domingo, 23 de octubre de 2011

ELECCIONES DEL PRD DERIVAN OTRA VEZ EN CONFLICTO INTERNO EN EL D.F.

Intercambio de imputaciones entre distintas corrientes; Dolores Padierna responsabiliza a Marcelo Ebrard; Jesús Ortega acusa a René Bejarano; Gobierno del Distrito Federal se deslinda.

La Jornada en Línea, Raúl Llanos, José A. Román y Bertha Teresa Ramírez

Publicado: 23/10/2011 14:45
México, DF. Igual que en ocasiones anteriores, las elecciones internas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) derivaron en un conflicto interno. Las corrientes perredistas Nueva Izquierda (NI) e Izquierda Democrática Nacional (IDN) se señalaron mutuamente de haber afectado el proceso de elección de consejeros, que incluso se vio suspendido en siete entidades, entre ellas el Distrito Federal.
 
El origen del problema fue la toma de las oficinas del servicio electoral por parte gente de la delegación Gustavo A. Madero, afines a la planilla 22, y que encabezados por el jefe delegacional en esa demarcación, Víctor Hugo Lobo, impidieron que se desplazara toda la papelería electoral hacia la ciudad de México, Hidalgo y Oaxaca.

De ello, Dolores Padierna, de IDN, responsabilizó a las corrientes NI, Foro Nuevo Sol y a Alternativa Democrática Nacional (ADN), al tiempo de señalar que la suspensión de los comicios se extendió en total a siete entidades, incluyendo a Zacatecas, Chiapas, Nuevo León, Campeche, Veracruz, por lo que ahí se tendrá que reponer el proceso.
 
 En respuesta, el líder de NI, Jesús Ortega, acusó a René Bejarano y Dolores Padierna, ambos de IDN, de intentar "descarrilar" el proceso electoral de consejeros de ese partido, el cual, digo, "es válido jurídicamente", y será hasta el 30 de octubre cuando se reponga en los estados donde hubo afectaciones para su realización.

IDN "quiere una negociación para repartirse las posiciones en el Consejo y en el Congreso, y nosotros pedimos elección", añadió Ortega al advertir que integrantes de la corriente de Bejarano y Padierna empezaron hace 15 días a desacreditar el proceso electivo, tratando de presionar para que hubiera acuerdo y no elección.

En medio de tales descalificaciones, Padierna encabezó una marcha de Exporeforma, donde se instaló el servicio electoral, y concluyó en el Zócalo capitalino a las puertas del Gobierno del Distrito Federal.

Ahí, perredistas inconformes de la planillas 10 cubrieron las puertas del recinto con despensas, que según se repartirían para beneficiar a la planilla afin al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.
 
Bolsas de despensa con arroz y frijoles fueron amarradas a los barrotes de dos puertas de acceso. Acto seguido las rompieron, y abrieron botellas de aceite y las arrojaron a las puertas.

Fue entonces cuando la dirigente junto con Alejandro Sánchez Camacho, diputado local e integrante de IDN, acusó al mandatario capitalino de estar queriendo comprar conciencias y votos mediante despensas, por lo que le pidieron que deje las filas perredistas y saque las manos de las elecciones de este partido.

Por su parte, Jesús Ortega consideró que las protestas encabezadas por Padierna y que llevaron a la cancelación de los comicios obedecieron al hecho de que "sus planillas no son favoritas" y que quedará en minoría tanto en el Consejo como en el Congreso Nacional.

Por lo que toca a las entidades donde sí se realizan los comicios, manifestó que transcurren con orden. 

Asimismo, deslindó a NI de haber impedido la movilización de la papelería electoral.

Por su parte, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, José Ángel Ávila, señaló que la administración capitalina se deslinda de los conflictos entre corrientes surgidos del proceso electoral interno del Partido de la Revolución Democrática y añadió que se mantiene al margen y respetuosa de los comicios.

El funcionario señaló que las autoridades capitalinas asumen que “los conflictos y divergencias que surjan en estos procesos internos son responsabilidad exclusiva de sus militantes, en particular de sus dirigentes”, y no reconoce participación alguna del gobierno de la ciudad en ellos.

Añadió que las autoridades respetan la pertenencia a organizaciones o corrientes de opinión de los integrantes del gobierno, “con la única condición de no descuidar o controvertir sus responsabilidades públicas, particularmente en este proceso electoral interno.

“Hay compañeros y cercanos e incluso colaboradores del gobierno en diversas planillas, particularmente la 10 y la 22”.

Añadió que la administración local espera que através del diálogo, “el respeto y la altura de miras se llegue a un acuerdo que resuelva el proceso de elección de los órganos de dirección del partido.

POSPONEN PARA EL PROXIMO DOMINGO COMICIOS PERREDISTAS EN 7 ESTADOS

Comisión Electoral: el proceso, con normalidad en 25 entidades; robo y quema de urnas en Guerrero.

José Antonio Román, Raúl Llanos y Laura Gómez
Publicado: 23/10/2011 09:18
 
México, DF. El presidente de la Comisión Nacional Electoral del PRD, Iván Texta Solís, informó que los comicios para renovar los órganos directivos del partido, se realizan con normalidad en 25 estados del país.  mientras que en el Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y Veracruz, se ha determinado posponerlas para el próximo domingo debido a las irregularidades detectadas.
 
En los casos de Baja California Sur y Michoacán, son especiales debido a que en aquellas entidades postularon planilla única.

En conferencia de prensa en la sede nacional del PRD, Texta  señaló que esta instancia presentará ante la Comisión nacional de Garantías del partido, la denuncia correspondiente en contra de quienes resulten responsables de haber impedido la realización de estos comicios, que fueron mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Como se sabe, la madrugada de este domingo representantes de la Comisión Electoral y de las dirigencias nacionales y estatal del PRD consideraron que no había las condiciones para llevar a cabo la elección de consejeros nacionales y locales en el Distrito Federal, Veracruz y Oaxaca, por lo que se cancelaba ese proceso electivo.
 
En Durango, incluso, se presentaron situaciones de violencia, mientras que en Zacatecas y Nuevo León hubo manipulación y alteración del listado nominal.

Debido a ello, perredistas afines a las dos principales planillas que contenderían en el Distrito Federal, la 10 y la 22, realizaron una protesta de inconformidad y más tarde emprendieron una marcha por las calles del Centro rumbo al Zócalo capitalino y las oficinas del GDF.

El origen del problema fue la toma que hicieron de las oficinas del servicio electoral gente de la delegación Gustavo A. Madero, afines a la planilla 22, y que encabezados por el jefe delegacional en esa demarcación, Víctor Hugo Lobo, impidieron que se desplazara toda la papelería electoral hacia esas tres entidades.
 
La documentación que se enviaría a las casillas de estas tres entidades federativas está bajo resguardo de las autoridades electorales del partido, en el octavo piso de la sede de la Exporeforma. Se espera aún que la dirigencia del PRD en el Distrito Federal ofrezca una conferencia de prensa.

A la sede de Exporeforma, donde se instaló el servicio electoral nacional, integrantes del sol azteca de delegaciones como Cuauhtémoc, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Benito Juárez y Venustiano Carranza llegaron a protestar por la actitud asumida por simpatizantes de la planilla 22, encabezada por Lobo, quienes fueron convocados para esta mañana a las afueras del PRD capitalino, para  manifestar su inconformidad con la integración del listado nominal que se utilizaría.

El partido saldrá fortalecido
“La cancelacuión del proceso interno del PRD será resuelta con madurez y estaremos listos para enfrentar la batalla en 2010 que será contra el PR”, afirmó el secretario de Educación, Mario Delgado.

Al término de la segunda jornada de lectura en voz alta, en el contexto de la Feria del Libro del Zócalo, señaló: “estamos concientes que la batalla se dará el próximo año, por lo que los problemas internos se resolverán en un contexto de diálogo y negociación, consideró

Estimó que “todo va a asalir bien y el partido saldrá fortalecido para consolidar el triundo de la izquierda en la ciudad de México.

