En vísperas de la Navidad de
2016, una Corte Federal en Nueva York reveló cómo el conglomerado brasileño
Odebrecht y su filial Braskem sobornaron funcionarios, legisladores y políticos
en México, Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Panamá,
Perú, República Dominicana y Venezuela, para “asegurar una ventaja indebida
para obtener y mantener los negocios en esos países”. El 23 de diciembre de ese
año, dos días después de la acción de la Corte, se describió en este espacio la
acusación que afectaba a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Desde entonces, el jaloneo dentro y fuera del Gobierno mexicano ha sido
intenso, tramposo y con evidencias claras de encubrimiento.
Al día siguiente que se dio a
conocer la información de la Corte, la Función Pública inició una investigación
en Pemex, la empresa señalada por actos de corrupción de funcionarios y ex
funcionarios, y una auditoría transversal para identificar los contratos entre
Odebrecht y diferentes dependencias gubernamentales. La Función Pública, a
cargo de Arely Gómez, entró en una dinámica de confrontación burocrática con la
PGR, en ese entonces a cargo de Raúl Cervantes, parte del grupo de abogados
capitaneados por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Humberto
Castillejos, que desde las sombras de Los Pinos ejercieron uno de los poderes
más grandes y avasalladores en el sexenio de Peña Nieto, donde no fluía -hasta
ahora-, la información.
Cervantes renunció en octubre
de 2017, y en una reunión privada con senadores, anunció que renunciaría y que
había terminado las indagatorias de los sobornos de Odebrecht, por lo que la
PGR estaba lista para consignar a los responsables. “El complejo esquema para
corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego
tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba
nuestra determinación y a nuestras instituciones”, les dijo Cervantes a los
senadores, “es uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en
América Latina y México se hayan visto”. Después de eso, nada sucedió.
La PGR no consignó a nadie,
ni profundizó sus investigaciones. Dos razones ayudan a entender los porqués.
Por un lado, las autoridades brasileñas y estadounidenses no le dieron acceso
libre a la PGR al expediente y le fue dosificando la información. No hay una
explicación objetiva de ello, pero una de las señales que a lo largo de todo
este tiempo se ha enviado, es que no tienen confianza en la integridad jurídica
del gobierno peñista. Inclusive, en la investigación original sobre Odebrecht,
donde además de esas dos naciones participó Suiza por el tema del lavado de
dinero, se excluyó a México. Cervantes siempre defendió en privado con el
argumento que los sobornos en México habían sido marginales al compararse con
otras naciones, y que lejos de que fueran excluidos los mexicanos, elogiaban lo
que había hecho.
Por el otrro lado,
funcionarios federales aseguran que Cervantes mintió ante los senadores, y que
cuando dijo que todo estaba listo para consignar, no había absolutamente nada
concluido. Pero con ello transfirió la carga de responsabilidad al Procurador
interino, Alberto Elías Beltrán, algunos de cuyos cercanos han sugerido que la
declaración de Cervantes pretendió, más bien, descarrillar toda la
investigación. Si bien las investigaciones mantuvieron su paso lento, las
acciones contra ex funcionarios de Pemex y Odebrecht, no se interrumpieron.
La Función Pública concluyó
procedimientos administrativos de responsabilidades con sanciones, donde
inhabilitó a la constructora Norberto Odebrecht -sólo en México se castigó a la
empresa, de todos los casos de corrupción en América Latina-, y a Luis Alberto
de Meneses Wyelll, quien era su director en México, que afirmó haber dado 10
millones de dólares al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por ayudarles a una
adjudicación directa de obra pública en la refinería de Tula, que el ex
funcionario niega. También se inhabilitó a Gleiber José de Faria, quien era el
director de Administración y Finanzas del conglomerado, y a Marco Antonio
Sierra Martínez, que era residente de obra en la refinería de Tula.
La investigación en Tula está
en curso sobre tres contratos, uno de las cuales involucran a un funcionario de
Pemex, pero por tiempo, el Caso Odebrecht no va a ser cerrado en el gobierno de
Peña Nieto, y caerá en la nueva administración del Presidente electo Andrés
Manuel López Obrador. Tula es la carga explosiva de profundidad sobre el
gobierno peñista. Sierra Martínez, el único funcionario sancionado hasta ahora,
lo fue por haber pagado “indebidamente” dos millones y medio de pesos a la
empresa, que es apenas una fracción de lo que Odebrecht asegura haber pagado en
sobornos en México.
Si la investigación avanza,
irá subiendo el nivel de funcionarios involucrados, pero no sólo en Pemex, de
acuerdo con indicios de las pesquisas, sino a otras áreas hidalguenses
vinculadas con Tula que jugaron un papel de influencia en el gobierno actual, y
que hasta el momento han sido dejadas en paz. La joya de la corona, ante la
opinión pública, es Lozoya. Pero el ex director de Pemex ha repetido que se
siente tranquilo. Podría estarlo, relativamente hablando. El dinero que asegura
Odebrecht le entregó, supuestamente terminó en la campaña de Peña Nieto, donde
los responsables finales de los recursos eran el coordinador, Luis Videgaray, y
el hombre de los dineros del Presidente, Luis Vega, que será Diputado en la
próxima legislatura. Lozoya ha dicho en privado que, en extrema circunstancia,
él hablará lo que sabe. Y lo que sabe, no se acaba en Pemex, sino en Los Pinos.
Pero esto, tendrá que probarlo penalmente, si está dispuesto, el gobierno que
viene.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 13/08/2018 | 04:00 AM)
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