jueves, 9 de marzo de 2017

LOS CABOS BAJO FUEGO

FOTOS: cortesia

La doble ejecución de agentes ministeriales en San Bernabé, en San José del Cabo, fue el cumplimiento de una amenaza que gente de “El Dámaso” había hecho a las autoridades a inicios de diciembre de 2016

“Se veía venir, ya era una guerra proclamada, ahora ya está declarada y los dos lados van a estar muy pendientes contra lo que se venga”, fue la consigna de un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur, tras la doble ejecución de agentes ministeriales en San Bernabé, en San José del Cabo, municipio de Los Cabos.

Ya estaba dictada la amenaza, constantemente “se hicieron llamados a las autoridades e hicieron oídos sordos”, desde principios de diciembre de 2016 fue un anuncio directo por parte de las Fuerzas Especiales Dámaso (FED).

Amenaza que confirmó el suceso ocurrido el 30 de septiembre de ese año en Culiacán, Sinaloa. Según un agente de investigación militar, desde entonces las fuerzas castrenses se encuentran en las calles “caiga quien caiga, con el afán de erradicar toda amenaza criminal.

Narcomanta que confirma que Fuerzas Especiales Dámaso están tras la doble ejecución de Policías Ministeriales en San Bernabé SJC

La madrugada del 30 de septiembre de 2016, en la capital sinaloense se registró un fuerte enfrentamiento en el que murieron cinco efectivos, ocho más y un paramédico resultaron lesionados en la refriega.

Según datos brindados,  el convoy militar conducía al detenido Julio Óscar Ortiz Vega “El Kevin” y/o Aureliano Guzmán Loera “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. En el trayecto fueron interceptados por comandos armados, quienes atacaron por todos los flancos, logrando así la liberación de “El Guano”.

“Las primeras indagatorias, según tenemos conocimiento, es que ‘El Licenciado’ Dámaso López rescató al hermano de Guzmán, ahora con las amenazas vertidas a través de mantas, confirman la participación en el artero crimen contra las fuerzas policiacas”, aseguró la fuente.

Hechos a base de tela blanca y letras con tinta negra, los mensajes aparecieron el 2 de diciembre, primero en la entrada de Ciudad Constitución, en Comondú,  y a la salida al sur de la capital del Estado, en un puente en la comunidad de San Pedro.

Además, se tiene registro que de nuevo apareció una manta la tarde de ese viernes en Cabo San Lucas, en Los Cabos:

“ahora si hijos de puta madre, ahora si agarensen Los cambios están hechos, ya chingaron asu madre traicioneros… todo el poder del estado y ustedes pinches soldaditos y marinos, no se metan culeros porque Los arremangamos a la verga como en cuLiacan. ATTE (símbolo de rayo) FED (Fuerzas Especiales Dámaso)”.

El Abogado, Felipe Moreno Acosta, de 33 años de edad fue ejecutado presuntamente por llevar asuntos del crimen organizado

Tras la amenaza vertida en aquel momento, ésta fue certeramente cumplida la tarde del 21 de febrero de 2017, cuando los agentes de la Policía Ministerial adscritos al Departamento de Homicidios, de nombres Luis Alberto Corrales González y Miguel Ángel Castro Romo, fueron acribillados a bordo de un automóvil Nissan Sentra color negro, propiedad de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

“Usaron rifles automáticos tipo cuerno de chivo (AK-47), con ellos dieron muerte casi instantánea al descargar su furia contra los dos agentes en cumplimiento de su deber”, explicó un agente de investigación militar.

La Procuraduría confirmó el hallazgo de dos elementos sin vida: “En el lugar se constituyeron agentes de investigación  y peritos adscritos a la Dirección de Servicios Periciales, corroboraron lo anterior, localizaron en las calles Vinoramas, entre Santa Elena y Costa Azul, los  cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino, a quienes identificaron como compañeros”.

La artera muerte desplegó un intenso operativo en Los Cabos, con el fin de dar con los presuntos responsables.

“Es la reacción que se generó por el suceso del ataque a sus compañeros. No hay guerra, no hay toques de queda, la situación es la misma que se ha venido presentando, pero las personas son parte importante en la mitigación de esta terrible situación”, explicó un agente de investigación.

Según fuentes extraoficiales, el interés es detener a los sicarios que dieron muerte a los agentes, pero el temor de toda autoridad, es que en la búsqueda de establecer el orden haya más caídos, ya que los sicarios tienen armamento más sofisticado que el de las fuerzas del orden.

Justo la madrugada siguiente a la doble ejecución, aparecieron diversas mantas en contra de las autoridades, pero la que más llama la atención de las fuentes de inteligencia militar, es aquella que confirma que las llamadas FED están armadas y con miras a responder a los esfuerzos de seguridad:

“YA VIERON QUE NO ESTAMOS JUGANDO CABRONES NO LA CREYERONMINISTERIALES, SOLDADOS MARINOS PGR ESTATALES MUNICIPALES COE ATODOS LES DAREMOS EN SU MADRE Y TODO AQUEL QUE TOME PLATA Y SE TUERSA CORRERA CON LA MISMA SUERTE. ATTE DAMASO”.

La amenaza confirma la participación de la célula de “Los Dámaso” en la lucha por el control de Los Cabos, principalmente, lo que implica que la “guerra” apenas inicia y va en contra de aquel que se oponga a las operaciones de las FED para contener la lucha por la plaza al sur de Baja California Sur.

“La tranquilidad social es un derecho de todo ciudadano”, y bajo ese principio las fuerzas del orden, con apoyo de las Fuerzas Armadas, aseguran ir en busca de restablecer la seguridad  a la población.  

“Dámasos” implicados en masacre de policías “Según el historial que tenemos, las bajas de la Ministerial indican que atacaron a dos agentes de los cuales no tenemos datos de participación en el crimen organizado. Ellos estaban investigando el caso de un ejidatario ejecutado en la zona y dos más en San Bernabé, a la maña no le gustó y los asesinaron”, confesó una fuente a ZETA.

Los dos agentes se encontraban estacionados sobre la calle Vinoramas, según informes, esperaban datos relevantes sobre los recientes acontecimientos, uno de ellos la ejecución de dos jóvenes narcomenudistas conocidos en el bajo mundo como El Güero” y “El Jiripas”, ejecutados el lunes 20 de febrero en las calles Costa Azul entre Vinoramas y Asunción, en la misma colonia.

En estos hechos corrió un video de 35 segundos, en el cual se ve a las víctimas tendidas en el suelo, el primero de ellos viste pantalón de color negro, camisa de resaque negra, gorra azul marino y tenis blancos; en la segunda escena se aprecia cómo el padre de uno de los jóvenes, ante la desconfianza de agentes, levanta literalmente el cuerpo de su hijo que yacía en el suelo, tras recibir el ataque de sicarios. Viste pantalón azul y playera de color negra.

