jueves, 29 de agosto de 2013

LLORA EL PESCADERO BCS A SUS MUERTOS

2 - 1 pescadero tragedia familia murio
  • Son de una familia muy conocida
El Pescadero, B.C.S.- Conmocionada se encuentra la comunidad de El Pescadero, luego de que se descubrió que tres miembros de una familia habían fallecido intoxicados al parecer a causa de la inhalación de monóxido de carbono (humo), durante la contingencia generada por la tormenta tropical JULIETTE.
 
De acuerdo a más datos proporcionados por REPORTEROS SIN FRONTERAS, se trata del señor Guillermo Castillo Villalobos, de 64 años de edad, Felícitas Pérez Villalobos de 44 años y el joven Martín Castillo Pérez de apenas 19.
Ellos estaban en el predio San Juan, ubicado a un lado de una empacadora denominada SUEÑO TROPICAL. Se habían encargado del funcionamiento de una planta de luz.

Sin embargo el humo del combustible de dicha planta los agarró dormidos y fue así como los encontraron la mañana de hoy.

Al sitio se presentaron los Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia para el levantamiento de los cuerpos.

Colectivo Pericú con avance informativo extraoficial de REPORTEROS SIN FRONTERAS. (29 de Agosto 2013)

¡ ERA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO EN PESCADERO,BCS !


El Pescadero, B.C.S.- Por inhalar humo de una planta de luz, hoy por la mañana fueron encontrados sin vida Guillermo Castillo Villalobos, de 66 años de edad, Felicita Pérez Villalobos, de 50 años de edad y Martin Castillo Pérez, de 20 años de edad.
 
El primero de ellos era trabajador del gobierno municipal. (Canal 10 de TV).

DETIENEN A SEIS EN UNA FIESTA EN GUAYMAS

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ Agueda Barojas/ 29 de Agosto 2013)

MATÓ A SU ESPOSA, SUBIÓ SU CONFESIÓN A FACEBOOK... Y SE DECLARA INOCENTE

Derek Medina, el hombre del Sur Miami acusado de disparar a su esposa y luego subir una confesión y la imagen del cuerpo a la red Facebook, se declaró inocente el jueves en la Corte de Circuito de Miami.
La comparecencia de Medina se produjo tres semanas después de que disparó y mató a Jennifer Alfonso, de 26 años, en la cocina de su casa al sur de Miami.
Medina fue noticia nacional cuando publicó una foto del cuerpo ensangrentado, se inclinó hacia atrás, diciendo:
Voy a ir a la cárcel o me condenarán a muerte por haber matado a mi esposa. Los quiero. Los extraño. Cuídense. Gente de Facebook: me van a ver en las noticias”
Medina fue acusado, por ahora, de asesinato en segundo grado con un arma mortal, abandono de menores y la descarga de un misil mortal. Los fiscales buscarán una acusación de asesinato en primer grado ante el gran jurado de Miami-Dade, que sesionará el próximo mes.
Medina, de 31 años, compareció ante la juez de circuito, Yvonne Colodny, quien calendarizó el juicio provisional para el 4 de noviembre, aunque el caso es probable se retrase, pues su equipo de defensa comienza a revisar la evidencia y declaraciones de testigos
Los padres de Alfonso y otros familiares aparecieron en la corte el jueves, dejando sin hablar con los periodistas.
De acuerdo con el expediente judicial, Medina admitió haber disparado a Alfonso seis a ocho veces después de que comenzó a propinarle puñetazos y patadas, durante una acalorada discusión.
Piensan reclamar la legítima defensa. Sin embargo, Medina admitió a la policía que apuntó su arma hacia ella, entonces la joven tomó un cuchillo de cocina,  antes de la lluvia de balas.
Las páginas de Medina y Alfonso en Facebook se quitaron de la Internet a petición de la policía

La dificultad de la defensa propia
Según expertos legales, será difícil demostrar que Medina actuó en defensa propia.
En su confesión legal, Medina admite que durante la discusión con Alfonso buscó su pistola Bersa Thunder de calibre .380 en el dormitorio del segundo piso y le apuntó a Alfonso. Cuando ella amenazó con dejarlo, él la siguió al primer piso.
Alfonso tomó un cuchillo, pero él la desarmó y volvió a poner el utensilio en una gaveta de la cocina, de acuerdo con el documento que escribió el detective de Miami-Dade Terry Goldston.
Medina le disparó a la víctima seis u ocho veces porque ella comenzó a pegarle”, dice el documento.
Andrew Rier, abogado defensor de Miami que no tiene que ver con el caso, dijo que aunque Alfonso realmente lo estuviera golpeando o pateando, será muy difícil demostrar ante un jurado que un hombre físicamente más grande que la víctima temía por su vida o sufrir un “gran daño corporal” luego de haberla desarmado.
Él estaba armado y ella no. Entonces, ¿por qué tenía que matarla?”, preguntó Rier.
La gran cantidad de disparos que hizo Medina —que no se sabía públicamente hasta que se dio a conocer la orden de registro— es algo que también obstaculiza una afirmación de defensa propia, dijo Matthew Baldwin, ex fiscal de Miami-Dade.
“Para que una reclamación de defensa propia resulte viable y pueda sustentarse, el acusado debe probar que sus acciones eran proporcionadas y razonables bajo determinadas circunstancias”, dijo Baldwin.
Cualquier afirmación de defensa propia también se vería afectada por un video que Medina colgó en Youtube días antes del asesinato en el que puede verse pateando un saco de boxeo, lo que demuestra que era capaz de usar la fuerza para protegerse a sí mismo, dicen los expertos.
A partir de la orden de registro, resulta evidente que los detectives de Miami-Dade intentaron investigar la afirmación de defensa propia.
En la casa, los detectives se apoderaron de una pistola Taser, otras dos pistolas, municiones, una funda de pistola, así como un cuchillo grande Chicago Cutlery de una gaveta de la cocina. Investigadores de la policía encontraron igualmente ocho casquillos de balas en el suelo donde se halló el cadáver de Alfonso.
(EL PORTAL DE LA NOTICIA/  Agueda BAROJAS/ Jueves, 29 de Agosto de 2013 15:52) 

OHL, LA EMPRESA CONSENTIDA DE PEÑA NIETO, EN EL DESCRÉDITO


Villar Mir (a la izquierda). Malos manejos Foto: "El Mosaico"
El pasado 30 de julio un juez español emitió un fallo que obliga a Juan Miguel Villar Mir a entregar documentación de sus empresas –incluida la de OHL– para comprobar las presuntas donaciones ilícitas hechas al Partido Popular a cambio de obras públicas. Al imputado le preocupa el daño que a raíz de esto sufrirá su consorcio, con presencia en 27 países, entre ellos México. Por cierto, Villar Mir es uno de los empresarios consentidos del presidente Peña Nieto, con quien ha tenido relación desde la década pasada.

