miércoles, 13 de diciembre de 2017

FINANCIERO ELECTORAL DE ODEBRECHT OPERÓ EN MÉXICO


Operador financiero de elecciones presidenciales en Latinoamérica fue quien depositó 3.1 mdd a cuenta ligada a Lozoya en días de la campaña de Peña Nieto; en años anteriores, que coinciden también con comicios, transfirió otros 6 mdd.

Olivio Rodrigues Júnior, experto en lavar dinero de Odebrecht para financiar campañas electorales, fue el responsable de transferir 3.1 millones de dólares entre abril y junio de 2012 a una cuenta ligada a Emilio Lozoya, coordinador de vinculación internacional del entonces candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.

El mismo personaje transfirió otros 951 mil dólares a una segunda empresa -también ligada a Lozoya- en tres depósitos realizados en noviembre de 2012, días antes de que Peña Nieto asumiera la Presidencia de México.

Además, en años anteriores, que coincidieron también con comicios locales y federales, dos empresas offshore de Olivio habían transferido otros seis millones de dólares a una compañía fachada en Veracruz.

En las órdenes de depósito realizadas en bancos de Suiza y Liechtenstein –reveladas por la organización El Quinto Elemento- aparece el código “Gigolino” como el personaje responsable de ordenar los pagos a las empresas offshore Zecapan SA y Latin America Asia Capital Holding Ltd., que han sido vinculadas por ex directivos de Odebrecht con Lozoya.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso a un expediente del Ministerio Público Federal de Brasil, en el que se revela que el código “Gigolino” corresponde a Olivio Rodrigues Júnior, el principal operador de Odebrecht en el extranjero, responsable de lavar dinero y transferir sobornos a políticos de toda Latinoamérica a través de 20 empresas offshore o ‘de papel’, afincadas en paraísos fiscales. Una de sus tareas era destinar fondos para fines electorales.

El caso más emblemático en el que estuvo involucrado fueron las transferencias millonarias al publicista Joao Santana, conocido como el “Creador de Presidentes”, quien encabezó con éxito las campañas de seis mandatarios en Brasil, Venezuela, El Salvador, República Dominicana y Panamá.

Joao Santana y su esposa Mónica Moura recibían los depósitos ilegales de Odebrecht a través de empresas offshore que controlaba Gigolino para encubrir así que el dinero era en pago a asesoría electoral.

Mediante este esquema de transferencias encubiertas fueron financiadas por Odebrecht entre 2006 y 2015 las campañas presidenciales de Lula y Dilma Rousseff en Brasil, Mauricio Funes en El Salvador, Hugo Chávez en Venezuela y Domingo Arias en Panamá, según consta en expedientes judiciales consultados para esta investigación.



Orden de pago realizada por Gigolino, código que utilizaba Olivio Rodrigues, para transferir 500 mil dólares de una cuenta del Meinl Bank de Antigua –propiedad de Odebrecht- a otra cuenta en el banco suizo Gonet & Cie, a nombre de Latin America Asia Capital Holding, que según delatores en Brasil, está ligada a Emilio Lozoya. La transferencia se realizó en mayo de 2012, en plena campaña presidencial.

ENCUBRIÓ PAGOS ELECTORALES

Gigolino fue condenado el 26 de junio de este año en Brasil por lavado de dinero. En la sentencia el juez Sergio Moro detalló que Gigolino y/o Olivio Rodrigues utilizaba la estructura offshore para ocultar financiamiento electoral, en concreto en el caso de corrupción de la petrolera brasileña Petrobras.

“El lavado encubrió la utilización del producto de corrupción para remuneración de servicios electorales, con afectación de la integridad del proceso político democrático, lo que considero especialmente reprochable”, anotó Moro en la sentencia, de la cual MCCI tiene copia.

“Tal vez sea ésta, más que el enriquecimiento ilícito de los agentes públicos, el elemento más reprobable del esquema criminal de Petrobras, la contaminación de la esfera política por la influencia del crimen, con perjuicios al proceso político democrático. El lavado de alta cantidad de dinero, con grado de sofisticación, y teniendo como consecuencia la afectación del proceso político democrático merece reprobación especial”.

Klienfeld, una de las empresas offshore que controlaba Gigolino desde la isla de Antigua, transfirió 3 millones de dólares entre 2012 y 2013 a Joao Santana, el publicista de presidentes en al menos cinco países.



Investigación de la Policía Federal de Brasil en la que se reveló que la identidad del operador secreto de Odebrecht que utilizaba el código Gigolino, corresponde a Olivio Rodrigues Júnior.

