Foto: Jorge Dueñes
Al revisar la deuda pública
de Baja California en 2017, la Auditoría Superior de la Federación encontró
finanzas debilitadas a cargo del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, falta
de transparencia y discrecionalidad en el manejo de recursos, reportes
falseados para ocultar los altos niveles de endeudamiento, sobrepagos en
intereses y honorarios, la contratación casi compulsiva de créditos a corto
plazo para saldar más créditos. La limitada recaudación fiscal local detectada
por la ASF provocó en el Gobierno del Estado “falta de suficiencia financiera,
limitada capacidad de pago, liquidez y flexibilidad presupuestaria que conllevó
a resultados deficitarios”. Advierte que de no implementar medidas financieras
eficaces y extraordinarias, la administración entrante heredará peores finanzas
que las actuales
El gobierno de Francisco Vega
de Lamadrid no sólo ha acumulado 4 mil 649 millones 949 mil 859 pesos en malos
manejos y presuntos desvíos de fondos relacionados con la deuda pública
interna, sino que ocultó 802 millones de
pesos de la deuda pública de Baja California a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
Así lo determinó la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), máximo órgano fiscalizador en el país, al revisar
la totalidad de la deuda pública interna de BC, que alcanzó los 15 mil 177
millones 319 mil 700 pesos al cierre de 2017.
Los auditores, quienes
tuvieron acceso total a la información financiera y presupuestaria de la
administración estatal, no sólo encontraron que el gobierno panista reportó
como menor la deuda pública, sino que incurrió en otras prácticas irregulares
como pagar 14 millones 600 mil pesos en exceso por concepto de intereses
bancarios.
También detectaron desvíos de
millones de pesos que fueron adquiridos a través de financiamientos bancarios,
pero que el gobierno estatal “fraccionó y dispersó en hasta seis cuentas
bancarias que contenían otros recursos, de los cuales no se identificó su fuente
de financiamiento local o federal”.
No fue la única operación de
fragmentación de recursos que la administración estatal utilizó. El documento
advierte que el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid desarrolló un esquema
para, de manera constante, contratar créditos a corto plazo sin la autorización
del Congreso del Estado.
Lo anterior pese a que tan
sólo en un año, el total de recursos obtenidos por esta vía fue casi el doble
del valor de un crédito que requiere la aprobación de la mayoría de los diputados
para ser adquirido por el gobierno estatal.
A lo largo del informe de más
de 150 páginas, publicado el 20 de febrero de 2019 como parte de la entrega
reciente de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, se advierte de otros
incumplimientos a disposiciones fiscales como la “falta de transparencia y
rendición de cuentas” y la “discrecionalidad en la aplicación de los recursos
públicos derivados de créditos de corto y largo plazos”.
El análisis de la ASF
concluye que las consecuencias de los malos manejos financieros del actual
gobierno encabezado por Vega de Lamadrid pueden convertirse en una herencia
para la administración que entrará en funciones el 1 de noviembre de este año.
“El limitado tiempo de acción
que tiene el Gobierno de Baja California, los altos niveles de endeudamiento
por las obligaciones a corto plazo, la restringida capacidad de pago, liquidez
y suficiencia financiera y la relación deficitaria entre el ingreso y gasto,
dificultan la obtención de resultados favorables al cierre de la
administración”, señala.
De ahí la necesidad “que el
gobierno de Baja California implemente medidas financieras eficaces y
extraordinarias que le permitan subsanar las finanzas debilitadas”.
AUDITORES DESCUBREN REPORTES FALSEADOS
Con la Ley de Disciplina
Financiera, aprobada en 2016, la SHCP estableció un Sistema de Alertas basado a
su vez en la información que entidades federativas y municipios registran sobre
sus niveles de endeudamiento.
El modelo, instaurado en
junio de 2017, establece que “si el endeudamiento del ente público se ubica en
niveles en observación o elevados, enfrentará mayores restricciones con
respecto a los posibles destinos de sus excedentes”, entre otras limitaciones.
