese instante nunca llegó.

Ese día lluvioso fue 17 de febrero, se cumplía un mes del secuestro; a partir de ese momento cesaron las llamadas. Leticia recuerda que se quedó toda la noche esperando la respuesta de los captores o de las autoridades indicando que lograron detenerlos, pero eso no ocurrió.

A partir de ese momento comenzó a pedir cuentas a la PGJE, pero solo recibió largas. Se entrevistó con la procuradora Perla Ibarra y el subprocurador José María González en varias ocasiones, en una de ellas, la señora Álvarez recibió un reclamo del subprocurador, quien dijo que su esposo debía dinero a criminales y que por eso se había dado este problema. Además, la acusó de solo entregar 3 mil dólares, en vez de los 10 mil pactados.

“3 mil dólares es lo que seguro le tocó a él”, reclamó enojada la señora Leticia, quien acusó a las autoridades de estar involucradas en el secuestro de su marido.

Al señalarle que su esposo no debía dinero a criminales, González le dijo que había cosas que él no le decía a su esposa, lo que fue tomado de mala manera por Leticia, quien consideró, no era la forma de desenvolverse para un servidor público.

SUPUESTOS AGENTES DE LA PEP LO AMENAZARON Y SE LLEVARON SU INE

El 16 de mayo de 2016, Luis Alberto interpuso una denuncia ante Asuntos Internos de la SSPE, argumentando que varios agentes, entre ellos una mujer, le robaron 40 mil pesos que tenía en su vehículo.

Leticia aseveró que ese dinero lo tenía apartado para la compra de un automóvil, pero los uniformados lo interceptaron, despojándole del monto. La mujer dijo que su esposo los identificó claramente como policías estatales, pero tras interponer la denuncia, fue amenazado.

Dijo que Luis Alberto solicitó se abriera el expediente, pero cuando le tocó identificar a los oficiales, optó por no señalarlos. En la investigación no pudieron establecer mayores datos y se archivó en septiembre de 2016. Cuatro meses después ocurrió el secuestro.

La denuncia fue corroborada por el vocero de la SSPE, Adrián García Estrada, quien comentó que la investigación no pudo avanzar debido a la falta de pruebas, ya que los GPS, las bitácoras y los agentes no coincidían con lo narrado por el quejoso, además, no pudo identificarlos. Tras cotejar los datos del acompañante de Luis Alberto, Leticia comentó que no se atrevió a identificar a los agentes agresores debido a que lo amenazaron y despojaron de su credencial electoral, para así saber su domicilio.



El campo de básquetbol donde fue citado Luis Alberto y su trabajador de nombre Sergio. Frente a varias personas fueron golpeados y privados de su libertad.

Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició la investigación CEDHBC/MXL/Q/103/17/1VG el 7 de abril por presuntas violaciones al derecho a la Seguridad Jurídica, pues aparentemente no recibió asesoría jurídica e información sobre el desarrollo del procedimiento, por el retraso y entorpecimiento de la investigación, por omitir diligencias o integración deficiente del expediente.

MESES SIN RESPUESTA

Leticia busca dos cosas: el regreso de su esposo y justicia por lo ocurrido. Sin embargo, desde el 17 de febrero no ha obtenido ninguna de las dos.

Comentó que regresa a Mexicali para obtener avances del número único de caso 02544-17, pero que el área de Desaparecidos no cuentan con mayores detalles sobre el paradero de su marido, a ocho meses de su desaparición.

Irma Leyva, una de las activistas en favor de los desaparecidos, dijo que las autoridades mantienen la inactividad en este tema, sin importar que pasen uno, cinco, diez o hasta veinte años.

Indicó que ha solicitado la compra de un equipo llamado Geo-Radar por parte de las autoridades, que serviría para detectar osamentas a cuatro metros de profundidad, con lo que podrían encontrar restos óseos de cualquier persona.

Empero, la respuesta ha sido que el costo del equipo es muy elevado y es inexacto, lo que considera una burla para las familias, ya que ellos realizan sus investigaciones de campo con palos y picos. “Ya no estamos en esos tiempos”, reclama Irma, cuyo hijo desapareció hace 10 años y, reitera, al igual que otras mujeres, la PGJE sabe más de todos estos casos de lo que cuenta.

ES UNA CANTIDAD MUY FUERTE PARA UNA PERSONA QUE RENTA MESAS: PGJE

El subprocurador de Investigaciones Especiales (SIE), José María González, comentó que el monto solicitado por los criminales a la familia es muy alto para una persona cuyo oficio es rentar sillas, mesas y rockolas.

