domingo, 10 de noviembre de 2013

LA ENTREGA DE MICHOACÁN A LOS CÁRTELES

La autodefensa ciudadana en La Ruana, Michoacán. Foto: AP / Marco Ugarte


Un legislador federal entregó en 2006 al titular de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, un documento que de haber sido atendido podría haber desactivado la narcoviolencia en Michoacán. Elaborado por ciudadanos que investigaron a varios de los principales jefes locales del narcotráfico, el escrito revela los domicilios de los criminales, los lugares de acopio de armas y drogas, sus casas de seguridad, empresas, hoteles y haciendas, así como los nombres de altos jefes policiacos sobornados. Pero, dice el ahora exlegislador en entrevista con Proceso, las autoridades “no les pusieron un hasta aquí y los dejaron crecer…”

MÉXICO, D.F. (Proceso).- A fines de abril de 2006 el titular de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, recibió una denuncia detallada de las propiedades y movimientos de los principales jefes del crimen organizado en Michoacán.

Aunque se trataba de un documento de nueve fojas elaborado colectivamente por ciudadanos del estado, al calce aparecían el nombre, firma y teléfono de un responsable.

En el texto –dirigido al entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y a Santiago Vasconcelos– se proporcionaban los nombres de varios líderes locales del narcotráfico con sus domicilios, casas de seguridad, empresas y hoteles, placas de sus vehículos y hasta números telefónicos mediante los cuales podían ser investigados para aprehenderlos.

La finalidad de los ciudadanos desesperados por la violencia era liberarse del yugo de los criminales y decían esperar que fuera “de utilidad esta información y así nos ayuden a vivir tranquilos sin temor a ser asesinados por esos delincuentes”.

Fue un legislador federal quien entregó dicha denuncia –cuya copia tiene Proceso– a Santiago. Entrevistado por este semanario refiere que al pedirle firmar de recibido el subprocurador se negó, pues el escrito lo comprometía.

Seguro de que la atención a la denuncia pudo haber atajado la situación de caos que hoy vive Michoacán, el exlegislador federal narra a Proceso el encuentro con Santiago, pero pide omitir su nombre por temor a represalias y porque vive exactamente en el corazón de la zona michoacana en conflicto.

El entonces titular de la SIEDO, cuenta el exlegislador, “no quiso darse por enterado oficialmente. Por eso no firmó. Si firmaba, se hacía responsable de que eso existía y no quiso. Unos meses después surgió públicamente La Familia y se dio a conocer en La Voz de Michoacán.
 
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1932, ya en circulación)



GOBIERNO DE PEÑA NIETO INTERCEPTA 30 AERONAVES DEL ‘NARCO’




Distrito Federal— Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó la destrucción en su territorio de un jet con matrícula mexicana cargado de cocaína, la intercepción de estos aparatos ha sido una de las prioridades del gobierno de México en la lucha contra el narcotráfico en territorio nacional, de acuerdo con un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenido por MILENIO.

Según datos oficiales durante el actual sexenio se han incautado 20 aeronaves supuestamente utilizadas por organizaciones criminales, en su mayoría para el trasiego de droga, y se destruyeron 173 pistas clandestinas.

La mayoría de éstas han sido localizadas –entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2013- en estados como Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Michoacán.

El número de aeronaves incautadas a grupos delictivos en lo que va del sexenio es el mismo con el que cerró el último año del gobierno calderonista anterior que fue de 20, aunque en cuanto a las pistas éstas sólo representan la mitad en comparación con 2012.

Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007, las fuerzas armadas decomisaron 53 aeronaves y localizaron 992 pistas clandestinas, según información oficial de la dependencia.

Durante el sexenio de Felipe Calderón fueron aseguradas por la Sedena un total de 540 aeronaves y se ubicaron 3 mil 922 pistas de aterrizaje que fueron destruidas.

En 2008 fueron decomisadas 285 aeronaves; 109 en 2009, 19 en 2010, 54 en 2011 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012 el total ascendió a 20.

