miércoles, 2 de septiembre de 2020

CISEN


Fotos: Internet/Humberto Álvarez Machai
 

 “¿De quién es el auto?”, me preguntó con mirada de puñal el agente de Migración. “Mío”, respondí. Y sin pronunciar un cortés “por favor” soltó mandón la palabra: “¡Bájese!”. Jalé la manivela pero no pude abrir la puerta porque una nueva frase me detuvo: “Apague el motor y ponga aquí sus llaves”, señalándome el techo del carro. Di vuelta al switch. Y entonces salí de mi Volkswagen negro, una “pulguita”. El vigilante me dijo entre cansado y fastidiado: “Abra la cajuela”. Cuando le aclaré que necesitaba las llaves, de mala gana apuntó con su índice dándome a entender “tómalas”. Levanté la capota: Llanta de refacción, cruceta, diminuto gato, un pequeño estuche negro de plástico con herramienta y nada más. “Okey”, dijo tras echarle una mirada. ¡Zas! Sonó cuando cerré la cajuela. Me quedé con las llaves.

 

Como si fuera baraja, el migrante vio los pasaportes de mi esposa y tres hijos. Puso sus manazas sobre el techo y se agachó a la ventanilla, los llamó por su nombre y cada uno fue respondiendo correctamente y les regresó el documento. Con el dorso de su mano golpeó las portezuelas en busca de algo sólido e irregular. Dio pequeñas pataditas a las llantas esperando encontrar algo más que aire, y terminando de rodear el auto preguntó: “¿A dónde van?”. Escuchó “…a San Diego” y reinterrogó “¿A qué van?”. Entre sorna y broma se me ocurrió responder: “Bueno, pues íbamos a desayunar, pero después de tanta espera, creo que mejor vamos a comer”, no le cayó bien la respuesta. Así, con más disgusto que formalidad dijo: “¡Pasen!” y cruzamos la frontera.

 

Como decía mi abuelita: “Las tripas gruñen de hambre”. Desde la noche anterior nos pusimos de acuerdo en familia: “Mañana vamos a desayunar al otro lado”. Y al día siguiente, cuando salimos, ya íbamos saboreándonos unos hotcakes con huevos revueltos y tocino. Primero cafecito negro y luego un vaso de leche helada.

 

Rumbo a la garita nos encontramos lo entonces pocas veces visto: Una enorme “cola”. Inmediatamente di la media vuelta y enfilé para Otay, el otro paso más alejado, esperaba menos tráfico y me sorprendí. Luego de alinearme, detrás de mi auto, en un ratito, creció la fila que se movía con tanta calmosidad que empujaba al fastidio esquina con el berrinche.

 

Todavía no existían los celulares, por eso no pude hablar al periódico y preguntar el motivo de “la cola”. No me quedó otra que bajarme del auto y consultar al más cercano automovilista por la tardanza. Enfurecido respondió que no sabía.

 

Al rato, primero uno y luego otros helicópteros pasaron cerquita de nosotros; abajo y a sus costados se leían las iniciales de las televisoras estadounidenses. Entonces sí pensé: “Algo grave pasó”. Encendí el radio del auto y escuché la noticia. “Mataron en Guadalajara a Enrique Camarena Salazar, agente antidrogas de Estados Unidos”. Transmitieron los detalles de rigor. Por eso el retraso en el paso a Estados Unidos. “Seguramente los migrantes recibieron órdenes de revisar todo”, les dije a mi esposa e hijos aquel cinco de marzo de 1985.

 

Fue la segunda ocasión que vi un embrollo así desde los setentas, cuando la famosa “Operación Intercepción” me pescó en el cruce Mexicali-Calexico. La ordenó el presidente Richard M. Nixon, era una revisión endemoniada que también provocaba retrasos. Los oficiales de Inmigración traían un artilugio como palo de golf, pero que en el extremo inferior redondo tenía un espejo hacia arriba. Lo metían bajo la carrocería para ver si no había por allí algún pegoste con droga. El sistemita ese atormentó y disgustó. Miles de mexicanos nos sentimos ofendidos; es que nada más por cruzar a Estados Unidos se nos estaba etiquetando como sospechosos de narcotráfico.

 

Aquel marzo del 85 no detuvieron sospechosos en la garita, pero a los pocos días sucedió lo increíble. Un juez estadounidense sobornó con 30 mil dólares a tres agentes de la policía estatal bajacaliforniana. Secuestraron a René Martín Verdugo en territorio mexicano. Lo encajuelaron, se fueron a despoblado, y en la imaginaria división territorial fronteriza la policía de Estados Unidos lo recibió. Sigue prisionero. Fue enlistado como asociado de Rafael Caro Quintero, el afamado narcotraficante de la época. Los estadounidenses le pusieron el dedo como autor intelectual en el crimen de Camarena.