En entrevista, señaló que normalmente los secuestradores solicitan un monto acorde a las posibilidades de cada persona, pero en este caso el rescate fue de mucho dinero, lo que llamó su atención. Agregó que existen ciertos indicios que no coinciden con el actuar común de un plagiario, como el incendio del vehículo de la víctima, por lo cual lo consideran un hecho atípico.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre si la persona desaparecida es un criminal, el subprocurador dijo no tener elementos para señalarlo, dado que no cuenta con antecedentes penales en Baja California o en Sinaloa, de donde es originario.

Referente a la investigación, aseveró que se encuentra “estancada” y reconoció que, pese a los esfuerzos, no se ha dado con la persona, que es lo más importante.


José María González agregó que la búsqueda sigue, pero no han tenido acercamiento a la familia recientemente debido a que no les dicen cada paso que dan en la investigación, ante la posibilidad de que existan trasfondos familiares.

“El acercamiento es para corroborar información, pero no podemos estar informando cada paso que damos”, reiteró.

El funcionario de la PGJE descartó que agentes estatales o ministeriales tengan relación con el secuestro, pese a que tuvo conocimiento que meses atrás, la víctima interpuso una denuncia ante Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

En una de las grabaciones en poder de ZETA, el secuestrador reclama a la familia del desaparecido que “es un vaquetón” y que le robó el dinero que exigía como rescate. “Esto no es un secuestro”, reclamaba la voz que exigía el pago de 350 mil dólares.


Según González, durante el presente año se han registrado siete secuestros formales.


(SEMANARIO ZETA/ IMPRESO/ EDUARDO VILLA LUGO/ 11 DE SEPTIEMBRE 2017)



DREAMERS: LAS NUEVAS FICHAS POLÍTICAS DE TRUMP


Fotos: Tomada de Internet.- En espera de que el Congreso decida su futuro

Con la incertidumbre de su futuro en Estados Unidos y la resignación del gobierno mexicano que no emprendió una lucha para su defensa, 800 mil dreamers se enfrentan a un difícil periodo en el que, en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se convertirán en una ficha de canje más en la administración de Donald Trump

A pesar de que en semanas recientes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó públicamente que no contemplaba eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), lanzó a su fiscal general, Jeff Sessions, para dar el mensaje contrario.

El 5 de septiembre, Sessions anunció la eliminación del programa que nació de una acción ejecutiva del ex Presidente Barack Obama e informó que el futuro de los casi 800 mil jóvenes beneficiados con esta medida pasaría a manos del Congreso, el cual tiene un plazo de seis meses para reformar la Ley.

Los permisos migratorios y de trabajo temporal que los jóvenes consiguieron hace cinco años, ahora están en riesgo.

Para organizaciones pro migrantes, se trata de un nuevo juego político de la administración de Trump, pero también de una manifestación de su crueldad y falta de humanidad ante un sector de la comunidad que tenía simpatías tanto de liberales como de conservadores.

La Coalición de Comunidades del Sur de la Frontera (SBCC, por sus siglas en inglés), consideró que dejar a la deriva cerca de 800 mil vidas de miembros activos de la sociedad, “los vulnera al usar como fichas de juego para construir un muro y contratar a más agentes fronterizos”.

En su posicionamiento oficial, la SBCC, integrada por más de 60 organizaciones en la frontera entre México y Estaos Unidos, advirtió: “Los estados fronterizos se han vuelto hiper militarizados a través de los años, con miles de agentes facultados para detener, registrar e interrogar a cualquier miembro de la comunidad sin una razón”.

También señaló que Texas y California tienen las concentraciones más altas de beneficiarios de DACA, lo que los vuelve “vulnerables ante la máquina de deportación de Trump”.

Lo anterior, en gran medida, porque al afiliarse al programa DACA, los beneficiarios aportaron sus datos personales como domicilio, lugares de trabajo o estudio, vínculos familiares y demás, por lo que de no aprobarse una Ley que les permita permanecer en el país, serían fáciles de localizar para deportar.


DESAMPARADOS POR TRUMP

De acuerdo con el Instituto de Políticas Migratorias (Migration Policy Institute), tan solo en California hay más 500 mil jóvenes beneficiarios de DACA.

Por lo que la Coalición hizo un llamado a los congresistas “a no permitir que el Presidente Trump destruya las vidas y familias de estos talentosos jóvenes. Tampoco el Congreso debe gastar billones de dólares en un muro insensible ni en más agentes de la Patrulla Fronteriza, ni en centros de detención”.

En términos locales, Alliance San Diego, una de las organizaciones pro migrantes más activas en la región, informó que alrededor de 40 mil dreamers viven en San Diego, por lo que la eliminación del programa es una decisión vergonzosa y los pone en riesgo por fines meramente políticos.