TRANSFERENCIAS EN MÉXICO

Dos empresas offshore de Gigolino fueron utilizadas para pagos en México en años que coinciden con elecciones.

Se trata de Innovation Research Engineering and Development (IREAD), afincada en la isla de Antigua, y Constructora Internacional del Sur, ubicada en Panamá, que entre 2009 y 2012 transfirieron más de 9 millones de dólares a cuentas ligadas a funcionarios o políticos mexicanos.

MCCI obtuvo documentos que demuestran que ambas empresas offshore eran controladas por Gigolino.

Un expediente del Ministerio Público de Brasil, fechado el 30 de agosto de 2017, incluye copias certificadas obtenidas mediante pedidos de cooperación jurídica internacional con los gobiernos de Panamá y Antigua, en las que consta que el accionista principal de las mencionadas empresas y titular de sus cuentas bancarias era Olivio Rodrigues Júnior.

IREAD, una de las empresas ‘fachada’ de Gigolino, fue la que transfirió 3.1 millones de dólares a una cuenta de Latin American Asia Capital Holding entre abril y junio de 2012, que corresponde al periodo de campaña de Peña Nieto, de acuerdo con los estados de cuenta obtenidos por MCCI.

La misma empresa offshore había sido utilizada en 2010 para transferir casi un millón de dólares a una compañía fantasma establecida en Poza Rica, Veracruz, de nombre Blunderbuss Company SA de CV, detrás de la cual opera una red de prestanombres vinculada al Gobierno veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte, según constató MCCI. Este traspaso de fondos se realizó en los días posteriores a la elección de Gobernador.

Otra firma controlada por Gigolino, de nombre Constructora Internacional del Sur, transfirió entre 2009 y 2010 más de 5.1 millones de dólares también a Blunderbuss de Veracruz, de acuerdo con documentos en poder de MCCI.

Los primeros depósitos de esta compañía fueron en junio de 2009, unos días antes de las elecciones federales de aquel año, y el dinero siguió fluyendo en 2010, cuando hubo en Veracruz comicios locales.



Sentencia contra Olivio Rodrigues Júnior, ‘Gigolino’, el operador de los pagos en el extranjero de Odebrecht. El juez Sergio Moro consideró en su sentencia que el lavado de dinero encubrió la utilización del producto de corrupción para remunerar servicios electorales.

OTRA INTERMEDIARIA EN ESCOCIA

En el listado de 20 empresas offshore que manejaba Olivio Rodrigues estaba Grangemouth Trading Company LP, creada el 15 de marzo de 2013 en Edimburgo, Escocia, y que fue utilizada como intermediaria en más depósitos realizados a Zecapan y a Latina America Asia Capital Holding, cuando Lozoya ya era director de PEMEX.

En 5 órdenes de pago realizadas entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 aparece la offshore escocesa como la intermediaria en los pagos realizados por Odebrecht por 5 millones de dólares, que corresponderían a un supuesto soborno por una obra de Pemex en Tula, según han acusado delatores en Brasil.

El Quinto Elemento Lab difundió el miércoles un video en el que el ex director del departamento de sobornos de Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, asegura que un intermediario, de nombre Rodrigo Tacla Durán –actualmente preso en España- era el beneficiario de la offshore, quien recibía el dinero a nombre de Lozoya, en una cuenta del banco HSBC en Mónaco.

Tacla Durán –al igual que Olivio Rodrigues- era intermediario de Odebrecht en el extranjero, y según la investigación en Brasil, llegó a manejar 12 empresas offshore en paraísos fiscales.



Las transferencias realizadas en 2012, a una cuenta en Suiza ligada al entonces coordinador de vinculación internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, salieron de una cuenta en el Meinl Bank de Antigua a nombre de la empresa offshore Innovation Research Engineering and Development Ltd.

EL CÓDIGO SECRETO

Una investigación de la Policía Federal de Brasil detalla que los hermanos Olivio y Marcelo Rodrigues prestaban servicios al conglomerado de Odebrecht como operadores financieros encubiertos, en particular para la División de Operaciones Estructuradas, mejor conocida como la oficina de sobornos.

“Para disimular sus actividades ilícitas, Olivio utilizaba el código GIGO o GIGOLINO, mientras que Marcelo Rodrigues utilizaba el de GIGINHO”, asegura el informe policial.

En un cateo realizado a la residencia de la contadora de la oficina de sobornos de Odebrecht, María Luisa Tavares, la Policía de Brasil encontró en una libreta las anotaciones con las claves secretas de los hermanos.