 

Otros policías antidrogas secuestraron al doctor Humberto Álvarez Machain en Guadalajara, acusado de cuidar a Camarena para que no se muriera cuando lo torturaban. Encarcelado varios años, sorpresivamente lo liberaron, pero a Rubén Zuno Arce le desgraciaron. Dijeron que era dueño de la casa donde fue el martirio, lo citaron a un tribunal, viajó desde Guadalajara para cumplir. Inocente, tercos descaminados lo condenaron a prisión de por vida.

 

Camarena investigaba el narcotráfico en Guadalajara desde el consulado de Estados Unidos. El 7 de febrero del 85 salió a comer, le acompañaba su esposa cuando varios fulanos aparecieron. Nada se supo hasta el 5 de marzo, cuando encontraron tirado su cadáver. Desde entonces, la policía de Estados Unidos insiste en buscar más culpables aparte de los inocentes que tiene encarcelados.

 

En Tijuana ejecutaron a José Juan Palafox Cadena. Era el jefe local del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN). Iba en auto solo y desarmado, estaba a cuatro cuadras de su oficina en el Fraccionamiento Agua Caliente. Pasaditas las diez de la noche un julio 26, dos hombres en una camioneta empezaron a rebasarlo. Y cuando se emparejaron le dispararon seis veces, allí murió. En un hombre con el cargo de Palafox, fue imprudente permitir ese paso y a esa hora.

 

El tráfico en la garita no se detuvo, continuó como si nada el movimiento de pasajeros en el aeropuerto, central de autobuses y carreteras. No se detuvo la circulación en bulevares, avenidas, calles y callejones, nada de retenes u otra forma para atajar o perseguir matarifes. Rodeando el auto de la víctima y borrando evidencias, más curiosos y menos policías. Los agentes federales se aparecieron al último. Transcurridos los días, oficialmente ni pista ni detenidos. Secreto a voces: Fueron agentes estatales.

 

Entristece que tal suceda entre funcionarios, duele ver el mayor empeño estadounidense cuando les matan un compañero y la poca solidaridad de mexicanos si ejecutan a un agente. Pero lo más grave: Oficialmente el CISEN es lo máximo en inteligencia y seguridad de este país, no puede ser posible tanta ignorancia para resolver el fatal enredijo, es para alarmar. Si eso pasa en el CISEN con uno de los suyos, mal deben andar muchas cosas. No aclarar nada, despostilla a la Secretaría de Gobernación, es tiempo de hablar sobre sogas en la casa del ahorcado. El silencio embarra de complicidad.

 

Tomado de la colección “Dobleplana” de Jesús Blancornelas, publicado por última vez en agosto de 2002.

 

(SEMANARIO ZETA/DOBLEPLANA / JESÚS BLANCORNELAS/ LUNES, 5 NOVIEMBRE, 2018 12:00 PM)


lunes, 31 de agosto de 2020

EL IMPUNE CÁRTEL DE LA LÍNEA


Foto: Cortesía.- “El Mostro” orillando una víctima

Después de 71 operativos policiacos realizado durante las últimas diez semanas en la Garita de San Ysidro en Tijuana, “Los Mostros” y “Los del Duty Free”, grupos identificados como Cártel de la Línea, siguen extorsionado usuarios del puerto fronterizo. Testigos aseguran que su continuidad se debe a que pagan protección a los jefes de la Policía Turística, quienes los protegen informándoles de los barridos de las fuerzas de seguridad

“Los Mostros” controlan el carril izquierdo a un costado de la línea del pase médico, mientras “Los del Duty Free” intervienen los carriles derechos, pegaditos a la línea Sentri. Ambos grupos, son identificados como Cártel de la Línea y continúan extorsionando a los turistas en la Garita de San Ysidro en Tijuana.

Solapados por la Policía Turística, continúan delinquiendo a pesar de los operativos diarios realizados por fuerzas coordinadas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En el mejor de los casos, los extorsionadores solo entran y salen de la Estancia Municipal de Infractores, acusados de faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno.

En el tráfico del cruce fronterizo, los delincuentes ubican a los autos con placas americanas, los que se ven costosos. Luego caminan atravesando entre carriles y obstaculizando el tráfico, lo que provoca que los conductores frenen. Eligen al que pone cara de confusión y lo detienen.

Como si fueran autoridades, le hacen señas para que se detenga y orille. Una vez arrinconado, le mienten, le aseguran que se equivocaron de carril, le advierten que si llegan a las casetas con los agentes de migración de Estados Unidos, la multa será de 5 mil dólares, o peor aún, les advierten que pueden perder los documentos que les permiten cruzar, y se ofrecen a resolver el problema por menos dólares.

“Según el sapo la pedrada”, depende de la disposición que muestren las víctimas, pero llegan a pagar desde 30 hasta 500 dólares, “algunas veces más, para tener más dinero los han llegado acompañar a los cajeros automáticos”, refirió la fuente.