Andrea Guerrero, directora ejecutiva de esta organización, expresó: “Los jóvenes inmigrantes representan lo mejor de nuestro país, son innovadores, educadores, padres e hijos y pertenecen a esta comunidad”.

Uno de los beneficiarios de DACA y miembro de Alliance San Diego, Jesús Méndez Carbajal, consideró: “Este anuncio me rompió el corazón y me llena de emociones intensas, no solo por mí, sino por el resto de beneficiarios, nuestras familias y comunidades. Les pido a mis compañeros de DACA que salgan adelante de esta ola de miedo, ansiedad e incertidumbre con amor y esperanza en nuestros corazones”.

Por su parte, la abogada especialista en materia de migración, Ginger Jacobs, recomendó a los beneficiarios de DACA no tomar decisiones de vida drásticas y continuar en sus trabajos y escuelas después del anuncio, ya que están por interponerse una serie de demandas y sigue pendiente la decisión del Congreso.

EL TURNO DE MÉXICO

Según cifras del Instituto de Políticas Migratorias, actualizadas hasta 2016, de los cerca de 800 mil dreamers, 689 mil 029 son de origen mexicano, 24 mil 247 de origen guatemalteco, 7 mil 813 de Corea, 33 mil 661 de El Salvador y 10 mil de Filipinas.

En medio del escándalo después del reportaje “La Estafa Maestra”, que demuestra cómo se desviaron más de 7 mil millones de pesos de fondos federales a través de empresas fantasma contratadas por dependencias federales por medio de universidades públicas como intermediarios, el gobierno de México respondió al anuncio de la administración de Trump.

Después de lamentar la cancelación del programa DACA, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció una serie de acciones con las cuales recibiría a los jóvenes en caso de deportación o de que decidan regresar al país.

Éstas son una bolsa especial de trabajo en México para dreamers a través de los consulados, el programa Crédito Joven para Dreamers en México y Estados Unidos, oferta de becas en México y otros países, acceso a la educación sin trámites innecesarios y revalidación inmediata y afiliación al Seguro Popular.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS GARCÍA RAMOS/ LUNES, 11 SEPTIEMBRE, 2017 12:40 PM)

JUECES DEJAN IR A DELINCUENTES


Foto: Cristian Torres

Con criterios totalmente opuestos, jueces aplican la misma Ley. Las capturas de delincuentes son declaradas ilegales porque algunos juzgadores consideran que “los puñales no son armas” y porque califican como “acto de molestia”, el hecho de que los policías revisen los antecedentes de una persona intervenida por una falta administrativas y después lo capturen por encontrarle órdenes de aprehensión, o en posesión de arma o drogas. La juez Patricia Hernández ha declarado ilegales al 36 por ciento de las detenciones, terminando en liberaciones

El 14 de agosto se reportó el asalto a mano armada en un Oxxo de la colonia Libertad, en Tijuana. En un proceso coordinado, establecido por esta empresa -la más asaltada en el Estado por el número de sucursales-, los policías que atendieron el llamado recibieron imágenes claras de los asaltantes y de su actividad criminal, antes de iniciar su búsqueda.

Más tarde, el número de emergencia recibió el reporte que en la calle Azueta, frente al número 16 de la colonia Libertad, parte alta, se había detenido a José Gallegos Villalobos “El Pepe” y a Bryan Omar Ángeles Arciniega, ambos nativos de Tijuana, estaban en posesión de dos navajas, dos cajetillas de cigarros y 200 pesos que era el “botín” de lo robado en la tienda de autoservicios, minutos antes.

Además de corresponder a las fotos, Bryan y “El Pepe” traían la misma ropa que usaron para asaltar la tienda de autoservicio.

De acuerdo al Informe Policiaco Homologado (IPH), al ser intervenidos, ambos “estaban infringiendo el bando de policía y buen gobierno articulo 98; “Arrojar a la vía pública o en lotes baldíos, basura, desechos u objetos que pudieran causar daño o molestias a los vecinos o transeúntes”.

Los municipales entregaron a José Gallegos Villalobos y a su cómplice, pero no por el asalto cometido en Oxxo, porque ya no había flagrancia. El Ministerio Público intentó judicializarlo por “posesión de armas”, las dos navajas, pero en el juzgado calificaron la detención como ilegal; la justificación fue “acto de molestia”, de acuerdo al juzgador, ya que la policía no tiene derecho a consignar al detenido por un delito, si antes lo detuvo solo por una falta administrativa.

Trece días después, la noche del 27 de agosto, acompañado de un hombre con la cara cubierta, “El Pepe” fue identificado nuevamente delinquiendo. Entró al restaurante La Espadaña, ubicado en la “zona blindada” de Río Tijuana y robó, junto a su cómplice, el dinero de la caja, después amenazaron a los comensales y los asaltaron, para posteriormente huir sin ser atrapados.

