Un grupo encabezado
por el ex gobernador pretende arrebatarle sus propiedades a 384 ejidatarios. La
superficie total es de 425 hectáreas, sin embargo, el delegado de la
Procuraduría Agraria, Eligio Soto López, adelantó a ZETA: “Vamos con todo” para
detener a los responsables del ilícito, entre quienes también está Yuan Yee
Cunningham, ex alcalde de Loreto, y el empresario Luis Cano Hernández
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Todavía no se reponen de la pérdida de tierras en la invasión de “La Ballena”
en el Ejido de San José del Cabo, y el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y
su grupo recibieron el 2 de diciembre de 2013 un nuevo revés en el intento de
despojar de sus propiedades a 384 ejidatarios en el corazón agrícola de
Comondú.
La Comisión
Investigadora designada por la Asamblea General del Ejido La Purísima, presentó
en su última reunión de análisis y revisión una serie de irregularidades
detectadas durante la asignación de parcelas en el segundo núcleo ejidal más
grande del estado, que comprende los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé,
colindantes con el Golfo de California y el Océano Pacífico.
Según el informe,
las principales anomalías son el registro de prestanombres, empresarios,
extranjeros, familiares, amigos, compadres y personas que no son ejidatarios,
como presuntos propietarios de valiosas tierras sobre todo en playa, que tras
la investigación, se descubrió tienen vínculos con las siguientes personas:
- Narciso
Agúndez Montaño, ex gobernador de Baja California Sur.
- Luis Cano
Hernández, empresario sexenal de las administraciones de Leonel Cota Montaño y
Narciso Agúndez Montaño.
- Ana Karina
Angulo Esquer, esposa de Luis Cano.
- Alberto
Orozco Moreno, ex delegado del Registro Agrario Nacional (RAN).
- José
Rigoberto Mares Aguilar, ex delegado de la Procuraduría Agraria (PA).
- Miriam
Aideé Orozco Luna, ex subdelegada jurídica de la PA.
- Daniel Raúl
Vizcarra Angulo, ex comisariado ejidal.
- Rosario
Baumar, ex subdelegada jurídica de la PA.
- Salvador
Sarabia Vázquez, perito topográfico.
- Yuan Yee
Cunningham, ex alcalde de Loreto.
El 25 de marzo de
2012, la Asamblea General del Ejido La Purísima, encabezada en aquel entonces
por Daniel Raúl Vizcarra Angulo, bajo el control absoluto del ex gobernador
Narciso Agúndez Montaño, parceló las 425 hectáreas que forman parte de la zona
ejidal, y de manera virtual,
supuestamente distribuyeron en partes iguales la tierra -al no tener trabajo de
apeo y deslinde e incluso mojoneras-, entonces iniciaron los trámites para la
certificación y obtener los títulos de propiedad de las parcelas.
Desde 1999, el ex
gobernante y un grupo de 38 empresarios y políticos, habían comprado de manera
irregular derechos ejidales, cuando Agúndez era alcalde de Los Cabos, bajo el
argumento de invertir “millones de pesos” y desarrollar turísticamente la zona.
Sin embargo, nada de
eso sucedió. Lo que sí paso, según el informe de la Comisión Investigadora,
es que “el grupo de Narciso Agúndez, y
cuando estaba de gobernador, planeó y preparó todo para despojar a los
pobladores de sus tierras”.
Y es que las únicas
parcelas que fueron asignadas en papeles, fueron las del malogrado Grupo de Los
Cabos, las cuales ya estaban incluso en trámite en el Registro Agrario Nacional
(RAN), donde la mayoría de los ejidatarios de La Purísima ni siquiera se habían
dado cuenta que no aparecían en el listado del registro.
Es el caso de los
ejidatarios Ismael Arce Hernández y Álvaro Alfredo Arce Mayoral, quienes
durante una entrevista con ZETA, expusieron que “incluso en el último
parcelamiento, más de 300 predios aparecen sin asignar, es decir, sin dueño, a
pesar de que en el antepenúltimo registro elaborado el 25 de febrero de 2007,
figuraron 384 ejidatarios y 38 supuestos nuevos ejidatarios, todos provenientes
de Los Cabos”.
Los ejidatarios
comentaron que en teoría -de acuerdo a la extensión del predio y por el número
de socios- “debieron haberles tocado 200 hectáreas por el lado del Golfo de
California y 200 hectáreas por el lado del Océano Pacífico, y un terreno de 20
hectáreas en las orillas del Estero de San Gregorio”.
Pero la mayoría no
recibió nada, situación que desató conflictos entre ejidatarios y avecindados
del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, terminando con la destitución de
Daniel Raúl Vizcarra Angulo -alfil del ex gobernante- como presidente del
Comisariado Ejidal de La Purísima, luego de que el 25 de marzo de 2011 y tras
perder el poder, el Tribunal Agrario Unitario resolvió el juicio bajo el
expediente TUA-48-101-2010, a favor de los verdaderos ejidatarios.
