martes, 3 de junio de 2014

LA GUERRA DE LOS AGÚNDEZ



Resquebrajado su grupo y confrontados con empresarios de Los Cabos, alcalde y ex gobernador quieren posicionarse de nuevo, tanto en el Estado como en Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur.- Después de haber perdido la gubernatura en el proceso electoral de 2011, los hermanos José Antonio y Narciso Agúndez Montaño, arrancaron en febrero pasado una campaña política para tratar de recuperar el poder y tomar posesión del cargo en el Gobierno del Estado, y sobre todo, conservar su bastión y la joya de la corona: Los Cabos.

La pretendida postulación de los dos hermanos, uno actual alcalde de Los Cabos, y otro aspirante a sucederlo en el proceso de 2015, es el más fresco retrato de la vocación dinástica de los Agúndez, que pretende cobijar y facilitar su ascenso al poder en una especie de sucesión hereditaria.

De los Agúndez, Narciso fue alcalde en 1999, diputado federal hasta 2004 y posteriormente, gobernador.

Hoy, tras haber sido encarcelado por el delito de peculado, pretende regresar como alcalde de Los Cabos, disponiendo desde hace meses del tiempo laboral de funcionarios y trabajadores del gobierno municipal al servicio de su hermano, y lo más grave, utilizando recursos públicos, a través del tesorero Gerardo Manríquez Amador.

En su obsesionada carrera por suceder a su consanguíneo, y regresar por sus fueros, Narciso convenció a su hermano de buscar la gubernatura, y así  -de acuerdo a sus planes- “uno irá por la gubernatura y el otro por la alcaldía del municipio más rico del estado”, como si la política se tratara de un negocio familiar.

En esta lucha, el ex gobernador cuenta invariablemente con el respaldo de otro clan familiar: el de los Cota Montaño.

Presuntamente primo de Narciso, el ex gobernador Leonel y su hermana, la ex alcaldesa de La Paz y actual dirigente estatal del PRD, Rosa Delia, según su dicho, “están tejiendo una alianza entre los partidos de izquierda que aglutina al Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, los cuales pretenden ir juntos en la elecciones de 2015”.

El 7 de febrero de 2014 -justamente la fecha en que el PRD sacó del poder al Partido Revolucionario Institucional en la elección de 1999 en el estado- marcó el rencuentro de los clanes familiares de los Agúndez y los Cota Montaño, quienes celebraron de la mano el XI Aniversario del triunfo histórico de las llamadas izquierdas, luego de haberse peleado y distanciado en el trágico sexenio agundista.

La razón más fuerte que -según un colaborador de Los Agúndez- unió a los ex gobernadores y sus familias, es justamente la captura y encarcelamiento de políticos corruptos ligados a las izquierdas, como el caso del ex alcalde de Loreto, Yuan Yee Cunningham, en cuya lista de investigados y perseguidos hay otros más.

El caso quedó demostrado cuando después de la detención del ex edil y de su ex tesorero, los ex mandatarios se unieron y salieron a decir que la captura del ex alcalde loretano “era una cacería de brujas en contra de las izquierdas”.

El más aguerrido, Leonel Cota Montaño, dijo que “si se tratara de un verdadero acto de justicia, el propio alcalde de Loreto, Jorge Alberto Avilés Pérez, debería estar en la cárcel, porque tiene deudas importantes en el Órgano de Fiscalización Superior”.  

El propio ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, se curó en salud y hasta se dio baños de pureza, cuando textualmente expuso: “Yo no tengo la menor duda de que se inició una venganza contra los que militamos en la izquierda, pero afortunadamente hemos ido aclarando. En el caso nuestro,  pudimos comprobar que no existió ese delito por el cual nos tuvieron presos. Gracias a Dios hay una justicia federal que sí, verdaderamente, hace su trabajo profesional”.

Aunque -refiere el expediente judicial- el ex gobernador Agúndez no salió por ser precisamente inocente, sino porque bajo argucias legaloides, logró que se reclasificara el delito por el que lo acusaban, de grave a uno tipificado como no grave y hasta alcanzó fianza, lo cierto es que en su campaña pretende vender la idea de que fue víctima de una cacería política, cuando en papeles quedó plenamente demostrado el abuso de poder, corrupción y enriquecimiento ilícito de él y sus ex colaboradores, que dicho sea de paso, abrió la puerta a narcotraficantes como Teodoro García Simental “El Teo” y Raydel López Uriarte “El Muletas”; amén de haber recibido dinero del narcotráfico en su campaña para gobernador, como los 300 mil dólares que -según el capo Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo”- entregó a través de un amigo mutuo, de nombre Julio Cordero Duarte, como quedó registrado el 8 de febrero de 2012 en la declaración del narcotraficante en la Agregaría Regional de la Procuraduría General de la República en San Antonio, Texas.