En la misma libreta había anotaciones que confirmaban que Olivio y su hermano poseían poder de gestión sobre cuentas bancarias a nombre de Klienfeld Services, la empresa offshore que fue utilizada para disimular la transferencia de recursos ilícitos de Odebrecht a los publicistas Joao Santana y su esposa Mónica Moura, quienes coordinaron campañas presidenciales en al menos cinco países.

En la sentencia del juez Sergio Moro se mencionan antecedentes de Olivio Rodrigues, que permiten ubicar la importancia que este personaje tenía en la estructura criminal de Odebrecht.

Su primera responsabilidad en esta red fue como director de una casa de cambio en Brasil que lavaba dinero de Odebrecht y de dos personajes clave en la operación Lava Jato (Leonardo Mirelles y Alberto Youseff).

Junto con su hermano Marcelo, controlaban una red al menos 20 empresas offshore utilizadas para operaciones financieras encubiertas de Odebrecht en el extranjero.

Según la confesión de Olivio, cada semana recibía órdenes de directivos de la Oficina de Sobornos de Odebrecht (llamada División de Operaciones Estructuradas) de los pagos que debía hacer a funcionarios o políticos de distintos países, vía transferencias electrónicas de cuentas bancarias que estaban a nombre de las empresas offshore que él controlaba.

“El dinero era cien por ciento de Odebrecht”, declaró ante el juez Sergio Moro en el proceso que se siguió en su contra por lavado de dinero.

El Juez destacó que en su colaboración Olivio aportó información y pruebas relevantes que permitieron desmantelar un gran esquema criminal.

(ARISTEGUI NOTICIAS/ RAÚL OLMOS/ MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN/ REDACCIÓN AN/ DICIEMBRE 13, 2017 9:01 AM)


martes, 5 de diciembre de 2017

LOS 14 PUNTOS DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, QUE PREOCUPAN A LA ONU

Señala que se favorece "la actuación unilateral, discrecional y ausente de los débiles controles de la ley" en México.



Foto: Salvador Cisneros/ CuartOscuro

La Ley de Seguridad Interior, aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y que está en vías de ser analizada por el Senado, contiene puntos que preocupan a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En una carta del representante en México del Alto Comisionado, Jan Jarab, señala a los senadores 14 de esos puntos, como la “ambigüedad de conceptos”, la “violación al principio de necesidad”, el “papel indebido de las Fuerzas Armadas” y el “sometimiento de la autoridad civil al mando militar”.

Así mismo, subraya la “ausencia de controles”, la “ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones”, la “indebida regulación del uso de la fuerza”, la “indebida protección y garantía de los derechos humanos”, además de las “afectaciones a la protesta social” y la “ausencia de transparencia”.

También anota la “lesión a la autonomía”, la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad”, el “ámbito de excepción del derecho procesal administrativo” y la “ausencia de explicitud de los principios rectores”.

Cada uno de ellos es explicado en un documento anexo. Por ejemplo, se expone que “el Presidente de la República podría en determinados supuestos ordenar acciones bajo el amparo de la ley sin estar sujetas a temporalidad alguna o a un marco de actuación determinado, lo que favorecerá la actuación unilateral, discrecional y ausente de los débiles controles de la ley”.



(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/DICIEMBRE 4, 2017 4:30 PM)

LOS VIDEOS SECRETOS QUE INCRIMINAN A LOZOYA CON ODEBRECHT


Las transferencias se hicieron, de acuerdo con los testimonios, cuando Lozoya era parte del equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.Quinto Elemento Lab


Luis Alberto Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México hasta mediados de este año, se presentó el 16 de diciembre de 2016 en la sede de la Procuraduría General de la República, en el municipio de Guarulhos, estado de Sao Paulo, en Brasil.

En compañía de sus abogados, Meneses acudió voluntariamente para presentar su declaración como parte de su “delación premiada” con la justicia de Brasil.

Ante los fiscales André Bueno de Silverio y Daniel Ferebek San Paioma, renunció a su derecho a guardar silencio y aceptó que la sesión se grabara para ser incorporada en las declaraciones juradas que constan en el expediente del proceso penal 6655.

Su testimonio, ya en manos del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, forma parte de las investigaciones del caso conocido como Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción en la historia de América Latina.

Los fiscales brasileños investigan la trama de corrupción en cuyo centro se encuentran el consorcio constructor Odebrecht y políticos de América Latina, comenzando por Inazio Lula Da Silva y decenas de presidentes, ministros, diputados e integrantes de la clase política de una decena de países del continente y de la África de habla portuguesa.