MADRID (Proceso).- Sentado en el banquillo del Juzgado Quinto de la Audiencia Nacional, Juan Miguel Villar Mir –presidente del Grupo Villar Mir, matriz del Grupo de Construcción y Concesiones OHL– respondió al juez Pablo Ruz que lo interrogó el 27 de mayo último sobre su presunta implicación como “donante” de fondos al Partido Popular (PP) a cambio de obras y servicios públicos.

“Sinceramente agradezco la pregunta, su señoría –expuso–. Estamos en España y en 27 países más. En España tengo la esperanza de que esta querella no tenga una trascendencia importante en torno a nuestra clientela, pero tengo la grave preo­cupación de (que) mientras siga abierta esta causa (judicial), en los 27 países nos cause un daño importante en prestigio y en adjudicaciones.”

Ese día, Villar Mir compareció como imputado ante el juez Ruz. La razón: su nombre aparece en los “Papeles de Bárcenas” y se le señala como donante ilegal de 530 mil euros al PP (Proceso 1893 y 1917). Se le acusa de asociación ilícita, alteración de precios en concursos, blanqueo de capitales, cohecho y delitos contra la hacienda pública, entre otros.

“Puedo jurar ante Dios y ante su señoría que no comprendo por qué está mi nombre (en esos papeles)”, relató Villar Mir, según el audio del interrogatorio, al que este semanario tuvo acceso.

Ante las persistentes preguntas del juez y de las acusaciones populares, el empresario se negó a querellarse contra su acusador: “Lo he pensado y he preferido no presentar demandas, con la esperanza de que cuanto antes pase este error”.

Y añadió: “No quiero pensar que sea por el prestigio y la autoridad de mi grupo empresarial que hayan incluido mi nombre para darle cierta notoriedad (a los ‘Papeles de Bárcenas’)… sería demasiado sofisticado”.

Pese a su deslinde, un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a instancias del juez destaca que OHL es la constructora con más contratos adjudicados en España entre 2002 y 2009: 619 obras por valor de 7 mil 758 millones de euros, de los cuales 37% fueron otorgados por administraciones del PP y representan 60% de su volumen de negocios.

Un mes antes de su comparecencia judicial en esta ciudad, en México el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó a OHL su primer contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex). Desde la década pasada, cuando el priista estuvo al frente del gobierno en el Estado de México, la empresa hispana obtuvo varios contratos mediante una “alianza estratégica”.

Los favores del poder

Especialistas coinciden en que muy probablemente OHL se confirmará como la consentida del actual sexenio. De hecho el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, no sólo fue consejero de esa compañía en México; desde el arranque de la administración peñanietista tardó apenas cuatro meses para adjudicar el primer contrato a la empresa de Villar Mir.

El 10 de abril la paraestatal anunció que la división Pemex Refinación adjudicó al consorcio encabezado por OHL y Sener Ingeniería la construcción de una planta de cogeneración de 35 megavatios (MW) en la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas.

Y aun cuando no detalló el monto del proyecto –la adjudicación fue bajo la modalidad de “llave en mano”–, se sabe que abastecerá tanto de electricidad como del vapor derivado del proceso.

En España, Villa Mir es conocido como un empresario inteligente y metódico; por lo general consigue lo que se propone –ha comprado empresas en quiebra y las ha puesto a trabajar– y es proclive a interactuar con la élite de poder. Incluso suele contratar a algunos de sus integrantes, como el mexicano José Andrés de Oteyza, quien hoy preside OHL México.

Hombre del sistema, De Oteyza fue secretario de Patrimonio y Fomento Industrial durante el sexenio de José López Portillo. Él mantiene una relación privilegiada con el Grupo Atlacomulco y encabeza la ofensiva de OHL en México, cuyo gobierno le permite gestionar más de 359 kilómetros de carreteras y vialidades gracias a la media docena de megaobras que construyó en la zona metropolitana del Estado de México y la Ciudad de México –la televía, un sistema de pago electrónico por circular en ella–, así como el Aeropuerto Internacional de Toluca (con 49% de la sociedad) y desarrollos turísticos (Proceso 1893).

En el consejo de administración de OHL México, Villar Mir tiene a Carlos Ruiz Sacristán, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el gobierno de Ernesto Zedillo y quien ahora es presidente y director general de Infraestructura Energética Nova (Ienova), la filial mexicana de Sempra Energy. En OHL, Ruiz Sacristán encabeza el Comité de Prácticas Societarias.

Otro mexicano es Jesús Reyes Heroles, secretario de Energía de Zedillo y director general de Pemex en el sexenio de Felipe Calderón. Junto con Ruiz Sacristán, Reyes Heroles integra el Comité de Auditoría de la filial de la constructora hispana, en el cual participaba Emilio Lozoya.

Destaca también Valentín Diez Morodo, quien continúa en el consejo del Grupo Modelo tras su venta al consorcio belga Anheuser-Busch InBev. El empresario posee también el club de futbol Toluca y suele promocionarse como el “dueño de las relaciones México-España”. De hecho, está en los consejos de administración de Telefónica México, de Zara México y de Bodegas Vega Sicilia.

A sus 82 años, Villar Mir tuvo ímpetus para atravesar el Atlántico en su jet privado con destino a México, donde, el 1 de diciembre último, asistió a la toma de posesión de Peña Nieto, con quien mantiene una relación estrecha.

En un viaje posterior, Villar platicó con el mandatario sobre el litigio de su filial mexicana con el gobierno de Puebla, encabezado por el panista Rafael Moreno Valle, que en mayo de 2012 le revocó el contrato para la construcción y concesión de la autopista Libramiento Norte de la capital de esa entidad. La adjudicación de la obra correspondiente a esa vía, que va de Amozoc a Perote, Veracruz, le había sido otorgada al empresario español por el priista Mario Marín.

Según el alegato de Moreno Valle, su antecesor en la gubernatura otorgó la obra a OHL sin licitación previa, no obstante su alto costo: 3 mil millones de pesos. La empresa se queja porque, argumenta, aun cuando inyectó una importante inversión para la realización de la vía, el gobierno del estado de Puebla no le concede ni el derecho de audiencia.

Pese a este inconveniente, OHL mantiene su apuesta: metió a la Bolsa Mexicana de Valores 26% de sus acciones en noviembre de 2010, con lo que recaudó aproximadamente mil 400 millones de dólares y elevó su valor.