El tatuaje en su cuello y el ingreso previo permitieron a las autoridades tener una fotografía que mostraron a cinco testigos que los identificaron plenamente, información con la que obtuvieron una orden de aprehensión que ejecutaron el lunes 4 de septiembre.

Al ser detenido Gallegos Villalobos, negó haber participado en el robo violento, como a aceptar la existencia de algún cómplice.

En el organigrama delictivo, las áreas de Inteligencia del Consejo de Seguridad Pública de Baja California, ubica a Gallegos Villalobos como cercano a Cristian Salvador Serrano Flores “El Veneno”, operador criminal del Cártel de Sinaloa, en la célula de los Mendoza Uriarte.



CRITERIOS CON LOS QUE DECLARAN ILEGAL LAS DETENCIONES

Previo al inicio de operación del Nuevos Sistema de Justicia Penal, personal del Poder Judicial y de la Procuraduría del Estado, se reúnen cada dos o tres meses en mesas conversatorias para afinar detalles y mejorar los procesos; sin embargo, los acuerdos no terminan de llegar a los jueces, quienes cada uno cuenta con un criterio propio. Por ejemplo:

Algunos de ellos consideran que las armas punzocortantes “no son armas”. Esto a pesar de que existan casos, como el del párroco Antonio Zambrano, quien fue apuñalado, el 8 de junio, al sorprender a unos ladrones que lo atacaron con cuchillo y después le clavaron un desarmador en la cabeza.

Otros tienen problemas con los tiempos que transcurren entre la detención y presentación de un imputado. Al respecto, Marco Antonio Sotomayor, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, declaró: “Hay eventos complicados como el robo en la Buena Vista, donde el ladrón robó tres autos y allanó una casa; imaginen un IPH con la entrevista de todas las víctimas, recopilación de información de todos los autos, etcétera.

“Hay IPH más sencillos. Hay IPH más complicados, a veces el tema aquí es que el tiempo está contando y que el tiempo está registrado por todos lados, en el C4, en el radio, en las cámaras de la calle, en las testimoniales, si por algunas razón te tardaste en un IPH complejo, me parece ilógico que por eso los dejen en libertad, entendería un día, pero unas horas. Se me hace que atenta contra la seguridad de todos.

“Afortunadamente vienen cambio al IPH que lo va hacer más corto y sencillo con información básica para la investigación y ese tipo de problemáticas se van ir disminuyendo”.

El subprocurador Jorge Álvarez explicó que en este punto están trabajando con el poder Judicial en cómo justificar presentaciones que tarden dos o tres horas.

Un tema que es motivo de liberación, es la ausencia de flagrancia.

“Tienen razón jurídicamente”, dijo Sotomayor, “pero creo que es un tema que se debe revisar para reformar” y ejemplificó con el ladrón de La Espadaña y su robo previo a un Oxxo: “Lo detuvieron con la misma ropa, el arma, el dinero, los cigarros, pero como ya pasó tiempo, no hay flagrancia y tiene razón y ahí sí, con la Ley actual, no hay nada que hacer”.

Los “actos de molestia” contra los delincuentes. Cuando el aseguramiento de un delincuente se da de manera incidental, porque inicia con una intervención por la comisión de una falta administrativa y al revisarlos encuentran en posesión de drogas o armas, o al revisar sus datos o los del carro se da cuenta de que tiene orden de aprehensión o reporte de robo. Para algunos jueces esa es una violación a los derechos humanos y un acto de molestia.

“Eso es totalmente ilógico, ahora resulta que si tú vas en la calle y una unidad detecta un auto con reporte de robo y lo interviene, o pasas por un lector de placas y te detecta, ya no te pueden intervenir ni llevar ante un juez porque es detención ilegal, porque no se justifica el acto de molestia”, expuso Sotomayor.

“Si hay una intervención preventiva, el protocolo establece que por seguridad debes correr las placas, es parte del proceso administrativo de ejercer este acto de autoridad, pero ahora  resulta que el acto de molestia no está justificado.

“Creo que todos debemos trabajar en capacitación incluidos los jueces y que entiendan la situación que viene la ciudad, que entiendan que también ellos pueden colaborar sin decirles que hagan nada ilegal, simplemente que tengan criterios lógicos”.

Los antecedentes delictivos no son suficientes. Argumentan que son muy viejos o alguna otra razón. “El Código Nacional dice que el fiscal podrá solicitar prisión preventiva cuando el imputado tenga antecedentes penales o procesos abiertos. Pero en el criterio del juez es que no es suficiente los antecedentes o los procesos abiertos, tiene que haber otro elemento, como por ejemplo la falta de arraigo”, detalló el secretario de Seguridad municipal de Tijuana.


