Viciada
de origen, con sospechas de favoritismo, inequidad y causante de una enorme
pérdida económica y en infraestructura para la ciudad, el convenio por las
luminarias que firmó la administración de Carlos Bustamante con Sola Basic, es
una de las principales investigaciones de la Sindicatura Procuradora del XXI
Ayuntamiento. La indagatoria está a punto de concluir en la fase de entrevistas,
para después sancionar, inhabilitar o denunciar a los funcionarios que causaron
el quebranto a las arcas de Tijuana
Concesionar
a Industrias Sola Basic S.A, de C.V. el servicio alumbrado público, significó
para el municipio de Tijuana un daño patrimonial por 160 millones de pesos.
Este
monto se desprende del pago convencional del convenio, y el costo que para el
Ayuntamiento significó el mantenimiento del sistema y el extravío de 17 mil
luminarias.
La
investigación documentada sobre el tema de las luminarias da cuenta de un
sinfín de omisiones e irregularidades que inician desde el momento mismo que el
XX Ayuntamiento, presidido por Carlos Bustamante, decide concesionar a una
empresa privada el reemplazo de 63 mil
400 lámparas.
Desde
un proceso de licitación sesgado, hasta el planteamiento de una demanda a todas
luces improcedente, el actuar del gobierno bustamantista se encaminó a
favorecer a la compañía concesionada.
A Sola
Basic se le entregó un pago anticipado superior a 141 millones de pesos,
cantidad a la que se añaden más de 9 millones de pesos en la rehabilitación del
servicio, realizada por la anterior administración. A esas cifras se suma el
desmantelamiento de luminarias para ser vendidas al reciclaje, pérdida que se
estima en 10 millones de pesos.
A tres
años de que se concesionara el proyecto de modernización de alumbrado, los
ciudadanos de Tijuana siguen esperando su mejoramiento, por lo que la actual
administración prevé licitarlo otra vez, sin descartar la posibilidad de que
Sola Basic participe de nuevo.
ANTECEDENTES
En las
actas de las sesiones del comité conformado en mayo de 2011, se observó que al
ceder el servicio de alumbrado mediante un arrendamiento puro, se corría el
riesgo que la concesionaria se llevara las lámparas, y aunque se propuso el
esquema de arrendamiento financiero -brindaría al municipio el derecho a poseer
el producto-, finalmente se signó con Sola Basic un contrato de arrendamiento
puro.
En esas
reuniones también se observó que el 80 por ciento de las licitaciones
realizadas a nivel nacional para concesionar ese servicio incumplieron las
expectativas, por lo que se hizo el compromiso en investigar y seleccionar a
una compañía que avalara contar con material suficiente, tecnología,
instalación, integración de proyectos y servicios adicionales, certificación de
los productos, garantía y calidad. No fue el caso.
LICITACIÓN SIMULADA
Para el
proceso de licitación se hizo una convocatoria nacional, a la cual concurrieron
solo seis empresas de las 38 que el gobierno de Bustamante dijo, se encontraban
interesadas en participar.
Estas
fueron: Sola Basic, S.A. de C.V.; Celsol, S.A. de C.V.; G Tel Comunicación,
S.A. de C.V.; Osram, S.A. de C.V.; Giro Construcciones, S.A. de C.V.; así como GM Electromecánica, S.A. de C.V. y/o
Servicios y Proyectos Eléctricos Baja, S. de R.L. de C.V.
El
gobierno de Bustamante descartó dos de las seis propuestas, aduciendo que
incumplían con los requisitos de la convocatoria.
La
designación estuvo a cargo del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología,
David Navarro Herrera (fallecido), conformada por el titular de la Secretaría de
Administración y Finanzas, Rufo Ibarra Batista; síndico procuradora Yolanda
Enríquez de la Fuente; y el oficial mayor, Óscar Sanabia Peinado, como
integrantes del Comité Técnico dispuesto para el procedimiento de licitación.
