sábado, 9 de junio de 2018

DE MADRUGADA Y CON ALIANZA PRI-MORENA, SENADO ELIGE A NUEVOS COMISIONADOS DEL INAI



CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A las cuatro de la madrugada, entre protestas de los coordinadores del PAN y del PRD, los senadores de las bancadas del PRI, Partido Verde y PT-Morena eligieron a Carlos Alberto Bonnin Erales, extitular de la Unidad de Transparencia del Senado, y a Blanca Lilia Ibarra Cadena, directora del Canal del Congreso, como los dos nuevos comisionados transexenales del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI).

Por 65 votos a favor, la singular alianza del PRI y PT-Morena eligió a Carlos Alberto Bonnin, a quien el coordinador del PAN, Fernando Herrera, acusó de ser “empleado” y apoyado por el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón. El coordinador del PRD, Luis Sánchez, cuestionó a Bonnin Erales, quien “se vio muy mal en su evaluación y demostró que no tiene capacidad ni conocimiento”.

Por 66 votos a favor, se eligió vía cédula a la directora del Canal del Congreso, Blanca Lilia Ibarra, quien tiene a su favor haber participado en el organismo estatal de transparencia de Puebla.

En una sesión con escasa atención de los propios legisladores, el coordinador del PAN, Fernando Herrera, acusó al PRI y al PT-Morena de “ser exactamente lo mismo”. “Se han puesto de acuerdo para garantizar lo que a ellos les sirva. Han estado pactando en lo oscurito”, acusó el senador panista, con los mismos argumentos que antes se utilizaban para criticar el “reparto de cuotas” del PRI y del PAN.

Por su parte, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, sostuvo que hay un “claro conflicto de interés” porque el Senado eligió “a personal del Senado como comisionados del INAI”. Acusó a Gamboa Patrón de tener una posición “irreductible” y que pudo lograr la votación “con la ayuda del PT-Morena”.

“Tanto peca el que hace uso de una mayoría para imponer, como aquel que se presta a legitimar con su presencia para dar quórum y disfrazar después que votaron en contra”, afirmó el panista Fernando Herrera.

El vicecoordinador de la bancada del PT-Morena, Luis Humberto Fernández, negó que él o el coordinador Manuel Bartlett participaran en alguna negociación.

“Vergüenza les debería de dar querernos hacer parte de esta truculenta historia. ¡Qué curioso! Después de despacharse con la cuchara grande, en la única negociación que no les salió, quieren que seamos comparsas”, les reviró el senador Fernández.

Blanca Lilia Ibarra Cadena fue presidenta de la comisión de transparencia del municipio de Puebla, fue comisionada presidenta en la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Puebla y, a nivel federal, fue directora del Centro de Documentación y Coordinación de Información del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por su parte, Bonnin Erales fue cercano a la senadora Arely Gómez, actual titular de la Secretaría de la Función Pública. Fue director de la Unidad de Transparencia del Senado.

(PROCESO/ JENARO VILLAMIL/ 26 ABRIL, 2018)

ATENTAN CONTRA DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UAC DE TORREÓN Y MATAN A SU ESCOLTA



SALTILLO, Coah. (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Carlos Centeno Aranda, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) en Torreón, sufrió un atentado con armas de fuego en el que él resultó herido y su escolta falleció.

“Al respecto, la dependencia inició ya una carpeta de investigación para dar con el o los responsables de los hechos”, precisó en un comunicado.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los hechos se suscitaron alrededor de las 11:50 horas de la mañana en el estacionamiento de Plaza Galerías Torreón.

En ese sitio Centeno y su escolta fueron atacados con arma de fuego por dos personas. El director de la Facultad de Derecho resultó herido pero su escolta falleció en el interior de la unidad en la que ambos se trasladaban.

Hace más de un año, Carlos Centeno fue candidato del PRD a la alcaldía de Torreón. También se desempeñó como delegado de la Fiscalía General del estado en la región Laguna.

(PROCESO/ JUAN ALBERTO CEDILLO/ 8 JUNIO, 2018)

GUANAJUATO: EJECUTAN A CINCO EN APASEO EL ALTO Y A UN CUSTODIO EN IRAPUATO



GUANAJUATO, Gto. (apro).- Una mujer y cuatro hombres fueron encontrados asesinados la mañana de este martes en Apaseo el Grande; mientras que, en la madrugada, en Irapuato, un custodio del Centro de Reinserción Social fue ejecutado muy cerca de su domicilio.

En Apaseo el Grande, el Mando Único recibió aviso de que cerca del puente del macrolibramiento, en el acceso a la comunidad El Nacimiento, estaba una mujer tirada bajo un tráiler, frente al módulo de inspección de ganado. Al llegar, elementos policiacos se dieron cuenta de que estaba muerta, con un disparo en la cabeza.

Unos minutos después, aproximadamente a las siete de la mañana, se informó que los cuerpos de cuatro hombres se encontraban sobre el camino de entrada a la comunidad de Amexhe, a unos 200 metros de la autopista Querétaro-Celaya.

Los cadáveres estaban colocados unos encima de otros, formando una cruz. Todos tenían los ojos vendados, las manos amarradas por la espalda y con disparos en la cabeza.

Alrededor de los cadáveres, peritos de la Procuraduría de Justicia recuperaron unos 30 casquillos de calibre 9 milímetros.

Las autoridades mantienen como línea de investigación una confrontación entre grupos delictivos, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Santa Rosa que opera en la región.

El pasado fin de semana, en la misma zona del hallazgo de las víctimas se hizo patente el nivel de violencia que se vive desde hace unos meses: el domingo 3, varias bolsas con restos de al menos cinco personas fueron abandonadas en distintos puntos de Apaseo el Alto; mientras que, en Yuriria, cinco personas más fueron asesinadas en la colonia La Aldea.

En Irapuato, también en la madrugada del martes, un guardia penitenciario del Centro de Reinserción Social de esta ciudad fue asesinado a unos pasos de su casa, en la calle Adolfo López Mateos de la colonia Lázaro Cárdenas.

El custodio fue identificado como José Manuel Corona Ramírez, de 25 años. Sus vecinos alertaron a Policía Municipal, alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando escucharon varios disparos en la calle. El agente penitenciario quedó sin vida junto a un automóvil.