 
Robo y quema de urnas en Guerrero
En Acapulco, líderes locales y nacionales del PRD confirmaron acarreo, quema y robo de casillas que serían utilizadas este domingo en la elección interna de consejeros y delegados de dicho partido.

En las primeras horas de la mañana se reportó que en Atoyac de Álvarez, en la región de Costa Grande, militantes molestos porque no aparecían en las listas nominales quemaron una urna e impidieron la votación en la plaza central.

Poco después del mediodía ocurrió el robo de ocho urnas en el zócalo de Coyuca de Benítez, también en Costa Grande.

La dirigente municipal del PRD en Acapulco, Rosario Merlín, reportó la quema de una casilla en la colonia Zapata, donde cuatro casillas no fueron abiertas.

Señaló que en el distrito 13, que incluye las colonias Costa Azul, Garita y La Venta, las boletas fueron robadas, mientras que en el distrito 18, en el Coloso, un grupo de priístas intentó votar y los responsables de la casilla decidieron suspender la votación.

El subsecretario de la secretaría general del Partido de la Revolución Democrática, Adán Muñoz Cruz, miembro de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), culpó de las anomalías a las corrientes Nueva Izquierda, Foro Nuevo Sol, y Alternativa Democrática Nacional, encabezadas por Los Chuchos, quienes “están operando en los distritos donde se sienten perdidos”.

Dirigentes locales del PRD manifestaron que uno de los principales problemas fue que mucha gente fue excluida del padrón de votantes, además que de la lista nunca fue publicada.

En Morelos, retraso en apertura de casillas
La elección de consejeros y delegados nacionales y estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) inició con un retraso de casi dos horas en Morelos, confirmó el presidente estatal de ese partido, Juan Ángel Flores Bustamante.

El retraso en la instalación de casillas, según Flores Bustamante, ocurrió por la toma de las instalaciones en donde estaba la paquetería electoral destinada al Distrito Federal y a estados de la zona centro del país, entre estos Morelos.

El dirigente perredista aseguró que la paquetería electoral llegó a Morelos hoy a las siete de la mañana, ocasionando el retrasó en la apertura de las 174 casillas que inicialmente estaba programada para iniciar a las 8 de la mañana.

Aparte de que la mayoría de las casillas inició alrededor de las 9:30 y diez de la mañana, igual que en anteriores elecciones internas del partido del sol azteca, hubo desorganización y muchos militantes se quejaron que sus nombres no aparecieron en la lista nominal.

Salvo esos incidentes, el dirigente estatal del PRD calificó la jornada como tranquila.

Con información de Héctor Briseño y Rubicela Morelos, corresponsales

"NOSOTROS NO TENEMOS NINGUN COMPROMISO CON LAS AUTORIDADES ESTATALES NI MUNICIPAL": CARLOS NAVARRO LOPEZ


El Secretario del Ayuntamiento, no tiene nada que hacer en los asuntos (internos) del PRD.

A nadie vamos a excluir, pero tampoco a nadie le vamos a permitir que obstaculice la labor de crecimiento del partido en Guaymas y en Sonora.

Nosotros, vamos a nombrar el próximo domingo (mañana) consejeros estatales, nacionales, congresistas y, no quiero intervención de autoridades federales, estatales ni municipales dentro del proceso del PRD.


Javier VELAZQUEZ PEÑA/REPORTEROS.COM
GUAYMAS, Son.- Después de una larga espera REPORTEROS.COM tuvo la oportunidad de entrevistarse de manera exclusiva con el dirigente estatal del PRD en Sonora, Carlos Navarro López, al concluir una reunión de trabajo con los representantes de los diferentes grupos y corrientes del perredismo guaymense, que sostuvo en conocido centro gastronómico del puerto, pasadas las 20:30 horas, para conocer de cerca lo que estaba se manejaba en ciertas notas informativas, la presunta salida de la dirigencia municipal del sol azteca en el puerto.

Sin mucho preámbulo, después de los saludos de rigor con el dirigente del PRD en Sonora, se le preguntó:

¿Cuál es la situación que prevalece actualmente en el  interior del PRD Guaymas?

“Bueno, es una situación que tuve que atender el día de hoy (viernes 21 de octubre 22:30 horas). Me envió el presidente del Comité Municipal de Guaymas, profesor José Guzmán López González una petición para que intervenga ante señalamientos que han hecho unos compañeros del PRD en Guaymas, ante notas periodísticas que hablan  de una intención de remoción del dirigente municipal.

“Inmediatamente vine a platicar con el dirigente (municipal) y los invitados de diferentes grupos y corrientes, para ver cuál es la situación que se está presentando.

“Ya antes había platicado con algunas de las personas que se han  manifestado y, a todos los he invitado, para que dejen atrás a los tiempos de confrontación interna de “canibalismo”.

“El PRD necesita (en estos momentos)  entrar a otra etapa de reorganización. De relanzamiento la llamó (Jesús) Zambrano (dirigente nacional del PRD) la semana pasada en su gira por Sonora, y que (detractores e inconformes) pongan la mira hacia afuera, para que el PRD recupere la actividad con los sectores populares, con los compromisos históricos que la izquierda ha tenido:

“Que se defienda a la Tribu Yaqui que (actualmente)  está (luchando) y defendiendo su tierra y  su agua.

“Que el PRD defienda y apoye a los sectores populares, a la gente que no tiene un solar para vivir,  que se manifiesta contra el alza de las tarifas eléctricas, que se manifieste en contra de la carestía de la vida, que se manifieste por el transporte público gratuito para los  estudiantes;

“Necesitamos un PRD que muestre,  que es un partido de izquierda, que no tiene compromisos con ninguna instancia del poder (económico) ni nivel de gobierno.

“Nosotros no tenemos ningún compromiso con las autoridades estatales ni municipales.

“Es más, dijo, a mi en lo personal, me llamó la atención que se publicara una foto de varios compañeros del PRD (Guaymas) platicando con el Secretario del Ayuntamiento (Alonso Arriola Escutia) y que de allí se interprete o se busque impulsar la destitución del dirigente municipal (del PRD en Guaymas, profesor José Guzmán López González).

“El Secretario del Ayuntamiento, no tiene nada que hacer en los asuntos (internos) del PRD.

Y Advierte, que si se vuelve a repetir que algún funcionario del municipio se mete en los asuntos internos del PRD. Voy hacer el reclamo directo al Presidente Municipal (César Lizárraga Hernández), incluso podríamos solicitar la remoción que groseramente se metan en la renovación del PRD en la entidad y el municipio.

“Nosotros, vamos a nombrar el próximo domingo (mañana) consejeros estatales, nacionales, congresistas y, no quiero intervención de autoridades federales, estatales ni municipales dentro del proceso del PRD.

“Yo llamo al presidente municipal, a las autoridades, a que por favor se abstengan de intervenir en los asuntos internos del PRD.

“Voy a regresar en los próximos días a una reunión de trabajo, con todos los compañeros que ocupan algún cargo del PRD  a puerta cerrada. A discutir los problemas del PRD en Guaymas,  a que con absoluta libertad se hable de ellos, asimismo a buscar puntos de coincidencia y alternativas para que el perredismo en Guaymas  se levante y se organice  y se apreste a la pelea y, muestre así como tuvo un ascenso importante en 1997. Muestre que puede ser una alternativa para los guaymenses.

El clima que dejas entre los perredistas con los que dialogaste ¿Cómo lo sentiste?

“Yo creo que es propositivo. Tienen ganas de seguir otra etapa del partido. Yo creo, que en  el PRD  los diferentes grupos,  están cansados de un partido que se consume, destrozándose internamente”.

“Entonces, reconoció, que encontró receptividad (entre los perredistas guaymenses con los que platicó)”.

