viernes, 28 de abril de 2017

DESTITUYEN A MAGISTRADO QUE LIBERÓ A “EL CHAPITO”, AL “REY ZAMBADA” Y A “LA REINA DEL PACÍFICO”


Por votación unánime, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó a Jesús Guadalupe Luna Altamirano, como magistrado federal, después que detectó una serie de propiedades valuadas en 13 millones de pesos (mdp), depósitos en sus cuentas bancarias por 2.7 mdp, además de retiros de dinero en efectivo de hasta 8.4 mdp, que el ex juzgador federal no pudo justificar y que no corresponden con sus ingresos.

Además, el CJF le acusó, también, de ser el responsable en la tramitación y resolución de 12 expedientes relacionados con apelaciones de sentencia y juicios de amparo, los cuales supuestamente resolvió de forma “irregular”.

Luna Altamirano había estado separado de sus funciones como titular de un Tribunal Unitario en Materia Penal en la Ciudad de México desde mayo de 2012. 




En el 2014, la CJF halló a Luna Altamirano como responsable de cometer delitos contra la administración de justicia que favorecieron a integrantes de la delincuencia organizada.

En 2016 fue suspendido de sus funciones durante un año y el pasado miércoles, durante una sesión privada, el Pleno del Consejo resolvió el miércoles pasado destituir al magistrado de manera definitiva.

Luna Altamirano fue el juez que emitió fallos que permitieron la liberación de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, hijo del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”; además de Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”, así como de su pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, conocido como “El Tigre”.

También fue el magistrado que libró al ex presidente Luis Echeverría Álvarez de ir la cárcel, acusado de genocidio, asimismo, fue el juez que evitó que Ricardo Miguel Cavallo enfrentara a la justicia argentina, que pedía su extradición por homicidio, tortura, terrorismo y genocidio.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), informó que desde hace cinco años, investiga al ahora ex magistrado por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin que exista ninguna determinación jurídica.

En 2014, el ahora ex magistrado declaró a la periodista Carmen Aristegui Flores en MVS Noticias, que él no había realizado movimientos bancarios millonarios y, además, negó tener trato con criminales.

Desde 2010 a la fecha el Consejo se la Judicatura Federal (CJF) ha sancionado a 52 jueces federales y 61 magistrados de Circuito, principalmente por faltas no graves que implican amonestaciones o apercibimientos privados.

En este año, además de Luna Altamirano, el otro juez sancionado el pasado mes de marzo fue el juez Tercero de Distrito de Veracruz, Anuar González Hamedi, quien concedió un amparo a Diego Cruz Alonso, uno de los llamados “Porkys”.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados / Carlos Álvarez /Viernes, 28 Abril, 2017 01:08 PM)

JUEZ FEDERAL SENTENCIA A 10 AÑOS DE CÁRCEL A SUEGRO Y CUÑADO DE “EL CHAPO” POR NARCOTRÁFICO


Inés Coronel Barrera, suegro del narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, fue sentenciado a más de 10 años de cárcel y 15 mil 930 pesos de multa, por el juez Noveno de Distrito con sede en Agua Prieta, Sonora, por delitos Contra la Salud, en la modalidad de Posesión de Marihuana y Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo.

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) detalló que el juzgador federal determinó que el Agente del Ministerio Público Especializado integró una averiguación previa contundente en contra del hombre de 49 años de edad, padre de Emma Coronel Aispuro, la esposa de “El Chapo”, extraditado a Estados Unidos desde el pasado 19 de enero.

Coronel Aispuro es la tercera esposa de “El Chapo”, con quien se casó en 2007, cuando ella tenía 18 años de edad, durante una fiesta realizada en el municipio de Canelas, Durango, localizado en la zona conocida como “El Triángulo Dorado”, en los límites de Sinaloa, Chihuahua y Durango, una de las zonas de mayor producción de amapola y mariguana.

La averiguación, iniciada el 30 de abril de 2013, también estaba dirigida contra tres cómplices de Coronel Barrera identificados como Inés Omar Coronel Aispuro -otro de sus hijos-, Juan Elías “N”, y Reynaldo “N”, a quienes elementos de la Policía Federal (PF), Adscritos a la División Antidrogas, les aseguraron cinco vehículos, diversas armas de fuego cortas y largas, así como un total de 32 paquetes con marihuana.

Según investigaciones de la PGR y la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), Inés Coronel se dedicaba a la producción de mariguana en la sierra de Durango, coordinando su trasiego en los municipios de Agua Prieta, Cananea y San Luís Río Colorado. Fue detenido en marzo del 2013. 