(PROCESO/ VERÓNICA ESPINOSA /5 JUNIO, 2018)

GUANAJUATO: COMANDO TIRA REJA DE HOSPITAL PARA REMATAR A UN HERIDO; SUMAN 6 ASESINATOS ESTE SÁBADO



GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).- Seis personas fueron asesinadas en las primeras horas de este sábado en ataques armados en Irapuato, Villagrán y en el hospital comunitario de Cortazar, a donde un grupo ingresó violentamente en un vehículo para rematar a un hombre al que habían herido unos minutos antes en la vía pública.

El primer caso ocurrió precisamente en Cortazar, donde alrededor de la una de la mañana un hombre llegó pidiendo ayuda hasta la esquina de las calles Manuel Doblado y Juárez donde en ese momento se encontraba una patrulla de Seguridad Pública Municipal.

El hombre se identificó como Mario Delgado, de 38 años, quien dijo a los patrulleros que acababan de dispararle, por lo que éstos lo trasladaron hasta el hospital comunitario, donde lo pasaron a una camilla para que fuera atendido.

Unos 20 minutos después, al hospital llegó una camioneta roja de doble cabina con tres hombres armados a bordo, pero se encontraron con la reja de acceso cerrada.

El conductor impactó el vehículo contra la reja para poder ingresar a la fuerza y los ocupantes descendieron con sus armas, entraron hasta donde se encontraba Mario Delgado y ahí lo remataron.

Casi al mismo tiempo, otro hombre fue baleado en una calle ubicada a espaldas del mismo hospital comunitario.

Sus familiares lo trasladaron en un auto al mismo sanatorio, pero el hombre llegó ya sin vida.

Tres horas más tarde, en Irapuato, dos hombres que habían salido de trabajar y se dirigían a sus domicilios a bordo de una motocicleta fueron atacados; uno de ellos murió por heridas de arma de fuego.

Los dos jóvenes de 23 años circulaban en la moto cerca del cruce de las avenidas Mariano J. García y Mariano Abasolo, cuando desde una camioneta les dispararon.

Uno de ellos, identificado como Gerardo Daniel, quedó muerto en el lugar; su amigo fue llevado al hospital y se encuentra grave.

En Sarabia, comunidad de Villagrán, policías recibieron un reporte a las 5 de la mañana sobre disparos que se escucharon en una de las calles principales de esa localidad.

Vecinos reportaron que varias personas armadas habían entrado por la fuerza a un domicilio en la avenida Ferrocarril y efectuaron numerosos disparos, tras lo cual salieron y huyeron en dos camionetas.

Al arribar, los agentes se encontraron con tres personas asesinadas en el interior del domicilio, así como dos menores de 5 y 7 años lesionados. Las víctimas mortales son dos mujeres y un hombre.

(PROCESO/ VERÓNICA ESPINOSA/ 9 JUNIO, 2018)

UN NIÑO DE CINCO AÑOS, ENTRE LAS VÍCTIMAS DE TRIPLE EJECUCIÓN EN TEXMELUCAN, PUEBLA


CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Dos adultos y un niño de cinco años fueron asesinados a balazos la noche del viernes en San Buenaventura Tecaltzingo, junta auxiliar de San Martín Texmelucan, Puebla.

Reportes policiacos indican que el ataque ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas, cuando un hombre disparó contra una familia que viajaba a bordo de una camioneta Expedition color blanco, en las calles Reforma y Guadalupe Victoria, cerca de la Secundaria Técnica 89.

Las víctimas son un hombre y una mujer de entre 30 y 35 años, además de un menor de 5 años.

Policías estatales y paramédicos de Cruz Roja llegaron al lugar y confirmaron que en el interior del vehículo particular había un hombre en el asiento del conductor, una mujer en el del copiloto y un niño de 5 años que estaba en el asiento trasero.

Luego de confirmar que las víctimas ya habían fallecido, peritos acordonaron la escena del crimen y se dio parte a las autoridades ministeriales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de reunir indicios y levantar los cadáveres de las víctimas, quienes hasta el momento no han sido identificados. Reportes de medios locales afirman que las autoridades aún desconocen el móvil de este ataque.


(PROCESO/ LA REDACCIÓN/ 9 JUNIO, 2018)

TORTURAN, EJECUTAN Y EMBOLSAN A CUATRO POLICÍAS EN MICHOACÁN


MORELIA, Mich. (proceso.com.mx).- Cuatro policías auxiliares de La Piedad fueron encontrados muertos y con huellas de tortura en Jujucato, municipio de Salvador Escalante.

De acuerdo con informes de la Subprocuraduría de Uruapan, los cuerpos estaban en el interior de cuatro bolsas negras.

Los cadáveres de los policías auxiliares, no dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tenían huellas de tortura y estaban atados de las manos, informaron mandos policiales.

Además, se reportó un enfrentamiento en la zona del hallazgo por la presencia de autoridades que realizaban un operativo.

ASESINAN A UNA EXPOLICÍA

Una expolicía fue asesinada a balazos frente a su casa luego de discutir con un desconocido En Jacona.

El incidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas en la Privada Niño Artillero de la colonia Nueva España, donde tenía su domicilio Lorena A., de 37 años, quien fungió como policía.

De acuerdo con vecinos, la mujer sostuvo una discusión en la calle con un desconocido, tras lo cual se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Al salir, encontraron a la mujer ensangrentada tirada en el suelo, por lo que dieron aviso a la autoridad correspondiente.

Al lugar se trasladaron paramédicos de Protección Civil y Bomberos municipales, quienes confirmaron la muerte de la mujer.

La víctima presentaba una herida de bala en la frente, otra en el tórax y otro en la mano derecha.

Elementos de la Policía Michoacán se encargaron de resguardar el área y dar aviso a la autoridad ministerial.

Con este nuevo homicidio, suman 66 las mujeres asesinadas en lo que va del año en Michoacán.