Las fuerzas armadas localizaron 767 pistas utilizadas por narcotraficantes en 2008; 736 en 2009; 585 en 2010 y 565 en 2011; mientras que del 1 de enero al 30 de noviembre de 2012 el total fue de 347.

En la actual administración la Sedena implementó el Sistema Integral de Vigilancia Aérea para garantizar la seguridad y soberanía del espacio aéreo nacional, indica el informe del instituto armado.

Se utilizan además radares tipo TPS-70 para actividades de vigilancia, identificación, seguimiento e intercepción de tráfico aérea no identificado o sospechoso.

De acuerdo con el documento, dicho sistema está compuesto con medios de enlace, detección, identificación, seguimiento e intercepción aérea desplegados en el territorio, con el que se realizan operaciones de vigilancia y reconocimiento aéreo, "a fin de detectar y localizar aeronaves ilícitas, pistas o áreas susceptibles de aterrizaje clandestinas o alguna actividad sospechosa".

Además de proveer seguridad aérea a instalaciones estratégicas o vitales, bajo el principio de mando centralizado y coordinadas por el Centro de Mando y Control, dependiente del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

(EL DIARIO, EDICION JUAREZ/ Milenio | 2013-11-09 | 20:48)



IGNORÓ GOBIERNO FEDERAL DENUNCIA SOBRE CRIMEN EN MICHOACÁN


Anabel Hernández/Proceso
Distrito Federal—- A finales de abril de 2006 el titular de la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, recibió una denuncia detallada de las propiedades y movimientos de los principales jefes del crimen organizado en Michoacán.

Aunque se trataba de un documento de nueve fojas elaborado colectivamente por ciudadanos del estado, al calce aparecían el nombre, firma y teléfono de un responsable.

En el texto –dirigido al entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y a Santiago Vasconcelos– se proporcionaban los nombres de varios líderes locales del narcotráfico con sus domicilios, casas de seguridad, empresas y hoteles, placas de sus vehículos y hasta números telefónicos mediante los cuales podían ser investigados para aprehenderlos.

La finalidad de los ciudadanos desesperados por la violencia era liberarse del yugo de los criminales, y decían esperar que fuera “de utilidad esta información y así nos ayuden a vivir tranquilos sin temor a ser asesinados por esos delincuentes”.

Fue un legislador federal quien entregó dicha denuncia –cuya copia tiene Proceso– a Santiago. Entrevistado por este semanario refiere que al pedirle firmar de recibido el subprocurador se negó, pues el escrito lo comprometía.

Seguro de que la atención a la denuncia pudo haber atajado la situación de caos que hoy vive Michoacán, el ex legislador federal narra a Proceso el encuentro con Santiago, pero pide omitir su nombre por temor a represalias y porque vive exactamente en el corazón de la zona michoacana en conflicto.

El entonces titular de la SIEDO, cuenta el ex legislador, “no quiso darse por enterado oficialmente. Por eso no firmó. Si firmaba, se hacía responsable de que eso existía y no quiso. Unos meses después surgió públicamente La Familia y se dio a conocer en La Voz de Michoacán”.

CÉLULA MICHOACÁN

Los denunciantes señalaban como líderes del “Cártel del Golfo, Célula Michoacán”, a Osiel Cárdenas, quien ya había sido detenido; a Carlos Rosales Mendoza, también aprehendido; a Nicandro Barrera Medrano, El Nica, y a Nazario Moreno, El Chayo. Estos dos, puntualizaba el escrito, “controlan Michoacán”. Hasta el momento siguen libres.

Mencionaban también a Chencho Moreno, hermano del Chayo (quien sería ejecutado por un grupo rival); a Arnoldo Rueda Medina, El Minsa, compadre del Chayo (detenido en 2009); a Mario Cárdenas, suegro de Alberto Moreno, hermano del Chayo (“detenido en USA”); a Martín Ibarra, “prestanombres y administrador de los bienes del Chayo y socio en la elaboración de droga”, y a “un profesor apodado La Tuta (Servando Gómez Martínez), sicario y lugarteniente del Chayo en la región de Arteaga”.