Finalmente
se eliminaron tres de las cuatro ofertas restantes, por no entregar propuestas
completas y optaron por asignar la concesión del servicio a Sola Basic, “única
empresa que cumplió con todo”, expuso el comité al momento de dar el fallo.
Sin
embargo, en los documentos consta que G Tel Comunicación, S.A. de C.V., Celsol,
S.A. de C.V. y Sola Basic llenaron todos los requisitos demandados en la
convocatoria.
ZETA
intentó contactar a las empresas participantes en el proceso, pero solo tres
pudieron ser localizables: Celsol, Sola Basic y GM Electromecánica; el resto
presentó domicilios inexistentes, o dejaron de operar desde hace años.
De las
que sí se encuentran en operación se contactó a Celsol S.A. de C.V., con sede
en Monterrey, Nuevo León.
Gabriela
Sandoval, representante de Celsol, compartió que al saberse el fallo, el
corporativo buscó saber las causas por las que su propuesta fue rechazada por
el gobierno de Tijuana y cuáles fueron las razones por las que se optó por la
compañía ganadora, pero no se les dio respuesta, “encontramos mucho
hermetismo”, expresó.
De esta
manera, el 30 de noviembre de 2011, el gobierno de Carlos Bustamante convino
con Industrias Sola Basic un contrato que quedó circunscrito vía arrendamiento
puro, por la cantidad de 144 millones 430 mil 517 pesos.
APURO POR EVADIR AL CONGRESO
Que el
municipio careciera de recursos propios para modernizar el servicio de
alumbrado público fue la razón por la que el XX Ayuntamiento aprobó el
concesionarlo a una empresa privada. El ahorro en costo de la energía eléctrica
fue la base y fundamento para implementar tal proyecto.
Por
ello, Carlos Bustamante urgió al Cabildo reunido el 2 de junio de 2011 a
aprobar ese punto: “Si no lo hacemos, ya no lo vamos a hacer, porque no
alcanzaría el tiempo para amortizar sin tener que pedir permiso al Congreso, y
de esta manera no tenemos que pedir permiso”.
El
Cabildo no volvió a ser tomado en cuenta durante el proceso de licitación,
selección y firma del contrato. El 9 de diciembre de 2011 se le da a conocer el
contrato de la asignación a un costo de 144 millones 430 mil 517 pesos con 13
centavos. El convenio se firmó el 30 de noviembre de 2011 y su duración se
determinó por un año.
El
Cabildo autorizó el pago anticipado del contrato de arrendamiento puro de los
bienes para el proyecto, celebrado el 20 de septiembre de 2011 hasta por 141
millones 187 mil 578.92 pesos.
También
aprobó una ampliación al presupuesto de egresos de ese ejercicio fiscal por 9
millones 728 mil 814 pesos con 63 centavos, para cubrir las mensualidades de
octubre, noviembre y diciembre de 2011.
El pago
anticipado a la empresa Corporativo Inter Rama, S.A. de C.V. por 141 millones
187 mil 578 pesos, se entregó el 19 de diciembre de 2011.
Al 8 de
abril de 2013 se habían instalado 55 mil 566 luminarias, 7 mil 834 sin instalar
de las 63 mil 400 que se contrataron; 4 mil 110 de las luminarias nuevas no
funcionaban, desde entonces y hasta que no fue llamada a cuentas por el XXI
Ayuntamiento, Sola Basic ya no instaló ni dio mantenimiento al servicio de
alumbrado.
IMPROCEDENTE DEMANDA
En el
tema de las luminarias, la dejadez oficial de Bustamante la coronó con una
demanda planteada por la vía civil, tratándose de una empresa mercantil sin
contemplar el hacer exigible la garantía del convenio, la cual cubre el cien
por ciento del monto de lo contratado:
Siendo
la arrendadora una empresa mercantil, la demanda debió ser la vía mercantil,
pero la administración bustamantista optó por reclamar el cumplimiento del
contrato por la vía civil.
En la
querella asentó haber dado cabal cumplimiento al contrato de arrendamiento puro, celebrado el 20 de
septiembre de 2011, así como las dos adendas al contrato original celebradas el
29 de noviembre de 2011 y el 2 de julio de 2012, cuando quedó pendiente uno de
los 26 pagos mensuales pactados con la demandada.
