miércoles, 19 de agosto de 2015

¿Y LOS OTROS?


La PGR busca consignar a 22 trabajadoras por el incendio en la Guardería ABC, mientras personajes públicos que fueron señalados por estar involucrados con la tragedia no han sido tocados 

Hace 5 años, la responsabilidad de los 14 servidores públicos fue plenamente argumentada

“Yo sentía algo, sentía algo muy raro. De hecho, ese día ni siquiera llevé a mi hija a la Guardería (también era alumna)"

Alma Lucero
Maestra en la Guardería ABC

“Ya pasaron seis años y haz de cuenta que fue ayer, que es ahorita. Para nosotros, eso fue algo que nos marcó nuestras vidas, marcó nuestra existencia y nos marcó para siempre”

Ana Hernández
Maestra de la Guardería ABC



La Procuraduría General de la República (PGR) informó que buscará consignar a 22 trabajadoras de la Guardería ABC por su presunta responsabilidad en el incendio del 2009, sin embargo, políticos y funcionarios que fueron señalados por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como responsables de violaciones graves a los derechos humanos de los menores fallecidos no han sido tocados.

Eduardo Bours, exgobernador de Sonora; Daniel Karam y Juan Molinar Horcasitas (finado), exdirectores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y Ernesto Gándara Camou, exalcalde de Hermosillo, entre otros, han permanecido intocados por la justicia.

En el 2010, apenas un año después del incendio, el ministro Zaldívar presentó un proyecto de dictamen para investigar los hechos ocurridos en la Guardería ABC.

En su ponencia, el ministro acusó que un total de 14 funcionarios de primer y segundo nivel tenían responsabilidad sobre los hechos que cobraron la vida de 49 niños el 5 de junio del 2009.

“No puede más que concluirse que el cumplimiento de las obligaciones y deberes encargados a las autoridades involucradas, pudo haber evitado no solo la actualización del trágico suceso, sino sus alcances posteriores, pudieron preservarse o disminuirse la dimensión de las afectaciones a la vida e integridad de los menores”, expuso el proyecto.

Junto con esos funcionarios, otros 10 fueron señalados por haber cometido, por omisión, violaciones graves a los derechos de los menores.

El proyecto del ministro fue rechazado en el pleno de la SCJN por mayoría de votos. Se dijo que hubo un intenso cabildeo de los exfuncionarios con algunos ministros para no ser señalados como culpables.

A ellos deben sumarse otros exfuncionarios públicos que también podrían tener cierto grado de responsabilidad.

Se trata, por ejemplo, de Carlos Lam Félix, secretario técnico del entonces gobernador, Eduardo Bours.

En septiembre del 2014, Reporte Índigo publicó que la PGR contaba desde inicios del año pasado con testimonios que lo señalaban como el hombre que solicitó quemar la bodega contigua a la Guardería ABC para desaparecer documentos de la administración de Bours en los que habría pruebas de un presunto desvío de recursos.

Hasta hoy, ninguno de los funcionarios de mayor nivel ha sido sancionado.

La atención de los órganos de justicia se centró en el papel que tuvieron las maestras y trabajadoras de la Guardería que no pudieron sacar a los niños y rescatarlos del incendio.

Las culpan de homicidio culposo, lesiones culposas, omisión y abandono de los niños de la Guardería ABC.

¿Y LOS FUNCIONARIOS?

Desde el 5 de agosto pasado, día que la PGR decidió solicitar órdenes de aprehensión contra 22 maestras y trabajadoras de la Guardería ABC, la pregunta inundó las redes sociales: ¿y por qué no castigan a los funcionarios?

De acuerdo a los abogados de las trabajadoras de la Guardería, en la lista de las personas que la PGR busca consignar se encuentran solo mujeres que fueron empleadas de la estancia infantil. Ningún funcionario público. Ningún socio o dueño de ABC.

Hace cinco años, la responsabilidad de los 14 servidores públicos fue plenamente argumentada por el ministro Zaldívar y, aunque el proyecto se rechazó, el juicio público los continúa considerando responsables de la tragedia.

Además de Bours, Karam, Horcasitas y Gándara, el ministro Zaldívar señaló como personas con responsabilidad por los hechos a Sergio Antonio Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales; Carla Rochín Nieto, coordinadora de Guarderías; Arturo Leyva, delegado del IMSS en Sonora; y a Noemí López Sánchez, titular del departamento delegacional de Guarderías.

En aquella lista estaban también Wilebaldo Alatriste, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil; Ernesto Vargas, secretario de Hacienda; Fausto Salazar Gómez, director de Recaudación de la Secretaría de Hacienda; y Jorge Luis Melchor, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, se señaló a Jesús Davis, director de Inspección y Vigilancia Municipal de Hermosillo; y a Roberto Copado, director de la Unidad de Protección Civil de ese municipio.

Aunque algunos sí fueron consignados y llevados ante la justicia, el pago de fianzas les permitió seguir el proceso penal en libertad.

Así fueron los casos de Jesús Davis, quien pagó una fianza de más de dos millones de pesos para evitar ser aprehendido.

Fausto Salazar fue detenido y obtuvo su libertad en el 2011, después de pagar una fianza de 2 millones y medio de pesos.

Las autoridades también arrestaron a Irma Crescencia Díaz, excoordinadora de zona de estancias infantiles del IMSS. El año pasado, fue exonerada; aunque para evitar la prisión pagó más de 2 millones de pesos.

También fue encarcelada Delia Irene Botello, quien trabajaba en la Coordinación de Guarderías del IMSS. Salió de prisión en el 2014.

Otros funcionarios de segundo nivel fueron sancionados con su inhabilitación para ocupar puestos públicos. De los altos círculos del poder, nadie fue castigado.

‘NO SOMOS CULPABLES’

Ayer, Reporte Índigo publicó los testimonios de cinco maestras y trabajadoras de la Guardería ABC que se encuentran en la lista de 22 personas que la PGR quiere enviar a prisión.

Hoy, en esta segunda parte, presentamos los testimonios de cuatro empleadas de la Guardería que estuvieron presentes el día de la tragedia. Relataron lo que les tocó vivir y el repudio público que recibieron, a pesar de haber salvado a decenas de niños.

Entre ellas, el sentimiento es de indignación. La justicia, dicen, no toca a los verdaderos culpables. Se rompe por el hilo más delgado.

No se ha tocado a los funcionarios de entonces. Tampoco a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, José Antonio Salido Suárez, Sandra Lucía Téllez Nueves, Gildardo Francisco Urquídez Serrano y Alfonso Escalante Hoeffer, los dueños de la Guardería ABC.

Incluso, Gómez del Campo Tonella, quien es prima de Margarita Zavala, la exprimera dama del país, obtuvo la absolución del caso en enero del 2012. Fue declarada inocente.

A las trabajadoras de la Guardería ABC también les entristece pensar que los padres del Movimiento 5 de Junio, que han sido los más combativos desde el día del incendio, quieran castigarlas por una acción que ellas no provocaron y en la que reaccionaron lo mejor que pudieron.

No solo ellos fueron afectados.

Todas ellas cargan con secuelas psicológicas y emocionales hasta ahora, seis años después.

Ahora, aunque sobre ellas no pesa una orden de aprehensión, se muestran preocupadas por sus compañeras; detestan la idea de que la pesadilla que todas han vivido desde entonces, pueda durar varios años más en un encierro sin sentido, en prisión.

‘TENÍA UN PRESENTIMIENTO’

Alma Dinorah Lucero era la maestra con más trayectoria en la Guardería ABC. Al día del incendio, tenía ocho años trabajando ahí. Sabía de memoria todos los recovecos y pasillos de la estancia infantil. Pero no le tocó estar ahí al momento del fuego. Eso la consume.

Ese día, Dinorah tenía una cita en el IMSS; tenían que hacerle un estudio. Así que la dejaron salir un rato, aunque ella tenía un presentimiento horrible en el pecho.