Quienes han atestiguado este movimiento durante años y han conversado con los protagonistas, estiman las ganancias de cada grupo es de mil 500 a mil 700 dólares diarios.

Cometen las extorsiones frente a los elementos de la Policía Turística, quienes enfundados en sus chalecos amarillos patrullan la zona. “Tiene orden de los jefes de dejarlos operar cuando no haya operativos” aseguran los testigos.

ZETA realizó recorridos el viernes 7 y el lunes 10 de agosto, pudiendo observar a los sujetos arrinconar a sus víctimas mientras dos grupos de policías estaban a menos de 10 metros de distancia.

“Están arreglados con el jefe Gándara, por eso los policías no les hacen nada. Incluso les avisan cuando hay operativos conjuntos con otras autoridades, esa es la razón por la cual, a pesar de los operativos continuos, a ellos no los detienen”, expuso un denunciante.

Trabajadores de la línea aseguraron que Felipe Gándara Ríos, quien hasta el martes 11 de agosto fungía como jefe de la Policía Turística, estaba recibiendo un pago semanal de los extorsionadores de aproximadamente mil 500 dólares -el importe de un día de ganancias- y que el negocio incluye a los ex supervisores Julio Coronado, José Mora, Jesús Solís y Gabriela Díaz. Incluso mencionaron al subjefe Felipe González.

“Al ´Guasave´, uno de los que se dedica a vender perros, lo golpearon y le quitaron el dinero en lugar de detenerlo”, así de simplistas para quedarse con los dólares de los delincuentes de la zona.

Sabían que “El Guasave” no iba a denunciar, porque pertenece al grupo de “Los Perreros”, otros sujetos con operatividad ilegal en la garita que se dedican a vender canes, Por un lado, son vendedores sin permiso, y por otro, los ofrecen como animales de raza pura a precios altos, pero no los son, por lo que los compradores resultan fraudados.

  “LOS JALADORES”

Como resultado del operativo policiaco del pasado fin de semana en la Garita de Otay, seis “jaladores” fueron detenidos, con ese calificativo identifican en la Policía Municipal a estos hombres que cobran ya sea: 

* Por adelantarse en la fila para cruzar más rápido a Estados Unidos.

* Por “sacarlos” de la fila equivocada.

Si pagaron su multa, estos hombres regresan a la calle de manera inmediata, si no, máximo tardan 36 horas en regresar a su ilícita actividad en el cruce fronterizo.

Mientras esto sucedía en Otay, en el cruce de San Ysidro operaron con impunidad, de la siguiente forma:

En los carriles izquierdos, “Los Mostros”. Se trata de un grupo de die hombres grandes, altos, obesos y morenos, encabezados por un hombre apodado “El Mostro” y su segundo “El Chivo”. Siempre están donde inicia la fila ubicada a un costado del carril médico, a veces en grupos de dos o cuatro, son llamativos y nada discretos en su operación.

Después de detener a alguna víctima y sacarle dinero, en un movimiento rápido- de ser necesario- los sacan en reversa, o los redirigen y simplemente les abren caminos para que salgan por la calle segunda.

“En algunas ocasiones estos señores ya han escalado y han robado a sus víctimas, les han quitado la cartera y han huido entre los carros. Pero en los pocos casos que el turista se ha tomado el tiempo de denunciar, los policías les avisan y se esconden. Por eso nunca los agarran”, aseguró un aledaño a la garita.

“Se sienten tan intocables y que nada les va a pasar, que incluso, cuando las víctimas se resisten les dicen que son policías” agregó.

En los carriles derechos, “Los del Duty Free”. Estos procuran mimetizarse, se mueven de manera individual y la mayoría porta gafetes como vendedores, pero a diferencia del resto, se la pasan hablando por teléfono y no traen mercancía, Circulan a pie en las inmediaciones de la fila Sentri, frente a la tienda libre de impuestos,

Su negocio radica en atravesar a los despistados que sin papeles ingresan a la fila especial, y meterlos a las filas regulares, en un lugar adelantado.

En ese punto, los trabajadores y testigos de la línea tienen identificados a “El Puma”, “El Alex”, “El Tortugo”, “El Sony”, “El Charly”, “El Gato”, “El Cholo” y “El Sillas”, este último se debe a que anda en silla de ruedas.

Como delincuentes, a pesar de los acuerdos con los jefes de la Policía Turística, tienen organizado lo que entre los delincuentes llaman un sistema de halconeo, personas que se dedican a vigilar el ingreso de operativos policiacos no programados o actividad sospechosa.

El lunes 11 de agosto, alrededor del mediodía, ZETA atestiguó cómo de manera repentina, una camioneta verde llegó al punto de operación de “Los Mostros” y apresurándose,  se llevó a cuatro de ellos que estaban juntos, como si hubieran sido notificados de una presencia no deseada.