(PROCESO/ FRANCISCO CASTELLANOS J./ 9 JUNIO, 2018)

MILLONARIA ESTAFA DE CAMAC A MAESTROS



Fotos: Isabel Mercado

Más de dos mil maestros en retiro han entablado demandas para poder recuperar el pago de la jubilación que ahorraron en la caja magisterial dirigida por Consuelo Dalila Carrillo, quien a su vez los ha contrademandado y cerrado oficinas. Además, desde 2011, la asociación civil realizó una serie de cambios en los estatutos que la rigen y en los convenios con los asociados para restarles derechos, lo que incluye el no poder disponer de su dinero si después de tres años no realizan movimiento alguno

A través de la conformación de una asociación civil que opera como caja de ahorro, un grupo de siete personas, encabezadas por Consuelo Dalila Carrillo Tirado, se niega a devolver los ahorros de más de dos mil maestros jubilados de Baja California, quienes han entablado demandas por fraude contra los integrantes de Camac Magisterial, A.C.

Los docentes en retiro entregaron el pago de su jubilación a Camac, organismo que se promocionó como caja de ahorro, ofreciendo rendimientos de hasta un 20% a quienes quisieran integrarse como socios inversionistas. En promedio, cada uno depositó ahorros por 800 mil pesos.

Aunque su registro data de 2001, con el aval de los representantes de los sindicatos del magisterio y del gobierno de Baja California, Camac generalizó sus operaciones en 2005 como Caja Magisterial de Mexicali A.C., recibiendo el ahorro de los inversionistas y prestando el dinero ingresado a maestros en activo.

El alto interés ofrecido a los inversionistas -desde un 12 hasta un 20%- y el que el sindicato y el propio gobierno del Estado, firmaran convenios con la asociación civil para que pudieran darse los descuentos vía nómina a los acreditados, generó confianza entre los docentes.

Conforme fue creciendo el número de asociados, también incrementaron las irregularidades en la operación de la asociación.

Al principio, los ahorradores eran pocos y el pago del rendimiento se cumplía conforme a lo acordado, pero después de 2011 comenzaron las anomalías. Primero, retrasos en algunos pagos, evasivas para entregar una parte del ahorro que los asociados solicitaban, hasta que de plano, los operadores de Camac dejaron de pagar intereses en 2015, negándose incluso a devolver el dinero a quienes comenzaron a reclamar el reembolso de sus ahorros.

En la estafa denunciada también se involucra a la diputada panista Luz Argelia Paniagua Figueroa, cuyo nombre y firma se encuentra asentado en las actas de registro de la Asociación como socia fundadora, aunque niega tener injerencia en el manejo del organismo.


Dalila Carrillo públicamente también ha negado irregularidades en el manejo del dinero de los maestros en retiro, sin embargo, promueve amparos al mismo tiempo que contrademanda a quienes la han denunciado por fraude.

Al generalizarse los procesos judiciales en su contra, a principios de mayo de 2018 cerró las oficinas de la asociación en Tijuana y Ensenada, continúo funcionando la sucursal de Mexicali, donde atiende con previa cita a quien difícilmente logra contactarla.

CONCEBIDA CON IRREGULARIDADES

Desde la constitución de la asociación, que actualmente lidera Dalila Carrillo, hubo deficiencias, señaló el abogado José Rodolfo Muñoz García, quien representa a cientos de maestros de Ensenada, Tijuana y Mexicali.

Primero, explicó, por ostentarse como caja de ahorro cuando es una Asociación Civil, hecho que le valió la observación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); motivo por el cual, en 2011 tuvo que cambiar su denominación de Caja Magisterial de Mexicali, A.C., a Camac Magisterial, A.C.

En su reglamento y en el convenio de aportación que entrega a los socios inversionistas, Camac se ostenta como un organismo que “se apega a la Ley de Ahorro y Crédito Popular”, manifestando estar en regla con los artículos que exige la Ley.

Pero en otro apartado advierte: “no es una entidad de ahorro de crédito popular, no está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni a la inspección ni vigilancia de ninguna federación”.

Otra contradicción, refirió, es la leyenda asentada en el convenio de aportación de los inversionistas, el cual establece: “en caso de cambios bruscos en la economía nacional que repercuta en los rendimientos de las tasas de interés, esta asociación civil se reserva el derecho de hacer los ajustes necesarios sin previo aviso, a fin de estar acorde con las políticas financieras…”.

Añadió: “dentro de sus estatutos, la Asociación Civil pondera solo dedicarse a prestar directamente a los maestros y recibir vía nómina, el pago mediante descuentos, ¿en qué momento puso el dinero en la Bolsa de Valores del Sistema Financiero Mexicano? ¿Está o no en el Sistema Financiero?”, cuestionó José Rodolfo Muñoz.

DESPOJADOS DE SUS DERECHOS

Otra anomalía fue el establecimiento de estatutos que nunca se cumplieron y después se modificaron sin el consentimiento de los socios, creando una estructura nueva con la intención de despojar de todo derecho a los socios; indicó el abogado José Rodolfo Muñoz, secundado por los asesores legales de ahorradores de Tijuana y Mexicali.

Entre ellos, enumeraron el acceso a la información y el derecho a voz y voto que, a pesar de que solo eran derechos de membrete, pues las decisiones y cambios dentro del organismo, únicamente las tomaban los socios fundadores, con Dalila Carrillo al frente.

A pesar de que en la práctica no se hacían válidos, el estar asentados en el convenio, daba a los inversionistas un derecho legal que les fue retirado sin aviso alguno a partir de 2011, con cambios en los estatutos para negar el derecho a voz y voto y cualquier participación directa e indirecta de los ahorradores. “Con ello restringieron el ejercicio de los derechos de los maestros hacia Camac, para impedirles tener acceso a la información del organismo”, anotó Muñoz García.

QUEDARSE CON LOS AHORROS, EL OBJETIVO

Retirarles a los inversionistas, su derecho a enmarcar el rumbo de sus ahorros, fue el primer paso para un objetivo mayor: despojar a los maestros de sus capitales.

Para ello se les cancelaron los derechos adquiridos al invertir su dinero en Camac, cambiando los estatutos asentados en el convenio de aportación, documento que se otorga a cada inscrito al momento de invertir su dinero en la asociación, el cual es firmado por el aportador y la presidenta del organismo, Consuelo Dalila Carrillo Tirado.

