miércoles, 28 de enero de 2015

LUMINARIAS EN TIJUANA: DAÑO PATRIMONIAL POR 160 MILLONES DE PESOS


Viciada de origen, con sospechas de favoritismo, inequidad y causante de una enorme pérdida económica y en infraestructura para la ciudad, el convenio por las luminarias que firmó la administración de Carlos Bustamante con Sola Basic, es una de las principales investigaciones de la Sindicatura Procuradora del XXI Ayuntamiento. La indagatoria está a punto de concluir en la fase de entrevistas, para después sancionar, inhabilitar o denunciar a los funcionarios que causaron el quebranto a las arcas de Tijuana
Concesionar a Industrias Sola Basic S.A, de C.V. el servicio alumbrado público, significó para el municipio de Tijuana un daño patrimonial por 160 millones de pesos.

Este monto se desprende del pago convencional del convenio, y el costo que para el Ayuntamiento significó el mantenimiento del sistema y el extravío de 17 mil luminarias.

La investigación documentada sobre el tema de las luminarias da cuenta de un sinfín de omisiones e irregularidades que inician desde el momento mismo que el XX Ayuntamiento, presidido por Carlos Bustamante, decide concesionar a una empresa privada el reemplazo de 63 mil 400 lámparas.

Desde un proceso de licitación sesgado, hasta el planteamiento de una demanda a todas luces improcedente, el actuar del gobierno bustamantista se encaminó a favorecer a la compañía concesionada.

A Sola Basic se le entregó un pago anticipado superior a 141 millones de pesos, cantidad a la que se añaden más de 9 millones de pesos en la rehabilitación del servicio, realizada por la anterior administración. A esas cifras se suma el desmantelamiento de luminarias para ser vendidas al reciclaje, pérdida que se estima en 10 millones de pesos.

A tres años de que se concesionara el proyecto de modernización de alumbrado, los ciudadanos de Tijuana siguen esperando su mejoramiento, por lo que la actual administración prevé licitarlo otra vez, sin descartar la posibilidad de que Sola Basic participe de nuevo.

ANTECEDENTES

En las actas de las sesiones del comité conformado en mayo de 2011, se observó que al ceder el servicio de alumbrado mediante un arrendamiento puro, se corría el riesgo que la concesionaria se llevara las lámparas, y aunque se propuso el esquema de arrendamiento financiero -brindaría al municipio el derecho a poseer el producto-, finalmente se signó con Sola Basic un contrato de arrendamiento puro.

En esas reuniones también se observó que el 80 por ciento de las licitaciones realizadas a nivel nacional para concesionar ese servicio incumplieron las expectativas, por lo que se hizo el compromiso en investigar y seleccionar a una compañía que avalara contar con material suficiente, tecnología, instalación, integración de proyectos y servicios adicionales, certificación de los productos, garantía y calidad. No fue el caso.

LICITACIÓN SIMULADA

Para el proceso de licitación se hizo una convocatoria nacional, a la cual concurrieron solo seis empresas de las 38 que el gobierno de Bustamante dijo, se encontraban interesadas en participar.

Estas fueron: Sola Basic, S.A. de C.V.; Celsol, S.A. de C.V.; G Tel Comunicación, S.A. de C.V.; Osram, S.A. de C.V.; Giro Construcciones, S.A. de C.V.;  así como GM Electromecánica, S.A. de C.V. y/o Servicios y Proyectos Eléctricos Baja, S. de R.L. de C.V.

El gobierno de Bustamante descartó dos de las seis propuestas, aduciendo que incumplían con los requisitos de la convocatoria.

La designación estuvo a cargo del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, David Navarro Herrera (fallecido), conformada por el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Rufo Ibarra Batista; síndico procuradora Yolanda Enríquez de la Fuente; y el oficial mayor, Óscar Sanabia Peinado, como integrantes del Comité Técnico dispuesto para el procedimiento de licitación.

Finalmente se eliminaron tres de las cuatro ofertas restantes, por no entregar propuestas completas y optaron por asignar la concesión del servicio a Sola Basic, “única empresa que cumplió con todo”, expuso el comité al momento de dar el fallo.

Sin embargo, en los documentos consta que G Tel Comunicación, S.A. de C.V., Celsol, S.A. de C.V. y Sola Basic llenaron todos los requisitos demandados en la convocatoria.

ZETA intentó contactar a las empresas participantes en el proceso, pero solo tres pudieron ser localizables: Celsol, Sola Basic y GM Electromecánica; el resto presentó domicilios inexistentes, o dejaron de operar desde hace años.

De las que sí se encuentran en operación se contactó a Celsol S.A. de C.V., con sede en Monterrey, Nuevo León.
Gabriela Sandoval, representante de Celsol, compartió que al saberse el fallo, el corporativo buscó saber las causas por las que su propuesta fue rechazada por el gobierno de Tijuana y cuáles fueron las razones por las que se optó por la compañía ganadora, pero no se les dio respuesta, “encontramos mucho hermetismo”, expresó.

De esta manera, el 30 de noviembre de 2011, el gobierno de Carlos Bustamante convino con Industrias Sola Basic un contrato que quedó circunscrito vía arrendamiento puro, por la cantidad de 144 millones 430 mil 517 pesos.

APURO POR EVADIR AL CONGRESO

Que el municipio careciera de recursos propios para modernizar el servicio de alumbrado público fue la razón por la que el XX Ayuntamiento aprobó el concesionarlo a una empresa privada. El ahorro en costo de la energía eléctrica fue la base y fundamento para implementar tal proyecto.

Por ello, Carlos Bustamante urgió al Cabildo reunido el 2 de junio de 2011 a aprobar ese punto: “Si no lo hacemos, ya no lo vamos a hacer, porque no alcanzaría el tiempo para amortizar sin tener que pedir permiso al Congreso, y de esta manera no tenemos que pedir permiso”.

El Cabildo no volvió a ser tomado en cuenta durante el proceso de licitación, selección y firma del contrato. El 9 de diciembre de 2011 se le da a conocer el contrato de la asignación a un costo de 144 millones 430 mil 517 pesos con 13 centavos. El convenio se firmó el 30 de noviembre de 2011 y su duración se determinó por un año.

El Cabildo autorizó el pago anticipado del contrato de arrendamiento puro de los bienes para el proyecto, celebrado el 20 de septiembre de 2011 hasta por 141 millones 187 mil 578.92 pesos.

También aprobó una ampliación al presupuesto de egresos de ese ejercicio fiscal por 9 millones 728 mil 814 pesos con 63 centavos, para cubrir las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre de 2011.

El pago anticipado a la empresa Corporativo Inter Rama, S.A. de C.V. por 141 millones 187 mil 578 pesos, se entregó el 19 de diciembre de 2011.

Al 8 de abril de 2013 se habían instalado 55 mil 566 luminarias, 7 mil 834 sin instalar de las 63 mil 400 que se contrataron; 4 mil 110 de las luminarias nuevas no funcionaban, desde entonces y hasta que no fue llamada a cuentas por el XXI Ayuntamiento, Sola Basic ya no instaló ni dio mantenimiento al servicio de alumbrado.

IMPROCEDENTE DEMANDA

En el tema de las luminarias, la dejadez oficial de Bustamante la coronó con una demanda planteada por la vía civil, tratándose de una empresa mercantil sin contemplar el hacer exigible la garantía del convenio, la cual cubre el cien por ciento del monto de lo contratado:
Siendo la arrendadora una empresa mercantil, la demanda debió ser la vía mercantil, pero la administración bustamantista optó por reclamar el cumplimiento del contrato por la vía civil.

En la querella asentó haber dado cabal cumplimiento al contrato de  arrendamiento puro, celebrado el 20 de septiembre de 2011, así como las dos adendas al contrato original celebradas el 29 de noviembre de 2011 y el 2 de julio de 2012, cuando quedó pendiente uno de los 26 pagos mensuales pactados con la demandada.

