viernes, 9 de diciembre de 2016

DE LOS 500 DIPUTADOS, 63 RECHAZAN EL BONO DE FIN DE AÑO POR 150 MIL PESOS; ES INMORAL, DICE CLOUTHIER


A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, el empresario sinaloense afirmó que los diputados son “insensibles” y que el bono en cuestión “es ilegal e inmoral”. Además, cuestionó el origen de estos recursos utilizados para regalarse el bono pues no se sabe “a qué partida se los quitaron o si son legales o ilegales”.



Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo/Noroeste).– El Diputado federal independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, pidió a los ciudadanos que presionen a sus 500 compañeros legisladores a rechazar un bono navideño “secreto” de 360 mil pesos que se autoasignaron de forma discrecional y que recibirían antes del 15 de diciembre cuando inicie el receso de sesiones.

A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, el empresario sinaloense afirmó que los diputados son “insensibles” y que el bono en cuestión “es ilegal e inmoral”.

El Diputado independiente cuestionó el origen de los recursos utilizados para regalarse el bono pues no se sabe “a qué partida se los quitaron o si son legales o ilegales”.

El legislador recordó que el año pasado también se negó a recibir el bono de 150 mil pesos y que este año las asignaciones extras se elevaron a 360 mil pesos.

“Si no le ponemos un alto a esto, el año que entra estaremos transmitiendo otra vez y estarán queriéndose asignar un bono de 500 mil pesos, más lo que se acumule. En otras palabras, tenemos que aprovechar este momento para que la sociedad le ponga un alto a la este abuso, a esta autoasignación de recursos injustificada, excesiva y a todas luces ilegal”, alertó el legislador por Sinaloa.

Ante ello, llamó a la ciudadanía a exigirle a su diputado que decline del bono al que no “tienen derechos”.

¿Crisis? ¿Cuál crisis? Diputados se suben sueldo, prestaciones y se dan más “para operar y equipo”


El secretario General de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah Gebara, confirmó que cada uno de los 500 diputados recibiría aproximadamente 500 mil pesos pues justifica que se tratan de  asignaciones legales.

“Recibirán lo que les corresponde legalmente y a lo que tienen derecho, que es el aguinaldo y quizá, adicionalmente, con el objeto de apoyar sus gestiones y a su personal, como una medida de fin de año, recibirán 150 mil pesos por diputado, no más”, dijo en conferencia de prensa la semana pasada.

De acuerdo con el legislador priista este monto estará conformado por el aguinaldo que asciende a 140 mil pesos y se sumarían a los recursos para apoyar sus gestiones y a su personal: casi medio millón de pesos es lo que se llevarían.

“Recibirán este diciembre el mismo monto que reciben todos los meses, eso está en la página de la Cámara de Diputados (en Internet) y es absolutamente transparente”, comentó.

RENUNCIAN AL BONO

Entre los legisladores que renunciaron voluntariamente a su bono navideño se encuentran Clouthier Carrillo; el presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Gómez Bolaños, del Partido Acción Nacional (PAN), 36 diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); 23 del Movimiento Ciudadano (MC).


Además de Waldo Fernández González y Agustín Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes “lo donarán a la beneficencia”.

El año pasado, Clouthier Carillo también rechazó un bono navideño de 150 mil pesos.

En el país desigual, ciudadanos ganarán 7 pesos más y diputados se dan medio millón para Navidad

A su vez, el ex líder nacional del PAN, Espino Barrientos, llamó a los ciudadanos a presionar a los legisladores federales para que no reciban el recurso extraordinario ya que es ostentoso, ilegal e inmoral.

“Quisiera pedirles a todas y todos ustedes para que contribuyan para que en esta Cámara de Diputados del Congreso de todas y todos los mexicanos, no permitamos que los diputados reciban el bono escandaloso, ostentoso, ilegal e inmoral que pretende la mayoría de los legisladores recibir, cuando ya tienen su aguinaldo, su dieta, cuando tienen un ingreso mensual satisfactorio muy superior al que reciben la mayoría de los mexicanos, ayúdennos a exigirles a los diputados que no acepten ese bono ilegal e inmoral”, asentó.

Quien también se sumó a las críticas fue el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó que ni la Cámara de diputados y ni la de senadores  representan a la ciudadanía: anteponen sus privilegios e intereses personales, con lo cual obedecen y forman parte de la “mafia del poder”.

NI BONO INCENTIVA A DIPUTADOS A IR A TRABAJAR

El jueves, el ausentismo de diputados federales continuó en el salón de plenos de la Cámara de Diputados.

Los legisladores están a punto de recibir un bono secreto por el fin de año de 150 mil pesos, pero ni eso los incentivo a acudir de manera completa a la Cámara de Diputados.

Ayer jueves, muchos legisladores se ausentaron de la sesión que inició con 318 diputados, y a la mitad solamente llegaron 403 de los 500.

Y en Guanajuato, diputados no cantan mal las rancheras: cada uno se lleva 300 mil de aguinaldo


En este día, por algunos lapsos, el salón de plenos se notó sin muchos legisladores debido a que hubo pocas votaciones.

El jueves, la columna Bajo Reserva informó que pese a que se presentaron más de 47 iniciativas, el salón principal estaba prácticamente desierto.

El Universal también informó que el jueves pasado ocurrió lo mismo y solamente hubo 262 de 500 diputados en el Pleno. #BONO NAVIDEÑO

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE NOROESTE.