 “Yo no vengo a la dirigencia del PRD a perder el tiempo en conflictos y mezquindades. Yo vengo a tratar de contribuir con la experiencia que me dio ser dirigente  (estatal del PRD en Sonora) en 1997-2000. (En aquellos años) el PRD tenía una presencia muy importante y,  con los años de militancia que ya tengo, pues vengo a tratar de aprovechar al máximo el tiempo, a atender los problemas, y no les saco la vuelta”.

“En cuánto recibí la petición del profesor José Guzmán López González, inmediatamente le acepté su propuesta, por lo que al concluir una reunión con 30 alcaldes perredistas que estaban en Hermosillo, me vine a Guaymas. Ya estuve en Empalme. Ya estuve con el Comité de Etchojoa. Entonces…igual, en Guaymas voy a  venir cuántas veces sea necesario,  para que el partido empiece a moverse. Se empiece a reorganizar y, se sumen todos los liderazgos de todos los grupos y corrientes”.

“A nadie vamos a excluir, pero tampoco a nadie le vamos a permitir que obstaculice la labor de crecimiento del partido en Guaymas y en Sonora”.

¿Algún mensaje?
Pues, que  invito a todos los perredistas y a los nuevos, para que los asuntos internos, esgriman internamente (sus diferencias) y opinen con libertad, para que propongan y se sumen a la propuesta que estoy haciendo como presidente estatal, que acabo de iniciar el 02 de octubre (pasado). Que el PRD aporte lo que debe aportar a la elección presidencial.

“El 2006 aportamos nosotros, más de lo que nos pidieron a nivel nacional. Nos dijeron que con el 20 por ciento de los votos en Sonora, en el noroeste ganamos la elección. Sacamos el 26 por ciento. 243 mil sonorenses votaron por Andrés Manuel (López Obrador”.

¿A qué aspiro? Se preguntó. A que el perredismo en Sonora.  El perredismo de Guaymas, haga lo propio. Aporte el mayor esfuerzo para que la izquierda gobierne al país, y no nos arrebaten el triunfo como lo hizo el PRI en 1988 y el PAN en el 2006.

Carlos, muchas gracias, por concedernos esta entrevista a altas horas de la noche, pero era la única oportunidad para saber tu punto de vista y lo que está pasando en el perredismo guaymense.


La entrevista, nos dejó entrever que el dirigente estatal del PRD en Sonora, no solamente busca la unidad interna, sino que tiene un fuerte compromiso con la legalidad y la institucionalidad partidista para hacer crecer al sol azteca no solamente en los votos sino en la confianza ciudadana.





"ARMAN" FORMULA DE CANDIDATOS

JavierSantín/ELGUAYMENSE.COM
El platillo fue pechuga de pollo en crema y spaguetti. Pero el platillo fuerte fue el destape de los aspirantes del PAN. Y el encargado fue Marco Paz Pellat quien si recato alguno fue directo e imprimiendo una alta dosis política exclamó; “Te necesitamos Manuel en la presidencia de Guaymas”, situación que provoco la algarabía de los panistas reunidos en la llamada “comida azul” celebrada en el Hotel Suites del Sol.

Paz Pellat fue más allá y presentó la “formula perfecta” para que a los guaymenses le vaya bien según su discurso cargado de señales. “Mi amigo Cesar Lizárraga sabemos que en el Congreso harias un excelente papel y estoy convencido de eso”.

De igual forma precisó que Fernando Miranda Blanco sería un diputado federal comprometido con la ciudadanía y sobre todo se aprovecharía su experiencia.

Todos hablaron y todos señalaban la unidad del partido y los aplausos fueron subiendo de tono, mientras iban corriendo las definiciones qué ahí fueron más que claras: Manuel Aguilar a la presidencia municipal, Cesar Lizárraga a la diputación local y Fernando Miranda Blanco a la diputación federal.

Y no era para menos, ya que en la mesa de honor se encontraba el ex candidato del PAN a la gubernatura en el 2003, Ramón Corral Avila, quien fue contundente; “los panistas ya la tenemos bien clara. Y vamos a dar la pelea en una dura batalla que vamos enfrentar el próximo año”.

Por su parte siendo el organizador de la “comida azul”, Manuel Aguilar Juárez señaló que la unidad debe ser fundamental en el PAN “debemos de darle vuelta a la página e ir todos juntos en un solo camino con un rumbo definido. Porqué no se debe de repetir lo qué le paso a mi amigo Cesar (Lizárraga), quién faltando una semana para la elección.No sabía si iba a ser candidato”. Y continuó: "Pero aqui tenemos gente maciza que no se va equivocar".

Cabe destacar que al término del acto partidista. Los referidos “suspirantes” se sintieron fortalecidos e incluso ya saludaban a los presentes como candidatos. Entre abrazos, apapachos y besos de las féminas asistentes. Quienes algunas ya repartían calendarios de todos tamaños de Marco Paz Pellat con su 101 ideas por Mexico, quien también se apuntó para la Senaduria al decir en entrevista: “Lo dijo muy claro.Si me gustaría participar en la elección de mi partido”,

Pero a decir de algunos panistas de viejo cuño quienes siempre ha sido críticos de su propio partido refieren que no todo está dicho: “Y la moneda está en el aire”.

Mientras que otros ya agregados a los equipos de los “suspirantes”, señalaron: “Asi o más claro”.
  

CARCEL O MUERTE

J. Jesús Blancornelas


Fumaba un cigarro tras otro. Para mi fortuna y de sus pulmones no era puros. Chupaba con tanta fuerza como si fuera el último. Por eso los consumía deprisa. Y eso sí, daba el golpe completito. Sin adornos. De repente soltaba uno, dos, tres tosidos. Lo hacía tan natural como tomarse en seguida medio vaso de agua. Supe de este hombre cuando estaba en Culiacán y lo tirotearon. Se sacó la lotería porque fue a las piernas. Vi su foto en el periódico y me platicó sobre él mi amigo sinaloense Silvino Silva. Así, cuando llegó a Tijuana lo reconocí fácilmente. No me extrañé al oírle. “Licenciado Carlos Aguilar Garza a sus órdenes”. Y tras un suspiro “…Agente del Ministerio Público Federal”.

Tamaulipeco, normalista y licenciado. Entonces no había delegados de la Procuraduría General de la República. Año 78. Después supe: Fue comisionado a Tijuana porque ya no cabía en Sinaloa. Era famoso por ordenar torturar a los malandrines. Ni esperanzas de tan hoy afamados derechos humanos. Las quejas inválidas. Los quejosos callados. Así, Aguilar Garza nunca fue tambaleado. No llegó a lo respetado por autoridad, pero sí a lo temido por autoritario. Lucía y era simpático. Dicharachero, anecdótico y un catálogo andante de cuentos colorados. Sin necesidad de filtraciones informaba a los periodistas. Eso sí, muy amistosamente.

En Tijuana ordenó detenciones muy espectaculares y poco efectivas. Puso a personajes intocables bajo sospecha pero sin delito probado. Por eso hubo quejas y nada más lo removieron. Usando el término manoseado “estaba muy bien parado”. Seguí hablando telefónicamente con él a larga distancia. Sabía demasiado y me lo confiaba en partes. Hasta cuando cierto día llegó desgraciada novedad: Viajaba en avioneta particular. Se desplomó cerca de Monterrey. “Está muy herido” fue lo primero. Luego la noticia derrapó en tragedia. Por el golpazo quedó paralizado. Irreversible. Enseguida descubrimiento con efecto de terremoto. Transportaba cocaína. Con el pasar de los años terminó ejecutado. Inválido, le dispararon desde fuera de su casa a través de la ventana. Ya sabían dónde estaba. Se dijeron pero nunca oficialmente nombres de gatilleros y el mandón.