Sin estar físicamente todas instaladas, y la mayoría sin funcionar, reclamó la propiedad de las 63 mil 400 luminarias contratadas, cuando la adquisición en propiedad de éstas se estableció solo como una opción.

De acuerdo a la cláusula trigésima, la opción de compra se dispuso como una posibilidad de realización futura y no como efecto del mero cumplimiento de lo establecido en el contrato, en el cual se lee: “Los contratantes convienen que las luminarias instaladas por el arrendador podrán ser adquiridas en propiedad por el Ayuntamiento, durante la vigencia de este contrato, o bien al final del mismo, ya que con ello se logran los objetivos de ahorro de energía eléctrica”.

En su demanda, Bustamante no contempló lo establecido en la cláusula de la adenda del 29 de noviembre de 2011, en la que pactó una condición resolutoria: “Las luminarias materia del mismo (contrato), pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, una vez cumplidas las obligaciones de pago referidas en el contrato”.

Además, el contrato no especifica que el arrendamiento se podrá convertir en compraventa.

Antes de demandar, y a sabiendas que jurídicamente podría ser perjudicial para el municipio, el XX Ayuntamiento rehabilitó18 mil 632 luminarias que se encontraban sin funcionar, acción que emprendió en el periodo comprendido de mayo de 2012 a septiembre de 2013. Por ello reclamó el pago de lo erogado, lo cual se estimó en más de 9 millones de pesos.

Curiosamente, lo que sí podía reclamar no lo hizo, como las penas establecidas en el contrato de arrendamiento. En ellas se indica que si el arrendador incurre en incumplimiento probado y vencido en juicio, el Ayuntamiento estará facultado para optar por cualquiera de las siguientes posibilidades:

* Exigir al arrendador el cumplimiento del contrato con todas sus consecuencias legales, incluyendo el pago de la pena convencional por un importe menor del 10 por ciento del valor total del Proyecto de Modernización del Alumbrado Público.

* Reclamar el contrato haciendo exigible la garantía, pena convencional y demás prestaciones.

* En caso de incumplir, el arrendador será sancionado con multa de hasta cien veces el salario mínimo general vigente en el Estado de Baja California, cancelación del arrendamiento o cancelación de su registro del padrón de proveedores.

Independientemente de lo anterior, el Ayuntamiento podría ejercer las acciones correspondientes por daños y perjuicios ocasionados por el arrendador, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para el municipio de Tijuana, en sus artículos 47 y 48.

Nada de eso se exigió en la demanda de Bustamante.

Lo deficiente de esta demanda hizo que el XXI Ayuntamiento desistiera de ella, ya que de resultar adversa, implicaría para el erario una erogación superior a 20 millones de pesos en gastos y costas del juicio, estimó el consejero jurídico Gerardo Herrera Zavala. Encauzó la demanda a principios de 2014 por la vía mercantil.

EL NEGOCIO DEL MATERIAL DESECHADO

Dos facturas emitidas por Recolectora de Desechos y Residuos King Kong, S.A. de C.V., mejor conocida como GEN, emitidas el 19 y 23 de abril de abril de 2013 por las cantidades de 41 mil 847 pesos y 100 mil 340 pesos con 38 centavos, dan cuenta que la administración de Carlos Bustamante dispuso -sin la aprobación del Cabildo-, del destino final de los residuos sólidos derivados del sistema de alumbrado público que fue retirado.

Dan constancia de ello los manifiestos, con fecha 12 de abril de 2012, de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos por mil 600 toneladas, y dos más por la suma de .460 toneladas, entregados a MAYPA.

Para ocultar la transacción comercial de este material, el 19 de julio de 2013 se presentó un reporte de robo ante la agencia receptora del Ministerio Público en Otay; el hecho lo denunció Alejandro Sánchez Gámez, jefe del Departamento de Alumbrado Público, quien informó la sustracción en los talleres municipales de la delegación Mesa de Otay de un número indeterminado de balastras.

demás de Otay, el equipo retirado durante el proceso de modernización de alumbrado, fue confinado en las instalaciones de la delegación Centenario. Ahí, el 13 de agosto de 2013 se almacenaron 17 mil 615 luminarias inventariadas, las cuales tampoco fueron localizadas.

Por ello, el 27 de marzo de 2014, durante el gobierno de Jorge Astiazarán, Ángel Velasco Villarreal, supervisor del Departamento de Alumbrado Público y Semáforos, denunció la sustracción de 500 balastras de los talleres municipales de la delegación Centenario.

LOS RESPONSABLES

La responsabilidad de que no se haya logrado el objeto del contrato para el proyecto de modernización de alumbrado de la ciudad de Tijuana, y el daño patrimonial que esto causó al municipio, la tienen los funcionarios que en su momento estuvieron a cargo de su cumplimiento y fueron omisos, tal y como se advierte en los oficios.

Por ello, a excepción del extinto David Navarro Herrera, los involucrados deberán ser llamados a comparecer y, de fincárseles alguna responsabilidad, podrían ser inhabilitados.

Del pago anticipado por 141 millones 187 mil 578 pesos con 92 centavos, se citará a comparecer a quienes fueron secretarios de Finanzas, Rufo Ibarra Batista y Sergio Antonio Rosete Weben; sobre este tema también deberá responder Yolanda Enríquez de la Fuente, ex síndico procuradora y el tesorero municipal, Sergio Antonio Rosete Weben.


La responsabilidad del costo financiero de la demanda civil, a cargo de un despacho jurídico externo y que se tasó en 300 mil pesos, recae en Roberto Ordorica y Marco Antonio Dueñas (oficial mayor en la actual administración municipal), porque en ese momento ellos fungían como director jurídico y tesorero, respectivamente.

De la existencia de irregularidades, fallas en las luminarias e inconsistencias en la información proporcionada, contemplada dentro de servicios adicionales, tendrán que rendir cuentas: Esteban Yee Barba, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; los directores de Servicios Públicos Municipales, José Francisco Barrón Macías y Enrique Bautista Corona; y el director jurídico, Roberto Ordorica.

Apoyar a Industrias Sola Basic en el mantenimiento de 17 mil luminarias, a través de la Dirección de Servicios Públicos o la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, causó al erario una erogación de 9 millones de pesos.

Sobre este tema serán llamados a comparecer: Esteban Yee, José Francisco Barrón Macías, Enrique Bautista y Yolanda Enríquez de la Fuente; Marcia Salcido Moreno, subdirectora de Normatividad de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal -DOIUM-; Roberto Ordorica, director jurídico; mientras que de Oficialía Mayor se citará a Óscar Sanabia Peinado y Armando Eduardo Franco Bustos.

La omisión en la aplicación en tiempo y forma de las penas convencionales a la incumplida empresa, es una falta por la que tendrán que responder: Édgar Fernández Bustamante (actual director de Promotora Municipal de Tijuana -PROMUN-) y/o Roberto Ordorica Ruiz, como titulares en su momento de la Dirección Jurídica.

En esta falla también se involucra a Esteban Yee Barba, José Francisco Barrón Macías, Enrique Bautista, Francisco Fernando Esparza Rosete (subdirector de Construcción de la DOIUM) y Marcia Eugenia Salcido Moreno.



