martes, 5 de marzo de 2019
COHEN: "TRUMP ES UN RACISTA, UN ESTAFADOR, Y CONOCÍA LOS CONTACTOS CON WIKILEAKS"
(RIODOCE/EL PAIS/27 DE FEBRERO 2019)
VIDEOS INÉDITOS DE LA DETENCIÓN DE ELBA ESTHER GORDILLO EN 2013
(RIODOCE/ SAGA TEAM/ 25 DE FEBRERO 2019)
MALAYERBA ILUSTRADA: HUMILLADO
Todos lo veían ahí, en el
barrio: aburrido, serio, encerrado en ese cajón de cemento y ladrillo, apenas
levantando la mirada, las cejas, la mano, para saludar. Sus dos hijos y la
esposa eran también callados. Él de la casa al trabajo recorría el mismo camino,
como si en cada paso buscara sus huellas. Todos los días ese ritual hueco y
cabizbajo.
Pero esa tarde salió con una
cara que nadie le conocía. El rostro de piedra y la voz dura y el paso erguido
y rápido. El niño de la vecina que solo salía de noche y bien peinada había
estado pateando el balón y le pegó en tres ocasiones a esa camioneta no tan
nueva y activó el mismo número de veces la alarma chillona del vehículo. Salió
con el energúmeno por dentro y por fuera.
Gritó, sacudió al niño luego
de tomarlo del brazo, y le quitó el balón. Órale morro, cómo das lata. Dejó al
menor a media calle, llorando. La madre salió con un chor corto y cachetero,
pegado hasta desnudar protuberancias: con el teléfono celular en el lado
derecho de la cara y gritando ya ves, una aquí sola, sin nadie que lo defienda,
y tú de güevón con tus amigotes y cualquier pendejo humillando a tus hijos y tú
cómo si nada.
Tomó torpemente al niño y lo
llevó tras ella, jalándolo. A los quince minutos llegó un hombre en taxi. Una
nueve milímetros en la derecha y de un caminar ladeado. Le decían El dólar por
ese andar de subibaja. El hombre se metió a la casa del vecino y lo sacó a
patadas. Golpes en los costados, en la espalda, las nalgas, las piernas. Y ya
en el suelo, en la cara, las costillas, la entrepierna. Se retorcía, trataba de
cubrirse. Su esposa salió, embarazada. Se tiró sobre él y lo cubrió justo
cuando El dólar había puesto el dedo de fuego en el gatillo.
Ande puto, para que no te
andes metiendo con mis hijos. Regresó la pistola a ese rincón detrás de los
linderos del cinto. Se iba a retirar cuando llegaron diez hombres. Lo doblaron
con dos opercat y se lo llevaron a rastras. En los teléfonos y radios de la
narcada empezó a escucharse que se llevaron a El dólar. Lo llevan al dique. Lo
van a matar. Si no interviene el jefe, le van a dar piso. Pero el jefe se
enteró. Llamó al comando y justo cuando se disponían a quebrarlo les ordenó que
dejaran a El dólar vivo, ahí, tirado.
Cuando vieron al jefe le
preguntaron por qué. El jefe les informó que le debía varios favores a El dólar
y que además era bueno a la hora de los chingazos, entrón y güevudo. Ah. Lo que
en el barrio no sabían era que ese hombre callado y tímido tenía su gente y su
poder. Que no necesitó pedir ayuda para que fueran a defenderlo y a matar a su
agresor. Ese es el bueno. Es el verdadero patrón, les dijo el jefe.
Columna publicada el 24 de febrero de 2019 en la
edición 839 del semanario Ríodoce.
(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/26 FEBRERO, 2019)
EU AHORA VA TRAS DOS DE LOS HIJOS DEL ‘CHAPO’
En un afán por desmantelar
toda la facción perteneciente a Joaquín el Chapo Guzmán, el departamento de
Justicia de Estados Unidos (USDOJ) desclasificó el jueves de la semana pasada
un expediente que precisa tener más de un año tratando de cazar a dos de los
hijos del capo, identificados como Joaquín y Ovidio Guzmán López.
El anuncio fue hecho apenas
10 días después de que Guzmán Loera fuera declarado culpable por un jurado en
Brooklyn Nueva York, cuando funcionarios de Estados Unidos festejaran el
veredicto como “uno de los más grandes triunfos de ese país”, a pesar de que el
consumo de drogas vaya a la alza en todo el territorio estadounidense.
“El veredicto de culpa es un
triunfo para el pueblo de Estados Unidos que ha sufrido estas acciones,
mientras Guzmán generaba millones envenenando nuestra frontera sur”, dijo
Richard Donoughue, fiscal del Distrito Este de Nueva York, al momento de conocerse
el veredicto.
Según el
expediente1:18-cr-00081-RC, radicado en
una corte federal del Distrito de Columbia, los hermanos Guzmán López tienen
casi 11 años traficando cocaína, mariguana y metanfetaminas a la zona de
Washington DC, en Estados Unidos.
“Como resultado de esta
acusación, el gobierno de Estados Unidos asegurará toda propiedad que esté a
nombre de Ovidio o Joaquín Guzmán López, que haya sido obtenida directa o
indirectamente por medio de ganancias derivas de tráfico de drogas”, se explica
en el expediente del cual Ríodoce mantiene una copia.
La acusación también precisa
apodos, pues mientras Ovidio es conocido como el Ratón y Ratón Nuevo, a Joaquín
lo conocen como el Güero, Moreno, o Güero Moreno; fuera de esos apodos, la
información que se tiene sobre ellos es casi inexistente.
En realidad el único de los
hermanos que no había sido acusado en alguna corte es Joaquín, quien junto con
Ovidio es hijo de Griselda López Pérez. Los otros dos hijos del capo que fueron
acusados con anterioridad son Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, hijos
de la primera esposa del capo, Alejandrina Salazar Hernández.
Ambas mujeres, al igual que
los hijos, han sido identificadas por la Oficina para el Control de Bienes
Extranjeros (OFAC) como “presuntos lavadores de dinero”, en 2015, y prohibió a
sus connacionales mantener todo tipo de negocios con ellas.
En una de las cartas que el
Chapo Guzmán envió a Dámaso López Núñez y que la corte de Brooklyn hizo
públicas durante del juicio, puede leerse la siguiente instrucción:
“… hay le encargo que caminen
muy de acuerdo para todo usted y mis cuatro hijos, pongan contadores en todo el
estado y que se pague a los muchachos y viudas de ahí y lo que quede por mes
mitad para usted y mitad para ellos 4”.
Y mientras los hijos ahora
enfrentan la cacería por parte del gobierno estadounidense, el presidente
Andrés Manuel López Obrador anunció el viernes pasado que la madre del capo,
doña Consuelo Loera López le pidió ayuda para que puedan visitar a su hijo en
la prisión de Estados Unidos.
“En efecto, fui a Badiraguato
y un abogado me entregó una carta de la mamá de Guzmán Loera. Como toda madre
pidiéndome apoyo para su hijo”, confirmó el Presidente, según informó el portal
de noticias Sin Embargo.
Según el presidente, a la
petición le darían seguimiento de inmediato, para lo cual el ejecutivo dio
instrucciones para que se otorguen las facilidades necesarias y que las
hermanas del Chapo, Armida y Bernarda Guzmán Loera puedan ir a Estados Unidos a
visitar a su hermano, aunque no iría doña Consuelo debido a su edad y su
incapacidad para viajar.
ÚLTIMA ESPERANZA
Pero justo cuando Estados
Unidos inició la cacería en contra de sus hijos, y las hermanas del capo
aspiran a lograr una visa humanitaria, la defensa considera una opción
inesperada: revocar el veredicto de culpabilidad contra Guzmán Loera, luego de
darse a conocer que al menos cinco miembros del jurado leyeron noticias
relacionadas con el juicio, según reveló su equipo de defensa.
Esto habría ocurrido luego de
revelarse que un integrante del jurado afirmara que “muchos de ellos siguieron
el juicio en las redes sociales”.
“Yo checaba los Twitters que
publicaban relacionados con el juicio, y también algunos de mis compañeros lo
hacían”, habría dicho un integrante anónimo del jurado al periodista Keegan
Hamilton, de Vice News, durante una video llamada sostenida un día después de
anunciado el veredicto.
Ese señalamiento contradice
las indicaciones hechas por el juez Brian Cogan, quien desde el primer día
precisó a los miembros del jurado abstenerse de leer, ver o escuchar noticias
del juicio en contra de Guzmán Loera, pues de hacerlo podrían ser influenciados
al decidir la inocencia o culpabilidad del acusado.