(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / DICIEMBRE 9, 2016 - 9:44 AM)

EL BAÑO DE SANGRE EN 10 AÑOS DEJA MÁS CONSUMIDORES DE DROGAS, MÁS CÁRTELES Y MÁS LÍDERES CRIMINALES


10 años de guerra | “Que la droga no llegue a sus hijos”, fue la promesa de Felipe Calderón hace diez años. Y, sin más, lanzó a más de cinco mil elementos contra el crimen organizado en el primer operativo en Michoacán (diciembre de 2006). La guerra comenzó. “El peor escenario posible” para México era que Estados Unidos transitara hacia la regularización (o legalización)  y aquí se endureciera la prohibición. Así está sucediendo. Sin resultados en seguridad ni en salud, esta lucha ha sido “una catástrofe” que ha puesto de manifiesto la corrupción, expusieron expertos. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 revela que alrededor de 1 millón 789 mil jóvenes mexicanos han consumido drogas, principalmente hombres que habitan en Quintana Roo y Estado de México. Su uso se ha duplicado de 1991 a 2014. ¿La legalización de la mariguana es el camino alternativo al baño de sangre? Se ha propuesto, pero los expertos creen que no es la solución debido a la debilidad de las instituciones mexicanas.

Calderón lanzó la guerra para legitimarse, y su personalidad lo llevó al punto de no retorno

QUINTA PARTE DE UNA SERIE

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– Felipe Calderón Hinojosa, ex Presidente de México, se equivocó. Su error, declarar la guerra al narcotráfico hace 10 años, ha inundado al país con la sangre de más de 186 mil muertos, de acuerdo con cifras oficiales, y la ausencia de más de 28 mil desaparecidos, y miles de desplazados. Su objetivo era proteger la salud y la tranquilidad de las comunidades bajo el lema “Que la droga no llegue a tus hijos”.

No fue ni es así, aseguraron especialistas.

Además de pasar de ser una nación de tránsito a una productora de drogas, en México su consumo “ha aumentado”, y junto con ello, la proporción de personas que se ven afectadas por el problema, ha reconocido la misma Encuesta Nacional de Consumo de Drogas de Estudiantes (ENCODE 2014) realizada y publicada por el Gobierno federal. El consumo de drogas entre jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato se duplicó en 23 años, al pasar de 8.2 por ciento en 1991 a 17.2 por ciento en 2014, documentó.

El combate, cara a cara contra la delincuencia, contrario a lo buscado, ha provocado que México sea visto “como un país inseguro” en vez de “vanguardista” ante los ojos del mundo; se han aprehendido capos, pero los cárteles se han fragmentado, y el consumo de drogas se ha incrementado en este país, han afirmado expertos consultados para la serie de SinEmbargo “Diez años de guerra en México”.

El cártel de Sinaloa –también con alta presencia en Estados Unidos y Asia– y el Cártel de Jalisco Nueva Generación son los más poderosos en el país. A raíz de ciertas detenciones de jefes de cárteles, estos se han dispersado en grupos más pequeños, pero numerosos.

Aunque un camino alterno es la legalización de su uso recreativo y medicinal, lo cual dejaría de criminalizar a sus consumidores, ¿las instituciones mexicanas están preparadas para ello?, cuestionaron. Además, añadieron, la mariguana sólo es una parte del negocio del crimen. La mayor parte de sus ganancias por exportación a Estados Unidos es de cocaína.

“El peor escenario posible para México era que Estados Unidos transitara hacia la legalización y México endureciera la prohibición. Eso es exactamente el escenario en el que estamos y eso hará que la mariguana mexicana que llegaba a Estados Unidos sea desplazada por la legal de ahí y entonces tenga que ubicarse en el mercado nacional. Vamos a tener aquí más mariguana y más barata. Pero además de eso, el mercado interno ilegal va a ser más peleado y crecerá más la violencia”, dijo en conferencia Alejandro Madrazo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“No hemos tenido una política de drogas; necesitamos una”.

El tamaño del fracaso: 186 mil muertos en una década de guerra en México, según datos oficiales


Para el especialista, se tendría que implementar una producción nacional, en vez de, por ejemplo, Monsanto, y se deberían crear instituciones para verificar los puntos de venta porque, dijo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Copefris) no está capacitada para ello. Sería un buen arranque, dijo, que el Estado compre toda la cosecha y distribuya a todos los puntos de venta.

Desde la década de los 90 la mariguana ha sido la droga ilegal más consumida en el país. En 23 años su uso subió de 1.54 por ciento a 10.6 por ciento, de la población de jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato.

La yerba llegó hace 500 años a la Nueva España con el propósito de incentivar la economía y durante la Conquista, los indígenas le encontraron cualidades recreativas y propiedades medicinales. Pero fue marginada por afectar diversos intereses (fabricación de papel y textiles naturales), documenta el libro República Pacheca del periodista Enrique Feliciano.

La creciente disponibilidad de cocaína ha provocado también un incremento importante en su consumo. Cuando se dio un cambio en las rutas de tránsito de esta droga proveniente de la región andina hacia Estados Unidos, dejó de pasar principalmente por el Caribe y se usaron las rutas de México que ya operaban para el trasiego de heroína, destacó el documento de la ENCODE. Las encuestas de escuelas han documentado también la emergencia del ‘crack’ (un derivado de la cocaína) y de las metanfetaminas.

La Secretaría de Salud, desde 1998, detectó el surgimiento de sustancias previamente no utilizadas con fines de intoxicación, como ciertos medicamentos (el Refractyl Ofteno y el Flunitracepam cuyo nombre comercial es Rohypnol) y, al igual que en otros países, aparecieron las anfetaminas (éxtasis o cristal). El uso de la heroína, si bien es poco prevalente a nivel nacional, se ha ido incrementando en ciudades de la frontera norte.

¿QUIÉNES LAS ESTÁN CONSUMIENDO?