Al fondo se escuchan llantos y una voz que dice “¡No lo muevas, se van a meter en problemas!”.

Entonces el padre  carga al joven sobre su hombro y, conforme a testigos, lo llevó hasta su domicilio. Pero el caso que más pone en alerta a los agentes de investigación, es la ejecución del ejidatario Martín Eduardo Castillo Urías “El Rojo”, a quien dieron muerte el lunes de 21 de febrero cuando circulaba por la Carretera Transpeninsular e Ignacio Manuel Altamirano en la colonia de San José Viejo.

Un profundo dolor fue el que dejaron oficiales ministeriales en familia y amigos que hoy los recuerdan Los oficiales estaban cerca de una de las casas de seguridad donde se encontraban sus agresores, es decir, los elementos adscritos al Departamento de Homicidios habían dado en el clavo, su investigación los llevó a miembros de las FED, pero también se toparon con la muerte.

os agentes ministeriales abatidos fueron encontrados en el interior de la unidad. El conductor portaba chaleco antibalas y playera blanca.

En la escena se percibe la furia del ataque, la cabeza prácticamente fue destrozada a balazos; el copiloto traía camisa a cuadros de color rojo y blanco, en sus manos sostenía una bolsa mariconera con el arma de cargo en su interior.

“Los policías no alcanzaron siquiera a defenderse, los sicarios dispararon sin cesar, hasta que dejaron de moverse, yo digo que se acabaron las balas. Solo así pararon la masacre”, expuso un testigo.

“Los agarraron no pensando en que los iban a matar, seguramente los conocían -lo que indica eran ex ministeriales-, estuvieron en el lugar y la hora equivocada, los iban a arremangar, al que estuviera, y estuvieron ellos”, reveló una fuente del Grupo Interinstitucional de Seguridad Pública.

Pero se sabe de un tercer elemento que estuvo presente, el cual huyó del lugar, “se brincó bardas, cercas y lo que pudo, quedó lesionado, pero solo fueron cortadas y raspones, ni un solo balazo”.

Datos recabados sugieren que  los agentes ya habían sido amenazados por seguir la investigación.

“Les advirtieron que dejaran el caso, hicieron caso omiso y así les pagaron”, lamentó uno de sus compañeros.

De acuerdo a la inteligencia militar, en la zona se sabe de la existencia de casas de seguridad entre las colonias San Bernabé y Las Veredas, donde se mueven los presuntos sicarios.

Lo preocupante es que los agentes se encontraban solos, y es precisamente el ambiente que se vive actualmente en Los Cabos.

Las fuerzas del orden se enfrentan a ex agentes ministeriales que conocen cada uno de los movimientos de su ex compañeros, la forma de moverse, operar y cómo atacarlos.

Según el mapa criminal elaborado por Fuerzas Armadas, incluso desde el año pasado los ex ministeriales Édgar Arce Molina “El Zopilote” o “El Mocho”, ex policía ministerial y brazo armado para la célula de “Los Dámaso”; y Manuel Vera “El Vera” y/o “El Apolo”, son los presuntos implicados en la ejecución de los agentes de Homicidios, pero resuena el apodo de “El Pinpón”, el cual están por identificar.

“El miedo ya tiene nombre y se llama FED”, dijo un ministerial sin entrar mucho a detalle, y es contra ellos que se ha enviado un convoy de ministeriales para atender el suceso, lo que pudiera traducirse en el recrudecimiento del campo de batalla, ya que “no van dispuestos a reventar y detener, van con la idea de matarlos”.

Erasmo Palemón Alamilla Villeda, Procurador de Justicia en BCS, le fueron acribillados dos agentes en forma de venganza presuntamente por Los Dámaso Incluso de manera extraoficial se sabe que durante la madrugada del miércoles 22 de febrero “hicieron tres reventones, algunos detenidos pero no eran, nada relevante”, pero se espera haya un mayor movimiento en San José del Cabo.

Y es que desde que la “guerra” se desató en Los Cabos, los agentes están solos contra los sicarios de ambos bandos (ya en tres frentes), contando a las FED, emanadas del Cártel de Sinaloa y “Los Chapitos”, que en las ultimas indagatorias “se puede decir que tienen presencia en Los Cabos”; por otro lado está la célula activa del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes mantienen fuerza en las calles. Efectivos de la Tercera Zona Militar ya patrullan varios puntos en San José del Cabo.

“Son los únicos que rondan las calles en Cabo, solo vemos a los militares, la Gendarmería hace lo suyo por su lado, (Policía) Estatal está ausente y los ministeriales, apenas salen a trabajar y los arremangan”, externó un agente de investigación.

El desempeño de los agentes no ha sido descalificado, como ha ocurrido con otros oficiales ejecutados, o que al menos estaban enlistados en alguna fuerza de Seguridad Pública del Estado, incluso “lejos de los mañosos que han sido ligados con el crimen y que siguen apareciendo en cada mensaje, señalamiento o que les han dejado narcomensajes inscritos en muros o mantas en puentes”, reiteró un agente ministerial consultado.

Uno de los integrantes del Grupo Interinstitucional de Seguridad Pública comentó a ZETA:

“Es alarmante cómo fueron muertos, nos agarró por sorpresa la muerte de los compañeros, sobre todo porque vemos que va en serio la amenaza, ya no es para los policías torcidos, es contra quien se oponga al legado criminal de ‘Los Javieres’ (traducido por la fuente como ‘Los Dámaso’)”.

Algunos oficiales y mandos en activo señalados son:

* Erasmo Palemón Alamilla Villeda. Procurador general de Justicia del Estado, quien ha recibido duros señalamientos, incluso horas después de la doble ejecución, apareció una manta colocada en uno de los puentes de La Paz, en la que se leía: “Sr. Gobernador si su Procurador no puede con su chamba no nos eche la bolita a nosotros Los Doctores”.

* Ulises Contreras. Subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE, a quien identifican con el apodo de “El Barbas”.

* Benigno Murillo Orantes. Director de la Policía Municipal de Comondú.

* Javier Valenzuela Cruz. Ex comandante general de la Policía Municipal de Comondú.

* Norberto Richie Ceseña. Coordinador de la Policía Municipal de Los Cabos, señalado en narcomanta a principios de enero de 2017 y mencionado por sicario detenido en Comondú y puesto en libertad; se desconoce su paradero junto a su compañero Juan Carlos Quiroz, coordinador de la  Policía Municipal de Los Cabos.

* Moisés, quien se presume es comandante de la Policía Municipal en Guerrero Negro.