De hecho, el segundo recorrido del Semanario fue detectado por los “halcones” del Cártel de la Línea, después que este medio permaneció durante un tiempo prolongado en la parte superior del puente peatonal del lado derecho, observado la actividad.

Primero, el seguimiento lo realizaron un hombre bajito, moreno, de bigote y en sus 30, escoltado por dos jovencitos altos; al final, un hombre de entre 40 y 50 años.

OPERATIVOS INFRUCTUOSOS: LOS DETIENEN Y LIBERAN A LAS 36 HORAS

Aunque la garita siempre ha sido negocio “y la gente de ´Los Mostros´ presume que lleva ahí más de 10 años”, la operatividad de un “cártel” en la Línea fue denunciada al Ayuntamiento de Tijuana a finales de 2016 y principios de 2017, a la llegada del ex alcalde panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

La actividad fue revelada principalmente a través de redes sociales, por usuarios que molestos video grababan cómo los “jaladores” atravesaban a los ciudadanos oportunistas que pagaban para que los colocaran adelante de las largas filas.

En marzo de 2017, como jefa de la Policía Turística de Tijuana, Gabriela García anunció la realización de un operativo en las inmediaciones de la Garita de San Ysidro, explicó que se planeó contra el Cártel de la Línea para detener a personas sorprendidas cobrando y dejando pasar a los automovilistas para meterse en la fila. Se detuvo a diez personas por alterar el orden y otros motivos.

Entonces la jefa García aseguró que ya no permitirían que estos grupos operaran en los puertos terrestres fronterizos. Tres años y cuatro meses después, la volvieron a nombrar como cabeza de la Policía Turística, y esos grupos siguen operando en la Línea como al inicio del trienio anterior. Desde octubre de 2019, a la llegada del morenista Arturo González Cruz a la alcaldía de Tijuana, los ciudadanos denunciaron al Cártel de la Línea y le exigieron acciones.

“Jorge, no sueltes las líneas internacionales”, fue la instrucción que recibió del alcalde, explicó el secretario de Seguridad Pública, Capitán Jorge Ayón Monsalve.

 

Realizaron un operativo en diciembre, otro en febrero, uno más en marzo. “Entonces vimos la necesidad de hacer operativos permanentes”, los cuales son realizados diariamente, algunos iniciados desde las 5:30 am, por entre 15 y 20 elementos de la Unidad de Enlace Internacional y de la Policía Turística, quienes entran a lugares donde se ve a personas resguardadas en actitud sospechosa, los revisan y si encuentran algo, los ponen a disposición.

“Pero es un juego del gato y el ratón, vamos caminando, nos observan, se cruzan al otro lado, esperan que pasemos y regresan a sus actividades”, admitió el Capitán Ayón.

“Los operativos permanente los iniciamos a partir del mes de junio, ese mes realizamos 25 operativos, detuvimos a 193 personas por faltas administrativas, también tuvimos 20 detenidos que intentaron cruzar de manera ilegal a Estados Unidos; en julio, fueron 37 operativos con 157 detenidos, cuatro de ellos porque cortaron la malla fronteriza y un detenido como 10 kilogramos de cristal en la Sentri. Durante los primeros siete días de agosto, fueron nueve operativos con 41 detenidos, seguramente al día de hoy las cifras son más altas”, detalló el secretario.

Fueron 71 operativos a lo largo de 10 semanas, con 491 detenidos, sin embargo, la mayoría fueron capturados únicamente por faltas administrativas, y llevados a las Estancia Municipal de Infractores, lugar que abandonan tras 36 horas de reclusión. O antes, si pagan la multa.

 EXTORSIÓN Y MENDICIDAD

“El tema es que pedir dinero, en si mismo, no es delito” explicó el fiscal central de Baja California, Hiram Sánchez.Respecto a la extorsión como figura jurídica imputable y la posibilidad de usarla para combatir al Cártel de la Línea, el funcionario estatal comentó que requieren definir una hipótesis criminal “para poder detenerlos e imputarlos, además de que piden dinero, se debe probar que hubo violencia e intimidación”.

– ¿La intimidación puede ser cuando les dicen que les van a quitar sus papeles o que los van a multar con 5 mil dólares?, preguntó ZETA.

“Si te dicen que te van a quitar la visa, podría encajar, pero se tendría que trabajar”, verificar hasta dónde se puede confirmar la intimidación a través de los indicios y pruebas a disposición.

Otra parte que dificulta la presentación de cargos, es que las víctimas van en tránsito a Estados Unidos, y al saber que los delincuentes no tendrán consecuencias, no se muestran interesados en quedarse del lado mexicano e invertir tiempo en denunciar, y en cuanto a la identificación de los extorsionadores, Ayón indicó que el Área de Inteligencia de la Policía Municipal ya está trabajando en un organigrama.

Este Semanario pudo atestiguar que el viernes 7 de agosto, los elementos estuvieron trabajando en la Garita de San Ysidro, pero su presencia también fue detectada por los delincuentes y por los policías corruptos que los solapan.