De acuerdo a los estatutos originales, con un mínimo de dos años de haber invertido, los socios tienen derecho a retirar el total de sus reservas sin ser sujetos a ninguna penalización; antes de ese periodo, solo podían retirar hasta un 25% de lo invertido.

Para evitar que los asociados generaran la antigüedad suficiente para poder retirar el total de sus capitales, a partir de 2011, cada año, son obligados a firmar un nuevo convenio, medida que les impide generar una antigüedad mayor al año.

Junto con el ajuste se les entrega un certificado de ahorro, el cual también les es renovado cada año. Para efectuar el proceso de modificación, Camac exige a los socios, entregar los documentos anteriores.

Una cláusula nueva del convenio de aportación establece que Camac contará con un fondo de bienes, el cual se constituirá como un fondo de protección a las finanzas de la Asociación Civil, “mismo que se compone de un porcentaje de los movimientos diarios y del monto de las cuentas inactivas”, de acuerdo al documento señalado.

A partir de los estatutos de la asociación, “las cuentas de aportación que no presenten movimiento durante un periodo de 24 meses, se considerarán cuentas inactivas; por lo que se suspenden los rendimientos de dichas cuentas”.

Es decir, explica José Rodolfo Muñoz, los maestros que depositaron su dinero y no realizaron ningún movimiento durante dos años, dejan de recibir rendimientos de sus ahorros depositados.

Para colmo, esa inversión que no registró movimiento en dichos meses, en un año más, Camac puede transferirla a su fondo de bienes, ya que en las letras chiquitas del convenio se asienta: “por lo que a partir del mes 37 de no haber presentado movimientos, el saldo de esas cuentas afectadas formará parte de las cuentas de reserva de la asociación”.

Es decir, “a los 24 meses les dejan de pagar rendimientos y 12 meses más tarde, los ahorradores son despojados de su dinero por no haber hecho movimiento alguno”, corroboró Muñoz García.

A pesar de que los ahorradores firmaron esas nuevas reglas, tienen derecho a reclamar su inversión, incluso si no cuenta con certificado o fueron despojados del original, ya que “pueden implementar un recurso para acreditar tanto su derecho, como el engaño en la maquinación de Camac”, advirtió el abogado.

TRIANGULACIÓN IRREGULAR

De acuerdo a las transacciones asentadas en el Registro Público de la Propiedad (RPP), Consuelo Dalila Carrillo, a nombre y con recursos de Camac, ha adquirido propiedades de varios millones de pesos, entre las que se encuentran residencias y complejos deportivos, los cuales vende a Addelco, inmobiliaria que paga a Camac con acciones.

Pero las acciones no quedan a nombre de la asociación magisterial, sino al de Consuelo Dalila Carrillo Tirado.

El ejercicio es calificado por los abogados de los ahorradores demandantes como irregular, puesto que “al ser Camac una Asociación Civil, no puede tener propiedades; por lo que conforma Addelco para comprar las propiedades, pero un organismo civil no puede hacer ese tipo de negociaciones con uno mercantil, no es legal”.

Para el abogado José Rodolfo Muñoz, Consuelo Dalila Carrillo dilapidó los recursos de Camac, adquiriendo bienes que puso a su nombre para crear un estado de insolvencia que ahora enfrenta en el organismo civil.

NI EL SINDICATO, NI “KIKO” LOS ESCUCHAN

Ahorradores de Tijuana le enviaron un oficio al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, exponiéndole la situación de Camac, pero no han tenido respuesta. También acudieron ante la procuradora General de Justicia del Estado de Baja California, Perla del Socorro Ibarra Leyva, pero también los ha ignorado.



Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Abogado José Rodolfo Muñoz

“Eso nos dice que las autoridades estatales también están involucradas en este fraude, estamos solos las víctimas de estos trúhanes”, manifestó Isabel Anzaldo, quien junto con su esposo y 23 maestros jubilados de Tijuana, promueven una demanda conjunta en contra de Camac.

Los afectados han pedido apoyo a la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la cual dirige Mario Aispuro, “pero se han negado a proporcionarnos apoyo legal para actuar contra Camac, ‘Ustedes no vinieron a consultarnos para que les aprobáramos ahorrar en Camac’, nos dicen”, compartieron a ZETA.

Entrevistado al respecto, Mario Aispuro sostuvo que el Sindicato pidió al gobierno del Estado, frenar los descuentos vía nómina, “pero no podemos hacer más porque es un acuerdo entre particulares. El sindicato solo puede intervenir legalmente cuando se trata de un problema de tipo laboral”, asentó.

En tanto, el contador Luis Armando Carrasco Moreno, subsecretario de Planeación y Administración del Sistema Educativo Estatal (SEE), sostuvo que los descuentos vía nómina a favor de Camac se encuentran suspendidos completamente a partir de marzo de 2018, luego que se recibió una orden de suspensión del Juzgado Sexto de Distrito.

De los descuentos al salario de los trabajadores, se ha dejado de aportar a Camac, dos millones 250 mil pesos.

“Al ser un acuerdo firmado entre los involucrados -maestros y asociación- solo si ambas partes lo solicitan o por intervención de una orden, como fue el caso, podemos hacerlo”, acotó el funcionario.

Una vez concluido el proceso legal, el dinero “será entregado a quién corresponda, según el resultado del proceso legal”, aclarando Carrasco Moreno, que al promover Camac amparos a través de Consuelo Dalila Carrillo, si gana, el recurso retenido se entregará a la asociación.

SINDICATO SÍ TIENE RESPONSABILIDAD

“El sindicato sí tiene responsabilidad por omisión y los maestros sí siguen teniendo descuentos vía nómina”, señaló el abogado José Rodolfo Muñoz.

Al ser un representante legal, tiene la obligación de velar por los intereses de sus agremiados y esto implica que es responsable porque permitió el acceso a los descuentos vía nómina, sin corroborar la debida constitución de Camac y que estuviera regulada la como caja de ahorro.

“Existe una relación contractual entre el sindicato y Camac, al firmar un convenio como organismo gremial para que se diera un descuento vía nómina, contratos que el sindicato se ha negado a informar, a pesar de que les fueron solicitados vía transparencia; opacidad que también representa una irregularidad.