* Jesús Adolfo Meza Dimas, agente de la Policía Ministerial, adscrito en San José del Cabo. Un nuevo señalamiento se hizo presente en contra de las fuerzas de seguridad de Baja California Sur la mañana del jueves 23 de febrero en Loreto y en la colonia La Fuente, en La Paz, donde se encontraron narcomantas con fuertes señalamientos.

Los Agentes de la Policía Ministerial adscritos al Departamento de Homicidios, Luis Alberto Corrales González y Miguel Ángel Castro Romo fueron acribillados en el cumplimiento de su deber “

Podría significar una fuerte lucha que se avecina, ya son dos células del crimen organizado que se están mostrando en contra de nosotros, y te lo digo, aunque no seamos nosotros los que estemos con ellos, ellos pertenecen a la corporación algunos, y si nos ven con el uniforme a nosotros también nos va a tocar”, dijo preocupado un policía cuestionado por ZETA.

“El Cártel de Sinaloa les hace saber que Dámaso López, el perro que mordió la mano de quien le dio de tragar no pertenece más a esta empresa del CDS, les hecharemos puntazo principalmente a los que tenemos conocimiento que le colaboran y Protegen a él y sus sicarias y esto va principalmente para ustedes Ulises Contreras alias el Barbas, los comandantes Valenzuela, Moisés, Paul Fiol, Quiroz, Pájaro, Daniel, Viviano, Virgilio, los Rojas, Dimas y todos esos cabrones que los tiene de encargados de los arreglos en la baja Sur, donde lo escondas lo vamos a encontrar Palemón, tienen hrs para romper todo trato que tengan con ese traidor, asi que piénsela señores”, expone la manta.

Los agentes señalados en esta nueva pinta son:

* Ulises Contreras Contreras alias “El Barbas”, subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE.

* Jesús Adolfo Meza Dimas “El Dimas”, agente de investigación de la Policía Ministerial en San José del Cabo.

* Bibiano Rigoberto Burgoing García “El Bibiano”, ex director de la Policía Ministerial del Estado (desde 2016 había mantas en su contra).

* Jesús Leyva Valenzuela y Juan Carlos Quiroz Gómez, ambos comandantes de la Policía Municipal de Los Cabos.

* Paúl Fiol Contreras, comandante de la Policía Municipal de Los Cabos.

* Moisés Fernández Larriñaga, comandante de la Policía Municipal de Mulegé.

Lo que se prevé como “el inicio de una guerra directa entre cárteles de la droga y oficiales corruptos en la protección de células delictivas”, pero también implica que haya más daños causados a policías en cumplimiento de su deber.  

La dolorosa despedida de dos agentes Según la PGJE, familiares del agente Luis Alberto Corrales González, caído la tarde del 21 de febrero en la colonia San Bernabé en San José del Cabo, se abstuvieron de trasladarse con los restos del oficial a La Paz y rendirle honores póstumos en los patios de la Procuraduría, aunque circula la versión que ante los señalamientos contra el servidor público, desairaron la invitación.

Quienes sí acudieron al lugar fueron la esposa, familia, amigos y compañeros de Miguel Ángel Castro Romo. A casi dos horas del homenaje póstumo de los agentes, fue arreglado el sitio que recibiría los restos.

Se colocó una alfombra, dos coronas con la leyenda “PGJE” y una mesa al centro, encima de ésta, la fotografía de los dos agentes de investigación y sobre el escenario una carpa con la leyenda “Baja California Sur” y el escudo de la entidad.

Se sintió un ambiente tenso, oficiales con lentes oscuros y camisola de color negro; diversos grupos de agentes rodeaban el escenario, “todos vinimos a despedir a un gran agente”, declaró uno de los asistentes.

En sus rostros se reflejaba el dolor impregnado en la mirada, desencajados por completo y en espera de su compañero.

Fue casi a la 1:30 de la tarde que los restos de Miguel Ángel llegaron al lugar, de inmediato los gritos y expresiones se escucharon tras el silencio que envolvió el sitio: “Ay dios mío, ay diosito santo”, palabras expresadas por la esposa de la víctima y familiares. Desde niños, familiares y amigos con un dolor alojado su expresión.

Al bajar el ataúd, la desconsolada mujer rompió en llanto y abrazó el féretro, pidió al encargado de la funeraria abrir una de las puertas y ver a su marido yaciente en su interior y comprobar que solo es una pesadilla.

Con profesionalismo, entusiasmo, disponibilidad y lealtad demostrada en cada una de las labores desempeñadas, es como “El Romo” y “El Pepe Pollo” serán reconocidos.

Las movilizaciones cada vez son mayores, oficiales acuden solo a levantar cuerpos y contaminar la escena del crimen y no con coordinación para detener a los agresores Luis Alberto, quien tenía 28 años de edad, dedicó seis años y cinco meses al servicio de la PGJE, apenas con pocos meses adscrito al Departamento de Homicidios; por otro lado Miguel Ángel, quien con 47 años de edad, tendría 16 años de servicio, gran parte de su carrera en Homicidios.

Uno de sus compañeros por muchos años, se dirigió a ZETA: “Era parte de mis amigos dentro de la corporación, siempre le echó ganas, la verdad, cosa que solo algunos pueden decir, no se metía en pedos con nadie, su vida era su trabajo y su familia. Incluso rápidamente les encargaron tareas importantes, casos relevantes, si llegaron a recibir algo de la maña fue lo mínimo, pero sí te digo, no tenían compromisos”.

La labor de ambos fue reconocida, no se les tachó de participar con algún grupo criminal, hasta el momento no se tienen señalamientos, incluso fuentes militares les consideran con un historial limpio.

En su intervención, Erasmo Palemón Alamilla Villeda expresó que “en la Procuraduría General de Justicia, estamos de luto por dos pérdidas irreparables, lamentamos lo que ocurrió y que mucho lastima a la familia de afiliación de Miguel Ángel y Luis Alberto, una gran parte de su familia laboral estamos aquí para despedirles con nuestro muy hondo pesar”.

En la ceremonia autoridades resaltaron el compromiso de actuar hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables, principalmente Fernán Martín Félix, director de la Policía Ministerial en Baja California Sur, el cual pronunció:

“Se han ido dos grandes seres humanos, personas de gran valor y compañeros de trabajo, a quienes cobardemente sorprendieron en el deber, aquí vamos a dejar en claro que se actuará en consecuencia hasta dar con los responsables de estos lamentables hechos”, lanzó.

Desde el 31 de julio de 2014 se vive una ola de violencia en la que han caído narcomenudistas al por mayor, hombres y mujeres, policías y ex policías; sin embargo, también se han tenido bajas de civiles que pasaban por el lugar y la hora equivocada, en un sangriento ambiente que prevalece y no se ha podido contener, con miras a que el problema sea aún mayor.  