Sin embargo, ninguno de esos
señalamientos hechos por Cogan fue respetado, pues apenas un día después de
emitido el veredicto, el pasado 12 de febrero, el jurado en cuestión reveló
cómo fueron violadas todas esas peticiones.
Al respecto, Eduardo Balarezo
emitió un comunicado inmediato en donde acusó “lo angustiosa” que era esa
confesión, pues mostraba la serie de fallas e inconsistencia en el juicio.
“Es preocupante que el jurado
no haya seguido las instrucciones de la corte y que a pesar de que se les haya
advertido no leer noticias sobre el caso en las redes sociales, desobedecieran,
dejando en claro con ello que Joaquín no tuvo un juicio justo”, explica un
comunicado de la oficina de Eduardo Balarezo, abogado defensor del Chapo.
BALAREZO LAW
@balarezolaw
#elchapoguzman @balarezolaw
5413:24 - 20 feb. 2019
De acuerdo a la entrevista,
firmada por el periodista Keegan Hamilton, uno de los integrantes del jurado lo
contactó vía correo electrónico apenas terminado el juicio.
Durante ese correo, Hamilton
y el jurado se pusieron de acuerdo para hacer una videollamada al día siguiente,
y hablar sobre cómo fue el fungir como jurado en el llamado “juicio del siglo”,
pero con un afán de destacar las inconsistencias.
En esa videollamada, de poco
más de dos horas, el jurado explicó a Hamilton que el motivo por el cual las
deliberaciones duraron seis días fue porque muchos de ellos se les dificultaba
procesar la idea de que el Chapo pasaría el resto de sus días encerrado en
confinamiento total en una celda.
“Nos decíamos: todos somos
seres humanos, la gente se equivoca, y bueno, la idea de señalarlo culpable y
que pasara encerrado de esa manera el resto de su vida, muchos no se sentían
bien de saber eso”, dijo el jurado.
Lo más significativo fue que
durante los seis días que los integrantes del jurado deliberaron, se debió a
las inconsistencias del juicio, y que Jorge Cifuentes, uno de los testigos
protegidos que testificaron en contra del Chapo, creyera en la existencia de
ovnis, brujería e iluminatis, lo cual habría restado seriedad al juicio.
LAS INCONSISTENCIAS
Cifuentes sería apenas una de
las muchas inconsistencias que presentó el juicio, pues el hecho de tener a
testigos criminales, vistos incluso peor que el Chapo, y que además fueron
limitados al momento de ser cuestionados por la defensa por órdenes del Juez
Cogan, mostraron el juicio con tinte de parcialidad.
Ioan Grillo, periodista
inglés y autor de varios libros relacionados con el narcotráfico, consideró que
era innecesario traer a tantos criminales a declarar, sobre todo el colombiano
Juan Carlos Ramírez Abadía Chupeta, quien terminó confesando que él mismo había
ordenado la muerte de al menos 150 personas.
“También noté cómo limitaron
a la defensa al momento de interrogar a Vicente Zambada, ya que no se le
cuestionó sobre su participación con las agencias estadounidenses, y el tema de
autoridad pública, lo mismo que el tema de Rápido y furioso, eso no lo miré
bien tampoco”, dijo Grillo.
Para el escritor, era
necesario haber expuesto todos los vicios de las agencias de Estados Unidos, y
hablar de Rápido y furioso, y con todo eso habrían encontrado culpable a Guzmán
Loera, debido a las grabaciones con su voz que fueron presentadas.
Aún con todo eso en contra,
el equipo de defensa del antiguo capo del Cártel de Sinaloa sigue considerando
solicitar un nuevo juicio para revocar el veredicto, aunque Grillo considera
que eso es poco probable.
“Porque el gobierno puede
argumentar que aunque un testigo ciertamente habló con un medio de
comunicación, eso no cambia la decisión ya que son demasiadas las pruebas que
existen en contra del Chapo”, objetó Grillo.
Por lo pronto Balarezo ya
envió una nueva moción al juez Cogan anunciando que solicitará un nuevo juicio
una vez que se anuncie del veredicto, enfatizando que para hacer tal
petición necesitará 30 días en lugar de
los 14 días necesarios.
Al cierre de esta edición
Cogan seguía sin responder, aunque esta nueva moción deja en claro las
intenciones de la defensa de que solicitará un nuevo juicio.
Artículo publicado el 24 de febrero de
2019 en la edición 839 del semanario Ríodoce.
(RIODOCE/ MIGUEL ANGEL VEGA/ 26 FEBRERO, 2019)
LOS 40 DESPIDOS DEL ‘QUÍMICO’ BENÍTEZ
El Instituto de Cultura,
Turismo y las Artes es la dependencia del gobierno municipal encargada de la
organización de los espectáculos del Carnaval de Mazatlán.
Luego entonces, el director
del Instituto además de responsable debe contar con el apoyo de las otras
dependencias para que la fiesta mayor de los porteños luzca, y de esta manera
se garantice calidad y se vuelva ventana para el gozo y atracción del turismo
nacional e internacional.
Cualquier acto en sentido
contrario es un boicot consciente o inconsciente al Carnaval y eso
lamentablemente ocurrió una semana antes de que iniciara la fiesta con sus
reinas, bandas, papaquis, luces y confeti.
No fue cualquier funcionario
el autor de ese desatino, sino el mismísimo alcalde Luis Guillermo el Químico
Benítez, quien salió inopinadamente el martes pasado a decir a la prensa que se
despedirían a 40 trabajadores del Instituto y de ellos en forma inmediata, los
primeros diez.
Y cuando una periodista le
preguntó la razón de ese despido masivo, se obtuvo una respuesta clara y
contundente, pero no menos insensata: “Porque no hacen nada, porque los dejaron
heredados de la administración pasada, por ese motivo. Ni la ciudad, ni ella
(sic), ni nadie tenemos que mantener a flojos”.
Llama la atención que esta
declaración regañona la hizo sin la presencia del cineasta Oscar Blancarte,
quien funge como director del Instituto, y seguramente sin el aval de su
Consejo de Administración, que reglamentariamente es su máxima autoridad y
tiene entre sus competencias vigilar que esta dependencia funcione normalmente
y más durante las fechas carnavaleras, o sea que cada uno de los trabajadores
rinda frutos en su área.
¿Qué llevó a que el Químico
Benítez tomara esta decisión personalísima, que pone en riesgo el buen
desarrollo de la fiesta carnestolendas sin que lo haya consultado con el
Consejo de Administración y menos con su director Blancarte, que por lo visto
se enteró por la prensa?
Ciertamente todo alcalde
tiene entre sus facultades cuidar la buena aplicación de los recursos públicos,
sin embargo, en esto hay entes jurídicos e instancias competentes y deben
cuidarse los derechos laborales porque podría resultar más caro el remedio que
la enfermedad si viene una cascada de demandas, como ya se menciona entre
algunos observadores de la cosa pública.
No se necesita ser un
psicólogo lacaniano para saber que una persona sobre la que pende un despido
laboral tenga pocos incentivos para hacer las cosas bien. Alcanza el desánimo
por lo que sucederá al día siguiente que sea despedido y más cuando se irá con
el estigma de “flojo”, una persona que solo sabe cobrar sin hacer un trabajo,
esta expresión es un abuso de autoridad que atenta contra un derecho humano
como es tener un trabajo.
Puede ser, como no puede ser,
que algunos de ellos sean flojos o simplemente no se les asigna trabajo, como
quiera que sea eso le pega a la administración de Blancarte, pues después de
tres meses lo habría tolerado causando daños financieros a las arcas
municipales y peor si estaría decidido a seguir haciéndolo. Así que por decoro
tendría que salir a decir esta boca es mía, defender a quien haya que defender,
como es el derecho al trabajo, uno de los postulados básicos de cualquier
partido de izquierda.
Blancarte no ha dicho que los
futuros desempleados no asistan regularmente al Instituto y aun así, es
responsabilidad del titular del Instituto asignar tareas que no deben faltar en
estos días que son antesala del carnaval.
En definitiva, flaco favor le
hace el Químico Benítez a Oscar Blancarte, de quien se ha dicho le presentó su
renuncia y éste le pidió que permaneciera para evitar que estallara en medio de
la visita que AMLO hizo a Mazatlán; Blancarte aceptó por un sentido de
responsabilidad, pero eso exige corresponsabilidad del alcalde.
