Un año de cárcel para el asesino de un
policía; un homicida declarado culpable es dejado en libertad; un integrante
del CJNG mató a dos hombres y disparó a oficiales. Estos son algunos de los 660
casos de adolescentes presentados ante la Procuraduría por cometer algún delito
en lo que va del año. Solo el 7% de estos menores han sido presentados ante un
juez, el resto queda en libertad
El 1 de agosto de 2017, José
Luis López Núñez se despidió de su esposa y salió de su casa rumbo a su
trabajo, como policía municipal en Tijuana. A un lado de su Jeep Cherokee roja,
estacionada sobre la calle, dos hombres lo esperaban para asesinarlo.
Cuando el primer pistolero
accionó el arma, el policía logró bajarse de la camioneta, pero al cubrirse de
las balas, tropezó y cayó. Mientras seguía tirado sobre la calle, se le acercó
Joaquín, de 16 años de edad. Él no falló. Le disparó en el pecho, en una pierna
y en la cabeza.
Así fue asesinado el agente
de 27 años de edad e integrante del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOE). El
adolescente fue detenido unas calles adelante, todavía tenía consigo el arma
que había usado.
Los investigadores del crimen
dieron con suficientes elementos para demostrar que Joaquín era uno de los
asesinos. No solo él y su cómplice -quien sí era mayor de edad- admitieron su
participación, las cámaras de seguridad de un negocio cercano captaron al menor
huyendo del lugar; las huellas de sus zapatos coincidieron con las encontradas
en la escena del crimen y el arma era la misma desde la que salieron los
disparos.
La juez Luz María Félix
encontró culpable a Joaquín, pero solo lo sentenció a un año de internamiento
en el Centro de Diagnóstico para Adolescentes. Antes de cumplir la mayoría de
edad, el joven estará en libertad.
No es un caso atípico. El 93
por ciento de los adolescentes detenidos en Baja California, por delitos como
robo, lesiones, portación de armas o narcomenudeo, quedan en libertad; según
cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),
correspondientes a 2018.
Esto porque la Ley Nacional
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes determina que los
casos de menores deben resolverse por medio de métodos alternos, como el
Sistema de Justicia Alternativa, libertad supervisada o terapias psicológicas.
Solamente en los casos de
homicidio, secuestro, violación o robo con violencia física, la Ley indica que
el menor debe ser forzosamente presentado ante un juez, pero el hecho de que
éste sea llevado a juicio y encontrado culpable, tampoco significa que pagará
una condena.
CONTRATADO EN FACEBOOK PARA MATAR Y LIBRE POR BUENAS
CALIFICACIONES
Ése fue el caso de Ulises
Abraham. A sus 14 años de edad, aceptó una oferta a través de Facebook para
asesinar a un hombre a cambio de 31 mil pesos. “Cambiar de teléfono, comprarse
ropa nueva y traer dinero”, fueron las razones que dio ya detenido para aceptar
la propuesta.
De acuerdo a las
instrucciones que recibió, un taxi pasaría por él, le entregaría el arma y lo
llevaría hasta la Zona Norte en Tijuana, donde debía asesinar a Guillermo
Gastélum Jacques. Luego del homicidio, llegaría el pago.
No obstante, el estudiante de
secundaria y el conductor del taxi fueron detenidos cuando huían en octubre de
2015. El adolescente fue llevado a juicio y encontrado culpable.
A diferencia de la mayoría de
los menores que llegan detenidos a comandancias de policía, agencias del
ministerio público y a los juzgados, Ulises Abraham venía de un contexto social
y familiar, los cuales no encajaban con su comportamiento criminal.
Sus padres profesionistas
tenían estabilidad económica, participaban en su crianza, mientras que en la
escuela del muchacho reportaron que tenía excelencia académica y buena
conducta. En resumen, se había desarrollado en un ambiente sano del que carecen
la mayoría de los adolescentes delincuentes.
Todo esto fue tomado en
cuenta por la juez cuando determinó que Ulises Abraham, a pesar de haber
asesinado a un hombre, no sería remitido al Centro de Diagnóstico para
Adolescentes.
Al tener más de 14 años de
edad, pero sin cumplir los 16 todavía, la Ley establece que Ulises Abraham
podía ser sentenciado a un máximo de tres años encarcelado.
Sin embargo, bajo la palabra
del adolescente de que no volvería a delinquir y la promesa de sus padres que
responderían por sus actos, la juez Luz María Félix determinó que Ulises
Abraham estaría sujeto a dos años de externación, nombre que se le da a la
medida de libertad bajo supervisión.
Esto implica que la
Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) debe monitorear que el menor
cumpla en efecto, con las condiciones impuestas por la juez, como trasladarse
exclusivamente de la escuela a su hogar.
En caso de que incumpla con
ello, entonces la Procuraduría puede promover un recurso ante el juzgado para
solicitar su aprehensión.
De acuerdo con Laura Ivette
Rivera Lazcano, directora de Justicia de Adolescentes en la PGJE, cerca del 10
por ciento de los jóvenes que reciben la medida de externación, son
reaprehendidos por haber violado este beneficio y, por lo tanto, internados en
el Centro de Diagnóstico para Adolescentes.
JOSÉ MANUEL, EL ADOLESCENTE DENTRO DEL CJNG
No había pasado ni un mes de
su cumpleaños número 16, cuando José Manuel asesinó a un hombre, el 22 de
febrero de 2018. Al muchacho se le detuvo y fue puesto a disposición de la
Procuraduría para que se le investigara, pero ningún testigo quiso señalarlo y
el caso se cayó.