La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyó al suegro de Guzmán Loera en enero del 2013, en su lista “negra” de presuntos integrantes de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas, y lo identificó como “importante” operador del cártel de Sinaloa.

A partir de su inclusión en la lista de narcotraficantes, el gobierno estadounidense prohibió a entidades bajo su jurisdicción celebrar operaciones financiera Coronel Barrera, además de quedar sujetos a acciones de decomiso y aseguramiento de bienes.

En la misma lista figuran otros familiares de Joaquín Guzmán, entre ellos, Griselda López Pérez y María Alejandrina Salazar Hernández, primera y segunda esposa de “El Chapo”, respectivamente, además de Ovidio, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del ex líder del Cártel de Sinaloa.

Coronel también figuraba entre los objetivos prioritarios del Gobierno federal. Agencias de seguridad mexicana y estadounidense, aseguran que el suegro de “El Chapo” se encargaba de la introducción y envío de toneladas de cocaína a EU.

Además, es familiar del fallecido narcotraficante Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal, uno de los ex líderes del Cártel de Sinaloa, que fue abatido por las autoridades el 30 de julio de 2010 en Guadalajara, Jalisco.

La PGR informó, asimismo, que a Inés Omar Coronel Aispuro -cuñado de “El Chapo”- y a Juan Elías “N”, fueron sentenciados ambos por el delito de Contra la Salud, en la modalidad de Posesión de Marihuana, con fines de Comercio, imponiéndose una pena de 10 años, tres meses de cárcel y 240 días de multa, equivalente a 15 mil 400 pesos.

Mientras que a Reynaldo “N”, se le impuso la pena de cinco años, siete meses de cárcel y 115 días de multa equivalente a siete mil 447 pesos, por la comisión de un delito de Contra la Salud en la modalidad de Posesión de Marihuana con fines de Comercio en su variante de Venta, agregó la PGR.


(SEMANARIO ZETA/ Nacional /Carlos Álvarez/  Viernes, 28 Abril, 2017 10:44 AM) 

JUEZ FEDERAL SENTENCIA A 10 AÑOS DE CÁRCEL A SUEGRO Y CUÑADO DE “EL CHAPO” POR NARCOTRÁFICO


Inés Coronel Barrera, suegro del narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, fue sentenciado a más de 10 años de cárcel y 15 mil 930 pesos de multa, por el juez Noveno de Distrito con sede en Agua Prieta, Sonora, por delitos Contra la Salud, en la modalidad de Posesión de Marihuana y Portación de Armas de Fuego de Uso Exclusivo.

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) detalló que el juzgador federal determinó que el Agente del Ministerio Público Especializado integró una averiguación previa contundente en contra del hombre de 49 años de edad, padre de Emma Coronel Aispuro, la esposa de “El Chapo”, extraditado a Estados Unidos desde el pasado 19 de enero.

Coronel Aispuro es la tercera esposa de “El Chapo”, con quien se casó en 2007, cuando ella tenía 18 años de edad, durante una fiesta realizada en el municipio de Canelas, Durango, localizado en la zona conocida como “El Triángulo Dorado”, en los límites de Sinaloa, Chihuahua y Durango, una de las zonas de mayor producción de amapola y mariguana.

La averiguación, iniciada el 30 de abril de 2013, también estaba dirigida contra tres cómplices de Coronel Barrera identificados como Inés Omar Coronel Aispuro -otro de sus hijos-, Juan Elías “N”, y Reynaldo “N”, a quienes elementos de la Policía Federal (PF), Adscritos a la División Antidrogas, les aseguraron cinco vehículos, diversas armas de fuego cortas y largas, así como un total de 32 paquetes con marihuana.

Según investigaciones de la PGR y la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), Inés Coronel se dedicaba a la producción de mariguana en la sierra de Durango, coordinando su trasiego en los municipios de Agua Prieta, Cananea y San Luís Río Colorado.

Fue detenido en marzo del 2013. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyó al suegro de Guzmán Loera en enero del 2013, en su lista “negra” de presuntos integrantes de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas, y lo identificó como “importante” operador del cártel de Sinaloa.

A partir de su inclusión en la lista de narcotraficantes, el gobierno estadounidense prohibió a entidades bajo su jurisdicción celebrar operaciones financiera Coronel Barrera, además de quedar sujetos a acciones de decomiso y aseguramiento de bienes.

En la misma lista figuran otros familiares de Joaquín Guzmán, entre ellos, Griselda López Pérez y María Alejandrina Salazar Hernández, primera y segunda esposa de “El Chapo”, respectivamente, además de Ovidio, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del ex líder del Cártel de Sinaloa.