(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Isabel Mercado Juarez/  / 26 de Enero del 2015 a las 12:00:00)

PROTEGEN POLICÍAS EN TIJUANA


El secretario Lares y el alcalde Astiazarán están más preocupados por saber cómo llegó a ZETA la información de los policías corruptos, que por la presencia de uniformados con ligas del crimen organizado en sus filas. De no depurar a los agentes reprobados, podrían perder recursos federales a partir de junio de 2015. Después de dar largas e intentar responsabilizar al medio y a Sindicatura, Alejandro Lares declaró: “Es más importante tener localizados a los malos elementos que tenerlos en libertad”. Daniel de la Rosa, secretario de Seguridad Pública del Estado, reiteró que si en Tijuana no limpian la Policía, tendrán menos dinero de la Federación

Al tomar posesión, tanto el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, como el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares, protestaron cumplir y hacer cumplir la Ley; sin embargo, en el caso de los 154 policías que no aprobaron los exámenes de Control y Confianza, primero optaron por retrasar la aplicación de la Ley, pues tras más de un año recibiendo nombres, no los han removido, ni siquiera los han suspendido.

La Sindicatura remitió los expedientes a la Comisión de Desarrollo Policial, pero no los removió. A ninguno de los funcionarios le interesó dar mayor seguridad a la ciudadanía que representan.

En tales condiciones, estos funcionarios de Tijuana no  han cumplido con su obligación de  “aplicar los medios lícitos a su alcance para impedir la consumación de los delitos que sepa, van a cometerse o se están cometiendo”.

Todavía más grave: la depuración no es opcional o discrecional; es una exigencia del Consejo Nacional de Seguridad, y su incumplimiento puede afectar la llegada de recursos federales.

SOLAPAN

Si bien, los funcionarios que no depuran no pueden ser penalmente responsables del delito de encubrimiento, sí están contribuyendo a que algunos policías involucrados en delitos, “eludan las investigaciones de la autoridad competente y se sustraigan de la acción de ésta”, por lo menos por un tiempo, porque no concretan los proceso de remoción y permiten que estos elementos sigan en las calles de la ciudad, uniformados, con placa y pistola.

“Para Baja California la operación del Centro de Evaluación y Control de Confianza es una acción estratégica que permite aplicar los procesos de evaluación a través de exámenes de confianza, manteniendo como constante la prioridad de la depuración de las instituciones policiales”, se lee en el portal del C3, por cierto, recientemente reacreditado.

Su objetivo, “la evaluación permanente de la función que desempeñan los cuerpos de seguridad pública (…) para garantizar la confiabilidad de las corporaciones policiales (…) en un esfuerzo por optimizar los niveles de eficacia y profesionalización de las corporaciones”.

Pero de nada sirve si durante los últimos cinco años hicieron llegar los expedientes de 423 policías municipales en los cinco ayuntamientos -174 corresponden a Tijuana-, y solo se removió a 22, tres de ellos en Tijuana.

El 9 de enero de 2015, ZETA presentó una denuncia pública, y el contenido de la nota -motivos por los que decenas de policías no eran confiables-, no fue negado por la autoridad que en este momento ya no puede desaparecer los exámenes antidopaje reprobados, los expedientes de policías que antes de ingresar a la corporación traficaron droga a Estados Unidos, ni las confesiones de policías que torturan detenidos y fueron publicadas por este Semanario.

Sin embargo, en lugar de dar celeridad a los procesos, como es su responsabilidad, las autoridades optaron por responsabilizar al medio de comunicación de la insuficiencia que han expuesto en este tema por más de un año.

En conferencia pública realizada el martes 20 de enero, en un acto de entrega de equipo para bomberos, los reporteros cuestionaron al alcalde Astiazarán qué pasaría con los policías, en referencia a los reprobados que se publicaron en la anterior edición de ZETA (2129, del 9 al 22 de enero).  “En su momento la Comisión de Desarrollo Policial va a hacer la aclaración”, respondió.

Dada la gravedad de las faltas cometidas por los agentes no aprobados por el C3, los comunicadores insistieron: — “¿Por lo pronto qué va a pasar? “Por lo pronto está en manos de la Comisión de Desarrollo Policial”, replicó el munícipe.
— ¿Es por eso que no están dados de baja? “No están dados de baja porque…”, respondía el presidente municipal cuando fue interrumpido por el secretario Alejandro Lares.

“Hay procedimientos que hay que respetar, son procesos internos. Recordemos que ya fueron exhibidos…perdón, presidente, es importante reconocer que es una investigación que era llevada por la Comisión de Desarrollo Policial, del cual se violenta el debido derecho de ellos, obviamente algunos ya fueron notificados, otros están en fase de notificarse y otros se están complementado todo el expediente para una vez ser pasado a la Comisión, que se tome la determinación si van a ser cesados, sancionados o removidos”.

— ¿Qué tanto le preocupa esta parte de los policías que traficaban droga?, cuestionaron los medios al secretario: “Me preocupa más bien la filtración de información, porque si bien es cierto, ahora es un debido proceso el que se lleva, nosotros podemos decirte que algunos de ellos, de esos elementos estaban siendo investigados, lo cual ahora pues sale a la luz pública”.

Luego reconoció que eran 156 expedientes de policías no aprobados, que la Comisión no tenía rezagos, pero se contradijo al referir que entre octubre y noviembre habían recibido 50 expedientes, lo que significa que los otros 106 los recibieron antes, y tampoco los habían resuelto.

Aunque solo con palabras, Lares aceptó que todos están integrados. Sin embargo, otros miembros de la Comisión refieren que el tema de policías reprobados no se ha tratado.

EL DEBIDO PROCESO

Abogados consultados por ZETA que primero no tuvieron problema en publicar su nombre y después pidieron anonimato, dado que el tema les traería enemigos con uniforme y placa, explicaron que el alcalde y su secretario están cometiendo un error de apreciación.

Detallaron que el debido proceso se refiere a las formalidades que la autoridad, en este caso la Comisión encabezada por Lares, debe cubrir al momento de iniciar el proceso de separación definitiva, que son  elaborar el expediente, la investigación, fundar y motivar; notificarlos, citarlos, darles la oportunidad de defenderse de ser necesario, asignar defensor de oficio en la audiencia, admitir declaraciones, pruebas, peritajes, alegatos, citar para notificar resolución y demás requisitos.

La publicación de ZETA no forma parte ni de los resultados de los exámenes del C3, ni de los expedientes enviados por la Sindicatura, ni de la investigación que, dice Lares, está desarrollando la Comisión de Desarrollo Policial.

Lo que se publican son los dichos de los propios policías, admitiendo delitos o sus antecedentes criminales, los cuales se reitera, llegaron a ZETA de forma anónima en copias.

QUIÉNES ESTÁN INFORMADOS Y A QUIÉNES DEBEN SUSPENDER

El Artículo 15 del  Reglamento del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California, indica las atribuciones del director del C3, entre las cuales se incluye integrar los expedientes de las evaluaciones practicadas.

La fracción XI deja muy claro a quiénes debe remitir los resultados de las evaluaciones: “Informar a los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública que corresponda (…) del resultado de los proceso de evaluación”  que en el caso de Tijuana, es el secretario de Seguridad Pública, Alejando Lares Valladares, entonces, no puede excusarse; él conoce los resultados de los controles de confianza.

Y  “… en aquellas situaciones en las que se identifiquen factores de riesgo que interfieran o pongan en riesgo el desempeño de sus funciones, para que se actúe conforme a la normatividad aplicable”, dice la fracción X, se debe “… informar a los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública…”, otra vez, Lares.

En esta fracción el reglamento continúa: “…u Órgano de Control Interno que corresponda…”, se refiere a la Procuraduría y Secretaría de Seguridad Pública del Estado, corporación con instancias de control interno y, evidentemente, a las sindicaturas municipales.

De manera que el licenciado Lares no tiene  excusa legal para andar buscando responsables  en otras áreas, por la permanencia de agentes corruptos, ligados al crimen organizado o torturadores, adictos o falsificadores, en la Policía operativa de Tijuana.

Sin embargo, en la misma conferencia pública del 20 de enero de 2015, Lares intentó evadir su responsabilidad  respecto a la permanencia de policías con exámenes de Control y Confianza reprobados.

