sábado, 5 de marzo de 2016

Y TRAS 110 MESES DE GUERRA, HOY HAY MÁS SANGRE Y TRAGEDIA


La impunidad se ha impuesto en estos casi 10 años de la guerra contra las drogas lanzada por el entonces Presidente Felipe Calderón, en diciembre de 2006. En síntesis, el Gobierno federal no tiene las cifras exactas del saldo de esta década sangrienta de masacres, fosas clandestinas y programas fallidos.

Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).– En los últimos más de nueve años, a partir de que el Gobierno del ex Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa se propuso “enfrentar con efectividad al narcotráfico y la delincuencia organizada”, el asesinato en México se convirtió en un delito más que cotidiano. Las cifras del Gobierno contabilizan más de 155 mil asesinatos dolosos cometidos desde enero de 2007, mes en el que el entonces nuevo Presidente vistió un uniforme militar para rendir tributo al Ejército Mexicano en el que delegaría gran parte del despliegue territorial.

La vida se perdió a balazos de manera tan frecuente que hubo periodos, como 2011, en los que el promedio fue de, al menos, 62 homicidios diarios en todo el territorio nacional, o de más de dos personas asesinadas cada hora.

En Ciudad Juárez, donde entre 2008 y 2011 se realizó uno de los mayores despliegues del Ejército y de la Policía Federal, el homicidio se convirtió en ese mismo periodo en la primera causa de muerte, haciendo blanco sobre todo entre hombres menores de 35 y 25 años, la mayoría en las colonias más pobres. La violencia en esa frontera causó más muertes que la hipertensión, la cirrosis y la diabetes juntas, y desplazó a esta última enfermedad, históricamente principal causa de decesos. A nivel nacional, lo mismo ocurrió con la población de entre 15 y 44 años, que en plena edad productiva empezó a caer víctima de los balazos en mayor proporción que de cualquier otro daño.

El asesinato llegó a ser tan frecuente en los años de la llamada guerra del narcotráfico que, de acuerdo con diversas mediciones, por primera vez en un siglo la expectativa de vida de la población mexicana se redujo para los hombres, al bajar, de acuerdo con investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, de 72.5 a menos de 72 años.

Esta recurrencia y el aumento en la violencia fueron justificados desde el Gobierno federal anterior con el argumento de que eran resultado de la “confrontación entre bandas criminales”, como sostuvo en 2011 Alejandro Poiré, entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

El Gobierno federal, sin embargo, ni en el sexenio anterior ni en el presente ha conocido la cantidad de asesinatos que han sido consignados o que han entrado en un procedimiento penal que haya identificado a algún probable responsable y los móviles. Y, pese a que el Gobierno calderonista consideró los homicidios que reportaban las procuradurías estatales como producto de “presunta rivalidad delincuencial”, una respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a este medio indica que “dentro del Centro Nacional de Información no obran datos respecto al número de carpetas de investigación o averiguaciones previas consignadas sobre algún delito al Poder Judicial de ningún periodo”.

ES LA IMPUNIDAD


La impunidad, de acuerdo con diversos cálculos, cubre lo que ocurrió a la mayor parte de las víctimas y a sus victimarios. Tan sólo en 2015, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2016 –que comparó el número de encarcelados por homicidios entre homicidios en averiguaciones previas–, este indicador a nivel nacional podría ser de al menos un 72.5 por ciento. Cifra, dice Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, uno de los autores del estudio, que podría ser aún mayor considerando las deficiencias del sistema penal para encontrar pruebas y acusar a las personas correctas.

Y en esa atmósfera de impunidad, dice en entrevista, es difícil establecer quiénes fueron los autores de los homicidios cometidos en la mayor parte de la última década en México. Por lo que la afirmación de que fue una guerra “contra el narcotráfico” o “entre” narcotraficantes, considera, no se sostiene aún; o no al menos en expedientes judiciales.

“El problema es que, debido a que hay problemas estructurales muy serios en las áreas de investigación de las procuradurías de justicia, no podemos afirmar quién fue el culpable o cuáles fueron las causas en la gran mayoría de los asesinatos cometidos en este país en los últimos ocho o nueve años”, dice.

“Las agencias ministeriales aún tienen muy pocas capacidades de investigación de los casos que les llegaron por montón; y, en ese sentido, los estados vivieron la guerra en los últimos nueve años, y sus estructuras de investigación, judiciales y penitenciarias siguieron intactas y no crecieron con respecto a la magnitud de la violencia”, agrega.

La misma impunidad cubre lo ocurrido a más de 27 mil personas víctimas del delito de desaparición, miles con características de desaparición forzada, como en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que continúa sin investigaciones confiables pese a la intensa presión nacional e internacional.

También como en este caso, y pese a la narrativa oficial que atribuye los hechos violentos a “grupos” criminales o del narcotráfico, detrás de diferentes asesinatos y desapariciones se encuentran, de acuerdo con denuncias de organizaciones, elementos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y otras instituciones del Estado Mexicano. Así ocurrió, por ejemplo, en marzo de 2010, en Monterrey, Nuevo León, cuando dos estudiantes del Instituto de Estudios Superiores –el Tec– de esa ciudad fueron asesinados a tiros por soldados que los habían identificado inicialmente como integrantes del crimen organizado. O en 2014, en Tlatlaya, Estado de México, donde el Ejército reportó un enfrentamiento y, de acuerdo con diversos indicios, se trató de al menos 12 ejecuciones extrajudiciales.

Pocas de las miles de detenciones realizadas durante el sexenio pasado, además, resultaron ser contra integrantes de la delincuencia organizada. Desde el V Informe de Gobierno de Calderón, la entonces Secretaría de Seguridad Pública reportó que la Policía Federal había aprehendido a 75 mil 276 ciudadanos, pero que sólo contra dos mil 554 había elementos para considerarlos presuntos integrantes de algún grupo del crimen organizado. Es decir, en apenas un 3.3 por ciento.

Las violaciones a los derechos humanos se expandieron a tal grado que organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos calculan que, entre 2006 y 2014, se generaron más de ocho mil denuncias por tortura y otras cuatro mil por tratos crueles e inhumanos ante las diferentes instancias estatales y federales; es decir, un promedio de dos mil por año, o más de cinco casos diarios. Cuatro mil de ellos, agregó José Antonio Guevara, integrante de dicha organización, atribuibles a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La justicia en todo lo que ocurrió en el México de la “guerra contra el narcotráfico”, resume la religiosa Consuelo Morales, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), sigue pendiente. “Tenemos un factor, que es la impunidad, y que mientras siga habiendo el mensaje que manda es que se puede seguir asesinado”, dice. “Mientras no haya sanciones, no podremos avanzar; y tenemos casos como los jóvenes del Tec, las ejecuciones extrajudiciales…. Es una verdadera crisis humanitaria”, agrega.