Aguilar Garza se volvió desgraciadamente en pato luego de ser escopeta. Extrañamente resultó narcotraficante siendo policía. De perseguidor a perseguido. Fue cuando la PGR se convirtió en maquiladora de mafiosos. Escuela para capos. Kínder con alcahuetes carteleros. Aprendizaje especial dirigido a sicarios. Esa rutina se trasplantó a las policías estatales y municipales. Fue como epidemia. Igualito a una pútrida mecánica. Por eso en PGR egresaron los maestros y la mafia envió novatos a capacitación.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue policía en Sinaloa. Luego resultó patriarca del narcotráfico mexicano. Amado Cruz Anguiano era un modesto agente en la Dirección Federal de Seguridad. Inesperado millonario y asociado del Cártel Arellano Félix. También terminó en “La Palma”. Otro huésped: Enrique Harari Garduño. Fue Director de la Federal de Caminos. Abrió carreteras al narcotráfico y encochambró a sus policías. Lo más triste: Le mataron a su hijo mafiosos competidores, porque también navegó en el negocio. Humberto Rodríguez Bañuelos “La Rana”, igual. Antes Jefe de la Judicial en Sinaloa. Dejó charola para empuñar “cuerno de chivo” en Guadalajara. Ahora es un número más en la prisión de “Puente Grande”. Guillermo Salazar Ramos estuvo del 91 al 92 en la Delegación PGR-Tijuana. Terminó de vicioso y tapadera del marihuanero. Todos, no tienen para cuándo cambiar de residencia. Allí morirán de tiricia o tristeza. Enfermos tal vez.

Los Larrazolo Rubio capitaneaban naves de la Procuraduría General pero en aguas de la mafia. Ahora una lápida tiene sus nombres. El Doctor Ernesto Ibarra Santés también estaba en esa oficina. Pero al mismo tiempo servía a don Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”. Le balearon y fue sepultado en el D.F. Rodolfo García Gaxiola, “El Chipilón”, era comandante en activo de la Policía Judicial Federal. Servía a los narcos. Con millones de sobra se retiró de autoridad y delincuentes. Quiso pasar buena vida y se la cortaron a punta de ametralladora en Ciudad Obregón, Sonora. Jesús Romero Magaña era Agente del Ministerio Público Federal. Se compró una casona de lujo pero la gozó poco tiempo. Allí mismo un sicario le descerrajó dos tiros. Guillermo González Calderoni fue policía estrella y terminó con un tiro en la cabeza. En fin, todos muertos.

Los episodios frescos de Nuevo Laredo ilustran ese paso de la policía al narcotráfico: Osiel Cárdenas Guillén salió de la PGR. Su verdadero sucesor es Zeferino Peña Cuéllar. Fue Director de Seguridad en Miguel Alemán, Tamaulipas. Fernando Moreno, ex-agente ministerial, dueño de la casa donde sacaron a los nueve infelices para ejecutarlos. Soñó con relevar a Osiel y lo pusieron a temblar. Eloy Treviño Cavazos fue Jefe de Grupo en la ministerial tamaulipeca. Es terco. Capitanea a “Los Chachos” y también quiere la silla de Cárdenas Guillén. Supe cuando viajó a Guadalajara. Allí contrató matones y anda por los rumbos de Monterrey y Nuevo Laredo.

Sigue la lista de los “graduados” en la PGR: Arturo Hernández, “El Chaky”, sicario del Cártel de Juárez y recién capturado. Empezó como agente. Néstor de la Cruz Bello era su compinche. También con tal ocupación original. Néstor Tobías de la Cruz estaba de servicio en la Agencia Federal de Investigación.

Hubo un caso lastimero: Carlos Rafael Pinedo, Miguel Crespo Zoloeta, José Ricardo Rodríguez Torres y Rubén Cortes Flores. Todos comisionados en la FEADS. Asesinaron al Licenciado José Luis Patiño Moreno, fiscal federal. De paso a sus compañeros Óscar Poma Plaza y Rafael Torres Bernal. Nada más porque andaban investigando a los mafiosos. Así, en lugar de recibir órdenes del Procurador atendían a los Arellano Félix.

Tengo una lista con cientos de nombres. Unos vivos y otros muertos. Pero todos fueron policías de la PGR, ministeriales estatales o municipales. Según los hechos no se salvan ni jubilándose. Tampoco si le hacen al testigo protegido. Y su situación me recuerda la vieja amenaza mafiosa a los periodistas: Plata o plomo. Ahora para estos bribones es simplemente cárcel o muerte.

 

TRAILEROS ACUSAN ABUSOS POLICIACOS

En el Valle de Mexicali

Abogado tramita amparo colectivo para que choferes de transporte de carga puedan transitar por vías municipales. Los Policías locales los extorsionan con hasta 500 pesos por viaje y en el extremo les retiran las placas de circulación. Los camioneros hacen la ruta municipal para obviar la dilación en los retenes militares y de SCT. Pierden hasta catorce horas en cada punto de revisión. No hay compromiso para agilizar el cruce.

Sergio Haro Cordero

Apresurados, cientos de traileros retan tiempo y distancia en aras de llegar con su carga a distintos puntos de la región. Transportan no sólo material y equipo de construcción, herramientas, fletes de supermercados y grandes empresas. También llevan verdura, fruta y legumbres de esta zona hacia el centro del país y viceversa.

Para ganar tiempo y sacar la vuelta a retenes militares y de revisión fitosanitaria, los choferes inventan rutas y utilizan vías alternas, como el nuevo tramo Peñasco-Golfo de Santa Clara que les ahorra diez, doce, catorce horas.

Al usarlo deben cruzar en la parte sur de la frontera Sonora-Baja California, entrar por el lado sonorense de Ciudad Coahuila  (conocido como Kilómetro 57), cruzar la vía y estar ya en el lado bajacaliforniano.

Ahí empiezan sus problemas.
Desde hace varias semanas agentes de la policía municipal asignados al Valle de Mexicali se han apostado a la caza de los camiones de carga y bajo la presunción de que “no pueden cruzar por ahí”, los extorsionan, los bajan y en caso extremo hasta les quitan las placas.

Eso ha llevado a que traileros de toda la región tramitaran un amparo colectivo contra las medidas implementadas por la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali en el Valle de Mexicali.

“Por los retenes que están bastante largos de este lado, buscamos la forma de salir”, explica Andrés López Florida, quien trasporta tuna y nopal desde San Juan Teotihuácan hasta el Mercado de Abastos de Tijuana.

El camionero relata que van hasta Chihuahua, bajan por Nogales, luego Santa Ana, después Caborca y Peñasco, para llegar al Golfo de Santa Clara y Ciudad Coahuila.

“Ahí es donde policías y tránsito nos empiezan a hostigar, que no podemos pasar, que está prohibido, nos empiezan a extorsionar”, refiere el chofer de tráiler y asegura que en ocasiones los han regresado hasta el retén militar instalado en las afueras de San Luis Río Colorado donde deben esperar 12, 14 horas, luego cruzar al lado bajacaliforniano, esperar en el otro retén y posteriormente llegar a la caseta fitosanitaria donde se encuentra la báscula.

“Quieren que crucemos y que paguemos la caseta (de peaje), luego la báscula y todo eso es bastante tiempo, imagínese… la mercancía tiene que llegar”, explica López Florida y asegura que los policías les “bajaban” entre 200 y 500 pesos por dejarlos pasar.

La última vez ya no les dejaron transitar y tuvieron que “ranchear” hasta llegar a la carretera Mexicali-San Luis.

“Nos ahorramos hasta 24 horas, en los retenes podemos estar hasta 15 horas”, comenta el camionero y amplía:

“Hubo un tiempo en que estaban quitando las placas, a mi compadre le pasó y tuvo que ir a pagar 2 mil pesos.

“Un comandante hacía su retén ahí, ‘o es tanto o por aquí no pasan’”, era la consigna.

Pese a los atropellos, los traileros insisten en cruzar por esa ruta  que se les hace más ágil y rápida.

“A veces estamos ahí llorándoles, o esperar a la noche que no está el comandante”, comenta el trailero quien es parte del grupo que tuvo que ampararse para seguir su camino.