Pues bien, en la Cuenta
Pública 2017, el Gobierno del Estado de Baja California reportó una deuda
pública de 11 mil 846 millones 300 mil pesos, pero cuando la ASF practicó la
auditoría en la que se basa este reportaje, encontró que la deuda era en
realidad de 12 mil 648 millones 500 mil pesos.
La diferencia es de 802
millones 300 mil pesos. De este monto, 784 millones corresponden a los saldos
por pagar de dos créditos revolventes a largo plazo. El primero adquirido con
Scotiabank por 300 millones de pesos, y el segundo, con Interacciones por un
monto de 500 millones de pesos, adquiridos el 13 y 27 de agosto,
respectivamente.
La administración estatal no
registró estos montos como deuda pública, pero los auditores detectaron la
anomalía al revisar el rubro de Documentos por Pagar a Largo Plazo”.
El documento de la ASF
detalla que la justificación de personal de la administración estatal cuando
les fue informado este hallazgo fue “que los recursos de estos créditos se
utilizaron para cubrir insuficiencias de liquidez, por lo que los consideró de
corto plazo”.
Una falsedad más: “La ASF
verificó que éstos correspondieron a obligaciones constitutivas de deuda
pública, destinados a inversión pública productiva que incluyó la autorización
de estos créditos por la Legislatura Local, los contratos de financiamiento y la
información revelada en el Registro Público Único de la SHCP, así como la
normativa contable”, destaca el documento.
De los más de 800 millones de
pesos, 11 millones 600 mil pesos corresponden a las liquidaciones de capital de
diciembre de 2017 que el Gobierno del Estado reportó como liquidadas al cierre
del ejercicio 2017, pero que la ASF encontró se pagaron hasta enero de 2018.
Además, se detectó un crédito
suscrito con Banobras por 6.5 millones de pesos bajo el esquema de Bono Cupón
Cero, “que no reconoció y fue dispuesto en diciembre de 2017”.
Por último, 100 mil pesos no
registrados estaban destinados como pago de un crédito obtenido con Santander,
pero se trataba de “un importe mayor en la amortización en el mes de diciembre
al efectivamente pagado”.
“ERRORES Y OMISIONES” QUE COSTARON MILLONES
“Lo que afirman (la ASF) no
se ajusta a la realidad”: secretario de Planeación y Finanzas
El secretario de Planeación y Finanzas del
Estado, Bladimiro Hernández Díaz, aseguró que el gobierno estatal aportará la
información necesaria para solventar las observaciones que realizó la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) a la deuda pública de Baja California en la
cuenta pública 2017.
El informe, publicado el 20
de febrero de 2019, calcula daños al erario por más de 4 mil millones de pesos
respecto al manejo de fondos relacionados con la deuda pública. Sobre esto, el
funcionario declaró: “Lo que afirman, no se ajusta a la realidad”.
Aunque a decir del funcionario,
el gobierno estatal todavía no recibe la notificación oficial del informe, su
personal ya trabaja en reunir documentos e información financiera que no
aportaron durante el tiempo que los auditores federales pasaron en Baja
California para practicar esa auditoría en 2018.
“El procedimiento lo
estuvimos viviendo al momento que pidieron la revisión. Están seis u ocho
semanas y después se van, mucha de la información no alcanzó a llegar. Vamos a
entregarles la información pendiente que no terminaron de revisar, para ver que
lo que quedaría observable”, añadió.
De ahí que el integrante del
gabinete estatal considere que los hallazgos hechos por la ASF, como la falta
de registro de 802 millones de pesos de la deuda pública, el mal manejo de
créditos a corto plazo y el pago de intereses bancarios en demasía por 14
millones de pesos, parten de “desfases, diferencias y discrepancias” de
información.
Por ejemplo, a pesar de que
la Auditoría estableció que la adquisición de créditos a corto plazo debe ser
autorizada por el Congreso local, según Hernández Díaz “los créditos a corto plazo no están sujetos
al Congreso del Estado, sino los de largo plazo; sólo se debe hacer aviso
oportuno al Congreso”.