“Desde mi punto de vista, sin ser un jurista, el sistema está mal, porque debería tener controles para que los casos iguales se juzguen iguales. Debería decir, si un imputado tiene antecedentes y procesos abiertos, el juez decretará prisión preventiva, entonces ya no es lo que diga el juez, tendría que atender la Ley.

“Recuerden que estos jueces fueron formado con doctrina muy diferente, ellos buscan que el sistema de justicia funcione como está diseñado, donde la prisión preventiva es la última medida cautelar a buscar, por eso normalmente se van por firmas.

“Mi opinión es que si queremos resolver el problema de fondo, hay que reformar el código, pero tiene toda una corriente del sistema Penal mexicano que está en contra de eso y dicen que es una aberración jurídica mezclar, el sistema viejo y el nuevo”.

MP TAMBIÉN CALIFICA DE ILEGAL

“Desde el Ministerio público, yo califico de ilegal no porque la policía municipal haya hecho mal su trabajo, lo hago porque un delito se comete y la autoridad tiene conocimiento y lo expresa como es y si yo tengo un reporte al 911 y encuentro dos horas después al delincuente, ya no hay flagrancia. No quiere decir que la policía haga mal su trabajo, me los presentan, yo no justifico esa detención, pero inmediatamente voy al Juzgado y solicito una orden de aprehensión, si es procedente, pero ya no me desgasto en llevar un asunto al poder Judicial, sabiendo que no hubo violación al procedimiento, peor, no hubo flagrancia del delito, todo eso también lo hemos platicado”, detalló Jorge Álvarez, subprocurador zona Tijuana de la fiscalía de Baja California.

CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD: JUECES ENFOCADOS EN EL PROCESO Y NO EN LA PELIGROSIDAD DE DELINCUENTES

Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, se refirió a los jueces de control y las 114 liberaciones que dictaron al declarar detenciones ilegales, los primeros meses del año, 41 por no considerarlas validas la detenciones que iniciaron con faltas administrativas y 63 por otras causas.

“En la presentación de imputados, la pregunta en ese momento no es si es culpable o inocente, la pregunta es si enfrenta el proceso adentro o lo enfrenta afuera.

“Es muy obvio que una persona con ciertas características, ciertas circunstancias y cierta recurrencia, ya no va a regresar. Es ahí donde el juez no está aplicando el criterio correcto, están premiando -¿Cómo le llaman ellos?- el proceso y no están calificando correctamente al delincuente.

“Los jueces argumentan que el Ministerio Público no aporta toda la información y no fundamenta bien o el IPH de las policías municipales y estatales no aporta toda la información debida.

“Pero el juez está enfocado en el proceso y no está enfocado a la calidad o la calificación del posible delincuente; entonces, cuando está aplicando el criterio se está enfocando en el proceso y no en la capacidad del delincuente para regresar a cumplir las medidas cautelares o para volver a delinquir”.

— ¿Y si de verdad el MP no están haciendo las cosas de manera correcta?

“Si sabemos que no han sido correctamente capacitados, pero yo digo, si agarraron a un individuo con arma de alto poder y lo remiten y el juez lo deja salir, ¿podemos creer que el juez está aplicando el criterio correcto?, ¿cómo los pueden liberar?”

— De sus pláticas con la gente de las procuradurías y de las policías preventivas. ¿Cuál es el problema detectado en relación a los jueces?

“Que son garantistas y los criterios son demasiados cerrados. Hay algunos jueces que enfrentan a los ministerios públicos diciéndoles, desde el inicio de la audiencia, ‘si usted ya sabe lo que voy a juzgar, para qué me trae esos casos’, advirtiendo que van a rechazar”.


TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, SOLO ADMINISTRADOR

Los integrantes del CCSPE se reunieron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado Armando Vázquez, para revisar el tema de los jueces sin éxito.

“Él nos respondió que solo era un coordinador, que él no normaba criterios de los jueces, que la final de cuentas cada uno tenía la libertad y autonomía para aplicar la ley a su entendimiento y tiene razón en esa parte”, admitió Hernández Niebla

— Entonces, si observan que un juez no está haciendo las cosas de manera correcta ¿cuál es el camino?, se le preguntó al consejero ciudadano.

“El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es una de las cosas que hemos estado evaluando en el Consejo Ciudadano, es agarrar a un juez, darle seguimiento a lo que está haciendo y ver si podemos presentar una demanda ciudadana, en relación al exceso de garantías”.

— ¿Hay antecedentes de denuncias contra jueces por ser garantistas?