“RECUPERACIÓN DE ESPACIOS”

MORELIA, MICHOACÁN.16DICIEMBRE2006. Unos 5 mil efectivos militares y policiales, y decenas de vehículos y aeronaves, participan en el operativo Operación Conjunta Michoacán contra el narcotráfico.


Unos 5 mil efectivos militares y policiales, y decenas de vehículos y aeronaves, participaron en el operativo Operación Conjunta Michoacán contra el narcotráfico. Foto: Cuartoscuro

El 11 de diciembre de 2006, a diez días de haber asumido la Presidencia, el Gobierno de Felipe Calderón, que basó su campaña electoral ofreciendo convertirse en el “Presidente del empleo”, anunció que una de sus prioridades era fortalecer la seguridad de los mexicanos y, como anunció entonces el Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, traer “la recuperación de los espacios públicos que la delincuencia organizada ha arrebatado”.

Recuperación, dijo, “que acabará con la impunidad de los delincuentes que ponen en riesgo la salud de nuestros hijos y la tranquilidad de nuestras comunidades”.

En esa convicción, agregó el funcionario al iniciar la Operación Conjunta Michoacán, “y de acuerdo con la orden emitida por el Presidente de la República, desde el primer día de su Gobierno hemos privilegiado la planeación y ejecución conjunta del Gabinete de Seguridad en el establecimiento de las acciones estratégicas para enfrentar con efectividad al narcotráfico y la delincuencia organizada”.

Fue así como, ese día, dio inicio la Operación Conjunta Michoacán, con el despliegue de más de cinco mil efectivos; entre ellos cuatro mil elementos del Ejército Mexicano, pero también marinos y policías federales.

“Se desarrollarán actividades de erradicación de plantíos ilícitos, establecimiento de puestos de control para acotar el tráfico de enervantes en carreteras y caminos secundarios, ejecución de cateos y de órdenes de aprehensión, así como ubicación y desmantelamiento de puntos de venta de drogas”, anunció Ramírez Acuña.

A este operativo le siguieron despliegues armados similares en regiones de Baja California; Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Y, a partir de 2008, el despliegue contó con 2.3 mil millones de dólares asignados por el Gobierno norteamericano.

En todos estos estados, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo, se registraron aumentos en la incidencia de homicidios dolosos, algunos en proporciones extraordinarias. Nuevo León, por ejemplo, que todavía en 2007 registraba 283 homicidios, en 2011 alcanzó los dos mil asesinatos; lo mismo ocurrió en Tamaulipas, donde las cifras de 346 asesinatos de 2006 rebasaron las mil en 2012.

Ninguna de esas entidades, además, ha visto disminuir sus indicadores de violencia a los niveles que tenía antes de que iniciaran los despliegues federales armados, u “operaciones conjuntas”. Y, en todo el territorio nacional, de acuerdo con los datos del Secretariado, la violencia aumentó un 84 por ciento, o casi al doble: la cifra de once mil 806 homicidios dolosos registrados en todo el país en 2006 se convirtió en 21 mil 736 en 2012.


A su llegada a la Presidencia, Enrique Peña Nieto cambió el discurso, pero los asesinatos y desapariciones en el país no terminan. Foto: Cuartoscuro

Al iniciar su Gobierno, el Presidente priista Enrique Peña Nieto hizo énfasis en que su política en materia de seguridad era “nueva” y, sugiriendo una diferencia con la estrategia calderonista de “combate frontal” al crimen organizado, detalló que se basaría en la “planeación” y la “prevención”, entre otras líneas.

“El mandato ciudadano es muy claro: Los mexicanos quieren un México en paz”, dijo Peña Nieto en su primer encuentro con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 17 de diciembre de 2012. “Nuestros objetivos prioritarios son reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En particular, disminuir los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones”, agregó.

Esta intención, sin embargo, se mantuvo sólo por dos años. De acuerdo con los datos del Secretariado, la disminución registrada en 2013 [a 18 mil 332 casos] y en 2014 [a 15 mil 653] se revirtió el pasado 2015, al cerrar con 17 mil 13 crímenes contra la vida.

En total, según el Secretariado, 50 mil 998 casos entre enero de 2013 y 2015; más de 11 mil 400 que los registrados en el mismo periodo de Felipe Calderón [39 mil 526].

Esta persistencia en los hechos violentos, de acuerdo con diferentes diagnósticos, así como la continuidad del negocio del narcotráfico, muestran las limitaciones de la actual política federal de sólo arrestar a presuntos jefes de las organizaciones dedicadas a la producción, almacenamiento y transportación nacional e internacional de drogas ilegales, o de “descabezamiento”, que en ningún caso ha atacado las redes políticas y de lavado de dinero que las sostienen.

LA DÉCADA SANGRIENTA


El principal ejemplo de casi todo lo que los expertos identifican como equivocado en la presunta guerra mexicana al narcotráfico es el caso de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, a quien se le atribuye encabezar el cartel del narcotráfico más importante del mundo pero que, ante el Poder Judicial mexicano, no enfrenta cargos por lavado de dinero ni aun por homicidio.


“Las estructuras del crimen organizado persisten, las redes de complicidad no se han atacado; cada vez que hablan de la captura de un capo esto no viene acompañado de un desmantelamiento de estas organizaciones, de las redes de complicidad con las clases políticas, empresariales; eso no se investiga”, dice Erubiel Tirado, coordinador del programa académico de Seguridad Nacional en la Universidad Iberoamericana.

Así, y pese a los “descabezamientos” y la década más sangrienta de México en los últimos años, las identificadas como organizaciones criminales trasnacionales mexicanas continúan dominando el negocio de las drogas ilícitas en Estados Unidos y, según un reporte presentado en octubre pasado por la Agencia Antidrogas de ese país, “continuarán sirviendo, principalmente como proveedoras de drogas al por mayor”. Sobre todo, el Cartel de Sinaloa, que el Gobierno norteamericano identifica como “el proveedor más activo” de todos y en control de Ciudad Juárez, el sur de Chihuahua, Durango, el sur de Sinaloa, Sonora y las dos Baja California, entre otras regiones.

“Aprovecha sus recursos expansivos y su dominio en México para facilitar el contrabando y la transportación de drogas a través de los Estados Unidos”, señala el documento titulado Evaluación de la Amenaza de las Drogas.

“CUESTIONAR EL PROHIBICIONISMO”


Madres de distintos puntos del país buscan diariamente a sus hijos desaparecidos. Foto: Cuartoscuro

El costo en vidas humanas de los casi 10 años de “combate frontal” al crimen organizado y la persistencia de los grupos del crimen organizado ha motivado diferentes críticas a la estrategia prohibicionista. Una de ellas, expuesta por la investigadora Laura Atuesta Becerra, del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), por el desequilibrio en el enfoque que priorizó la “prohibición” por encima de la prevención y atención a las adicciones, así como por el aumento en el problema de impunidad, entre otras fallas.

