MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Desde el pasado 29 de julio, Alejandrina Chigo apenas
come o duerme. Casi no habla. Se pregunta cómo estará su hijo José de
Jesús Martínez Chigo, detenido ese día en un retén instalado por
integrantes de la Secretaría de Marina, muy cerca de su casa, en el
poniente de Nuevo Laredo.
“Fuimos a
tres campamentos de los marinos, a la oficina de la PGR, a la policía
del estado, venimos a México y no nos dicen nada”, comenta en entrevista
con Proceso. Y añade: “Él (José de Jesús) es un muchacho muy callado,
muy tranquilo, es soldador como sus hermanos. Apenas murió su mujer y
dejó a una niña de tres años y a un niño de un año”.
Alejandrina,
su esposo y tres hijos varones llegaron a Nuevo Laredo procedentes de
Veracruz en busca de mejores oportunidades para vivir. “Mi esposo es
carpintero, yo trabajé en una fábrica 10 años, luego pusimos una tienda
de abarrotes. Los muchachos estudiaron la secundaria, se casaron y son
soldadores. Nunca hemos tenido problemas con nadie. No entiendo por qué
los marinos se llevaron a Jesús”.
Acompañada de familiares y del
presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL),
Raymundo Ramos Vázquez, los primeros días de agosto Alejandrina acudió a
las oficinas centrales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) y a la Unidad de Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación para conocer el paradero de su hijo. De
acuerdo con varios testigos, éste fue llevado junto con la menor Diana
Laura Hernández Acosta a un campamento provisional de los marinos en la
Ciudad Deportiva de Nuevo Laredo.
Además de este caso, el titular
de la CDHNL presentó al organismo que encabeza Raúl Plascencia
Villanueva los expedientes del menor Raúl David Álvarez Gutiérrez y de
Humberto del Bosque Villarreal, detenidos también por marinos el 30 de
julio y el 3 de agosto, respectivamente, y de quienes hasta ahora no se
sabe nada.
“Es preocupante que no haya hasta ahora una respuesta
de la Secretaría de Marina ni siquiera un comunicado oficial del
gobierno federal porque en este gobierno hay un discurso muy efectivo a
favor de los derechos humanos, pero en los hechos hay una tolerancia a
los abusos igual o mayor a la que en su momento hubo con el presidente
Felipe Calderón”, sostiene Ramos Vázquez.
Informa que mientras en
el sexenio pasado su organización recabó 432 quejas contra elementos de
las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la
Policía Federal, por ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada,
tortura y violación sexual, en los primeros ocho meses de 2013 ha
registrado 95 denuncias contra las mismas fuerzas federales, cifra que
equivale a 22% de los casos documentados durante el sexenio
calderonista.
Hasta diciembre de 2012, apunta Ramos Vázquez, los
habitantes de Nuevo Laredo sobrevivían en medio de la guerra de cárteles
y de la acción policiaco-militar para combatirla. Sin embargo, “a
partir de enero dejaron de ocurrir las masacres terribles, y algunos
creímos, ingenuamente, que la situación iba a mejorar, pero lo que
estamos viendo ahora es otra ola de violencia generada por la presencia
de las Fuerzas Armadas, marinos y policías federales”.
Pese a los
abusos ocurridos en Nuevo Laredo durante el sexenio de Calderón, la CNDH
sólo emitió dos recomendaciones: la 29/2012, por acciones atribuidas a
elementos del Ejército en diciembre de 2011, entre ellas la muerte por
tortura de José Manuel Esqueda López, detenido ilegalmente junto con
Gustavo Fuentes Moreno, quien sobrevivió al maltrato.
La otra
recomendación es la 39/2012, relativa a la desaparición forzada de seis
personas, José Fortino Martínez Martínez, José Cruz Díaz Camarillo,
Martín Rico García, Usiel Gómez Rivera, Diego Omar Guillén Martínez y
Joel Díaz Espinoza, capturadas por marinos en distintos operativos en
junio de 2011.
En relación con los abusos cometidos por fuerzas
federales en Tamaulipas durante el sexenio pasado, la CNDH emitió cuatro
recomendaciones; una de éstas corresponde a las muertes de los niños
Martín y Bryan Almanza Salazar, quienes viajaban con sus padres en un
vehículo que fue alcanzado por disparos de militares en Ciudad Mier.
Miedo y desconfianza
En
los primeros seis meses de 2013, el Sistema Nacional de Alerta Temprana
de Violaciones a los Derechos Humanos registró en Tamaulipas 267 quejas
en contra de elementos del Ejército, de la Marina, de la Policía
Federal y de la PGR.
