Las actividades estuvieron marcadas por
la división que comenzó el año pasado entre las viudas y sobrevivientes, a raíz
de que el Gobierno federal ofreció proyectos productivos. El ofrecimiento de
los gobiernos federal y estatal fue a condición que desistieran de su demanda
de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
petición que aceptaron y sólo mantienen la demanda los sobrevivientes Efrén
Cortés Chávez y Ericka Zamora.
En contra parte, el pasado 8 de junio un
grupo de viudas que encabeza Eustolia Castro Ramírez, denunciaron en
conferencia de prensa que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les
exigió el pago de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la CIDH la
acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.
Guerrero/Ciudad de México, 9
de junio (SinEmbargo).– En el 20 aniversario de la masacre de El Charco, en el
municipio de Ayutla, Guerrero, dirigentes de organizaciones sociales exigieron
el esclarecimiento total del caso, justicia para las víctimas y castigo a los
militares que ejecutaron ese asesinato masivo.
Las actividades estuvieron
marcadas por la división que comenzó el año pasado entre las viudas y
sobrevivientes, a raíz de que el Gobierno federal ofreció proyectos
productivos, mientras que el Gobierno estatal llamó a una reunión con el
secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Javier Rojas
Benito, a un grupo de las viudas y sobrevivientes encabezados por Eustolia
Castro Ramírez, a quienes ofreció el acompañamiento de la dependencia a su
cargo “para asesorarías en sus gestiones y planteamientos ante las
instituciones gubernamentales”.
El ofrecimiento de los
gobiernos federal y estatal fue a condición que desistieran de su demanda de
justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), petición
que aceptaron y sólo mantienen la demanda los sobrevivientes Efrén Cortés
Chávez y Ericka Zamora.
Ante esta división, por
primera vez no estuvieron las viudas, quienes encabezadas por Castro Ramírez
ofrecieron una conferencia de prensa en Chilpancingo este jueves, e informaron
que desistieron de su exigencia de justicia y reparación del daño, “porque
algunas organizaciones sociales y de derechos humanos han lucrado con el caso”.
Castro Ramírez a nombre de 10
viudas denunció concretamente que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad
exigió el pago de 250 mil pesos para seguir impulsando ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la acusación contra el Estado para
obtener justicia y reparación del daño.
Mientras tanto en El Charco,
unas 300 personas, integrantes de distintas organizaciones, marcharon y
participaron en el mitin frente a la escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez,
donde el 7 de junio de 1998 ocurrió la masacre.
Los dirigentes de las
organizaciones que asistieron coincidieron en hacer un llamado a la unidad de
las víctimas y de los pueblos de la zona para seguir exigiendo justicia,
“porque a 20 años de la masacre prevalece la impunidad”, dijo Nicolás Chávez
Adame.
LA MASACRE
Hace 20 años en El Charco,
soldados del Ejército masacraron a 10 campesinos y a un estudiante
universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además hubo
cinco heridos y 22 detenidos.
La marcha comenzó a las 12:05 en el
crucero Ocote Amarillo.
Los asistentes coreaban
consignas como: “7 de junio no se olvida, es de lucha combativa”, “28 de junio
no se olvida, 26 de septiembre no se olvida”, “Esta marcha no es de fiesta, es
de lucha y de protesta” y “Gobierno ojete el pueblo no es juguete”.
En este aniversario por
primera vez no participaron en la marcha integrantes de la Policía Comunitaria
de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), como en años
anteriores pero montaron una guardia de vigilancia en la entrada del pueblo,
según informaron los asistentes.
Otra de las novedades fue la
asistencia del presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos
Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno.
Como parte de las
actividades, el 6 de junio partió una caravana de la Ciudad de México en la que
participaron la Red Década Contra la Impunidad, así como la Liga Mexicana por
la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), la Asociación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en
México (Afadem-Fedefam), Fray Julián Cruzalta fundador y asesor Teológico de
Católicas por el Derecho a Decidir, y fundador del Centro de Derechos Humanos
Fray Francisco de Vitoria, y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos
de Morelos.
Se integraron, además, los pastores y
defensores de derechos humanos Arturo Carrasco y Hugo Gallardo.
En Chilpancingo agrupaciones
que pertenecen a la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles,
Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero se integraron.