El Químico está perdiendo la
brújula política, exhibe su inexperiencia en los cargos públicos, en el trato
institucional, en un mínimo compañerismo con un proyecto común que es la 4T,
asume que los funcionarios públicos están al servicio de sus humores e
incapacidades, y que si no se ajustan a ellos tendrán que abandonar el cargo en
medio de la humillación pública.
Y es lo que estamos viendo en
el caso del Carnaval, su figura aspira a un protagonismo que no le va bien, la
gente en estos días busca la fiesta, no la reyerta política y menos ese
autoritarismo que dejará seguramente a muchas familias sin sustento y todo
porque cometieron el delito de trabajar en la administración pasada del
Instituto de Cultura ¡Carajo!
Y Oscar Blancarte calla
vergonzosamente, asume hasta el momento de escribir este texto, que el jefe
manda ¡Doblemente carajo!
Artículo publicado el 24 de febrero de
2019 en la edición 839 del semanario Ríodoce.
(RIODOCE/ ERNESTO HERNÁNDEZ NORZAGARAY/ 26 FEBRERO,
2019)
LOS IMPUNES DEL CAF
Foto: Archivo.- José Mario Lago
Villareal, "El Rambo" Henry Paul Salomón Sauceda. José Carlos Meza
Zepeda, "El Charly" Víctor Alfonso Félix Montenegro, "El
Papis" Jorge Manuel Alarcón Jacobo, "El George", "El Yoyo"
Israel Vergara Galindo, "El Marquitos".
Operador y enlace del Cártel Arellano
Félix, Israel Vergara Galindo “Marquitos”, detenido por secuestro y homicidio, fue liberado y
absuelto en diciembre de 2018. Ocho años
después del secuestro, tortura, violación y homicidio de la edecán Adriana
Ruiz, José Carlos Meza Zepeda será el primero y único de un grupo de ocho
criminales identificados, en ser procesado por su muerte, y aunque en 2009
confesó el delito e informó de la ubicación del cadáver, ahora amenazó a los
ministeriales que lo trasladaron desde un penal en Nayarit: “… este tiempo
estudié, conozco la Ley, y seré liberado”
Con sus actividades
delictivas secuestraron la seguridad de Zona Costa de Baja California, entre
2006 y 2010. Llenaron de muerte y sangre las calles de Tijuana, y aterrorizaron
a la clase productiva utilizando la extorsión y el secuestro para capitalizarse
en medio de la guerra interna del Cártel Arellano Félix (CAF).
Entre 2009 y 2010, los
capturaron como parte del trabajo de
investigación y coordinación. Fueron señalados por socios delictivos, algunos
confesaron sus crímenes y después se desdijeron. Hoy, años después, los liberan sin cargos, el Poder Judicial
decide que no tiene elementos suficientes para juzgarlos, o las fiscalías
inician procesos a destiempo, tachados de
“violatorios de derechos humanos”, lo que les abre la posibilidad de ser
liberados de cargos.
Se trata de ex miembros del
CAF que poco a poco han ido recuperando su libertad algunos, otros no han sido
ni capturados, mientras unos más no son acusados aunque sean detenidos.
Manuel García Simental “El
Chiquilín”, cabecilla criminal, aprehendido en febrero de 2010. Seis meses
después que ordenó el secuestro, tortura y homicidio de la joven Adriana
Alejandra Ruiz, en agosto de 2009; a diez meses de que instruyó el asesinato de
los policías Alonso Urban, Luis Izquierdo, Humberto Portugal y Susana Núñez, en
abril de 2009; y seis meses posteriores
a que mandó ejecutar a sus competidores delictivos Andy Arce y Felipe Gallegos,
operativo criminal en el que lesionaron a balazos al ex policía Karlo Omar
Herrera.
Esos tres delitos se están
procesando actualmente en un Juzgado en Tijuana, pero transcurridos nueve años
de la captura de “El Chiquilín”, éste sigue sin ser acusado, pese a las
confesiones y señalamientos de sus sicarios.
Fotos: Archivo.- Susana Núñez
Valenzuela. – Luis Izquierdo Ferreira – Pedro Alonso Urban Almazan.
Su segundo y cómplice
criminal, Henri Paul Salomón Sauceda, escapó en 2009 de Tijuana a Sinaloa. Fue
hasta noviembre de 2011 que la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) tramitó y obtuvo orden de aprehensión en su contra por las seis muertes
mencionadas. Considerado prófugo, ha
gozado de siete años de impunidad.
Israel Vergara Galindo “Marquitos”, “El Greñas”, “El Frank”, o “R61”, quien
secuestró y sirvió de enlace con autoridades para el CAF y delinquió con
Sinaloa, fue exonerado y liberado. Pese a su mención en por lo menos siete
secuestros dentro del expediente 0162/2012, sólo se le juzgó por la privación
de la libertad de un comerciante de mariscos en agosto de 2010.
A la fecha, la justicia
mexicana no ha podido sentenciar a los líderes de cárteles y sus
lugartenientes. En el mejor de los casos, sólo han logrado condenar a
criminales menores dentro del organigrama mafioso.
Gente como Sergio García Peña
“El Mudo” secuestrador de la célula de Eduardo García Simental “El Teo”, quien
en marzo de 2018 fue sentenciado a 104 años de prisión, lo capturaron en enero
de 2009. Le impusieron 79 años seis meses de cárcel por los tres plagios, otros
diez años por el delito de delincuencia organizada, cinco años más por acopio
de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y dos años adicionales por el
delito de posesión de cartuchos de uso reservado.
Mientras sus patrones, los
hermanos Manuel y Eduardo García Simental, siguen presos, inimputables y sin
sentencia.
SECUESTRO, VIOLACIÓN, HOMICIDIO y DECAPITACIÓN SIN
CASTIGO
José Carlos Meza Zepeda “El
Águila” fue detenido el 6 de agosto de 2009. En su declaración hizo referencia
a su participación en los delitos ordenados por “El Chiquilín”. Él llevó a los
policías, ministeriales, militares y peritos, hasta el basurero clandestino en
la colonia Altiplano donde el día 4, habían enterrado el cadáver cercenado de
la joven Adriana Alejandra Ruiz Muñiz, metido en bolsas de basura negras.
Adicional a la decapitación,
el cuerpo evidenció la tortura. En la cara, ojos moreteados y labios
reventados, le sacaron todas las uñas de los pies y le amputaron los dedos
medios en ambas extremidades inferiores, además presentaba desprendimiento de
piel en abdomen y manos. La mataron intentando hacer que confesara que ella
estaba entregando a la gente de la célula de “El Teo” al Ejército, y la
violaron.
Adriana Alejandra Ruiz Muñiz
acababa de cumplir 30 años una semana antes del 4 de agosto de 2009, fecha en
que la asesinaron. Era divorciada, tenía un hijo de entonces 4 años (hoy 13
años), vivía con su madre y trabajaba como edecán de una empresa de telefonía y
del equipo de futbol Xoloitzcuintles en Tijuana. El lunes 1 de agosto de ese
año, salió a pagar la mensualidad de su automóvil y fue secuestrada por un grupo
criminal comandado por Manuel García Simental “El Chiquilín”, mafiosos con los
que la joven solía convivir y departir. Entre los días 1y 4 de agosto, la
mantuvieron desnuda, atada de pies y manos, la golpearon, le arrancaron las
uñas de los pies una a una, le cortaron los dedos medios y al final tres de los
hombres tomaron turnos para violarla. Intentaban que confesara que ella había
proporcionado información a un militar identificado como Moisés, lo que había
permitido que las autoridades capturaran a Candelario Arteaga Aguirre “El
Cande” en julio de 2009 y a otros cómplices de la célula de “Los Teos”. Adriana
negó todo el tiempo las acusaciones, pero igual la mataron, la decapitaron y la
enterraron en un basurero clandestino en la colonia Altiplano, donde fue
localizada el 6 de agosto de 2009, luego que uno de los criminales fue detenido
y confesó.
Pero después de más de nueve
años, Meza no había sido juzgado por sus crímenes. Al ser detenido, el Gobierno
Federal se lo llevó para ser juzgado por los delitos de posesión de armas y
delincuencia organizada.
A finales de enero de 2018,
la PGJE de Baja California fue informada que Meza sería liberado del penal
federal en Nayarit, la notificación les llegó porque desde agosto de 2009
existía orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado y violación
agravada cometidos en contra de Adriana Ruiz.