Cuestionado respecto a la colusión de los anteriores jefes de la Policía Turística, el secretario aseguró no haber recibido denuncia, “pero estamos cambiando a los jefes y a los policías”, incluido Gándara, para sacarlos de su zona de confort y evitar que generen intereses. 

– ¿Están investigando las finanzas de los agentes que reubican? Los denunciantes aseguran que el dinero que Gándara recibía de los extorsionadores le permitió comprarse un auto recientemente…

“No recibí denuncias, de haber sucedido, no solo lo hubiera reubicado”.

Para finalizar el secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana pidió apoyo a la ciudadanía:

“En las garitas ya hemos tenido respuesta de algunos locatarios que nos han dado información, pero el llamado es para la comunidad de la garita en general, ayúdennos”, y a las víctimas de extorsión las exhorta a denunciar.



(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  ROSARIO MOSSO CASTRO/ LUNES, 17 AGOSTO, 2020 01:00 PM)

LOS SICARIOS DE LA MAFIA


13 de agosto: asesinato de un hombre en un terreno baldío situado en avenida Casiopea e Hidra en la colonia Sánchez Taboada.

Rodolfo López Arellano “Cabo 30” y Ricardo Martínez Gutiérrez “El Pilas”, del CJNG; al igual que Víctor Hugo Mejía  López “El Griego” y Juan Ramón Soto Ramírez “El Stopper”, del Cártel de Sinaloa, están identificados como los matones que coordinan las “batacas” homicidas que delinquen en las zonas más violentas de Tijuana

Ricardo Martínez Gutiérrez “El Pilas” delinque para el Cártel Jalisco Nueva Generación, trae la “bataca” lo que significa que encabeza los grupos de sicarios, y de acuerdo con las autoridades en Tijuana, es responsable de una importante cantidad de homicidios en las colonias de la delegación San Antonio de los Buenos, que ocupa el cuarto lugar en asesinatos en el listado de 13 sectores que dividen la ciudad.

“El Pilas” sigue libre por las calles tijuanenses, pero como objetivo prioritario, ya tiene una orden de aprehensión en su contra. Es por tentativa de homicidio, delito que cometió el 3 de agosto.

Según las indagatorias, después de las seis de la tarde disparó en contra de una familia en las inmediaciones de la Plaza Cívica en la colonia Salvatierra. Hirió al padre de 32 años, y al hijo de apenas 3 años, quien recibió una bala en el tórax.

Otro niño fue baleado el 20 de agosto, alrededor de las 11:09 de la mañana. Un hombre vestido de azul, con gorra negra, entró a la privada Monte Albán del fraccionamiento Urbi Villa del Prado en la delegación Natura, y sin mediar palabra, disparó hacia el interior de la vivienda marcada con el número 74. Huyó por la calle Los Volcanes, mezclándose entre los visitantes del mercado sobre ruedas de la zona.

En la vivienda, la Policía Municipal encontró a un hombre adulto sin vida y a un menor de 6 años lesionado que fue trasladado en un auto particular, pero murió antes de llegar a la Cruz Roja. Lo acompañaba su madre, quien también recibió una herida de bala en pierna derecha 

Residentes de la privada Monte Albán indicaron que no conocían a las personas que vivían en la casa, ya que al parecer tenían poco tiempo de haberse mudado, por lo que no tienen la certeza si eran familiares. Sin embargo, confirmaron que las detonaciones se han convertido en un sonido cotidiano en Urbi Villas del Prado.

“Es diario, balaceras, muertos, picaderos, droga, aquí llegas y te metes a tu casa porque la verdad está bien inseguro afuera, hace unos días mataron a dos (hombres) no muy lejos de aquí, luego hubo una balacera como muchos muertos”, comentó un vecino de nombre Omar Alonso.

“Ya para qué (Policía Municipal) andan haciendo sus operativos, deberían estar más tiempo aquí (Urbi Villa del Prado Segunda Sección), a veces me salgo de la casa y nada más escucho gritos, peleas, balazos”, reclamó una comerciante de la zona.

No muy lejos de donde fue asesinado el niño y el hombre, el 5 de agosto, sujetos  armados atacaron a elementos de la Policía Municipal, quienes repelieron la agresión. La escena terminó con tres delincuentes abatidos.

Esta violencia es generada por cuatro sicarios harto conocidos por los integrantes de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad: Víctor Hugo Mejía  López “El Griego” y Juan Ramón Soto Ramírez “El Stopper”, del Cártel de Sinaloa; Rodolfo López Arellano “Cabo 30”, y el antes mencionado, Ricardo Martínez Gutiérrez “El Pilas”, ambos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los primeros 19 días de agosto, Tijuana acumuló 113 víctimas de homicidios violentos. La incidencia homicida contabiliza en esta ciudad  mil 777 asesinatos en casi once meses de administración municipal.