“Yo sentía algo, sentía algo muy raro. De hecho, ese día ni siquiera llevé a mi hija a la Guardería (también era alumna). La directora me dijo que me fuera al Seguro, pero la verdad yo no quería ir. Tenía un presentimiento. Sentía que algo me iba a pasar, que me iba a morir”, narró.

Horas después, Dinorah entendió lo que sentía.

Regresaba en camión de la clínica del Seguro Social hacia la Guardería, cuando recibió la llamada de uno de sus familiares, preocupado por el incendio de la estancia.

En el transporte iba la mamá de uno de los niños. Le dijo del incendio y ambas se bajaron, desesperadas. Querían tomar un taxi pero no traían dinero. Pararon a uno y las llevó gratis. La madre se bajó en un hospital. Calles antes de la Guardería, el taxi ya no pudo pasar. Ella se quitó los zapatos y, corriendo, llegó hasta el infierno.

Intentó entrar, pero no la dejaron. Corrió a la “casa verde”, pero tampoco pudo pasar. Regresó a la Guardería y encontró a las maestras y empleadas en shock, algunas sin habla, otras gritando o llorando. Las maestras que tenían hijos en la Guardería, los buscaban con desesperación. Vio que una señora que trabajaba en intendencia todavía estaba sacando una cuna con niños. Era el caos.

Llegó entonces Sandra Téllez, una de las dueñas de la Guardería, a darle órdenes a ella y a otras maestras de que se movieran a los hospitales para identificar a los niños.

Al entrar a los pasillos del hospital, empeoró el horror. El olor a quemado había impregnado todo. La llamaron a una pequeña sala para identificar niños. Jamás imaginó lo que iba a ver.

“Yo nada más dije: ‘Dame valor, Dios mío’. Yo no sabía qué iba a ver. Yo pensé que les iba a cantar, para que se calmen y se pongan bien. Yo no sabía que los niños estaban muertos. Nadie nos dijo que estaban muertos. Lo primero que vi fueron los zapatitos. Los niños estaban tapados. Ahí había 25, más o menos.

“Yo le pedí fuerza a Dios porque no estuve adentro (de la Guardería) para ayudar. ‘Ayúdame a reconocer a los niños’, decía yo, ‘no me quiero equivocar’. Yo no quería que los papás vieran así a sus hijos. Queríamos ayudar para que supieran dónde estaban”, relató Dinorah.

A ella se unió la maestra Ana Sughey. Entra las dos hicieron la primera identificación de los niños.

El momento más duro fue cuando escribían el nombre de cada niño en un pedazo de masking y lo ponían en sus pies. Algunos estaban irreconocibles. Solo supo quiénes eran por la ropa o los zapatos que traían.

A las maestras las llevaron por varios pasillos y quirófanos, reconociendo niños.

Una vez que terminaron, las retuvieron en una sala para evitar que dieran información a los familiares. Las amenazaron con llevarlas a prisión si decían algo sobre los niños que estaban en el hospital.

Una vez que terminó su labor, la maestra buscó a Jimena, una niña con la que tenía un lazo más fuerte y hasta la llamaba “Mamá”. La encontró en terapia intensiva, al día siguiente. Y aunque nadie quería dar información, a Dinorah la ayudó a pasar una enfermera que había tenido a su hijo en la Guardería ABC años atrás y que nunca olvidó la atención que la docente le dio al pequeño.

Cuando la vio, la maestra perdió el piso. Trató de despertarla en vano. Le cantó canciones, la arrulló. Fue en vano. En la madrugada, la niña falleció.

La madre de otra niña, que fue internada en un hospital de Estados Unidos, le llamaba varias veces al día para que Dinorah le cantara canciones a la pequeña, por teléfono. Su mamá le ponía el auricular en el oído, para que escuchara.

“¿Cómo es que ahora algunos papás nos quieren meter a la cárcel? No se acuerdan que para nosotras, ellos también eran nuestros hijos”, dijo, sollozando.

A Alma Dinorah todavía le duele el corazón cuando piensa que no estuvo en el lugar para ayudar a más niños.

Pero luego piensa en su hija, a la que ese día no llevó a la Guardería. Y agradece haber hecho caso a su presentimiento

“Qué más diéramos que haber estado en ese momento ahí, que no se pudo. Yo digo, si hubiéramos estado todas, las que ya habían salido, a lo mejor hubiéramos sacado a más niños. No sé, me pongo a imaginar muchas cosas; pero no existe el hubiera”, comentó.

A partir de ese día, su vida cambió totalmente. Alma Dinorah sabe que jamás volverá a ser la misma, haga lo que haga.

‘NOS MARCÓ PARA SIEMPRE’

Ana Sughey Hernández era maestra de la Guardería. También era madre de familia de la Guardería, pues su hija acudía ahí desde muy pequeña.

Esa tarde, salió de su turno minutos antes de que comenzara el incendio. Llegó a su casa y cuando estaba ahí recibió una llamada: la estancia se estaba quemando.

De inmediato, subió a su auto y volvió, desesperada, para intentar ayudar y buscar a Jonathan, su sobrino, que también era alumno de la Guardería.

En la estancia infantil se encontraba Sandra Téllez, una de las socias de la estancia infantil, indicando a las maestras que habían salido y regresaron, o que ya estaban fuera del incendio, que debían ir a identificar a los niños a los hospitales y al Servicio Médico Forense.

Al llegar a un hospital, una enfermera le advirtió a ellas y a otras trabajadoras que estaban ahí, que iban a ver cosas muy feas. Les pidió prepararse para lo peor.

Le tocó entrar a reconocer los cuerpos de los niños fallecidos. El horror de verlos la impresionó. Aun así, no quiso tomar ningún medicamento, para estar en sus cinco sentidos y poder reconocerlos.

Al terminar, la retuvieron adentro del hospital, como a las otras maestras.

En una de las salas encontró a Jonathan, su sobrino. Le pidió a alguien que le informara a su familia que él estaba ahí. Nadie dijo nada.

“No sabe uno cómo pedirle perdón, hasta a un familiar, porque yo ofrecí que la Guardería era buena. ‘Porque yo te dije, es buena Guardería, yo lo voy a estar viendo, yo lo voy a cuidar’. Y no se lo cuidé”, dijo Sughey, entre lágrimas.

En una de las camillas encontraron a Olga Lidia Ochoa, otra de las maestras de la Guardería que había sufrido quemaduras y solo pidió una cosa: ‘Encuentren a mi hija, busquen a mi niña’. En ese momento cayó inconsciente. Su pequeña también asistía a la Guardería ABC.

En el hospital se encontraron a un padre de familia de la estancia infantil que trabajaba como enfermero. Las cuestionó sobre lo que estaban haciendo al momento del incendio. Se les fue a los golpes, pero alguien lo detuvo.

Más tarde se fue a otro hospital a donde habían llevado a su sobrino. Estuvo ahí, ayudando.

Ahora, Ana Sughey dice que la vida ya no es igual. Ha estado en tratamiento psiquiátrico, igual que todas sus compañeras, y aunque trata de salir adelante, a veces le cuesta mucho trabajo.

“Ya pasaron seis años y haz de cuenta que fue ayer, que es ahorita. Para nosotros, eso fue algo que nos marcó nuestras vidas, marcó nuestra existencia y nos marcó para siempre”, reflexionó.

El sobrino de Sughey falleció. Tenía la misma edad que su hija, quien ahora tiene ya 9 años de edad. Y cada vez que la ve, recuerda que su sobrino tendría la misma edad y compartiría cosas con su pequeña, tal como lo hacía cuando eran compañeros en la Guardería ABC.

‘NO LO PODÍA CREER’

Silvia Torres era la encargada de la cocina de la Guardería ABC. A las 14:45 era su hora de salida. Ese día, fue al reloj checador a registrar su salida, tomó su bolsa y salió del inmueble.

Fue a hacer compras en un súper cercano. Estaban en la caja cuando ella y la compañera con la que iba se percataron que mucha gente estaba en la puerta del mercado. Una señora le gritó a otras que se estaba quemando la Guardería. Se paralizaron.