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES POR COMUNIDAD Y NIVEL ESCOLAR


Alguna Vez             Secundaria Urbana %        Secundaria Rural %           Bachillerato Urbana %                Bachillerato Rural %
Cualquier Droga               13.2                                 9.6                                          25.4                                           19.3
Drogas Médicas                4.9                                   3.8                                            7.6                                             5.5
Drogas Ilegales               10.8                                   7.3                                           22.2                                          16.5
Anfetaminas                     2.2                                    1.9                                             3.3                                            2.4
Tranquilizantes                3.2                                    2.2                                             5.1                                             3.5
Mariguana                       6.7                                    3.9                                            18.5                                           11.8
Cocaína                                                                      2.5                                             1.7                                             5.0
Crack                                1.4                                     0 .9                                           2.3                                              1.7
Alucinógenos                   1.2                                     1.0                                            3.3                                               1.7
Inhalables                        5.7                                     3.5                                           6.9                                                5.9
Metanfetaminas             1.4                                       1.1                                           3.1                                                 2.5
Heroína                           0.9                                      0 .9                                          0 .8                                                0 .8

Fuente: ENCODE


La ENCODE 2014 revela que alrededor de 1 millón 789 mil jóvenes mexicanos de primaria, secundaria y bachillerato han consumido drogas. El 17.2 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato ha consumido alguna vez alguna de esas sustancias. De cada 10 usuarios, siete son usuarios experimentales, es decir, consumieron sustancias entre una y cinco veces.

El consumo sigue siendo más frecuente en los hombres, aunque la distancia se ha reducido: por cada seis consumidoras, hay siete hombres que lo reportan. Además, si bien el mayor índice de consumo se observa en los estudiantes de mayor edad, también, aunque menor, lo hay en estudiantes de primaria: 3 de cada 4 niños que las han probado son experimentadores.

Respecto a la zona, los alumnos cuando pasan de secundaria a bachillerato, tanto en la comunidad rural como la urbana, registran un mayor consumo, el cual es ligeramente más pronunciado en las escuelas ubicadas en ciudades.

A nivel estatal, el consumo de cualquier droga de alumnos de secundaria o bachillerato se concentra en la Ciudad de México (25 por ciento), Quintana Roo (22 por ciento, sobre todo en Playa del Carmen), Estado de México (21.1 por ciento, sobre todo en Ecatepec), Jalisco (20.1 por ciento, principalmente en Guadalajara) y Chihuahua (19.8 por ciento, sobre todo Ciudad Juárez).

En el caso de los niños de primaria, se detectó mayor uso en  San Luis Potosí (5.1 por ciento), en Michoacán (5.3 por ciento, sobre todo en Apatzingán), en Campeche (5 por ciento) y en Quintana Roo (5.9 por ciento, principalmente en Ciudad del Carmen).

“UNA GUERRA CONTRA LA PROPIA POBLACIÓN”



Un militar y un policía afuera de una casa en Ciudad Juárez. Foto: Cuartoscuro.

El 11 de diciembre del 2006, el Gabinete de Seguridad, por orden de Felipe Calderón, inició la “Operación Conjunta Michoacán”, estado donde nació el ex mandatario panista, con un despliegue de más de cinco mil efectivos. En ese operativo comenzaron “actividades de erradicación de plantíos ilícitos, establecimiento de puestos de control para acotar el tráfico de enervantes en carreteras y caminos secundarios, ejecución de cateos y de órdenes de aprehensión, así como ubicación y desmantelamiento de puntos de venta de drogas”.

“La batalla contra el crimen organizado apenas comienza y será una lucha que nos llevará tiempo”, alertó hace una década el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.

No obstante, en el discurso en el que el gobierno declaró la guerra, no se abordaron las consecuencias de sacar el ejército a las calles.

“El saldo final de esta guerra no es precisamente el mejor resultado. Tiene otros efectos colaterales: la inseguridad y ha manifestado la corrupción que ya estaba”, dijo el rector de la UNAM Enrique Graue. “No es posible que sigamos viendo a los consumidores como criminales y sigamos persiguiendo a los campesinos que no son culpables de la pobreza en la que viven”, declaró durante la conferencia “Hacia una mejor política de drogas: lecciones de una experiencia práctica”.

El abogado del CIDE, Alejandro Madrazo, destacó la necesidad de pasar a un mercado regulado.

“Estamos en medio de una guerra contra nuestra propia población que está saliendo muy mal y que nos está costando muy caro. Una medida necesaria para poder revertir la crisis institucional y la violencia es pasar a mercados regulados de drogas. Nuestra capacidad de perseguir, prevenir y castigar delitos nunca va a ser suficiente mientras desperdiciemos recursos en meter a la cárcel a poseedores de mariguana”.

El individuo típico que es encarcelado, enfatizó, es un poseedor de mariguana con valor menor a 500 pesos. De los 44 mil presos federales sentenciados que había en 2012, más de 10 mil estaban solo por mariguana, documentó.

“Todos los indicios, todos los datos nos hablan de la catástrofe que ha sido la guerra contra las drogas. No nos ha dado resultados en materia de salud ni de seguridad. Tenemos una peor situación de salud y una mucho peor situación de seguridad en nuestro país hoy que hace diez años cuando nos lanzamos sin un diagnóstico claro y sin objetivos explícitos a una guerra que no tiene sentido”, remató el especialista.

LEGALIZACIÓN VS. DEBILIDAD DE INSTITUCIONES



Foto: Cuartoscuro. Una mujer fumando mariguana. Foto: Cuartoscuro.

El incremento de consumo de drogas en México es un hecho, así como sus afectaciones a la salud. Sin embargo no ha funcionado la estrategia del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, continuada por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Algunos países, incluyendo Estados Unidos, están experimentando modelos de regularización de las drogas. En México es una posibilidad que se está debatiendo, pero ¿la “debilidad” de las instituciones mexicanas harían viable esa alternativa?, cuestionó Luis Astorga Almanza, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Durante la conferencia magistral “Hacia una mejor política de drogas: lecciones de una experiencia práctica”, Andrew Freedman, director de la Coordinación de Mariguana del estado de Colorado –donde la mariguana se consume legalmente de forma recreativa desde 2013–, destacó que se quitaron “la vieja mentalidad” e implementaron políticas que “están funcionando”.