“No hay una política de drogas integral. Existen programas con poca cohesión y con una inclinación clara a privilegiar la represión. Esos programas no están diseñados de forma que puedan ser evaluados, ya que en su mayoría o no contemplan indicadores de éxito o los indicadores miden en realidad acciones, no resultados”, cuestionó Atuesta en “La política de drogas en México 2006-2012: Análisis y resultados de una política prohibicionista”, publicado en diciembre de 2014.

Otra crítica de la investigadora fue el incremento presupuestal para los cuerpos “represivos” del Estado que se ha ejercido de manera poco transparente y casi “imposible” de monitorear, así como un colapso el sistema de procuración de justicia que aumentó la impunidad.

“Dado el aumento de averiguaciones previas después de declarada la ‘guerra contra el crimen organizado’, y la poca proporción de éstas que terminaban ante un juez, la política de drogas tuvo un efecto contraproducente en la capacidad de investigación, saturando el sistema judicial. Esta ineficacia en la procuración de justicia incrementó la impunidad”, dice la autora.

Otra investigación académica que cuestiona el “combate frontal” es “Gobernar con el Miedo. Lucha al narco en México 2006-2012”, del académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Martín Gabriel Barrón Cruz, para quien Calderón recurrió al discurso de “lucha” contra el crimen organizado con el fin de lograr la legitimación que, considera, no obtuvo en las elecciones. La estrategia, dice Barrón en su investigación, “se sirvió de la generación del miedo en la sociedad mediante una política de enfrentamiento vertical a ciertos grupos de la delincuencia organizada”.

En ese contexto, agrega, las Fuerzas Armadas se convirtieron “en el actor principal de la ‘lucha’ contra el narcotráfico, desplazando a las fuerzas policiales”, decisión que terminó instaurando una “visión militarista de la seguridad pública” que, entre otras consecuencias, considera como “amenaza” cualquier crítica al Estado.

En un contexto geopolítico, Barrón y Atuesta identifican la determinación del Gobierno de Estados Unidos de mantener una guerra contra el narcotráfico que, desde hace 50 años, mantienen despliegues armados en Sudamérica y, ahora, en México.

Pero los resultados, mencionan los entrevistados, es que el consumo no se ha eliminado, los grupos criminales persisten y la violencia en México se ha elevado a extremos que obligan a cuestionar si la prohibición es la política correcta.

“El mercado de las drogas produce ganancias exorbitantes, y seguirá existiendo en la medida que exista la demanda”, explica Atuesta en entrevista.

“Entonces, por más que descabecen los cárteles, por más que detengan a los capos, otras personas estarán involucradas, porque produce demasiadas ganancias (…) Esto debe hacernos cuestionar si el prohibicionismo es la política que realmente debemos estar implementando”, plantea.

Las consecuencias de tal derramamiento de sangre y tan impune, agrega Consuelo Morales, son de dimensiones de una “tragedia y una verdadera crisis de derechos humanos, de legalidad, económica, de Estado de Derecho”.

Y, como representante de la sociedad civil en Ciudad Juárez, la activista de Nuevo León advierte que las secuelas no sólo son las incertidumbres familiares, sociales y económicas en las que viven actualmente decenas de miles de niñas y niños que quedaron huérfanos por los más de cien mil asesinatos, sino que afectan a todo el país que, en lugar de oportunidades, está creando “infiernos” para sus jóvenes.

Por eso, agrega Morales, se requiere de todos los recursos y mecanismos con los que cuentan las instituciones del Estado y la sociedad civil para lograr contrapesos ante las profundas consecuencias del despliegue de violencia e impunidad y se trate de recuperar la paz.

De lo contrario, advirtió, el costo no es sólo el dolor del presente, sino el riesgo de lo venidero. “Si a un chiquito de tres años, la delincuencia se lleva a su papá, y no reaccionamos positivamente, sociedad civil y autoridades, ese chiquito, en diez o quince años, ¿qué tendrá en su corazón, si le robamos su paz, su seguridad, que era su padre, y no le damos nada? El mensaje es que el mundo es un infierno”, cuestiona.

(SINEMBARGO.MX/febrero 22, 2016 - 00:00h )


DESDE LA MONTAÑA: LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN EN GUERRERO


La Montaña de Guerrero es una de las regiones más pobres y abandonadas del país y, por supuesto, de los gobiernos federal y de la propia entidad. Ahí no llega el progreso, pero sí los huracanes, las tormentas y el peor de los flagelos: la delincuencia organizada.


De acuerdo con cifras oficiales, el año pasado fueron asesinadas más de 2 mil personas en Guerrero. Foto: SinEmbargo, especial.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).– Antes de aquel 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, día de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la entidad gobernada entonces por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), vivía años de tensión por la pugna entre los cárteles de la droga en distintas regiones y la lucha de grupos civiles por contenerlos.

La delincuencia había golpeado prácticamente a todas las zonas de la entidad y a la par del movimiento de autodefensas de Michoacán, en Guerrero, la policía comunitaria que nació en La Montaña en los 90, se había extendido a la Costa Chica y el Centro.

En 2011, el entonces Secretario de Gobernación Francisco Blake Mora anunció la operación “Guerrero Seguro” en Acapulco, debido a que los asesinatos relacionados con el narcotráfico aumentaron casi el triple en relación con 2010 al pasar de 289 a 884 en un año.

Sin embargo, al evaluar los resultados del operativo, a un año de su anuncio, las ejecuciones habían crecido. Según datos oficiales del Gobierno del estado, entre octubre de 2011 y septiembre de 2012 se registraron 936 ejecuciones. Un total de 38 más que en el mismo periodo de 2010.

Entre 2010 y 2012 las cifras de ejecutados solo en Acapulco se incrementaron oscilando entre los 50 y los 142 asesinatos mensuales.

Pero los muertos no sólo se contaban en el puerto. En las poblaciones de la región de La Montaña, Tierra Caliente y Costa Chica, los crímenes eran invisibles para las autoridades estatales y federales.

OPERATIVOS FALLIDOS


Guerrero se ha convertido en una de las regiones más profusas de fosas clandestinas en el país. El año pasado, Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos no viajaran a la entidad. Foto: Cuartoscuro.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), explica que el detonante que abonó a la aparición de la policía comunitaria en la región de la Costa Chica y La Montaña y en otros puntos de Guerrero fue la delincuencia organizada.

“Las autoridades federales se concentraron en enviar militares y hacer el operativo en Acapulco, en las ciudades más importantes del estado, descuidando las regiones indígenas y campesinas. Esta concentración de los cuerpos de seguridad del Ejército y La Marina, mostraron las inconsistencias de los operativos que se han dado desde 2011, en donde hay poca efectividad y presencia de los cuerpos de seguridad”, dice.

El activista añade que el crecimiento del crimen en las zonas abandonadas por el Estado, fue notorio. En la región colindante entre Guerrero y Michoacán, los grupos delincuenciales se disputaban el corredor de la droga.