Otro de los choferes es Felipe Alejandro Cevallos, quien trasporta verduras –cebolla, papa– desde el Valle de la Trinidad hasta Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

Dice que desde hace más de 12 años circula por las carreteras de Baja California y comenta que la nueva ruta costera Peñasco-El Golfo la utilizan sólo de regreso ya que desde Baja California deben por cuestión fiscal forzosamente cruzar por San Emeterio (en la garita de Sonoyta).

“Unos se viene por ahí –por El Golfo y Ciudad Coahuila– no por la comodidad, es más incómodo, simplemente por el retén, es tremendo, la última vez duré 14 horas ahí”, dice en referencia al retén militar instalado en las afueras de San Luis Río Colorado.

 A esto se suman 3, 4 horas del retén ya cruzando al lado bajacaliforniano, y después la espera en la báscula de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“A mí no me incomoda la báscula, uno pelea el tiempo”, comenta Cevallos quien asegura ganarle 10, 12 horas de tiempo utilizando la ruta alterna. Recuerda que en una ocasión llegó al retén militar en San Luis a las 7 de la mañana y salió de ahí a las nueve de la noche.

Del retén más adelante salió a las 3 de la mañana. Recientemente fue regresado a la “ruta oficial” lo que implicó la pérdida de más de siete horas, pese a que su camión venía vacío, ya de regreso.

Amparados
“La premura es llegar en tiempo y forma con la mercancía”, dice de entrada el abogado Francisco Javier Zepeda, quien tramitó un amparo colectivo a favor de un numeroso grupo de camioneros.

El profesionista comenta que la ruta que cruza por Ciudad Coahuila estaba siendo cada vez más utilizada por los traileros, con el consiguiente beneficio –por la derrama económica– para esa zona del Valle de Mexicali. Para los traileros significaba ahorro de gastos –cuotas de peaje, diesel, tiempo– por lo que cada vez esa ruta era más utilizada.

“Te espantaría la cantidad de tráilers que pasan, es una cantidad impresionante”, dice el abogado y menciona que tan sólo en un fin de semana juntó más de treinta copias de licencias de choferes de Guanajuato, Nayarit, Chihuahua, Querétaro Veracruz.

El abogado –uno de los impulsores del mejoramiento de Ciudad Coahuila (Kilómetro 57)– comenta que con ese flujo de trasporte se estaba beneficiando la economía de esa zona y hasta estaban buscando que se construyera un nuevo edificio de la Delegación Municipal para una comunidad que –entre los dos lados colindantes– suma cerca de 30, 40 mil habitantes.

De acuerdo a Zepeda, lo que deberían hacer las autoridades es aprovechar ese flujo vehicular y construir una nueva carretera que incluya un paradero de revisión y un “descansadero” para los choferes, además de la báscula de SCT y la revisión fitosanitaria.

“De otra forma los choferes se la pasan repartiendo dinero que parecen Santa Claus”, sugiere el abogado en relación a las extorsiones que no han parado contra los traileros, 200, 300, 400 y hasta 500 pesos es la flexible pero ilegal cuota.

“Prefieren gastar ese dinero con tal de llegar y entregar la mercancía”, comenta Zepeda.

Por eso el amparo –es un juicio de garantías constitucionales– contra el alcalde de Mexicali como cabeza de la Presidencia Municipal que incluye la Dirección de Seguridad Pública.

“Hay una Constitución, una Carta Magna que habla de que el desarrollo debe ser equilibrado, de que el desarrollo se debe de promover para las áreas en decadencia –como el Kilómetro 57–, debe de escucharse a la ciudadanía, el desarrollo de la administración de la economía debe ser democrático”, expone Zepeda en relación al sentido que lleva la solicitud de amparo y añade:

“Estamos en el periodo de prueba,  queremos hacer una reflexión pública, no es un pleito personal con el Alcalde, es una problemática colectiva. Estamos llevando al juicio para tratar de detener tanto bandido que hay ahí vestido de policía,  y que van de aquí para allá y ni siquiera son de la comunidad”, asegura el abogado.

Policías
El Director de Seguridad Pública en Mexicali, Marco Carrillo Maza, comenta que han tenido varias reuniones con los transportistas y asegura que la instrucción a los comandantes en la zona Valle es de cero tolerancia a la corrupción y denunciar a los malos funcionarios.

Por eso menciona que en lo que va de esta administración se han dado de baja a más de 60 agentes involucrados  en anomalías –tanto por delitos como por faltas administrativas.

Carrillo acepta que si hay denuncias, se les hagan llegar. “Les armamos expediente y vamos en contra de ellos”, asegura el jefe policiaco quien coincide en que no le toca a la policía municipal el estar revisando el flujo de trasporte pesado a través de las carreteras del Valle de Mexicali.

“Coadyuvamos con ellos en algunas carreteras donde no tiene cobertura la Federación”.

Por su parte el Comandante de la Zona Valle, Juan de Dios Angulo, va más allá y comenta que recientemente se implementó un operativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto con la Policía Federal de Caminos, la Policía Municipal de San Luis Río Colorado y la de Mexicali.

“Las instrucciones son de que no ingresen los tracto-camiones foráneos a lo que son las carreteras estatales porque las están dañando y aparte de que en dos ejidos han estado tumbando el cableado”.

Añade que la instrucción es que los camiones foráneos no evadan la pesa –báscula– que es donde SCT verifica documentación y el estado clínico que guardan los choferes.

El Comandante dice que llevan en este operativo cerca de un mes y buscan evitar que los camiones foráneos dañen la carpeta asfáltica o tumben cableado de los diferentes ejidos.

Sobre los señalamientos de abusos y extorsiones el jefe policiaco asegura que “no ha tenido conocimiento directo”, pero que de tenerlo aplicarían las medidas correctivas y disciplinarias que se tengan que hacer.

Finalmente comenta que no hay ninguna instrucción de quitarles las placas, sólo “desviarlos, que no ingresen a las carreteras estatales y que se vayan por la carretera federal”.

La posición de la SCT
En respuesta a la inconformidad de autoridades municipales en relación al tránsito de transportistas del servicio público federal por carreteras del ámbito estatal, con la finalidad de evadir el paso y revisión por parte de la autoridad del Centro de Peso y Dimensiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ubicado en el kilómetro 9 de la carretera Mexicali-San Luis Rio Colorado, de la SCT informaron:

* Se llevó a cabo una reunión entre el Presidente Municipal, Delegados Municipales, Comisariados Ejidales y Funcionarios del área de Autotransporte del Centro SCT Baja California, en donde se expuso el tema anterior.

* SCT en respuesta y en el ámbito de facultades y responsabilidad que le corresponde, incrementó el horario de supervisión a partir del pasado 12 de septiembre en el Centro de Peso y Dimensiones, en un horario de 6 am a 20 horas.

* En labor conjunta y a solicitud expresa de SCT, la Policía Federal supervisa que los transportistas continúen la circulación por la carretera federal, a efecto de que no se estacionen en el área de acotamientos esperando la hora de cierre de labores de dicho centro de pesaje y evadiendo con ello la revisión correspondiente.

* Todas las acciones generadas por SCT están dentro del marco normativo para la supervisión de los vehículos de autotransporte federal.

* Verbalmente acordaron SCT, autoridades municipales y Policía Federal, que la acción por parte de la Policía Municipal sería dentro del ámbito de su competencia, ejerciendo acciones con el fin de que los transportistas federales circulen por la carretera federal derivado de las combinaciones vehiculares y peso con el que lo hacen, por lo que derivado de ello se tiene destrucción de carreteras interestatales, motivo de la queja.
 

CORRUPCION EXTENDIDA

Todos contra todos. La descoordinación es generalizada, dos ex militares fueron detenidos por homicidio, colaboradores del ejército asesinados, tres elementos de las fuerzas castrenses acusados de atacar a policías municipales, dos ministeriales prófugos por secuestro y ocho agentes municipales de Tijuana investigados por ligas con el crimen organizado.

Rosario Mosso Castro
Ricardo Meza Godoy

En lo que va de octubre, las evidencias del rebrote de la corrupción han sido claras: El problema es de autoridad.