En estas condiciones, el 9 de
febrero de 2019, la PGJE anunció la “captura” de José Carlos Meza Zepeda, el
asesino de la edecán, y el caso resurgió. Tras su traslado a Tijuana, el
delincuente advirtió que había aprovechado el encierro, que había leído mucho,
que no era igual que hace nueve años, porque ya sabía que existía la manera de
eludir su responsabilidad legalmente,
“…este tiempo estudié, conozco la Ley, y seré liberado”, advirtió a sus
captores.
Sin embargo, en este expediente y por este delito, resulta
que “El Águila”, es el único acusado, a pesar que en su declaración en 2009
detalló la participación. De entrada, dijo que “El Chiquilín” y “El Paul” lo
ordenaron, este último les entregó autos y armas. Como autores materiales del
secuestro, violación y homicidio, describió las acciones de “El Güero”,
identificado como Jorge Manuel Alarcón Jacobo; “El Papis”, de nombre Víctor
Alfonso Félix Montenegro; “El Rambo”,
cuyo nombre es José Mario Lago Villarreal; y otros dos de quienes a la
fecha sólo se conocen sus apodos, “El Prieto” y “El Fer”.
Meza no admitió participación
en el asesinato, sin embargo, es el único con orden de aprehensión en su contra
por este caso consignado en la causa penal 389/2009.
PRESOS POR OTROS DELITOS
El 17 de agosto de 2009 se
dictó orden de aprehensión contra Víctor Alfonso Félix Montenegro “El Papis”,
por los delitos de homicidio y violación agravada, no obstante, la registraron
bajo la causa penal 663/2009, y al orden sigue activa porque permanece preso en
el Centro Federal de Readaptación Social de Nayarit, procesado por delincuencia
organizada, portación de armas y delitos contra la salud. En Baja California
tiene pendientes de ejecutar dos órdenes de aprehensión por asesinatos, la de
los dos traficantes del CAF en julio de 2009, y de cuatro policías en abril del
mismo año.
José Mario lago Villarreal
“El Rambo” fue detenido en marzo de 2011 y le ejecutaron siete órdenes de
aprehensión, una por el abuso sexual a una menor de 14 años cometido en
2009; cinco por homicidio en
coparticipación de procesados en 2011; y
dos homicidios calificados en grado de tentativa.
Jorge Manuel Alarcón Jacobo
“El Güero” también está preso en Baja California, a él le ejecutó la primera
orden de aprehensión el 7 de junio de
2011, y en los meses subsecuentes otras seis, todas por homicidio, diferentes a
los que tienen a Meza como acusado. El único caso que tiene en común por el que
lo están juzgando, es el asesinato de los dos traficantes del CAF.
Y Henry Paul Salomón Sauceda
“El Cien” quien ostenta el estatus de “prófugo”, tiene en su contra seis
órdenes de aprehensión por homicidio, una es la de los cuatro policías y otra
por los dos narcotraficantes del CAF que meses atrás habían sido compañeros de
cártel.
EL ASESINATO DE CUATRO POLICÍAS MUNICIPALES
En la causa penal 522/2009,
Montenegro, Salomón Sauceda, Meza Zepeda y el fallecido Ernesto Salomón Sauceda
–muerto en agosto de 2009, a manos del Ejército-, son los acusados por el asesinato
de los agentes Pedro Alonso Urbán Almazán, Humberto Portugal, Luis Izquierdo
Ferreira y Susana Núñez cuando salían de una firma de recorrido en un
establecimiento Oxxo del fraccionamiento Murúa, el 22 de abril de 2009.
Los mataron al azar para amedrentar
a los elementos de la Policía Municipal, pero sólo a José Carlos Meza le han
iniciado proceso, y fue también en este mes de febrero.
Meza y Montenegro declararon
y admitieron responsabilidad hace más de nueve años, para después reservarse en
las subsecuentes declaratorias.
En este expediente también
fueron mencionados como coautores, otros cuatro sujetos a quienes los
delincuentes identificaron sólo como Fernando “El Guapón”, Jorge “El Pariente”,
“El Tomás” y “El Peca”, pero la fiscalía
no investigó más.
MATAN A SUS EX COMPAÑEROS
Andy Arce “El Loco” se
integró joven al negocio familiar del narcotráfico, lo hizo con el CAF y de la
mano de su padre, Emilio Arce, operó criminalmente y surtió de armas a los
hermanos García Simental, pero durante la pugna interna se quedó del lado de Fernando
Sánchez Arellano. El 24 de abril de 2009 fue asesinado mientras circulaba en la
colonia Praderas, también mataron a Felipe Gallegos y dejaron herido el ex
policía Karlo Omar Herrera Sánchez, quien dio un nombre falso al ser apresado.
En este caso, la declaración
de Jorge Manuel Alarcón “El Güero” o “El Ceviche” permitió la integración de la
carpeta y la obtención de órdenes de aprehensión. En el documento se menciona
la participación de otro jefe delictivo al que sólo se refieren como “Nacho”,
del que no hubo más indagatorias. Por este expediente, sólo Alarcón ha sido
procesado.
“EL MARQUITOS”,
SECUESTRADOR Y OPERADOR EXONERADO
Israel Vergara Galindo,
identificado como “El Marquitos” dentro del el CAF y como “Frank” cuando se
cambió al Cártel de Sinaloa, fue implicado en expedientes de homicidio y
secuestro en Baja California.
Suben homicidios esta semana en Tijuana
Del viernes 15 a la mañana
del jueves 21 de febrero, se cometieron 35 homicidios dolosos en Tijuana,
mientras que en los seis días anteriores a la fecha mencionada se dataron 30
víctimas, registrándose un ligero incremento, según datos proporcionados por la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Durante la semana, dos
menores de entre 4 y 6 años de edad, sufrieron heridas de bala en diversos
ataques armados, mientras que un joven de 17 años fue privado de la vida en El
Laurel.
En lo que va del año, 25
mujeres han sido asesinadas, mientras 305 víctimas pertenecen al género
masculino.
AQUÍ LOS HECHOS VIOLENTOS DEL DOMINGO 17 AL JUEVES 21
DE FEBRERO:
DOMINGO 17. Roberto
González Bernal, de 50 años, fue asesinado por arma de fuego en un domicilio en la colonia 3 de Octubre.
En una maleta color negro y envuelto en un cobertor color azul, fue hallado el
cuerpo sin vida de un desconocido de 25 años en Camino Verde. El cadáver de
Francisco Hernández Ramírez, de 40 años, se encontró a bordo de un vehículo
tipo pick-up Dodge Dakota 2000, placas 8K70630; en el lugar había tres
casquillos calibre 9 milímetros. Un desconocido de 35 años murió en el Hospital
General tras un ataque armado en Pórticos de San Antonio. De un balazo
propinado con un arma 9 milímetros, fue abatido Alonso Solorio Silva, de 29
años, en Villas de Baja California.
Lunes 18. En la Zona Centro
se localizó el cadáver de una persona envuelta en una cobija, se le apreciaban
huellas de violencia en la cabeza. En el Ejido Ojo de Agua fue encontrado un
masculino muerto, de aproximadamente 67 años y con huellas de sujeción.
MARTES 19. En
el Ejido Francisco Villa sección 2, un hombre fue ultimado de un tiro en la
cabeza. En un domicilio en Villas del Álamo se dio el hallazgo de un masculino
muerto, junto al cuerpo sus atacantes dejaron una manta color blanco. En la
colonia Fausto González, José Isaías González Guevara, de 26 años, fue
encontrado sin vida; al parecer lo golpearon con un objeto contuso. En un lote
baldío en Villa del Álamo fue localizada una hielera y en su interior una
cabeza humana perteneciente a un hombre, junto a los restos, una cartulina
color amarillo exhibía el siguiente mensaje:
“VAMOS POR TI SONORA Y TODA LA GENTE QUE LO APOYEN YA NO LA JUEGUEN AL VERGA
VAMOS POR CONTRAS VOLTEADOS Y TODA ESA GENTE QUE NO SIRVA AQUÍ YA SABEN QUIEN
MANDA ATTE. EL BITACHE CTNG”. Por arma de fuego fue privado de la vida un
desconocido en la colonia López Leyva. En la Alemán se registró un tiroteo que
dejó como saldo una mujer muerta y tres féminas heridas, entre ellas una menor
de 6 años. La occisa fue identificada como Iris Janeth Nevarez Díaz, de 37
años, mientras que las lesionadas, Jocelyn y Janeth Nevarez Díaz, fueron
trasladas al Issstecali El Mirador y la Clínica 20 del IMSS. Los presuntos
responsables, al parecer tres hombres, huyeron en un automóvil sedán color
blanco de reciente modelo. Cabe destacar que dos de las victimas laboran en el
Ayuntamiento, una de ellas en Delegación Centro y la otra en Playas de Tijuana.