“Vemos como estos grupos se van ampliando, incursionan en territorios donde hay más posibilidades de asentarse y llegar a acuerdos con las corporaciones policiacas y los políticos. Los grupos de la delincuencia hicieron alianzas de distinta índole y tomaron a Acapulco como el centro neurálgico de todas sus operaciones”, indica.

La población abandonada a su suerte empezó a armarse y fue la policía comunitaria que se gestó en La Montaña, la que abonó a que la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerreo (UPOEG) creciera y se fortaleciera.

Las policías comunitarias fueron creadas en 1995 por el sacerdote Mario Campos Hernández, párroco de Tlapa de Comonfort, en La Montaña de Guerrero en contra de la impunidad y la inseguridad. Entre el 14 y 15 de octubre de ese año nació el primer policía en Santa Cruz del Rincón.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero se creó para luchar en contra de los asaltos, las violaciones sexuales y los asesinatos. De acuerdo con Campos Hernández la medida logró contener la delincuencia de aquellos años.

Pero no fue suficiente. En La Montaña hay alrededor de 15 municipios que funcionan con un sistema de seguridad basado en sus usos y costumbres como la CRAC, pero a partir de 2013 la UPOEG se extendió y hoy, sólo en esa región, se estiman unos 25 municipios que operan con ese tipo de seguridad ciudadana.

Fueron la UPOEG y la CRAC, los movimientos que bajaron de la sierra a Costa Chica en 2013 y ayudaron a la población a levantares en armas en contra del crimen organizado que mantenía a varios pueblos secuestrados.

El hedor de la muerte se respiraba en Xaltianguis, El Ocotito, Ayutla de los Libres y varios municipios de la Costa Chica, hasta que en enero de 2013 siete municipios establecieron sus policías tradicionales, sumando a la Costa Chica, La Montaña y el Centro de Guerrero.

Pero la violencia no cesó: en febrero de 2013 seis turistas españolas fueron violadas cerca de Acapulco y para agosto de ese año, más de 100 mujeres se levantaron en armas a unos cuantos kilómetros del puerto. Xaltianguis se levantó en armas en abril. La UPOEG avanzó entre 2013 y 2014 e hizo “limpia” de criminales en varios pueblos.

De acuerdo con datos de la Sistema Nacional de Seguridad Pública la entidad fue la más violenta del 2013 al registrar 2 mil 87 homicidios. Además de ser el estado con más plagios, al contabilizar 207 casos, tan sólo después de Tamaulipas. En cuanto a extorsiones se mantuvo en la media con un reporte de 174.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal colocó en el segundo lugar de su ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo 2012, a Acapulco, después de San Pedro Sula, Honduras.

ESTADO EN LLAMAS


Arcelia es uno de los municipios en los que se han registrado enfrentamientos constantes entre grupos del crimen organizado. Foto: Israel Flores, El Sur

Para enero de 2014 Guerrero estaba encendido y las policías comunitarias avanzaban en su lucha en contra del crimen organizado. A finales de ese mes alrededor de 150 planteles de educación básica detuvieron sus labores en Acapulco, después de que un profesor fue secuestrado.

Aunque el profesor fue rescatado en cuestión de horas, los maestros denunciaron que eran víctimas de una ola de extorsiones en las colonias de la periferia de la ciudad.

Las colonias Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, Simón Bolívar, La Venta, Paso Limonero y Postal eran las demarcaciones más afectadas por la presencia del crimen organizado.

A la par, unos 500 policías comunitarios ingresaron al pueblo de Chilpancingo a petición de los pobladores. Tras su ingreso realizaron operativos donde detuvieron a 16 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que se dedicaban a extorsionar y secuestrar a las personas de esa comunidad.

Esa misma semana miembros del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) entraron a la comunidad de Mazatlán, cercana a Chilpancingo, asumir el control y las tareas de seguridad.

De acuerdo con la prensa local, los elementos de policía comunitaria ingresaron armados a la localidad a bordo de varias camionetas y después convocaron a los habitantes de esa comunidad a una asamblea en la plaza principal.

Los reportes también indicaron que este grupo tomó varios puntos de Mazatlán [Chilpancingo de los Bravo, Guerrero]. Elementos del Ejército Mexicano arribaron al poblado de El Ocotito para desarmar a los integrantes de la policía comunitaria que asumió el control de la población luego de la violencia denunciada por sus pobladores.

Sin embargo, los habitantes de esa localidad impidieron el paso de las fuerzas castrenses sobre la carretera federal Acapulco-México, motivo por el cual se mantuvo una fuerte tensión en el lugar, informó la prensa local y nacional.

Los ciudadanos se movilizaron ante el temor de que las guardias civiles fueran desarmadas, luego de que la zona fue sobrevolada por un helicóptero de la Secretaría de Marina y que pasaran por la carretera federal dos camiones con efectivos del Ejército Mexicano.

El 29 de enero cerca de las 20:00 horas Pioquinto Damián Huato, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chilpancingo, regresaba de una asamblea con policías comunitarios realizada en el poblado de El Ocotito, cuando sufrió un atentado en donde murió su nuera.

El entonces Gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y el dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en ese momento, Jesús Zambrano Grijalva, dijeron que el atentado a Pioquinto Damián y el avance de las autodefensas en Guerrero, eran “hechos aislados” y “para nada” se parecían a los sucesos violentos que ocurrían en Michoacán.

Ambos líderes hicieron un solo frente para afirmar que en Guerrero, la violencia no estaba superando al Estado.

“Fue un hecho aislado, yo le puedo decir con datos que hay una disminución en los índices de violencia no solo en Acapulco, sino en todo Guerrero”, dijo Aguirre.

Jesús Zambrano declaró que la entidad gobernada por los perredistas, estaba controlada y que lo sucedido a Pioquinto era un hecho aislado.

“Este estado que ha estado en el foco de atención por hechos aislados, como ha sucedido hace unas horas y nos han comparado con Michoacán y para nada se parece”, dijo.

Ocho meses después, en Iguala, Guerrero, sucedió la desaparición y el asesinato de estudiantes, que sumió en una crisis al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y que tuvo un costo político elevado para Aguirre, Zambrano y el resto de los perredistas.

 LA GUERRA DESPUÉS DE LOS 43



Marcha de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, hace ya 17 meses. Foto: Valentina López, SinEmbargo.

En octubre de 2014, días después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, llegaron a Iguala la policía federal y la Gendarmería Nacional para tomar el control de la seguridad. En Chilpancingo arribaron cerca de 2 mil policías antimotines para reforzar la seguridad ante la posibilidad de que continuaran las movilizaciones de los estudiantes y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Un mes después, en noviembre de 2014, la Gendarmería Nacional reforzó la vigilancia en Acapulco con mil 300 elementos, para brindar seguridad a los turistas que vacacionaron ese fin de año en el puerto.

El 4 de diciembre el gobierno federal puso en marcha el Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente en 22 municipios de Guerrero, ocho del Estado de México, cuatro de Morelos y dos de Michoacán con más de 2 mil elementos de la Policía Federal (PF).