LA GUERRA

En su carrera por la alcaldía cabeña, Narciso Agúndez Montaño se sentó en la silla de su hermano el alcalde, quien, de acuerdo con uno de sus colaboradores, “ahora es el que ordena y manda, el cual utiliza a empleados municipales y funcionarios para que hagan proselitismo y cierren filas a su favor”.

La consigna “es que cada empleado sindicalizado, compensado o de confianza, sume a su proyecto diez personas, cuyos datos quedan registrados en una lista de presuntos seguidores del ex gobernador”.

Los trabajadores o funcionarios que no simpatizan con su proyecto -asegura el colaborador- “pasan a una lista negra, desde hace tiempo son hostigados y amenazados de que van a ser corridos, y si alguno de ellos tiene familiares laborando en la administración, también son presionados y obligados a estar presentes en las reuniones de Narciso, inclusive a pegar calcomanías en sus vehículos personales y de sus consanguíneos”.

De no hacerlo y resistirse, son despedidos de la administración del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, tal es el caso del cese de los siguientes funcionarios:

* La secretaria general de la delegación de Cabo San Lucas, Carolina Castro Corazón, quien tuvo que dejar el cargo el 12 de mayo de 2014; en su lugar entró Garibaldo Romero Aguilar.

* El director municipal de Fomento Económico y Turismo, Ariel Castro Cárdenas.

* El titular de Proyectos Productivos e Inversiones de Los Cabos, Roberto Robles Sahagún.

* El director de Gestión y Normatividad Ambiental, Eduardo Rigoberto Cuervo González.

* El titular de operación de mantenimiento de la Policía Municipal, Luis Enrique Ojeda Arista.

* Armando Alvarado Burgoin, chofer de la Dirección de Proyectos Productivos e Inversiones.

Todos -de acuerdo con su propio dicho- rechazaron respaldar a Narciso Agúndez Montaño y fueron cesados.

El propio Ariel Castro Cárdenas expuso que su salida se debió a asuntos políticos, no por falta de resultados en sus labores, bajo el argumento de que habrá una reestructuración en el gobierno municipal.

La propia Dirección de Recursos Humanos, encabezada por Felipe Ceseña, prácticamente utilizó una carta renuncia, que todos los servidores públicos firmaron anticipadamente, después de tomar protesta del cargo, y la validó para correrlos.

El director municipal de Fomento Económico y Turismo, Ariel Castro Cárdenas, era uno de los hombres claves del llamado Grupo de Los Cabos, quien aparecía en la lista de los precandidatos a suceder a José Antonio Agúndez Montaño en la presidencia municipal de Los Cabos.

El rompimiento con el grupo del ex gobernador -según datos recadados por ZETA- fue después de que el propio Narciso Agúndez se destapara en una reunión de aspirantes a la alcaldía, en la que estuvieron presentes:

* Ariel Castro Cárdenas.

* El delegado de Cabo San Lucas, Martín Lagarda.

* El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, José Manuel Curiel.

Pasando por encima de los derechos políticos de todos, el ex gobernador anunció que buscaría la alcaldía, pero como sabía que el resto estaban interesados en la candidatura, propuso de tajo que el candidato fuera la persona más conocida, por lo que los asistentes reviraron y presentaron una contrapropuesta: “Que sea el que menos puntos negativos traiga”.

Terminada la reunión, poco después devino el cese del director de Fomento Económico y Turismo, Ariel Castro Cárdenas, y comenzó el resquebrajamiento del llamado Grupo de Los Cabos, en cuya lista de candidatos a ser cesados, aparecen 12 funcionarios más.

Peor aún, a pesar de que los funcionarios corridos no habían sido protagonistas de escándalos de corrupción o señalamientos negativos, otros como el tesorero Gerardo Manríquez Amador, siguen despachando campantemente por la protección del ex gobernador, mientras el alcalde José Antonio Agúndez Montaño comprometió cesarlo después del Tercer Informe de Gobierno.