(SEMANARIO ZETA/ EZENARIO  ISABEL MERCADO/ LUNES, 4 JUNIO, 2018 01:00 PM)

HAY GOBERNANTES CRIMINALES, DIJO PURÓN ANTES DE SU ASESINATO; EL PRI-COAHUILA SUSPENDE CAMPAÑAS



Poco antes de las 22:00 horas de ayer, Fernando Purón, candidato del PRI a diputado federal por el Distrito 1, fue asesinado de un tiro en la cabeza tras participar en un debate en el Auditorio de la Facultad de Contaduría de la UAdeC en la ciudad, a menos de una cuadra de la Delegación de la PGR y la Presidencia Municipal.
Durante el debate, el moderador preguntó a los aspirantes sus propuestas para mejorar la seguridad pública en la zona norte del Estado y Purón recordó que, en su administración como Alcalde de Piedras Negras, combatió a la delincuencia organizada y colocó al municipio como uno de los más seguros del país.
“A la delincuencia se le enfrenta, no se le tiene miedo, se le llama por su nombre”, dijo durante una de sus intervenciones. “Desafortunadamente no todos los gobernantes cumplen con su tarea en materia de seguridad, algunos están hasta coludidos con la delincuencia. No vayamos muy lejos, nuestros vecinos del sur: Tamaulipas”.

Ciudad de México. 9 de junio (SinEmbargo).– Luego de que Fernando Purón, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Diputado federal, fuera asesinado de un tiro en la cabeza tras participar en un debate en el Auditorio de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en Piedras Negras, el partido tricolor pidió a sus candidatos de la entidad que suspendieran las actividades de campaña.

A través de un comunicado, el Comité Directivo Estatal del PRI, dirigido por Rodrigo Fuentes Ávila, exhortó a sus partidarios, que compiten por un cargo en Coahuila, a que suspender actividades hasta nuevo aviso.

“El PRI de Coahuila está de luto […] es momento de mostrar unidad y fortaleza, pero sobre todo de guardar calma y extremar precauciones. Hasta nuevo aviso, les pido suspender su campaña y priorizar su seguridad personal y la de su equipo de colaboradores”, expuso Rodrigo Fuentes, líder del tricolor en el Estado.

Igualmente, partidos, candidatos y hasta rivales de Purón lamentaron el crimen y exigieron el esclarecimiento del caso.

RodRigo FuentesÁvila
@rigofuentes
 El @PRICoahuila condena el cobarde asesinato de nuestro compañero y amigo, Fernando Purón Johnston, candidato a Diputado Federal en el distrito 01.
Exhortamos a las autoridades a castigar a los responsables.
Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y colaboradores.
21:15 - 8 jun. 2018

PRI COAHUILA
@PRICoahuila
 COMUNICADO

El Partido Revolucionario Institucional en Coahuila repudia el  atentado que sufrió esta noche en Piedras Negras, Fernando Purón Johnston,  su candidato a diputado federal y se solidariza con... https://www.facebook.com/PRICoahuilaoficial/posts/2058912404368723 …
0:31 - 9 jun. 2018

LOS HECHOS

Poco antes de las 22:00 horas del viernes 8 de junio, Fernando Purón, candidato del PRI a Diputado federal por el Distrito 1 de Coahuila, fue asesinado de un tiro en la cabeza tras participar en un debate en el Auditorio de la Facultad de Contaduría de la UAdeC en Piedras Negras, a menos de una cuadra de la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Presidencia Municipal.

Un video, publicado en el portal de VANGUARDIA, captó el momento en que el ex Alcalde fue atacado por un hombre con gorra y barba, que previamente lo acechó a escasos metros justo en la entrada de las instalaciones de la universidad.

En el sitio se encontraba su esposa, Cynthia Villarreal, y parte de su equipo de campaña. Testigos afirmaron que, ante la demora de una ambulancia, policías lo trasladaron a bordo de una patrulla a un hospital privado. Sin embargo, habría muerto en el trayecto. Oficialmente, se dijo, falleció a las 21:57 horas.

Por la dimensión del hecho, el Gobernador Miguel Riquelme se trasladó hasta el nosocomio donde yacía el cuerpo de Purón. Allí, improvisó una rueda de prensa donde no descartó que el crimen organizado esté detrás del atentado.

“Fernando Purón fue un Alcalde que combatió la inseguridad […] el crimen organizado siempre está al acecho para querer seguir trabajando y delinquiendo en Coahuila. No lo vamos a permitir, eso es un hecho, vamos a trabajar de manera coordinada con el Ejército y las fuerzas federales”, enfatizó el mandatario.

Sobre la investigación, apuntó que “lo único que se sabe del atentado es que, al huir (el asesino), alguien lo quiso perseguir e hizo una detonación más, no tenemos conocimiento de otra persona herida”, descartando así una versión que trascendió sobre que el autor habría sido detenido.

Militares y elementos de Fuerza Coahuila montaron un fuerte operativo en la ciudad; habitantes de Piedras Negras reportaron una intensa movilización en diversos puntos. Hasta anoche, al menos 20 personas habrían declarado ante el Ministerio Público.

EL DEBATE

“A la delincuencia se le enfrenta, no se le tiene miedo, se le llama por su nombre”, dijo Fernando Purón Johnston un poco más de una hora antes de ser ejecutado por un hombre armado cuando salía del debate que sostuvo como candidato a diputado federal por el distrito 1.

Durante el debate, el moderador preguntó a los aspirantes sus propuestas para mejorar la seguridad pública en la zona norte del estado y Purón recordó que, en su administración como alcalde de Piedras Negras, combatió a la delincuencia organizada y colocó al municipio como uno de los más seguros del país.

“Para erradicar a la delincuencia hay que ponerle obstáculos. Que vean complicado ganar dinero. Hay que combatirlos con recursos superiores a los de ellos con estrategia, inteligencia, coordinación, con policías confiables, certificados, evaluados, con corporaciones bien remuneradas para que no las infiltre el narco. Eso fue lo que hice como Alcalde, por eso devolvimos la seguridad a Piedras Negras”, dijo.