Las fuerzas federales asumieron por completo las tareas de seguridad de esos municipios. El objetivo principal era combatir al crimen organizado que golpea a la región.

El año de los sucesos de Iguala cerró con 2 mil 197 homicidios, de los cuales mil 514 fueron dolosos.

Esa cantidad fue superada sólo entre enero y noviembre de 2015 donde se registraron 2 mil 461 homicidios, de los cuales mil 824 fueron dolosos.

Lo anterior, además, sin contar los cientos de secuestros y extorsiones que se dieron en la entidad.

En octubre de 2015 llegaron a Guerrero más de mil 500 elementos de la Policía Federal como parte del operativo de reforzamiento de seguridad que anunció el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

El 1 de diciembre de 2015 de acuerdo con medios locales, llegaron entre 5 mil y 5 mil federales antimotín a Acapulco y Chilpancingo, sólo para vigilar la jornada de evaluación docente.

Pero el operativo del gobierno federal poco sirvió para frenar la violencia en la entidad. Durante los primeros 13 días de 2016 se dieron cinco homicidios diarios en promedio y 22 secuestros en ese periodo, 17 de ellos ocurridos en el municipio de Arcelia, en Tierra Caliente.

En total, de acuerdo con las cifras documentadas por diarios locales y nacionales fueron alrededor de 65 homicidios, 50 de ellos entre el 1 y el 8 de enero, 10 el fin de semana del 9 y 10 de enero, y cuatro más el martes 12 en Acapulco y en Ciudad Renacimiento.

Los muertos se reportaron el mismo día que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó en ese puerto el Acuerdo Guerrero Incluyente y Próspero, que es “la siguiente etapa” del Plan Nuevo Guerrero.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2015, respecto a 2014, se incrementaron los homicidios, especialmente los dolosos.

A pesar de los operativos que se han realizado en la entidad, el estado está fuera de control, dicen varios activistas.

FUERA DE CONTROL


Para el sacerdote Mario Campos lo que sucede en la entidad es complejo y la principal razón de los homicidios, secuestros y extorsiones sin freno, es que la delincuencia organizada está fuera de control.

“El factor principal es la delincuencia. Es muy grave porque es más bien el rostro de la delincuencia lo que estamos viendo, que está presente ahí y que está haciendo mucho daño”, dice.

Mario Campos agrega que los crímenes han aumentado a pesar de que hay fuerzas federales en Guerrero, debido a que falta coordinación con la sociedad.

La policía comunitaria, explicó, es rechazada y mal vista por las autoridades, pero es una forma que varios pueblos de Costa Chica y La Montaña, han encontrado para protegerse de los grupos criminales que se pelean las plazas.

“Falta la aplicación de la Ley. Que se activen las instituciones para que se haga realidad la seguridad en Guerrero que todos aspiramos. Aquí nadie está contento con lo que está pasando”, indica.

En Guerrero, dice, en las poblaciones en donde la sociedad se ha organizado, hay “cierto control” de la delincuencia.

“Donde hay cuerpos de seguridad hechos por el pueblo, hay más control. No debe haber un afán de competir con el gobierno, sino en plan de coadyuvancia, así debe verlos el Gobierno, pero parece que hay poca voluntad y esfuerzo”, anota.

Los delincuentes que tienen más presencia en Guerrero son secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes, grupos que se “pelean las plazas, que tienen rivalidad, venganzas que están provocando todos los asesinatos y levantones”, explica.

Mario Campos destaca el papel que han jugado las policías comunitarias de La Montaña y de otras regiones de Guerrero para acceder a la justicia. Incluso, dice, en los municipios donde opera la UPOEG, fueron lugares más difíciles de controlar.

Manuel Vázquez, vocero estatal de la UPOEG, coincide con Campos. El también abogado explica que la organización tiene presencia en los municipios de Costa Chica y La Montaña y que la única solución para los municipios de Tierra Caliente y Costra Grande, es organizarse.

Hoy la lucha para los municipios que se defienden por su cuenta en contra de los criminales libra otra lucha: desean liberarse de los partidos políticos, que en Guerrero, han demostrado estar en varias ocasiones, en la cancha del crimen organizado como ocurrió en Iguala.

A través de la Consulta Popular buscan elegir a sus autoridades tradicionales, en base a sus usos y costumbres. Ya existe una iniciativa para Ayutla de los Libres, y varias impugnaciones por parte de los partidos, que hasta el momento los ciudadanos han ganado.

“Los partidos tienen que respetar la decisión que se está tomando. Los políticos han obstaculizado las decisiones de la población”, indica Manuel Vázquez.

Abel Barrera opina que las autoridades estatales y federales en Guerrero, han respondido con acciones tardías a la problemática que se vive en la región.

“La estrategia de seguridad desde [Felipe] Calderón ha fallado. No está cimentada en una estrategia donde la sociedad participe. Son decisiones populares, donde se apuesta a enviar efectivos y equipos militares, que la verdad dejan mucho que desear, porque son operativos de relumbrón”, dice.


(SIN EMBARGO.MX/ Shaila Rosangel / marzo 2, 2016 00:00h)

CON UNA CAMPAÑA MEDIÁTICA, ENCABEZADA POR MUJERES, “EL CHAPO” PRESIONA AL GOBIERNO


Con varias entrevistas, en medio de su proceso de extradición a Estados Unidos, los familiares de “El Chapo” Guzmán están dejando entrever que podría hacer revelaciones incómodas y “negociar” con Estados Unidos, porque dice ser maltratado en la cárcel desde su recaptura, el pasado 8 de enero en Los Mochis, Sinaloa.

 “El Chapo” Guzmán está recluido en el penal de El Altiplano, de donde se fugó previamente. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo/AP/DPA) — La familia del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán ha lanzado el contraataque. El hasta hace poco sigiloso capo del narcotráfico puso en práctica una inusual campaña mediática, que incluye a sus abogados, e incluso a su pareja, para mantener su nombre en las noticias.

Con varias entrevistas, en medio de su proceso de extradición a Estados Unidos, los familiares de “El Chapo” están dejando entrever que podría hacer revelaciones incómodas y “negociar” con Estados Unidos, porque dice ser maltratado en la cárcel desde su recaptura el pasado 8 de enero en Los Mochis, Sinaloa.

Su hija de 39 años, Rosa Isela Guzmán Ortiz, dijo en una entrevista publicada ayer por el diario británico The Guardian que el Gobierno mexicano lo traicionó y que su familia evalúa dar a conocer copias de cheques y nombres de políticos supuestamente financiados por “El Chapo”.

“El Gobierno rompió su promesa”, dijo. “Sí, hay un pacto y no lo cumplieron. Ahora que lo agarraron dicen que es un criminal, un asesino. Pero no lo decían cuando pidieron dinero para sus campañas. Hipócritas”, afirmó. También aseguró que dos veces, mientras estaba prófugo, “El Chapo” estuvo en Estados Unidos.