Con lesiones por arma de fuego en cara y tórax, fue encontrado sin vida un
desconocido en la colonia Buena Vista.
MIÉRCOLES 20.
En el Hospital General falleció el líder transportista Juan Francisco Muratalla
Zúñiga, de 41 años, agredido previamente a balazos en la colonia Buenos Aires
junto con su escolta. En El Florido IV, un hombre, sin identificar hasta el
cierre de esta edición, fue asesinado a balazos; su cuerpo quedó tendido a un
costado de un vehículo sedán color verde. Jesús Esteban Castañeda Esquivel, de
17 años, fue ultimado en El Laurel I.
Por proyectil de arma de fuego, un desconocido murió y su cadáver se encontró
en un predio baldío en Lomas del Jibarito.
JUEVES 21. Dos
hombres fueron agredidos a tiros mientras se encontraban en el fraccionamiento
Las Delicias, uno de ellos, identificado como Alejandro Fernández Andrade, de
23 años, murió en el lugar de los hechos tras una herida en el cráneo; el otro
falleció en la Clínica 1 del IMSS. En el mismo nosocomio pereció Sergio Daniel
Quintero, de 30 años, agredido con arma de fuego en Hacienda Las Delicias.
CINCO MUERTOS EN TECATE
Cuatro cadáveres calcinados y
una mujer asesinada a balazos, fue el saldo de una violenta jornada en Tecate
suscitada en la semana. Con estos hechos, la cifra de homicidios asciende a 14
víctimas en lo que va del año.
Los cuerpos incinerados
fueron localizados la mañana del lunes 18 de febrero, cerca de la carretera
Tecate-Ensenada, a la altura de la colonia Nido de las Águilas. Las víctimas
tenían heridas por disparos de arma calibre 223.
Dos días antes, una mujer de
aproximadamente 28 años, fue encontrada a la altura del puente del Rancho La
Puerta con tres impactos de arma de fuego calibre 45. Investigaciones refieren
que a través de las cámaras de vigilancia se observa que al sitio arribó un
taxi libre de Tijuana, del cual descendieron cuatro personas; posteriormente se
aprecian destellos luminosos compatibles con detonaciones de arma de fuego y,
tras el ataque, tres personas abordan el mismo vehículo y se enfilan de regreso
a Tijuana.
Las carpetas en su contra
iniciaron tras la captura de Enrique
Valdez Arellano “El Kare” y Esteban Alejandro González López, en diciembre de 2010. Después, por el
expediente federal AP/PGR/BC/TIJ/25/22-M-IV, iniciado con la aprehensión de
Adán Sarabia, Antonio Murillo y Fernando Chacón Mora, el 31 de diciembre de
2010 en la flagrancia de un secuestro. En marzo de 2012 se agregó el expediente
iniciado por homicidio en contra de Santiago Guadalupe Sánchez Martínez “El
Rojo”.
Con esos fundamentos, el 8 de
octubre de 2013 las autoridades federales ejecutaron un operativo para capturarlos en el Distrito
Federal.
En el expediente que contiene
varias declaraciones que implican a Vergara como cabeza de la célula que
organizó y ejecutó varios secuestros, incluidos:
* El del propietario de una marisquería ubicada en
Avenida Mazatlán de la colonia Campestre Murúa, lugar donde fue secuestrado el
21 de agosto de 2010; lo liberaron una semana después tras el pago de miles de
dólares.
* Antes, en julio del mismo año, el de Daniel
Valenzuela Barrón “El Nito” en la colonia Libertad; pagaron su rescate una semana
después.
* En el mismo periodo, los de Carlos Eduardo Núñez
Aldama y Bernabé Dukez Carranza en
Ensenada.
* En octubre de 2010, el de una hermana y una sobrina
de Ismael “El Mayo Zambada”, a quienes acompañaba una amiga. En este caso, el
propio Vergara detalló a las autoridades dónde tenía secuestradas a las
familiares del narcotraficante, luego que su jefe Juan Sillas recibió el pago
del rescate y no las liberó. También proporcionó la información a los hermanos
Alfonso y René Arzate, fue cuando se cambió de cártel para evitar ser
asesinado.
En el juicio, el abogado de
“El Marquitos” utilizó declaraciones donde los testigos cambiaron sus dichos o
fueron imprecisos, sin que los investigadores respaldaran con otros elementos
probatorios. Además, se dedicó a refutar los informes policiacos, después que
los agentes interrogados argumentaban “no recordar” las declaraciones y las
condiciones en que habían realizado las entrevistas incluidas en el expediente
varios años atrás.
Con estos antecedentes, el
jueves 20 de diciembre de 2018, Flavio Herrera, Juez Tercero de lo Penal,
determinó que el delito de secuestro agravado “no quedó debidamente evidenciado
con los elementos de prueba mencionados”, y dictó “inmediata y absoluta libertad
por haberse dictado sentencia absolutoria a su favor” en la causa penal 0162/2012. Y como ninguna
de las dos fiscalías, ni la federal ni la estatal, presentó o hizo valer otra
causa penal u orden de aprehensión, “El Marquitos” regresó a la calle, libre de
cargos.
Herrera Robles es el mismo
juez que el 14 de enero de 2017 dictó libertad al médico pasante Armando Otáñez
Merlos, quien confesó el asesinato de su novia Yissel, de 19 años, en agosto de
2014. “… con dos manos la sujeté fuerte de la cabeza hacia atrás, sumergiéndola
en el agua, con la intención de ahogarla, pero Yissel lo único que hacía era
como tratar de decirme algo, pero ya no se le alcanzaba a entender porque la
sumergía en el agua y cuando vi que ya no se movía, la dejé flotando con el
rostro en el agua”, expresó sobre cómo asesinó a la joven, quien estaba
embarazada.
Aunque su teléfono celular
registraba evidencia del homicidio y grabaciones de sus aparatos electrónicos
lo ubicaron en tiempo y lugar en el cajón pluvial donde tiró el cadáver, el
juez decidió darle más peso a los dichos
de una mujer que dijo haber estado con el imputado en lugar diferente a la hora
del crimen, y considerar tortura un par de manotazos que policías ministeriales
le dieron al momento de la detención.
La fiscalía impugnó, pero
tres magistrados confirmaron la resolución de Herrera.
También se vio involucrado en
el proceso en que el empresario Carlo Muzquiz Dávila despojó a su madre,
declarándola incapacitada física y mentalmente para tomar decisiones propias
respecto a su fortuna.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES
ZETA/ LUNES, 25 FEBRERO, 2019 01:00 PM)
“KIKO” DESVIÓ 4 MIL 600 MDP, OCULTÓ 802 EN DEUDA Y PAGÓ INTERESES SIN RAZÓN
Foto: Jorge Dueñes
Al revisar la deuda pública
de Baja California en 2017, la Auditoría Superior de la Federación encontró
finanzas debilitadas a cargo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, falta
de transparencia y discrecionalidad en el manejo de recursos, reportes
falseados para ocultar los altos niveles de endeudamiento, sobrepagos en
intereses y honorarios, la contratación casi compulsiva de créditos a corto
plazo para saldar más créditos. La limitada recaudación fiscal local detectada
por la ASF provocó en el Gobierno del Estado “falta de suficiencia financiera,
limitada capacidad de pago, liquidez y flexibilidad presupuestaria que conllevó
a resultados deficitarios”. Advierte que de no implementar medidas financieras
eficaces y extraordinarias, la administración entrante heredará peores finanzas
que las actuales
El gobierno de Francisco Vega
de Lamadrid no sólo ha acumulado 4 mil 649 millones 949 mil 859 pesos en malos
manejos y presuntos desvíos de fondos relacionados con la deuda pública
interna, sino que ocultó 802 millones de
pesos de la deuda pública de Baja California a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
Así lo determinó la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), máximo órgano fiscalizador en el país, al revisar
la totalidad de la deuda pública interna de BC, que alcanzó los 15 mil 177
millones 319 mil 700 pesos al cierre de 2017.
Los auditores, quienes
tuvieron acceso total a la información financiera y presupuestaria de la
administración estatal, no sólo encontraron que el gobierno panista reportó
como menor la deuda pública, sino que incurrió en otras prácticas irregulares
como pagar 14 millones 600 mil pesos en exceso por concepto de intereses
bancarios.
También detectaron desvíos de
millones de pesos que fueron adquiridos a través de financiamientos bancarios,
pero que el gobierno estatal “fraccionó y dispersó en hasta seis cuentas
bancarias que contenían otros recursos, de los cuales no se identificó su fuente
de financiamiento local o federal”.