La filial mexicana es una de las más importantes del consorcio en los 27 países donde tiene presencia. En la ciudad de Doha, en Qatar, consiguió contratos para realizar obras en el metro por mil 100 millones de euros; en el sistema suburbano de Nueva York obtuvo otro por 263 millones de euros, y en el puerto chileno de Valparaíso ganó 270 millones de euros por la construcción de una terminal.

En la región andina de Perú se embolsó 108 millones de euros por una carretera; en Medellín, Colombia, las obras del tranvía que ejecutó le redituaron 70 millones de euros más, y en el proyecto Canalejas, cuyo propósito es remodelar un complejo de edificios antiguos del centro de Madrid, participa con 25%.

Además, es una de las nueve firmas españolas que participan en el ambicioso proyecto del tren de alta velocidad (AVE) La Meca-Medina, en Arabia Saudita, tasado en 6 mil 700 millones de euros.

En junio pasado, durante una presentación ante analistas e inversionistas mexicanos, directivos de OHL anunciaron que aprovecharán las oportunidades del Plan Nacional de Infraestructura que Peña Nieto presentó el 15 de julio, con una inversión estimada en 1.3 billones de pesos, según informó CNN-Expansión.

Los directivos afirmaron que la empresa cuenta con un fondo cercano a los mil millones de dólares para participar en los nuevos proyectos. Los recursos provendrán de su oferta accionaria en la Bolsa Mexicana de Valores y de la contratación de deuda.

El objetivo, dijeron, será quedarse con obras para la zona metropolitana de la capital del país y el Estado de México, aunque no especificaron cuáles. No obstante, el 11 de febrero pasado integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra declararon al diario La Jornada que, mediante engaños, OHL compró terrenos en las comunidades aledañas a San Salvador Atenco para el desarrollo de nuevos planes de negocios. Uno de los que más ambiciona es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, según un consultor español que trabaja en México y que pidió no ser identificado.

Sin referir un lugar específico, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declaró en marzo pasado que el presidente Peña Nieto daría a conocer el proyecto del nuevo aeropuerto en los próximos meses. Posteriormente, el 18 de julio y bajo el título OHL e ICA, reinas del sexenio, Alberto Barranco escribió en su columna de El Universal que la cautela para anunciar la ubicación tiene que ver con la disputa entre Tizayuca y Texcoco.

La segunda localidad es la que tiene el proyecto más avanzado, con la participación de OHL. El lugar sería el lago Nabor Carrillo, en la zona de Texcoco, pero en un punto distinto a San Salvador Atenco, cuyos pobladores se rebelaron y echaron por tierra el plan aeroportuario de Vicente Fox.

El constructor enfangado

A una pregunta del juez Ruz, Villar Mir describió la forma en que construyó el imperio OHL: “Sí –dijo–, soy presidente desde que compré Obrascón, que es la O de OHL, que estaba en práctica suspensión de pagos en el año 87. Compré luego (la constructora) Huarte cuando estaba en suspensión de pagos en los juzgados de Pamplona, en el año 98. Y en el 99 Laín, la L de OHL. Con las tres sociedades y a partir de un proceso de fusiones se llega a OHL”.

Y aun cuando el empresario tenía 100% del consorcio, al llevarlo a la bolsa su participación se redujo a 61%. Sostuvo que en 2012 OHL hizo mil 226 ofertas de negocios y se adjudicó 68 obras públicas –“una media de una cada cinco días”–. Y se ufanó: “Somos de los grandes del mundo, somos líderes en ferrocarriles y en hospitales”.

Por tal motivo, argumentó, es “radicalmente artificial” la acusación en su contra, porque, dijo, “nunca en mi vida he sido del PP ni del PSOE y nunca les he donado dinero a los partidos”.

Lo que sí admitió fue haber donado anualmente 45 mil euros durante los últimos ocho o 10 años a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que encabeza el expresidente José María Aznar, vinculada al PP; 150 mil euros anuales a la Fundación Mujeres por África, que dirige la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, y una suma similar a la central sindical Comisiones Obreras (CCOO) y al Real Instituto Elcano.

En el interrogatorio, el juez le preguntó a Villar Mir si conoció a Álvaro Lapuerta, tesorero del PP que antecedió a Luis Bárcenas, también señalado por participar en la maquinación para financiar a ese partido con recursos prohibidos por la ley.

“Sí –respondió–. A don Álvaro Lapuerta lo conocí a finales de 1975, cuando se formó el primer gobierno de la monarquía. Tras la coronación de su majestad don Juan Carlos, me solicitaron que fuera ministro de Hacienda y vicepresidente de ese primer gobierno de la transición. El momento económico era muy difícil. Me pareció que servía a España aceptándolo, y lo hice en el primer gobierno.

“El señor Lapuerta era presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, y a consecuencia de eso tuve que negociar y hablar con él sobre la nueva Ley General Presupuestaria… Eso me hizo amigo de Álvaro Lapuerta.”

Según Villar Mir, sólo tiene contacto con él “un día al año”; casi siempre coinciden en “algún funeral”, pero, insistió, nunca haciendo donaciones.

Del sucesor de Lapuerta, Luis Bárcenas, Villar Mir aseguró no conocerlo: tampoco a los miembros del Caso Gürtel, la trama de corrupción que implica a integrantes del PP. “Tengo la suerte de nunca haberlos conocido”, expuso.

Sin embargo, en su declaración del 15 de julio, Bárcenas relató un nuevo episodio que implica a Villar Mir. Afirmó que el presidente de OHL donó ilegalmente 300 mil euros poco antes de las elecciones generales de 2011, que ganó Mariano Rajoy.

Bárcenas afirmó que Villar Mir tenía “mucho interés en que la cúpula del partido”, concretamente el candidato a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, “supiera” de su aportación. El dinero lo recibió Lapuerta, quien le comunicó el hecho a Rajoy. Éste, a su vez, le pidió que José Manuel Romay Beccaria, actual tesorero del PP, se hiciera cargo del asunto.

El 30 de julio, el juez Ruz emitió su fallo. Fuentes judiciales consultadas por Proceso aseguran que fue un revés para Villar Mir porque le exigió, entre otras cosas, que OHL entregue la documentación empresarial de 2004 a 2011 con el fin de investigar las supuestas donaciones.

También le pidió que OHL aporte al juzgado el organigrama del grupo de empresas Villar Mir y de OHL, con la identificación exacta de los directivos durante el periodo de 2004 a 2011.

Dos semanas después de su declaración ante Ruz, Villar Mir apareció acompañado de Ana Pastor, ministra de Fomento del gobierno de Mariano Rajoy, durante la inauguración de la Terminal de Contenedores de Tenerife, que será un eje para la ruta marítima a fin de conectar Europa con África y América Latina, y que el Grupo OHL explotará por 30 años.