Emma Coronel, madre de las gemelas de cuatro años de Guzmán, también se ha dedicado los últimos días a dar inéditas entrevistas a medios, en las cuales ha asegurado que la salud del capo está en riesgo y ha llamado al Gobierno a mejorar las condiciones durante su tercera estancia en una prisión de máxima seguridad.



HUELGA DE HAMBRE POR “EL CHAPO”

Los abogados de Guzmán han dado conferencias de prensa fuera de la prisión de máxima seguridad del Altiplano donde el líder del Cártel de Sinaloa permanece detenido y de la cual se escapó en julio del año pasado a través de un túnel de unos 1.5 kilómetros.

Vestido con una sudadera con la leyenda en inglés “Extradition Never!!!” (“Extradición nunca”) el abogado José Luis González Meza dijo que planeaba una huelga de hambre, aunque anticipó que tomará agua y jugo. Hizo un llamado a los mexicanos para que se unieran.

Analistas consideran que todo es parte de una estrategia mediática planeada cuidadosamente.

Por lo menos, Guzmán intenta negociar los términos de su confinamiento en Estados Unidos de lograrse la extradición.

Su abogado José Refugio Rodríguez asegura que el capo quiere acelerar su extradición a Estados Unidos, donde se declararía culpable a cambio de una sentencia “razonable” en una prisión de mediana seguridad en aquel país.

Pero Samuel Logan, de la consultora en seguridad Southern Pulse, no cree que la estrategia funcionará.

“La gente de ‘El Chapo’ hace un intento desesperado”, dijo. “Dudo que el Gobierno de Estados Unidos negociará”.

La campaña mediática ha incluido que la ex reina de belleza y actual pareja de Guzmán diera su primera entrevista en febrero.

Vestida conservadoramente, Coronel apareció frente a las cámaras de la cadena Telemundo y describió a “El Chapo” como un amoroso padre de familia. Fue cuidadosa sobre su inocencia, o al menos en no confirmar que es culpable de algo. “No me consta que trafique con drogas”, dijo.

La defensa de Guzmán ha expresado públicamente sus preocupaciones por su salud y el trato que le dan en prisión.

“¿Cuánto tiempo va a aguantar su cuerpo este estado de estrés al que está sometido?”, Rodríguez se preguntó el mes pasado después de una visita de 30 minutos a Guzmán en el Altiplano. “Es inminente que si no cesa esto, él va a enfermar y está en grave riesgo su vida”, aseguró.

Fuera de la prisión el viernes, Bernarda Guzmán Loera, quien dijo que era una de sus hermanas, comentó que la familia está “bien preocupada”.



Bernarda Guzmán Loera, hermana de Joaquín “El Chapo” Guzmán, es escoltada después de hablar con la prensa ayer viernes afuera del Altiplano. Foto: AP

Los abogados del capo han interpuesto varios amparos ante jueces mexicanos para detener la extradición, y Rodríguez dijo el miércoles que no se desistirán de esos recursos hasta que haya un acuerdo con fiscales estadounidenses, un escenario improbable.

Las cosas fueron muy distintas para Guzmán la vez anterior que estuvo en prisión, después de ser capturado por segunda vez en 2014. El entonces procurador general dijo que “El Chapo” sería extraditado “en 300 o 400 años” después de cumplir su condena en México.

En un testimonio compartido por su abogado, Guzmán describió cómo después de su segunda detención tenía pleno acceso a visitantes y cierta libertad para moverse en la prisión.

“Hace medio año que yo estaba en este lugar y tenía visita por parte del defensor en locutorio diario hora y media”, declaró Guzmán ante un juez. Dijo que tenía “visita familiar cada nueve días cuatro horas y de visita íntima cada nueve días cuatro horas”, además de una hora para caminar en el patio y tomar el sol.

Raúl Benítez, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que en ese segundo momento que estuvo en la cárcel a Guzmán prácticamente “le respetaban mucho, se le dejaba casi, casi que subiera a una oficina en la cárcel para administrar sus negocios”.

Sin embargo, en ese tiempo “El Chapo” aprovechó para planear su fuga: una noche de julio pasado se deslizó por un hoyo en el piso de la regadera de su celda y a bordo de una motocicleta modificada recorrió el túnel que lo llevó una vez más hacia la libertad.


La Procuradora, Arely Gómez, revisa el túnel por donde se fugó Joaquín “El Chapo Guzmán” en julio de 2015. En esta segunda fuga funcionarios de muy alto nivel ya habían dado luz verde para la fuga, de acuerdo con la hija del narcotraficante. Foto: Cuartoscuro

El Presidente Enrique Peña Nieto se sintió avergonzado por el escape de julio, el segundo de Guzmán de una prisión de máxima seguridad. El primero fue en enero de 2001, de una prisión en el estado de Jalisco. Después de ser recapturado en enero de este año, Peña Nieto dijo que el capo sería extraditado.

Ahora las visitas de sus abogados y su pareja han sido limitadas y vigiladas. “El Chapo” se ha quejado de las frecuentes revisiones en las madrugadas y los ladridos de los perros que acompañan a los guardias, lo cual le impide dormir y eleva su presión arterial a niveles peligrosos.

El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, ha negado que las autoridades violen sus derechos.

“¿Debe estar una personas que se fugó en dos ocasiones de penales de alta seguridad sujeta a medidas especiales de vigilancia? La respuesta por sentido común es sí”, dijo.

Ahora, dijo Logan, “la política está en su contra”.

“Cualquier acuerdo que pudo haber logrado antes es nulo ahora que escapó y avergonzó” a Peña Nieto, añadió el experto. “Él es un rey en su propio feudo al interior de Sinaloa, pero a nivel nacional creo que la gente está cansada de tenerlo alrededor”.

“EL CHAPO” BUSCA PRESIONAR AL GOBIERNO


“Muchas cosas podemos decir de este delincuente, pero que es astuto, lo es”, dijo a la agencia de noticias dpa desde Londres el académico mexicano Javier Oliva Posada, que se encuentra como visitante en la London School of Economics estudiando temas de seguridad internacional en el Departamento de Gobierno.

“Yo creo que es una forma de presión que se estaría usando en contra del Gobierno o en todo caso a favor de Joaquín Guzmán para buscar ciertas prebendas en un juicio”, afirmó Oliva.

La familia de “El Chapo” está molesta con las condiciones del narcotraficante en la prisión de máxima seguridad de El Altiplano, a la que regresó después de seis meses en fuga el 8 de enero.

La causa del enojo es la “tortura” que “El Chapo” alega está sufriendo por falta de sueño. Cada cuatro horas los guardias del penal lo despiertan para comprobar que sigue ahí.

“El Chapo” ahora es vigilado con perros frente a su celda y con cámaras de seguridad que lo observan hasta cuando va al baño. Durante el día, se le pasa revista cada hora. En la noche, lo despiertan cada cuatro.

“No entiendo por qué la actitud de quien está llevando esta práctica de estarme torturando”, se quejó “El Chapo” en un escrito ante el juez.