En Colorado, a tres años de la legalización de uso recreativo, se cuenta con una industria “más o menos reglamentada” y el consumo no ha cambiado. Tampoco se ha visto que las muertes en carreteras hayan aumentado por esa causa; en general, se han mantenido igual.

Aunque el producto se entrega en un paquete que no puede abrir un niño, se han registrado casos de consumo en menores de nueve años, y alrededor de 15 a 25 hospitalizaciones al año porque la ingirieron al confundirla con un dulce, reconoció Freedman.

El 8 de noviembre, los ciudadanos de California –el estado más poblado de EU– y Massachusetts aprobaron medidas que aprueban el consumo recreativo de mariguana. Los otros estados que ya lo permiten son Alaska, Colorado, Oregon, el estado de Washington y el Distrito de Columbia, que tienen unos 18 millones de habitantes, o el 5.6 por ciento de la población, de acuerdo con la agencia Associated Press.

California fue el primer estado en aprobar el uso de la mariguana con fines medicinales hace dos décadas.

De acuerdo con las iniciativas, el consumo de mariguana sería restringido a personas de al menos 21 años de edad y quedaría prohibido fumarla en la mayoría de los espacios públicos. Además, la yerba quedaría sujeta a estrictas normativas, se impondrían altos impuestos a su venta y algunos estados permitirían cultivarla a los usuarios.

Hay sectores en Estados Unidos que se han quejado de que la legalización pondría en peligro a los niños y abriría la puerta a la creación de otra industria enorme, como la del tabaco, que estaría dedicada a vender a los estadounidenses una droga perjudicial para la salud.

Sin embargo, aterrizado en México, Luis Astorga, sociólogo y autor de El siglo de las drogas, cuestionó cómo aplicar el modelo de Colorado “en un país con instituciones sumamente débiles”.

“En México una de las preocupaciones de ciertos sectores es que el tipo de organizaciones criminales y el tipo de instituciones que tenemos son algunos de los aspectos que hacen dudar de la posibilidad de implementar el modelo. El crimen es bastante fuerte con una diversificación de las drogas que negocian. El mercado de la mariguana no es el principal. La mayor parte de sus ganancias por exportación a Estados Unidos son de cocaína”, expuso.

Por lo tanto, aunque “la clase política pusilánime” decida promover una ley para legalizar la mariguana en México, las ganancias por ese tipo de mercancía bajarían, pero seguirían las de la cocaína, heroína y metafetamina.

“Pensar que legalizando la mariguana se da un golpe fuerte a las organizaciones criminales mexicanas, sabiendo cómo están estructuradas, no es realista. Pero es más realista pensar en las personas que potencialmente no irían a la cárcel por el consumo o posesión simple de cierta cantidad de mariguana”, finalizó.

Diez años de guerra contra las drogas: Civiles se organizan para responder al fracaso del Estado




(SIN EMBARGO.MX/ DULCE OLVERA /DICIEMBRE 9, 2016 - 12:05 AM)

PARLAMENTO DE COREA DEL SUR INICIA JUICIO POLÍTICO A LA PRESIDENTA PARK GEUN-HYE


El Parlamento de Corea del Sur votó este viernes, con más de dos tercios de los votos, a favor someter a la presidenta del país, Park Geun-hye, a un “impeachment” o juicio político por un escándalo de corrupción, con lo que suspendió sus poderes.

La moción salió adelante con el voto a favor de 234 legisladores -incluyendo algunos del partido gobernante Saenuri, que votaron en contra de la mandataria-, por encima de los 200 que eran necesarios para abrir formalmente el proceso, según la agencia de noticias local Yonhap.

El “sí” al proceso de destitución ganó con 234 papeletas a favor, 56 en contra, 7 votos nulos y 2 abstenciones, poco más de una hora después de comenzar la sesión en la que votaron 299 de los 300 representantes de la cámara baja.

La aprobación del texto implica que el primer ministro, Hwang Kyo Ahn, pasa a asumir la Presidencia en funciones. Además, el Tribunal Constitucional tiene ahora seis meses para revisar la legalidad del “impeachment”.

Hwang, un antiguo fiscal, nunca ha sido elegido en las urnas, pero deberá afrontar desafíos como el programa militar norcoreano, la presión china contra el escudo antimisiles estadounidense THAAD que Corea del Sur tiene previsto desplegar en su territorio o el auge mundial del proteccionismo.

La presidenta presuntamente era influida en asuntos oficiales por una amiga ajena a su administración, de nombre Choi Soon Sil, y ya imputada por tráfico de influencias.

Soon Sil obtuvo cerca de 70 millones de dólares en “donaciones” de algunas de los principales conglomerados del país.

Aunque ese dinero tenía en teoría como destino dos fundaciones sin ánimo de lucro que ella dirigía, Choi está acusada de haberse quedado una parte.

En una declaración inmediata después de la votación, Park pidió disculpas por haber “creado este caos nacional con mis descuidos”, pero no reconoció haber cometido falta alguna.

Durante los últimos fines de semana, desde hace dos meses, los ciudadanos se han lanzado a las calles en manifestaciones masivas para exigir la marcha de la jefa de Estado.

El pasado sábado en Seúl, según los organizadores, participaron en la concentración 1,7 millones de personas, que llegaron hasta pocos metros de la Casa Azul, la residencia presidencial.