Dos ex militares fueron detenidos por asesinato y tráfico de droga en Mexicali, mientras una veintena de elementos del 67 Batallón irrumpieron en la delegación policiaca de San Quintín para liberar ilegalmente a un soldado detenido por faltas al bando de policía; dos ministeriales activos metidos a secuestradores, se dan a la fuga.
En Tecate aprehendieron a tres agentes  municipales por cohecho; en Tijuana capturaron a dos uniformados extorsionadores, mientras el Consejo Estatal de seguridad del estado investiga a ocho elementos municipales  más, presuntamente asociados al crimen organizado; y en Mexicali dos policías municipales y otros dos ministeriales fueron acusados de colaborar con el cártel de Sinaloa.

Las fuerzas castrenses intentan esconder sus casos para no perder “la confianza ciudadana” justifican; en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pretenden evadir y constreñir el tema “por no afectar la imagen institucional”; los policías municipales, defienden públicamente a su “corporación honesta”; mientras el Consejo Estatal de Seguridad concluye investigaciones contra agentes delincuentes.

Tropas muy sueltas
Entre los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, existen problemas y pleitos entre las corporaciones por demostrar quién detenta el poder y quiénes deben obedecer como si fueran subalternos; incluso, negocian la presentación de decomisos para ver quién se cuelga la medalla.

El contexto actual es una rememoración de los nefastos efectos de la descoordinación institucional sucedidos entre 2005 y 2007.

El trabajo conjunto no se puede fingir. Con un Ejército designado y admitido como cabeza de la lucha contra el crimen organizado en Baja California, pero que sólo mantiene una buena relación con el Ministerio Público Federal (MP) de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Apartado de la Policía Ministerial porque no ven coordinación en materia de depuración por la forma en que permitieron la fuga de un elemento señalado de secuestro.

Distanciado de la Secretaría de Seguridad Estatal (SSPE) y su policía porque no le entregan los decomisos para que los presenten en forma conjunta, y sólo se coordinan cuando se sienten amenazados.

Y  aprovechando la necesidad de aprobación y coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana donde militares son mandos, para que los policías locales trabajen por el ascenso del General Gilberto Landeros, cuya capacidad y resultados serán juzgados en la Ciudad de México el mes próximo.

“La orden es que de aquí a noviembre se busque droga y todo lo que se decomise se entregue directamente a la zona militar”, manifestó un policía local tras el decomiso de casi 10 toneladas de marihuana hecho por sus compañeros en una bodega de la colonia Cuestecita en la delegación San Antonio de Los Buenos, la madrugada de 19 de octubre.

Militares
José Antonio Parra Camargo, sargento de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) y  Cristian Hernández Araiza, capitán del Ejército mexicano, dejaron las fuerzas armadas en 2007 y 2000, respectivamente; los dos fueron capturados el 11 de octubre por el asesinato de la señora María Martha Fernández Maldonado, en Mexicali.

El día de los hechos, ZETA se comunicó con los militares para confirmar si estos homicidas traficantes al servicio de Gustavo Inzunza Inzunza “El Macho Prieto” habían pertenecido al Ejército. Primero dijeron que no, después manifestaron que estaban investigando, y al final se negaron a confirmarlo.

Cuando hicieron conferencia con los resultados del operativo decidieron no presentar a los ex-militares metidos a delincuentes. No mencionarlos ni evidenciarlos como delincuentes ante la sociedad.

Antonio Parra Camargo confesó que, desde dentro, le informaron que vieron salir a la señora Fernández de las instalaciones militares, y como el ejército les había reventado varias casas, por eso la mataron. Se negó a dar nombres de los delatores de la mujer muerta al interior del Ejército y, extrañamente, nadie pudo obtener confesión alguna al respecto.

También aseguró que la Policía Municipal de Mexicali le ayudaba a capturar a sus competidores y se los entregaba para matarlos.

Como socios criminales señaló a los municipales  “Ortega y Palomares”, además de los agentes ministeriales  “Lucero y Urías”.

Rolando Urías fue dado de baja en noviembre de 2010, involucrado en la investigación del asesinato de cuatro jóvenes encontrados en una calle del fraccionamiento La bodega, en Mexicali, en marzo de 2010.

En abril de 2011 fue detenido en San Luis Río Colorado por la Policía Estatal con un auto robado, un arma y cartuchos útiles.

De la Policía Estatal Preventiva mencionó al ex-agente Guadalupe Salazar Beltrán “El Lupillo”, asesinado en enero de 2011 en el bar “La Resaca”, mientras hacía las veces de escolta  del ex ministerial Alejandro Elizarrarás, jefe del grupo criminal armado al servicio del cártel de Sinaloa encabezado por “El Checo” en Mexicali.

Adicional al involucramiento y a la fuga de información que pone en riesgo a los colaboradores,  en el pleito por quién manda en San Quintín la milicia se enfrenta a un procedimiento judicial y un juicio público por abusos de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades  y uso indebido del propio derecho.

Los directamente señalados son: el coronel Higinio Víctor Marín Cisneros, el capitán Ricardo González Pérez y el capitán 2do de infantería Noé Vite Rivera; todos del 67 Batallón de Infantería en San Quintín.

“Es su palabra contra la mía”, por decirlo de alguna manera, explicó en conferencia el General Gilberto Landeros al negar y restarle importancia a las imputaciones hechas vía denuncia por el ayuntamiento de Ensenada.

Ofreció su versión, aseguró que desde el decomiso del mega-plantío durante el mes de julio en aquella zona, se habían dado enfrentamientos; no dijo cuántos ni de qué tipo; sólo agregó que se debía a que se habían afectado intereses criminales y que sabía de “varios” desertores del Ejército contratados como policías pero no validados por las fuerzas castrenses estaban trabajando en la corporación ensenadense, sugiriendo que eso había provocado el conflicto que detonó con la captura del militar González Pérez que circulaba a exceso de velocidad y, según el parte policiaco, en estado de ebriedad y armado sin el permiso correspondiente.

Tras el descubrimiento del sembradío de 120 hectáreas, las autoridades encontraron en la zona del decomiso  una lista con nombres y cargos de diversas autoridades de la zona que puso en duda la honestidad de todas las corporaciones que operan en la zona, incluidas las fuerzas armadas, razón por la cual los mandos y la tropa militar que cubría la zona fue removida; sin embargo, ninguno fue juzgado o investigado porque “no había elementos suficientes”.

Pero el resto de las autoridades siguen operando con la desconfianza de los nuevos mandos militares.

Esta guarnición ya había sido relevada en su totalidad en febrero de 2011 cuando nueve elementos de las fuerzas armadas fueron capturados y consignados por su relación con el crimen organizado a través de Miriam Isaura López “La Chiluca”.

La noche del domingo 16 de octubre ni siquiera pudieron dormir los cerca de 30 policías municipales adscritos a San Quintín, literalmente atrincherados en las instalaciones de la delegación municipal, a la espera de un tercer encuentro con un comando armado, el mismo que los golpeó el viernes, les rompió muebles, los dejó sin armamento y, de paso, rescató a un teniente; según este grupo de oficiales, no depurado, calificó de “ebrio”, aunque no alcanzaron hacerle los exámenes médicos para probarlo.

Los policías municipales en San Quintín aseguran que Higinio Víctor Marín Cisneros, coronel del 67 Batallón fue quien ordenó, el 14 de octubre,  a cerca de 30 elementos bajo su mando la madrugada del viernes acudir a la delegación municipal y recuperar por la fuerza al militar Ricardo González Pérez, detenido alrededor de las 02:30 horas porque conducía en exceso de velocidad un pick up Chevrolet.

Según describe el parte informativo, cuando los municipales les indicaron que debido al estado inconveniente del conductor serían trasladados a barandilla y de ahí llamarían a la guardia del 67 Batallón para que fueran por ambos, los militares se portaron agresivos, por lo que solicitaron apoyo a tres agentes municipales más y, finalmente, los convencieron.