Dice Ramos Vázquez que en Nuevo Laredo sólo
se denuncia 10% de los abusos “porque hay una gran desconfianza en las
autoridades”. Explica: “En casos emblemáticos, como las muertes de los
hermanos Almanza Salazar o los seis desaparecidos, no hay castigo para
los responsables. Peor aún si se llega a abrir un proceso de
investigación por parte de la PGR, ya que es muy lento y los agentes del
Ministerio Público empiezan por criminalizar a las víctimas”.
Además,
agrega, las quejas documentadas por violaciones a los derechos humanos
se refieren a casos graves, como ejecuciones extrajudiciales,
desaparición forzada y, en ocasiones, violación sexual. No obstante,
cuando se trata de tortura, privación ilegal de la libertad o
incomunicación las víctimas y sus familiares guardan silencio “porque
son amenazados por miembros de las Fuerzas Armadas de que si denuncian
los matarán a ellos y a sus familias”.
Entre las quejas más graves
recibidas por el CDHNL destaca la violación tumultuaria sufrida por una
menor de edad el pasado 10 de julio. Tras denunciar los hechos, la
joven, de 15 años, ha sido hostigada por miembros del Ejército.
Cuando
identificó a sus agresores “un grupo de militares se estuvo burlando de
la víctima y de sus familiares”. En el careo estuvo el comandante de la
Guarnición de la Plaza de Nuevo Laredo, general Antonio Solórzano
Ortega, según se lee en el documento del CDHNL fechado el 30 de julio y
dirigido al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong; al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos
Zepeda, y al ómbudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.
Para
Raymundo Ramos Vázquez es alarmante que en los primeros ocho meses del
gobierno priista se documenten 15 casos de personas detenidas por
marinos en Nuevo Laredo.
Explica: “Los ingresan en sus
campamentos, donde son torturados; el que menos, durante cinco días, y
el que más, durante 30. Luego los llevan a lugares tan lejanos como
Chihuahua, Ocampo, Guanajuato, Perote, Veracruz y Oaxaca. Les cambiaron
los nombres y fueron amenazados. Si declaraban lo que les ocurrió en los
campamentos, les dijeron, los matarían a ellos y a sus familias. Fueron
presentados a las delegaciones de la PGR en esos estados y se les
obligó a aceptar todas las imputaciones, como posesión de drogas o
armas; fueron ingresados a penales de mediana seguridad o cárceles
federales, y se les dificulta tener comunicación con sus familiares”.
Gracias
a sobrevivientes del confinamiento en el campamento provisional de la
Ciudad Deportiva de Nuevo Laredo, los familiares de José de Jesús
Martínez Chigo se han enterado de los métodos de investigación que
tienen los marinos.
“Dicen que los llevan al sótano de la Ciudad
Deportiva, que los meten en tambos de agua y les dan toques eléctricos
con las chicharras en el cuerpo, que conectan los dedos de los pies a
acumuladores de carros, y que hasta los violan”, detalla Brenda Olvera.
De
acuerdo con la denuncia presentada por la mujer ante las oficinas de la
PGR en Nuevo Laredo, Margarito García Hernández, cuñado de José de
Jesús, vio cuando éste y la menor Diana Laura Hernández Acosta fueron
detenidos en un retén de la Marina instalado en el cruce de los
bulevares Carlos Canseco y Rea. Ello ocurrió entre las dos y las tres de
la mañana del 29 de julio último.
Según el acta levantada por la
PGR con el número AC/PGR/TAMPS/NL/COE/541/2013, Margarito decidió ir por
su carro y seguir a los marinos. Vio que éstos ingresaron a los
detenidos y los vehículos en el campamento de la Ciudad Deportiva. Acto
seguido dio aviso a los familiares, quienes se movilizaron para exigir
la presentación.
“Hay entre 400 y 600 marinos en el campamento de
Nuevo Laredo, y de ahí se rotan hacia los campamentos de Colombia y
Anáhuac”, detalla el presidente del CDHNL, la única organización de
derechos humanos que permanece en todo Tamaulipas, después de la guerra
contra el narcotráfico.
Intervención de AI
En
las movilizaciones de protesta los parientes de José de Jesús se
acercaron a familiares de otros detenidos por la Marina. Es el caso de
Raúl David Álvarez Gutiérrez, de 17 años, detenido el 30 de julio.