Hasta ahora 78 altos ex ejecutivo de Odebrecht han acordado sumarse a las delaciones premiadas. Pero sus testimonios no bastan para reducir el tiempo de cárcel o recibir condenas más benignas. Los delatores deben aportar datos y documentos que corroboren sus dichos, además de ayudar a revelar la estructura jerárquica de la organización criminal y su modus operandi.

La información que proporcionen también debe ayudar en la prevención de nuevos delitos y en la recuperación del producto del delito.

Si los colaboradores mienten o proporcionan información errónea, los potenciales beneficios se eliminan y el juez a cargo de la causa puede incluso aumentar las penas.

De hecho, aunque el acuerdo se establece entre fiscales y colaboradores premiados, el juez no está obligado a respetarlo y tiene la última palabra para determinar si la información proporcionada vale la pena y merece ser tomada en cuenta. Si no lo considera así, puede invalidar cualquier convenio pactado.

Información de calidad y susceptible de ser corroborada a cambio de una menor condena es la premisa de la “delación premiada”.

Como parte de la investigación, Luis Alberto Meneses se presentó a rendir su testimonio sobre la manera en que presuntamente corrompió a Emilio Lozoya, ex director general de Pemex y un hombre muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de ayuda para obtener contratos de la petrolera estatal.

No es el único testimonio. Al suyo se suman el de Luiz Mameri, vicepresidente de para América Latina y África, y de Hilberto da Silva, director del Sector de Operaciones Estructuradas o Departamento de Sobornos de Odebrecht, como lo bautizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esta era la instancia encargada de armar los esquemas financieros y hacer las transferencias de los pagos indebidos a los políticos y funcionarios.

La información, los documentos y los videos fueron obtenidos por la organización mexicana Quinto Elemento Lab como parte la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, articulada por IDL Reporteros (Perú) e integrada por periodistas de La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando Info (Venezuela), O Globo (Brasil) y Sudestada (Uruguay).

Los tres coinciden: Odebrecht pagó “propinas” o sobornos por al menos 10 millones de dólares a Emilio Lozoya Austin, que fueron transferidos a las cuentas bancarias que él proporcionó.

Las transferencias se hicieron, de acuerdo con los testimonios, cuando Lozoya era parte del equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y, posteriormente, cuando era director general de Pemex.

Esto es lo que Luis Meneses Weyll contó a los fiscales brasileños.


TC -05 by Aristegui Noticias on Scribd

PP-05 by Aristegui Noticias on Scribd


Luis Weyll-Anexo 4 by Aristegui Noticias on Scribd



(ARISTEGUI NOTICIAS/ REDACCIÓN AN/. INVESTIGACIÓN DE QUINTO ELEMENTO LAB./  DICIEMBRE 5, 2017 6:01 AM)

#ARISTEGUIENVIVO 05 DE DICIEMBRE: ODEBRECHT Y LOZOYA; AMNISTÍA DE AMLO; #MESAPOLÍTICA Y MÁS…


Además, abordamos la discusión de la Ley de Seguridad Interior en el Senado y el informe de la ONU y de la CIDH sobre el periodismo bajo condiciones de terror en México.


(ARISTEGUI NOTICIAS/ Redacción AN/ 05 DE DICIEMBRE 2017)

EL PRI IMPONDRÁ ESTE MARTES UNA LEY QUE CEDE A MILITARES EL ROL DE LAS POLICÍAS; LLAMAN A DETENERLO


Organizaciones civiles y partidos de oposición sostuvieron que la Ley de Seguridad Interior fue aprobada con fallas inconstitucionales, que afectan los derechos humanos de los mexicanos.

La minuta será mañana discutida por el Senado de la República en medio de peticiones de desechar la propuesta que incluyen las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Jan Jarab, así como de decenas de organizaciones civiles mexicanos y del extranjero.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y diputados de oposición acusaron que la Ley de Seguridad Interior contiene fallas constitucionales que contravienen a los derechos humanos, por lo que pidieron no aprobarla.

El pasado jueves la Cámara de Diputados aprobó con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones la Ley de Seguridad Interior, y los últimos llamados a no aprobar la minuta se dan a tan sólo horas de que el Senado de la República la discuta y eventualmente la apruebe.

El Diputado Víctor Sánchez Orozco expuso que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aplicó la “aplanadora”, sin discutir a fondo la iniciativa, presentada por el jefe de la bancada del PRI César Camacho Quiroz en noviembre del año pasado.