Sin embargo, los auditores se
rigieron en las leyes federales -las cuales se sobreponen a la legislación
local- para concluir lo anterior.
A partir del 20 de febrero,
la ASF cuenta con quince días hábiles para notificar de forma oficial a los
entes públicos auditados de sus resultados. De ahí, los gobiernos y organismos
tienen 30 días hábiles para presentar la información que solvente la falta de
información registrada respecto al manejo de las finanzas.
Una vez entregada esta
documentación, la ASF cuenta con un periodo de 120 días para determinar si la
información en realidad modifica las observancias hechas.
El encargado de las finanzas
en Baja California añadió que “nos queda esperar si toda esa información es
suficiente o no”.
Sobre el presunto desfalco a
las arcas estatales, el secretario refirió que “faltan algunos pasos antes de
tomar una consideración”. Recordó que incluso si el gobierno estatal no es
capaz de solventar las observaciones de malos manejos de recursos públicos, eso
no significa que se incurrió un delito, sino hasta que se agoten las instancias
de legal defensa, derecho de audiencia e incluso el agotamiento del proceso
penal.
Hasta entonces, refirió el
titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, se tendrá “derecho a
presumir alguna irregularidad o delito”.
La auditoría que se practicó
a la deuda pública interna de Baja California es una de las más extensas que
realizó el órgano fiscalizador. Revisó la totalidad de este rubro, 15 mil 177
millones 319 mil 700 pesos, para ser exactos.
De esa cantidad, 12 mil 648
millones 569 mil 700 pesos corresponden a la deuda pública como se le conoce, y
los 2 mil 528 millones 750 mil pesos restantes, a otras obligaciones de pago
como las Asociaciones Público Privadas (APP).
Los casi 13 mil millones de
pesos en deuda pública, contable hasta el 31 de diciembre de 2017, corresponden
a 23 contratos de crédito con siete instituciones financieras.
El objetivo de esta revisión,
según se establece en el documento, fue de fiscalizar “el proceso de contratación
de financiamiento, pasivos con proveedores y contratistas, la reestructura y
refinanciamiento, la autorización y la gestión de los recursos obtenidos, así
como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública, los convenios al
respecto, en su caso, y la revelación de todo lo anterior en la información
contable, presupuestaria y financiera”.
Tras revisar estos rubros, la
ASF determinó recuperaciones probables por 4 mil 649 millones 949 mil 859
pesos, monto que representa los fondos
presuntamente desviados -de ahí que no hayan sido localizados por personal de
la Auditoría-, así como pagos en demasía y recursos que no fueron aplicados
como lo establece la Ley.
Por este motivo, la ASF concluyó con nueve observaciones que
generaron quince recomendaciones, once promociones de responsabilidad
administrativa y siete pliegos de observaciones.
Una de las principales
anomalías en el manejo de recursos relacionados con la deuda pública, destaca
el pago de intereses que efectúo el Estado por 14 millones 600 mil pesos más de
los requeridos en créditos a largo plazo, obtenidos con Santander, BBVA
Bancomer, Scotiabank y Banamex.
Esto significa que la
administración devengó 14 millones 600 mil pesos en intereses que no debió
destinar a ello, “por lo que el gobierno del Estado deberá gestionar ante las
instituciones financieras la devolución de los intereses pagados en demasía”,
establece la ASF.
En lo referente a los
intereses generados por créditos quirografarios (que no cuentan con garantía de
pago específica), en diciembre de 2017, la administración panista registró
varias transacciones por un total de 331 millones 800 mil, cuando en realidad estos
intereses fueron por 204 millones 400 mil pesos, una diferencia de 127 millones
400 mil pesos.
En cuanto al pago de
honorarios por servicios financieros, bancarios y comerciales integrales, “se
verificó que los 5 millones 300 mil pesos registrados fueron menores en un
millón 100 mil pesos a los verificados por la ASF de 6 millones 400 mil pesos”,
detalla el documento.
Lo anterior porque el
gobierno estatal no registró 900 mil pesos de los honorarios fiduciarios de
Scotiabank y reveló un importe menor en 200 mil pesos de los correspondientes a
Santander.