— Con esos antecedentes previos que ya tenían, ¿no era posible suspenderlos o por lo menos para separarlos de la actividad?, inquirieron los reporteros: “Aquí existe la situación de que nosotros no suspendemos si no es la Sindicatura Municipal quien tiene el poder para suspender a los elementos”, respondió el titular de la SSPM Tijuana.

En su Artículo 18, el Reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana, Baja California, refiere que una vez recibida la investigación administrativa de Sindicatura, corresponde a la Comisión de Desarrollo Policial, encabezada por Alejandro Lares:

Fracción II: “Resolver sobre la suspensión preventiva del Miembro, al inicio del procedimiento de separación definitiva, o de remoción del cargo: o en su caso revocar o confirmar la decretada por la Sindicatura…”.

También, que la Comisión debe dictar las medidas necesarias para el despacho “pronto y expedito” de los asuntos de su competencia, en la fracción XI.

Es cierto que la Sindicatura también pudo suspenderlos, conforme al Artículo 144 de la Ley de Seguridad Publica de Baja California, y debe hacerlo “fundada y motivadamente” cuando lo considere conveniente, a efecto de realizar diligencia y allegarse elementos, pero también indica en el Artículo 145, que será la Comisión la que podrá suspender, negar, decretar o ratificar la suspensión preventiva.

Entonces, la omisión de Sindicatura no exime al secretario Lares y a la Comisión, de permitir la permanencia activa de los agentes con antecedentes dudosos.

EXPEDIENTES REMITIDOS ENTRE DICIEMBRE DE 2013 Y NOVIEMBRE 2014

Como parte activa en el tema, ZETA solicitó entrevista con el síndico municipal de Tijuana, Arturo Ledesma Romo, quien al final respondió por escrito. A continuación un resumen:

Lo primero que se le preguntó fue, ¿por qué la Sindicatura no suspendió de manera preventiva a los policías que no aprobaron los exámenes de Control y Confianza?

“Antes de contestar tu pregunta, quisiera manifestarme en torno a lo publicado por el Semanario ZETA sobre los expedientes de estos servidores públicos. Primero lamento que dicha publicación tenga un origen anónimo y no se dé la cara de quién o quiénes entregaron información…

“Esta Sindicatura Procuradora, basados en  los artículos 144 y 146 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, sí cuenta con las facultades para suspender preventivamente  al oficial sujeto a una investigación administrativa. También es cierto que ello debe suceder cuando a juicio de ésta, el mantenerlo activo afecte la investigación; en el caso que nos ocupa, la investigación no fue afectada con la actividad del agente, aunado a lo anterior, una vez remitido a la Comisión de Desarrollo Policial, se cumple con el debido proceso, otorgándole al agente investigado  la garantía constitucional de audiencia y el derecho a la defensa”. 

Explicó Ledesma que la Sindicatura no hizo investigación adicional con relación a los policías mencionados, porque “del examen no aprobado es un elemento de prueba contundente para solicitar el inicio de remoción ante la Comisión de Desarrollo Policial, en los términos del Artículo 117, inciso b) fracción VIII, de la citada Ley”.

Respecto a los tiempos, cuando Sindicatura remitió los expedientes de policías que no aprobaron los exámenes de confianza, el funcionario detalló que el primero fue enviado a la Comisión de Desarrollo Policial en fecha 13 de diciembre de 2013,  y el último, el 14 de noviembre de 2014. Een total se han remitido 138 expedientes.

— ¿Cuántos policías reprobados han sido dados de baja?
“A la fecha, esta Sindicatura Procuradora no tiene información de algún policía que como consecuencia de no haber aprobado el examen de Control y Confianza, haya sido dado de baja como consecuencia de una resolución definitiva que haya emitido la Comisión de Desarrollo Policial”.

— El alcalde Jorge Astiazarán comentó que todos los relacionados con el tema de seguridad, incluidos los funcionarios de Sindicatura, deberían someterse a los exámenes de Control y Confianza.  ¿Qué piensa Usted al respecto?

“No voy a entrar en una polémica en contra del alcalde Astiazarán en torno a su sugerencia, solo me voy remitir a contestar tu pregunta en base a lo estipulado por el marco legal y al día de hoy está vigente, y es la materia normativa que nos rige en lo referente a nuestra actuación, las facultades que contamos y los procedimientos que debemos seguir, los cuales no pueden ser alterados o ser sujeto a adecuaciones o recomendaciones, aunque éstas conlleven objetivos positivos.

“En el supuesto caso de que los legisladores estimen necesario y por consecuencia aprueben hacer las modificaciones correspondientes a la Ley estatal correspondiente, esta Sindicatura Procuradora no tiene oposición alguna a tales cambios”.

— ¿Supervisará la Sindicatura las acciones del alcalde y el secretario de Seguridad en este caso?

“No,  no tenemos ningún indicio que requiera una supervisión por parte de esta Sindicatura Procuradora referente al caso en comento, y las resoluciones que se tomen  en  la Comisión de Desarrollo Policial, son asumidas como un Órgano Colegiado con jurisdicción plena”.

— Las autoridades municipales, la Secretaría de Seguridad y la Presidencia, se preocupan más por “la filtración de la información” que por tener agentes deshonestos en la Municipal. ¿Mantenerlos conlleva alguna responsabilidad?

“Si se tiene conocimiento de algún acto de complicidad o de deshonestidad, y no se somete al procedimiento administrativo, por supuesto que se incurre en responsabilidad, pero quiero dejar en claro que a esta Sindicatura Procuradora, la seguridad de los ciudadanos es una prioridad y, por ende, ante una situación como la que se presenta con los exámenes de confianza reprobados por parte de los agentes policiacos, debe ser un objetivo común de todos los miembros de este H. Ayuntamiento, el que se resuelva conforme a derecho y a la brevedad posible tal situación, y se fortalezcan las instituciones policiacas que brindan la seguridad tan necesitada de nuestra ciudad. Por ello convoco respetuosamente al alcalde y a sus funcionarios a no bajar la guardia en este delicado tema, el cual la ciudadanía espera resultados en un corto tiempo”.

LARES, EVASIVO

Para clarificar responsabilidades legales e implicaciones, editores de ZETA solicitaron de manera reiterada, entre los días 19 y 22 de enero, entrevista con Alejandro Lares en su calidad de secretario de Seguridad Pública y presidente de la Comisión de Desarrollo Policial. Primero dijo estar ocupado, después preguntó qué tema traía ZETA pendiente con él, el miércoles 21 se fue a México y después, simplemente dio largas.

Este Semanario también intentó entrevistar a la directora de Policía, Patricia Sida, quien trabaja directamente con los agentes y también tiene voto en la Comisión de Desarrollo Policial, pero el área de Comunicación del Ayuntamiento negó el acceso a la funcionaria, argumentando que solo podía hablar con previa autorización de Lares.

La mañana del jueves 22 de enero, durante la inauguración de una caseta, un reportero de este Semanario lo abordó con la misma solicitud, respondió que tenía mucha prisa, que cuál era la razón de la entrevista si el tema ya estaba muy manoseado y después condicionó dos preguntas, las cuales respondió de manera superficial.

— ¿Por qué no se suspendió a los policías, siendo que hay ordenamientos legales como la Ley de Seguridad Pública, que faculta a la Comisión de Desarrollo Policial a hacerlo?


“Te quiero comentar que quien recibe la información es la Sindicatura Procuradora, ellos tienen la obligación de suspender a base de conocimiento del propio C3, les informa, en este caso los expedientes llegaron a la Sindicatura, yo creo que obviamente el resultado es de que lo pasó íntegro a la Comisión de Desarrollo Policial. En la Comisión, nosotros estábamos evaluando, de hecho llevando la investigación que la propia Comisión está facultada, y bueno, te darás cuenta que ya muchos de ellos fueron notificados, otros están en proceso de, y, de los casos tan mencionados, ya se tomaron acciones directas”.