Añadían que en 2003 todos ellos habían orquestado la fuga del Cereso de Apatzingán y advertían: “Tienen armas de grueso calibre y una flotilla de aproximadamente seis Cherokees blindadas, blancas y grises”.

Especificaban la ubicación de casas de seguridad, empresas, un motel, huertas y hasta el domicilio de Nazario Moreno.

Afirmaban que detrás de un Costco en Morelia, en la calle San José del Cerrito números 119 y 117, colonia Leona Vicario, había casas de seguridad de Nazario Moreno e indicaban: “Ahí pueden encontrar armas, vehículos blindados y drogas”. También denunciaban dos casas de seguridad en la misma zona, en la calle San Juan Bautista número 44, y la de junto, sin número, donde igualmente se podía hallar droga y armamento.

Apuntaban igualmente a un domicilio frente a Pizza Hut de la colonia Las Américas, en Juan de Medina Rincón sin número, al lado del número 111, usado por El Chayo y su hermano Chencho. Además, “a un costado de helados Bing de Las Américas vive El Chayo con su esposa (María Elena Loya), calle Nicaragua número 37”.

Según los denunciantes, en Agustín Ramírez 546, colonia Margarita Maza de Juárez, entre la salida de la carretera libre a Guadalajara y camino a San Juanito Itzícuaro, El Chayo tenía una bodega donde guardaba droga y armas.

El domicilio de Martín Ibarra, presunto lavador de dinero, lo ubicaban en el fraccionamiento Lomas de las Américas número 70, donde “pueden encontrar armas, autos, facturas de vehículos, escrituras de ranchos y casas propiedad de El Chayo”.

Daban igualmente las referencias de dos ranchos más de éste en Reynosa, Tamaulipas.

Aseguraban que una casa de cambio llamada Centro de Divisas Barrera, en el 122 de Ponciano Arriaga, en Morelia, era propiedad de Nicandro Barrera Medrano, El Nica, pero estaba a nombre de sus familiares.

En la lista de bienes presuntamente propiedad de Barrera Medrano incluían el motel Oasis, por la salida de la libre a Guadalajara, en la calle Arboleda 80, colonia La Loma; hasta la fecha sigue en funcionamiento.

En el documento se referían a una mujer, Silvi, quien entonces vivía en Uruapan (número 22 de la Calle 2 de la colonia Eduardo Ruiz) y presuntamente era pareja de Barrera Medrano. Por si fuera poco daban el número de un celular del Nica y decían que entonces él vivía en el lujoso fraccionamiento San Javier, de Monterrey.

“Los de inteligencia militar le dieron seguimiento (a Barrera Medrano) hasta Monterrey, pero no pudieron actuar y detenerlo porque El Nica era escoltado y cuidado por más de 40 sujetos armados, entre los que estaban varias autoridades de Monterrey”, asentaban.

Daban pormenores de las huertas del municipio de Ario usadas tanto para la siembra de durazno y aguacate como para la producción de drogas sintéticas y almacenamiento de armas. Mencionaban el rancho Santa Elena y la huerta Loma Bonita, la cual, exponían, había pertenecido a Armando Valencia Cornelio, pero ya era propiedad de Nazario Moreno y la administraba Martín Ibarra.

Como propiedades y refugios de Servando Gómez Martínez, La Tuta, en Arteaga mencionaban dos casas: una en Doctor Miguel Silva 53 y otra sin número; también un domicilio “en la esquina que forman las calles Independencia con Avenida Principal.

LOS SOBORNOS

Tras expresar que los jefes de “la organización del Cártel del Golfo en Michoacán pagan a las diferentes autoridades estatales y federales”, añadían que el primer comandante regional de la Policía Ministerial de Michoacán, Jehová Cortés López, recibía 20 mil dólares al mes por encargarse “de taparles los homicidios y otros delitos cometidos, y les manda unas patrullas cuando están aquí en Morelia para que los cuiden y los protejan”.