Luego, en la delegación de San Quintín, cuando tomaban los datos a Ricardo González, para que fuera certificado por un médico, arribaron en una unidad Chevrolet Silverado, 10 militares y comenzó el problema.

Llegaron “…cortando cartucho, encapuchados, y amenazando al agente Salvador Gaitán Martínez, golpeándolo y tirándolo al suelo… varios de ellos entraron a la fuerza al recinto de barandilla tumbando la puerta de acceso y golpeando el sargento segundo de infantería Domingo Tenorio Solís con la culata del G-3 al agente Mario Alberto Soto Villegas en el costado izquierdo, a la altura de la costilla… agrediendo físicamente a los agentes Fabián Méndez Godínez, Enrique Rodríguez Sierra, Arturo Silva Sandoval e Isidro Olvera Castañeda, logrando sacarlos y tirándolos al suelo para continuar golpeándolos con las armas largas y a patadas; por lo que sacaron a los detenidos dejándolos ir… asimismo varios militares se introdujeron al recinto de barandilla y procedieron a revisar todos los cajones del escritorio y el archivero y el banco de armas, logrando sacar las armas del detenido, por lo que se retiró el conductor del vehículo y su acompañante con las armas, saliendo derrapando con su vehículo hacia el oriente tumbando aproximadamente 4 metros de cerco de postería de madera y alambre de púas perimetral del C. Alberto Borja Rodríguez”, dice el parte informativo.

El asunto no terminó ahí. Explican los municipales que a la delegación llegaron dos unidades más con unos 10 soldados en cada una.

De uno de los vehículo descendió el capitán 2do de infantería Noé Vite Rivera, mencionando que el coronel Higinio Víctor Marín Cisneros les ordenó que sacaran de barandilla a los policías a como diera lugar y solicitó la presencia del comandante de la policía municipal, pues se llevarían las armas de cargo de la comandancia,; y así fue.

El comandante a cargo, Julio César Carrillo Mendoza, recibió en esas horas la visita de los soldados en su domicilio y fue trasladado en un vehículo militar a la delegación, luego de entrevistarse con ellos, accedieron y finalmente les regresaron las armas.

“Esta vez se extralimitaron”, expresó a ZETA Carrillo Mendoza durante una entrevista la mañana del lunes 17 donde narró lo sucedido, “no sé qué más tenga que pasar para que a quien corresponda frene esta ola de arbitrariedades”. La visita a su casa  fue a las 4:00 am.

La entrega de militares en estado inconveniente a sus respectivos cuarteles es algo que ocurre en Ensenada, explicó el Director de Policía y Tránsito, Alberto Tolosa Espinoza; son reportados con sus superiores para que sean ellos los que se hagan cargo y así lo hacen, van por ellos. Además, resulta peligroso mezclar en celdas a militares con delincuentes comunes.

El subcomandante Rubén Morales García quien firmó el parte contra los militares fue detenido a las 15:00 horas del domingo 16 de octubre y estaba en servicio activo en horario de comida en el poblado de El Rosario por el propio coronel Higinio Víctor Marín Cisneros, bajo el argumento de portar un arma sin permiso y fuera de su jurisdicción.

Por su parte, el General Landeros aseguró que el parte médico que existe no acredita estado de ebriedad de González, que de acuerdo a lo expuesto en el parte militar los mandos castrenses siguieron el protocolo.

Pero esperará a que la investigación pertinente concluya para determinar responsabilidades y sanciones de ser necesarias.
Adicionalmente, un hombre que se identificó como militar le hizo una llamada calificada como de “intimidación” a la reportera Karla Chacón, quien en el portal de “El Mexicano” publicó un adelanto de tres párrafos, de los sucesos del viernes en San Quintín fue hecho entre las 8:00 y 9:00 horas del viernes.

 Explicó que la tarde del mismo día recibió una llamada a su celular,  un hombre que se presentó como militar del 67 Batallón, del que no recordó el nombre, le preguntó -¿quién fregados le dio la información?-, seguido de una serie de reclamos buscando evitar que publicara la nota al siguiente día, pues era un asunto interno y no tenía que salir a la luz pública.

 “Creíamos tener buena relación con la prensa”. Chacón se manifestó incomoda por la experiencia.

Por lo pronto, de parte del Ejército sólo González López fue arrestado por manejar a exceso de velocidad, poner en riesgo su integridad y provocar un conflicto mayor.

La denuncia interpuesta por el ayuntamiento contra elementos del Ejército por delitos del fuero común fue desechada por el Ejecutivo Estatal.

De acuerdo con un boletín de la Procuraduría General de Justicia del Estado, enviado la tarde del 17 de octubre, la Subprocuraduría de Zona Ensenada, informó haber recibido “una denuncia” pero basados en el Artículo 50 Fracción I, incisos A y F, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la PGJE se deslindaron del caso, remitiendo el acta vía incompetencia al agente del Ministerio Público Federal y la PGR se negó hablar al respecto.

El abogado Rubén Avilés Sánchez, presidente del Frente Cívico de Ciudadanos, A.C., opinó que la PGJE pudo haber hecho más antes de “lavarse las manos”. Aseguró que tenían la facultad de haber requerido la presencia de los involucrados.

Sobre los hechos del viernes refirió que los militares estaban violando sus propios códigos militares: “No pueden hacer lo mismo que lo que combaten… pueden ser personas de honor y también gente de deshonor desleales al Ejército y al pueblo”, y expuso que dadas las condiciones de la denuncia y las reformas a la Ley, la determinación final de si el actuar de los militares es juzgado dentro o fuera de la justicia militar le corresponde a la Suprema Corte.

Ministeriales
El 11 de octubre, al ser rescatado por el Ejército, el empresario dedicado al cambio de divisas y exportación e importación de materiales diversos, aseguró haber sido victimado por agentes que se identificaron como ministeriales.

La víctima es hijo de un hombre, presuntamente, dedicado al tráfico de psicotrópicos, según la indagatoria iniciada por el secuestro de su hermano en febrero de 2008, presuntamente privado de la libertad por oficiales de la Agencia Federal de Investigación que dijeron ser gente de los Arellano Félix de acuerdo a la Averiguación Previa AP 08-08-201.

El rescatado explicó que los delincuentes también le preguntaban por una droga y cargamentos que supuestamente su padre movía, y le advertían que le cobrarían piso.

Por su rescate pidieron 1 millón de dólares y le amputaron tres dedos; sin embargo, sólo se entregó parte del dinero y el intercambio final jamás se realizó porque la víctima escapó por sus medios.

Un segundo hermano secuestrado en la familia identificó la semana pasada tres caras en un álbum de ministeriales en posesión del Ejército, le presentaron a dos.

Un subprocurador citó a dos y le hablaron a un tercero que estaba de permiso, platicó con ellos en una oficina de la PGJE en Tijuana y les explicó que un hombre rescatado por el Ejército los estaba señalando como sus presuntos secuestradores y que habían solicitado un careo.

Dos de ellos aceptaron acudir y el tercero, contactado por teléfono y notificado de los señalamientos, se negó a presentarse sin apoyo de un abogado, alegando que ya conocía como se las gastaban las fuerzas castrenses.

Prometió presentarse a la cita pero con su defensa y no lo hizo; unas horas después, un tercero entregó en la PGJE una solicitud de permiso médico para no presentarse durante cinco días.

Este mismo agente había sido capturado por militares durante el rescate en las inmediaciones de la zona del operativo; en ese momento se identificó como el ministerial César Peña y aseguró que estaba cumpliendo funciones propias de su cargo, las fuerzas castrenses contactaron a funcionarios de la procuraduría quienes sólo corroboraron que era un agente activo.

Las fuerzas armadas lo liberaron, pero le dieron seguimiento, el oficial se fue directamente a visitar a otro empleado de la PGJE identificado como hermano del actual delegado de la PGR, Fermín Gómez.