Mil 294 muertes violentas en lo que va del año, representan el 71% de los mil 809 asesinatos cometidos en todo Baja California  en el mismo período. El promedio para Tijuana ha sido de 5.6 muertes violentas diarias durante 2020, apenas un poco menor al de 2019 (6.5 asesinatos por día).

Las traiciones y cambios de una célula criminal hacia el grupo rival son la constante, las áreas de inteligencia integradas a grupos policiacos coordinados actualizan a diario los organigramas de las células criminales, ya que en los últimos nueves meses ha sido común que homicidas y traficantes  del CJNG migren al Cártel Arellano Félix (CAF). Pero en fechas más recientes, también se ha detectado a gente de Jalisco “volteando bandera” para integrarse a Sinaloa.

Las cabezas de estos cárteles enfrentadas, que también siguen libres y sin cargos, son nombres que se repiten en los últimos tres sexenios.

 Actualmente, estas son las pugnas:

Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito”, del CAF, contra Jesús Alfonso Trapero Ibarra “El Trapos”, del CJNG, por la zona de ingreso a Tijuana, del lado de Rosarito.

René y Alfonso Arzate García “Los Hermanos”, “Los Aquiles” y/o “Los Arzate”, contra Francisco Javier y José Luis Mendoza Uriarte “Los Uriarte”, ambos de Sinaloa, por la zona de ingreso a Tijuana, del lado de Tecate.

Trapero, de Jalisco, contra los Arzate y los Uriarte por el control de Tijuana y los otros municipios de la Zona Costa que siguen sumando homicidios en 2020: Ensenada con 230, Tecate con 83 y Rosarito con 95.

SE BUSCA A AARÓN PIZARRO POR HOMICIDIO DE VÍCTOR LAGUNAS

Las autoridades identificaron a Aarón Pizarro Granillo, de 28 años, como presunto responsable del asesinato de dos hombres, cometido el martes 18 de agosto. Las víctimas fueron Víctor Lagunas Cabrera, hijo del ex dirigente del Partido Acción Nacional y conocido empresario Víctor “El Tigre” Lagunas; y Miguel Villegas, de 40 años.

 

Hiram Sánchez Zamora, fiscal central de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que el responsable ya estaba identificado, también explicó que habían solicitado y obtenido una orden de aprehensión en su contra, pero se negó a dar a conocer la identidad de delincuente 

Asimismo, confirmó que las primeras declaraciones de testigos revelaron que el homicidio se originó luego que Laguna Cabrera, de 32 años, intentara desalojar al asesino de un departamento propiedad de su familia.

“Lo que tenemos hasta el momento nos permite indicar que así es, pero ya tener la certeza respecto al motivo por el que fue privado de la vida, será parte de la investigación que siga a los días siguientes”, explicó el funcionario. Por ello, ya analizan otras posibles causas, aunque no especificó cuáles 

Conforme a información obtenida por ZETA, aproximadamente a las 8:29 am del martes 18 de agosto se reportó un doble asesinato en el interior de unos departamentos de Calle Vicente Guerrero y Fuerte Zacatula, Colonia Mariano Matamoros, atrás de la plaza El Tigre.

Tanto Víctor Laguna Cabrera como Miguel Villegas fueron localizados con  impactos de bala en la cabeza. En la escena también encontraron a Juan Manuel López Torres, de 47 años, con una lesión de bala en el pie izquierdo.

Un testigo narró que los muertos y el herido ingresaron al departamento marcado con el número 5 para desalojar a Pizarro. Aseguró que primero les respondió con gritos y groserías, para después sacar un arma y dispararles. Cometido el crimen, huyó a bordo de una camioneta Ford Ranger blanca, con redilas negras y placas nacionales AN63191.

Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda del auto y el criminal, aunque sin éxito.

 

El día de los hechos, Víctor Lagunas Peñaloza, hermano de la víctima, publicó en sus redes sociales que el homicida era Luis Alfredo Pizarro, quien se dio a la fuga a bordo de una camioneta Ford Ranger color blanco. Aseguró que al parecer el homicida consume drogas y disparó a sus víctimas a sangre fría.

 

Aarón Pizarro Granillo, el presunto victimario, tiene registros de detenciones por faltas administrativas, además de antecedentes por robo y otros delitos.

La víctima, Víctor Laguna Cabrera, cuenta con averiguaciones previas por los delitos de robo con violencia, manejar un vehículo en estado de ebriedad y corrupción de menores.

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD FALLIDA EN TIJUANA: HERNÁNDEZ NIEBLA

 En lo que va de agosto de este año se han perpetrado 104 homicidios dolosos en Tijuana, sumando en total 1 mil 278 ejecuciones durante los últimos siete meses y 19 días transcurridos 

Aunque estas cifras son menores en comparación las reportadas por la administración pasada, la problemática no se ha resuelto de fondo, indicó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla.