LOS ÚLTIMOS MUERTOS EN LA “GUERRA”

La “guerra” entre células de las FED y el CJNG, y ahora la participación de “Los Chapitos” por parte del Cártel de Sinaloa ha sido declarada, además contra elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Uno de los hechos que denotó que hasta los puntos turísticos de Los Cabos son presa de la narcoviolencia, quedó demostrado el domingo 19 de febrero, cuando un comando armado abrió fuego en contra de un grupo de jóvenes en el Kilómetro 28 del corredor turístico de Los Cabos, a la altura del Mirador de Costa Azul.

Allí se encontraron los cuerpos de Jorge Luis de la Vega,  de 27 años, y Juan Carlos García, de 23, originario de Guamúchil, Sinaloa. Según datos recabados, un comando armado abrió fuego en contra de los ocupantes de un vehículo Nissan Altima color oro, modelo 2000.

De acuerdo a las fuerzas de investigación, los occisos están ligados al CJNG, lo cual denota la pugna por el control de la plaza de San José del Cabo principalmente.

En el sitio quedaron dos de los tres ocupantes de la unidad, “les pidieron droga y los estaban cazando, una vez que llegó el comando, los jóvenes estaban bebiendo en el sitio como si nada, los agarraron a mansalva”, se informó.

Uno de ellos quedó a un costado de la unidad, mientras que el otro, en el afán de huir, cayó por las rocas, quedando sobre la arena.

Datos obtenidos por ZETA refieren que Baja California Sur ha sufrido la peor violencia de sus tiempos, tan solo el mes de enero cerró con 51 personas: Los Cabos, donde se libra la principal batalla, terminó con 32 personas ejecutadas, es decir, más de uno por día; La Paz, 12 muertos; Loreto, cinco privados de la vida; Comondú, un fallecido (civil); y Mulegé, un ejecutado. Lo cual coloca a la entidad, en comparación con enero de 2016, como el Estado donde se tuvo el mayor repunte de violencia de todo el país, con cifras estratosféricas en la historia.

El alcalde de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, se ha mostrado renuente a ZETA para fijar su postura ante la creciente violencia.

Este Semanario tiene registro que desde que inició la guerra por el control de la plaza en Baja California Sur, Los Cabos tiene un increíble repunte de violencia, para muestra, los agentes ministeriales han sido enumerados con la muerte número 100 y 101 en la administración de De la Rosa Escalante.

En La Paz los hechos también se vieron reflejados, donde fue ejecutado el abogado Felipe Moreno Acosta, de 33 años de edad;  salía de uno de los despachos para los cuales colaboraba, ubicado en Privada Natividad y Valentín Gómez Farías, donde recibió tres impactos de bala.

Fue trasladado gravemente herido al hospital, donde momentos más tarde perdió la vida por muerte cerebral.

“El abogado habría tomado algunos casos relevantes, entre ellos el litigio de un tema pasional, también puede verse ligado a la defensa de miembros de la delincuencia organizada, todos están en el ruedo y nada hay que descartar”, sugieren las indagatorias.

Después, el 22 de febrero en la colonia Ciudad del Cielo, fue perseguido y ejecutado en el interior de un establecimiento Six, Francisco Agüero Miranda, conocido como “El Frank”, el cual ya tenía “tres intentos de homicidio, tres avisos, pues, lo que comprueba que hay células que están cobrando las deudas, y sobre todo están contra chapulines que ante las amenazas de uno y otro cartel, están brincando de un lado a otro por sobrevivir”, informó un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública.

Por último, a través de ZETA, las Fuerzas Armadas exhortan “de la manera más atenta a la población sudcaliforniana, en caso de escuchar disparos de arma de fuego, movimiento policiaco o algo parecido, se resguarden en sus casas, no salgan a ver qué ocurre, ya que esto podría colocar en riesgo a quien se acerque”.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA ZETA/  MARTES, 28 FEBRERO, 2017 01:45 PM)

CAE “EL LUCIFER”, PRESUNTO LUGARTENIENTE DE LOS DÁMASO EN BCS


La tarde este lunes 6 de marzo en las calles de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, en Baja California Sur,  fue detenido “El Lucifer”, presunto líder de plaza y jefe de sicarios para las Fuerzas Especiales Dámaso (FED) o el grupo de “Los Javieres”, que encabezara Guadalupe Acosta López “El Javier”, ejecutado en Sinaloa en julio del 2016.

De acuerdo a los datos obtenidos por ZETA, en un operativo sorpresa para identificar vehículos con polarizado, armas y droga que fluyen por la zona de conflicto, en las calles Batalla de Puebla y Eduardo Rodríguez de la colonia El Zacatal, fue capturado el líder de la plaza en La Paz y Los Cabos, junto dos mujeres de aproximadamente 18 años de edad.

“El Lucifer”, traía en su poder un arma de fuego tipo fusil AK-47, dos cargadores y 20 cartuchos útiles. Dos bolsas de Nylon con una sustancia de color verde conocida como marihuana.El detenido viajaba en un vehículo de color gris tipo Sentra con placas de BCS

Según el mapa delictivo elaborado por fuerzas de inteligencia, “El Lucifer” está vinculado presuntamente con hechos delictivos como son: tráfico de drogas, uso de armamento exclusivo del Ejército, así como colaboración y comisión de homicidios dolosos, privación ilegal de la libertad, entre otros.

De acuerdo a la investigación, desde el mes de julio de 2015, el detenido  es considerado como el sucesor de Melissa Margarita Calderón Ojeda, alias “La China”.

El lugarteniente encabezaba una célula delictiva que se ha ocupado de desencadenar una guerra en la zona de Los Cabos en contra de miembros de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los propios Chapitos del Cártel de Sinaloa (CDS).

“El Lucifer”, fue conocido en el bajo mundo por la crueldad con que trataba a sus víctimas en el afán de desarticular a los grupos rivales y conocer las ubicaciones de líderes de plaza.

Tras la detención del presunto líder y lugarteniente de las Fuerzas Especiales Dámaso se espera el recrudecimiento de la violencia en la lucha por el control de la plaza de narcomenudeo en Los Cabos y La Paz, según informaron fuentes policiacas.


(SEMANARIO ZETA BCS/ REDACCION/  Lunes, 6 marzo, 2017 08:05 PM)

JUSTICIA LENTA Y SIMULADA


FOTOS: archivo


Mediante amparos directos, peligrosos criminales consiguen que sus condenas sean anuladas. Falta de ratificación de peritajes, cadenas de custodia mal llevadas y denuncias de supuesta tortura son las principales justificaciones para reponer procedimientos. Entre los beneficiados se encuentra Armando Villegas “El Cholico”, condenado a 40 años de prisión por la matanza en El Sauzal, en 1998

La justicia, que en sentido universal representa un equilibrio y pregona ‘darle a cada quien lo que le corresponde’, en México encuentra un derrotero imperfecto, en el que no siempre se atiende a la razón, sino que pareciera buscar un escape a lo absurdo.