Maniatado, y sin poder de decisión, salvo lo que diga su hermano, el alcalde de Los Cabos prepara su renuncia para salir a buscar la gubernatura del Estado, con un grupo resquebrajado, un Cabildo fisurado y seriamente confrontado con los empresarios de Los Cabos, quienes exigen cuentas claras en el manejo del dinero publico, y sobre todo, una investigación sobre el destino final de los 224 millones de pesos manejados de manera irregular por el tesorero Manríquez Amador.

(SEMANARIO ZETA BCS/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 03 de Junio del 2014 a las 12:00:00)

QUIEREN DESPOJAR A EJIDATARIOS EN CABORCA, SONORA




Una decisión de un Juzgado agrario federal pretende otorgar miles de hectáreas en Sonora a un grupo de solicitantes surgido hace 30 años, al que ahora se han sumado vivales y políticos -uno ligado a Manlio Fabio Beltrones-, sobre todo porque se trata de una amplia franja del precioso litoral del Golfo de California. Situación que ha creado la incertidumbre entre decenas de propietarios de la zona que -aseguran- no estar dispuestos a soportar la injusticia

Caborca, Sonora.- De repente uno de los directivos del Ejido Celestino Gasca se planta frente al reportero. Se acomoda la gorra y suelta: “Sabes que yo tengo 75 años, no voy a dejar que nos quiten nuestras tierras, nuestro patrimonio. A mí si viene alguien y me empuja, me quita por la fuerza, yo lo mato”, dice resuelto, erguido, enojado. Está parado sobre un manto de arena desde donde se atisba un magnífico estero que hace curva en una zona de pesca de almeja.

Dicha área forma parte de las más de 43 mil hectáreas que -a través de una resolución federal- pretenden despojar a una serie de ejidos  dedicados a la ganadería y pesca. Después de años, a las tierras oficialmente les salieron nuevos dueños.

El atractivo es que en la mayoría de los casos, se trata de terrenos frente al mar. En el impresionante litoral del Golfo de California, desde Puerto Peñasco hasta Caborca, esta última ciudad donde hasta parte del fundo legal les pretenden arrancar. “Si los dejamos, el siguiente tramo va a ser hasta el Golfo de Santa Clara”, expresa uno de los ejidatarios en alusión al amplio litoral en la parte sonorense del Golfo de California.

De hecho en esa zona ya existe un conflicto que en junio de 2008 llevó al violento desalojo de los ejidatarios y posesionarios, al resultar una pretensión similar en el Ejido Campodónico -una impresionante bahía con más de cuatro kilómetros de litoral-, hasta la fecha sigue en litigio.

El mecanismo parece sencillo, pero a la vez nada claro: en 1985, una veintena de campesinos solicitó la creación de un nuevo centro de población ejidal, al que denominaron “Heraclio Bernal”. Ocho años después, la Secretaría de la Reforma Agraria negó la solicitud que considero improcedente, debido a que “no agotaron los procedimientos”, pero hasta 25 años después, en abril de 2010, tramitaron un amparo.

Para esto, de los 24 solicitantes originales, nueve habían fallecido o se habían “desavecindado”, y solo quedaban 14, pero surgió la maniobra y, en presunta asamblea, acordaron sumar nuevos miembros, por lo que ahora, 194 personas pelean 43 mil 34 hectáreas que actualmente ubican aproximadamente 50 predios, la mayoría pegados al mar; 36 corresponden a Puerto Peñasco, nueve a Caborca y cinco al municipio de Plutarco Elías Calles.

El 15 de marzo de 2013, el Supremo Tribunal Agrario falló un amparo a favor del nuevo núcleo de población ejidal Heraclio Bernal para dotarlos de las miles de hectáreas que ya tienen dueño y posesión, a través de una resolución presidencial que data de 1970.

“Se trata de actos corruptos, maniobras ilegales y dolosas”, aseguran los ejidatarios, señalando que la nueva lista está integrada por prestanombres, abogados y parientes de personajes ligados al poder económico y político.

“Qué bueno que les tocó esto” dice Domingo Zavala, un pescador moreno, descalzo, que se mira fuerte pero apoya su humanidad en un bastón hechizo, recién festejando el rescate de dos autos -uno de ellos de los reporteros- que se embancaron en el camino de arena de varios kilómetros, entre el acceso, la carretera y la playa. “Para que vean lo que hemos sufrido, antes no había ni carreteras, ni otros caminos, así nos la pasábamos batallando, y ahora resulta que ahora nos quieren quitar nuestros terrenos…”.