“El PRI se aferró a sacar una ley que de origen es inconstitucional, porque el artículo 73 de la Constitución no da facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior”, señaló Orozco, quien fue coordinador de delegados regionales en la Procuraduría General de Jalisco.


El jueves pasado la Cámara de Diputados aprobó la Ley de seguridad Interior. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro

En entrevista, el General Francisco Gallardo Rodríguez explicó que la minuta que está por aprobarse “no obstante que es de carácter ilegal, es inconstitucional porque contraviene los artículos 129 que tiene que ver con la civilidad del Estado, y que dice que en tiempos de paz, el Ejército no podrá realizar funciones”.

Sin embargo, la lista de inconstitucionalidades es más amplia. La organización Mexicanos Unidos enlistó entre otros artículos que se violentaron el número 21, que asigna las tareas de seguridad pública a las policías del país; y el 29, que dispone en qué casos se pueden suspender las garantías individuales.

“Creo que de origen es inconstitucional y en consecuencia, si en el Poder Legislativo alcanzamos el 33 por ciento de los diputados podemos ir a una controversia constitucional. Creo que la Suprema Corte de Justicia va echar para atrás esa ley”, sostuvo el Diputado Orozco.

¿Por qué decir NO a la #LeydeSeguridadInterior?@diegoluna_, @ErnestoLPV @cataperezcorrea, @erendiritas , @AlfredoLecona y @MaElenaMorera nos dicen de qué va y porqué es un peligro.#SeguridadSinGuerra pic.twitter.com/hSA50EWgUu

— Cencos (@cencos) 5 de diciembre de 2017

La Organización de Naciones Unidas también manifestó su preocupación por esta ley y advirtió de posibles violaciones a la Constitución Política de México, así como inconvencionalidad “a los criterios que han planteado tanto organismos de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de derechos humanos”.

En una misiva enviada al Senado de la República, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso que una reforma así “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”.

Y criticó que “la ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Conceptos tales como ‘seguridad interior’, ‘acciones de seguridad interior’, ‘amenazas a la seguridad interior’, ‘riesgo a la seguridad interior’, entre otros, se definen de manera laxa. Algunos otros, como el concepto de “actos de resistencia” carecen por completo de definición a pesar de su relevancia.


La ONU y la CIDH se pronunciaron sus preocupaciones respecto a la Ley de Seguridad Interior. Foto: Rashide Frías, CuartOscuro

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también manifestó en un comunicado su preocupación debido a que normalizaría la actividad de las Fuerzas Armadas en las calles. “En México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”.

En su visita a México en 2015, la Comisión recordó haber constatado que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad aumentó los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad.

En el sexenio foxista se presentaron mil 135 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas armadas, de acuerdo con datos recolectados por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. En tanto que en 10 años que abarcan el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y los primeros cuatro de Enrique Peña Nieto se presentaron más de 10 mil 751 quejas.

La CIDH reiteró la recomendación hecha antes en el informe sobre los derechos humanos del país de desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas, “las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente. Ésta debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado. En este sentido, es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”.

RIEGOS CONTRA LA LIBRE PROTESTA

Esta mañana organizaciones de la sociedad civil como Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C. y Mexicanos Unidos advirtieron de los riegos que podría conllevar la ley de Seguridad Interior a la libre protesta.

El próximo julio México elegirá 3 mil 400 cargos a nivel local y federal, incluida la Presidencia de la República.

“Esta ley de seguridad interior es parte de una estrategia para atemorizar al pueblo de México, y hay coyuntura electoral. Hay un gran riesgo de que no triunfe el candidato del sistema y están pensando desde ahora cómo van a reprimir la protestas, porque ya se prevé el fraude”, sostuvo Enrique González Ruíz, miembro de la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo A.C.

Una óptica con la que concuerda el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso. “Se coarta el derecho a la libre manifestación. El Presidente quiere que nos manifestemos sin decir nada. ¿Cómo vamos a expresar nuestro malestar, si se supone que cuando alguien se manifiesta es porque hay una afectación de derechos?”, dijo el Diputado federal Alfredo Basurto Román, quien es miembro de la Comisión de Defensa.

Al preguntársele por qué no hubo participación dicha Comisión, como sí la hubo de la de Gobernación, explicó que “Se pidió más bien la opinión de la Comisión de Seguridad Pública, y se le dio otro tinte y jerarquización porque en la de Gobernación están todos los coordinadores”.