Y esa inercia se sigue en los tribunales de Baja California, donde en los últimos días se concedieron amparos directos que anulan sentencias condenatorias de secuestradores, narcotraficantes y asesinos.

Pretextos procedimentales, que dan más importancia a la forma que al fondo, y que ponen en una aparente lucha –desigual– a los derechos de las víctimas con los de los imputados, termina por derrumbar las sentencias impuestas por jueces y magistrados en causas penales que llevan años sin un fallo que sea definitivo.

Señalamientos de tortura durante la aprehensión, falta de alguna firma o la no ratificación de dictámenes periciales por parte de sus suscritores, son el pretexto ideal para la concesión de amparos directos y que se ordene la reposición de los procesos penales hasta alguna etapa anterior a la emisión de la condena.

Así, al iniciar 2017, echaron para atrás sentencias de 60 años de prisión a algunos crueles plagiarios de la banda de Los Gabachos, o de 40 años de cárcel a un implicado en la terrible matanza del rancho El Rodeo, en El Sauzal, municipio de Ensenada, ocurrida hace más de 18 años.

Otro beneficiado pertenecía a la segunda versión del grupo de secuestradores de Los Softwares, y un justiciable más, era de una banda de michoacanos que retenía a migrantes para exigir dinero a sus familiares.

La alegación de tortura implica que oficiosamente los jueces den parte al Ministerio Público y ordenen su investigación. En los casos “viejos” no existía esa obligatoriedad y hasta ahora los defensores la hacen valer. Por lo que hace a las opiniones periciales, existe el criterio de que si un dictamen no es ratificado por sus suscritores se convierte en una “prueba imperfecta”.

Pese a tantos tumbos, cientos de peritajes no son ratificados.

De acuerdo con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ratificación de un dictamen pericial le otorga certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el mismo, por lo que “es indispensable que sea ratificado por el perito que la formuló, pues sin la ratificación no es dable conceder a los dictámenes emitidos, tanto por los peritos oficiales como por el propuesto por las partes, valor alguno”.

 Y es de esa manera, que en los tribunales superiores, se concede con mucha frecuencia la protección de la “Justicia” federal a hombres y mujeres que reciben sentencias condenatorias, y que a pesar del paso de los años, su situación jurídica no queda firme.  

MATANZA DE EL RODEO

ZETA conoció algunos de los asuntos que prueban lo descrito párrafos arriba y obtuvo copia de los fallos de los amparos. El caso más emblemático es el de Armando Villegas Santacruz “El Cholico”, hombre involucrado en la masacre del rancho El Rodeo, en El Sauzal de Rodríguez, aquel 17 de septiembre de 1998, inolvidable para los ensenadenses.

Diez años más tarde, un juez encontró al sicario responsable de participar en los hechos y le dictó una sentencia de 40 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro.

El 21 de julio de 2008, además de la pena privativa de libertad, Juez Décimo de Distrito con sede en Ensenada, endilgó a Villegas Santacruz una multa de 500 días de salario mínimo. El 7 de enero de 2009, el Tercer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, resolvió confirmar la condena.

“El Cholico” formaba parte de una célula de la organización de Ramón Arellano Félix, al mando de Lino Portillo Salazar “El Lino Quintana” y/o “El Güero”, quien se cambiaba el nombre por los de “Arturo Martínez González” y/o “Ricardo Gómez Ortega”.

En la fecha de la masacre, en la que murieron 19 personas, entre adultos, una mujer embarazada y menores de edad, entre ellos un bebé, un comando asaltó la ranchería durante la madrugada y robó unos 400 kilos de mariguana que eran resguardados en “El Rodeo San Miguel”.

Rancho El Rodeo, en El Sauzal de Rodriguez, aquel 17 de septiembre de 1998

A tantos años de distancia, el móvil del asesinato múltiple no está debidamente aclarado en el expediente, pues las líneas de investigación son diversas, entre ellas la del robo de la droga, una venganza contra Fermín Castro –una de las víctimas– que “bajaba” avionetas cargadas de mariguana en la zona desértica de Santa Catarina, y líos étnicos en esta región bajacaliforniana.

Cuando ya parecía que, al menos por Armando Villegas, el caso estaba cerrado y se había ejercido todo el peso de la ley en su contra, sus abogados promovieron a inicios del año próximo pasado el juicio de amparo directo 41/2016 ante el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y consiguieron que la sentencia quede sin efecto para ordenarse una investigación por posible tortura.

Los magistrados del colegiado ordenaron al magistrado unitario que deje insubsistente la condena, y a su vez, ordene al juez de la causa la reposición del procedimiento a partir del auto que declaró cerrada la instrucción y dicte una nueva resolución con base en la manifestación externada por el quejoso en el sentido de que fue objeto de actos de tortura.

En el nuevo fallo, el juzgador ordenará al Ministerio Público que corresponda, inicie la investigación relativa a efecto de determinar si se acredita o no el delito de tortura, realizando para ello los exámenes psicológicos y médicos pertinentes a Villegas Santacruz, “de acuerdo con el Protocolo de Estambul y ordene la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, a fin de que tengan efecto dentro del proceso y puedan valorarse al dictarse la sentencia definitiva”.

“El Cholico” aseguró que para obtener su confesión, autoridades policiales y ministeriales además de infligirle tormentos y malos tratos, secuestraron a su esposa y sus hijos.

Por ello, el resultado de los peritajes dará luz al juez “para determinar si debe o no darse valor probatorio a la confesión rendida por el quejoso; sin que ello implique que lo actuado en el proceso deje de tener validez”.

En caso de ser condenado de nuevo, a “El Cholico” no podría dictársele una pena mayor a la antes recibida.

VICTIMARIOS “VÍCTIMAS

Por lo menos dos miembros de la banda de secuestradores de Los Gabachos, a quienes se llegó a vincular con el Cártel Arellano Félix (CAF), obtuvieron amparos directos para que se estudie la posibilidad de acreditar que ellos o sus coinculpados fueron sometidos a tortura. De esa manera hicieron “polvo” las penas de 60 años de prisión que un juez le dictó a cada uno.

En juicios de garantías separados, René de Anda Guerrero y Jesús Martín Ibarra Zavala “El Z-7”, recibieron el “cobijo” de los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con residencia en Mexicali.