TAMBORES DE GUERRA

José Lucas Reyna  recuerda que desde 1966 es dueño y está en posesión de poco más de mil hectáreas ejidales entre Caborca y Sonoyta. Antes esos terrenos fueron de sus abuelos. Es uno de los ejidatarios que se ha amparado -amparo 667/2013- ante un Juzgado federal en Nogales, Sonora, contra la pretensión de quitarle sus tierras. “Esos no son propietarios, son solicitantes”, refiere el posesionario y dueño del espacio ahora en disputa.

Gerardo Cid Orduño es el comisariado en el Ejido Guillermo Prieto. Porta un folder con sus documentos, entre éstos, un título que lo acredita como propietario. Se trata de una resolución presidencial emitida por el Gobierno Federal en 1970, que inicialmente benefició a 60 ejidatarios, a quienes repartieron 29 mil hectáreas. “De ahí quieren afectarnos 271 hectáreas, puras de la orilla de la playa”, comenta el comisariado, asegurando que en todos esos terrenos donde pretenden desplazarlos, tienen títulos que acreditan su propiedad.

Comenta que ellos también tienen un amparo en el Juzgado federal con sede en Nogales, para evitar ser despojados de los terrenos que actualmente utilizan para ganadería, con un promedio de 300 cabezas de ganado.

“Casi todo lo que vienen agarrando de ese ejido (Heraclio Bernal) son puros litorales, desde el Golfo de Santa Clara hasta Puerto Lobos”, comenta Cid Orduño, quien es parte de una segunda generación de los dueños del terreno.

Reunidos en torno a la gran mesa central del salón de juntas de la alcaldía de Caborca, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Zavala, explica a ZETA lo que está sucediendo.

“Entregan una resolución presidencial que no cumple con los requisitos de ser ejidatarios. Aquí localmente tenemos a una persona multimillonaria, que tiene más de cincuenta pozos, dos gasolineras, un sinnúmero de propiedades, su nombre es Raúl Elías Fabela, esta persona no califica para ser ejidatario. ¿Cómo es posible que estén dotando a gente que no califica?”, cuestiona.

Con esa resolución -refiere- no se están respetando los títulos de estas personas -en función de la veintena de ejidatarios presentes en el salón-, emitidos por la autoridad.

“Estamos hablando de todo el litoral de Caborca, y así como a Caborca, están afectando Puerto Peñasco”, expone en relación al problema que enfrentan y que así sintetiza: un grupo en el poder político se ha arrimado a un grupo de ejidatarios solicitantes de tierra. “No quieren un solo surco para sembrar, quieren todo el litoral”, acusa el funcionario, quien calcula que con esa resolución federal se está afectando a 250 familias de ejidatarios, aparte, al municipio de Caborca, al que también están cortando mil 958 hectáreas que son parte del fundo legal. Menciona cómo a través de un predio que encimaron con el nombre de Lindavista, quieren quitarle terreno a la zona que realmente se trata del poblado de Puerto Lobos, una de las principales zonas turísticas de esa región.

Hace mención del dictamen de un perito -Martín Dávila Durazo-, quien oficialmente declaró que no existe nadie en esos predios, “lo hicieron de escritorio, ni siquiera fueron a ver físicamente”.

Comenta que hay otros predios alrededor de una mina de oro que también pretenden apropiarse, siendo que los ganaderos y dueños tienen cerca de 40 años en esos terrenos. Asegura que una señora, Teresa Rodríguez, es quien lo reclama, siendo que ella es esposa de un funcionario estatal en Hermosillo.

“Desde 2011 ando yo en trámites con eso, lo que me dijo el de la Reforma Agraria: ‘usted ampárese’”, argumenta el propietario del terreno aledaño a la mina que explota el grupo Peñoles.

Los ejidatarios en peligro de ser desplazados de sus tierras ubican a varios personajes ligados al poder económico y político, como Sergio Hunger, financiero en Monterrey, Nuevo León; Raúl Elías Favela, Alfredo Vergara. Todos ellos encabezados por  Luis Fernando Heras Portillo Sánchez, a quien ligan con el ex gobernador de Sonora y actual coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso federal, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Una versión incluye que Heras Portillo es la cabeza operativa de todo ese grupo, que incluso ha llegado a amenazar al alcalde panista de Caborca, Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez.