“Si comparamos los homicidios contra los mismos periodos del año anterior, existe una ligera disminución del 10% pero también tenemos que recordar que el año pasado se sumaron 2 mil 300 homicidios, y si vamos a llegar a 2 mil 100 este año, pues yo dudaría mucho que se pudiera celebrar una cifra como esa”, declaró el también empresario.

En promedio, diariamente se generan seis muertos al día, por lo que no debe haber motivo de celebración por parte de las autoridades encargadas de la seguridad de los tijuanenses, ya que las cifras denotan un nulo esfuerzo por parte de la autoridad para atender el problema.

“No hay una estrategia clara en materia de seguridad, no se han contratado nuevos policías, no se les ha capacitado de la manera adecuada, no se les está pagando correctamente, tienen una tropa extremadamente desmotivada y finalmente sucede lo que está pasando en la ciudad; pero finalmente la estrategia de seguridad, y se lo puedo demostrar y lo invitó a debatir al respecto, no está funcionando”, objetó Hernández Niebla.

Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública Ciudadana de Tijuana, Jorge Ayón Monsalve, declaró que no ha existido un aumento de violencia en la ciudad: “Si ven ustedes, vamos a la baja. Sí es preocupante que se sigan dando muchos delitos, sí, también es muy preocupante que no nos estén ayudando tanto con la denuncia”, y culpó de la cifra de ejecutados en el municipio a las personas que no denuncian:

“Hubo un tiempo en el que estuvieron ayudándonos con la denuncia, pero se ha bajado impresionantemente; les pido que me ayuden para promover la denuncia y así nosotros poder estar más presentes, estamos seguros de que con lo que hemos apoyado, con las detenciones que ha habido, con los aseguramientos de las armas que han sido históricos en esta administración, se ha logrado apoyar a las autoridades que les compete ver los temas de homicidios”, exhortó Ayón.

Para concluir, expuso que la secretaría a su cargo está realizando operativos diarios en línea para cruzar por la Garita de San Ysidro a Estados Unidos, deteniendo el 17 de agosto a dos personas: una persona con envoltorios de droga y otro con arma de fuego.

“Hemos estado encima, ahí yo también les vuelvo a decir a todos los visitantes a nuestra ciudad, si se ven en algún caso de extorsión y les piden dinero para sacarlos de un carril, inmediatamente se nos avise, vamos a poner los números en carteles de la línea”, finalizó el secretario de Seguridad Pública Ciudadana. Alejandro Arturo Villa Vargas

GENERADORES DE VIOLENCIA

La delegación Sánchez Taboada es la más violenta, lo ha sido por tres trienios sin que operativos específicos o patrullajes militares lo hayan podido cambiar. Tratándose de homicidios, siempre aparece en los primeros tres lugares, usualmente en el primero.

La noche del  4 de agosto de 2020, en la colonia San Martín, policías encontraron una cabeza cercenada acompañada de un narcomensaje, y 15 casquillos de distintos calibres.

Al día siguiente encontraron el cuerpo en el Cañón Centenario, con balas en el pecho.

El 7 de agosto, en la colonia de los Maestros, se localizó un cadáver calcinado dentro de un auto con placas de California, en una calle de la colonia Camino Verde mataron a balazos a Guillermo González Cocina; y el día 12 encontraron un cuerpo en estado de descomposición dentro de un tambo en la colonia Cortez.

En Sánchez Taboada las autoridades tienen identificados como generadores de violencia a:

CAF: José Heriberto Ochoa Díaz “El Huesos”.

CJNG: Rodolfo López Arellano “Cabo 30”, “Solecito” y  a Cristian Jonathan Salcel  “Cabo 64”.

Sinaloa: “El Waro Gerson”, Rogelio Sebastián Osuna Leyva y José Loreto Capoema “El Versi”.

La delegación Los Pinos ocupa el segundo lugar en cifras de homicidios, sin embargo, las autoridades aún no identifican a los generadores de violencia de esa zona, donde hombres con antecedentes de consumo o venta de droga, están siendo baleados en calles y patios de casa.

En La Presa Rural, la mayoría de los muertos reciben un balazo en la cabeza, Villas del Campos, Ejido Ojo de Agua y Maclovio Rojas, son lugares para matar. “Es un punto muy complicado, porque además de los muertos por deudas, por enfrentamientos entre células de diferentes carteles o los pleitos entre adictos, es un lugar usado para las inhumaciones ilícitas” explicó un investigador.

Es un tiradero de cadáveres, con fosas en diverso puntos de la extensa área. En esa delegación las autoridades identifican como cabezas de matones a:

CJNG: Miguel Ángel Jiménez “El Miguelito”.

Sinaloa: Víctor Hugo Mejía  López “El Griego” y Humberto Erasmo Ochoa “El Soldado”.