— ¿Cuántos han sido dados de baja por este tema y cuáles son los riesgos que presenta el que la SSPM cuente con elementos en activo que presentan este tipo de problemas?

“De tus dos preguntas, la primera: no traigo el número; la segunda: yo creo que es más importante tener localizados a los malos elementos que tenerlos en libertad, porque al interior de las filas podemos darle mayor resultado y mayor eficacia a una investigación interna, como he girado yo en ciertos casos de ciertos elementos y no de alguna manera que se vea estropeada toda esta información por las posibles filtraciones que se puedan dar”.

SI NO DEPURAN, MENOS DINERO PARA SEGURIDAD PÚBLICA

Depurar los elementos detectados por los exámenes de Control y Confianza “es una exigencia y una disposición del Consejo Nacional de Seguridad que no está a discusión o discreción de un mando, ni estatal, ni federal ni municipal; hay representantes ciudadanos que le está dando seguimiento al tema”, argumentó el secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya.

— En el Grupo Coordinación están revisando este tema desde diciembre 2014, porque que los ayuntamientos, incluido Tijuana, no han cumplido. ¿De qué manera afectará a los incumplidos?

 “El proceso de concertacesión inició a finales de octubre 2014 y termina a finales de febrero de 2015, el no cumplir afectaría las posibilidades de los ayuntamientos de acceder a una mayor cantidad de recursos federales para seguridad, esto no aplica en la primera ministración, pero puede ser una afectación para la segunda ministración de los recursos, a partir de junio”.

— Esta semana se reunió el Consejo de Seguridad, ¿a qué acuerdo llegaron en materia de depuración?

“El acuerdo es muy claro, es el cumplimiento de la Ley, en este sentido, que esos elementos cuando menos tengan el  procedimiento instaurado y se esté desarrollando. Y la otra, que son temas graves y notorios, policías con vinculación en acciones ilícitas,  esos ya deben estar removidos”.

— ¿Cuáles son los riesgos de que policías que no aprobaron los exámenes de confianza, estén trabajando en las calles?

“El riesgo es que seguimos teniendo dentro de las corporaciones gente que está traicionando la confianza de los ciudadanos”.

En estos casos, comentó De la Rosa, la obligación de los mandos es dar a la ciudadanía la certeza que quienes reprobaron, han sido removidos, “… o cuando menos suspendidos, en los casos que los trámites legales no me permitan removerlo todavía. Pero que sí tengan el procedimiento correspondiente iniciado, de manera muy clara frente a  la sociedad, para que sepa a quiénes tienen de policías o de mandos”.

Se le preguntó al secretario estatal si Tijuana había comprobado con documentos ante el Grupo Coordinación que ya tenía los procedimientos instaurados, pero evadió el tema. Dijo conocer la respuesta, pero que es mejor que los representantes ciudadanos hablen de ese punto.

Cuando se le informó que a finales de diciembre de 2014, el Consejo Ciudadano ya había manifestado su preocupación por la falta de seguimiento en este tema, Daniel de la Rosa se limitó a decir: “En ese sentido solo puedo responder que los procedimientos los tiene que hacer el organismo responsable”.

DROGA EN DRON

Respecto a la caída del dron que cayó cargado con droga conocida como cristal, la noche del martes 20 de enero en Zona Río, el parte de la Policía Municipal presenta inconsistencias.

Los reportes al C4 recibidos y atestiguados por todas las corporaciones que colaboran en el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, indican que el aparato se localizó poco antes de las diez de la noche del martes, cuando una denuncia anónima alertó que un dron que traía adheridos paquetes, se desplomó en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el centro comercial Pueblo Amigo, propiedad de Jorge Hank Rhon.

Oficialmente, la Policía Municipal informó que lo localizó pasadas las 2:00 am del miércoles 21 de enero, cuando un agente comercial les llamó para avisarles que un sujeto que no aceptó identificarse, aseguró que el aparato había caído en la glorieta de la Diana Cazadora, contra esquina de la plaza comercial en mención.

Otra inconsistencia es que mientras de manera extraoficial se supo que además de la droga, la corporación municipal localizó en la memoria del aparato un video donde se identificaba a tres jóvenes como los usuarios del dron, al momento de remitir el caso a la Procuraduría General de la República (PGR) no entregaron ni cámara de video, ni memoria del artefacto; solo el dron y seis cajas abiertas con una cantidad aún no determinada de cristal.

El aparato traía la leyenda “Spreading Wings 900”, con seis hélices y batería de litio en color verde. Dron y batería pesan 3.6 kilos, y tiene capacidad para elevarse a una altura de 2 metros, otros 5 durante 18 minutos, según el fabricante. En internet se puede adquirir por mil 400 dólares.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares, dio a conocer que la misma noche del desplome del dron se dio aviso a las autoridades homólogas del país vecino, quienes al compartir información, refieren la detección de avistamientos por lo menos desde hace tres meses.

ZETA preguntó en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) respecto a esta forma de trasiego. La respuesta fue que el CBP “no ha interceptado ningún dron usado para el trasiego de drogas a través de la fronteras de Estados Unidos. En colaboración con las fuerzas del orden federales, estatales, locales e internacionales, la CBP continúa en vigilancia de formas emergentes y tácticas cambiantes utilizadas por organizaciones criminales trasnacionales que se dedican a los intentos ilegales de traficar drogas a los Estados Unidos”.

Para concluir, Lares señaló que la caída del dron se debió a las características del mismo, al que calificó como “hechizo” o fabricado en casa con componentes adquiridos por separado, tema sobre el cual especificó, ya se han detectado tres locales en Tijuana en que los mismos están a la venta.

BALAZOS EN ZONA RÍO TIJUANA

El despliegue policiaco se desató alrededor de las 5:30 pm del lunes 19 de enero, en la Zona Río en Tijuana, luego de que dos sujetos fueran detenidos por la Policía Municipal tras hacer detonaciones de arma de fuego cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo a información proporcionada por la Policía Municipal, dos hombres, al parecer por razones de “orden personal”, dispararon en contra de un vehículo en circulación por el Bulevar Cuauhtémoc Sur, a escasos metros de la glorieta; 200 metros adelante del incidente, la corporación policiaca capturó por separado a dos sujetos que intentaban huir.

A los detenidos les fue confiscada una pistola calibre 9 milímetros con aditamento de compresor de sonido (silenciador).

El expediente se consignó al Juzgado Décimo Penal, bajo la causa  33/15, como presuntos responsables identifican a Juan Fernando Urzúa Villegas y a Juan Andrés Cortez Carrillo; y como ofendidos, a Gerardo Meléndez Fuentes y  José Manuel Sánchez Cárdenas. Los delitos son tentativa de homicidio calificado y robo de vehículo, porque uno de los matones intentó huir en el auto de la víctima.

Los presuntos responsables se reservaron su derecho a declarar ante el Ministerio Público, sin embargo, Cortez Carrillo, quien disparó, salió positivo a la prueba del rodizonato y también fue consignado al Ministerio Público federal por la posesión del arma. Aceptó una primera entrevista con la Policía Ministerial.

Ahí dijo  que previo al ataque, llegó a un departamento donde estaba su primo Manuel García, acompañado de una persona que le dicen “Juan”, y le dijo si quería aventarse un “jale”. Preguntó de qué se trataba, “matar a un bato”, preguntó por qué y le respondieron que “se pasó de… con una jaina”.

Luego explicó que siguieron a la víctima, que “Juan” les avisó cuando salió de un estacionamiento en la zona, lo siguieron y estaban en la glorieta en un auto cuando su primo, Manuel García, le entregó al pistola y le dijo “tírale”. Bajó y le disparó a través de uno de los vidrios del auto de la víctima, cuando salió del auto para salvarse, él lo persiguió en la calle, disparando. Luego de no lograr su cometido, también intentó huir.