Ese día el empresario mostró otra de sus cualidades: la adulación; hizo una reverencia ante la ministra, le tomó la mano y se la besó. Se congratuló por “la suerte” de tenerla al frente de Fomento. “Es una ministra excelente que está siendo capaz de, a partir de una nefasta herencia recibida (del PSOE), enderezar el rumbo del ministerio”, dijo.

Y también se congració con Mariano Rajoy, el presidente atrapado en esta maquinación ilícita: “Ha hecho las reformas que tiene que hacer –la laboral y la financiera—. Y sigue haciendo más”.

/29 de agosto de 2013)

MÁS "LEVANTONES" A CARGO DE LA MARINA

Juegos de guerra. Militares simulan operativo en Veracruz. Foto: Miguel Ángel Carmona



MÉXICO, D.F. (Proceso).- Desde el pasado 29 de julio, Alejandrina Chigo apenas come o duerme. Casi no habla. Se pregunta cómo estará su hijo José de Jesús Martínez Chigo, detenido ese día en un retén instalado por integrantes de la Secretaría de Marina, muy cerca de su casa, en el poniente de Nuevo Laredo.

“Fuimos a tres campamentos de los marinos, a la oficina de la PGR, a la policía del estado, venimos a México y no nos dicen nada”, comenta en entrevista con Proceso. Y añade: “Él (José de Jesús) es un muchacho muy callado, muy tranquilo, es soldador como sus hermanos. Apenas murió su mujer y dejó a una niña de tres años y a un niño de un año”.

Alejandrina, su esposo y tres hijos varones llegaron a Nuevo Laredo procedentes de Veracruz en busca de mejores oportunidades para vivir. “Mi esposo es carpintero, yo trabajé en una fábrica 10 años, luego pusimos una tienda de abarrotes. Los muchachos estudiaron la secundaria, se casaron y son soldadores. Nunca hemos tenido problemas con nadie. No entiendo por qué los marinos se llevaron a Jesús”.

Acompañada de familiares y del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez, los primeros días de agosto Alejandrina acudió a las oficinas centrales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Unidad de Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para conocer el paradero de su hijo. De acuerdo con varios testigos, éste fue llevado junto con la menor Diana Laura Hernández Acosta a un campamento provisional de los marinos en la Ciudad Deportiva de Nuevo Laredo.

Además de este caso, el titular de la CDHNL presentó al organismo que encabeza Raúl Plascencia Villanueva los expedientes del menor Raúl David Álvarez Gutiérrez y de Humberto del Bosque Villarreal, detenidos también por marinos el 30 de julio y el 3 de agosto, respectivamente, y de quienes hasta ahora no se sabe nada.

“Es preocupante que no haya hasta ahora una respuesta de la Secretaría de Marina ni siquiera un comunicado oficial del gobierno federal porque en este gobierno hay un discurso muy efectivo a favor de los derechos humanos, pero en los hechos hay una tolerancia a los abusos igual o mayor a la que en su momento hubo con el presidente Felipe Calderón”, sostiene Ramos Vázquez.

Informa que mientras en el sexenio pasado su organización recabó 432 quejas contra elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Policía Federal, por ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura y violación sexual, en los primeros ocho meses de 2013 ha registrado 95 denuncias contra las mismas fuerzas federales, cifra que equivale a 22% de los casos documentados durante el sexenio calderonista.

Hasta diciembre de 2012, apunta Ramos Vázquez, los habitantes de Nuevo Laredo sobrevivían en medio de la guerra de cárteles y de la acción policiaco-militar para combatirla. Sin embargo, “a partir de enero dejaron de ocurrir las masacres terribles, y algunos creímos, ingenuamente, que la situación iba a mejorar, pero lo que estamos viendo ahora es otra ola de violencia generada por la presencia de las Fuerzas Armadas, marinos y policías federales”.

Pese a los abusos ocurridos en Nuevo Laredo durante el sexenio de Calderón, la CNDH sólo emitió dos recomendaciones: la 29/2012, por acciones atribuidas a elementos del Ejército en diciembre de 2011, entre ellas la muerte por tortura de José Manuel Esqueda López, detenido ilegalmente junto con Gustavo Fuentes Moreno, quien sobrevivió al maltrato.

La otra recomendación es la 39/2012, relativa a la desaparición forzada de seis personas, José Fortino Martínez Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Martín Rico García, Usiel Gómez Rivera, Diego Omar Guillén Martínez y Joel Díaz Espinoza, capturadas por marinos en distintos operativos en junio de 2011.

En relación con los abusos cometidos por fuerzas federales en Tamaulipas durante el sexenio pasado, la CNDH emitió cuatro recomendaciones; una de éstas corresponde a las muertes de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, quienes viajaban con sus padres en un vehículo que fue alcanzado por disparos de militares en Ciudad Mier.

Miedo y desconfianza

En los primeros seis meses de 2013, el Sistema Nacional de Alerta Temprana de Violaciones a los Derechos Humanos registró en Tamaulipas 267 quejas en contra de elementos del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal y de la PGR.

Dice Ramos Vázquez que en Nuevo Laredo sólo se denuncia 10% de los abusos “porque hay una gran desconfianza en las autoridades”. Explica: “En casos emblemáticos, como las muertes de los hermanos Almanza Salazar o los seis desaparecidos, no hay castigo para los responsables. Peor aún si se llega a abrir un proceso de investigación por parte de la PGR, ya que es muy lento y los agentes del Ministerio Público empiezan por criminalizar a las víctimas”.

Además, agrega, las quejas documentadas por violaciones a los derechos humanos se refieren a casos graves, como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y, en ocasiones, violación sexual. No obstante, cuando se trata de tortura, privación ilegal de la libertad o incomunicación las víctimas y sus familiares guardan silencio “porque son amenazados por miembros de las Fuerzas Armadas de que si denuncian los matarán a ellos y a sus familias”.

Entre las quejas más graves recibidas por el CDHNL destaca la violación tumultuaria sufrida por una menor de edad el pasado 10 de julio. Tras denunciar los hechos, la joven, de 15 años, ha sido hostigada por miembros del Ejército.

Cuando identificó a sus agresores “un grupo de militares se estuvo burlando de la víctima y de sus familiares”. En el careo estuvo el comandante de la Guarnición de la Plaza de Nuevo Laredo, general Antonio Solórzano Ortega, según se lee en el documento del CDHNL fechado el 30 de julio y dirigido al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda, y al ómbudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.

Para Raymundo Ramos Vázquez es alarmante que en los primeros ocho meses del gobierno priista se documenten 15 casos de personas detenidas por marinos en Nuevo Laredo.