No fue la única operación de
fragmentación de recursos que la administración estatal utilizó. El documento
advierte que el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid desarrolló un esquema
para, de manera constante, contratar créditos a corto plazo sin la autorización
del Congreso del Estado.
Lo anterior pese a que tan
sólo en un año, el total de recursos obtenidos por esta vía fue casi el doble
del valor de un crédito que requiere la aprobación de la mayoría de los diputados
para ser adquirido por el gobierno estatal.
A lo largo del informe de más
de 150 páginas, publicado el 20 de febrero de 2019 como parte de la entrega
reciente de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, se advierte de otros
incumplimientos a disposiciones fiscales como la “falta de transparencia y
rendición de cuentas” y la “discrecionalidad en la aplicación de los recursos
públicos derivados de créditos de corto y largo plazos”.
El análisis de la ASF
concluye que las consecuencias de los malos manejos financieros del actual
gobierno encabezado por Vega de Lamadrid pueden convertirse en una herencia
para la administración que entrará en funciones el 1 de noviembre de este año.
“El limitado tiempo de acción
que tiene el Gobierno de Baja California, los altos niveles de endeudamiento
por las obligaciones a corto plazo, la restringida capacidad de pago, liquidez
y suficiencia financiera y la relación deficitaria entre el ingreso y gasto,
dificultan la obtención de resultados favorables al cierre de la
administración”, señala.
De ahí la necesidad “que el
gobierno de Baja California implemente medidas financieras eficaces y
extraordinarias que le permitan subsanar las finanzas debilitadas”.
AUDITORES DESCUBREN REPORTES FALSEADOS
Con la Ley de Disciplina
Financiera, aprobada en 2016, la SHCP estableció un Sistema de Alertas basado a
su vez en la información que entidades federativas y municipios registran sobre
sus niveles de endeudamiento.
El modelo, instaurado en
junio de 2017, establece que “si el endeudamiento del ente público se ubica en
niveles en observación o elevados, enfrentará mayores restricciones con
respecto a los posibles destinos de sus excedentes”, entre otras limitaciones.
Pues bien, en la Cuenta
Pública 2017, el Gobierno del Estado de Baja California reportó una deuda
pública de 11 mil 846 millones 300 mil pesos, pero cuando la ASF practicó la
auditoría en la que se basa este reportaje, encontró que la deuda era en
realidad de 12 mil 648 millones 500 mil pesos.
La diferencia es de 802
millones 300 mil pesos. De este monto, 784 millones corresponden a los saldos
por pagar de dos créditos revolventes a largo plazo. El primero adquirido con
Scotiabank por 300 millones de pesos, y el segundo, con Interacciones por un
monto de 500 millones de pesos, adquiridos el 13 y 27 de agosto,
respectivamente.
La administración estatal no
registró estos montos como deuda pública, pero los auditores detectaron la
anomalía al revisar el rubro de Documentos por Pagar a Largo Plazo”.
El documento de la ASF
detalla que la justificación de personal de la administración estatal cuando
les fue informado este hallazgo fue “que los recursos de estos créditos se
utilizaron para cubrir insuficiencias de liquidez, por lo que los consideró de
corto plazo”.
Una falsedad más: “La ASF
verificó que éstos correspondieron a obligaciones constitutivas de deuda
pública, destinados a inversión pública productiva que incluyó la autorización
de estos créditos por la Legislatura Local, los contratos de financiamiento y la
información revelada en el Registro Público Único de la SHCP, así como la
normativa contable”, destaca el documento.
De los más de 800 millones de
pesos, 11 millones 600 mil pesos corresponden a las liquidaciones de capital de
diciembre de 2017 que el Gobierno del Estado reportó como liquidadas al cierre
del ejercicio 2017, pero que la ASF encontró se pagaron hasta enero de 2018.
Además, se detectó un crédito
suscrito con Banobras por 6.5 millones de pesos bajo el esquema de Bono Cupón
Cero, “que no reconoció y fue dispuesto en diciembre de 2017”.
Por último, 100 mil pesos no
registrados estaban destinados como pago de un crédito obtenido con Santander,
pero se trataba de “un importe mayor en la amortización en el mes de diciembre
al efectivamente pagado”.
“ERRORES Y OMISIONES” QUE COSTARON MILLONES
“Lo que afirman (la ASF) no
se ajusta a la realidad”: secretario de Planeación y Finanzas
Foto: Archivo.- Bladimiro Hernandez
Diaz.
El secretario de Planeación y Finanzas del
Estado, Bladimiro Hernández Díaz, aseguró que el gobierno estatal aportará la
información necesaria para solventar las observaciones que realizó la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) a la deuda pública de Baja California en la
cuenta pública 2017.
El informe, publicado el 20
de febrero de 2019, calcula daños al erario por más de 4 mil millones de pesos
respecto al manejo de fondos relacionados con la deuda pública. Sobre esto, el
funcionario declaró: “Lo que afirman, no se ajusta a la realidad”.
Aunque a decir del funcionario,
el gobierno estatal todavía no recibe la notificación oficial del informe, su
personal ya trabaja en reunir documentos e información financiera que no
aportaron durante el tiempo que los auditores federales pasaron en Baja
California para practicar esa auditoría en 2018.
“El procedimiento lo
estuvimos viviendo al momento que pidieron la revisión. Están seis u ocho
semanas y después se van, mucha de la información no alcanzó a llegar. Vamos a
entregarles la información pendiente que no terminaron de revisar, para ver que
lo que quedaría observable”, añadió.
De ahí que el integrante del
gabinete estatal considere que los hallazgos hechos por la ASF, como la falta
de registro de 802 millones de pesos de la deuda pública, el mal manejo de
créditos a corto plazo y el pago de intereses bancarios en demasía por 14
millones de pesos, parten de “desfases, diferencias y discrepancias” de
información.
Por ejemplo, a pesar de que
la Auditoría estableció que la adquisición de créditos a corto plazo debe ser
autorizada por el Congreso local, según Hernández Díaz “los créditos a corto plazo no están sujetos
al Congreso del Estado, sino los de largo plazo; sólo se debe hacer aviso
oportuno al Congreso”.
Sin embargo, los auditores se
rigieron en las leyes federales -las cuales se sobreponen a la legislación
local- para concluir lo anterior.
A partir del 20 de febrero,
la ASF cuenta con quince días hábiles para notificar de forma oficial a los
entes públicos auditados de sus resultados. De ahí, los gobiernos y organismos
tienen 30 días hábiles para presentar la información que solvente la falta de
información registrada respecto al manejo de las finanzas.
Una vez entregada esta
documentación, la ASF cuenta con un periodo de 120 días para determinar si la
información en realidad modifica las observancias hechas.
El encargado de las finanzas
en Baja California añadió que “nos queda esperar si toda esa información es
suficiente o no”.
Sobre el presunto desfalco a
las arcas estatales, el secretario refirió que “faltan algunos pasos antes de
tomar una consideración”. Recordó que incluso si el gobierno estatal no es
capaz de solventar las observaciones de malos manejos de recursos públicos, eso
no significa que se incurrió un delito, sino hasta que se agoten las instancias
de legal defensa, derecho de audiencia e incluso el agotamiento del proceso
penal.
Hasta entonces, refirió el
titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, se tendrá “derecho a
presumir alguna irregularidad o delito”.
La auditoría que se practicó
a la deuda pública interna de Baja California es una de las más extensas que
realizó el órgano fiscalizador. Revisó la totalidad de este rubro, 15 mil 177
millones 319 mil 700 pesos, para ser exactos.
De esa cantidad, 12 mil 648
millones 569 mil 700 pesos corresponden a la deuda pública como se le conoce, y
los 2 mil 528 millones 750 mil pesos restantes, a otras obligaciones de pago
como las Asociaciones Público Privadas (APP).
Los casi 13 mil millones de
pesos en deuda pública, contable hasta el 31 de diciembre de 2017, corresponden
a 23 contratos de crédito con siete instituciones financieras.
El objetivo de esta revisión,
según se establece en el documento, fue de fiscalizar “el proceso de contratación
de financiamiento, pasivos con proveedores y contratistas, la reestructura y
refinanciamiento, la autorización y la gestión de los recursos obtenidos, así
como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, los convenios al
respecto, en su caso, y la revelación de todo lo anterior en la información
contable, presupuestaria y financiera”.