“Habría que investigarle y hacer comparativos y normar criterios, pero para mí, esto está bien claro”, comentó Hernández Niebla, apuntando la lista que él hizo pública en el mes de agosto, donde se registraron las 114 detenciones calificadas de ilegales entre los meses de enero y junio del presente año, esto por los 10 jueces de control de Tijuana. El presidente del CCSPE señaló, de manera especial, a la juez Patricia Hernández, quien ha decretado 37  de esas liberaciones, en comparación con Daniel Patiño, quien solo ha dictado cuatro.

“La diferencia es muy clara, algo sucede con esta juez, es muy obvio. Pero habría que analizar caso por caso y sustentarlo”.

El subprocurador Álvarez advirtió que no hay posibilidad de combatir a un juez por ser garantista. “El Poder Judicial estaría lleno de denuncias”.

ZETA solicitó entrevista con el magistrado presidente, a quien se le enteró de los temas a tratar, su labor como administrador, los criterios disímbolos de los jueces y las inquietudes de otras autoridades y ciudadanos por la forma en que se están dictados liberaciones. Pero pospuso la atención debido a que estaba a punto de salir a la ciudad de México.

PODER JUDICIAL Y PROCURADURÍA REVISAN EN QUÉ ESTÁN FALLANDO; LA DUDA ES SI EL PODER JUDICIAL PUEDE FIJAR DIRECTRICES

Jorge Alberto Álvarez Méndez, subprocurador de zona Tijuana, explicó que en las mesas conversatorias que se revisan muchos temas, como los tiempos de presentación, de la flagrancia y los diferimientos de las audiencias por una falta adecuada de notificación del imputado.

“Esos temas los hemos estado afinando con el poder judicial y ha habido un excelente entendimiento con ellos para tratar que el camino entre la comisión de un delito y la presentación ante un juzgado, en aquellos asuntos que no son con detenido, o no son de prisión preventiva, hacerlo lo más corto de se pueda en cuanto a notificación, para que no se difiera tanta audiencia.

“Criterios en cuanto, ¿en qué estás fallando tú y en qué estoy fallando yo? Pero ahí yo sin ningún problema, yo les digo a mis MP, jalen para este lado y están obligados hacerlo. La pregunta para el Poder Judicial que yo no puedo responder es si ellos pueden establecer una directriz, sin decirle a los jueces que hagan, con plena jurisdicción,”

“Lo que si hemos visto es disposición por lo menos de los operadores, administradores, de las cabezas del Poder Judicial de tratar de fijar una postura común en beneficio de la sociedad, nunca me han dicho no”.

ENTRE EJECUCIONES, NARCOMANTAS Y RESTOS HUMANOS, 56 MUERTOS EN 7 DÍAS 
Los hechos sangrientos en Tijuana no paran. En los últimos siete días, 56 personas perdieron la vida de manera violenta. De algunos sus cuerpos fueron encontrados  calcinados, encobijados, desmembrados, en alcantarillas; y hasta narcomantas con mensajes amenazantes a una agrupación que tendría su presentación en un bar y centro de baile ubicado en Avenida Revolución.

Con los hechos de la semana suman mil 108 crímenes en lo que va del año en Tijuana, lo que engrosa la estadística estatal que se elevó a mil 460 homicidios dolosos.

“Grupo enigma norteño llegas a tocar aquí en Tj canciones de las lacras como griega ramon y chilaquil los bamos a sentar antes de que salgas de Tijuana tj no es de ellos y con echos los emos demostrado y si cantan los vamos a tomar como represalia ATT LA MAÑA DE LA NUEVA”, fue el texto colgado en un puente peatonal de la colonia Los Españoles el viernes primero de septiembre. De los presuntos responsables nada se sabe. Pero las autoridades mantienen abierta una investigación.

En los primeros tres días del mes se registraron once asesinatos.  El cuerpo robusto de una mujer envuelto en una cobija de colores,  fue localizado en la colonia Planicie. Luego el cadáver de un hombre,  de entre 35 y 40 años de edad, se localizó en la colonia Las Torres parte baja. Mientras que en el asiento trasero de un vehículo  Honda CRV color verde fue hallado el cadáver de un hombre de entre 25 y 30 años con lesiones por arma de fuego.

El 2 de septiembre se localizó el cuerpo de un hombre en un canal de desagüe en la colonia Altamira. Posteriormente, en la colonia Nido de las Águilas, se hallaron dos cuerpos con lesiones por arma de fuego; fueron identificados como Francisco Eduardo Leyva Murillo, de 31 años, y Fanny Radilla Flores, de 38. Más tarde Manuel Fabián Madera, de 38 años, perdió la vida en el Hospital General, luego de un ataque armado registrado el 27 de agosto. Posteriormente Erick Ortiz Fruti, de 39 años, fue encontrado sin vida y con una lesión de bala en el hombro, en el interior de un domicilio de la colonia Sánchez Taboada. Por último, un cuerpo calcinado fue localizado en un predio de la colonia Torres del Matamoros.