Después del término
de la investigación ordenada por el pleno de la Asamblea General del Ejido La
Purísima, el procurador agrario, Cruz López Aguilar, ordenó deslindar
responsabilidades, en principio de cuentas, en contra de los servidores
públicos que a continuación se enumeran:
1. Alberto
Orozco Moreno, ex delegado del RAN.
2. José
Rigoberto Mares Aguilar, ex delegado de la PA
3. Miriam
Aideé Orozco Luna, ex subdelegada jurídica de la PA.
4. Rosario
Baumar, ex subdelegada jurídica de la PA.
En su momento, los
arriba mencionados se coludieron con el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y
su grupo para intentar robarse las tierras de los ejidatarios.
Hoy por hoy, la
Subprocuraduría General de la Procuraduría Agraria, como única facultada
jurídicamente, prepara la formulación de denuncias penales correspondientes de
los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos relacionados en materia
agraria. El delegado de la PA, Eligio Soto López, adelantó a ZETA: “Vamos con
todo, porque vamos a sentar un precedente, no es posible que este grupo de
bandidos quiera apoderarse de la tierra que no es suya”.
El comienzo
Cuando era alcalde
de Los Cabos, en 1999, los ejidatarios de La Purísima le abrieron la puerta a
Narciso Agúndez Montaño y su grupo. Políticos y empresarios empezaron por
visitar la zona, y poco a poco se fueron metiendo hasta que compraron derechos
ejidales, según recordó el ejidatario Ismael Arce Hernández. “Tenían la intención de desarrollar la zona
turísticamente e invertir millones de pesos en el núcleo ejidal, como sucedía
en Los Cabos”, justificaron en su momento.
La llegada del
llamado Grupo de Los Cabos fue silenciosa y no se sabía nada, hasta que durante
una reunión de la Asamblea General del Ejido La Purísima, los opositores
sacaron a relucir en una reunión, una carta de Narciso Agúndez como residente
de La Purísima, expedida por el Ayuntamiento de Comondú.
Siendo alcalde y
públicamente conocido que vivía en Los Cabos, el grupo de ejidatarios -de
acuerdo al registro de la reunión- cuestionaban cómo era posible que avalaran a
“este tipo de gente”, sobre todo porque “no veían que trajeran muy buenas
intenciones, pues estaban comprando derechos hasta en 10 mil pesos, cuando su
costo real era de 3 o 4 millones de pesos”.
Lo cierto es que se
corrió la voz, y en un corto tiempo, llevados por la ambición, llegaron
empresarios y políticos de Los Cabos que ofrecían dinero por la venta de
derechos ejidales en ofertas que rayaban en lo ridículo: 50 mil pesos “por
ceder sus derechos de ese núcleo ejidal, y otorgar su anuncio y consentimiento,
para que las parcelas por asignar, a las que tenían derecho, fueran reconocidas
a favor otras personas”, transcribían solicitudes de ejidatarios, elaboradas y
fechadas en San José del Cabo.
Así, los compradores
tendrían la fabulosa oportunidad, a precio de ganga, de ser incluidos dentro
del sorteo de asignación de tierras -que todavía no se celebraba- y disponer de
420 hectáreas en esa codiciada zona rodeadas de playa, esteros de agua dulce y
ruinas arqueológicas.
Los nombres de los
compradores no se supieron hasta que el 25 de febrero de 2007, durante una
Asamblea General del Ejido La Purísima, el entonces comisariado Bernardino
Higuera Meza, leyó los nombres de los “nuevos ejidatarios”, entre éstos:
- Narciso
Agúndez Montaño, entonces gobernador del Estado de Baja California Sur.
- Gabriel
Larrea Santa, ex delegado de Cabo San Lucas.
- Daniel Raúl
Vizcarra Angulo, residente de La Paz.
- Luis
Raymundo Cano Hernández, empresario de Los Cabos.
- Ana Karina,
Manuel y Yolanda, de apellidos Angulo Esquer, esposa y cuñados del empresario
Luis Cano.
- Alberto
Treviño Angulo, actual diputado de Los Cabos.
- Valerio
González Scholnik, Elías Gutiérrez Osuna, Jesús Mario Maldonado Astorga y
Ricardo Araoz Gamiño, todos empresarios.
En esa reunión, el
comisariado Higuera Meza, ordenó el sorteo de las parcelas -como establece la
Ley Agraria-, y entonces fueron asignadas entre los 363 ejidatarios registrados
hasta ese momento.
(SEMANARIO
ZETA EN BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ diciembre 10, 2013 12:00 PM)