Sin
estar físicamente todas instaladas, y la mayoría sin funcionar, reclamó la
propiedad de las 63 mil 400 luminarias contratadas, cuando la adquisición en
propiedad de éstas se estableció solo como una opción.
De
acuerdo a la cláusula trigésima, la opción de compra se dispuso como una
posibilidad de realización futura y no como efecto del mero cumplimiento de lo
establecido en el contrato, en el cual se lee: “Los contratantes convienen que
las luminarias instaladas por el arrendador podrán ser adquiridas en propiedad
por el Ayuntamiento, durante la vigencia de este contrato, o bien al final del
mismo, ya que con ello se logran los objetivos de ahorro de energía eléctrica”.
En su
demanda, Bustamante no contempló lo establecido en la cláusula de la adenda del
29 de noviembre de 2011, en la que pactó una condición resolutoria: “Las
luminarias materia del mismo (contrato), pasarán a ser propiedad del
Ayuntamiento, una vez cumplidas las obligaciones de pago referidas en el
contrato”.
Además,
el contrato no especifica que el arrendamiento se podrá convertir en
compraventa.
Antes
de demandar, y a sabiendas que jurídicamente podría ser perjudicial para el
municipio, el XX Ayuntamiento rehabilitó18 mil 632 luminarias que se
encontraban sin funcionar, acción que emprendió en el periodo comprendido de
mayo de 2012 a septiembre de 2013. Por ello reclamó el pago de lo erogado, lo
cual se estimó en más de 9 millones de pesos.
Curiosamente,
lo que sí podía reclamar no lo hizo, como las penas establecidas en el contrato
de arrendamiento. En ellas se indica que si el arrendador incurre en
incumplimiento probado y vencido en juicio, el Ayuntamiento estará facultado
para optar por cualquiera de las siguientes posibilidades:
* Exigir al arrendador el cumplimiento
del contrato con todas sus consecuencias legales, incluyendo el pago de la pena
convencional por un importe menor del 10 por ciento del valor total del
Proyecto de Modernización del Alumbrado Público.
* Reclamar el contrato haciendo exigible
la garantía, pena convencional y demás prestaciones.
* En caso de incumplir, el arrendador
será sancionado con multa de hasta cien veces el salario mínimo general vigente
en el Estado de Baja California, cancelación del arrendamiento o cancelación de
su registro del padrón de proveedores.
Independientemente
de lo anterior, el Ayuntamiento podría ejercer las acciones correspondientes
por daños y perjuicios ocasionados por el arrendador, de acuerdo a lo
establecido por el Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y
Arrendamientos para el municipio de Tijuana, en sus artículos 47 y 48.
Nada de
eso se exigió en la demanda de Bustamante.
Lo
deficiente de esta demanda hizo que el XXI Ayuntamiento desistiera de ella, ya
que de resultar adversa, implicaría para el erario una erogación superior a 20
millones de pesos en gastos y costas del juicio, estimó el consejero jurídico
Gerardo Herrera Zavala. Encauzó la demanda a principios de 2014 por la vía
mercantil.
EL NEGOCIO DEL MATERIAL DESECHADO
Dos
facturas emitidas por Recolectora de Desechos y Residuos King Kong, S.A. de
C.V., mejor conocida como GEN, emitidas el 19 y 23 de abril de abril de 2013
por las cantidades de 41 mil 847 pesos y 100 mil 340 pesos con 38 centavos, dan
cuenta que la administración de Carlos Bustamante dispuso -sin la aprobación
del Cabildo-, del destino final de los residuos sólidos derivados del sistema
de alumbrado público que fue retirado.
Dan
constancia de ello los manifiestos, con fecha 12 de abril de 2012, de entrega,
transporte y recepción de residuos peligrosos por mil 600 toneladas, y dos más
por la suma de .460 toneladas, entregados a MAYPA.