El domingo 3 se registraron seis crímenes. El primero fue un ataque armado en el interior de un domicilio en la colonia El Pípila, ahí murió Mateo Parra Acosta, de 55 años. Envuelto en cobijas y bolsas de plástico fue localizado el cuerpo de un masculino en la colonia Paseo Santa María. Luego, con una herida cortante en el cuello fue encontrado un individuo en la colonia Ampliación Guaycura. En Cruz Roja murió un sujeto que había ingresado con una herida punzocortante en la región cefálica. Después, en el interior de una alcantarilla fue localizada una persona sin vida en la colonia Palma Real. Por último, Francisco Flores Guzmán, de 45 años, fue ultimado a tiros, falleciendo posteriormente en el  Hospital General.

El lunes 4, a bordo de un taxi libre, Alejandro Blanco, de 38 años, murió ejecutado en la colonia Los Altos.  Joel Lozano, de 36 años, fue asesinado a balazos en el fraccionamiento Los Valles. Y en Urbi Villas del Prado fueron asesinados a tiros dos masculinos de entre 25 y 30 años.

El martes 5, en la colonia Los Reyes fue acribillado un sujeto de entre 30 y 35 años; su cadáver estaba envuelto en una cobija. En Valle de Las Palmas, el cadáver de un sujeto de entre 30 y 35 años, envuelto en una cobija. Leonel Rojas Serrano, de 17 años, perdió la vida a balazos en la colonia Felipa Velázquez. Dos cadáveres -hombre, de entre 35 y 40 años,  y mujer de entre 55 y 60 años- fueron encontrados al exterior de un domicilio en la colonia Las Cumbres.  En El Rubí, fue asesinado a balazos un sujeto de entre 35 y 40 años. Mientras que en el interior de un vehículo color blanco, se encontró el cuerpo de un sujeto de entre 30 y 35 años

El miércoles 6, envuelto en una cobija color gris y abandonado en un lote baldío en el fraccionamiento Villas del Sol tercera sección, fue localizado el cadáver de un hombre de entre 35 y 40 años. Después, en la colonia El Lago, un masculino de entre 25 y 30 años recibió un tiro en el tórax.  En El Florido tercera sección fue  hallado el cuerpo de una persona sobre la calle Sauce y Rosas. Un hombre calcinado en un tramo de terracería fue encontrado en el Ejido Francisco Villa. Aarón Rodríguez Cortés, de 27 años, falleció en la Clínica 1 del IMSS, luego de las heridas propinadas en la colonia Los Valles. En una vivienda en la colonia Mariano Matamoros Centro, fue encontrado el cuerpo de una mujer de entre 35 y 40 años, envuelto en una cobija. Un masculino de entre 35 y 40 años resultó muerto por arma de fuego en la colonia Valle del Rubí. Un sujeto de nombre Manuel, de entre 32 y 38 años, fue asesinado en un lugar tipo “picadero” en la colonia Obrera.

El jueves 7, mientras trabajadores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana realizaban reparaciones en una alcantarilla de la colonia Progreso, fue localizada una osamenta humana.


En lo que va de septiembre, hasta el cierre de esta edición, Tijuana sumaba 43 homicidios dolosos.

“EL GÜERO CHIHUAHUA”, DEL CAF, DETENIDO PARA EXTRADICIÓN POR LAVADO Y TRASIEGO


Fotos: Cortesía.- Óscar Adán Rodríguez Guevara, "El Güero Chihuahua"

Detenido en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, será enviado a ese país. La fiscalía estadunidense aún no hace públicos los cargos contra Óscar Adán Rodríguez Guevara. De acuerdo al Grupo Coordinación de Baja California, “El Güero” tiene participación en las empresas Tabule, Futbol 7 y Charey; además está relacionado con la familia Ayón Díaz del Centro Cambiario Bulevar, acusados de lavado de dinero y es servidor delictivo de dos cabecillas del CAF: José Manuel López Núñez “Don Balas” y Juan Lorenzo Vargas “El Chan”

Participar en el trasiego de droga a Estados Unidos, lavar dinero procedente de actividades ilícitas para viejos integrantes del Cártel Arellano Félix, así como invertir en bienes raíces y establecer negocios lícitos, eran los trabajos de Óscar Adán Rodríguez Guevara “El Güero Chihuahua”, informó el Grupo Coordinación de seguridad en Baja California. Sin embargo, los fiscales de Estados Unidos continúan sin informar los cargos que se le imputarán en su contra.