El 7 de junio unas 300
integrantes de esas agrupaciones y otras como la Corriente Democrática Popular,
maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero
(CETEG), integrantes del Frente de Lucha de Acapulco, Frente Popular de Tlapa,
la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), universitarios de la UNAM
participaron en la marcha de cada año, y al final participaron en el mitin en
la cancha techada de la escuela donde fue la masacre.
La exigencia de quienes
asistieron para recordar la masacre fue la misma: justicia y castigo a los
responsables.
Fray Julián Cruzalta expresó:
“Vamos a pedir justicia porque a 20 años de la matanza de El Charco es lo que
no ha habido, justicia para esta matanza, las autoridades dicen que no hay
muertos ni torturados, pero quienes vivieron la matanza saben que el Gobierno
miente, las matanzas de El Charco, Aguas Blancas y Ayotzinapa son matanzas que
duelen porque son ignoradas por las autoridades”.
Dijo que Guerrero es un
estado muy lastimado por estas matanzas, “no les voy a hablar de la violencia
porque ustedes diariamente la viven, vamos a repetir tres veces hasta que la
justicia y la paz se den”.
Por su parte, el presidente
de la Coddehum Navarrete Magdaleno, dijo en su intervención que “es muy
lamentable que estemos aquí conmemorando 20 años de la matanza del Charco,
estos actos vergonzosos no se deben de volver a repetir. Quiero decirles que
los Derechos Humanos están de su lado, que estamos caminando de la mano con
ustedes”, manifestó.
La dirigente de la OCSS,
Norma Mesino, dijo que a 20 años de la masacre sigue la impunidad y que la
lucha debe mantenerse para que el Ejército sea investigado y castigado por
delitos de lesa humanidad que se cometieron en ésta masacre.
A su vez, el dirigente de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, dijo
que la exigencia de justicia debe seguir ahora ante la CIDH, porque en México
no hubo voluntad para investigar y castigar a los responsables, “hay una
responsabilidad jurídica que debe revisar ese organismo internacional para que
se dé respuesta a la exigencia del justicia”, dijo.
Consultado vía telefónica,
informó que los oradores coincidieron además, que se debe articular la lucha
social para exigir no solamente el esclarecimiento del caso de El Charco, sino
el de Aguas Blancas, a donde las organizaciones que asistieron al aniversario
de El Charco acordaron ir también el 28 de junio a Aguas Blancas.
Un representante de los
pueblos Na Savi habló de la necesidad de mantener la unidad para exigir
justicia, “necesitamos unirnos, hacer una sola fuerza. No podemos exigir
justicia unos allá y otros acá como pollitos sin mamá, debemos unirnos como
pueblos”, expresó.
Añadió que la exigencia no
solamente debe ser de justicia por la masacre, sino para que haya desarrollo en
estos pueblos “marginados, abandonados, no hemos recibido nada”, se quejó.
Llamó a que no haya cansancio
para seguir reclamando justicia, “pero unidos y organizados, porque si empezamos
como pueblos a discutir y a pelear, no nos van a hacer caso”.
RESPUESTA DE ERIKA ZAMORA
En respuesta al grupo de
viudas que encabeza Eustolia Castro Ramírez, quienes en conferencia de prensa
denunciaron que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago
de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la CIDH la acusación contra el
Estado para obtener justicia y reparación del daño, Zamora Pardo publicó en su
muro del Facebook que fue un acuerdo del Comité de viudas y de sobrevivientes
“que todos cooperáramos para continuar el caso”.
Explicó que hubo una reunión
con el equipo de trabajo de la CIDH en Washington con las víctimas, y que el
acuerdo fue que asistiría una viuda (Eustolia) y 2 representantes de la Red
Solidaria, pero que se necesitaban recursos para su traslado por lo que fueron
cooperando “de poco en poco” y que a lo largo de dos años aportamos 230 mil
pesos “que se fueron utilizando de acuerdo a las necesidades del caso”.
Sin embargo, dijo que a
partir del año pasado, la representante del Comité de Viudas decidió ya no
participar en la organización de la conmemoración, aunque sí asistió al acto.
A su vez agregó que en
febrero de este año, manifestó ante organizaciones de Estados Unidos, su
decisión de no hacer nada el 7 de junio y no continuar el caso ante la CIDH
porque preferían exigir la indemnización ante el Gobierno del estado.
“Entendemos la decisión de
las compañeras de desistirse de la denuncia internacional, realmente deseamos
que el gobierno les cumpla sus demandas, han sido 20 años de un largo
peregrinar por la búsqueda de la justicia, que ni todo el dinero del mundo
logrará pagar el sufrimiento”, dijo.