A Heras -ex titular de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del gobierno estatal de Sonora- lo ubican junto con los adinerados Ricardo Mazón y Javier Tapia, como parte del grupo de propietarios del lujoso complejo turístico-residencial Las Palomas, en Puerto Peñasco, donde en diciembre pasado, el lugarteniente en esa estratégica zona del Cártel de Sinaloa, Gonzalo Inzunza Inzunza “El Macho Prieto”, fue presuntamente abatido -la versión es que sus gentes se llevaron el cadáver-.
Controversia, la historia

El 15 de marzo de 2013, los cinco magistrados del  Tribunal Superior Agrario –liderados por el magistrado Marco Vinicio Martínez Guerrero- aprobaron de manera unánime y desde la Ciudad de México, la resolución en torno al juicio agrario 5/2012 y el  amparo 667/2010 en relación al poblado Heraclio Bernal, en Sonora.

El caso inició desde 1985, cuando un grupo de 24 campesinos que dijeron residir en Puerto Peñasco, solicitó al entonces gobernador estatal, Rodolfo Félix Valdez, la creación de un nuevo centro de población ejidal que se llamaría Heraclio Bernal. De acuerdo al camino legal, marcado en la Ley de la Reforma Agraria, los solicitantes habían agotado el procedimiento federal, por lo que en septiembre de 1993, la SRA consideró “no procedente la instauración de la solicitud presentada…”.

El 26 de abril de 2010, el comité de solicitantes interpuso un juicio de garantías –667//20210-, tocándole al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, autoridad que en noviembre de 2010 concedió la protección de la justicia, modificando la sentencia que sobreseía el caso.

Fue hasta octubre de 2011 que la delegación estatal de la SRA en Sonora comisionó a personal para recabar información de esos predios supuestamente “propiedad de la nación”, bajo la premisa de que los solicitantes “manifiestan tener en posesión y usufructo en forma pacífica, continua y pública, algunos de los desde hace más de veinte años...”.

Luego, el 31 de marzo de 2012 -casi 30 años después de la solicitud original-, los integrantes de ese nuevo centro poblacional efectuaron una asamblea general, aunque solo quedaban 14 de los 23 solicitantes originales, ya que nueve de ellos o murieron, o se “desavecindaron”, es decir, ya no vivían en la zona. El caso es que se sumaron 142 nuevos aspirantes, que con los 14 sobrevivientes, ya eran 156 los “capacitados que pasan a formar el grupo de solicitantes”. De paso le sumaron otros 49, para llegar a 191 los enlistados.

En el documento-resolución emitido el 15 de marzo de 2013, se hace una detallada lista de las zonas a afectar, tanto en Peñasco como Caborca, y Plutarco Elías Calles. Finalmente, se resolvió de manera textual: “Es procedente la creación del Nuevo Centro de Población Ejidal, promovida por un grupo de campesinos que se denominara Heraclio Bernal, Municipio de Puerto Peñasco, Estado de Sonora”, dotándoles con 43 mil 34 hectáreas que finalmente beneficiaron a 191 “campesinos” con capacidad agraria.

La medida provocó la inmediata y múltiple respuesta, desde amparos, denuncias, quejas ante Derechos Humanos, cartas al Presidente Peña Nieto, al gobernador Guillermo Padrés, y al titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Sobre todo, ha provocado el coraje de cientos de ejidatarios y sus familias, quienes de un plumazo ven en peligro su patrimonio y parecen estar dispuestos a todo, como expresó uno de los directivos en el Ejido Celestino Gasca:

“Si me quieren quitar mis tierras, las de mi familia, yo los mato…”.

CAMPODÓNICO

En junio de 2008, un grupo de ejidatarios fue expulsado de sus tierras en el Ejido Rodolfo Campodónico, a raíz de una decisión federal, implicando el uso de la fuerza y la intervención de policías estatales para concretar el desalojo de esos terrenos estratégicamente ubicados, y también pegados al litoral de las mansas aguas del Golfo de California.

A raíz de ese despojo, los ejidatarios siguieron el cauce legal, a través de juicios agrarios aún vigentes, explica el abogado del grupo, Sergio García: “Iniciaron unas acciones de servidumbre de paso, porque las personas que golpearon estaban en terrenos del ejido y el predio en conflicto estaba como a seis kilómetros de ahí”.

El caso se fue a revisión, y apenas esta semana les notificaron que se había perdido la revisión por parte de los afectados.