Aunque Cortés no fue detenido sino hasta mayo de 2007, en efecto la PGR notificó que lo acusaba de dar protección a Carlos Rosales Mendoza, “El Tísico”, del Cártel del Golfo.

La dependencia refirió que cuando “El Tísico” fue detenido “se le aseguraron una escopeta, dos armas de fuego, cuatro cargadores para AR-15, cartuchos útiles de diferentes calibres, así como cinco gorras con insignias de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cinco pantalones negros tipo comando, cinco chamarras con insignias de la PGJE, dos videocámaras, cinco chalecos antibala, un overol negro, una placa metálica con insignias de la PGR, cinco grabadoras de cinta para escáner, un pasaporte, 11 mil 50 pesos, tres tarjetas bancarias y 50 panfletos de La Familia Michoacana”.

Los ciudadanos también acusaban a Miguel Ángel Arellano Pulido, procurador estatal en 2004 y 2005, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008). Afirmaban que aquél “recibió de Carlos Rosales, un mes antes de que lo agarraran (octubre de 2004), 100 mil dólares como regalo, pero no le dan mensualidad. Éstos (los dólares) se los hicieron llegar con un hermano, no sabemos si hermano del procurador o hermano de Carlos Rosales”.

En 2005 Arellano renunció a la Procuraduría para convertirse en diputado federal.

Durante el periodo de aprehensiones de presidentes municipales y funcionarios públicos acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada (2009) conocido como el ‘michoacanazo’, Arellano se amparó contra cualquier acción en su contra por parte de la PGR.

En febrero de 2012, a unos días de terminar su mandato, Leonel Godoy, gobernador de Michoacán de extracción perredista, le concedió una patente para crear la Notaría número 165.

NADIE LES HIZO CASO

Los michoacanos contaron a la PGR y a la SIEDO que la investigación la hicieron en poco más de un mes y habían hecho contacto con miembros de inteligencia militar de Morelia, pero sin ningún resultado.

A ellos “se les remitió casi toda esta información, pero ya son casi 22 días y no vemos nada de avances. Necesitamos que nos ayuden (...) pero es que personal de inteligencia militar nos dijo que no confiáramos en nadie, porque podía pasar lo de Apatzingán, cuando un AFI se fugó con un detenido en un cuartel de ellos”.

En el escrito dirigido a Macedo de la Concha y a Santiago Vasconcelos, los ciudadanos michoacanos les pidieron que la autoridad se mantuviera en contacto para allegarle más información e incluso ofrecieron dos testigos de los crímenes de quienes comenzaban a formar La Familia, a condición de que los metieran al programa de testigos protegidos.

Todos los detalles y esfuerzos ofrecidos por los ciudadanos fueron ignorados.

En principio habían hecho llegar el documento a la PGR, pero al no estar seguros de que lo hubiera recibido en propia mano el titular de la SIEDO, le pidieron a un legislador federal de Michoacán entregarlo.

“Cuando vi la información”, “se me puso la piel de gallina, era mucho riesgo. Pero dije: ‘Si yo me echo para atrás, entonces ¿en quién va a confiar la gente?’”

Así, a finales de abril de 2006 concertó una cita con Santiago Vasconcelos y cuando estuvo con él en su oficina le indicó que iba a entregarle un documento del cual seguramente ya tenía conocimiento. Según el testimonio del legislador, el titular de la SIEDO le dijo que se trataba de “un documento cualquiera”.

“Le dije que no era un documento cualquiera porque venía el nombre y el teléfono de la persona que denunciaba, y venía mucha información sobre el crimen organizado en la entidad, y lo menos que podía hacer la PGR era investigar y verificar la información.

“¿No lo quiere firmar, no se quiere dar por enterado?”, le preguntó.

“Me compromete”, respondió el subprocurador. “Ni a usted se lo voy a firmar”. Y dio por terminado el encuentro.