El responsable de derechos humanos del Gobierno mexicano, Roberto Campa, respondió que son “justificables” los cuidados especiales “para alguien que se ha fugado dos veces de una prisión federal”.

Para Oliva, lo que está haciendo la familia de “El Chapo” es enviar una “señal de alerta”: “Él sabe cosas, entonces no estén presionando”.

“Lo que sí me queda muy claro es que están negociando algo. No sé si que no lo extraditen”, dijo. O, más que negociar, añadió, se trata de “ir ventilando aspectos, poniendo condiciones”, tanto a México como a Estados Unidos, para lograr un mejor tratamiento judicial.


– Con información de Christopher Sherman de AP y Andrea Sosa Cabrio de dpa

MADRES TRAS LAS REJAS, Y CON HIJOS, SON EL ESLABÓN MÁS DÉBIL DEL SISTEMA CARCELARIO: ESTUDIO


Las autoridades mexicanas ignoran la perspectiva de género a la hora de impartir justicia, refiere un estudio. Además, las instituciones olvidan los derechos de las niñas y los niños cuando la madre es reclusa. Ante esa situación, una investigación propone un cambio estructural con ayuda de políticas públicas y reformas en el sistema de justicia.


En 2013, más de 2 mil mujeres estaban presas por cometer delitos relacionados con la droga. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 5 de marzo (SinEmbargo).– Las mujeres que se encuentran tras las rejas en México por delitos relacionados con las drogas son víctimas de un marco legal poco flexible y “altamente punitivo”, refiere un estudio realizado por la organización Equis, Justicia para las Mujeres. Además, agrega el documento, las autoridades ignoran la perspectiva de género y los derechos que tienen los hijos de las acusadas.

La investigación titulada “Propuestas de reformas legislativas y de políticas públicas para casos  de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México” expone que en mayoría las mujeres ocupan los eslabones más bajos en la estructura del narcotráfico, y en su mayoría son de escasos recursos, además de tener bajos niveles educativos; sumado a ello no cuentan con antecedentes penales y no registraron uso de armas de fuego.

Ante esa situación, la organización propone en el documento “promover una nueva agenda en política de drogas que incluya la perspectiva de género, y que contribuyan a mejorar las actuales políticas en la materia en el ámbito legislativo y del sistema de justicia del país”. También plantea seguir protocolos, herramientas jurídicas y reformas, y expone ejemplos de leyes extranjeras, como el Artículo 77 para mujeres en situación de vulnerabilidad de Costa Rica, directrices de sentencias en Inglaterra y Gales, Reglas de Bangkok, entre otras.

El estudio realizado por Corina Giacomello, integrante del Instituto Nacional de Ciencias Penales, e Isabel Blas Guillén, de Equis Justicia para las Mujeres, detalla que en 2013 más de 2 mil mujeres estaban acusadas por delitos relacionados con drogas; 53 por ciento de las mujeres acusadas del fuero federal se encuentran en prisión por delitos contra la salud.

Los niños y niñas, hijos o hijas de reclusas, son otras víctimas afectadas por esta situación estructural de impartición y procuración de justicia, así como de reclusión penitenciaria. En el estudio propone que “en caso de que el juez o jueza tenga motivos para considerar que la prisión preventiva es la medida más adecuada [para una mujer que es madre], tendrá que argumentarlo de manera sólida y no con base en categorías vagas y discriminatorias como riesgo social”.

“Las mujeres y sus hijos e hijas sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento. Ello se debe, en primera instancia, a las situaciones de vulnerabilidad de las cuales proceden y a cómo éstas se recrudecen en el espacio penitenciario”, dice el informe.

IGNORANCIA Y POBREZA


Los niños son los principales afectados cuando la madre está en situación de encarcelamiento. Foto: Cuartoscuro

Durante la presentación del informe la Magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Lilia Mónica López Benítez, opinó que la ignorancia y la pobreza son condiciones que llevan a las mujeres a estar en prisión. Agregó que en su experiencia, desde la impartición de justicia, ha sido testigo de reclusas que llegaron a cometer un delito por ser “enamoradas o por ser madres”.

“Esto es un problema que no debería de existir; sin embargo, la situación de vulnerabilidad es un problema latente para las mujeres en esta situación, lo cual las lleva a cometer  ciertas conductas y, en algunos casos, ni siquiera tienen la conciencia de estar realizando una acción que terminará en un hecho delictivo”, dijo la Magistrada, quien expuso que no se trata de que los crímenes queden impunes o que no haya castigo, sino de atender y comprender la realidad de México.

La situación de reclusas mexicanas –dijeron las investigadores– demuestra que el marco legal en materia de drogas es poco flexible, que antepone la prisión preventiva oficiosa y niega el indulto, así como la diferenciación de penas de acuerdo con el rol desempeñado o con criterios de vulnerabilidad, sumado a que las fianzas son excesivas.

“Si no se aplicara la perspectiva de género, yo creo que veríamos más inaplicación: se contestaría más la pena mínima, la prisión preventiva oficiosa, la falta de acceso a alternativas a la prisión. Yo creo que daría mucho margen para eso. ¿A cuántas mujeres beneficiaría? No lo sé. Yo creo que ayudaría tener sentido común y tener fianzas decentes”, dijo Corina Giacomello.


(SIN EMBARGO.MX/ Sergio Rincón/  marzo 5, 2016 13:00h)

LA CLASE DE HOY: BUSCAR FOSAS


Como parte de sus clases, Sarait Herrera se instruye para encontrar fosas clandestinas en el diplomado en Criminalística en el Centro Académico de Ciencias Jurídicas y Forenses del Valle de México



“Si estuviéramos en Tamaulipas o Guerrero, esto tendría que hacerse en 10 o 15 minutos, antes de que lleguen hombres armados a sacarnos a balazos”

Beatriz Barrios
maestra y consultora en criminalística

Cuando finalmente encuentran las osamentas enterradas, los profesores enseñan todos los protocolos que deben seguirse para conservar los restos, así como los indicios que deben observar o las medidas de seguridad que deben contemplar

201 fosas clandestinas se descubrieron de agosto del 2006 a octubre del 2015, de acuerdo a cifras de la PGR

662 cuerpos se descubrieron de agosto del 2006 a octubre del 2015, de acuerdo a cifras de la PGR

18% de esos cuerpos fueron reconocidos; el resto fue enviado a las fosas comunes
Como cada sábado desde hace un año, Sarait Herrera dejó listos a sus dos hijos y viajó más de dos horas para llegar a la escuela donde la enseñan lo mismo a saber si un auto es robado que a encontrar fosas clandestinas.

El asesinato de uno de sus amigos la hizo acercarse al mundo de los criminalistas. Ahora, sabe que el trabajo de un perito es determinante en la búsqueda de justicia.

“A nosotros nos dicen mucho: si te importa tu trabajo, si realmente te importa lo que le pasó a una persona, piensa que esa persona pudo ser tu familia, y tú quisieras que el trabajo que hizo el investigador, el médico, el perito, el criminalista, lo desempeñara lo mejor posible.