Ambos fueron detenidos en julio de 2007 en Tijuana por elementos de la Policía Federal cuando tenían en cautiverio a una persona de la tercera edad.

Junto a De Anda e Ibarra fueron capturados Alberto de León Valencia “El Gato” y el presunto jefe de la organización, Ernesto Alonso Rodríguez Valdez “El Gabacho”, quien negociaba con los parientes de las víctimas y tenía su centro de operaciones en esta frontera al servicio del CAF.

A los plagiarios les fue “como en feria” inicialmente, pues el 23 de abril de 2013 el Juez Séptimo de Distrito en el estado de Baja California (hoy Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California) les condenó a 60 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y homicidio calificado.

El 10 de marzo de 2014 el Tercer Tribunal Unitario con residencia en Tijuana confirmó la sentencia de primer grado. René de Anda Guerrero tramitó el amparo directo 284/2016, mientras que Jesús Martín Ibarra Zavala tuvo el 363/2016. La protección les fue concedida hace unas semanas.

Los magistrados aún no tienen la certeza de que los coacusados de ambos o ellos mismos no fueron torturados o sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que deberán desahogarse las pruebas correspondientes.

Igual quedan insubsistentes las escandalosas condenas y se repone el procedimiento para que el juez de la causa ordene la realización de los exámenes psicológicos y médicos a que se refiere el Protocolo de Estambul y ordene la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos vinculados con la tortura alegada.

OTRO DE SECUESTRO

A inicios de abril de 2007 cayó en manos de la Policía, Francisco Javier Beltrán López “El Javi” y cuatro conocidos suyos. Eran tiempos de aquel mediático “Operativo Tijuana” instrumentado por el gobierno federal.

A los detenidos se les atribuyó su participación en una serie de secuestros y también se les relacionó con el CAF.

Agentes policiales realizaban las investigaciones de un plagio denunciado y su intuición, por el modo de operar de los criminales, les llevó a recordar que, un año antes, habían capturado a los miembros de la banda de Los Softwares, cuya operatividad era una calca de la del grupo a perseguir.

De esa forma recorrieron las guaridas en las que en octubre de 2006 obtuvieron resultados y supuestamente por el mismo rumbo lograron ubicar a los secuestradores que aún tenían a su víctima encadenada dentro de una finca.

Fueron atrapados Francisco Javier Beltrán, Luis Antonio Galindo, Isabel López Benítez, Omar Aníbal Rodríguez y  Efraín Avitia Bringas “El Prieto”.

Los inculpados reconocieron haber cometido siete secuestros más y formar parte de la organización criminal que encabezaba Juan Carlos Avitia Bringas “El Software”, uno de los detenidos meses antes y quien estaba internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, desde donde continuaba operando a través de su hermano Efraín “El Prieto”.

El 19 de septiembre de 2008, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, dictó sentencias diferenciadas en contra de los plagiarios.

Aunque todos resultaron responsables en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y delincuencia organizada, a Avitia Bringas le impuso 29 años un mes de prisión.

A Galindo y López, 27 años de cárcel; a Omar Aníbal Rodríguez 24 años de pena, y a Beltrán López 24 años 10 meses y 15 días de prisión.

El 4 de marzo de 2009 las condenas fueron confirmadas por el Tribunal Auxiliar de la Sexta Región, con residencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en apoyo y auxilio del magistrado del Quinto Tribunal Unitario de Baja California.

Inconforme con la sentencia, “El Javi” interpuso el amparo directo 648/2016 ante el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, alegando como violaciones a sus derechos humanos una supuesta detención ilegal y tortura.

Al resolverse el amparo, los magistrados calificaron de infundado lo relativo a la ilegalidad de la captura “porque adverso a lo que sustenta, sí existió flagrancia”.

Y se estimó fundado el concepto de violación relativo a que “los dictámenes de integridad física no fueron ratificados y por ende constituyen una prueba imperfecta; además de que existen indicios de tortura por lo que también se concede el amparo para que el juez reponga el procedimiento para ese efecto”. 

 TRATA DE PERSONAS

Otro al que una “nueva oportunidad” le guiñó el ojo, es el michoacano Tomás Bañuelos Solorio, detenido por policías municipales la mañana del 6 de junio de 2013, en el fraccionamiento Valle Dorado, cuando junto con dos de sus paisanos y un mexicalense tenía a dos migrantes secuestrados dentro de una vivienda.

La detención ocurrió en el cruce de las calles Río Paraná y Casas Grandes.

Ahí, un sujeto que estaba a bordo de un auto Jetta blanco, se asustó al ver la patrulla y descendió de la unidad para meterse en una finca. Los uniformados observaron que el sospechoso llevaba fajado a la cintura un revólver calibre 357 y lo interceptaron.

Del inmueble salieron unos gritos solicitando auxilio y entonces los policías se introdujeron para descubrir que en una habitación había dos varones amarrados con cinta adhesiva color gris y agujetas de zapatos, en las manos y los pies.

Ambos hombres, que estaban golpeados, dijeron ser migrantes que pretendían cruzar hacia Estados Unidos, pero desde una semana antes fueron secuestrados en Tijuana y llevados a Mexicali, donde sus captores realizaban llamadas a los familiares para exigir la entrega de 5 mil dólares como rescate.

El 31 de marzo de 2015, el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, dictó condena contra Bañuelos Solorio como responsable pleno en la comisión del delito privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro agravado.

El 30 de junio de ese mismo año, el magistrado del Primer Tribunal Unitario confirmó la resolución definitiva.

Tomás Bañuelos promovió el juicio de garantías 517/2016 ante el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito con residencia en Mexicali.

Los magistrados concedieron el amparo directo porque peritos en diversas disciplinas, adscritos a la Procuraduría General de la República, no ratificaron sus dictámenes periciales.

 La misma historia. Entre las pruebas imperfectas están las de criminalística de campo, los dictámenes de integridad física de detenidos y secuestrados, el peritaje de balística forense, el dictamen de representación gráfica (fotografías) y el diagnóstico psicológico para acreditar el daño emocional que presentaron las víctimas del plagio.

El camino es el ya conocido. Se concede el amparo. Se anula la sentencia de primera y segunda instancia. Se ordena la reposición del procedimiento. Se ordena que los peritos oficiales ratifiquen sus dictámenes. Y se dicte una nueva sentencia que puede ser en el mismo o diferente sentido al de la anterior, pero sin aumentar la pena al quejoso. 

 TRÁFICO DE DROGA

También está el caso de Carlos Manuel Pérez Mendoza, detenido el 4 de marzo de 2014, cuando trasladó desde San Luis Río Colorado, Sonora, hasta el Puesto Militar de Seguridad Regional, ubicado en la colonia Miguel Alemán, de Mexicali, Baja California, cientos de gramos de metanfetamina a bordo de un autobús de pasajeros. Los soldados descubrieron el ilegal cargamento dentro de una mochila que cargaba el arrestado.