Agregó que, al inicio de su administración, Piedras Negras era una de las ciudades fronterizas con mayor inseguridad y al final de su mandato, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la ubicó como la frontera más segura. Recalcó que en Piedras Negras se vive la paz.

“A la delincuencia se le enfrenta, no se le tiene miedo, se le llama por su nombre”, dijo durante una de sus intervenciones, “Desafortunadamente no todos los gobernantes cumplen con su tarea en materia de seguridad, algunos están hasta coludidos con la delincuencia. No vayamos muy lejos, nuestros vecinos del sur, Tamaulipas”.

“Tenemos que seguir invirtiendo en la seguridad del norte del estado”, comentó. “La seguridad no tiene colores ni partidos políticos, es el tema mas importante para mí en lo personal en Piedras Negras, lo fue cuando fui Presidente Municipal y lo seguirá siendo cuando sea Diputado”, concluyó sobre el tema.



La policía copó anoche los alrededores del Auditorio de la Facultad de Contaduría de la UAdeC. Foto: Vanguardia



El candidato a Diputado federal por el PRI, Fernando Purón, falleció a las falleció a las 21:57 horas de ayer, tras recibir un tiro en la cabeza. Foto: Vanguardia

¿QUIÉN ERA FERNANDO PURÓN?

De abuelos españoles, Fernando Purón Johnston nació en el municipio de Piedras Negras en 1975 como el menor de los cuatro hijos de sus padres Luis Alfonso Purón Gutiérrez y María Johnston de los Santos. Apenas en febrero pasado había contraído matrimonio con Cynthia Villarreal y un mes después nació su hija María Constanza.

Desde temprana edad, Purón se involucró en las tareas de trabajo de su padre y de su tío José Ramón, como señala una reseña publicada en una plataforma electoral. A los 16 años falleció su padre, lo que marcó un parteaguas en su vida, pues tuvo que ayudar a la economía de su familia.

Tras ocupar diversos cargos en la Cámara de Comercio de Piedras Negras, a los 25 años de edad, Purón se inició en el servicio público como Director de Imagen Urbana, cargo en el que estaba cuando ocurrió la inundación de la colonia Villa de Fuente en el 2004.



Fernando Purón Johnston, candidato del PRI a Diputado federal, en actividades de campaña en Piedras Negras. Ayer por la noche fue asesinado en esa ciudad coahuilense. Foto: Facebook, Fernando Purón

Posteriormente, en la administración de Jesús Mario Flores, Purón ocupó la Dirección de la Plaza de las Culturas durante todo el periodo de cuatro años y en el siguiente periodo pasó a la Dirección de Obras Públicas.

Fue Presidente Municipal del municipio de Piedras Negras en el periodo 2014-2017 y, un mes antes de concluir con su mandato, pidió licencia para postularse como candidato a la diputación federal por el distrito I de Coahuila. Además, formó parte del equipo de transición del actual Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, en el área de seguridad.

“Fernando Purón Johnston, es un joven entregado y apasionado de su trabajo. Una persona que encuentra en las labores del día a día su alegría, satisfacción y vocación es por eso, que él considera el servicio público, no como una forma de vida sino como su forma de vida”, señala la reseña de Purón.

En el plano personal, en febrero pasado contrajo matrimonio con Cynthia Villarreal, ex funcionaria del municipio de Piedras Negras y un mes después, el 23 de marzo, nació su hija: María Constanza.

–Con información de Vanguardia

(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / JUNIO 09, 2018, 10:00AM)

EL CUERPO CALCINADO HALLADO EN PARAJE DE TEPOZTLÁN, MORELOS, PERTENECE A LESLEY, ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA



Lesley Ayleen Alamilla Sosa estudiaba Odontología en Cuernavaca; salió de clases el miércoles y se dirigió a casa de su mamá, pero no arribó nunca. Autoridades localizaron su cuerpo calcinado en un paraje de Tepoztlán, Morelos.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El cuerpo hallado calcinado en un paraje de Tepoztlán, Morelos, pertenece a Lesley Ayleen Alamilla Sosa, estudiante de Odontología.

De acuerdo con información de medios nacionales, Lesley, de 20 años, salió el miércoles 6 de junio de la Universidad Latinoamericana, en Cuernavaca; se dirigió a casa de su madre y desapareció en el trayecto.

El mismo miércoles, familiares alertaron a las autoridades de Morelos sobre la ausencia de Alamilla, quien fue descrita como una joven de tez blanca y de 48 kilos de peso.

El cadáver de la joven fue hallado en la comunidad de San Juan Tlacotenanco, en Tepoztlán, Morelos.

Vecinos de la zona realizaron el hallazgo y dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al paraje “La Cañada del Mirador”, del citado municipio morelense.

El cuerpo presentaba quemaduras y tenía una bolsa en la cabeza.

Al sitio también se transportó personal del Servicio Médico Forense para realizar el levantamiento del cuerpo.

JENIFFER RESÉNDIZ

El 1 de junio, SinEmbargo reportó que Jeniffer Reséndiz Quintanar, de 20 años, salió de su domicilio en la colonia Ciudad Alegre, en Chimalhuacán; se dirigió al mercado, pero no volvió. Su cuerpo fue hallado en un barranco.

La desaparición de Quintanar ocurrió el martes 29. Dos días después, el jueves 31, la prensa informó sobre el hallazgo del cadáver de una mujer en la ex mina Barrera Tepenepantla, en la colonia Copalera, en el municipio mexiquense.

La víctima, que presentó signos de violencia extrema, era Jeniffer. La golpearon, la asfixiaron y usaron cable para amarrarla de pies y manos.

Entre rocas y desperdicios, el [o los] agresor cubrió el cuerpo desnudo con una bolsa negra y lo abandonó, de acuerdo con lo que se aprecia en una fotografía de la escena del crimen.

La estudiante de preparatoria fue velada y enterrada frente a su familia y por sus compañeros de clase.

A nivel nacional, de acuerdo con el Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas, iban 269 casos de feminicidio los primeros cuatro meses del 2018.

En 71 de los casos, el agresor utilizó un arma de fuego; en 57, un arma blanca; en 135 se usó otro elemento, y en 6 no se especifica.