“Entonces nosotros siempre vamos con esa escuela, de que esa persona que está ahí podría ser de nuestra familia; así que siempre tenemos que dar lo mejor”, comentó.

En su práctica más reciente, Sarait y sus compañeros aprendieron a buscar fosas clandestinas, algo tristemente común en estos tiempos que vive México.

Ataviados con trajes blancos, que les permiten mantener limpia la escena donde buscarán los cuerpos, una veintena de jóvenes aprende cómo saber si hay cadáveres enterrados donde no debería.

Es parte de su entrenamiento como peritos criminalistas. Cursan un diplomado en Criminalística en el Centro Académico de Ciencias Jurídicas y Forenses del Valle de México.

Ahí, exploran todas las áreas relacionadas con los peritajes, tanto en dependencias públicas como en la práctica privada.

Como parte de su formación, y debido a la aparición constante de fosas clandestinas, las autoridades del colegio decidieron que era fundamental enseñar a sus estudiantes a buscar cadáveres en cualquier tipo de lugares. Y así lo hacen en cada ciclo escolar.

EL HORROR DE LAS FOSAS

Las fosas clandestinas comenzaron a aparecer junto con la llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada por el expresidente Felipe Calderón.

Cifras oficiales dadas a conocer por la Procuraduría General de la República (PGR) a principios de febrero de este año, señalan que de agosto del 2006 a octubre del 2015, se habían descubierto 662 cuerpos en 201 fosas clandestinas.

Esto, sin contar las fosas que han sido localizadas por las autoridades de los estados o municipios.

Solo el 18 por ciento de esos 662 cuerpos fueron reconocidos; el resto fue enviado a las fosas comunes o continúa esperando un posible reconocimiento.

Muchas veces esto es imposible, pues el grado de descomposición de la mayoría de los cadáveres –casi un 60 por ciento- es tal que ni siquiera se puede saber el sexo de las personas encontradas.

En un informe que envió al Senado de la República, la PGR explicó que las fosas se han encontrado en 16 entidades, pero la tercera parte de ellas están en Guerrero.

Después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares y ciudadanos en Iguala comenzaron a buscar fosas y encontraron 63, entre octubre del 2014 y junio del 2015. Ahí, hallaron 132 cuerpos, de los que solo se ha identificado a 16.

El año que más fosas se encontraron fue en el 2011, cuando se hallaron 207.

El caso más dramático ese año fue el de San Fernando, Tamaulipas, donde se encontraron 14 fosas con 120 cuerpos.

Por el alto grado de putrefacción, 55 personas no pudieron identificarse, al grado de ni siquiera saber de qué sexo eran. Del resto, 64 eran hombres y una era mujer.

El caso causó conmoción a nivel nacional e internacional, sobre todo porque se trataba –en muchos casos- de migrantes centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos.

Las fosas de San Fernando marcaron un antes y un después no solo en esa región, sino en muchas de las prácticas de búsqueda de cuerpos.

DESENTERRANDO MUERTOS

Desde muy temprano, los jóvenes estudiantes se preparan para recibir una de las lecciones más importantes no solo de su diplomado, sino de su vida: aprenderán a encontrar fosas clandestinas.

La práctica se ha preparado en una escuela que han conseguido para el propósito. Horas antes, maestros de los jóvenes acudieron a enterrar esqueletos humanos en alguna parte que ninguno de los estudiantes conoce.

Vestidos de blanco, con un traje que no les permite recibir o dejar ningún tipo de contaminación, los alumnos llegan al lugar de la cita cargados con palas y varillas que les permitirán conocer dónde están “sembrados” los cuerpos.

Reciben instrucciones de sus maestros, quienes insisten no solo en la práctica, sino en la base ética de la labor que deben desempeñar en el contexto de violencia que vive México.

Gerardo Suárez, criminalista y profesor del diplomado, sostuvo que a raíz del caso de las fosas de San Fernando, en las escuelas sobre la especialidad dieron importancia a enseñar a los alumnos a encontrar y tratar correctamente el hallazgo de una fosa clandestina.

“Hasta hace no mucho tiempo, había casos que se resolvían con videntes y, vamos, ¿dónde estaba la base científica de esto?.

“Nuestros errores no solamente pueden dejar libre a un delincuente o tener preso a una persona inocente, sino que nosotros mismos podemos terminar presos; por eso es importante que haya ética en nuestro trabajo”, expuso Suárez.

Los jóvenes van caminando en los terrenos de la escuela y, enterrando sus varillas, buscan los cadáveres. Los maestros les enseñan si el metal debe enterrarse inclinado o derecho; les hablan de los indicios que deben buscar y la velocidad con que deben trabajar en zonas de mucha violencia.

“Si estuviéramos en Tamaulipas o Guerrero, esto tendría que hacerse en 10 o 15 minutos, antes de que lleguen hombres armados a sacarnos a balazos”, les dice Beatriz Barrios, maestra y consultora en criminalística.

Beatriz es experta en el descubrimiento de fosas y en feminicidios, a lo que se ha enfocado desde hace poco más de un año.

A los estudiantes les enseña que si quieren hacer un bien a su país y aportar su granito de arena contra el crimen organizado, deben poner su mayor empeño en el desarrollo de su trabajo profesional.

“Es importante enseñarles que no todo es como en la tele, que no todo es como en CSI y que van a llegar y encontrar todos los indicios, y que van a llegar y en tres patadas ya está el ADN y ya tenemos absolutamente todo.

“Que ellos no son policías, que ellos no pueden arrestar gente; que no somos gringos, que estamos en México, donde las ciencias forenses son muy jóvenes todavía”, afirmó Barrios.

Cuando finalmente encuentran las osamentas enterradas, los profesores enseñan todos los protocolos que deben seguirse para conservar los restos, así como los indicios que deben observar o las medidas de seguridad que deben contemplar.

Los estudiantes están relacionados, en su mayoría, con áreas del Derecho, aunque también hay personas a las que el tema les apasiona.

“Esto aquí por la defensa de las personas, por todas las injusticias que hay en México”, explica Ricardo Chávez, estudiante de Derecho.

Al final de la práctica, los alumnos aprenden también a devolver la tierra a su estado original y celebran que, al menos desde la academia, ahora tienen una habilidad extra para apoyar a sus comunidades.

FOSAS CLANDESTINAS

Se han encontrado en los estados:

> Guerrero (104)
> Jalisco (37)
> Tamaulipas (15)
> Morelos (11)
> Durango (7)
> Michoacán
> Ciudad de México (4)
> Estado de México (4)
> Sonora (3)
> Oaxaca (3)
> Chihuahua (3)
> Veracruz (2)
> Nuevo León
> Hidalgo (1)
> Aguascalientes (1)
> Chiapas (1)


(REPORTE INDIGO/ IMELDA GARCÍA/ Viernes 4 de marzo de 2016)