De acuerdo a la investigación que llevó a la captura del criminal, con fines de extradición a los Estados Unidos; según informaron las autoridades, Rodríguez Guevara estaría ligado en su labor de lavado de dinero, por lo menos con tres empresas:

1.- Restaurante Tabule: Dedicado a la prestación de servicio de restaurante-bar, espectáculos artísticos en vivo, promoción de espectáculos deportivos por video y en vivo, video-bar; conjuntos musicales en vivo, discoteca con venta de bebidas alcohólicas por botella y al copeo y venta de bebidas de todo tipo; compra, venta, importación y exportación de bebidas, comida, maquinaria y equipo para el logro de sus fines. En el Registro Público de la Propiedad aparecen como socios y propietarios del concepto, Esthela Castañeda Esquer, con 99 acciones, y Mohammed Reza Sadighian, con una acción.

2.- Futbol 7: En el Registro Público, Futbol 7 aparece unido a  la Asociación Estatal de Futbol Rápido; esta asociación fue registrada el 25 de mayo del presente año y está dedicada a fomentar el futbol 7, futbol rápido, cascarita callejera y minifutboles 5; así como  a organizar y unificar a todos los deportistas, oficiales y directivos de las diferentes áreas que impulsa, a través de las ligas afiliadas. La administra un consejo directivo que actualmente encabeza Jorge Alfonso Hernández.

3.- Salón Social Charey: Ubicado en la Tercera Etapa del Río Tijuana, Niños Héroes número 22226, del cual no se localizó información en el Registro Público.

Los registros oficiales de estas empresas no contienen con el nombre de Rodríguez Guevara, ni del abogado identificado por el Consejo Estatal de Seguridad de Baja California, como socio de “El Güero Chihuahua”, Niuton Chávez Félix, quien ante el Registro solo tiene inscritas dos propiedades, una casa de 74 metros cuadrados en Residencial Insurgentes y un lote de 14 mil metros cuadrados en Las Juntas Tecate, adquirido en 2009, que también registra otro propietario.


TABULE

De acuerdo al reporte de las instancias de Seguridad, Rodríguez Guevara, desde su aparición en el organigrama delictivo del Estado, en 2004, a partir de su primera captura ha ampliado sus servicios delictivos y en la actualidad operaba con tres cabecillas del trasiego:

* José Manuel López Núñez Núñez “Don Balas”.- Relacionado con algún tipo de parentesco, le ha servido como jefe de sicarios, jefe de escoltas y lugartenientes de trasiego. El 26 de septiembre de 2008 fue detenido, procesado y liberado junto a él, por delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de arma de fuego y contra la salud.

* Juan Lorenzo Vargas “El Chan”.- Con quien opera la logística criminal para el trasiego de droga del sur del país hasta Tijuana.

De sus socios criminales delictivos ya detenidos, identificaron a quien fuera también jefe de escoltas delictivas de “Don Balas”, Azael Hernández Peña “El Jaguar”, detenido en febrero de 2014, en compañía de José Alfredo Baena Ibarra, en posesión de dos armas largas, tres cortas y 100 proyectiles de diversos calibres, en las inmediaciones del centro comercial Pueblo Amigo. Así como los dos casacambistas sinaloenses, Omar Guadalupe Ayón Díaz y Osvaldo Contreras Arriaga, asegurados en Colombia, en septiembre de 2015, y trasladados a Estados Unidos por “haber lavado en dos años 45 millones de dólares, producto de la venta de droga perteneciente al Cártel de Sinaloa, en Estados Unidos, a través de casas de cambio en Tijuana, una de ellas el Centro Cambiario Bulevar, empresas de Sinaloa”. De hecho, Pedro Iván Ayón Díaz, también señalado por su implicación en el lavado y hermano de Guadalupe, también es ahijado de “El Güero Chihuahua”.

LA CAPTURA

De acuerdo a reportes de los números de emergencia, el 31 de agosto de 2017, personas que circulaban frente a la plaza Paseo Chapultepec, en Avenida Sonora de la colonia Chapultepec, empezaron a llamar alrededor de las 1:30 pm, primero para reportar presencia de hombres armados en camionetas y después, porque se llevaban a un hombre.

Los testigos vieron tres vehículos, algunos dijeron que eran camionetas, otros “tipo Suburban”, que rodearon a otro auto; además mencionaron haber visto bajar a uno de los hombres empuñando un arma y acercarse al conductor del vehículo rodeado.

Alrededor de las 7:00 pm se pudo confirmar la captura de Rodríguez Guevara; se informó que había sido realizada por la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

El 1 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la delegación de la Procuraduría General de la República informaron del aseguramiento y su puesta a disposición.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  / INVESTIGACIONES ZETA /LUNES, 11 SEPTIEMBRE, 2017 12:00 PM)