La ONU en su anexo a la carta enviada a la Cámara alta se pronunció en el mismo sentido: No obstante que la ley regula tanto las ‘amenazas a la seguridad interior’ como el ‘riesgo a la seguridad interior’, “la norma prevista en el artículo 8 sí incluye a la protesta dentro del ámbito material de la norma pues solamente impide que la misma sea considerada ‘amenaza’, más no ‘riesgo’.

Además, el hecho de condicionar las movilizaciones a su realización pacífica a efecto de excluirlas –parcialmente- del objeto material de la ley trastoca el principio de racionalidad y necesidad, pues permitiría que aquellas que no se realicen de manera pacífica puedan estar sujetas al alcance de la ley y de las autoridades encargadas de su aplicación, incluidas las Fuerzas Armadas. Lo anterior, al arbitrio de la autoridad”.


Diputados protestaron contra la Ley de Seguridad Interior, pero el PRI, sus aliados y una fracción del PAN avalaron la modificación constitucional el pasado jueves. Foto: Saúl López, CuartOscuro

Para el Diputado federal, la discusión en el Senado mantendrá las posturas ya planteadas por las bancadas en la Cámara baja, y en donde el Partido Acción Nacional (PAN) se presentó dividido a la hora de votar con 48 abstenciones, 14 a favor y 17 en contra.

El Diputado panista Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, expuso que su bancada lamentó que la aprobación de la ley de Seguridad Interior no fuese acompañada con la aprobación de una Ley de Mando Mixto, que pondría a ciertas policías municipales bajo el mando estatal.

“[Los del PRI] se quieren congraciar con las Fuerzas Armadas aún cuando no represente una solución de fondo al país. Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas, fuimos el primer grupo político que presentó una iniciativa en noviembre del 2015 al respecto. Por eso la postura generalizada de abstención”, indicó.

La minuta ahora deberá ser discutida por el Senado de la República este martes en las comisiones de Defensa Nacional, Gobernación, Marina y Estudios Legislativos.

En redes sociales, doscientas organizaciones civiles que conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra iniciaron una recolección de firmas (AQUÍ) para que los senadores no den luz verde a la iniciativa presentada por el PRI, además de una campaña de correo electrónicos a los 128 legisladores que conforman el órgano legislativo para que voten en contra.


(SIN EMBARGO/ JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ/ DICIEMBRE 5, 2017/ 12:05 AM) 

LA PAX NARCA DE ANDRÉS MANUEL

De manera innecesaria, Andrés Manuel López Obrador, quien sería Presidente de la República si en estos momentos se realizaran las elecciones presidenciales, dijo estar abierto a analizar la propuesta de darle amnistía a los líderes de los cárteles de las drogas a cambio que se comprometan con la paz. La propuesta no viene incluida en el proyecto de nación que dio a conocer en noviembre, pero no es algo que haya estado fuera de su cabeza durante algún tiempo. La diferencia es que, si en otros momentos parecía una más de sus ocurrencias, hoy, ante la inminente campaña electoral, se convierte en un arma. La más letal, en su contra, la disparó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien afirmó que esa idea haría de México un narcoestado.

López Obrador tiene una lengua muy suelta, que como dice unas cosas, dice otras, y se corrige sin prurito alguno. Así sucedió con su propuesta de descentralizar las secretarías de Estado, que menos de 24 horas después rectificó y dejó en su lugar actual a dependencias como las que albergan las Fuerzas Armadas. Ya explicaría las razones de ese cambio, dijo para justificar su súbito cambio de señal, sin que hasta ahora haya aportado claridad sobre la marcha para atrás. Pero ahora, con la amnistía que propone para los líderes de los cárteles de las drogas, volvió a lastimar a las Fuerzas Armadas y, sobretodo, a los familiares de decenas de miles de víctimas de la cruenta lucha contra las bandas criminales.

No entiende mucho López Obrador del tema del narcotráfico, aunque critica de manera regular todo tipo de estrategia. No combatir al narcotráfico durante los primeros ocho meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, ignora, provocó el reforzamiento de los cárteles de las drogas y el inicio del fin de la inútil estrategia de seguridad en la administración, que en buena medida le costó la candidatura presidencial a su arquitecto, el Secretario de Gobernación. La propuesta de amnistía la acompaña de una estrategia integral que, si se excluye el perdón a criminales, es lo mismo que propuso el ex Presidente Felipe Calderón en 2009, y buscó concretar Peña Nieto desde el principio de su gestión. La única analogía con su propuesta es con Vicente Fox, quien la planteó como ex Presidente en 2011.