En ese momento dejaron de seguirlo, ZETA verificó la nómina de la Procuraduría en internet y no aparece ningún pariente del ex subprocurador de la Unidad contra la Delincuencia Organizada.

Durante los careos, ante la comparecencia de dos ministeriales la presunta víctima señaló estar 90 por ciento seguro de la identidad de Saúl Castro Villarreal, agente comisionado a la Agencia de Robo.

De acuerdo a su versión, este oficial era el sujeto que estaba sentado a su lado derecho en los asientos traseros mientras lo trasladaban durante el secuestro. Explicó que lo vio poco porque lo obligaron a mirar hacia abajo la mayoría del tiempo.

Del segundo ministerial, un agente asignado a la delegación de la PGE del Mariano Matamoros que la Procuraduría se negó a identificar porque no lo consideran jurídicamente responsable, el secuestrado señaló estar seguro en un 50 por ciento, porque lo vio de lejos.

“Se trata de una condena de 50 años de prisión”, le advirtieron al secuestrado. “Tiene que estar seguro para señalarlos”.

En esa etapa el hombre decidió no confirmar, pero cambió de idea cuando declaró ante la Procuraduría General de la República, donde identificó plenamente a Castro.

En el proceso de la indagatoria, Julio César Peña Cureses se convirtió en el segundo sospechoso, basados en la identificación de la víctima vía fotografía del agente; el señalamiento directo de uno de los detenidos, quien aseguró que este hombre los contrató; en el hecho de que se negó a presentarse, pidió permiso y aprovechó la notificación para fugarse; y en que el Ejército lo sorprendió cerca de la zona durante el rescate, y la PGJE no pudo confirmar que estuviera trabajando.

Lo tuvieron y, por la descoordinación, lo dejaron ir.
El tercer sospechoso es el ex-agente Samuel López Álvarez; este hombre renunció en cuanto se hizo público que estaban buscando a los ministeriales que participaron en el secuestro de empresario rescatado y que uno de los detenidos estaba confesando. Y están trabajando en la identificación plena de por los menos tres agentes ministeriales más.

“Por sanidad” y por los antecedentes de la familia del secuestrado, aunque se trata de un delito del fuero común, la investigación por secuestro la está desarrollando la PGR; sin embargo, las fuerzas castrenses trabajaran para que el Consejo Estatal de Seguridad le dé  seguimiento cercano al caso, por la relación que identificaron entre Peña Cureses uno de los principales señalados, con el hermano del delegado de la Procuraduría federal, identificado como “El Baby” Gómez Gómez, no lo están implicando pero quieren que se investigue.

La municipal
En Tijuana, a pesar de que el Secretario Alberto Capella se sostiene en el discurso de encabezar una policía limpia y prestigiada, reconoció que hay investigaciones serias sobre agentes importantes que pronto darán resultados.

“Confío en ellos hasta que me muestren lo contrario. Si antes hubo muchos mandos que fueron represores o distorsionados y la gente no se animó a denunciar por el miedo de señalar jefes, ahorita estoy partiendo de una premisa diferente, y los agentes están acudiendo a denunciar”.

-Honesta…¿y de entrada tuviste que aprehender a dos agentes extorsionadores?
“Ése es el tipo de pruebas en contrario que estoy esperando, y no han sido solamente ellos. Hay gente que está cometiendo situaciones, que nos estamos dando cuenta y los estamos preparando muy bien para darles la empapeladita  necesaria, porque si se dieron cuenta, no fue solamente el proceso de despido, se presentaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y se nos criticó un poquito la irrupción en la conferencia de prensa.

“Pero era un mensaje muy importante, no tanto para el público o para la sociedad, sino para la política interna en la corporación, que no le estoy dejando al vocero la ´bolita´, que es una situación que estoy decidiendo yo, como cabeza de la Secretaría”.

Aseguró que los agentes están generando un compromiso, no sólo personal porque estamos involucrando a las familias, particularmente de los mandos. “…y los resultados son verdaderamente sorprendentes en 15 días de trabajo”.

Conforme a las estadísticas municipales: 543 personas presentadas con 29 turnaciones al Ministerio Público del fuero federal; y 64 al mixto; 662 detenidos por portación de armas, droga o vehículo robado; 8 mil 041 personas presentadas ante el juez calificador por faltas administrativas; y 3 mil 090 infracciones de tránsito.

Fueron asegurados por la Policía Municipal: 21 armas de fuego, 59 armas blancas, 7 de utilería, 79 vehículos robados, 2 mil 565 discos pirata, 147 envoltorios de heroína, 196 de marihuana; y 688 de cristal. Aplicaron 304 pruebas de alcoholímetro y 47 autos fueron remolcados.

-¿Ya están dando seguimiento a una investigación sobre un grupo específico de agentes con las autoridades del Consejo Estatal de Seguridad?
“Traemos una cantidad importante de denuncias en Sindicatura Municipal en proceso. La comunicación que tengo con el general es de primera línea y yo voy a rendirle informes de manera permanente, y voy a llevarle también información de cosas raras que estamos viendo de ciertas personas dentro de mi institución.

“No puedo darte nombres, ni datos de situaciones que están en un proceso de investigación interna, ni creo que el General vaya a violar un proceso de secrecía”.

-¿Pero existe el proceso de investigación?
“De que haya, hay; y muy concreto”.

De acuerdo a versiones de integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, la indagatoria se sigue sobre ocho personas “importantes”, y los mandos removidos en la municipal fue porque les detectaron nexos con el crimen organizado.

Del retiro de jefes, Capella se negó aclarar la posibilidad de nexos criminales. Explicó que le dio facultades al director Ricardo H. Garduño, para que hiciera una propuesta porque él los conoce, y le validó cada proposición:

“Yo dictaminé en acuerdo con el alcalde las líneas de trabajo que debían seguir en adelante y los estoy evaluando. Traigo dos  jefes de sector ahorita en la cuerda floja porque no están dando resultados.

“Y el que se vaya, con la coordinación que traemos con el Gobierno federal y el liderazgo del Ejército, si andan muy mal se van a ir empapeladitos”.

Respecto a los exámenes de confianza al nuevo equipo expuso:

“Por la premura del tiempo nos estamos basando en los exámenes que se hicieron en la anterior administración, pero podemos hacer en dos horas los exámenes. Los renovaré después de 30 días a los jefes de distrito, así planteamos los reajustes; primero analizaremos los resultados que den en un mes, de ahí voy a partir. Los exámenes serán a principios del mes que entra”.

Aclaró también que no corrió a los militares; al contrario, los asignó a la conflictiva zona este y al centro de comando. “De hecho hay una serie de plazas que ya platiqué con el Presidente, vamos a priorizar a quienes traigan una trayectoria militar…”.

Agentes municipales se comunicaron con ZETA para denunciar que les pusieron como Subdirector Operativo a Miranda García quien, aseguraron, en el pasado ha ordenado la liberación de delincuentes.

También fueron informados de la posible incorporación en los mandos de los agentes Juan Meza, Rodríguez Flores, Jacobo Valles y Rosales; todos identificados como servidores y contactos con “La Maña”, además de la reincorporación a las fuerzas operativas de los agentes detenidos en años pasados, liberados y reincorporados al servicio, de quienes se aseguró estarían en puntos fijos hasta que hubiera dinero para poder pagarles y sacarlos: “Están trabajando y eso nos pone en riesgo”.

Situación que el secretario Capella negó. “Están fichados, no puedo tenerlos”, aseguró, se le entregó una lista remitida por los agentes en servicio, que quedó de revisar. Y concluyó.

Respecto al señalamiento interno de que a la renovada policía le asignaron como director al capitán Ricardo H. Garduño, sobre quien pesa un proceso judicial militar, Capella Ibarra admitió:

“Efectivamente, en entrevista con el alcalde, él personalmente se lo informó. Es un asunto mínimo, interno por la posesión de un arma.

Yo le pregunté al General Landeros y él lo corroboró y lo validó”, adicionalmente lleva un proceso civil por manutención en la ciudad de México.