Aventaron la mercancía que traían en las manos y corrieron de regreso. Cuando llegaron ya había cunas afuera, llenas de niños. Los policías no las dejaron pasar.

Comenzaron a llevar las cunas a la “casa verde”. Le quitaron la ropa a los niños, les echaron aire y agua y así los pudieron estabilizar.

Silvia recuerda que, días más tarde, en fotografías y videos, ella y otras de sus compañeras que habían terminado su turno antes de las 15:00 horas aparecieron en las fotos cargando sus bolsas de mano.

Fueron criticadas porque se pensó que habían preferido sacar sus pertenencias que a los niños. No fue así. Las bolsas estaban resguardadas en un área cerrada con llave. Solo quienes ya no estaban en turno, llevaban sus pertenencias. A Silvia, junto a otras de sus compañeras, la subieron a una patrulla y la llevaron a declarar a la PGR. Pasadas las 21:00 horas, salió de ahí. Regresó a la Guardería. No podía creer lo que sus ojos veían.

“No lo podía creer porque los niños pasaban mucho tiempo con nosotras; eran nuestros esos niños. Eran nuestros (…) Lo que yo no puedo entender es por qué los papás nos tratan así. Si vieran ellos cómo queríamos a los niños. Eran parte de nuestra familia.

“Todos los días estaban con nosotros. Ahí las muchachas los enseñaron a comer, a ir al baño, a hacer sus primeras letras. Todo lo que la mamá debe de hacer, lo hacíamos nosotras (…) Nosotros dábamos la vida por los niños. Si los niños que están vivos es porque las compañeras los sacaron”.

La vida de Silvia también cambió radicalmente. Le costó dos años encontrar otro trabajo. El gobierno de Guillermo Padrés les ofreció empleo. Pero durante meses las tuvieron en ascuas. Nunca se concretó la oferta.

“Muchas cosas han hecho con nosotras. Nosotras nunca habíamos hablado así, hasta ahora. Siempre calladas, siempre escondiéndonos.

“En mi casa yo tenía alteros de periódicos, diario los compraba para ver qué pasaba. Debajo de mi colchón yo tenía un periódico donde estaban todos los niños. Me lo tiraron, el periódico. Mi carácter cambió, en mi casa. Y yo sé que mi familia lo siente”, narró Silvia.

A ella, como a muchas otras, le quitaron el servicio médico. Ahora debe vivir con las secuelas del incendio en su día a día.

EL MALTRATO

Dulce María Valdez era maestra de la Guardería ABC. Aquel fatídico 5 de junio era su primer día de vacaciones. Estaba en su casa descansando cuando un vecino tocó a su puerta y le dijo que se estaba quemando la estancia infantil.

Todavía en pijama, la maestra salió hacia la escuela. Cuando llegó ya no encontró a los niños o a las maestras. Se las habían llevado en las patrullas a declarar. Fue a la PGR.

“Las hallé en una forma deplorable, como si fueran unas asesinas. Estaban en la banqueta, sentadas en el suelo. A la primera que vi fue a Araceli Moroyoqui. Le pregunté qué les había pasado. La vi muy mal, mojada, llena de cenizas”, narró.

Estando ahí, un oficial le ordenó que se subiera a una patrulla porque la iba a llevar a los hospitales a identificar niños.

En uno de los hospitales se encontró con una de las dueñas. También le ordenó que tenía que ayudar en la identificación. Pero ella estaba ahí por voluntad propia y amor a los niños.

Desde ahí comenzó el maltrato. Cuando le tocó llegar a la morgue del Hospital General para identificar a los menores, se sintió la falta de empatía hacia las maestras.

En la sala donde estaba identificando a los niños, un oficial de la policía la acompañaba. La presionaba para que no se fuera a equivocar y diera un testimonio falso.

“En un pasillo, recuerdo bien que le dije a un oficial que me dolía la cabeza, que me sentía mal. Ya había visto mucho. Pasó una enfermera y preguntó: ‘¿Qué es ella?’, cuando le pidió una pastilla para mí. ‘Es maestra, anda identificando niños’, le dijo. ‘Ah no, nosotros no les podemos dar medicamentos a las maestras. Les estamos dando calmantes y medicamento a los papás.

“Desde ese momento, a nosotras como maestras, ya nos estaban negando un derecho. Desde ese momento, ya nos empezó a hacer a un lado la misma sociedad. Y nosotros, por respeto a los papás, por respeto a todos, empezamos a hacernos a un lado, a callarnos”, rememoró Dulce.

Cuando la maestra ya no podía más por el impacto emocional de lo que estaba viviendo, pidió retirarse del hospital, pero no la dejaron irse. Como ya no aguantaba, aprovechó un descuido del policía y se escapó a su casa en un taxi.

La maestra recuerda que los meses posteriores fueron un martirio. Le daba miedo salir a la calle.


(REPORTE INDIGO/ IMELDA GARCÍA/ Miércoles 19 de agosto de 2015)

“PINCHES MEDIOS”, DIJO EL “SUPER POLICÍA” DE DUARTE ANTE EL CONGRESO DE VERACRUZ


Manifestación de periodistas el 22 de noviembre de 2013 durante la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, el 22 de noviembre de 2013. Foto: Cuartoscuro

Xalapa, 18 de agosto (SinEmbargo).– Arturo Bermúdez Zurita, el Secretario de Seguridad Pública de Veracruz –quien declarará ante autoridades del DF por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro personas más–, tiene un largo historial de incidentes con la prensa. Uno de los más notorios se desató cuando, en una comparecencia en el Congreso, con micrófono abierto, los llamó “pinches medios”.

Quienes lo conocen dicen que intenta parecerse al Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, el ex Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, que regresó el respeto a los oficiales de la Policía Municipal para que enfrentaran a los narcotraficantes. Pero al paso del tiempo, la prensa local ha empezado a comparar al Secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz con Arturo “El Negro” Durazo Moreno, ex jefe del departamento de Policía y Tránsito de la Ciudad de México y cercano al ex Presidente José López Portillo (1976-1982).

Durazo figuró como ejemplo de corrupción en instituciones policíacas.

La violencia llevó a Bermúdez Zurita al mando de la SSP de Veracruz en junio de 2011. Por esas fechas, su antecesor, y ex jefe, Sergio López Squer (General en retiro) vivió uno de los peores momentos de su vida cuando un comando de Los Zetas atentó contra su escolta. El militar no iba con ellos. Lo habían dejado en el aeropuerto de Veracruz minutos antes del ataque, cerca de la localidad de Villarín, el cual terminó con saldo de dos oficiales muertos y tres civiles armados abatidos.

De manera coordinada, a la misma hora, sujetos armados irrumpieron en la morada de López Squer en el municipio de Alvarado, dispararon contra la fachada de la casa y dejaron granadas de fragmentación sin detonar.

“Vivimos en uno de los estados más seguros del país, y ello no es casualidad ni consecuencia fortuita, sino resultado en buena parte, de la tarea que en los años recientes realizó el General Sergio López Esquer”, dijo sobre el hecho el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, durante la toma de protesta de Arturo Bermúdez, su amigo.

Han pasado cuatro años desde esa toma de protesta y Veracruz no es más seguro, pues tiene los peores indicadores en materia de lucha contra la delincuencia común, la que se roba el refrigerador, la casa, la vaca, la que asalta en la esquina o amaga en la ventanilla del banco. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican a la entidad en el tercer lugar a nivel nacional en materia de secuestros, en el último reporte, Veracruz desplazó a Guerrero de esa posición.

El mismo organismo señala que en 1997, en Veracruz, la tasa de secuestros por cada 100 mil habitantes era de 0.11 y ésta pasó a 1.16 en 2012; en 2013 a 1.38; y en 2014 a 1.80; en cuanto a homicidios, en 2010, el Gobierno de Javier Duarte tomó el poder y se reportaron 583 homicidios dolosos; para 2011, fueron 890; en 2012, 968 y en 2013, 863.