Para
ocultar la transacción comercial de este material, el 19 de julio de 2013 se
presentó un reporte de robo ante la agencia receptora del Ministerio Público en
Otay; el hecho lo denunció Alejandro Sánchez Gámez, jefe del Departamento de
Alumbrado Público, quien informó la sustracción en los talleres municipales de
la delegación Mesa de Otay de un número indeterminado de balastras.
demás
de Otay, el equipo retirado durante el proceso de modernización de alumbrado,
fue confinado en las instalaciones de la delegación Centenario. Ahí, el 13 de
agosto de 2013 se almacenaron 17 mil 615 luminarias inventariadas, las cuales
tampoco fueron localizadas.
Por
ello, el 27 de marzo de 2014, durante el gobierno de Jorge Astiazarán, Ángel
Velasco Villarreal, supervisor del Departamento de Alumbrado Público y Semáforos,
denunció la sustracción de 500 balastras de los talleres municipales de la
delegación Centenario.
LOS RESPONSABLES
La
responsabilidad de que no se haya logrado el objeto del contrato para el
proyecto de modernización de alumbrado de la ciudad de Tijuana, y el daño
patrimonial que esto causó al municipio, la tienen los funcionarios que en su
momento estuvieron a cargo de su cumplimiento y fueron omisos, tal y como se
advierte en los oficios.
Por
ello, a excepción del extinto David Navarro Herrera, los involucrados deberán
ser llamados a comparecer y, de fincárseles alguna responsabilidad, podrían ser
inhabilitados.
Del pago
anticipado por 141 millones 187 mil 578 pesos con 92 centavos, se citará a
comparecer a quienes fueron secretarios de Finanzas, Rufo Ibarra Batista y
Sergio Antonio Rosete Weben; sobre este tema también deberá responder Yolanda
Enríquez de la Fuente, ex síndico procuradora y el tesorero municipal, Sergio
Antonio Rosete Weben.
La
responsabilidad del costo financiero de la demanda civil, a cargo de un
despacho jurídico externo y que se tasó en 300 mil pesos, recae en Roberto
Ordorica y Marco Antonio Dueñas (oficial mayor en la actual administración
municipal), porque en ese momento ellos fungían como director jurídico y
tesorero, respectivamente.
De la
existencia de irregularidades, fallas en las luminarias e inconsistencias en la
información proporcionada, contemplada dentro de servicios adicionales, tendrán
que rendir cuentas: Esteban Yee Barba, secretario de Desarrollo Urbano y
Ecología; los directores de Servicios Públicos Municipales, José Francisco
Barrón Macías y Enrique Bautista Corona; y el director jurídico, Roberto
Ordorica.
Apoyar
a Industrias Sola Basic en el mantenimiento de 17 mil luminarias, a través de
la Dirección de Servicios Públicos o la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología, causó al erario una erogación de 9 millones de pesos.
Sobre
este tema serán llamados a comparecer: Esteban Yee, José Francisco Barrón
Macías, Enrique Bautista y Yolanda Enríquez de la Fuente; Marcia Salcido
Moreno, subdirectora de Normatividad de la Dirección de Obras e Infraestructura
Urbana Municipal -DOIUM-; Roberto Ordorica, director jurídico; mientras que de
Oficialía Mayor se citará a Óscar Sanabia Peinado y Armando Eduardo Franco
Bustos.
La
omisión en la aplicación en tiempo y forma de las penas convencionales a la
incumplida empresa, es una falta por la que tendrán que responder: Édgar
Fernández Bustamante (actual director de Promotora Municipal de Tijuana
-PROMUN-) y/o Roberto Ordorica Ruiz, como titulares en su momento de la
Dirección Jurídica.
En esta
falla también se involucra a Esteban Yee Barba, José Francisco Barrón Macías,
Enrique Bautista, Francisco Fernando Esparza Rosete (subdirector de
Construcción de la DOIUM) y Marcia Eugenia Salcido Moreno.
(SEMANARIO
ZETA/ REPORTAJEZ/ Isabel Mercado Juarez/ / 26 de Enero del 2015 a las 12:00:00)