(SEMANARIO ZETA/ / CARLOS ÁLVAREZ/VIERNES, 9 DICIEMBRE, 2016 07:11 AM)

PLAGIAN Y CALCINAN A 4 AGENTES DE LA PGR EN ZIHUATANEJO

Cuatro agentes ministeriales federales de la Procuraduría General de la República (PGR), que fueron privados de su libertad por un grupo de hombres armados, fueron hallados este jueves, calcinados al interior de un vehículo, en Zihuatanejo, Guerrero.

Este mismo día, un grupo de individuos incendió una camioneta con varios cadáveres en la Colonia Esperanza, a cien metros de las instalaciones de la Policía Federal División de Caminos, en Zihuatanejo, de acuerdo con autoridades del Estado.

Xavier Olea Peláez, Fiscal General del Estado (FGE), confirmó al diario Reforma, que informó del hecho, la calcinación de los cuatro agentes federales.

Además, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, detalló que tres de los agentes se encontraban al interior del vehículo, mientras que el cuarto estaba tirado en el pavimento.

Álvarez Heredia agregó que desde la mañana de hoy se supo que un grupo de la delincuencia organizada había privado de su libertad a los federales.

Cerca del lugar del plagio fue hallada una cartulina verde fosforescente con un mensaje: “Esto me pasó por apoyar a la guardia guerrerense, att S. n. g.”, indicaba.


(SEMANARIO ZETA/ /BOLETÍN / CARLOS ÁLVAREZ/ JUEVES, 8 DICIEMBRE, 2016 08:07 PM) 

jueves, 8 de diciembre de 2016

LA NARCOGUERRA SE ENSAÑÓ CON LAS MUJERES: THE GUARDIAN; 20 MIL SON ASESINADAS EN 9 AÑOS, AFIRMA


En 2011, en tres días, 50 mujeres desaparecieron en Veracruz. Una situación posible por la violencia que asedia a la entidad y al país tras haberse desatado una guerra intestina entre el Gobierno mexicano y el crimen organizado, misma que desde 2007 y hasta 2015 habría cobrado la vida de cerca de 20 mil mujeres a nivel nacional. Víctimas que se inscriben dentro de las cerca de 200 mil personas que han sido asesinadas y de las 28 mil que han desaparecido en México por la misma causa. A esta situación de violencia se suma la “epidemia de tortura” que Amnistía Internacional reconoce en el territorio mexicano, en donde las mujeres sufren de violaciones a sus derechos por parte de las fuerzas de seguridad que debieran protegerlas como debieran proteger a la población. Una crisis alimentada por los vínculos existentes entre la delincuencia y la clase política, donde la indiferencia como la impunidad engendran el crimen.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Los diez años de la guerra contra las drogas en México colocó a las mujeres en el centro de la violencia en  todo el país, especialmente en Veracruz, un estado convulsionado por la violencia y la volatilidad política. En tan sólo tres noches al menos 50 mujeres desaparecieron en Xalapa en 2011, pero hay más historias que se cuentan por miles, refiere una publicación del diario The Guardian.

Su paradero es desconocido, y de acuerdo con el periódico inglés, “se cree que fueron forzadas a desaparecer porque sabían demasiado acerca de las relaciones corruptas entre políticos mexicanos y capos [del crimen organizado]”.

Lizbeth Amores dejó una noche a su hijo en casa de su madre para después dirigirse a una fiesta junto con su amiga Berenice Guevara, recuerda el medio británico. Se les vio por última vez en un bar local de Xalapa, estaban con integrantes del crimen organizado.

María de Jesús Marthen desapareció una noche después. Ella se encontraba entre la lista de mujeres invitadas a una fiesta privada que sería celebrada en un rancho ubicado a una hora y al este de la capital veracruzana. Lo último que se oyó de ella fue un mensaje dirigido a su novio a quien pedía ayuda.

Karla Saldaña y su amiga Luisa Quintana salieron a comprar tacos durante la noche siguiente a la desaparición de Marthen. Se les vio subir a un vehículo desconocido y desaparecieron sin dejar rastro.

Así como estas cuatro mujeres, más de 50 desaparecieron en un lapso de tres noches durante el mes de noviembre. Corría el año 2011.

La principal causa de muerte en mujeres de 15 a 29, es el homicidio. De hecho, al día matan a 7: INEGI



La mayor parte de las jóvenes provenían de familias modestas y estaban en sus veintes. Muchas de ellas eran madres solteras, algunas eran estudiantes, aspirantes a reinas de belleza y otras, inclusive, se desempeñaban como prostitutas.

Sin embargo, The Guardian señala que los documentos oficiales de la investigación arrojan que muchas de las mujeres desaparecidas -durante el periodo de tiempo mencionado- trabajaban como acompañantes o “escorts” de clase alta, o bien, como anfitrionas contratadas para eventos políticos -además de fiestas exclusivas a las que asistían tanto figuras políticas como líderes de Los Zetas-.

De ahí la hipótesis: sabían demasiado. Eran cabos sueltos que debían ser atados y debían desaparecer.

“En este clima de impunidad y corrupción -en donde las políticas de seguridad están determinadas por vínculos entre redes criminales, partidos políticos e intereses comerciales- las oportunidades de hacer de las mujeres y niñas un blanco están íntimamente conectadas con el conocimiento de que nadie hará nada serio para protegerlas”, mencionó Rupert Knox, quien hasta 2015 fungiera como jefe de investigación en México de Amnistía Internacional.

Según las cifras oficiales, en México, cerca de 7 mil mujeres y niñas han desaparecido desde 2007. Los registros gubernamentales sobre desaparecidos incluyen a 164 mujeres veracruzanas, aunque de acuerdo con The Guardian, un observatorio local indica que en los últimos tres años hay cerca de 500 casos documentados de mujeres desaparecidas.

El medio británico también refiere que entre 2007 y 2015 cerca de 20 mil mujeres fueron asesinadas en territorio nacional -un incremento del 49 por ciento en comparación con una década antes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)-. En Veracruz, sólo este año, 169 mujeres perdieron la vida.