Lo mismo con los secuestros, en 2010 se registraron 17; en 2011 la cifra fue de 60; en 2012 ascendió a 91; en 2013 fue de 109; y en 2014 de 144.

LA VIOLENCIA CONTRA LOS CIUDADANOS

Veracruz es también es el estado con más periodistas muertos -al menos 15- y desaparecidos. Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19 ponen a la entidad al mismo nivel que países de Medio Oriente. La inseguridad en las calles es la misma y las autodefensas ciudadanas, son una realidad. No existe ciudad de Veracruz en donde no haya al menos una colonia con vecinos levantados contra la delincuencia.

En Coatzacoalcos, polo de desarrollo y capital de la industria petroquímica en el sureste mexicano, habitantes de la colonia El Tesoro colocaron mantas en donde amenazan a los ladrones: “Rata, si vienes y te agarramos, te rompemos tu madre”. En esta misma ciudad, en agosto pasado, el Secretario de Seguridad Pública recomendó a los empresarios y ciudadanos de Coatzacoalcos “comprar perros o candados” en caso de sentirse inseguros.

La declaración despertó el malestar de la clase empresarial y de los ciudadanos. Desde entonces, los reportes mensuales que elabora la asociación Observatorio Ciudadano dan cuenta de cuatro a cinco homicidios dolosos al mes, docenas de robos de autos, a comercios y a viviendas, secuestros y desapariciones.

En mayo de 2015, también en Coatzacoalcos, Bermúdez Zurita desairó a familiares de personas desaparecidas presuntamente a manos de su Policía de élite, La Fuerza Civil.

Los familiares se plantaron con pancartas a las afueras de un hotel en donde se encontraba Bermúdez.

La Fuerza Civil no se iba a marchar “porque se manifiesten los delincuentes”, respondió Bermúdez a la prensa cuando fue cuestionado sobre el tema.

“No es ninguna unidad de la Fuerza Civil, ya está la investigación en la Fiscalía. No hay ninguna, siquiera una patrulla ni gente de Fuerza Civil. A lo mejor son otro tipo de delincuentes que también lo estamos tratando de evitar y prevenir en la zona… Son delincuentes contra delincuentes que es lo que regularmente se enfrentan y se ajustan o hacen ajustes de cuentas entre ellos mismos”, dijo el jefe de la Policía veracruzana al criminalizar a los inconformes, la mayor parte niños y mujeres, algunas enfermas de la presión por no saber de los suyos en más de un mes.

El señalamiento obra en la denuncia 234/2015, de la Agencia Segunda del Ministerio Público de Coatzacoalcos, y es por la desaparición de José Manuel Cruz Pérez, Jhonit Enríquez Orozco, Héctor Manuel Facundo Ramos, Eliaquín Alvarado Villafuerte y Roberto Gallegos Osorio. Taxistas, obreros y empleados.

Al igual que estos cinco, desde el inicio del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa –el 1 de diciembre de 2010-, se han documentado más de 50 casos de personas desaparecidas presuntamente a manos de elementos de la SSP comandada por Arturo Bermúdez.

Uno de los más sonados en el plano internacional, el del joven Gibrán Martiz, ex concursante de “La Voz México”, que generó la recomendación 14/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). “El joven cantante, y dos de sus amigos, fueron víctimas de desaparición forzada por la policía de Javier Duarte y Arturo Bermúdez”.

A más de 90 kilómetros de donde fue detenido por la Policía en Xalapa, Gibrán Martiz apareció sin vida junto a uno de sus amigos, el 19 de enero de 2014; el otro sigue ausente.

Nunca la CNDH había mandado al Gobierno local una queja en ese sentido. A Bermúdez no le gusta hablar del tema. Sólo que aceptó la recomendación, pero ningún funcionario de mediano o bajo nivel presentó su renuncia por estos hechos. Se desconoce si Asuntos Internos de la SSP abrió algún expediente.

PRIMER CÍRCULO

El departamento en la colonia Narvarte donde fueron asesinadas cinco personas. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Bermúdez Zurita está siempre en el primer círculo de poder del Gobernador Duarte de Ochoa, y con el homicidio del fotoperiodista, Rubén Espinosa Becerril, en la Ciudad de México –a donde llegó huyendo después de numerosas amenazas en Veracruz– está entre los que fueron llamados a declarar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

La PGJDF solicitó este martes, vía oficio de colaboración, la declaración del ex titular de la SSP de Veracruz, el General Sergio López Esquer; la del actual titular de esa dependencia, Arturo Bermúdez Zurita; y la de la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Benita González Morales en relación al homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, de la activista Nadia Vera Pérez, de Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y la ciudadana colombiana Mile Virginia Martínez, el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte.

La Procuraduría capitalina informó que “una célula de ministerios públicos de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidios de la PGJDF, arribó a la Fiscalía General de Veracruz, para que, a través de un oficio de colaboración”, los funcionarios y el ex funcionario del Gobierno de Javier Duarte declararan.

Desde el pasado martes 4 de agosto, los abogados de la familia de Nadia Vera Pérez, que coadyuvan en la investigación por el multihomicidio en la colonia Narvarte, entregaron a la PGJDF una solicitud de citatorio a los dos últimos secretarios de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz.

En abril de 2013, la revista Proceso dio a conocer una amenaza directa desde el estado de Veracruz contra uno de sus reporteros, Jorge Carrasco, quien estaba comisionado en esos días a las investigaciones sobre el homicidio de la ex corresponsal de la publicación, Regina Martínez Pérez, quien fue encontrada muerta en su casa en Xalapa, el 28 de abril de 2012.

La información versaba sobre un compacto y versátil grupo de agentes policiales que viajaría al DF a ubicar, recabar información y ejecutar un plan para “afectar” a Jorge Carrasco, quien tuvo que poner tierra de por medio temporalmente.

Los informes indicaban que los agentes eran activos entrenados de la SSP veracruzana, en ese entonces ya en manos de Bermúdez.

Los escándalos de Bermúdez no se remiten los temas relacionados con la muertos y desaparición de comunicadores, en octubre de 2014, realizaba la presentación de la Fuerza Civil, lo último en entrenamiento y tecnología para mantener la paz en territorio jarocho.

Todo pintaba para que el cuerpo de policía ganara una buena posición en medios de comunicación, de no haber sido por la contratación de una desnudista y modelo: Michel Arano, como encargada de Radio y Televisión en la SSP. La noticia se dio el mismo día del arribo de la Fuerza Civil y los periodistas y ciudadanos le dieron más importancia a las fotos de la funcionaria en las redes sociales, donde aparecía posando semidesnuda, en situaciones sugerentes y con alto contenido erótico. La andanada de críticas no se hizo esperar y la chica tuvo que dejar el puesto con el mote de “Lady SSP”.

NEGOCIO DE ESPIAS

A Bermúdez se le ha vinculado con la propiedad de un hotel y negocios de seguridad. Bermúdez Foto: Cuartoscuro

Su primer paso por el Gobierno lo dio en la SSP de Nuevo León, como asistente (1996-1998). De allí pasó a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, con Miguel Alemán Velasco de Gobernador (1998-2004). Luego en Proyectos y en la Subsecretaría de Finanzas, y en esa oficina conoce a Javier Duarte de Ochoa, quien igual realizaba sus pinitos de burócrata, siempre respaldado por el ahora ex Gobernador Fidel Herrera Beltrán (2004-2010).

En esos años, alternaba el trabajo con un negocio pequeño de venta de alarmas, pero quienes le conocen también lo identifican por su sagacidad para los negocios.

Al llegar a la SSP de Veracruz, como encargado del C4, en el Gobierno de Fidel Herrera, se le vinculaba con la propiedad del Hotel Chachalacas, ubicado en las aguas del Golfo de México, en el municipio de Úrsulo Galván.