Lo preocupante no es la falta de novedad en sus ideas, sino lo reiterativo de su propuesta para perdonar criminales, que sugiere que no es una “locura”, como calificó presidente del PAN, Ricardo Anaya, sino una semilla que está floreciendo en su cabeza.

Alexia Incómoda, el nombre bajo el cual conversa una de las personas más informadas en seguridad y política que habitan el universo de Twitter, recordó el lunes, como contexto de los dichos de López Obrador, que esa propuesta la ha hecho a lo largo de todo el año, comenzando en Sinaloa, cuando la Marina realizó operativos quirúrgicos en contra de las bases de apoyo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y cuando en febrero sus comandos abatieron a Juan Francisco Patrón Sánchez, apodado “El H-2”, quien era el jefe de plaza del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, enemistados con Guzmán y el Cártel del Pacífico desde 2008, en Nayarit. La historia del perdón a criminales por parte de López Obrador no es nueva. La idea de cómo se puede trabajar desde el poder con el narcotráfico, tampoco. Quizás, tampoco originalmente de él.

El pacto con los narcos desde el poder ha dominado los libretos más exitosos en la producción de telenovelas de Epigmenio Ibarra, director general de Argos Comunicación, que desarrollan las vinculaciones criminales con funcionarios de los tres niveles de gobierno. La historia de las narconovelas producidas por la empresa co-fundada por Ibarra en 1992, comenzó en 1996 con “Nada Personal”. En 2012 produjo “Infames”, que planteó la relación de los líderes del narcotráfico con una poderosa Secretaría de Hacienda, donde la mano derecha del titular era familiar de uno de los líderes. La más famosa de todas sus narconovelas es “El Señor de los Cielos”, que recrea la vida de Amado Carrillo, el jefe del Cártel de Juárez, y jefe de todos los barones de la droga, que acordaba con la Presidencia la pax narca, cuya primera temporada se transmitió en 2014. De ella se desprendió “El Chema”, en 2016, que recrea la vida de “El Chapo” Guzmán.

Ibarra, quien ha trabajado o estado cerca de López Obrador desde hace unos 15 años, es uno de los principales responsables del aparato de propaganda del precandidato presidencial, quien a través de sus redes sociales hizo virales temas como el movimiento #YoSoy132, o cruzadas contra Peña Nieto en el mundo virtual, como el aglutinado en el hashtag #RenunciaYa. Paralelamente, ha hecho a Peña Nieto responsable del “crimen de Estado” por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Probablemente, vista la propuesta en este contexto, es Ibarra quien sembró en su cabeza la idea de amnistiar criminales.

López Obrador, en todo caso, es el responsable de sus palabras, al ser el diseminador y promotor de esta propuesta y pensar incorporarla a su proyecto de nación. Bien se vería México de concretarla: el Ejército y la Marina a los cuarteles; los jefes de los cárteles de la droga, asesinos de militares y policías, a las calles. La pax narca renacería bajo su gobierno. A menos que rectifique la propuesta.

rrivapalacio@ejecentrasl.com.mx
twitter: @rivapa


(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/05/12/2017 | 04:04 AM)   

lunes, 4 de diciembre de 2017

MEADE, JUGADA MAESTRA O FIASCO


Sin definirse todavía la candidatura del Frente Ciudadano por México, cuando Enrique Peña Nieto destapó a José Antonio Meade, Pepetoño (qué bueno que no se llama Jesús porque tendríamos que repetir y recordar a un negro personaje de Sinaloa), pareció que soltaron en un palenque a dos gallos listos ya con sus navajas. Meade dijo de inmediato que el enemigo a vencer es Andrés Manuel López Obrador, no el Frente Ciudadano, y el Peje se soltó con una retahíla de calificativos y denuestos contra su oponente “sin partido”, que nos hicieron recordar aquel desmedido “cállate chachalaca”, que le costó en 2006 varios puntos en las preferencias de los electores y lo llevó, entre muchas otros errores, a la derrota frente a Felipe Calderón.

Han sido los analistas, no Morena ni López Obrador, los que han puesto a Meade en su lugar. Oriundo de Ciudad de México, es un tecnócrata de aquellos que, siendo candidata presidencial por el Partido del Trabajo, Cecilia Soto, decía que conocían el campo solo por lo que habían visto en los pastos de golf. Se refería a Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo, a Jaime Serra Puche. Meade Kuribreña es del mismo corte, con la diferencia —no sé si sea defecto o virtud— de que le falta la malicia política que tenían aquellos.