“Lograron su propósito, pero de una manera muy burda”, dice García en relación a las cerca de 700 hectáreas que conforman una pequeña península destacada por su magnífica ubicación.

Ahora están por promover un amparo contra la más reciente resolución judicial, pero seis años después, el litigio continúa.

(SEMANARIO ZETA/ Sergio Haro Cordero/ 03 de Junio del 2014 a las 19:01:00)

LLAMAN A FISCALIZAR SOBRECOSTO EN BUREN

(REPORTE INDIGO TV/ 03 DE JUNIO 2014)

¿ ADIÓS A LA COCA ?


Perú rompe con la estrategia impulsada por Estados Unidos de combatir el narcotráfico mediante la fuerza
Perú, el mayor productor mundial de cocaína, detendrá sus esfuerzos de erradicación de la planta de coca en su área territorial de más producción, y en vez de ello alentará los cultivos alternativos.

La erradicación ha sido el método fomentado globalmente por Estados Unidos como parte de su “guerra contra las drogas”, pero ha fallado rotundamente a pesar de que en 2013 Washington destinó 100 millones de dólares al país andino para combatir al narcotráfico, el doble del apoyo otorgado en 2012.  

”Queremos entrar con un procedimiento, con una estrategia de reconversión de cultivos alternativos sin descalificar la erradicación en el caso que no funcione (la nueva estrategia)”, dijo el presidente Ollanta Humala en una extensa entrevista nocturna difundida el domingo por la televisión pública peruana.

El cambio se aplicará en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor zona productora de hoja de coca y de cocaína del país, y donde el gobierno anunció en enero pasado que durante el año ingresaría a erradicar los cultivos, lo cual provocó protestas que aumentaron conforme avanzaron los meses. 

El mandatario peruano precisó que la estrategia de erradicación continuará en otras zonas del país donde se cultiva la planta.

Contra el narcotráfico

“El gran problema que tenemos es el narcotráfico. Queremos reducir las hectáreas de hoja de coca que se siembra en el VRAEM, y creemos que esa política la debe llevar el Ministerio de Agricultura a través de la reconversión de cultivos”, dijo Humala.

Añadió que su gobierno posee un fondo de 214 millones de dólares para el VRAEM con los que construirá carreteras que conecten poblados remotos por donde los agricultores puedan transportar con los productos alternativos.

Según datos oficiales, en esta zona del país viven 60 mil campesinos que cultivan hasta 18 mil hectáreas anuales de hoja de coca que van al narcotráfico. 

DENUNCIA INFLUYENTISMO, SALE LIBRE

(REPORTEINDIGO TV>) 03 DE JUNIO 2014)

LAS HUELLAS DEL ESCÁNDALO


Las protestas de miles de personas contra la monarquía prueban que muchos españoles no perdonan los errores del rey Juan Carlos, quien abdica en su peor momento. Su hijo, Felipe de Asturias, afronta un reto: recobrar la confianza en la Corona o ver el fin de la realeza


"Quiero trasladar mi firme confianza en el príncipe de Asturias. Su preparación, su carácter y la amplia experiencia acumulada en estos 20 años son una sólida garantía de que como jefe de Estado estará a la altura de las expectativas más exigente”
Marino Rajoy
Presidente de España
"Nunca os habéis interesado por mí tanto como hoy”
Rey Juan Carlos
A los periodistas en el Palacio de la Zarzuela
39
años asumió el título de rey de España 
1.3
millones de desempleados hay en España con más de tres años sin empleo
40
es el lugar que ocupa España de 176 países analizados en el Índice de Percepción de la Corrupción
El príncipe Felipe de Asturias tiene en sus manos el futuro de la Corona de España.

Su padre, el rey Juan Carlos, abdicó del trono ayer tras años marcados por escándalos, acusaciones de corrupción contra la Familia Real y el descontento de la sociedad española. 

La popularidad de la Corona de España está en su peor momento, coinciden los medios españoles, pues un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que los ciudadanos le dan una calificación promedio de 3.72 sobre 10. 

Fuentes allegadas a la Casa del Rey revelaron a El País que Juan Carlos decidió abdicar desde el 5 de enero.

Un día antes, un sondeo de El Mundo había reportado que el 62 por ciento de la población quería que el rey renunciara para dejar su lugar a Felipe, que el 70 por ciento no creía que Juan Carlos recuperaría el prestigio de la Corona y que el 56 por ciento tenía una percepción regular o mala de su reinado. 