Y luego advirtió que quienes
han decidido continuar con la demanda ante la CIDH a través de Red Solidaria
Década Contra la Impunidad, “no desistiremos hasta lograr justicia. Y ningún
Gobierno, municipal, estatal o federal puede señalarnos de haber recibido un
sólo peso a costa de la masacre de El Charco”.
Foto: ElSur
YA NO PEDIRÁN JUSTICA
Después de 20 años de la
masacre de El Charco, Ayutla de los Libres, las viudas informaron que se acabó
su exigencia de justicia y reparación del daño, porque algunas organizaciones
sociales y de derechos humanos han lucrado con el caso.
En conferencia de prensa en
Chilpancingo, Eustolia Castro Ramírez a nombre de 10 viudas denunció que la Red
Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago de 250 mil pesos, para
seguir impulsando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la
acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.
La mujer me’ phaa leyó un
posicionamiento en el que reclamó que la muerte de sus esposos no ha sido
aclarada “por actos del Ejército, mucho se ha dicho y escrito sobre eso,
nosotras no estábamos ahí, no podemos atestiguar, pero los sobrevivientes sí
estuvieron presentes en los hechos en ese instante”.
Agregó que durante 20 años
“hemos sido traídas y llevadas por dirigentes de organizaciones sociales y
líderes que sospechamos han lucrado con nuestro dolor, en esos años en las que
varias de nosotras éramos adolescente sólo hemos recibido una canasta de despensa
y cobijas por las autoridades municipales.
En 1998 les dieron 10 mil
pesos por el Gobernador René Juárez Cisneros, pero a algunos sobrevivientes no
les tocó nada.
“Nuestra soledad y necesidad
económica como viudas y sobrevivientes por nuestros hijos nos hizo
esperanzarnos en organizaciones internacionales, que han sido sordas y ciegas a
nuestro sufrimiento. Motivo por el cual decidimos acudir ante la SAICA (Secretaría
de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas) para que pudiéramos ser
atendidos”.
“Por lo anterior hemos
consensado cerrar este capítulo de nuestra vida, y para lograrlo venimos a
solicitar al Gobernador del estado –Héctor Astudillo Flores– nos reciba en una
audiencia y seguras estamos de que con su apoyo y guía por fin hallaremos una
salida hacia la luz de nosotras y nuestros hijos”.
Abundó que solicitarán al
Gobierno del estado proyectos productivos para trabajar el campo, pero insistió
en que el caso se tiene que cerrar porque algunas organizaciones sociales han
utilizado el tema para sacar provecho, “ninguna de las organizaciones sociales,
ya no hablen de este caso”.
Dijo que la desesperación que
les causaba la deuda de 250 mil pesos que le reclama la Red Solidaria Década
Contra la Impunidad las obligó a dejar de pedir justicia ante la Comisión
Interamericana.
Dijo que los representantes
de la organización les solicitaron 39 mil 400 pesos para tramitar unos
proyectos productivos a nivel federal, pero no cumplieron.
También solicitaron ser
libres y dejar de estar “fichadas” por las autoridades, además de que el
diálogo con el Gobierno del estado será en paz, y negaron cualquier presión
para dar la conferencia.
Castro Ramírez reclamó que
los sobrevivientes Efrén Cortés Chávez y Ericka Zamora Pardo, no les han
informado si ellos continuarán luchando para exigir justicia, una decisión que
respetan.
Una hija de un sobreviviente,
Delfina Trinidad Oliva coincidió en la postura de las viudas, aunque reconoció
que el daño no será reparado, “queremos que se cierre el caso y que se cierre
bien, porque algunos sobrevivientes no han recibido apoyos”.
Un sobreviviente que fue
apresado un año y medio, Anastasio Ramírez Simona demandó al Gobernador un buen
apoyo a las mujeres y a todos los detenidos, porque no han recibido nada.
El sobreviviente y ex policía
comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)
Bernardino García Francisco solicitó que el caso se cierre de una vez por
todas, porque muchos se aprovechan y a los verdaderos afectados no se les
apoya.
El 7 de junio de 1998 el
Ejército disparó y mató a 10 campesinos y un estudiante universitario, además
dejó cinco heridos y 22 detenidos, según lo que han narrado los sobrevivientes
del ataque.
(SIN EMBARGO/ CON INFORMACIÓN DE EL SUR/ REDACCIÓN /
09 DE JUNIO 2018)
No hay comentarios:
Publicar un comentario