Pero ahora, según un reporte publicado en BlogExpediente bajo la firma del periodista Luis Velázquez, el jefe de la policía posee más de 10 negocios de distintos giros, entre ellos enumera la casa de empeño “La Capillita”, una constructora de nombre “Incorpora”, “a nombre del notario público de su confianza”; un taller automotriz, de nombre “Fusión”, y en el que se da mantenimiento de laminación y pintura a las patrullas de la SSP; un gimnasio, “Gym Jaguar”, en la colonia Ferrocarrilera de Xalapa; una empresa de alarmas de nombre “GPA”; una cadena de tintorerías de nombre “Max” en Coatepec; la escuela de idiomas de nombre “Kiosk”; un negocio de grúas, “SEAX”, en la calle 20 de Noviembre, de la colonia 2 de abril de Xalapa, etc.

Personas cercanas a su entorno indican que posee una empresa, sin nombre, muy subterránea, en la que hay especialistas en espionaje dedicados a elaborar y comerciar fichas informativas sobre políticos, periodistas, empresarios, opositores, defensores de los derechos humanos y cualquier veracruzano con alto perfil.

Esta manera de actuar de Arturo Bermúdez quedó al descubierto en diciembre de 2013, cuando Miguel Ángel Yunes Linares, el mayor enemigo político del Duartismo, mostró varios audios sobre cómo los funcionarios de Javier Duarte tramaban operar las elecciones (lo cual consta en denuncias ante la PGR), y en uno de ellos se escucha a Arturo Bermúdez en una supuesta reunión con candidatos del PRI a las alcaldías de ese estado.

El funcionario les oferta un paquete de “35 millones de fichas de veracruzanos” importantes, de quienes “sabemos dónde están, no sólo delincuenciales, las tenemos desde el punto de vista social, si ustedes quieren hacer un amarre político o decidir algo dentro de su municipio, pueden tener acceso a estas fichas. Se las podemos otorgar”. Algo así como vender un poco de ventaja.

En junio de 2015, en plena crisis por la golpiza a ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Fidel Robles Guadarrama, Diputado del Partido del Trabajo (PT), dijo que la SSP contaba con fichas de estudiantes y activistas incómodos al sistema. Documentos elaborados por medio del espionaje, el seguimiento y la invasión a la vida privada.

Bermúdez no lo negó: “Existen son fotografías videos, y cámaras del C-4 de todas las gentes que hacen manifestaciones y dañan al público, existen videos, existen fotografías de ustedes mismos (de los periodistas), de las gentes que están incendiando, que están golpeando, dañando es lo que tiene la Secretaría” (7 de junio).

“PINCHES MEDIOS”

El día de la comparecencia del funcionario en el Congreso. Foto: Cuartoscuro

El 27 de noviembre de 2013 en el Congreso local, cuando un grupo de fotoperiodistas, encabezados por Rubén Espinosa, irrumpieron en la comparecencia del titular de la SSP para protestar contra los abusos de la policía, Bermúdez tenía el micrófono abierto, y sin pensarla, lo soltó: “Pinches medios” con la mueca de enojo por un lado.

La palabra retumbó en el recinto. Los asesores y ayudantes del jefe de la policía no sabían donde poner la cara, pero él, ni se inmutó. Se quedó con los ojos clavados en las pancartas. Tampoco se disculpó. Conforme arreció la protesta a nivel nacional por el exabrupto el oficial organizó un desayuno con la prensa en la academia de Lencero. Buscó limar asperezas mostrándose amigable en la mesa. También rifó planchas, licuadoras y televisiones en busca de acallar el escándalo.

Siete meses antes de ese escándalo, Bermúdez ya había protagonizado otra desavenencia tras descalificar unas fotos del corresponsal de la Agencia Cuartoscuro, y de AVC Noticias, Félix Márquez, sobre la aparición de autodefensas.

Bermúdez aseguró que las fotos eran falsas y el fotoperiodista había pagado a los ciudadanos para que posaran encapuchados, con palos y rifles. No iba a investigar a los que salieron en las fotos, pero opinó que el “que debería estar detenido es quien fue a sacar las fotos y le paga a los ciudadanos para que rayen las paredes, para que pongan grafitis y para que puedan hacer las cosas”.

Ante el escándalo, y el respaldo al fotoperiodista de distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, el funcionario reculó y pidió una disculpa al también corresponsal de la agencia AP. El tema dio hasta para la burla de Javier Duarte de Ochoa, quien lo calificó de “vacilada”, “tiene el mismo efecto de tomar una foto de tres personas disfrazadas de Batman, Blue Demon y Mujer Maravilla, no tiene ninguna consecuencia”.

Ahora las autodefensas en Veracruz son tan reales, como que en junio pasado, en el municipio de Soledad Atzopan, en la faldas del Pico de Orizaba, fueron capaces de hacer correr a un comando de sicarios que en su escape abandonaron un coche, cuando la policía lo abrió, encontró un cadáver. Ese día los pobladores también incendiaron una patrulla de la SSP porque llegaron tarde y prácticamente los dejaron solos contra los narcos.

VIDAS PARALELAS

Rubén Espinosa y Arturo Bermúdez también tuvieron su capítulo en Xalapa, y muy cerca a la muerte de fotógrafo de AVC Noticias, de Cuartoscuro y Proceso, con la golpiza, el 5 de junio, a ocho estudiantes, la mayoría de la Universidad Veracruzana (UV).

A uno le volaron los dientes, a otro le rompieron tres huesos, otro más perdió un dedo por un machetazo. Cuando lograron reponerse, los chicos acusaron indolencia y falta de auxilio de parte de los elementos de la SSP que llegaron al sitio de la agresión, durante esa madrugada, y tomaron el primer reporte sin prestarles ayuda ni mucho menos emprender acciones para ir de inmediato tras los agresores.

Al paso de los días, y la documentación de más abusos y acosos, son numerosas las voces que señalan a los de la SSP como posibles autores de una de las peores agresiones a los alumnos de la UV. Todo ese proceso, desde la noche de la paliza, lo documentó con su lente Rubén Espinosa. Allí fue donde comenzó su calvario. Allí lo comienzan a seguir y a fotografiar de su casa al trabajo, del trabajo a casa de sus amigos. Es cuando se siente inseguro en Veracruz.

Rubén Espinosa se le escapó a los toletes eléctricos durante el desalojo a los maestros y activista en noviembre de 2013

En las dependencias del Gobierno de Veracruz se ve la foto de Javier Duarte de Ochoa, sonriente y con los carrillos inflados. En casi todas, menos en las controladas por SSP, allí la foto es de Arturo Bermúdez. En algunas lo tienen con su uniforme, condecorado, con su gorra de policía. Conocido es su culto a la personalidad, el cual quedó de manifiesto en abril de 2015, en el marco de unas competencias deportivas, y exhibió un mural, en acuarela, en el cual se miraba su retrato fiel. Aun con las críticas, no quitó el mural y allí lo tuvo durante todas las jornada.


(SInEMBARGO.MX/ REDACCIÓN / AGOSTO 18, 2015 - 21:30H)










LA FIESTA Y EL FUNERAL


En la salida a Bahía Kino suena la cumbia guapachosa, entre el trajín de apresuradas muchachas que reparten gafetes, agua; sudorosas y felices van de aquí para allá, tropezando con hombres y mujeres de amplia sonrisa, preludio de carcajadas difícilmente contenidas.

Hay palmadas en las espaldas que son como aletear de alas por todo el local donde se llevará a cabo la reunión del Consejo Político Estatal del PRI, el que reinaugura la época del partido en el gobierno en Sonora. Saludos a la distancia, gritos familiares, euforia de chascarrillos y besos tronadores con abrazos quebranta costillas.

Es la fiesta.

Largas filas de automóviles de toda clase forman sobre el bulevar García Morales para atiborrar un estacionamiento que resulta insuficiente y el camellón frente al local de eventos La Cascada sirve para acomodar en él cientos de carros frente a la mirada complaciente de los agentes de tránsito que batallan para dar fluidez al tráfico por esa vía; para detenerlo cuando deben cruzar los priistas de a pie, que también llegan sudorosos y felices.