Coronel también figuraba entre los objetivos prioritarios del Gobierno federal. Agencias de seguridad mexicana y estadounidense, aseguran que el suegro de “El Chapo” se encargaba de la introducción y envío de toneladas de cocaína a EU.

Además, es familiar del fallecido narcotraficante Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal, uno de los ex líderes del Cártel de Sinaloa, que fue abatido por las autoridades el 30 de julio de 2010 en Guadalajara, Jalisco.

La PGR informó, asimismo, que a Inés Omar Coronel Aispuro -cuñado de “El Chapo”- y a Juan Elías “N”, fueron sentenciados ambos por el delito de Contra la Salud, en la modalidad de Posesión de Marihuana, con fines de Comercio, imponiéndose una pena de 10 años, tres meses de cárcel y 240 días de multa, equivalente a 15 mil 400 pesos.

Mientras que a Reynaldo “N”, se le impuso la pena de cinco años, siete meses de cárcel y 115 días de multa equivalente a siete mil 447 pesos, por la comisión de un delito de Contra la Salud en la modalidad de Posesión de Marihuana con fines de Comercio en su variante de Venta, agregó la PGR.


(SEMANARIO ZETA/ Nacional /Carlos Álvarez/  Viernes, 28 Abril, 2017 10:44 AM) 

SOBRINO POLÍTICO DE KIKO DENUNCIADO POR EXTORSIÓN ANTE PGJE


Foto: Cortesía

Del caso de Jorge Agraz Fitch, ex funcionario exhibido intentando extorsionar a un propietario de un bar a cambio de no molestarlo, ya tiene conocimiento la Procuraduría General de Justicia del Estado. Agraz Fitch –sobrino político del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid– hasta hace unos días se desempeñaba como Director de Asuntos Internos de la Sindicatura Municipal de Tijuana que titula Ana Marcela Guzmán.

Fue el Contador Público José Alberto Escourido, quien como “ciudadano responsable” fue a presentarse en el Ministerio Público para “denunciar hechos por la posible comisión del delito de extorsión” bajo el Número Único de Caso 0204-2017-19340.

El escándalo de corrupción en el ayuntamiento se dio a raíz de audios el pasado 15 de abril donde dos personas negocian una cantidad de dinero para no recibir ni ordenar operativos de reglamentos a un establecimiento.

La renuncia de Agraz en la sindicatura –no su despido– vino después de que en medios de comunicación se publicaría el audio donde el funcionario exigía más de 56 mil pesos mensuales a un bar para no molestarlo y dejarlo operar.

Unos días después, el propio alcalde, Juan Manuel Gastélum admitió que reconocía la voz del audio en la del empleado de su administración.

La síndica Ana Marcela Guzmán únicamente se limitó a comunicar que se iniciaría una investigación respecto al caso.

Y fue el ex funcionario a través de su cuenta social dio a conocer que había presentado su renuncia el 17 de abril. Partido Encuentro Social pidió públicamente que la PGJE investigara el caso, sin embargo, hasta la fecha, la sindicatura no dio vista a la dependencia por tratarse de un posible delito.

Tuvo que ser José Alberto Escourido, presidente de la asociación 100 por Tijuana, pero en su calidad de ciudadano quien fue hacer de conocimiento a la Procuraduría de Justicia lo que es de dominio público.

“Existe la causal, para solicitarles como ciudadano, se investigue dichos actos de extorsión contra ciudadano, ante quien resulte responsable, después de que ustedes ejecuten la investigación”, describe el documento recibido en un módulo de la PGJE en Zona Río.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados /Isaí Lara Bermúdez/ Jueves, 27 Abril, 2017 08:08 PM)

TAXISTAS AMARILLOS Y AMBULANTES CIERRAN GARITA Y ROMPEN VIDRIOS


Un manifestante lanzó un objeto al parabrisas de un conductor y rompió el vidrio. Foto: Agustín Reyes

Un centenar de vendedores ambulantes del cruce fronterizo de San Ysidro y chóferes de taxis amarillos participaron en una manifestación, marcha y bloqueo que ocasionó daños tanto a oficinas gubernamentales como al vehículo de un estadounidense, este viernes 28 de abril.

La marcha fue convocada por Juan Manuel Zavala, secretario general de taxis amarillos y quien también controla sindicatos de vendedores de la CROC. Zavala fue detenido el 4 de marzo en posesión de marihuana y cocaína por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y desde entonces, ha culpado a esta corporación de abuso de autoridad.