(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / 09 DE JUNIO 2018)

VIUDAS DE MASACRE EN EL CHARCO, GRO, ACUSAN A ONG POR PEDIRLES DINERO PARA LLEVAR CASO A LA CIDH



Las actividades estuvieron marcadas por la división que comenzó el año pasado entre las viudas y sobrevivientes, a raíz de que el Gobierno federal ofreció proyectos productivos. El ofrecimiento de los gobiernos federal y estatal fue a condición que desistieran de su demanda de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), petición que aceptaron y sólo mantienen la demanda los sobrevivientes Efrén Cortés Chávez y Ericka Zamora.
En contra parte, el pasado 8 de junio un grupo de viudas que encabeza Eustolia Castro Ramírez, denunciaron en conferencia de prensa que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la CIDH la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.

Guerrero/Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– En el 20 aniversario de la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, Guerrero, dirigentes de organizaciones sociales exigieron el esclarecimiento total del caso, justicia para las víctimas y castigo a los militares que ejecutaron ese asesinato masivo.

Las actividades estuvieron marcadas por la división que comenzó el año pasado entre las viudas y sobrevivientes, a raíz de que el Gobierno federal ofreció proyectos productivos, mientras que el Gobierno estatal llamó a una reunión con el secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Javier Rojas Benito, a un grupo de las viudas y sobrevivientes encabezados por Eustolia Castro Ramírez, a quienes ofreció el acompañamiento de la dependencia a su cargo “para asesorarías en sus gestiones y planteamientos ante las instituciones gubernamentales”.

El ofrecimiento de los gobiernos federal y estatal fue a condición que desistieran de su demanda de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), petición que aceptaron y sólo mantienen la demanda los sobrevivientes Efrén Cortés Chávez y Ericka Zamora.

Ante esta división, por primera vez no estuvieron las viudas, quienes encabezadas por Castro Ramírez ofrecieron una conferencia de prensa en Chilpancingo este jueves, e informaron que desistieron de su exigencia de justicia y reparación del daño, “porque algunas organizaciones sociales y de derechos humanos han lucrado con el caso”.

Castro Ramírez a nombre de 10 viudas denunció concretamente que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad exigió el pago de 250 mil pesos para seguir impulsando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.

Mientras tanto en El Charco, unas 300 personas, integrantes de distintas organizaciones, marcharon y participaron en el mitin frente a la escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez, donde el 7 de junio de 1998 ocurrió la masacre.

Los dirigentes de las organizaciones que asistieron coincidieron en hacer un llamado a la unidad de las víctimas y de los pueblos de la zona para seguir exigiendo justicia, “porque a 20 años de la masacre prevalece la impunidad”, dijo Nicolás Chávez Adame.

LA MASACRE

Hace 20 años en El Charco, soldados del Ejército masacraron a 10 campesinos y a un estudiante universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además hubo cinco heridos y 22 detenidos.

La marcha comenzó a las 12:05 en el crucero Ocote Amarillo.

Los asistentes coreaban consignas como: “7 de junio no se olvida, es de lucha combativa”, “28 de junio no se olvida, 26 de septiembre no se olvida”, “Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta” y “Gobierno ojete el pueblo no es juguete”.

En este aniversario por primera vez no participaron en la marcha integrantes de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), como en años anteriores pero montaron una guardia de vigilancia en la entrada del pueblo, según informaron los asistentes.

Otra de las novedades fue la asistencia del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.

Como parte de las actividades, el 6 de junio partió una caravana de la Ciudad de México en la que participaron la Red Década Contra la Impunidad, así como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem-Fedefam), Fray Julián Cruzalta fundador y asesor Teológico de Católicas por el Derecho a Decidir, y fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

Se integraron, además, los pastores y defensores de derechos humanos Arturo Carrasco y Hugo Gallardo.

En Chilpancingo agrupaciones que pertenecen a la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero se integraron.

El 7 de junio unas 300 integrantes de esas agrupaciones y otras como la Corriente Democrática Popular, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), integrantes del Frente de Lucha de Acapulco, Frente Popular de Tlapa, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), universitarios de la UNAM participaron en la marcha de cada año, y al final participaron en el mitin en la cancha techada de la escuela donde fue la masacre.

La exigencia de quienes asistieron para recordar la masacre fue la misma: justicia y castigo a los responsables.

Fray Julián Cruzalta expresó: “Vamos a pedir justicia porque a 20 años de la matanza de El Charco es lo que no ha habido, justicia para esta matanza, las autoridades dicen que no hay muertos ni torturados, pero quienes vivieron la matanza saben que el Gobierno miente, las matanzas de El Charco, Aguas Blancas y Ayotzinapa son matanzas que duelen porque son ignoradas por las autoridades”.

Dijo que Guerrero es un estado muy lastimado por estas matanzas, “no les voy a hablar de la violencia porque ustedes diariamente la viven, vamos a repetir tres veces hasta que la justicia y la paz se den”.

Por su parte, el presidente de la Coddehum Navarrete Magdaleno, dijo en su intervención que “es muy lamentable que estemos aquí conmemorando 20 años de la matanza del Charco, estos actos vergonzosos no se deben de volver a repetir. Quiero decirles que los Derechos Humanos están de su lado, que estamos caminando de la mano con ustedes”, manifestó.

La dirigente de la OCSS, Norma Mesino, dijo que a 20 años de la masacre sigue la impunidad y que la lucha debe mantenerse para que el Ejército sea investigado y castigado por delitos de lesa humanidad que se cometieron en ésta masacre.

A su vez, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, dijo que la exigencia de justicia debe seguir ahora ante la CIDH, porque en México no hubo voluntad para investigar y castigar a los responsables, “hay una responsabilidad jurídica que debe revisar ese organismo internacional para que se dé respuesta a la exigencia del justicia”, dijo.

Consultado vía telefónica, informó que los oradores coincidieron además, que se debe articular la lucha social para exigir no solamente el esclarecimiento del caso de El Charco, sino el de Aguas Blancas, a donde las organizaciones que asistieron al aniversario de El Charco acordaron ir también el 28 de junio a Aguas Blancas.