Los asesinatos de mujeres en México y el “horror” de los feminicidios comenzó en Juárez, refiere Mariana Berlanga, experta en violencia de género en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). “Pero no lo tratamos y la impunidad tiene consecuencias. Ahora todo el mundo es vulnerable. Todo el país se ha convertido en Juárez”, explica.

Los femicidios de Juárez, muy probablemente vinculados a círculos de tráfico de personas, provocaron la condena internacional y múltiples investigaciones. Una situación de delitos que relaciona a bandas criminales, funcionarios corruptos y a las mismas fuerzas de seguridad desplegadas para acabar con las actividades criminales de los cárteles de la droga.

LA GUERRA INTESTINA

El tamaño del fracaso: 186 mil muertos en una década de guerra en México, según datos oficiales



Esta semana se cumplieron 10 años de comenzada la guerra en contra del crimen organizado que inició durante el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Desde entonces la afrenta ha subido de tono y la violencia se ha extendido en el territorio mexicano.

Desde entonces más de una centena de los traficantes de drogas más buscados en México han sido capturados o abatidos. Se han gastado billones de dólares, y sin embargo, la campaña no ha logrado acabar con el tráfico de drogas ni ha logrado que la Ley sea aplicada.

Además, el costo de vidas humanas ha sido enorme: alrededor de 200 mil personas han sido asesinadas y al menos 28 mil han desaparecido desde 2007.

La mayor parte de las víctimas han sido los hombres, pero al igual que ellos, las mujeres han sido víctimas de tortura, tráfico de blancas y de una brutalidad soslayada por la impunidad. Y en medio de ese clima, no sólo se escucha hablar de violaciones a los derechos por parte del crimen organizado, sino también de las fuerzas de seguridad y las autoridades.

En México, la trata de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo: CNDH




La desaparición y probable asesinato de 50 mujeres en la capital de Veracruz, en 2011, sucedió en uno de los episodios de esta guerra intestina, en un momento en que Los Zetas estaban perdiendo fuerza en el territorio que habían controlado por varios años.

Este cártel fue fundado por desertores, ex militares y fuerzas especiales del Ejército mexicano entre 2004 y 2010 -durante el periodo de gobierno del ex Gobernador de Veracruz Fidel Herrera-, cuando se realizaban en la entidad operaciones dedicadas a debilitar y a acabar con el Cártel del Golfo.

The Guardian menciona que en 2011, el sucesor de Herrera, el Gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa, “optó por grabar su propio camino en lugar de honrar los pactos políticos existentes. La violencia se alzó a lo largo del estado; las disputas con arma de fuego se convirtieron en un lugar común, y los cuerpos desmembrados eran tirados en las calles de Xalapa”.

Veracruz es una ruta de tráfico y contrabando para el crimen organizado por sus vastos puertos y por su ubicación y geografía -que la hacen una zona estratégica-. Ahí el poder político ha dependido, desde hace mucho tiempo, de los negocios que florecen con los terratenientes y líderes del crimen organizado.

Como respuesta a la alza de la violencia, poco después de iniciado su mandato, Duarte pidió ayuda a la federación.

“La Marina recibió la orden de limpiar el estado, de arrestar o matar a todos [aquellos] de quienes sospechara que estuvieran trabajando con Los Zetas, rápido, antes de que los medios de comunicación, los derechos humanos y organizaciones internacionales interfirieran”, dijo a The Guardian un fiscal que pidió permanecer en el anonimato por cuestiones de seguridad.

La violencia en Veracruz fue decayendo conforme los líderes Zeta fueron arrestados y abatidos, aunque los que sobrevivieron a los operativos se reorganizaron, desertaron a otros grupos o iniciaron otras organizaciones criminales.

Así el tiro salió por la culata, pues con el afloramiento de varias células criminales, la delincuencia resurgió en la entidad: tráfico de drogas, extorsiones, homicidios, secuestros, en fin, una pandemia de violencia.

En ese sentido, Estela Casados, antropóloga social de la Universidad de Veracruz y encargada del observatorio local de violencia de género, comentó al medio británico que “la guerra contra las drogas es una simulación que ignora las profundas conexiones y acuerdos entre el crimen organizado y el Estado mexicano. La manera en que las mujeres son asesinadas sirve como termómetro para [medir] la violencia y la impunidad”.

Cierto, la violencia y el crimen están vinculados. El Gobernador Javier Duarte es hoy un prófugo de la Ley acusado por la Fiscalía de Veracruz “por los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Peculado e Incumplimiento del Deber Legal”.

En México, concluye The Guardian, “la guerra en contra de las drogas ha puesto en manifiesto los grotescos espectáculos públicos de violencia”. Y en Veracruz, “la desaparición de cientos de víctimas no ha logrado obtener una respuesta comparable. La indiferencia, como la impunidad, engendran el crimen”.

DEFENDER, PROTEGER… Y VIOLAR DERECHOS


De 2010 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido cerca de 7 mil quejas por casos de tortura por parte de fuerzas de seguridad. Foto: Félix Márquez, Cuartoscuro.

Las fuerzas de seguridad mexicanas han sido acusadas en varias ocasiones de cometer los mismos crímenes que se suponía evitarían.

En medio de los atropellos, decenas de mujeres inocentes han sido detenidas ilegalmente y torturadas con el fin de obtener confesiones y aumentar las tasas de acusación.

Según las Naciones Unidas, las fuerzas estatales, locales y federales han cometido torturas y abusos.

En agosto de 2011, Carolina Rosales, una asistente de enfermería de 24 años de edad, fue detenida en Poza Rica, Veracruz, durante un operativo militar para detener a un secuestrador de Los Zetas con quien ella había salido por un par de semanas. Durante cuatro días permaneció en una base militar con los ojos vendados; fue golpeada y sexualmente torturada.