Explica: “Los ingresan en sus campamentos, donde son torturados; el que menos, durante cinco días, y el que más, durante 30. Luego los llevan a lugares tan lejanos como Chihuahua, Ocampo, Guanajuato, Perote, Veracruz y Oaxaca. Les cambiaron los nombres y fueron amenazados. Si declaraban lo que les ocurrió en los campamentos, les dijeron, los matarían a ellos y a sus familias. Fueron presentados a las delegaciones de la PGR en esos estados y se les obligó a aceptar todas las imputaciones, como posesión de drogas o armas; fueron ingresados a penales de mediana seguridad o cárceles federales, y se les dificulta tener comunicación con sus familiares”.
 
Gracias a sobrevivientes del confinamiento en el campamento provisional de la Ciudad Deportiva de Nuevo Laredo, los familiares de José de Jesús Martínez Chigo se han enterado de los métodos de investigación que tienen los marinos.

“Dicen que los llevan al sótano de la Ciudad Deportiva, que los meten en tambos de agua y les dan toques eléctricos con las chicharras en el cuerpo, que conectan los dedos de los pies a acumuladores de carros, y que hasta los violan”, detalla Brenda Olvera.

De acuerdo con la denuncia presentada por la mujer ante las oficinas de la PGR en Nuevo Laredo, Margarito García Hernández, cuñado de José de Jesús, vio cuando éste y la menor Diana Laura Hernández Acosta fueron detenidos en un retén de la Marina instalado en el cruce de los bulevares Carlos Canseco y Rea. Ello ocurrió entre las dos y las tres de la mañana del 29 de julio último.

Según el acta levantada por la PGR con el número AC/PGR/TAMPS/NL/COE/541/2013, Margarito decidió ir por su carro y seguir a los marinos. Vio que éstos ingresaron a los detenidos y los vehículos en el campamento de la Ciudad Deportiva. Acto seguido dio aviso a los familiares, quienes se movilizaron para exigir la presentación.

“Hay entre 400 y 600 marinos en el campamento de Nuevo Laredo, y de ahí se rotan hacia los campamentos de Colombia y Anáhuac”, detalla el presidente del CDHNL, la única organización de derechos humanos que permanece en todo Tamaulipas, después de la guerra contra el narcotráfico.

Intervención de AI

En las movilizaciones de protesta los parientes de José de Jesús se acercaron a familiares de otros detenidos por la Marina. Es el caso de Raúl David Álvarez Gutiérrez, de 17 años, detenido el 30 de julio.

Según el expediente que abrió el CDHNL y por el cual la PGR dio curso al acta circunstanciada AC/PGR/TAMPS/NL-III/568/2013, a las 14:00 horas del 30 de julio la hermana de Raúl David, Corina, recibió una llamada anónima para informarle que el menor había sido detenido por elementos marinos en la esquina de la calle 15 de septiembre y la avenida César López de Lara, en Nuevo Laredo.

La joven acudió al lugar y confirmó la versión con testigos. Le dijeron que poco después del mediodía un grupo de marinos interceptó para una revisión a dos personas que viajaban en un Cavalier con placas extranjeras. Como uno de los detenidos coincidía con las señas particulares de su hermano, Corina acudió al campamento para preguntar por Raúl David, pero no obtuvo respuesta.

El CDHNL también tuvo conocimiento de la detención de Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida en el poblado de Colombia, municipio de Anáhuac en Nuevo León, el sábado 3, y por la que la PGR integró el expediente AC/PGR/TAMPS/NL/COE/560/2013.

De acuerdo con el testimonio del padre de Humberto, Armando Humberto del Bosque Gutiérrez, ese día acompañó a su hijo a la comandancia de policía de Colombia para interponer una denuncia en contra de una persona con quien había reñido. Los Del Bosque se retiraron luego de que el personal policiaco les indicó que tenían “instrucciones” de que para cualquier incidente debían “informar y solicitar la intervención del personal de la Marina”.

Aproximadamente una hora después, Humberto recibió un aviso de que acudiera a la comandancia porque “personal de la Marina quería platicar con él”. En sus respectivos automóviles, una camioneta y un Ford Mustang gris modelo 2000 y placas de Texas, padre e hijo acudieron al llamado de las autoridades, y antes de llegar a la comandancia Humberto “fue interceptado por al menos tres unidades de la Marina… descendiendo un grupo de marinos, uniformados, portando metralletas y chalecos antibalas y cubriéndose el rostro con pasamontañas”.

De acuerdo con Armando Humberto, su hijo fue bajado por la fuerza de su automóvil, “arrojándolo al piso para revisarlo; inmediatamente después lo subieron a una de las camionetas oficiales de la Marina y se lo llevaron detenido”, en tanto que un oficial de la Marina se subió al auto de su hijo, un Ford Mustang, y se lo llevó también, sin informarle a dónde iban.

El padre del joven acudió al campamento de la Marina instalado en la entrada del poblado de Colombia para preguntar por Humberto, y un oficial de guardia le dijo que “lo iban a investigar y que regresara en una hora”. Cuando regresó, le dijeron que su hijo no estaba ahí, que habían dejado en libertad al joven con el que tuvo diferencias, y le ordenaron que se marchara.

Entonces se dirigió a la comandancia de policía de Colombia, a la agencia del Ministerio Público de Anáhuac y a los campamentos que la Marina tiene en la región, para buscar información acerca del paradero de su hijo. No obtuvo respuesta.

Pese a que en la Marina niegan haber detenido a Humberto, el CDHNL recuperó un documento, fechado el martes 13, en el que José Ángel Molina y Miguel Godínez, oficiales de la comandancia de Colombia, notifican al secretario de Seguridad Pública Municipal, capitán Alfredo Grande Barrera, que personal de la Marina había “intervenido” a Del Bosque Villarreal cuando viajaba en su vehículo sobre la avenida Juárez al cruce con la calle de Urrea.

Los oficiales que datan los hechos el viernes 2 y no el sábado 3 señalan que al momento de la detención “el responsable del destacamento y comandante de la Marina refiere que a partir de ese momento ellos se hacen cargo de la denuncia, por lo que el denunciante (Del Bosque Villarreal) y el vehículo (el Ford Mustang) quedan a su disposición”.

Por los casos referidos, el lunes 19 Amnistía Internacional le solicitó al presidente Enrique Peña Nieto la aplicación de “medidas urgentes”, toda vez que “las fuerzas de seguridad y la procuración y administración de justicia no son capaces o no tienen voluntad para esclarecer los hechos y encontrar a las víctimas”. Esta solicitud se hizo mediante una carta firmada por el secretario general de la organización, Salil Shetty.