Juan Manuel Zavala, de rojo, al centro de los manifestantes. Foto: Agustín Reyes

 No es la primera vez que Juan Manuel Zavala encabeza disturbios de este tipo. Durante la administración municipal de Jorge Astiazarán participó en actos de vandalismo contra unidades de la Policía Municipal y otros vehículos concesionados del Ayuntamiento por oponerse al Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT).

Recientemente, en febrero, participó en una serie de agresiones contra conductores del servicio de transporte Uber cuando se encontraban laborando en la garita de San Ysidro, donde los taxis amarillos tienen una de sus principales bases de servicio, al acusarlos de robarles pasajeros. En este incidente, fueron arrestados varios de sus chóferes.

Esta mañana, con pancartas e insultos, Zavala encabezó al grupo de manifestantes, muchos vistiendo un mandil amarillo a manera de identificación, hasta las oficinas de la PEP en la Zona Río, donde los manifestantes rompieron una de las puertas de la corporación.



 Los daños a las oficinas de la PEP. Foto: Agustín Reyes

Varios elementos policiacos impidieron la entrada a las oficinas de los manifestantes, quienes forcejaron para intentar ingresar como parte de la protesta. Luego de ello, el grupo de personas marchó hacia la garita de San Ysidro, en esta ocasión, impidiendo el paso a automovilistas.

El cierre de ocho de los carriles vehiculares tuvo una duración de 20 minutos y ya que se acercaron a los límites entre ambos países, un grupo de oficiales de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) salieron a proteger las instalaciones estadounidenses.

Sin embargo, en el trayecto, algunos de los agremiados a la organización de Juan Manuel Zavala agredieron a automovilistas y quebraron el parabrisas de un automóvil, cuyo conductor intentó avanzar a un costado de los marchantes.



Así los manifestantes cerraron el paso a los vehículos que intentaban cruzar la frontera. Foto: Agustín Reyes

El automovilista bajó de su vehículo para reclamar los daños ocasionados, pero los vendedores lo comenzaron a agredir verbalmente, por lo que optó a regresar a su automóvil, en el que pudo alejarse una vez que Zavala dio la orden de que lo dejaran pasar.

El reclamo de los vendedores de la línea inició en la sede de la PEP en Tijuana, demandando a la corporación investigar los casos relacionados con abuso policíaco.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados/  Isabel Mercado / Viernes, 28 Abril, 2017 04:24 PM)

DETIENEN A LA “SEÑORA ACERO”


El arma con la que fue detenida. Foto: Cortesía

La Policía Estatal Preventiva (PEP) implementó diversos  trabajos de inteligencia al sur del municipio donde en primera instancia se logró la detención de   Durante un operativo en el sur del municipio de Ensenada que encabezó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) cuatro personas fueron detenida junto con un decomiso de  armas de alto poder y cientos de dosis de droga.  

El primer caso se suscitó tras la  detención de tres personas que circulaban a exceso de velocidad por la avenida Francisco Villa y Álvaro Obregón, en el Ejido Díaz Ordaz, en San Quintín.  

Tras interceptar el vehículo los agentes se acercaron a la unidad marca  Chrysler 300, modelo 2007 y sin placas de circulación, el cual era conducido por Viviana ¨N¨, de 44 años, alias ¨Señora Acero¨.  

Durante la inspección de rutina  implementada a dicha fémina fue encontrada en posesión de 48 dosis de cristal,  un arma larga calibre .223, 43 cartuchos útiles y 1 cargador.  

En tanto que el copiloto identificado como José ¨N¨, de 40 años, alias ¨El Capi¨, portaba 8 dosis de cristal, un arma calibre 40 milímetros, 8 cartuchos y un cargador; el otro acompañante es Adán ¨N¨, de 46 años, alias ¨El Siete¨, a quien se le decomisaron 9  dosis de cristal.  

Otro operativo desplegado sobre la avenida Cuarzo del mismo poblado, derivó en la detención de  Armando ¨N¨, de 26 años de edad, quien al ver la presencia policial arrojó al piso un  al piso.  

Tras levantar dicho envoltorio y revisar el contenido  resultó en 670 dosis de ¨ice¨, mientras que el hoy detenido fue encontrado en poder de un arma calibre 9 milímetros,  28 cartuchos y  dos cargadores.  

Los 4 detenidos fueron turnados ante las autoridades correspondientes para que respondan por el cargo de delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cartuchos presuntamente cometido.


(SEMANARIO ZETA/ Destacados / Lorena Lamas/ Viernes, 28 Abril, 2017 04:40 PM)