Se aseguró la droga, la mochila y el boleto de pasaje, con lo que el Juez Segundo de Distrito en Baja California probó la responsabilidad de Pérez Mendoza en la comisión de delitos contra la salud en la modalidad de transporte del psicotrópico denominado clorhidrato (sal) de metanfetamina.

La sentencia condenatoria de cinco años de prisión fue dictada el 31 de julio de 2015. El 10 de septiembre siguiente, el Primer Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito confirmó la friolera.

 El condenado, que también había argumentado en su defensa, haber sufrido tormentos para auto incriminarse, acudió al juicio de amparo directo ante el Primer Tribunal Colegiado con residencia en Mexicali. La protección de la justicia de la unión benefició a Carlos Manuel.

 Los peritos de la PGR no ratificaron el dictamen que comprueba que el polvo granulado que los militares aseguraron es clorhidrato de metanfetamina, considerado como psicotrópico en la Ley General de Salud. Pese a lo anterior, el juez de la causa y el magistrado en segunda instancia le otorgaron valor probatorio.

Tampoco fue ratificado por sus suscriptores el dictamen de medicina legal de 5 de marzo de 2014, en el que se concluyó que el ahora sentenciado “no presentaba huellas de lesiones externas recientes”.

Otra pericia que no fue ratificada fue la llamada “representación gráfica”, suscrita por el perito oficial en materia de fotografía forense, que tomó e imprimió fotos del autobús en el que viajaba el quejoso, un tupper de plástico transparente rectangular con tapa azul y otro recipiente plástico transparente similar al anterior, que contenían una sustancia cristalina.

Por asuntos como los antes referidos, decenas, tal vez cientos de asuntos, pero sobre todo, de víctimas y la sociedad, no encuentran aún el verdadero significado de lo que es la justicia en los entramados del Poder Judicial Federal y en cada entidad federativa.

Las reposiciones de procedimiento están a la orden del día, y al menor descuido, con los asuntos en el olvido, los delincuentes recuperan su libertad en cualquier momento. 


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/LUIS CARLOS SÁINZ/ LUNES, 6 MARZO, 2017 12:00 PM)

ASESINAN A “EL KEVIN”, QUE HABÍA SIDO RESCATADO TRAS UNA EMBOSCADA A MILITARES EN CULIACÁN


Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin” fue encontrado muerto -envuelto en una cobija- el domingo pasado, en el estacionamiento de un centro comercial de Navolato, Sinaloa, y su cuerpo -que presentaba disparos de arma de fuego- ya fue reclamado por sus familiares, según lo confirmó la periodista Denise Maerker en su noticiero nocturno de Televisa. Esta información también la confirmó el diario local Noroeste.

“El Kevin” fue rescatado por más de 50 hombres armados el pasado 30 de septiembre, después de emboscar a un convoy de militares que escoltaba a una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, en la carretera Internacional México 15, la entrada norte de Culiacán, Sinaloa.

El hombre había sido atendido antes, por personal militar en un hospital de Badiraguato, después de un enfrentamiento.

“En esa imagen plasmada en una fotografía se aprecia al delincuente herido que estaba siendo atendido por un elementos militar directamente en un hospital de Badiraguato, que más tarde este elemento militar perdiera la vida en manos de delincuentes que agredieron impunemente a personal militar para rescatar al citado individuo”, dijo en su momento, el comandante de la Novena Zona Militar, Rogelio Terán Contreras, al dar a conocer una fotografía de “El Kevin”.

“Después de salvarle la vida al delincuente Julio Cesar Ortiz Vega, fue asesinado nuestro compañero por integrantes del mismo grupo delictivo de la persona a la cual estaba ayudando, atendiendo, curando”, señaló Terán Contreras. 


En la emboscada murieron 5 militares y 10 más resultaron heridos, al igual que el chófer de la ambulancia. Según fuentes citadas por el periodista Carlos Loret de Mola, “El Kevin” no era un alto mando del Cártel de Sinaloa, “pero sí una pieza clave, porque sabe mucho de la organización criminal […] Por esto fue el violento operativo para que no cayera detenido”.

Por su parte, el diario Reforma citó fuentes del Ejército, que aseguraron que la policía municipal de Culiacán, al servicio del Cártel de Sinaloa, “halconeó” a militares, ya que intervinieron sus radios, y a pesar de haber cámaras de videovigilancia, “nadie” en la corporación local afirmó ver a unos 50 sicarios transportarse en aproximadamente 15 camionetas blindadas.


(SEMANARIO ZETA/ Carlos Álvarez / Martes, 7 marzo, 2017 08:51 PM)

“EL KEVIN” FUE IDENTIFICADO POR SU PADRE, QUIEN LO RECONOCIÓ POR LOS TATUAJES: PROCURADOR DE SINALOA


Foto: Tomada de RíoDoce

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa (PGJE), Marco Antonio Higuera Gómez, informó la mañana de este miércoles que la identificación de Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”, se logró por los tatuajes que tenía el presunto delincuente en el cuerpo -incluídos uno de un simio-, por los cuales lo reconoció su padre, y que sin embargo, aseguró, esperarán el resultado de la prueba de ADN, para confirmar el deceso.

“Está identificado, comparecieron el padre, y se le tomaron muestras para efecto de tener el resultado científico mediante ADN que nos corrobore el parentesco consanguíneo entre padre e hijo. Los tatuajes son los datos que nos dieron y además él reconoce la fotografía que anduvo circulando de su hijo como la persona que venía en la ambulancia, por lo mismo no solamente queremos el reconocimiento familiar, sino queremos el reconocimiento científico”, destacó el funcionario estatal.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, indicó que el cuerpo sin vida de quien hasta este momento se encuentra identificado por sus familiares como Julio Óscar Ortiz Vega, fue encontrado el domingo 5 de marzo en el estacionamiento de una tienda ubicada en Navolato.

“El reporte nosotros lo tuvimos a las 07:47 de la mañana por parte del Centro de Comunicación Control y Comando y se trasladaron elementos investigadores hacia ese lugar encontrando la presencia de un cuerpo sin vida envuelto en un cobertor y el rostro cubierto con una bolsa de polietileno de color azul”, afirmó Higuera Gómez.

“La causa de la muerte son alteraciones encefálicas y viscerales producidas por proyectil de arma de fuego, penetrantes en cráneo, tórax y abdomen. El diagnóstico nos determina que la privación de la vida ocurre entre 11 y 12 de la noche del día anterior, es decir, de ocho a 10 horas al momento de la valoración de los signos cadavéricos que fue realizada a las 09:20 horas de ese mismo domingo 5 de marzo. No se localizaron indicios balísticos en el lugar”, explicó el procurador sinaloense.