“Hasta el momento, la respuesta de su gobierno no ha estado a la altura de esta crisis de derechos humanos”, advierte Shetty y emplaza a demostrar “la capacidad del Ejecutivo para ejercer su autoridad sobre las Fuerzas Armadas”, cuyos abusos fueron ampliamente denunciados durante el sexenio pasado por esta organización.

29 de agosto de 2013)

"¿ QUIÉN TE VIOLÓ ? " PREGUNTÓ LA MADRE; "LOS SOLDADOS", RESPONDIÓ LA NIÑA DE 15 AÑOS

Militares en vigilancia. Foto: Octavio Gómez
 
MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- La tarde del pasado 10 de julio, una camioneta se paró frente a la casa de Rosalinda, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Del vehículo bajó su hija de 15 años de edad.

La joven estaba descalza, con la blusa rota, el cabello alborotado y el rostro devastado por un asfixiante sol y abrumada por el calor del desierto.

La adolescente se acercó a Rosalinda, la abrazó y soltó en llanto. Todavía con la impresión de verla, la mujer alcanzó a preguntar: “¿qué tienes?, ¿qué te pasó?, ¿por qué vienes descalza?”. Las preguntas continuaron en su mente “¿Qué le hicieron a mi niña? ¿Qué le pasó?”.

La respuesta fue un susurro al oído: “Me violaron”. Rosalinda no escuchó esas palabras. Repitió la pregunta y la respuesta fue la misma. Pasmada por la impresión, le limpió la cara con la mano, la miró y le pidió que no siguiera llorando. “¿Quién te violó?”. De nuevo una respuesta simple: “Los soldados”.

Así es como Rosalinda, madre de la joven de 15 años ultrajada por elementos del Ejército, narra lo que sucedió ese 10 de julio. Su intención –dice– es que alguien se atreva a alzar la voz por ellas y se castigue a los soldados que vejaron a su hija.

Rosalinda y su familia no tienen abogado ni una red que los ayude a continuar con la denuncia que iniciaron ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

Con la rabia de saber que su hija fue violada por efectivos militares –cuenta Rosalinda–, le pidió que fueran a denunciar. “Quiero ir al cuartel para hablar con el general, para demostrarle la clase de criminales que tienen y que portan placa”, dijo en ese momento, pero la joven se negó.

Los hechos

La chica se encontraba con su novio en un hotel de Nuevo Laredo y poco antes del mediodía él salió de la habitación. Casi enseguida escuchó que tocaron la puerta y abrió pensando que se trataba del novio, pero al instante un grupo de soldados uniformados, armados y con pasamontañas entró al cuarto. 

La presencia de los soldados en Nuevo Laredo es común, por lo que la joven pensó que quizás se trataba de un operativo. No fue así. Un militar le quitó el celular, otro le revisó la bolsa y uno más le ordenó que se quitara el pantalón. 

Lo que siguió fue un breve interrogatorio y un cúmulo de golpes en el vientre. Como un mecanismo de defensa para que no le siguieran pegando, ella dijo que estaba embarazada. De nada sirvió y fue violada sexualmente. 

Después de varios minutos los soldados la dejaron y se fueron. Ella salió del hotel, caminó hacia la calle y encontró a una persona a quien le pidió prestado su teléfono celular. Llamó a su madre y le pidió que fuera a recogerla a la gasolinera cercana a su casa.

En casa, Rosalinda tenía que atender el negocio familiar, una tienda de abarrotes, así que el padre fue por ella.

Cuando llegó a la gasolinera la chica ya no estaba. Preguntó a un señor por una joven alta y de cabello largo. El sujeto le respondió que se la acababan de llevar los soldados, los mismos que la agredieron en el hotel. 

De lo que pasó después, sólo la joven lo sabe. Los militares la subieron a un vehículo y la llevaron a un paraje lejano, ahí le quitaron los zapatos y la abandonaron. Luego de caminar un largo rato encontró una casa donde le prestaron auxilio y la llevaron en una camioneta para encontrarse con su madre.

Acoso 

Cuando la adolescente llegó a casa, lo último que quería hacer era denunciar. Sus padres la apoyaron. “Se hará lo que tú quieras, pero para mí esto es como quedarse callados ante tanta injusticia, pero está bien, te voy a respetar”, le dijo Rosalinda. 

Sin saber qué hacer cuando ocurre una violación sexual, la familia creyó que era preferible olvidar lo sucedido… pero su vida nunca volvió a ser la misma. La joven ya no salía de casa, comía poco y tenía trastornos de sueño. Y así pasaron los días. 

El hecho que hizo reaccionar a la familia fue el hostigamiento militar. Camionetas del Ejército comenzaron a pasar de manera frecuente frente a la tienda de abarrotes. Cada vez que circulaban por ahí, los vehículos bajaban la velocidad sin detenerse.

Rosalinda no dijo nada, pese a que su hija se encargaba de atender el negocio. En varias ocasiones dos camionetas se pararon frente al lugar, y dos, tres o cinco soldados bajaron a comprar. Veían a la joven, susurraban entre ellos y reían.

“Yo dije: bueno, estos personajes ya saben, o ella les dijo donde vivíamos, y es una manera que están utilizando de hostigarla, darle miedo, burlarse de ella. Es una forma de decirle ‘o te callas o les va a ir mal’”, narra Rosalinda.

Así pasaron unas dos semanas, hasta que un día Rosalinda no pudo más, rompió en llanto y decidió que no debía seguir callando. Convencida de que quería justicia y que no permitiría que volvieran a vejar a su hija, sintió que debía actuar. 

Con el temor de enfrentarse al Ejército y de que incluso puedan matarla, la mujer dice a esta agencia: “El miedo me impulsa a defender lo que yo más amo en esta vida que es mi hija”. El primer paso fue dejar constancia del caso, así que a fines de julio convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa.

Rosalinda contó su historia y el 29 de julio acudió ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para presentar una queja por el hostigamiento del que era víctima. De esa manera comenzó su búsqueda de justicia. 

La estrategia de la familia de informar a los medios dio frutos. El pasado lunes 5 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el comunicado 223/13 para informar que iniciaría una investigación de oficio, a fin de recabar evidencias y pronunciarse al respecto.

Denuncia 

Rosalinda no sabe nada de averiguaciones previas ni expedientes judiciales, pero está segura de que alguien debe investigar y sancionar a los soldados. 

El mismo 29 de julio la mujer acudió a la PGR a denunciar los hechos y le tomaron la denuncia. El pasado sábado 3 fue con su hija a la guarnición del Ejército en Nuevo Laredo. Las recibió un general, quien –destaca– las atendió amablemente. 