Por su lado, la víctima negó saber de qué mujer hablaba el victimario y negó conocer o identificar a sus atacantes. Hasta el momento a ninguno de los implicados le han sido encontrados antecedentes delictivos, y el arma no ha salido positiva en otro hecho criminal.

GENDARMES EN ROSARITO

Hay pocos avances respecto a la balacera ocurrida el 10 de enero de 2015 en la colonia Lomas Altas I del municipio de Rosarito, donde un hombre fue abatido en el interior de su casa, y en la que estuvieron involucrados ocho o nueve gendarmes, de los cuales dos resultaron heridos.

Extraoficialmente, ZETA pudo conocer lo siguiente:

Una, que la primera identificación de la víctima fue inconsistente, el hombre abatido, quien se presumía era Darryl Anderson por una licencia que se encontró con ese nombre, tiene otra identidad aún sin corroborar por las autoridades de Estados Unidos.

Dos, que los gendarmes si estaban de servicio y uniformados el día de la balacera, y hay videos que lo comprueban.

Tres, no existen elementos periciales que prueben la versión de los gendarmes, de que la víctima les disparó antes de que ingresaran a su vivienda.

Cuatro, aunque la víctima salió negativa a la prueba de rodizonato, el Ministerio Público federal investiga si disparó.


(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Investigaciones ZETA/ 26 de Enero del 2015 a las 12:00:01)

MILLONARIO DESFALCO A TIJUANA


La administración de Carlos Bustamante es investigada por un daño a la Hacienda pública municipal de más de 168 millones de pesos; dicha cifra se acumuló en las investigaciones que la Sindicatura de Arturo Ledesma ha concluido a la fecha y que fue iniciada luego de las observaciones que los funcionarios de Jorge Astiazarán Orcí, hicieron del estado en que recibieron la administración

En las siguientes semanas, la Sindicatura Procuradora del XXI Ayuntamiento de Tijuana que encabeza Arturo Ledesma Romo, iniciará con las entrevistas a los ex funcionarios de la administración de Carlos Bustamante Anchondo -incluido el ex presidente municipal-, pues finalizadas las investigaciones de las actas de entrega de la administración y las observaciones de los funcionarios de la alcaldía de Jorge Astiazarán, se presume un millonario desfalco.

Tan solo en la revisión de 90 actas de entrega, donde se realizaron 14 audiencias de aclaración, se presume un daño a la Hacienda municipal por 6 millones de pesos. Además, en la revisión de tres proyectos: elevador para discapacidad en Palacio Municipal, luminarias y dirección de Catastro, se estima un daño a las arcas de Tijuana por 162 millones de pesos.

Los delitos en los que se presume incurrieron los responsables de la anterior administración -incluido el alcalde y su síndico- van desde abuso de autoridad -fracción V, VI, XI del Artículo 293 del Código Penal, hasta peculado, delito consignado en el Artículo 298.

Asimismo, conforme a los expedientes de Sindicatura, infringieron la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos, con la cual se rigen al momento de prestar servicio al Estado. En estas condiciones, la Sindicatura del XXI Ayuntamiento de Tijuana podría sancionar o inhabilitar a más de 25 ex funcionarios.

Entre ellos: Marcelino Hidalgo Silva, Basilio Meza Gastélum, Édgar Arturo Fernández Bustamante, Ricardo Avitia Hernández, Antonio Ricardo Cano Jiménez, Roberto Antonio Cano Chávez, Jesús Ignacio Carlos Huerta, Héctor Manuel Bautista Ortega, Carlos Contreras Martínez, Esteban Yee Barba, María Adolfina Escobar López, Roberto Ordorica Ruiz, José Arturo Gutiérrez Sánchez, José Ángel Pesqueira, Sergio Oswaldo Zatarain Peña, Francisco Moreno Escalante, Francisco Fernando Esparza Rosete, María de las Mercedes Armenta, Jesús Martín Camacho, Francisco Rodríguez Martin, Gustavo Orozco Morales y Martín Rodríguez Rodríguez.

A continuación, algunas de las irregularidades en las que Sindicatura ya concluyó la etapa de investigación.

COORDINACIÓN DE GABINETE: DAÑO PATRIMONIAL POR 36 MIL 222 PESOS

El 1 de diciembre de 2013 se llevó a cabo la entrega de la coordinación de gabinete que titulaba Antonio Cano Jiménez, y la recepción del futuro coordinador, Carlo Dalí Gutiérrez Manzo. El 30 de diciembre de 2013, así como el 3 de enero de 2014, Gutiérrez Manzo remitió a Sindicatura las irregularidades detectadas en el acta de entrega recepción. En total, cuatro observaciones.

Primera observación. No localizaron físicamente en las oficinas un escritorio inventariado con el número OM-2010-713. En el listado aparece mobiliario en comodato (prestado), pero que no fue retirado por sus propietarios ni localizaron convenio que avalara la transacción. Inscribieron bienes en la entrega que no fueron localizados a la recepción. No funcionaban ni la televisión, ni la trituradora de papel.

Segunda observación. El vehículo que tenía asignado Antonio Cano Jiménez lo dejó en mal estado, sin tarjeta de circulación ni póliza de seguro vigente, la llave no funciona y las fallas mecánicas impiden su funcionamiento; nada de lo anterior fue anotado por Cano en el acta de entrega y recepción.

Tercera observación. En el avance programático de la coordinación se proporcionaron datos al cierre de septiembre de 2013, cuando debió ser a noviembre de 2013; además, no dejó el ex coordinador de gabinete documentación alguna de esos trabajos.

Cuarta observación. Cano no proporcionó el proyecto de presupuesto 2014 asignado a la unidad administrativa de la coordinación de gabinete, como tampoco el programa operativo anual 2014, que carece del componente presupuestal.

Al revisar el acta de entrega recepción, así como las irregularidades detectadas por la nueva administración, Sindicatura hizo una investigación para determinar el daño patrimonial. Se transcribe el texto: “… al revisar la documentación certificada por esta Dirección de Contraloría se detectó que el mobiliario, documentación de oficina y cómputo no entregado a la nueva administración  en la entrega-recepción de 2012, asciende a la cantidad de 22 mil 215 pesos con 65 centavos”.

La cifra es la suma del costo de mobiliario no encontrado y los bienes dañados, como dos computadoras, un sillón, un teléfono celular, una pantalla de 19 pulgadas, entre otras. También los contratos de comodato, uno con el propio Antonio Jiménez por nueve bienes inmuebles, entre ellos una impresora, dos discos duros y muebles. Otro con Francisco Acuña Borbolla por siete muebles, de los cuales no existe contrato de comodato en cinco. Y dos muebles en comodato con Mónica Elizabeth Vallejo Aispuro, un librero y un gabinete, sin contrato.

En el oficio SP-DC-XXI-2119-2014, la Sindicatura Procuradora del XXI Ayuntamiento de Tijuana determinó que Antonio Cano Jiménez causó perjuicios a la Hacienda pública municipal por 22 mil 215 pesos con 62 centavos, y “causó daño a la Hacienda pública municipal por un monto de 14 mil siete pesos, derivado de la erogación por servicios efectuados a unidades vehiculares designados a la coordinación a su cargo”.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA: FALTAN MILES DE BIENES EN INVENTARIO, CONTRATOS Y PLAZAS IRREGULARES

El 30 de diciembre de 2013, el nuevo director administrativo de Seguridad Pública hizo llegar a Sindicatura las observaciones en la entrega recepción. Se refirió a las inconsistencias en la estructura orgánica y el reglamento interno, así como en la plantilla de personal adscrito, pues no empataba lo que había con lo descrito en la entrega.