Por otra parte, “el Gobierno
del Estado no registró la totalidad de los gastos asociados a la deuda pública,
en virtud de que se identificaron servicios proporcionados en 2017 por las
empresas calificadores Fitch Ratings, la cual calificó al Gobierno del Estado
por el periodo de septiembre de 2017 a septiembre de 2018, y a nueve créditos
en octubre de 2017 y HR Ratings, el cual calificó en diciembre de 2017 al
Gobierno del Estado y al crédito bancario obtenido con Banorte”.
La auditoría también arrojó
que la administración estatal no registró el gasto por 11 millones 500 mil
pesos de la prima pagada en 2017 por contratación de un instrumento con BBVA
Bancomer.
CRÉDITOS POR SALDAR, MÁS SEÑALES DE ALERTA PARA EL
ACTUAL Y PRÓXIMO GOBIERNO
Entre sus descubrimientos, la
ASF reportó dependencia presupuestaria de las participaciones recibidas del
Gobierno Federal y una limitada recaudación fiscal local que representa el 10.4
por ciento del total de los ingresos de 2017.
Además, el Gobierno del
Estado mostró “falta de suficiencia financiera, limitada capacidad de pago,
liquidez y flexibilidad presupuestaria que conllevó a resultados deficitarios”.
Respecto a los créditos
quirografarios de corto plazo, la ASF exhibe “uso elevado, recurrente y
creciente”, los cuales afectaron las calificaciones crediticias de 2017
asignadas respecto a 2016.
Ello “impactó de manera
negativa en la obtención de créditos con mejores tasas de interés y en el
incremento del servicio de la deuda pública”.
Sobre los créditos a corto
plazo, la ASF encontró la contratación de ocho créditos de este tipo con los
bancos HSBC e Interacciones por 4 mil 535 millones de pesos para cubrir
insuficiencias de liquidez de carácter temporal, sin autorización de la
Legislatura local.
Sin embargo, la Ley establece
que cuando el monto del crédito contratado supere el 6% de los ingresos totales
del gobierno estatal, que corresponde a 2 mil 682 millones de pesos, sí se debe
contar con autorización del Congreso.
“Se verificó que el Estado,
para poder disponer de los recursos obtenidos de los créditos y no rebasar el 6
por ciento señalado, utilizaba los recursos de los créditos o de otras fuentes
para pagar los créditos que se vencían, y con ello poder disponer de los nuevos
créditos de manera inmediata y compensar los recursos utilizados”, se lee en el
documento.
Un ejemplo de lo anterior, lo
comprobaron auditores al revisar un saldo que en 2016 se encontraba en 2 mil
645 millones 880 mil pesos que en un año sólo disminuyó en 117 millones 100 mil
pesos.
“La liquidación de estos
créditos constituye riesgos en las finanzas públicas presentes y futuras del
gobierno del Estado”, ya que los créditos a corto plazo deben ser liquidados
tres meses antes del cambio de administración estatal, lo cual significa que,
para agosto, se deben dejar saldados.
Otros factores que tienen a
las finanzas bajacalifornianas en riesgo, son la falta de capacidad de pago, el
ritmo de crecimiento de los egresos mayor al de los ingresos, así como las
presiones en las finanzas públicas por el pago de pensiones y jubilaciones.
La auditoría practicada a las
finanzas de Baja California es una de las más extensas que la ASF realizó para
el ejercicio fiscal 2017, se compone de más de 150 páginas y, aunque durante el
tiempo que se practicó, a la administración estatal se le notificaron de los
plazos para presentar aclaraciones, no solventó lo aquí expuesto.
No obstante, el órgano otorga
un plazo de treinta días hábiles a partir de que notifique al ente los
resultados de la auditoría, para realizar “las consideraciones que estime
pertinentes”. Los cuales comenzaron a contar desde el 20 de febrero de 2019,
día en que se publicó la auditoría en la cual se basa el presente análisis.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /INÉS GARCÍA RAMOS/ LUNES, 4 MARZO, 2019
01:00 PM)
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