El mando militar, cuyo nombre no recuerda, escuchó todo el relato y se comprometió a investigar los hechos. Le pidió que al día siguiente, domingo 4, fuera al cuartel a reconocer a los agresores. 

Así lo hizo. Llevó un video que consiguió en el hotel, donde se ve a los soldados entrar y salir del lugar. También llevó la blusa rota de su hija. Entregó todas las pruebas, en espera de que sirvan para que se acredite la violación sexual. 

En el cuartel la adolescente identificó a por lo menos cuatro de sus agresores. Firme, sin titubeos, dio detalles significativos. Dijo que le pidieron la contraseña de su celular, le robaron la bolsa, la obligaron a fumar mariguana, le rompieron la blusa y la golpearon con sus armas. 

“A cada uno de ellos les estuvo diciendo, delante de todos los demás, lo que le hicieron”, relata Rosalinda. Los generales, dice, le prometieron justicia, por lo que confía en la palabra del Ejército.

“Ojalá que la Sedena se dé cuenta de la clase de delincuentes que tiene adentro de sus filas. Yo creo que los altos mandos no se dan cuenta de lo que andan haciendo esos delincuentes, porque si se dieran cuenta no hubiera delincuentes como ellos aquí”, subraya la madre de la víctima.

Reconoce que la denuncia le ha traído a su hija estigma, críticas y una férrea acusación de que ella “tuvo la culpa” porque se encontraba en un hotel, pero eso –añade– no justifica que dos o más soldados cometan una violación sexual.

(PROCESO/   /29 de agosto de 2013)

EJECUCIONES Y ENCARCELAMIENTOS A 17 AÑOS DEL SURGIMIENTO DEL EPR

Una de las pintas del EPR en Oaxaca. Foto: Prometeo Lucero


OAXACA, Oax. (apro).- A 17 años de la irrupción del Ejército Popular Revolucionario (EPR), la ola de ejecuciones extrajudiciales en la región Loxicha, considerada el bastión del grupo insurrecto, ha ido en aumento. Se han contado alrededor de 180 crímenes, según el líder de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), Juan Sosa Maldonado.

El exprisionero político y víctima de desaparición forzada durante la represión que siguió al surgimiento del grupo guerrillero, considera que las ejecuciones en la región Loxicha “ya ni siquiera aparecen en la nota roja”.

Detalló que desde la aparición del EPR, el 28 de agosto de 1996, las ejecuciones han tenido tres etapas. La primera se dio durante los primeros meses. El gobierno hacía aprehensiones y aplicaba la “ley fuga” o los sospechosos eran ejecutados con el tiro de gracia.

Después, explica, vino una segunda etapa, en la que se dejó operar a los grupos paramilitares que conocían la región. Comienza a fomentarse la delación de parte de los vecinos de los mismos indígenas a los que empiezan a señalar y entregar, lo que incrementa la ola de ejecuciones.

En la actualidad se vive la tercera etapa: Las ejecuciones se han multiplicado, pero lo preocupante es que ya no son noticia ni siquiera de la nota roja. Esta situación, asegura, no es privativa del ámbito local y toda esta cuestión tiene que ver con la represión sistemática, con violación a los derechos humanos.

Como ejemplo citó el caso de los siete indígenas zapotecos acusados de pertenecer al EPR que fueron trasladados inicialmente al Cefereso de Mengolí, Miahuatlán y posteriormente a un penal federal de Tabasco. Sin embargo, ante la presión de organizaciones y familiares lograron que los regresaran a Oaxaca. Purgan condenas que van de los 20 años en adelante.

Precisó que la situación actual de los presos del fuero federal sentenciados es la siguiente: En el proceso número 13/97 se recapituló el caso de Justino Hernández José, sentenciado a 20 años de prisión por los delitos de conspiración, homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Fue detenido el 29 de noviembre de 1996 y se encuentra recluido en el penal de Mengolí.

En este caso, dijo, se tramita ante el Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas el beneficio de la preliberación, pues ya ha purgado las tres quintas partes de su condena.

Zacarías Pascual García López, en tanto, fue sentenciado a 20 años nueve meses de prisión, por los delitos de conspiración, homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Fue detenido el día 26 de abril de 1999 y se encuentra recluidos en el penal de Mengolí.

También se tramita ante el Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas el beneficio de preliberación.

El proceso número 103/996, que lleva el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, atañe a Eleuterio Hernández García, quien fue sentenciado a la pena de 31 años, siete meses y tres días de prisión y multa de 28 días de salario mínimo, equivalente a 533.40 pesos, por los delitos de homicidio calificado, conspiración, terrorismo, privación ilegal de la libertad, robo, robo de uso y tentativa de homicidio. Fue detenido el 17 de octubre de 1996 y está pendiente de interponerse el amparo en contra de la sentencia.

En el proceso número 39/996 —que lleva el Juzgado Octavo de Distrito en Oaxaca (antes expediente 77/996 del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Oaxaca— se encuentra el caso de Álvaro Sebastián Ramírez, sentenciado a 27 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, intento de homicidio y conspiración. Fue detenido el 29 de diciembre de 1997 y está recluido en Mengolí.

El exedil de San Agustín Loxicha, Agustín Luna Valencia, también se encuentra preso en Mengolí. Fue sentenciado a 27 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, intento de homicidio y conspiración. Fue detenido el 25 de septiembre de 1996. 

En estos dos últimos casos se puede interponer un nuevo amparo directo o solicitar un indulto directamente.

Mientras que el exsíndico Fortino Enríquez Hernández preso en Mengolí fue sentenciado a 30 años de prisión. Fue detenido el 25 de septiembre de 1996 y está pendiente de que se resuelva el amparo directo 799/2012.

Respecto de Abraham García Ramírez (igual en Mengolí), fue sentenciado a 30 años de prisión. Fue detenido el 26 de septiembre de 1997 y está pendiente que se resuelva el amparo directo 780/2012 contra la sentencia.

Finalmente, Fernando Santiago Enríquez está en el reclusorio de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Está en vías de que se cumpla la sentencia de amparo que ordenó reposición del procedimiento hasta la declaración preparatoria.

/29 de agosto de 2013)

CONVOCAN A LA MARCHA DE LAS PUTAS 2013

Exigen justicia para las mujeres desaparecidas, asesinadas, violadas... Foto: Eduardo Miranda



MONTERREY, N.L. (apro).- Organizaciones civiles hicieron una invitación a la ciudadanía para que se sume a la Marcha de las Putas 2013, el próximo sábado 31, para protestar contra la agresión de la que son presa las mujeres en todo el país.

Once agrupaciones de esta capital anunciaron la marcha por diversas calles del Centro para despertar conciencia sobre la cultura de la violación en México.