Tras revisar estos rubros, la
ASF determinó recuperaciones probables por 4 mil 649 millones 949 mil 859
pesos, monto que representa los fondos
presuntamente desviados -de ahí que no hayan sido localizados por personal de
la Auditoría-, así como pagos en demasía y recursos que no fueron aplicados
como lo establece la Ley.
Por este motivo, la ASF concluyó con nueve observaciones que
generaron quince recomendaciones, once promociones de responsabilidad
administrativa y siete pliegos de observaciones.
Una de las principales
anomalías en el manejo de recursos relacionados con la deuda pública, destaca
el pago de intereses que efectúo el Estado por 14 millones 600 mil pesos más de
los requeridos en créditos a largo plazo, obtenidos con Santander, BBVA
Bancomer, Scotiabank y Banamex.
Esto significa que la
administración devengó 14 millones 600 mil pesos en intereses que no debió
destinar a ello, “por lo que el gobierno del Estado deberá gestionar ante las
instituciones financieras la devolución de los intereses pagados en demasía”,
establece la ASF.
En lo referente a los
intereses generados por créditos quirografarios (que no cuentan con garantía de
pago específica), en diciembre de 2017, la administración panista registró
varias transacciones por un total de 331 millones 800 mil, cuando en realidad estos
intereses fueron por 204 millones 400 mil pesos, una diferencia de 127 millones
400 mil pesos.
En cuanto al pago de
honorarios por servicios financieros, bancarios y comerciales integrales, “se
verificó que los 5 millones 300 mil pesos registrados fueron menores en un
millón 100 mil pesos a los verificados por la ASF de 6 millones 400 mil pesos”,
detalla el documento.
Lo anterior porque el
gobierno estatal no registró 900 mil pesos de los honorarios fiduciarios de
Scotiabank y reveló un importe menor en 200 mil pesos de los correspondientes a
Santander.
Por otra parte, “el Gobierno
del Estado no registró la totalidad de los gastos asociados a la deuda pública,
en virtud de que se identificaron servicios proporcionados en 2017 por las
empresas calificadores Fitch Ratings, la cual calificó al Gobierno del Estado
por el periodo de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, y a nueve créditos
en octubre de 2017 y HR Ratings, el cual calificó en diciembre de 2017 al
Gobierno del Estado y al crédito bancario obtenido con Banorte”.
La auditoría también arrojó
que la administración estatal no registró el gasto por 11 millones 500 mil
pesos de la prima pagada en 2017 por contratación de un instrumento con BBVA
Bancomer.
CRÉDITOS POR SALDAR, MÁS SEÑALES DE ALERTA PARA EL
ACTUAL Y PRÓXIMO GOBIERNO
Entre sus descubrimientos, la
ASF reportó dependencia presupuestaria de las participaciones recibidas del
Gobierno Federal y una limitada recaudación fiscal local que representa el 10.4
por ciento del total de los ingresos de 2017.
Además, el Gobierno del
Estado mostró “falta de suficiencia financiera, limitada capacidad de pago,
liquidez y flexibilidad presupuestaria que conllevó a resultados deficitarios”.
Respecto a los créditos
quirografarios de corto plazo, la ASF exhibe “uso elevado, recurrente y
creciente”, los cuales afectaron las calificaciones crediticias de 2017
asignadas respecto a 2016.
Ello “impactó de manera
negativa en la obtención de créditos con mejores tasas de interés y en el
incremento del servicio de la deuda pública”.
Sobre los créditos a corto
plazo, la ASF encontró la contratación de ocho créditos de este tipo con los
bancos HSBC e Interacciones por 4 mil 535 millones de pesos para cubrir
insuficiencias de liquidez de carácter temporal, sin autorización de la
Legislatura local.
Sin embargo, la Ley establece
que cuando el monto del crédito contratado supere el 6% de los ingresos totales
del gobierno estatal, que corresponde a 2 mil 682 millones de pesos, sí se debe
contar con autorización del Congreso.
“Se verificó que el Estado,
para poder disponer de los recursos obtenidos de los créditos y no rebasar el 6
por ciento señalado, utilizaba los recursos de los créditos o de otras fuentes
para pagar los créditos que se vencían, y con ello poder disponer de los nuevos
créditos de manera inmediata y compensar los recursos utilizados”, se lee en el
documento.
Un ejemplo de lo anterior, lo
comprobaron auditores al revisar un saldo que en 2016 se encontraba en 2 mil
645 millones 880 mil pesos que en un año sólo disminuyó en 117 millones 100 mil
pesos.
“La liquidación de estos
créditos constituye riesgos en las finanzas públicas presentes y futuras del
gobierno del Estado”, ya que los créditos a corto plazo deben ser liquidados
tres meses antes del cambio de administración estatal, lo cual significa que,
para agosto, se deben dejar saldados.
Otros factores que tienen a
las finanzas bajacalifornianas en riesgo, son la falta de capacidad de pago, el
ritmo de crecimiento de los egresos mayor al de los ingresos, así como las
presiones en las finanzas públicas por el pago de pensiones y jubilaciones.
La auditoría practicada a las
finanzas de Baja California es una de las más extensas que la ASF realizó para
el ejercicio fiscal 2017, se compone de más de 150 páginas y, aunque durante el
tiempo que se practicó, a la administración estatal se le notificaron de los
plazos para presentar aclaraciones, no solventó lo aquí expuesto.
No obstante, el órgano otorga
un plazo de treinta días hábiles a partir de que notifique al ente los
resultados de la auditoría, para realizar “las consideraciones que estime
pertinentes”. Los cuales comenzaron a contar desde el 20 de febrero de 2019,
día en que se publicó la auditoría en la cual se basa el presente análisis.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /INÉS GARCÍA RAMOS/ LUNES, 4 MARZO, 2019
01:00 PM)
100 EXTRADITABLES EN MÉXICO
Foto: Archivo.- Carlos Herrera Avalos
y/o Gustavo Rivera Martínez "El P1" / Óscar Adan Rodríguez Guevara,
"El Guero Chihuahua" / Fernando Sánchez Arellano, "El
Ingeniero"
Por lo menos un centenar de presuntos
delincuentes acusados de cometer delitos en Estados Unidos y otros países,
seguirán la ruta de “El Chapo” Guzmán para ser juzgados en suelo ajeno.
Miembros del Cártel de Sinaloa reclamados en extradición son mayoría, seguidos
de elementos de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Beltrán Leyva. Entre
los extraditables hay una veintena no detenidos, de los que figuran Rafael Caro
Quintero, Ismael “El Mayo” Zambada y Nemesio Oseguera “El Mencho”. En México
esperamos a nuestros prófugos Karime Macías y César Duarte, entre otros
Francisco Silla Rochas, “Sillas”,
“Rueda”
A dos semanas que finalizó el
juicio contra el narcotraficante Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera en
una Corte de Estados Unidos, por lo menos 100 personas podrían ser extraditadas
al extranjero para ser juzgadas por delitos cometidos en diversos países, entre
ellas cuatro de los hijos del propio ex líder del Cártel de Sinaloa, aunque
ninguno se encuentra preso.
De los extraditables,
mexicanos y foráneos, por lo menos 77 se encuentran privados de la libertad; el
resto tendrían que ser aprehendidos por las autoridades para que se les someta
al procedimiento administrativo que señala el Tratado de Extradición suscrito
con la nación de que se trate. En su mayoría son reclamados para su detención
provisional y posterior entrega -en caso de proceder- a la Unión Americana.
Entre los sujetos requeridos
para su extradición, predominan integrantes del Cártel de Sinaloa, de quienes
se identifica a 27; nueve del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); ocho del
Cártel de los Beltrán Leyva; seis del Cártel Arellano Félix (CAF); cinco de Los
Zetas; cuatro del Cártel del Golfo y cuatro del Cártel de Juárez; y 37 de otras
organizaciones criminales como las michoacanas, las independientes y
delincuentes convencionales.
El grueso de los
extraditables son narcotraficantes, sin embargo, entre los referidos como
delincuentes comunes hay extorsionadores, por fraude, homicidas, traficantes de
personas y sobre todo abusadores sexuales de menores de edad, quienes vinieron
a refugiarse en México. Los pocos que no serán entregados a Estados Unidos, son
reclamados por países como Perú, Guatemala, Argentina y Alemania.
Las “fichas” fuertes que pide
Estados Unidos en extradición, y seguramente serán los próximos objetivos, son
Abigael González Valencia “El Cuini”, recientemente cambiado de un penal de
máxima a uno de mediana seguridad en Ciudad de México, lo que pone alerta a las
autoridades capitalinas de un posible intento de fuga; Ismael Zambada Imperial
“El Mayito Gordo”, hijo de “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa; y
Vicente Carrillo Fuentes, que fuera jefe del Cártel de Juárez.