“Un hombre con ropa normal vino diciendo que él era del departamento de derechos humanos y que fotografiaría mis heridas en el baño. Me violó”, dijo Rosales a The Guardian durante una entrevista en una prisión de la Ciudad de México. Durante el ataque, relata la joven, un marino uniformado entró en el baño. “Se ofreció a ayudar. Él también me violó”.

Rosales fue detenida durante varias semanas, y antes de tener acceso a un abogado, fue acusada como cómplice del muchacho con quien salió brevemente.

Cuando le dijo a los médicos de la cárcel que había sido violada por elementos de las fuerzas armadas, ellos le prescribieron un poderoso cóctel de medicamentos psicotrópicos que le causaron adicción.

En 2013, los médicos la diagnosticaron con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), mismo que contrajo durante una de las violaciones de las que fue víctima.

Un año después, Rosales fue sentenciada a 39 años de prisión a pesar de que un informe de un experto había confirmado que ella fue torturada y abandonada con enfermedades crónicas físicas y mentales. Cuando apeló, la sentencia fue aumentada a 51 años.

Rosales ha visto a su hijo, de ocho años de edad, sólo cinco veces en los últimos cinco años.

Tras ser arrestada, Rosales comentó a The Guardian que un marino le dijo que trabajaba para el Cártel del Golfo. “Entonces no podía creerlo, pero ahora lo hago. Las fuerzas armadas son sólo criminales con uniformes”, comentó.
Así como la joven quien hoy cumple casi 30 años de edad, existen decenas de casos que año con año permanecen en la impunidad.

Durante una entrevista realizada por Amnistía Internacional (AI) en México a 100 mujeres que fueron arrestadas en el país, todas las mujeres cuestionadas admitieron haber sido víctimas de algún tipo de violación, sea verbal o física: el 97 por ciento aseguró haber sufrido violencia física; el 72 por ciento violencia sexual; y el 33 por ciento admitió que sufrió de violación.

En entrevista con Efe, Madeleine Penman, autora del informe, explicó que desde 1991 sólo 15 casos de denuncia de tortura han terminado en sentencias condenatorias a nivel federal.

Asimismo, la agencia de información refiere que sólo ante la Procuraduría General de la República (PGR) se interpusieron durante 2014 unas 2 mil 403 denuncias por este delito. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su parte, ha recibido unas 7 mil quejas por el mismo asunto desde 2010.

Para AI, la violencia sexual en los arrestos a mujeres por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas es “una práctica rutinaria”, pero “hay un casi nulo castigo” para estos crímenes. Por ello, en su informe calificó la situación que se vive en México como una “epidemia de tortura”.

Así la impunidad: 4,055 denuncias de tortura de 2006 a 2014, sólo 13 policías o militares sentenciados




(SIN EMBARGO.MX/ REDACCIÓN / DICIEMBRE 8, 2016 - 2:02 PM)

BUSCAN COMUNIDADES INDÍGENAS SENTAR JURISPRUDENCIA CONTRA MEGAPROYECTOS


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hasta el pasado 25 de mayo, los pobladores de la comunidad me’phaa de San Miguel del Progreso, en la región de la Montaña Alta de Guerrero, confiaban en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminara si la Ley Minera violaba la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos indígenas.

Pero la Secretaría de Economía (SE), a cargo de Ildefonso Guajardo Villarreal, logró anular la revisión de esa ley, con base en la cual esta dependencia otorgó 25 mil 425 títulos de concesiones –vigentes en junio de 2016, según el IV Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto–, que amparan 22.3 millones de hectáreas.

En 2010, mediante una solicitud de información, los pobladores de la región se percataron de que la SE había concesionado 80% de su territorio a las empresas mineras Zalamera y Hoschild, sin consultarles ni avisarles. Tras una batalla judicial de varios años, un juez federal suspendió las concesiones.

En febrero de 2015 la SCJN atrajo el caso del amparo en revisión 393/2015. En ese recurso los pobladores aseveraban que ciertos artículos de la Ley Minera violan los derechos a los pueblos indígenas plasmados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que, por extensión son inconstitucionales.

Las empresas mineras se desistieron de las concesiones. Y la SE puso en jaque a la SCJN: argumentó que con la cancelación de las concesiones desapareció el “acto reclamado” –el fondo del juicio–, por lo que la Corte tuvo que sobreseer el amparo.

Según Armando Campos Ochoa, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que apoyó a la comunidad me’phaa–, “hubo una maniobra entre la SE y las concesionarias” para evitar la revisión constitucional de la Ley Minera.

Ésta, añade, podía generar modificaciones de fondo en el otorgamiento de concesiones e implicar “jurisprudencia para todas las luchas contra los megaproyectos”. Además, la revisión ponía temas centrales en la mesa: la definición de “tierra”, “territorio” y “pueblo” indígenas y la consulta.

“¿Qué implica en términos de costos políticos y económicos el cancelar y suspender dos concesiones mineras en lugar de 26 mil?”, plantea en entrevista con Apro. Sin embargo, el amparo constituyó un precedente y Campos espera que ese recurso “trazó el camino para otras comunidades indígenas en sus luchas”.

EL “RESURGIMIENTO” DEL 169

Este martes 6, la SCJN se convirtió en la sede de un coloquio sobre la defensa del territorio indígena, en el que representantes de comunidades en resistencia, magistrados y abogados revisaron las herramientas jurídicas de las que disponen los pueblos originarios para reivindicar –y conseguir– el respecto de sus derechos en sus territorios ancestrales.

De acuerdo con Elia Avendaño Villafuerte, asesora en la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN, la lucha por los derechos indígenas avanzó a grandes pasos en los últimos cinco años gracias al “resurgimiento del Convenio 169 de la OIT”.