De dos en dos, de diez en diez comienzan a llegar desde las nueve de la mañana. Nadie se quiere perder la oportunidad de reencontrarse con los correligionarios, amigos, familiares y conocidos a quienes en algunos casos, no veían desde hace años, acaso cuando se despidieron con un abrazo, pero no como los que hoy resuenan festivos por todos lados, sino con uno que olía a funeral y lamento.

Es el priismo que ha vuelto por sus fueros, a reivindicar en los rituales de la concentración masiva, el discurso premonitorio, la arenga encendida, su condición de primera fuerza política; de partido hecho gobierno de nueva cuenta, después de seis años de incertidumbres y zozobras de esas que sólo se experimentan cuando se vive fuera del presupuesto, es decir, en el error, como bien diría César Garizurieta, mejor conocido como El Tlacuache.
La convocatoria es para mil 250 delegados que vendrían a ratificar, no a mano alzada, sino por el sofisticado método del aplauso de pie, la candidatura única de Manlio Fabio Beltrones Rivera como nuevo presidente nacional del PRI, y de Carolina Monroy del Mazo como Secretaria General.

Pero llegaron más, muchos más: alcaldes y diputados locales y federales electos y en funciones; candidatos perdedores pero apuntados para lo que sigue, porque si algo se ha venido a ratificar también allí es que no hay victorias eternas ni derrotas para siempre.

Desde el sur llegan Ricardo Bours Castelo, que acompaña al dirigente estatal Alfonso Elías Serrano; Faustino Félix Escalante y Faustino Félix Chávez; Abel Murrieta, Adrián Manjarrez, Próspero Ibarra, Rogelio Díaz Brown, Gabriel Baldenebro; Onésimo Mariscales, Otto Claussen y muchos otros personajes clave del desenlace electoral de la jornada 2015.

Desde el norte, el ex alcalde de Nogales Lorenzo de la Fuente y quien fuera su secretario del Ayuntamiento Demetrio Infantópulos; también el actual alcalde fronterizo, Ramón Guzmán Muñoz; el derrotado Vicente ‘El Mijito’ Terán, que vio caer su imperio en la pasada elección y que llegó acompañado de su esposa e hija, todos perdedores en la región de Agua Prieta.

De Hermosillo ni se diga. Eran los más festivos: Ulises Cristópulos, Iris Sánchez, David Palafox, Kitty Gutiérrez y desde luego, el que encabezó la recuperación de la capital de Sonora para el PRI, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, El Maloro, pero que a la vez resultó ganador de la rifa del tigre, considerando el deplorable estado en que recibirá no sólo las finanzas municipales, sino una ciudad más ‘greñuda’ que aquella a la que aludió en su momento el ex gobernador Samuel Ocaña García.

Imposible mencionar a todos, porque se ocuparía un despacho especial para ello. Pero allí estaban los de hoy y los de antes. La vieja guardia que ocupaba la primera fila del auditorio, como parte de ese ritual de culto a los veteranos de guerra: Horacio Valenzuela, Héctor Molina, Armando López Nogales, Manuel Robles Linares, Roberto Sánchez Cerezo, Héctor Cáñez, Miguel Ángel Murillo, Rubén Díaz Vega…

Desde luego, algunos de los coequiperos de la gobernadora electa, Claudia Pavlovich, que llegó puntual a la cita y avanzó, dejándose querer, repartiendo besos, abrazos y saludos a pasto, algo que le sale muy espontáneo en estos días y la humaniza, la vuelve una más entre la fiesta, aunque es obvio que se trata de la invitada especial.

Beltrones no llegó, pero estuvo presente en una semblanza proyectada en video, y en todos los discursos.

La propia gobernadora electa le agradeció al que será el nuevo dirigente nacional de su partido, “su ayuda para recuperar Sonora”, lo que desató los aplausos entre la concurrencia.

El discurso de Claudia, duro. Sonora ya se cansó de la impunidad y la corrupción, dijo. Y haré lo que tenga qué hacer para que esto acabe, sentenció.

El evento, ritual clásico del PRI vencedor. Fue, por todos lados, una fiesta.

A unos cuantos kilómetros de allí, el funeral.

Los equipos de entrega-recepción sostenían encuentros para revisar las cuentas que dejan los que ya se van, y que a todas luces aparecen mochas.

En la transmisión de esos encuentros está la contraparte de la fiesta. Los rostros son de funeral. Los silencios ominosos, las miradas que se pierden en cualquier parte; los movimientos nerviosos de las manos, la sensación de que no quieren estar ahí, pero ahí están, tratando de explicar el desastre, de convencer de que no es tan grave.

Ese ambiente que se puede cortar con un cuchillo, de tan denso. Esa convicción de que se entregan cuentas que posteriormente serán cuadradas con la realidad y de allí pueden salir los clavos con que se termine de cerrar el ataúd de un gobierno que quiso hacer de la palabra ‘nuevo’ un emblema de alternancia para un futuro mejor, pero terminó atascado en lo ‘viejo’ de las prácticas más deleznables del ejercicio de las políticas públicas: la corrupción, el cinismo, la arrogancia, la tranza y el agandalle; el nepotismo y el tráfico de influencias, pero sobre todo, la ineptitud, la incapacidad administrativa y política.

En la salida a Bahía Kino, la fiesta; en palacio de Gobierno, los preparativos del funeral. Las labores de embalsamamiento de un cadáver que ya olía bastante mal incluso cuando le quedaba vida.

También nos puedes seguir en Twitter @Chaposoto


(DOSSIER POLITICO/Arturo Soto Munguía /2015-08-19)

A FLOTE, SAQUEO EN SALUD DE SONORA


Bernardo Campillo ante equipo de transición…

Después de las evidentes muestras de desvío de más de 20 mil millones de pesos de las arcas estatales a manos de los responsables del Nuevo Sonora, ahora Campillo es llevado al banquillo de los acusados y tendrá que explicar el desorden financiero por más de 600 millones de pesos mantiene en crisis a los hospitales públicos en Sonora...

Hermosillo, Sonora (DP).- Este miércoles en punto de las 9 de la mañana, el doctor Bernardo Campillo llegó a su oficina en espera del equipo de transición de la gobernadora electa, Claudia Pavlovich Arellano, para informar sobre el saqueo a Sector Salud en Sonora.

Después de las evidentes muestras de desvío de más de 20 mil millones de pesos de las arcas estatales a manos de los responsables del Nuevo Sonora, ahora Campillo es llevado al banquillo de los acusados y tendrá que explicar el desorden financiero por más de 600 millones de pesos mantiene en crisis a los hospitales públicos en Sonora.

En mayo del 2013, Dossier Político publicó que de acuerdo a informes proporcionados por el Dr. Carlos Manuel González Méndez, el secretario de Salud, Bernardo Campillo, se hizo millonario de la noche a la mañana y llevó al Sector Salud a una condición de quiebra financiera con un saqueo inmisericorde de recursos que pone en riesgo la vida de los pacientes y la funcionalidad de los Servicios de Salud en Sonora.

El Dr. González Méndez sostuvo que existe desabasto de medicinas y una deuda superior a los 600 millones de pesos en el Sector Salud, hechos que han provocado la muerte de pacientes ante la falta de equipamiento luego del saqueo que hoy mantiene al secretario de Salud con una mansión de más de 10 millones de pesos en San Carlos, Nuevo Guaymas, lo que no podría pagar con su salario como funcionario del Nuevo Sonora.

El 14 de junio del 2012, dos días después de su despido del Hospital General, el médico sostuvo una entrevista con Dossier Político, denunció que después de 20 años ininterrumpidos como neurocirujano, fue despedido injustificadamente luego de una férrea lucha en pro de la transparencia y contra el desvío de recursos en la Secretaría de Salud de Sonora.

En entrevista exclusiva con Dossier Político, el galeno expresó que “los abusos del poder del Gobierno del Estado no tienen límites, el esperanzador Nuevo Sonora es solamente una pesadilla de la cual no hemos podido despertar, la lucha por nuestros derechos laborales y el pago completo de nuestros salarios de los empleados de la Salud siguen”.