A las semanas, José Manuel
disparó contra varios elementos de la Policía Municipal y cuando se le detuvo,
se le encontró en posesión de armas de fuego. Se buscó culparlo de homicidio en
grado de tentativa, pero la acusación no prosperó y volvió a salir libre.
Para el 13 de junio, José
Manuel volvió a asesinar. Acompañado de un hombre de 19 años, disparó contra un
menor de edad en la Avenida Sánchez Taboada de la colonia El Reacomodo, en
Tijuana.
La Policía Municipal
respondió al reporte y montó un operativo en la zona. Así dieron con José
Manuel y José Gerardo de 19 años de edad. Los jóvenes viajaban en un vehículo
con un fusil de asalto calibre .223 y una pistola calibre 45 milímetros.
En esta ocasión, la acusación
de la Procuraduría prosperó y al adolescente de 16 años se le vinculó por
homicidio calificado. La juez fijó un plazo de dos meses para la investigación
del crimen, un periodo corto en comparación a los procesos que enfrentan
adultos en los que un homicidio generalmente requiere de cuatro a seis meses
para investigarse.
De manera extraoficial, ZETA
recogió versiones sobre el adolescente. En corporaciones policiacas se le
identifica como miembros de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG), en la colonia Camino Verde. En agosto regresará a audiencia, mientras
tanto permanece recluido en el Centro de Diagnóstico para Adolescentes.
MEXICALI, MUNICIPIO CON MÁS ADOLESCENTES DETENIDOS
Cifras de la Procuraduría
indican que Mexicali es el municipio donde más adolescentes son detenidos. En
2017, 806 menores de edad fueron remitidos al Ministerio Público en Mexicali;
de estos, solo 86 casos fueron judicializados. En lo que va de 2018, de los 416
menores remitidos, solo 22 casos fueron judicializados.
Los números contrastan con
los del resto de los municipios. En Ensenada, también durante 2017, un total de
134 adolescentes fueron presentados ante la Procuraduría, con apenas 16 casos
presentados ante el juez. En lo que va de 2018, son 64 los adolescentes
detenidos y 15 de ellos han sido sujetos a proceso penal.
En cambio, en Tijuana, ciudad
que reúne los casos de Playas de Rosarito y Tecate, porque en estos municipios
no hay una agencia del Ministerio Público especializada en adolescentes, apenas
se contabilizan 180 casos en lo que va del año, con solo 10 casos
judicializados.
La estadística en el Poder
Judicial sigue una tendencia similar. De acuerdo con la información más
reciente y disponible para su consulta; correspondiente al primer trimestre de
2018, en Mexicali existen 129 juicios en proceso, 12 juicios más ya concluyeron
y cuatro tienen el estatus de radicados.
En Ensenada son 130 los
juicios en trámite, dos los concluidos y dos radicados. En cambio, en Tijuana
hay solo seis juicios abiertos, 25 terminados y seis radicados.
Respecto a los principales
delitos por los que llegan adolescentes detenidos, desde hace por lo menos dos
años; narcomenudeo y robo se ubican como los dos más frecuentes. El primero con
mayores casos en Tijuana y el segundo en Mexicali.
“La mayoría de los
adolescentes que llegan al Ministerio Público ya están casi en situación de
calle, viven en un medio delictivo muy conflictivo; no hubo ningún adulto que
se hiciera responsable de ellos”, indica la directora de Justicia de
Adolescentes en la PGJE.
La funcionaria estatal
detalla que, por otra parte, muchos de los adolescentes se niegan a
proporcionar los números telefónicos de sus padres o sus direcciones para así
poder ser puestos en libertad, sin que sus padres sepan de la detención.
Y es que la Ley proporciona
mayores garantías a los adolescentes por tratarse de menores de edad. Por
ejemplo, una vez que son detenidos -casi siempre en flagrancia- por policías,
estos tienen un plazo máximo de 11 horas para presentarles ante el Ministerio
Público.
Los menores no pueden ser
ingresados a celdas ni esposados, tienen derecho a hacer una llamada
telefónica, deben permanecer en un cubículo y no ser perdidos de vista por los
oficiales.
A la PGJE le corresponde
corroborar la información presentada por los oficiales con testimoniales y una
orden de investigación en el lugar donde ocurrió el crimen.
Sin embargo, si no se trata
de homicidio, secuestro, robo con violencia física o violación, los menores
quedan en libertad en un plazo entre 36 y 48 horas, cuando su tutor acude por
ellos. Si nadie se hace responsable de ellos, entonces la Procuraduría busca un
albergue DIF o de alguna organización civil que los acepte.
PENAS MENORES
Antes del cambio a la Ley en
2016, la condena máxima que un menor podía purgar era de 10 años. Ahora se
divide según el grupo de edad. Si tiene más de 12 años, pero todavía no cumple
los 14 años, la pena máxima para cualquier delito es de un año de externación (libertad
supervisada).
Si el menor tiene más de 14,
pero todavía no cumple los 16 años, la pena máxima es de tres años. Por último,
aquellos que tienen más de 16 años, pero menos de 18 años, la pena máxima es de
cinco años.
Pero para Laura Ivette Rivera
Lazcano, directora de Justicia de Adolescentes en la PGJE, la solución para
evitar que los adolescentes ingresen al mundo delictivo no radica solo en las
penas, sino en los ambientes familiares y sociales en que se desarrollan.
La funcionaria estatal explica
que muchos de los padres de los jóvenes, al ser notificados que sus hijos están
bajo investigación por un delito, no acuden por ellos, ni siquiera cuando son
visitados por los policías ministeriales en sus domicilios.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /INÉS GARCÍA RAMOS/ LUNES, 13 AGOSTO, 2018
01:00 PM)