Un representante de los pueblos Na Savi habló de la necesidad de mantener la unidad para exigir justicia, “necesitamos unirnos, hacer una sola fuerza. No podemos exigir justicia unos allá y otros acá como pollitos sin mamá, debemos unirnos como pueblos”, expresó.

Añadió que la exigencia no solamente debe ser de justicia por la masacre, sino para que haya desarrollo en estos pueblos “marginados, abandonados, no hemos recibido nada”, se quejó.
Llamó a que no haya cansancio para seguir reclamando justicia, “pero unidos y organizados, porque si empezamos como pueblos a discutir y a pelear, no nos van a hacer caso”.

RESPUESTA DE ERIKA ZAMORA

En respuesta al grupo de viudas que encabeza Eustolia Castro Ramírez, quienes en conferencia de prensa denunciaron que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la CIDH la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño, Zamora Pardo publicó en su muro del Facebook que fue un acuerdo del Comité de viudas y de sobrevivientes “que todos cooperáramos para continuar el caso”.

Explicó que hubo una reunión con el equipo de trabajo de la CIDH en Washington con las víctimas, y que el acuerdo fue que asistiría una viuda (Eustolia) y 2 representantes de la Red Solidaria, pero que se necesitaban recursos para su traslado por lo que fueron cooperando “de poco en poco” y que a lo largo de dos años aportamos 230 mil pesos “que se fueron utilizando de acuerdo a las necesidades del caso”.

Sin embargo, dijo que a partir del año pasado, la representante del Comité de Viudas decidió ya no participar en la organización de la conmemoración, aunque sí asistió al acto.

A su vez agregó que en febrero de este año, manifestó ante organizaciones de Estados Unidos, su decisión de no hacer nada el 7 de junio y no continuar el caso ante la CIDH porque preferían exigir la indemnización ante el Gobierno del estado.

“Entendemos la decisión de las compañeras de desistirse de la denuncia internacional, realmente deseamos que el gobierno les cumpla sus demandas, han sido 20 años de un largo peregrinar por la búsqueda de la justicia, que ni todo el dinero del mundo logrará pagar el sufrimiento”, dijo.

Y luego advirtió que quienes han decidido continuar con la demanda ante la CIDH a través de Red Solidaria Década Contra la Impunidad, “no desistiremos hasta lograr justicia. Y ningún Gobierno, municipal, estatal o federal puede señalarnos de haber recibido un sólo peso a costa de la masacre de El Charco”.


Foto: ElSur

YA NO PEDIRÁN JUSTICA

Después de 20 años de la masacre de El Charco, Ayutla de los Libres, las viudas informaron que se acabó su exigencia de justicia y reparación del daño, porque algunas organizaciones sociales y de derechos humanos han lucrado con el caso.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, Eustolia Castro Ramírez a nombre de 10 viudas denunció que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.

La mujer me’ phaa leyó un posicionamiento en el que reclamó que la muerte de sus esposos no ha sido aclarada “por actos del Ejército, mucho se ha dicho y escrito sobre eso, nosotras no estábamos ahí, no podemos atestiguar, pero los sobrevivientes sí estuvieron presentes en los hechos en ese instante”.

Agregó que durante 20 años “hemos sido traídas y llevadas por dirigentes de organizaciones sociales y líderes que sospechamos han lucrado con nuestro dolor, en esos años en las que varias de nosotras éramos adolescente sólo hemos recibido una canasta de despensa y cobijas por las autoridades municipales.

En 1998 les dieron 10 mil pesos por el Gobernador René Juárez Cisneros, pero a algunos sobrevivientes no les tocó nada.

“Nuestra soledad y necesidad económica como viudas y sobrevivientes por nuestros hijos nos hizo esperanzarnos en organizaciones internacionales, que han sido sordas y ciegas a nuestro sufrimiento. Motivo por el cual decidimos acudir ante la SAICA (Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas) para que pudiéramos ser atendidos”.

“Por lo anterior hemos consensado cerrar este capítulo de nuestra vida, y para lograrlo venimos a solicitar al Gobernador del estado –Héctor Astudillo Flores– nos reciba en una audiencia y seguras estamos de que con su apoyo y guía por fin hallaremos una salida hacia la luz de nosotras y nuestros hijos”.

Abundó que solicitarán al Gobierno del estado proyectos productivos para trabajar el campo, pero insistió en que el caso se tiene que cerrar porque algunas organizaciones sociales han utilizado el tema para sacar provecho, “ninguna de las organizaciones sociales, ya no hablen de este caso”.

Dijo que la desesperación que les causaba la deuda de 250 mil pesos que le reclama la Red Solidaria Década Contra la Impunidad las obligó a dejar de pedir justicia ante la Comisión Interamericana.

Dijo que los representantes de la organización les solicitaron 39 mil 400 pesos para tramitar unos proyectos productivos a nivel federal, pero no cumplieron.

También solicitaron ser libres y dejar de estar “fichadas” por las autoridades, además de que el diálogo con el Gobierno del estado será en paz, y negaron cualquier presión para dar la conferencia.

Castro Ramírez reclamó que los sobrevivientes Efrén Cortés Chávez y Ericka Zamora Pardo, no les han informado si ellos continuarán luchando para exigir justicia, una decisión que respetan.

Una hija de un sobreviviente, Delfina Trinidad Oliva coincidió en la postura de las viudas, aunque reconoció que el daño no será reparado, “queremos que se cierre el caso y que se cierre bien, porque algunos sobrevivientes no han recibido apoyos”.

Un sobreviviente que fue apresado un año y medio, Anastasio Ramírez Simona demandó al Gobernador un buen apoyo a las mujeres y a todos los detenidos, porque no han recibido nada.

El sobreviviente y ex policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Bernardino García Francisco solicitó que el caso se cierre de una vez por todas, porque muchos se aprovechan y a los verdaderos afectados no se les apoya.

El 7 de junio de 1998 el Ejército disparó y mató a 10 campesinos y un estudiante universitario, además dejó cinco heridos y 22 detenidos, según lo que han narrado los sobrevivientes del ataque.

(SIN EMBARGO/ CON INFORMACIÓN DE EL SUR/ REDACCIÓN / 09 DE JUNIO 2018)