El Convenio 169 plantea, entre otros, la obligación de consultar a las comunidades indígenas antes de realizar cualquier asunto que afecte su territorio. Esta consulta debe ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

Avendaño explica a Apro que, a raíz de la reforma constitucional de 2011, el primer artículo de la Constitución elevó a rango constitucional los convenios internacionales que firmó México. En otros palabras, el Convenio 169 de la OIT se convirtió en uno de los más poderosos instrumentos legales, 21 años después de su aprobación por el Senado mexicano.

“Antes, la Constitución estaba por encima (del Convenio), y ahora están a la par”, abunda, al explicar que “a partir de 2011 tenemos más resoluciones sobre derechos indígenas, y en la SCJN hemos encontrado 370 sentencias que se refieren a ellos.

“Los derechos indígenas empiezan a tener una difusión un poco mayor, y la gente se organiza más: se da cuenta que el Convenio 169 los protege”, aseveró Alma Verónica Chacón Márquez, integrante de la Consultoría Técnica Comunitaria, una organización que apoya a los pueblos de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en la reivindicación de sus derechos.

Y, según Francisco López Bárcenas, titular de la Coordinación Nacional de Antropología en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “el conflicto apenas comienza”.

Detalla, en entrevista con Apro: “El modelo de desarrollo económico del país, que se basa básicamente en grandes obras e infraestructuras, está afectando a los pueblos indígenas. Todo apunta a que los recursos naturales son ahora el centro de la apropiación. Y éstos están en los pueblos indígenas”, un diagnóstico similar al que expuso la organización Oxfam en un informe reciente.

“Se trata de buscar respuestas jurídicas, lo que pasa es que muchos pueblos indígenas no están yendo a los tribunales, han visto que las sentencias no se cumplen, que ganan pero que no pasa nada”, añade el antropólogo.

Según Karla Quintana Osuna, secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz y exlitigante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los logros de los derechos indígenas se conquistan amparo tras amparo. “No se puede avanzar en los tribunales si no es por ustedes”, exhortó.

También recordó que, según la CIDH, no importa que un terrateniente posea documentos que demuestren la propiedad privada de un lote: si éste forma parte del territorio ancestral de una comunidad indígena, es obligatorio devolvérselo, afirmó.

Asimismo, subrayó que en muchas ocasiones las autoridades y las empresas retan el carácter indígena de las comunidades que exigen sus derechos sobre el territorio ancestral, lo cual es ilegal, pues el Convenio 169 plantea la “autoadscripción”, según la cual una persona es indígena a partir del momento en que se reivindica como tal.

Uno de los reclamos de las comunidades indígenas, entre ellas las que habitan la Sierra Tarahumara, es que las distintas reformas agrarias que se llevaron a cabo en México en el siglo XX no tomaron en cuenta el carácter indígena del territorio y despojaron a comunidades enteras de sus tierras.

Quintana planteó ciertos obstáculos para el pleno respecto a los derechos indígenas. Los términos de la consulta, por ejemplo, levantan ciertas preguntas: “¿A quién consultar? ¿Qué se consulta? ¿En qué forma?”

Y subrayó la emergencia de un fenómeno reciente, que desafiaría el sistema judicial: crecen los casos de comunidades campesinas no indígenas que invocan la falta de consulta ante los tribunales para cancelar los megaproyectos que los afectan.

Magdalena Gómez Rivera, abogada y fundadora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), aseveró que el tema de fondo de los derechos indígenas va más allá del debate jurídico y se ancla en el racismo: “Que en un primer tiempo dejen de hablar de un ‘problema indígena’”, exhortó.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ MATHIEU TOURLIERE/ 7 DICIEMBRE, 2016)

EL “GALLERO ASESINO” OFRECE 10 MDP A QUIEN LO SAQUE DE LA CÁRCEL


Letra Roja | Puebla.- El empresario y gallero Jorge Aduna Villacencio, quien mandó a ejecutar con saña a seis personas que entraron a asaltar a su mansión, ofrece una recompensa de 10 millones de pesos al abogado que sea capaz de sacarlo de la cárcel.

Aduna Villavicencio está en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, desde febrero pasado acusado de secuestro agravado de seis vecinos de Lomas de San Miguel.

De acuerdo con fuentes al interior del centro penitenciario que solicitaron el anonimato, el detenido ofrece la exorbitante suma a cualquier abogado que le garantice la libertad, pero al momento ninguno de los amparos que ha interpuesto ha tenido éxito.

Según las mismas fuentes, el juez cuarto de lo penal, que está a cargo del caso con base en las reglas del anterior sistema de justicia penal, se ha mostrado indiferente ante los cambios en la defensa del empresario y los amparos promovidos, así como a la rotación del agente del
Ministerio Público que actúa como parte acusadora, pues en menos de un año se han hecho tres cambios.

Se dice que el gallero goza de dos habitaciones en el área de visita íntima por las que paga un alquiler a fin de que pueda permanecer ahí, lejos del resto de la población penitenciaria y otro tipo de privilegios en la cárcel. .

“A él casi no se le ve, incluso no se le nombra, los internos ya saben que con el señor mejor no meterse. Tiene sus dos suites y pues ahí se la vive, paga su alquiler para quedarse en visita íntima y presume que él puede pagar los millones para el que lo saque”, señaló la fuente.

Cabe recordar que fue en marzo cuando se encontró culpable a este poderoso gallero, en el estado de Puebla y Tlaxcala, de secuestro y homicidio múltiple, ya que mandó matar a seis delincuentes que entraron a su casa, amagaron a su familia y robaron.

Ante el crimen cometido en su contra, contrató a un sicario de Tamaulipas, quien, con métodos usados por “Los Zetas”, secuestró, descuartizó y calcinó a los hombres.


(ZOCALO/ AGENCIAS/ 08/12/2016 - 05:45 PM)