‘El momento justo’ 

La prensa internacional considera que Juan Carlos solo esperaba el momento justo para abdicar, alguno que permitiera a Felipe de Borbón sortear los escándalos.

“Ya no tenía opción”, expresó la periodista de la realeza Caroline Du Saint a Le Nouvel Observateur, “desde hace dos años, la monarquía está salpicada por escándalos: casos de corrupción de su hija Cristina, rumores de infidelidad y un sinfín de problemas de imagen, con un safari que costó hasta 37 mil euros.

“La pregunta que se hacía era de cuestión temporal: ¿cuándo debía abdicar? No debía ser demasiado tarde para evitar que Felipe no recuperara una monarquía en demasiado mal estado”. 

Y es que el momento también es justo para Felipe, pues El Mundo afirma que es el miembro de la Familia Real con más popularidad y que 66.4 por ciento de los españoles tienen una opinión positiva de él. 

“El príncipe de Asturias, que reinará como Felipe VI, va a poner en valor la institución monárquica desde el primer día. Porque lo más importante que da la Monarquía al país es una estabilidad y previsibilidad”, afirmó ayer el diario ABC. 

Felipe será el primer monarca español con educación universitaria: estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y la maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos.

“La hora del príncipe”, escribe el analista Jesús Rodríguez en El País, “Don Felipe quiere que su monarquía sea útil e íntegra; más moderna y transparente; y con más mujeres”. 

Monarquía en jaque 

Otros también creen que el momento es justo, pero para cambiar el sistema de gobierno de España, que se define como una monarquía democrática parlamentaria. 

Decenas de miles de personas protestaron anoche en las principales ciudades de España para pedir que se realice un referendo que termine con la realeza para instaurar una república.

“No permitamos una nueva imposición. Discutamos, organicémonos y decidamos juntos qué futuro queremos para nuestro país”, manifestó ayer en las redes sociales el movimiento Democracia Real Ya, principal organizador de las movilizaciones. 

El partido ciudadano de Pablo Iglesias, Podemos, también exhortó a hacer una consulta pública.

 “Si Felipe quiere ser jefe de Estado que aspire a legitimidad democrática: si cree tener confianza de los ciudadanos, que les pregunte”, escribió en su cuenta de Facebook.

La abdicación también representa una oportunidad para los movimientos separatistas, como el de Cataluña.

“Hay una desafección, una desconexión de la mayoría del pueblo catalán respecto a las instituciones del Estado”, dijo Artur Mas, presidente de la Generalitat catalana, “habrá cambio de Rey en España, pero el proceso político catalán continuará adelante”.

Tal vez no sea el mejor o peor momento, sino el único posible. 

“He encontrado al Rey convencido de que este es el mejor momento para que (la sucesión) pueda producirse con total normalidad”, manifestó el presidente Mariano Rajoy al anunciar que en breve el príncipe Felipe recibirá la corona. 

Un rey exiliado y demócrata 

Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón nació en Roma el 5 de enero de 1938. 

El establecimiento de la República en 1931 expulsó a sus padres, los reyes Juan de Borbón y Battenberg y María de las Mercedes de Borbón y Orleáns. 

Cuando tenía 10 años, su padre y el general Francisco Franco acordaron que viajara a España.

La Ley de Sucesión de 1947 declaraba a España como un Estado constituido en reino, aunque sin monarquía ni rey. Así lo ratificó la Ley de Principios Fundamentales de 1958 y la Ley Orgánica de 1967. 

Pero nadie daba por seguro quién sería el sucesor y Franco nunca hubiera soportado una “monarquía liberal”. Esperaba que su autoritarismo persistiera. 

En julio de 1969, las Cortes designaron a Juan Carlos sucesor de Franco. 

En 1974, Juan Carlos desempeñó, por primera vez y de forma interina, la jefatura de Estado por la enfermedad de Franco. El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, lo proclamaron rey y quedó restaurada la monarquía, luego de 44 años sin ella.

Siguió un período preconstitucional del reinado, hasta 1978.

Los Pactos de la Moncloa (1977) fueron importantes para la transición a partir de la Constitución de 1976.

La Constitución de 1978 establece una monarquía parlamentaria que especifica las prerrogativas del monarca, como jefe del Estado y moderador. 

Que Felipe VI preste atención

> La peor carga para España

España roza los seis años de crisis laboral. El desempleo continúa en aumento y con él los trabajadores que dependen económicamente del Gobierno.