Según
el expediente que abrió el CDHNL y por el cual la PGR dio curso al acta
circunstanciada AC/PGR/TAMPS/NL-III/568/2013, a las 14:00 horas del 30
de julio la hermana de Raúl David, Corina, recibió una llamada anónima
para informarle que el menor había sido detenido por elementos marinos
en la esquina de la calle 15 de septiembre y la avenida César López de
Lara, en Nuevo Laredo.
La joven acudió al lugar y confirmó la
versión con testigos. Le dijeron que poco después del mediodía un grupo
de marinos interceptó para una revisión a dos personas que viajaban en
un Cavalier con placas extranjeras. Como uno de los detenidos coincidía
con las señas particulares de su hermano, Corina acudió al campamento
para preguntar por Raúl David, pero no obtuvo respuesta.
El CDHNL
también tuvo conocimiento de la detención de Humberto del Bosque
Villarreal, ocurrida en el poblado de Colombia, municipio de Anáhuac en
Nuevo León, el sábado 3, y por la que la PGR integró el expediente
AC/PGR/TAMPS/NL/COE/560/2013.
De acuerdo con el testimonio del
padre de Humberto, Armando Humberto del Bosque Gutiérrez, ese día
acompañó a su hijo a la comandancia de policía de Colombia para
interponer una denuncia en contra de una persona con quien había reñido.
Los Del Bosque se retiraron luego de que el personal policiaco les
indicó que tenían “instrucciones” de que para cualquier incidente debían
“informar y solicitar la intervención del personal de la Marina”.
Aproximadamente
una hora después, Humberto recibió un aviso de que acudiera a la
comandancia porque “personal de la Marina quería platicar con él”. En
sus respectivos automóviles, una camioneta y un Ford Mustang gris modelo
2000 y placas de Texas, padre e hijo acudieron al llamado de las
autoridades, y antes de llegar a la comandancia Humberto “fue
interceptado por al menos tres unidades de la Marina… descendiendo un
grupo de marinos, uniformados, portando metralletas y chalecos antibalas
y cubriéndose el rostro con pasamontañas”.
De acuerdo con Armando
Humberto, su hijo fue bajado por la fuerza de su automóvil,
“arrojándolo al piso para revisarlo; inmediatamente después lo subieron a
una de las camionetas oficiales de la Marina y se lo llevaron
detenido”, en tanto que un oficial de la Marina se subió al auto de su
hijo, un Ford Mustang, y se lo llevó también, sin informarle a dónde
iban.
El padre del joven acudió al campamento de la Marina
instalado en la entrada del poblado de Colombia para preguntar por
Humberto, y un oficial de guardia le dijo que “lo iban a investigar y
que regresara en una hora”. Cuando regresó, le dijeron que su hijo no
estaba ahí, que habían dejado en libertad al joven con el que tuvo
diferencias, y le ordenaron que se marchara.
Entonces se dirigió a
la comandancia de policía de Colombia, a la agencia del Ministerio
Público de Anáhuac y a los campamentos que la Marina tiene en la región,
para buscar información acerca del paradero de su hijo. No obtuvo
respuesta.
Pese a que en la Marina niegan haber detenido a
Humberto, el CDHNL recuperó un documento, fechado el martes 13, en el
que José Ángel Molina y Miguel Godínez, oficiales de la comandancia de
Colombia, notifican al secretario de Seguridad Pública Municipal,
capitán Alfredo Grande Barrera, que personal de la Marina había
“intervenido” a Del Bosque Villarreal cuando viajaba en su vehículo
sobre la avenida Juárez al cruce con la calle de Urrea.
Los
oficiales que datan los hechos el viernes 2 y no el sábado 3 señalan que
al momento de la detención “el responsable del destacamento y
comandante de la Marina refiere que a partir de ese momento ellos se
hacen cargo de la denuncia, por lo que el denunciante (Del Bosque
Villarreal) y el vehículo (el Ford Mustang) quedan a su disposición”.
Por
los casos referidos, el lunes 19 Amnistía Internacional le solicitó al
presidente Enrique Peña Nieto la aplicación de “medidas urgentes”, toda
vez que “las fuerzas de seguridad y la procuración y administración de
justicia no son capaces o no tienen voluntad para esclarecer los hechos y
encontrar a las víctimas”. Esta solicitud se hizo mediante una carta
firmada por el secretario general de la organización, Salil Shetty.
“Hasta
el momento, la respuesta de su gobierno no ha estado a la altura de
esta crisis de derechos humanos”, advierte Shetty y emplaza a demostrar
“la capacidad del Ejecutivo para ejercer su autoridad sobre las Fuerzas
Armadas”, cuyos abusos fueron ampliamente denunciados durante el sexenio
pasado por esta organización.
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