“El Kevin” es la persona quien la madrugada del 30 de septiembre de 2016 había sido rescatada por un grupo de al menos 50 personas en Culiacán, los cuales emboscaron a un convoy del Ejército, acto en el que fueron asesinados cinco elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 10 más resultaron heridos, así como un chófer de la Cruz Roja Mexicana.


(SEMANARIO ZETA/ Carlos Álvarez/ Miércoles, 8 marzo, 2017 07:19 AM)

FISCALÍA DE EU PIDE INVESTIGAR A ABOGADOS MEXICANOS DE “EL CHAPO”; TEMEN SE INFILTRE EL CÁRTEL DE SINALOA


Los fiscales estadounidenses Robert Capers y Arthur Wyatt solicitaron al juez Brian Cogan del juzgado del Distrito Este de Nueva York, realizar una “severa” investigación” sobre cualquier extranjero que quiera unirse al equipo de defensa del narcotraficante sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
 
Esto, ante el temor que miembros del Cártel de Sinaloa, del que el capo era líder, se infiltren y tengan acceso a información protegida que pueda causar daño a testigos del caso o afectar otros relacionados, o dar información al grupo criminal mexicano, e incluso burlar la jurisdicción de Ley estadounidense.
 
A través de una carta remitida este lunes al juez, los fiscales señalan las “significativas preocupaciones de seguridad” debido a la “probada habilidad” de Guzmán Loera de usar profesionales extranjeros, “incluso abogados”, para “promover sus crímenes”, así como “corromper funcionarios extranjeros en todos los niveles de gobierno”.
 
En su misiva, de la que dieron cuenta Univisión y El Universal, Capers y Wyatt ponen como ejemplo que “si un miembro del cártel viajara a Estados Unidos y conociera la identidad de un testigo colaborador mexicano”, podría después volver a México impunemente y hacer “secuestrar o matar” a éste o a sus familiares. 
 
“El Chapo” se encuentra preso en Nueva York desde el 19 de enero pasado, y enfrenta un juicio por 17 cargos -incluyendo los de otros estados- relacionados por ser presunto responsable de encabezar el Cártel de Sinaloa, dedicado al tráfico de drogas.
 
La próxima audiencia del capo sinaloense está programada para mayo en el juzgado de Brooklyn, Nueva York.
 
Esta petición surge debido a que al menos tres de los abogados de “El Chapo” en México están auxiliando a la defensa que se encuentra en Nueva York.
 
Esta versión la confirmó José Refugio Rodríguez Núñez a Univisión, quien lidera el equipo legal del Guzmán en territorio mexicano.
 
“Nosotros no podemos ser abogados de Joaquín Guzmán dentro del proceso (en Estados Unidos), pero estamos colaborando como auxiliares y opinando sobre la estrategia legal. Y se está viendo la posibilidad de acreditarnos para entrevistarnos con nuestro cliente”, explicó el abogado al medio.
 
 A petición de Guzmán Loera, su equipo legal en México está integrado por tres abogados: Cynthia Castillo, Carlos Castillo y Rodríguez Núñez, quienes brindan información al grupo de abogados en Nueva York.
 
“La Fiscalía dentro de sus facultades tiene derecho a investigarnos, también la Fiscalía mexicana lo puede hacer, es parte de su trabajo investigar a las personas. Eso no es ningún acto de molestia, yo no tengo inconveniente que se me investigue”, expuso el legista.
 
“Lo que no me gusta es que, en la solicitud que mandó la Fiscalía, se establece que los abogados en México somos cómplices de Joaquín Guzmán. Eso sí incide y violenta el derecho a la presunción de inocencia”, agregó Refugio Rodríguez.
 
Refugio considera que la petición de los fiscales sí va dirigida a su equipo, “porque somos los únicos”.
 
Además, agregó que demandará al canciller Luis Videgaray Caso por supuestas irregularidades en la extradición de “El Chapo” a Estados Unidos, ocurrida el 19 de enero pasado.
 
Por su parte, los abogados de oficio de Guzmán Loera en Nueva York, Michael Schneider y Michelle Gelernt, criticaron la propuesta de los fiscales estadounidenses y la consideraron una “prohibición” a la entrada de extranjeros a la defensa.
 
A su vez señalaron que los fiscales no ofrecen argumentos legales para afirmar que los ciudadanos de otros países sean “menos confiables” que los estadounidenses.
 
“Los cargos contra el señor Guzmán son internacionales y es posible que el equipo de defensa tenga que contratar a investigadores en otros países”, dijeron a la agencia AP los juristas.
 
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS /CARLOS ÁLVAREZ /MIÉRCOLES, 8 MARZO, 2017 07:06 PM)

PESCADORES INCENDIAN VEHÍCULOS DE CONAPESCA EN EL GOLFO DE SANTA CLARA


Pescadores inconformes por el bloqueo por parte de autoridades federales para permitirles la pesca de curvina, incendiaron la noche de este miércoles varios vehículos propiedad de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), en El Golfo de Santa Clara, Sonora.

Un grupo de líderes de los pescadores se encuentra en la Ciudad de México en búsqueda de destrabar la prohibición relacionada con el uso de redes de pesca no permitidas por las dependencias federales.

La tarde de este miércoles Sunshine Rodríguez, dirigente de los pescadores en el Puerto de San Felipe, trasmitió vía internet un mensaje donde expone que no han tenido resultados positivos las gestiones realizadas ante las dependencias federales.

En un sentido similar informó uno de los líderes de las organizaciones de pescadores de El Golfo, Carlos Alberto Tirado.

 Al conocer los resultados negativos de las gestiones, los pescadores en El Golfo incendiaron al menos tres vehículos propiedad de la dependencia federal. “Sabemos que está al borde de un estallido social.

Tengan prudencia, piensen las cosas. No puede ser posible que a un mes de que esto concluya, el gobierno no entienda”, expuso Rodríguez en un mensaje transmitido en vivo desde la Ciudad de México.

El estallido se presenta en el contexto de que en los últimos días personal de Profepa han realizado varios decomisos de totoaba, y apenas ayer en San Felipe en varias redes utilizadas para la pesca ilegal al sur de Puertecitos fueron encontrados una veintena de Lobos Marinos atrapados, muertos.

Apenas hace unos días pescadores de El Golfo bloquearon la carretera que une al poblado con Puerto Peñasco en protesta contra la restricción a la pesca de curvina.

MÁS INFORMACIÓN EN LA EDICIÓN IMPRESA


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS /SERGIO HARO CORDERO /MIÉRCOLES, 8 MARZO, 2017 09:56 PM)