De acuerdo con el reporte de Amnistía Internacional titulado “Las mujeres en México, a la espera de seguridad y justicia”, más de 14 mil mujeres son víctimas de violación cada año, cifra que –puntualiza– representa apenas 20% de los casos reales.

La protesta del próximo sábado 31 también tiene el objetivo de alertar sobre ese delito en Nuevo León, en cuya Procuraduría General de Justicia fueron presentadas en julio pasado 54 denuncias por ultraje sexual, la mayor cantidad registrada en un solo mes de este año.

La estadística señala que en 2012 hubo en la entidad 19% menos violaciones que este año, afirman las organizaciones que convocan a la marcha, que partirá a las 18:00 horas de la Plaza La Purísima, en el centro de la ciudad, y seguirá por toda la avenida Hidalgo, hacia el oriente, hasta el kiosko Lucilla Sabella, en la Macroplaza, frente al Palacio Municipal.

En la invitación se pide a la ciudadanía que tome conciencia de los ataques hacia las mujeres, pues la agresión física no es el único tipo de violencia que padecen ellas, también los insultos, tan comunes en la calle, son una forma de violar sus derechos.

“Tenemos claro que no solo se necesitan palos, piedras, golpes e insultos para violentar. Hay tratos que nos estigmatizan y devalúan, hay otras formas de violencia que se esconden entre las creencias y los hábitos culturales. Sentimos el dolor ocasionado por la indiferencia, la burla, el rechazo y discriminación de un amplio sector de nuestra población, sin embargo, entendemos que todas esas violencias pueden ser cambiadas”, se lee en la convocatoria.

Los organismos llaman a la población a asumir un compromiso pro-activo para construir una nueva realidad donde prevalezcan el reconocimiento y el respeto, y en el que las mujeres no sean injuriadas y victimizadas.

“Nada justifica la violencia en contra de nadie. La palabra puta se emplea de forma peyorativa, arbitraria y sexista para calificar el comportamiento de las mujeres cuando éste no es lo que se espera, así pues, invitamos a re-significarla y apropiarnos del término, ya que es una actitud desafiante y liberadora ante la violencia”, puntualizan.

La Marcha de las Putas, que se efectúa en todo el mundo con el nombre de Slut Walk, surgió en 2011, cuando durante un seminario sobre agresión sexual en la Universidad de York, en Toronto, un policía de Canadá dijo: “Las mujeres deben evitar vestirse como putas para no ser víctimas de la violencia sexual”.

A partir de entonces, en cientos de ciudades del planeta las mujeres se manifiestan para recordarle al mundo que las agresiones son responsabilidad total de quien las comete, no de las víctimas.

Durante estas protestas a nivel global, algunas de las manifestantes han vestido de manera sugestiva, con escasa ropa, para representar el estereotipo de las putas.

Quienes organizan la marcha en esta capital aseguran que el reto de las mujeres en el mundo es conseguir que sus demandas de justicia no sean minimizadas.

“Nuestro principal reto es vencer la burla, la indiferencia, la apatía, así como salir del círculo vicioso de sentirnos impotentes ante las condiciones que vivimos y el conformismo frente a la impunidad por parte de las instituciones encargadas de la atención, así como de impartir justicia”.

Convocan al evento el Colectivo Mujeres de Botas; Comunidad Metropolitana, AC; Diálogos en Confianza: Grupo de Mujeres y Hombres Trans COMAC; Ellas Arriba: Formación de liderazgos políticos de mujeres en la frontera norte de México; ICM de México, AR; Las Juanas. Mujeres Bisexuales, Lesbianas y MsM; Mujer x Mujer; Nuestra Voz; Panochaz Chichimekaz; Tertulia Feminista, y Zihuakalli: Casa de las Mujeres Indígenas en NL., AC.

/ 29 de agosto de 2013)

ATRAPARON A "TERRORISTA" EN TIJUANA BUSCADO POR EL FBI

Atraparon a "terrorista" buscado por el FBI


TIJUANA.- En esta ciudad fronteriza terminó la búsqueda de un estadounidense considerado "terrorista" por amenazar a un congresista de Hawai; lo capturaron elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP). 
 La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó se trata de Arnold Sherbow, buscado por autoridades de los Estados Unidos por amenazar vía telefónica y correo electrónico a la congresista Federal de Hawai, Tulsi Gabbard. 

Agentes de la Coordinación de Enlace Internacional de la PEP recibieron una alerta del gobierno norteamericano en donde solicitaban la colaboración para la búsqueda del delincuente. 

Ya contaba con una orden de aprehensión por amenazas y delitos cometidos contra funcionarios públicos, lo cual es considerado grave y catalogado como conspiración para cometer un crimen, así como terrorismo. 

Dichos delitos ocurrieron a principios de este mes de agosto, por lo que era buscado por diversas autoridades del extranjero, incluso por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). 

Alfredo Arenas Moreno, coordinador General de Enlace Internacional de la PEP, detalló “la investigación guió a los policías estatales preventivos a la delegación Playas de Tijuana, lugar en donde montaron operativos en búsqueda del presunto delincuente”, a quien capturaron cuando caminaba por el bulevar Paseo Ensenada. 

El extranjero se identificó como Arnold Sherbow, de 43 años, originario de Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Al corroborar su identidad, se confirmó era la persona buscada. 

(EL MEXICANO /Redacción / jueves, 29 de agosto de 2013 12:59 p. m.)

"LOS PELONES" MATARON AL POLICÍA MUNICIPAL EN TIJUANA


Said Betanzos
TIJUANA.- Tres integrantes del grupo del narcomenudeo conocido como "Los Pelones", son quienes asesinaron al oficial de la Policía Municipal, Raúl Ruíz Martínez. 
 Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el titular de la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Abel Galván Gallardo. Explicó además la orden la dio un hombre de nombre "Javier" a otra persona apodada "El Chuy". 

Los involucrados son Jesús Alejandro Romero Meza, "El Chaparro"; Gabriel Carrión Rentería, "El Gaby", y Aldo Arellano Rodríguez, "El Gerber". 

Los dos primeros acudieron a matar al oficial, aunque el funcionario no específico porqué, sólo se limitó a decir se dio por el trasiego de drogas en su entorno personal y no laboral. 

En el caso de "El Gerber" guardó las armas usadas en el crimen. 

Galván Gallardo aclaró las tres personas detenidas por la Policía Municipal en relación a este crimen, no participaron en los hechos, pero su arresto fue fundamental para obtener información y dar con los asesinos. 

(EL MEXICANO/ Said BETANZOS / jueves, 29 de agosto de 2013 12:01 p. m.)