González Méndez describió que “la lucha inicia en el año 2007 en pleno Gobierno autoritario boursista contra los 54 médicos que decidimos a través de los tribunales laborales y la Junta de Conciliación y Arbitraje, exigir nuestro sueldo completo y nuestras prestaciones para una jubilación justa, ya algunos médicos han fallecido sin haberlo logrado”.

Amplió que con la llegada del nuevo Gobierno, habiendo en campaña comprometido su palabra, Bernardo Campillo y Gustavo López Caballero, “solamente la traición y la avaricia los ha mantenido deteriorando los sueldos de los empleados de salud y desviando los sueldos a sus arcas propias, se logró en agosto del 2010 constituir un sindicato legítimo, con toma de nota y registro, pero nunca al servicio de los corruptos, nació el SESSS”.

Expuso que el SESSS inició demandas históricas contra los 104 aviadores del sindicato de Villalobos, “líder corrupto que no cuenta con registro ni toma de nota y coordinador de la campaña de López Caballero a la Alcaldía.

Resultado, una Contraloría solapadora. Un movimiento por la transparencia se inició para conocer el desvío de recursos de las nóminas de los trabajadores de Salud, logrando mediante manifestaciones que se nos entregaran, auditamos y encontramos irregularidades desde el 2006, pero desvíos hasta por el 50% de los sueldos homologados que envía la Federación”.

El Dr. González indicó que el último año se enviaron 187 millones de pesos y se “prestaron” a programas sociales del Gobierno del Estado como Oportunidades, Progresa y Crecer, casi 90 millones.

“Este año, desde febrero se nos inician descuentos a todos los trabajadores de la Salud, con seguros de vida inventados que no solicitamos y nunca entregaron pólizas por 400 pesos al mes, se nos descuentan prestamos inventados, o faltas inexistentes, denunciamos y actuamos requiriendo el cierre de la calle reforma para que se nos reintegrara parcialmente”, precisó.

El día de hoy (jueves), en base a un proceso de levantamiento de acta administrativa abusando de testigos falsos, del Director Administrativo del Hospital General del Estado Huberto García Astiazarán, “sujeto represor de nuestros derechos a manifestarnos y que actúa como supervisor de maquiladora, han dado un duro golpe a la lucha por la transparencia despidiéndome del Hospital General del Estado que durante 20 años fue donde ejercí como neurocirujano”.

Aseguró que ante la adversidad, su lucha no termina y la búsqueda por la reinstalación, apenas comienza.

“La verdad saldrá a flote y los responsables de los desvíos de recursos tendrán su castigo; el movimiento no termina con el terrorismo laboral del Hospital General “Dr. Pesqueira”, tiene cuentas pendientes con sus trabajadores por su espíritu mezquino y cobarde”, finalizó el secretario general del Sindicato de Empleados de los Servicios de Salud de Sonora (SESSS).

El pasado 21 de junio, Sonora Ciudadana emitió un comunicado donde expone que tras una persecución constante por parte de los directivos del Hospital General del Estado, el neurólogo y líder del SESSS fue despedido el pasado 12 de junio por exigir transparencia en el manejo de recursos públicos, por lo que se recurrirá a los  procedimientos legales correspondientes  para defenderlo  de tal decisión.

Este es un hecho sin precedentes pues el Sindicato cuenta con toma de nota y registro ante las autoridades competentes, pero no goza del reconocimiento político/administrativo de Servicios de Salud de Sonora. Con este despido injustificado se consolida el “terrorismo laboral” que se ha venido denunciando desde hace tiempo por parte de distintos trabajadores.

“Nuestro actuar no es político-partidista, nuestras demandas empezaron en el anterior sexenio y continúan en el actual, mismo que no ha cumplido con sus compromisos de campaña. Mi despido es por recordarles esos compromisos y es una muestra de la situación que guardan nuestros derechos como trabajadores de la salud”, señaló el Dr. González.

Desde hace cinco años el Sindicato de Empleados de Servicios de Salud de Sonora, que integra a 400 trabajadores de la salud,  ha exigido transparencia en el manejo de los recursos que envía el Gobierno Federal para pagarle a los empleados la llamada homologación salarial, por lo que desde 2008 se han interpuesto 205 demandas laborales para que las autoridades paguen los salarios completos incluyendo las pensiones debidas, como corresponde según los tabuladores oficiales. 

“Preocupa que las autoridades crean que pueden anular derechos básicos de los trabajadores como el derecho a manifestarse”. Señaló Guillermo Noriega Esparza, Director de Sonora Ciudadana AC, quién además recordó que solamente el año pasado el Gobierno Federal envió más de 185 millones de pesos para los salarios de los trabajadores y no todo llega a sus manos. “Ahí es donde tiene fundamento el trabajo de investigación que realizamos con el SESSS”.

Señaló que acudirán a la Comisión de Derechos Humanos, los tribunales competentes y se hará uso de todos los recursos legales nacionales e internacionales para proteger los derechos de los trabajadores de la salud, al mismo tiempo que hizo un llamado al Gobierno de Sonora a permitir un clima democrático en el que se respete la libertad de asociación y de manifestación.

“No preocupa mi situación, pues sabemos que tarde o temprano los tribunales me reinstalarán en mi trabajo,  lo que preocupa es que quieran aniquilar un movimiento sindical de forma tan autoritaria”.  Concluyó el Doctor.

Para mayor información: Dr. Carlos González,  celular (662) 2762141

 ANTECEDENTES

• En 1998 inicia la Sociedad de Médicos del Hospital General del Estado a solicitar a ISSSTESON, Servicios de Salud de Sonora y Gobierno del Estado a que se entreguen prestaciones para pensiones del sueldo homologado obtenido por la descentralización (1997).

• En enero de 2007 (sexenio de Eduardo Bours) médicos del Hospital General inician proceso para demandar laboralmente a los Servicios de Salud de Sonora por la nula respuesta a la integración de la homologación para una pensión.

• En marzo 2007 se integran 56 demandas laborales por no recibir el salario como es debido. A lo largo de los años se han sumado otros hasta llegar a 205 demandas.

• En abril 2007 inicia la represión contra médicos que demandaron laboralmente, con amenazas de despido, cambio de horarios y turnos de trabajo, videograbaciones al entrar y salir del hospital, entre otras prácticas de acoso.

• En julio 2007, diez especialistas insustituibles (únicos en el estado) solicitan, a manera de protesta, permiso sin goce de sueldo. Ceso la represión y el acoso, regresando a sus labores.

• Los trabajadores de la salud se empiezan a organizar con la principal demanda de integrar la homologación al salario y recibirla completa. El mismo candidato a Gobernador, Guillermo Padrés, se comprometió a ello por escrito durante su visita de campaña al Hospital General del Estado.

• El 13 de marzo de 2010 en asamblea constitutiva se funda el Sindicato de Empleados de Servicios de Salud de Sonora (SESSS) para darle formalidad a la lucha por las condiciones de los trabajadores de la salud.

• El 16 de agosto de 2010 se realiza la toma de nota y se entrega el registro al Dr. Carlos González Méndez como primer Secretario General del SESSS.

• En 2010 se inicia una investigación de la mano con Sonora Ciudadana AC para documentar el uso y destino de los recursos de la homologación salarial. Derivado de esto, se dio la lucha por transparentar tanto los tabuladores salariales como las nóminas de pago, que hasta entonces eran mantenidos en el secreto.

• En 2011 se realizan varias manifestaciones públicas debido a la negativa de entregar las nóminas a pesar de haber ganado recursos vía ley de transparencia.

• En 2012 se inician descuentos del salario de los trabajadores con los cuales se pretendía dar el aguinaldo a finales de año, lo que atentaba contra sus derechos. El SESSS realizó movilizaciones y protestas, lo que logró revertir la decisión.

• Desde mayo a la fecha se inició una persecución contra el Dr. Carlos González, levantando actas de forma irregular, sin su jefe superior presente y sin respetar los requisitos para un despido de esta naturaleza.

• En el acta de despido queda establecida como una de las causas el haberse manifestado frente a la oficina de recursos humanos con una lona que pedía “transparencia en las nóminas”.