Su candidatura se veía venir desde hace meses. Fue hilvanándose desde los círculos del poder como una alternativa ante el derrumbe del PRI desde finales de 2014, sobre todo a raíz de los hechos de Iguala donde desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Todo el sistema de seguridad y procuración de justicia se colapsó desde entonces y arrastró al PRI y a sus principales representantes en el gobierno, —entre ellos al presidente y a su principal alfil hasta entonces, Miguel Ángel Osorio Chong— a una barranca de la que no podrían salir. Los niveles de aceptación del partido fueron a la baja desde entonces y llegó a los umbrales de 2018 prácticamente derrotado.

Esto lo fue viendo no solo la clase política, sino también los que realmente gobiernan este país: los empresarios. Después del fracaso del PAN durante dos sexenios —un buen argumento de campaña para sus opositores— y el constante ascenso de Andrés Manuel en las preferencias, tenían que ofrecer una opción más masticable para el electorado, seguros de que contarían con el aval priista si la orden venía del presidente. Funcionario sin partido de alto nivel en dos administraciones —una panista y otra priista—, “limpio” personalmente en cuanto a señalamientos de corrupción, preparado técnicamente y afable, Meade fue vendido como el as debajo de la manga del sistema, en el que convergen intereses donde ya no importa el color ni la bandera, sino eso: los intereses.

Pero el ex secretario de hacienda entró a la pista como Adalberto Martínez, Resortes, en una cancha de baile, barriendo el piso con las nalgas. Porque  siendo un aspirante “sin partido”, se sujetó a las más viejas formas del priismo presidencialista para “destapar” al candidato; de su renuncia a la Secretaría de Hacienda se fue a la sede del PRI para registrarse como precandidato y luego hizo un recorrido por los sectores del partido para recibir su respaldo. Todo a la vieja usanza priista. Y en las primeras de cambio, arremetió contra López Obrador, del que, dijo, ha vivido muchos años con hambre de poder. Pero lo peor, es que en una reunión con dirigentes estatales del PRI, llamó a defender a Enrique Peña Nieto. ¿Defenderlo de qué si los yerros y abusos de él y su gabinete son incontables? ¿Tiene defensa el presidente?

Ñoño, José Antonio Meade no logró en la primera semana de su desparpajado destape hilvanar un discurso coherente con la figura que pretende mostrar. Por el contrario, si lo venden como mesurado, se vio como buscapleitos de callejón, y si para subir en las preferencias de los electores ocupaba separarse políticamente de Peña Nieto, se envolvió en la bandera de Atlacomulco como si su objetivo fuera inmolarse. Va iniciando apenas su carrera por la presidencia y puede corregir muchas cosas. Por lo pronto, su entrada al ruedo ha sido desastrosa. Y aunque el PRI ya está derrotado en esta etapa, perder la elección con un “externo” sería para el partido doblemente funesto.

BOLA Y CADENA

Pero no menos desaliñado fue el recibimiento de Andrés Manuel López al enviado de Peña y los empresarios. Si es un “señoritingo” o no, si es “antipático” o no, ya lo verán los electores. Hubiera sido mejor que lo recibiera con un pliego de puntos de la economía que han dañado a los más jodidos y en los que el aspirante presidencial tiene responsabilidad desde que trabajó con Calderón, y el efecto hubiese sido mejor. El Peje sigue apareciendo arriba en las encuestas pero nada se dé por hecho con un hombre que es experto en que se le vaya un tiro.

SENTIDO CONTRARIO

POR CIERTO, ¿QUÉ QUISO DECIR MEADE frente a los dirigentes del PRI cuando afirmó que este partido “sólo podrá ganar en equipo, con el ánimo de obreros, campesinos, del movimiento territorial y el apoyo de las fuerzas armadas”? ¿Por el número de votos que representan los soldados o por el apoyo que pueden brindar en situaciones de conflicto? ¿A qué se debe la mezcla? ¿A que ese mismo día se aprobaba en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior que le abre aún más las puertas de nuestras políticas de seguridad al Ejército y la Marina? Más valiera una explicación y una posición claras del aspirante.

HUMO NEGRO

¿A QUÉ JUEGA EL GOBERNADOR CUANDO propone cancelar la tenencia y al mismo tiempo incrementa en 200 por ciento el cobro del llamado refrendo y al doble el costo de las placas? ¿Con esas mismas trampas viene lo que ellos llaman el SAT sinaloense? Seguro es que sí.


(RIODOCE/ ISMAEL BOJÓRQUEZ/ 4 DICIEMBRE, 2017)