“¿Por qué si tenían esa información no pararon a esa gente y le pusieron un hasta aquí? Los dejaron crecer. La pregunta es: ¿Los dejaron crecer gratis o recibieron algún estímulo económico?”, continua el exdiputado.

Esto a pesar de que 68 por ciento de la población total de Michoacán se encuentra bajo el yugo de los narcotraficantes.

(EL DIARIO, EDICION JUAREZ/ PROCESO/ Anabel Hernández/ 2013-11-09 | 21:29)

IMPIDEN A INDÍGENAS ABORDAR AVIÓN… CON BOLETO EN MANO



Distrito Federal— Seis indígenas oaxaqueños denunciaron discriminación por parte de la compañía Aeroméxico porque se les impidió abordar un avión con destino a Hermosillo, Sonora, a pesar de que tenían sus boletos en mano.

Los quejosos, provenientes de Sola de Vega y San Jacinto, explicaron que el 6 de noviembre el supervisor de la línea aérea, Francisco Cáceres, les negó el abordaje en el aeropuerto internacional Benito Juárez de Oaxaca, supuestamente por su origen indígena y la ropa que vestían.

Neftalí Bautista y Sofía Santa Anna, representantes de la agencia de viajes Reforma, denunciaron que los jóvenes sufrieron discriminación.

Bautista dijo que los boletos fueron comprados con anticipación el 28 de octubre, y el día miércoles 6 de noviembre abordarían el avión con los números de vuelo 544 y 706, con escala en la Ciudad de México.

Severiano López, Marcelo Pérez, Gilberto Ruiz, José Rojas, Benedicto Eras y Florentino Bautista relataron que el supervisor de Aeroméxico les impidió subir a los vuelos 544 Oaxaca–México y 706 DF–Sonora.

Agregaron que al pedirle una explicación, Cáceres les respondió, de manera prepotente: “Háganle como quieran”.

Los vuelos estaban programados a las 12:00 horas el de Oaxaca–México y el de México–Hermosillo, a las 15:00 horas.

El supervisor aseguró que la aeronave sólo tenía capacidad para 50 pasajeros y que se vendieron 90 boletos, pues habían previsto contar con un avión más grande.

Al no ser así, decidieron resarcir el daño a los otros viajeros, pagando los gastos de hospedaje y alimentación. Sin embargo, a los seis jóvenes indígenas no se les ofreció esa opción.

Los afectados anunciaron que interpondrán una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en contra de la línea aérea, pues consideran que fueron discriminados por su apariencia de indígenas nativos

Los jóvenes son de origen humilde y viven en zonas de alta marginación. Decidieron denunciar para que no vuelva a ocurrir un incidente similar.

Los afectados pretendían visitar a sus familiares en Hermosillo y otros iban en busca de empleo y nuevas oportunidades en Estados Unidos.

Hasta el momento Aeroméxico no ha emitido una postura oficial respecto al incidente.

(EL DIARIO, EDICION JUAREZ/ Proceso | 2013-11-09 | 21:16)


DEA: CORRUPCIÓN OFICIAL EMPEORÓ VIOLENCIA AQUÍ



Gabriela Minjáres/El Diario
La violencia inédita que se registró a finales de la década pasada en Ciudad Juárez y sus alrededores fue más que una lucha por el control de la plaza entre cárteles: uno de los factores importantes que la propiciaron fue la corrupción oficial, asegura un reporte de inteligencia de la Administración Antidrogas (DEA).

En una evaluación que realizó la agencia federal de Estados Unidos sobre los hechos ocurridos en esta región de noviembre de 2009 a julio de 2010, identifica cinco causas que propiciaron la violencia: una, la que se produce por la lucha entre cárteles; dos, la de los cárteles contra el Gobierno mexicano; tres, la que ocurre al interior de los cárteles; cuatro, la que se presenta entre pandillas; y cinco, la que ocasionan oportunistas.

De acuerdo con el análisis que contiene un documento desclasificado, obtenido hace unos días por la organización National Security Archive, a través de una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés), desde un principio las operaciones de los cárteles en contra de las corporaciones policiacas han sido el principal factor de la batalla por la plaza de Ciudad Juárez.