(DOSSIER POLITICO/ Jesús Ortega / 2015-08-19)

INTENTA SUICIDIO MAESTRA DE GUARDERÍA ABC


La docente en tiempos del incendio del pasado 5 de junio del 2009 donde 49 niños perdieron la vida y una de las 22 personas que cuentan con amparo y a las que la Procuraduría General de la República le giró orden de aprehensión, dijo que “hicimos todo lo humanamente posible por salvar a esos niños”…

Hermosillo, Sonora (DP).- Luego de asegurar que las empleadas y maestras hicieron todo lo posible para salvar la vida de los 176 niños de la Guardería ABC, Marina Isabel Flores revela que en ocasiones “he intentado quitarme la vida”.

La docente en tiempos del incendio del pasado 5 de junio del 2009 donde 49 niños perdieron la vida y una de las 22 personas que cuentan con amparo y a las que la Procuraduría General de la República le giró orden de aprehensión, dijo que “hicimos todo lo humanamente posible por salvar a esos niños”.

La maestra Marina Isabel Flores afirmó que “pero el siniestro nos ganó porque fue menos de un minuto lo que tuvimos para sacarlos… estamos nerviosas tanto nosotras como ex trabajadoras como las familias… estamos pasando momentos muy feos… sentimos como que estamos volviendo para atrás otra vez”.

Sobre la tragedia que enlutó al país recordó que “estábamos comiendo como a las 2.40 y se empezó a escuchar que crujía el techo… pero pensé que eran los pichones que se metían en la bodega”.

La maestra Isabel añadió que “siento que se me va a caer encima el techo… me levanto y veo hacia la pared en donde se nos estaba metiendo el humo… no nos daba aroma a nada… no olía a nada”.

Precisó que “en ese momento le dije a alguien que se estaba quemando la bodega… habíamos 4 personas en el comedor… y dijimos ´se está quemando la guardería´… salimos corriendo a la sala y a sacar a los niños”.

La tragedia de las ex trabajadoras no ha terminado pues además han sufrido amenazas de muerte de parte de los mismos padres de las víctimas e incluso, las amenazas son directas como el de quemarles sus casas para que sientan lo que ellos sienten.

Por si fuera poco, en decenas de ocasiones les han gritado “¡asesinas!”.

El martes, Dossier Político publicó que una empleada de las que cuentan con amparo para evitar ser detenida por la PGR después de liberar las 22 órdenes de aprehensión, también perdió a su hija quien sufrió quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo.

Derivado de lo es considerada como una injusticia de la Procuraduría General de la República, una joven, hija de una ex trabajadora de la estancia infantil, clama a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la CEDH Sonora que protejan a las ex empleadas que también son víctimas de la injusticia.

La joven, hace referencia de que su madre era Secretaria de Filtro al momento de la tragedia y describe que la hija de otra empleada fue una de las víctimas del incendio de la Guardería ABC.

En una carta que circula en las redes sociales, la joven expone que el 5 de junio del 2009 el incendio ocurrido en la Guardería ABC (localizada en Hermosillo, Sonora) dejó como resultado el fallecimiento de 49 niños y 46 más con secuelas gravísimas, además de 6 empleadas igualmente afectadas por tratar de rescatar el mayor número posible de niños atrapados en el bodegón en llamas.

Desde entonces, se han desencadenado una serie de irregularidades por parte del sistema de justicia mexicano, todas ellas cubiertas por la impunidad, el nepotismo y la violación de las garantías individuales: todo ese ciclo tan desgraciadamente clásico del ejercicio de la "justicia" en nuestro país.

Se han encarcelado y liberado bajo fianza una serie de funcionarios públicos, muchos de ellos cuyas funciones no tenían relación alguna con la negligencia ocurrida al permitir que se operara dicha guardería en un entorno altamente peligroso, no propio para sus fines mismos.

Sin embargo, los poderosos, los de "arriba", a los "peces gordos" que tenían bajo su mando las licitaciones de estas empresas, han salido libres, limpios de cualquier cargo, ejerciendo incluso nuevos cargos políticos.

La justicia mexicana padece de una amnesia, pero una amnesia selectiva para con la esfera de los "todopoderosos"; no para con la sociedad, para los subordinados a los caprichos del sistema legal creado por el monstruo de la corrupción.

El día de hoy se ha hecho público que la PGR ha girado 22 órdenes de aprehensión contra las empleadas, tanto pedagogas, empleadas administrativas incluso de intendencia. Se ha resuelto que el cargo que se les imputa es el de "homicidio culposo por abandono de persona".

¿Qué giro es este en la larga y tortuosa línea de esta supuesta investigación ante el fatídico incidente de hace 6 años? El mismo de siempre: ir contra los chivos expiatorios, el eslabón más bajo, el proletariado, todo ello para blindar a los poderosos.

Soy testigo de esta gran injusticia.

Lo digo porque mi propia madre era trabajadora de dicha guardería, y desgraciadamente fue víctima (y lo sigue siendo) de ese incidente.

Su función dentro de aquella empresa era el de Secretaría de Filtro (se encargaba de verificar que cada niño que entrara cumpliera con las normas sanitarias, es decir, correcta higiene y que tuviese la ropa adecuada para entrar a aquel lugar, además de otros aspectos, como tener una ficha de identificación completa de cada niño ingresado, para poder localizar a los padres en casos de enfermedad u otra situación de cualquier índole).

Cuando recibían cursos de Protección Civil, la tarea asignada a mi madre era salvaguardar los documentos de cada uno de los niños, tomar la lista de los ingresos del día hipotético en donde pudiera ocurrir algún siniestro, como el que sucedió, y salir inmediatamente de aquel lugar.

Claro está, mi madre lo hizo, y además tomó en sus brazos a tres niños que entregó a la multitud que ya se encontraba fuera de la guardería.

Desgraciadamente quiso entrar de nuevo pero las autoridades le negaron el paso. Y puedo hablar por las demás empleadas, que en aquel incendio que terminó por consumarse en menos de un minuto, arriesgaron sus vidas por rescatar a los niños que tuvieron a su alcance, aún inmersas en el caos mismo de las llamas y el humo.

Y hemos de añadir, que entre esas 22 empleadas se encuentra una orden de aprehensión contra una de las empleadas cuya hija sufrió quemaduras del 95 %, EMPLEADA QUE NO PUDO SALVAR DE LAS LLAMAS A SU PROPIA HIJA.

Mi familia (y seguramente las familias de las 21 empleadas restantes) nos encontramos ante la zozobra de que en  cualquier momento pueda llegar un automóvil de la PGR y se lleve a mi madre detenida, por un cargo que ni siquiera es como se describe, y sin previa notificación legal de lo acontecido en esta línea de investigación, que se le encarcele y no la vuelva ver, que se mache su integridad moral, física y mental por el resto de su vida.

Realmente tenemos miedo de este sistema de justicia y la forma en que los medios y los funcionarios públicos han manejado este acontecimiento catastrófico y trágico, reprobable en todo sentido: por el simple de hecho de que las empleadas también son víctimas: trabajaron durante más de 4 años en condiciones que arriesgaban su vida, sin siquiera saberlo.

Personalmente, estoy realmente hastiado, y me repugna que México esté lleno de un anecdotario de impunidad y destrucción para con las garantías individuales de sus ciudadanos; estoy sumido en una tristeza tremenda que después de 6 años no se haya resuelto absolutamente nada, y que todo indique que no se hará, que se dejará en el olvido, y en el más lamentable e indignante de los casos, se culpe a los inocentes, a las víctimas: todo inmerso en el olvido futuro, una historia más.

Les pido su apoyo, que estén al tanto de la verdad, que se protejan a las víctimas y que no contribuyamos más con nuestro silencio y pasividad ante la impunidad.

Exijo la protección de los derechos humanos de los niños fallecidos, de los que viven con graves secuelas y de estas mujeres inculpadas injustamente.


(DOSSIER POLITICO/ Jesús Ortega/ 2015-08-19)