También detectaron faltas e inconsistencias en el inventario de mobiliario, equipo de oficina y de cómputo, “se encontró un faltante de 16 bienes y un sobrante de 39 bienes; asimismo, en equipo de cómputo un faltante de nueve bienes y un sobrante de 24”.

Además, irregularidades en la estructura orgánica y reglamento interno: “La estructura orgánica de la dirección administrativa presentada (…) muestra marcada diferencia con los datos registrados en el padrón de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública al 2 de diciembre, estructural y nominalmente”.

También inconsistencias entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido: “No fue posible validar las cifras que indica, en virtud de que no se adjunta el presupuesto originalmente autorizado; asimismo, de las partidas del presupuesto modificado, no se anexan los oficios de autorización de las modificaciones que corresponden, ampliaciones y/o reducciones”.

Tampoco se pudo verificar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido para programas especiales de 2010 al 2013. Inconsistencias en programas sociales y las reglas de operación, así como en las plazas asignadas. “Se detectó diferencia con respecto a plantilla de personal de Oficialía Mayor, al 15 de noviembre, de más cuatro plazas ocupadas y de menos de cinco plazas vacantes”.

Además:

“Se encontró a 35 elementos no registrados en padrón de recursos humanos y 35 elementos no registrados en la plantilla de Oficialía Mayor; hay 65 plazas que aparecen con nombre y apellido en plantilla de Oficialía Mayor como vacantes, y las mismas plazas, mismos nombres y apellidos, aparecen en el padrón de recursos humanos como activos”. También “18 personas con plaza de policía con función administrativa”.

OTRAS IRREGULARIDADES EN SEGURIDAD PÚBLICA:

* No se entregaron documentos de fideicomisos de administración e inversión con BBVA Bancomer, ni de otro fideicomiso con HSBC, S.A. Se llamó a los responsables y no respondieron.

* No se verificó el inventario de arte y decoración físicamente.

* No se indicó el monto ejercido ni el estatus de un contrato con Constructora Jan, S.A. de C.V. por 14 millones 73 mil 462 pesos con 66 centavos.

* Del contrato con Motores de Tijuana, S.A. de C.V., por 428 mil 133.11 pesos, no se indica el monto ejercido ni se pudo localizar el contrato.

* En el inventario se detectó un faltante de 910 bienes, y 699 bienes sobrantes.

* Del inventario del equipo de cómputo se detectaron 994 bienes faltantes y 505 bienes sobrantes.

* Del inventario de radiocomunicación y telefonía celular y fija: un faltante de 2 mil 56 bienes y un sobrante de 966 bienes.

* En maquinaria y equipo especializado, “un faltante de 2 mil 21 bienes y un sobrante de 11 mil 047”.

* Del inventario de existencias en almacén, “un faltante de mil 457 bienes y un sobrante de mil dos bienes, de un total de 8 mil 639”.

Ante las inconsistencias, Sindicatura dictaminó: “El inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa y a la aplicación de las sanciones que correspondan en los términos que las leyes señalen por motivo de la incurrencia sistemática de faltas graves a la administración, manejo y ejercicio de los recursos públicos municipales”.

DIF: DAÑO PATRIMONIAL POR 106 MIL 274 PESOS CON TRES CENTAVOS

Basada en el acta de entrega recepción, la funcionaria del DIF del Ayuntamiento de Jorge Astiazarán, Laura Ayala Sáenz, encontró ocho observaciones:

* Se especifica la entrega de un vehículo Ford Truck Explorer modelo 2005 en buenas condiciones, pero la transmisión está descompuesta.

* Faltante de documentos en el despacho. Dos carpetas, una denominada PRI y otra Centro de Protección Social a la Niñez, no fueron localizadas.

* La constancia de no adeudos por parte del DIF no fue firmada por dos de los cinco funcionarios salientes, ni por Martín de Dios García Camacho, quien se negó a firmarlo, ni por Paulina Martínez Castro, a quien no localizaron.

* No se pudo comprobar el inventario de mobiliario y equipo de oficina por la desorganización que dejaron, además, “el procedimiento que se aplicó para la elaboración y modificación del inventario no es el correcto para la transparencia de éste”.

* Otro vehículo descompuesto, en este caso la camioneta pick-up Ranger 93, a la cual no le sirve el diferencial.

* El inventario físico de almacén “no corresponde con exactitud a lo descrito en el documento”.

* Inventario de sellos completo, más dos adicionales y no registrados.

Ante las inconsistencias, Sindicatura determinó que la ex funcionaria Griselda Arellano Dueñas ha incurrido en incumplimientos a la normatividad vigente, “causó un daño a la Hacienda pública municipal por 24 millones 283 mil pesos con 73 centavos, derivado de la erogación por servicios mayores efectuados a las unidades vehiculares designadas a la dirección a su cargo”.

De igual manera, “perjuicio a la Hacienda pública por un monto de 81 mil 990 pesos con 30 centavos, derivado de la no localización de 228 bienes designados a la dirección del Sistema para el Desarrollo de la Familia”.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE CABILDO: SE LLEVARON HASTA EL ESCRITORIO; IRREGULARIDADES POR 29 MIL 539 PESOS 24 CENTAVOS

Héctor Manuel Bautista Ortega fue quien el 30 de noviembre de 2013, entregó a la presente administración de Tijuana, la oficina de la Dirección de Asuntos de Cabildo de la Secretaría de Gobierno Municipal.

El entrante, Carlos Arturo Huacuja Betancourt recibió y un mes después remitió a Sindicatura las irregularidades que detectó: “Una relación de mobiliario faltante y mobiliario sin documentar”. Un total de 43 artefactos entre muebles y equipo de oficina.

En la oficina del titular de la Secretaría de Gobierno también se registró un faltante en elementos electrónicos, “encontrándose un faltante de 15 bienes no localizados equivalentes a un monto acumulado de 29 mil 539 pesos con 24 centavos. Asimismo, la Dirección de Contraloría estima que no es posible determinar un valor contable de 43 bienes identificados como no localizados”.

De los primeros, enlistaron lo que no dejó el último secretario, Obed Silva: computadoras, monitores, teclados, videocaseteras, grabadoras y otros por un valor superior a 29 mil pesos. De los incuantificables, pero que tampoco aparecieron, se encuentran desde sillones, libreros, teclados, teléfonos, computadoras y hasta guillotinas.

Determina la Sindicatura: “El servidor público saliente -Héctor Bautista Ortega- causó un perjuicio a la Hacienda pública municipal por un monto de 29 mil 539 pesos con 24 centavos… y la falta de documentación de 43 bienes.
IMMUJER: INCONSISTENCIAS POR 252 MIL 944 PESOS, MÁS DOS CHEQUES

En el Instituto Municipal de la Mujer, los investigadores de Sindicatura localizaron siete irregularidades:

1.- No se pudo verificar si el convenio de colaboración entre el Instituto y Fundación Lamia se llevó a cabo en su totalidad, pues los funcionarios no pudieron localizar a Mario Hernández Lamia, titular de la fundación, pues los datos que proporcionó no fueron los correctos. En los números telefónicos no fue posible encontrarlo, y cuando acudieron al domicilio que presentó, descubrieron que ahí no se encuentra ubicada la institución.

2.- En relación al pago de finiquitos, se detectó que en el caso de cuatro ex trabajadores hubo errores en los montos pagados.

3.- Las cuatro personas firmaron en sus finiquitos un concepto por “gratificación por terminación de nombramiento”, lo cual no existe en acuerdos, convenios o cláusulas estipulados. Se trata de Adrián Barreras, María Ituarte, Raúl Olivas y Sonia Ituarte.

4.- Se concluye que la gratificación en comento no se encuentra establecida en el presupuesto autorizado.