“La razón principal es en mucho que los cárteles mexicanos dependen de los funcionarios corruptos”, menciona el documento, que contiene algunos datos, nombres y citas reservadas.

Según el reporte, inicialmente se tenían identificadas las tres primeras causas de la violencia, pero con la evaluación que realizaron agregaron las dos últimas, la que se produce por el enfrentamiento entre pandillas y la ocasionada por oportunistas.

Al reseñar la categoría de la violencia que se produce por el enfrentamiento entre cárteles y autoridades gubernamentales, la DEA menciona algunos de los hechos ocurridos en el período de análisis, entre ellos el homicidio del alcalde de Guadalupe Distrito Bravos, Jesús Manuel Lara Rodríguez, asesinado el 20 de junio de 2010 en su domicilio, frente a su esposa e hijos.

También apunta el homicidio de Sandra Ivonne Salas García –ocurrido el 30 de junio de 2010–, subprocuradora de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a quien identifican como el brazo derecho de la entonces procuradora Patricia González Rodríguez.

Otro caso que incluyen es el de la explosión del carro-bomba el 15 de julio de 2010, ataque que atribuyen a un acto de venganza por la detención de uno de los líderes un día antes, a quien no identifican, pero se sabe que fue Jesús Armando Acosta Guerrero, alias “El 35”.

Respecto a la violencia por la disputa entre cárteles, el documento indica que se genera por la animadversión que hay entre los líderes de 2 de los dos principales grupos criminales en el país, los que son reservados, pero menciona que se atacan entre sí.

Menciona que sus ataques los dirigen principalmente en contra de los brazos armados, traficantes, fuentes de financiamiento, funcionarios corruptos y soldados.

De la violencia que se produce al interior de los cárteles dice que es como un método de autocontrol que emplean para castigar traiciones, robo de droga, contrabando no autorizado y proporcionar información a las corporaciones policiacas.

De las dos nuevas categorías identificadas por la DEA, se establece que el enfrentamiento entre pandillas obedece no sólo a que algunas de éstas sirven a los cárteles de drogas, sino a rivalidades que ya tienen entre ellas.

Dice que una de las pandillas que operan en la ciudad, pero que en el documento restringe su nombre, opera de manera semiautónoma y bajo la protección de las autoridades.

Describe que una de estas pandillas que opera como brazo armado de un cártel carece de profesionalismo y coordinación en comparación con otra que ha perpetrado varios ataques y a los que se les atribuye la ejecución de los funcionarios consulares en marzo de 2010.

Mientras que de la violencia generada por los oportunistas, menciona que consiste principalmente en extorsiones, robos violentos y secuestros perpetrados por criminales independientes que no están relacionados con ningún grupo de narcotraficantes, pero a los que se les asocia de manera errónea.

“La actuación de los criminales oportunistas detona ante el estado de anarquía que hay en la comunidad, lo que agrava el ya de por sí elevado índice de violencia”, establece el reporte.

Agrega que este tipo de violencia es difícil de evaluar porque estos delincuentes operan como imitadores y con mucha rapidez se involucran en las actividades delictivas.

Entre las víctimas de estos delincuentes menciona a propietarios de grandes empresas, yonkes, funerarias, restaurantes, bares, transportistas, vendedores ambulantes y hasta maestros que han sido extorsionados para despojarlos de sus aguinaldos.

Con todo esto, concluye el reporte de inteligencia de la DEA, la economía de Ciudad Juárez se ha visto impactada de manera negativa, porque más de “6 mil negocios han cerrado sus puertas desde 2008 a consecuencia de la violencia y extorsiones”.

Por ello, dice que varios empresarios se han ido a El Paso, donde en el 2009 la Cámara de Comercio Hispana de El Paso reportó que más de 200 negocios de Ciudad Juárez habían iniciado operaciones en esa ciudad.

 (EL DIARIO, EIDICION JUAREZ/ Gabriela Minjáres /2013-11-09 | 23:33)