“Para los expertos, la evolución del último año corrobora que el paro de más larga duración será la peor herencia de esta crisis, la más difícil de afrontar”, publicó El País el pasado 23 de mayo. 

“Está claro que la corrupción en España es un problema serio. Yo creo que las últimas elecciones se pueden interpretar en clave de corrupción y rechazo a este fenómeno al que desde luego he dedicado los últimos 20 años de mi vida profesional, tanto en el campo fiscal como profesor universitario. No necesito que nadie me convenza, estoy convencido que esto es un cáncer de la democracia”, aseveró Joaquín González-Herrero,

Consejero de la Oficina Europea de la Lucha Antifraude.

> El terror de ETA

El grupo terrorista que causa dolor de cabeza a la mayoría de los españoles, Euskadi Ta Askatasuna (ETA), ha pretendido desde su creación la independencia del País Vasco. 

En diferentes atentados han puesto en riesgo o han terminado con la vida de varios españoles. 

Incluso el mismo rey Juan Carlos, fue objetivo del grupo, aunque todos los intentos fueron frustrados por las Fuerzas de Seguridad.

> El adiós de Cataluña

La comunidad autónoma de España ha dado golpes al Gobierno y a la monarquía para independizarse. 

El mismo presidente Rajoy aseguró que a pesar de que Cataluña pretende “incumplir la ley a sabiendas” está dispuesto a entablar un diálogo. “Estoy dispuesto a escuchar, pero se me hace durísimo en un momento como éste (…), España está superando una crisis de caballo”. 

Pero ellos no están dispuestos a dejar el tema. Ahora que el trono será ocupado por un nuevo rey, el miembro del Congreso Josep Duran pidió a Felipe que sea muy sensible con el pueblo catalán. 

“Esto un nuevo rey tiene que saberlo, y más en estos momentos, en los que debe ser consciente y debe tomar nota de que en Cataluña hay una gran mayoría de ciudadanos insatisfechos”, indicó. 

Monarquía ahogada

En lo que muchos han considerado un momento estratégico, el rey realiza su salida triunfal con la esperanza de que España no se convierta en una república. 

El papel que tome Felipe será crucial para que la monarquía recupere su brillo, pues su valoración está en crisis. 

Actualmente, el nivel de confianza en la Corona es solo de 3.72 sobre 10, comparado al 7.46 que tenía en 1994. 

El rey en América Latina

Juan Carlos I fue el primer rey español en pisar tierra latinoamericana. Se relacionó con varios presidentes y fue protagonista de encuentros célebres. 

“Las cumbres iberoamericanas y visitas protocolarias de todo orden, le han permitido exhibir por esas tierras la pasable incongruencia de una monarquía que las señoreó durante más de tres siglos”, escribió ayer Miguel Ángel Bastenier en El País. 

Desde la buena relación del rey con el presidente boliviano, Evo Morales, hasta el implacable “¿por qué no te callas?” que le lanzó al fallecido Hugo Chávez. 

“La Corona promocionó la marca España destacando la recuperación de la convivencia social, y ayudando, cuando se le pidió, para desbloquear conflictos a las multinacionales españolas interesadas en privatizaciones de Argentina, Perú, México, Brasil y otros países”, afirmó ayer El País. 

Los presidentes del Rey

Durante la transición del franquismo a la monarquía y democracia española, el rey Juan Carlos ha coexistido con varios presidentes de Gobierno. 

> Carlos Arias Navarro (1974-1976): Su insistencia en preservar el legado del dictador Francisco Franco causan su cese.

> Adolfo Suárez (1976-1981): Aprueba la reforma política y las primeras elecciones generales libres (1977) y promueve la Constitución Española (1978) aún vigente.

> Leopoldo Calvo-Sotelo  (1981-1982): Enfrenta los intentos golpistas y aprueba la Ley del Divorcio.

> Felipe González (1982-1996): Constituye la modernización de la infraestructura de España. 

> José María Aznar (1996-2004): Disminuye el papel político del rey. Tres días antes de las elecciones de 2004 ocurren los atentados terroristas del 11-M en Madrid. 

> José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011): Su programa progresista impulsa el matrimonio homosexual. En su último periodo inicia la crisis económica que aún se arrastra. 

>  Mariano Rajoy (2011-presente): Asegura que es el mejor momento para la transición del monarca y reconoce la aportación de Juan Carlos a la democracia. española.