Por su relevancia, sobresalen
también los ex representantes de la cúpula de Los Zetas en diferentes épocas:
Miguel Treviño Morales “El Z-40”, Óscar Omar Treviño Morales “El Z-42” y José
María Guizar Valencia “El Z-43”. Por el Cártel del Golfo destacan Cleofas
Alberto Martínez Gutiérrez “El Güero”, Petronilo Moreno Flores “Panilo” y
Eleazar Medina Rojas “El Chelelo”, quien ya había salido de prisión y fue
reaprehendido el año pasado.
Eduardo Teodoro García Simental, “El
Teo”
Por el CAF, aunque algunos
habrían cambiado filiación tiempo antes de su captura hacia el Cártel de
Sinaloa, aparecen Gustavo Rivera Martínez “P-1”, Juan Francisco Sillas Rocha
“El Ruedas”, Óscar Adán Rodríguez Guevara “El Güero Chihuahua”, Teodoro García Simental
“El Teo” y Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”; por los dos últimos
todavía no se hace requerimiento oficial por parte de autoridades
norteamericanas.
Otros personajes que el
gobierno estadounidense pretende juzgar con severidad son los michoacanos
Servando Gómez Martínez “La Tuta”, Ramón Moreno Madrigal “El Llavero” y Jesús
Méndez Vargas “El Chango Méndez”. También saltan en la investigación realizada
por ZETA los que ya no serán extraditados: Héctor Manuel Beltrán Leyva “El H”,
a quien un infarto fulminante lo mató en el penal Altiplano el 18 de noviembre
de 2018, y Gerardo Álvarez Vázquez “El Indio”, al que tras casi nueve años de
procedimiento, finalmente le retiraron la solicitud de extradición.
Sin duda, los “peces gordos”
del narcotráfico que a los norteamericanos les gustaría tener encerrados en sus
mejores y más seguras cárceles, son aquellos no detenidos, entre ellos Rafael
Caro Quintero, líder del extinto Cártel de Guadalajara; Ismael “El Mayo”
Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa en solitario; los hermanos Alfonso
y René Arzate García, jefes de células del mismo cártel en Tijuana y Ensenada;
Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG; y Fausto Isidro Meza
Flores “El Chapo Isidro”, de los Beltrán Leyva.
Cabe hacer mención que México
también requiere en extradición a personajes imputados de delito en territorio
nacional y que hoy se encuentran en calidad de prófugos en el extranjero, como
es el caso de César Horacio Duarte Jaquez, ex gobernador de Chihuahua, acusado
de peculado agravado y delitos electorales; Karime Macías Tubilla, esposa del
procesado ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por presunto
fraude de 122 millones de pesos; entre otros implicados en escándalos políticos
de ambas entidades.
En temas de narcotráfico, se
espera la extradición de Gerardo González Valencia “El Lalo”, detenido en
Uruguay, y José González Valencia “La Chepa”, preso en Brasil, ambos del clan
criminal de “Los Cuinis”, brazo financiero del CJNG.
Y desde luego, Manuel Arturo
Villareal Heredia “El Nalgón”, quien está por compurgar pena impuesta en
Estados Unidos y será deportado a México, donde le esperan por lo menos tres
órdenes de aprehensión en Jalisco, Estado de México y Baja California.
Esta es la lista completa de
los extraditables de México para el mundo:
Abigael González Valencia “El
Cuini”
Adán Salazar Zamorano “Don
Adán”
Ana Marie Hernández Ledezma
“La Muñeca”
Ángel Humberto Cávez Gastélum
“Netflix”
Antonio Laredo Donjuan
Carlos Arturo Quintana “El
80”
Carlos Silva Arellano “El
Bolas”
César Octavio López Silva
Cleofas Alberto Martínez
Gutiérrez “Güero”
David Sánchez Hernández
“Christian”
Diego “C”
Edgar Jesús Paz Ravines
Eduardo Ravelo Rodríguez
“Tablas”
Eleazar Medina Rojas
“Chelelo”
Erick “M”
Eugenio Javier Hernández
Flores
Felipe Cabrera Sarabia
“Ingeniero”
Fernando Sánchez Arellano
“Ingeniero”
Gerardo Álvarez Vázquez
“Indio”
Gerónimo Gámez García “Primo”
Gustavo Rivera Martínez “P1”
Héctor Manuel Ojeda Avendaño
“Meño”
Heriberto Zazueta Godoy “Capi
Beto”
Hugo César Román Chavarría
“Vecino”
Ignacio “N”, “Nacho”
Inés Enrique Torres Acosta
“Kike Torres”
Ismael Zambada Imperial
“Mayito Gordo”
Jesús Méndez Vargas “Chango”
Jesús Alfredo Salazar Ramírez
“Muñeco”
Jesús Contreras Arceo “El
Canasto”
Jesús Ricardo Sánchez Patrón
Diabólico H-3”
Jesús Rosario Favela Astorga
“Chuy”
Jesús Richard Maderos
Jorge Juan Torres López
José Antonio Torres Marrufo
“Jaguar”
José María Guizar Valencia
“Z-43”
José Pineda Arzate “Avispón”
José Sánchez Villalobos
“Viejo Quirino” o “Señor de los Túneles”
Juan David Villegas Hernández
Juan Francisco Sillas Rocha
“Ruedas”
Juan José Pérez Vargas
“Piolín”
Juan Manuel Álvarez Inzunza
“Rey Midas”
Juan Paulino Cantero
Juan Romero Granados
“Chegoya” o “Güero”
Julio César Olivas Torres
“Sixto” o “Sexto”
Lorenzo “B”
Lucio Hernández Lechuga
“Lucky”
Luis Arellano Romero “Bichy”
o “Helio”
Luis Armando Rabbé
Luis “G”
Manuel Enrique Corral Unzueta
María Mercedes Barrios
Hernández
Martín Gaudencio Avendaño
Ojeda “Chiquilín”
Miguel Ángel Treviño Morales
“Z-40”
Miguel “R”
Nahúm Abraham Sicairos
Montalvo “El 15”
Nayar Josué Beltrán Campos
“Ny New”
Nazario Cavazos de Luna “Big
Papa”
Orlando Orea Gutiérrez
Óscar Adán Rodríguez Guevara
“Güero Chihuahua”
Óscar Omar Treviño Morales
“Z-42”
Óscar Mogollón Restrepo
Perla Aideé Puente Reséndiz
Petronilo Moreno Flores
“Panilo” o “M-100”
Ramón Moreno Madrigal
“Llavero”
Ramón Villarreal Hernández
“El Mon”
Raúl Flores Hernández “El
Tío”
Raúl Julio Escobar Poblete
“Comte. Emilio”
René Roque Martínez
Rodolfo López Ibarra “Nito
Amavizca”
Rogelio Chairez Gutiérrez
“Gordo”
Sergio Avendaño Ojeda
Servando Gómez Martínez
“Tuta”
Teodoro García Simental “Teo”
Thomas “S”
Vicente Carrillo Fuentes
“Viceroy”
Vicente Salinas Campos
“Chete” o “Chetío”
Lista de los extraditables
aún no detenidos
Alfonso Arzate García “El
Aquiles”
Alfonso Limón Sánchez
“Poncho”
Elvis González Valencia
Érick Valencia Salazar “El
85”
Fausto Isidro Meza Flores
“Chapo Isidro”
Ismael Zambada García “El
Mayo”
Ismael Zambada Sicairos
“Mayito Flaco”
Iván Archivaldo Guzmán
Salazar “Chapito”
Jesús Alfredo Guzmán Salazar
“Alfredillo”
Joaquín Guzmán López “El Güero Moreno”
Jorge Luis Mendoza Cárdenas
“La Garra”
José Alcalá Gaytán “El
Actitud”
José Antonio Romo López “Don
Chucho”
Juan José Esparragoza Moreno
“El Azul”
Nemesio Oseguera Cervantes
“El Mencho”
Ovidio Guzmán López “El
Ratón”
Óscar Fernando Villarreal
Martínez
Rafael Caro Quintero “El
Príncipe”
Rafael Guadalupe Félix Núñez
“Changuito”
René Arzate García “La Rana”
Rodolfo Villarreal Hernández
“El Gato”
Rubén Velázquez Aceves
“Ingeniero”
Teódulo Héctor Riveros Serra
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 4 MARZO, 2019
01:00 PM)
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