5.- 124 mil 352 pesos con 95 centavos fue la diferencia acumulada, “pagados en exceso por parte del Instituto Municipal de la Mujer”.

6.- “Faltante de 76 bienes en libros por 128 mil 591 pesos con 95 centavos”.

7.- Siete cheques pendientes de entregar a beneficiarios. Cinco fueron debidamente capturados y cancelados. Quedaron pendientes dos cheques, cuyo beneficiario fue Silvia Castro Lamia.

CATASTRO: DAÑO PATRIMONIAL POR MÁS DE 800 MIL PESOS

El 27 de marzo de 2014, la directora de Catastro, Diana Nieto Adame, reportó ante Sindicatura la existencia de un probable  daño patrimonial causado a la a la dirección que encabeza por empelados del anterior XX Ayuntamiento de Tijuana. La afectación económica se presume de 849 mil 697 pesos, pero las indagatorias continúan.

Tras la investigación iniciada por Sindicatura, los ex funcionarios detectados como posibles responsables, fueron Martín Rodríguez Rodríguez, jefe de Sección E de Catastro; Jesús Martín Camacho, jefe de Sección E; Gustavo Orozco Morales, jefe de Sección D, dado que fueron sus claves de acceso al sistema, las que se usaron para cometer las siguientes irregularidades:

Registros de nuevos dueños en terrenos sin que los “supuestos propietarios”  presentaran la documentación que los acreditara;  cambio de la tasa basada en el valor del terreno;  cambio del valor  unitario o fiscal del terreno; y cambio de superficie del terreno.

Estos más de 800 mil pesos de afectación al erario municipal, se generaron realizando movimientos irregulares en los expedientes de las claves catastrales WM592003, WM592193, PT132005, IN043066 y UN004021.

Entre los ciudadanos implicados -como afectados o favorecidos- en estos movimientos irregulares aparecen la familia Falomir Reyes, Alfredo Yáñez García, Juan García Ibarra, Victoria García Zamora y Mónica Vallejo Aispuro, empleada municipal en el gobierno de Carlos Bustamante.

DELEGACIONES

En todas las demarcaciones municipales se detectaron irregularidades. La mayoría de los delegados serán citados a declarar en la siguientes semanas, luego de que el 26 de enero lo hará el ex alcalde Carlos Bustamante y su ex síndico procuradora, Yolanda Enríquez de la Fuente, por el caso de las concesiones para espectaculares que se auto otorgó el primero, y cómo la segunda no evitó la irregularidad cuando su responsabilidad era supervisar el respeto a la Ley y los reglamentos municipales en todas las transacciones.

DELEGACIÓN LA MESA: PERJUICIO POR 1 MILLÓN 478 MIL 794 PESOS CON 23 CENTAVOS


En el caso de la delegación La Mesa, se localizaron irregularidades como:

* Un sobregiro de 129 mil 450 pesos de la Unidad Administrativa de la Oficina del Delegado.

* 55 bienes faltantes por un total de 310 mil 682 pesos con 68 centavos, desde mobiliario, equipo electrónico, equipo de oficina, herramientas, sillas, radios y hasta una podadora de césped.

* Vehículos en mal estado, en cuyo trabajo de reparación se erogaron 21 mil 842 pesos con 46 centavos, así como otras seis unidades cuyos gastos mecánicos ascendieron a 20 mil 995 pesos con 4 centavos.

* Maquinaria en mal estado, que no contaba con mantenimiento programado. “Se pudo constar que las erogaciones efectuadas por parte de la delegación Otay Centenario para realizar servicios de mayores considerados como servicios de mantenimiento correctivo, ascienden a un monto acumulado de 889 mil 975 pesos con 71 centavos”.

* Sobregiro de 235 mil 298 pesos en la partida Ayudas Sociales a Personas.

En estas condiciones, el ex delegado Marcelino Hidalgo Silva, determinó a Sindicatura:

- “El servidor público saliente generó un sobregiro de 235 mil 298 pesos con 40 centavos en la partida Ayudas Sociales a Personas (…) autorizó indebidamente la ejecución de recursos públicos sin observar las disposiciones legales…”.

- “El servidor público saliente causó un perjuicio a la Hacienda pública por 310 mil 682 pesos con 62 centavos, derivado de la no localización de 55 bienes designados a la delegación”.

- “…causó daño a la Hacienda pública municipal por un monto de 42 mil 837 mil pesos con 50 centavos, derivado de la erogación por servicios mayores efectuados a las unidades vehiculares designadas en la delegación”.

- “… causó daño a la Hacienda pública por un monto de 889 mil 975 pesos con 71 centavos, de la erogación por servicios mayores efectuados a maquinaria”.
Delegación Cerro Colorado: daño por 19 mil 459 mil pesos con 77 centavos

En el caso de esta demarcación, luego de la revisión entre el acta de entrega del delegado y las observaciones del encargado en esta administración, Sindicatura resolvió:

“El servidor público -Édgar Fernández Bustamante- causó perjuicio a la Hacienda pública municipal por un monto de 19 mil 459 pesos con 77 centavos, derivado de la no localización de cinco bienes designados a la delegación.
Se trató de una computadora, tres cámaras digitales y una motobomba.

DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA: DAÑOS POR MÁS DE 5 MILLONES DE PESOS

Las faltas, daños y observaciones fueron en la delegación Playas, teniendo como responsable a Basilio Meza Gastélum:

* Faltante en mobiliario, equipo de oficina y cómputo por un millón 457 mil 793 pesos con 33 centavos.

* Erogaciones por mantenimiento de vehículos por 2 millones 135 mil 647 pesos con 31 centavos.

ELEVADOR  PARA DISCAPACITADOS, SE PAGÓ SIN ESTAR CONCLUIDO

El 18 de julio de 2014, una queja recibida por el mal funcionamiento del elevador para discapacitados instalado en  las oficinas del Ayuntamiento de Tijuana, dio origen a una investigación que concluye que por lo menos cinco funcionarios incurrieron en fallas al supervisar la construcción y el pago de la obra, oficialmente entregada el 31 de diciembre de 2012; pero el elevador no funcionó la mayoría del tiempo en 2013, ya que las  reparaciones y habilitaciones de la obra iniciaron hasta agosto del año pasado.

Según reportes de la Dirección de Obra e Infraestructura, la obra, ejecutada por Téllez e Hijos, al final fue reparada por la empresa Binacional de Elevadores, S .de R.L. de C.V.

Conforme a la verificación física de la obra, además de los problemas de funcionamiento en la apertura y cierre de puertas en el elevador, no se localizaron los 67 letreros en Braille incluidos en el contrato, ni otros 77 letreros informativos; tampoco existe un plano de la estructura del proyecto, los baños para discapacitados se encuentran deshabilitados, el elevador no llega al Estacionamiento 1 como se había comprometido, el piso del elevador no es antiderrapante, y el módulo de atención a personas con discapacidad no es igual al plasmado en el proyecto.

Los funcionarios implicados en esta investigación resultaron: el supervisor de obra, Oswaldo Zatarain; el jefe de supervisión, Francisco Moreno; el subdirector de construcción, Fernando Esparza; el director de obras, Esteban Yee Barba; y la jefa de la Unidad Administrativa de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM ).

Las fallas en que presuntamente incurrieron fueron: pagar trabajos inconclusos, aprobar la terminación de trabajos sin finalizar, no informar a Sindicatura de la terminación ni de la recepción parcial de los trabajos; no recabar garantías, omitir el vigilar y verificar la calidad de los equipos; omisión en la revisión de los trabajos de la obra, no verificar que los planos se mantuvieran actualizados, ni rendir informes mensuales.



(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Adela Navarro Bello / Rosario Mosso Castro/ 7 de Enero del 2015 a las 14:15:00)