El 10 de agosto, de la Estación de Bomberos Número 7 en la colonia Cortez, se encontró una maleta con restos humanos. Antes, el día 5, Juan Fabián Patiño Reyes fue baleado en el interior de su auto en la colonia Pedregal de Santa Julia. Estos son solo dos de los doce homicidios cometidos en San Antonio de los Buenos en el mes en curso.

En este sector identificado como SAB,  los generadores de homicidios son:

CJNG: Ricardo Martínez Gutiérrez “El Pilas” y Pedro Stanley Herrera Jelinek “El Peter”.

CAF: Pablito “El Pilas”.

Otras dos zonas con altas cuotas de sangre y muerte son Mariano Matamoros y Natura, en estas los cabecillas de sinarios conocidos son: en la primera, Juan Ramón Soto  Ramírez “El Stopper”; y en la segunda, Marco Antonio Valdivia Melchor “El Marquitos” con el CAF. Por Sinaloa los objetivos son Raúl Sánchez Martínez “El H” y/o  “El Tío”, y un hombre apodado “El 45”.

Y aunque no se trata de colonias con la más alta incidencia homicida, las policías también tienen identificados a los generadores de violencia en otros puntos

En la colonia Emperadores a Jorge Alejandro Eguiadanes García “El Niño” y un sujeto de apodo “El William”, ambos del CAF; en Cerro Colorado, a Héctor Yoshua Meza “El Sambomba”, de Sinaloa; en Centenario a “El Güero Balas” y Roberto Rivera Dozal “El Rober”, de Sinaloa; y en Otay, Ángel Mora García “El Serio”, también del Cártel de Sinaloa.

 

(SEMANARIO ZETA7 EDICIÓN /  INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 24 AGOSTO, 2020 01:00 PM)

DEL HARTAZGO A LA VENGANZA SOCIAL

Repuntan linchamientos durante julio y agosto ante la delincuencia, la inoperancia de las autoridades y el enojo de la población. Entidades del centro del país muestran mayor impaciencia y desconfianza en la actuación de las policías, no existe conteo oficial de incidencias de parte de los gobiernos y la CNDH, investigadores y organismos de la sociedad civil, hacen sus propias cuentas con base en notas periodísticas. “El sistema penal acusatorio y autoridades rebasadas contribuyen para que la gente haga justicia de propia mano”, estima asesor jurídico y mediático


Inseguridad, inoperancia institucional e impunidad forman parte de los agravios oficiales que han robado la paz a millones de mexicanos, que hartos de la crisis de autoridad, se han inmiscuido en casos de linchamiento para castigar a quienes consideran les han hecho daño. De esa forma, los casos de personas que “hacen justicia de propia mano” incrementan, pese a la pandemia que por varios meses paralizaron las actividades económicas.


Mientras que durante los primeros meses se registraron menos linchamientos que el año próximo pasado, parece ser que estos repuntan hacia el segundo semestre de 2020, de acuerdo con datos que se advierten a través de redes sociales y medios de comunicación tradicionales. Durante los meses de julio y agosto han sido muchos los casos en que la vida de presuntos ladrones, defraudadores y violadores fue segada por turbas enfurecidas de miembros de alguna comunidad.


Por desgracia, en México no se tiene una estadística confiable sobre la magnitud de la venganza social. Por lo menos no de parte de los entes gubernamentales. A lo más que se llega por parte de organismos de la sociedad civil dedicadas a la investigación o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es a la obtención de indicadores a través del recuento de notas periodísticas y de hechos descritos en texto o video por medio de redes sociales.


Así, quedan fijos en la mente de cibernautas y consumidores de noticias el asesinato de un presunto ladrón que a principios de agosto subió a una combi colectiva de transporte urbano en el Estado de México, y cuando descendía de la unidad, después de quitar todas sus pertenencias a los pasajeros, le fue puesta una zancadilla que devolvió al ratero al interior y entre todas las víctimas le pusieron una patiza para que aprendiera la lección. Mientras el cómplice huyó, al hombre linchado le bajaron de la unidad y le quitaron los pantalones. Horas más tarde murió.

 

A la situación grabada en video se le dio tal difusión en todo tipo de medios, que difícilmente haya mexicanos que no recuerden el suceso. Sondeos rápidos realizados por empresas noticiosas y blogs dejaron en claro la aprobación que un amplio sector de la población expresa hacia este tipo de forma de “hacer justicia”, ante la lentitud y la incapacidad de los cuerpos policiales.


“Para qué esperar a la Policía, si de todos modos lo van a dejar libre” o “con el sistema de justicia de ahora estamos peor”, son voces que se escuchan cuando la gente justifica la agresión hacia personas que presumiblemente cometieron delitos. Y de la misma forma, que el posible criminal podría quedar impune, es aún mayor el margen de impunidad que encuentran los que participan en un linchamiento, pues difícilmente se sabrá de su detención y enjuiciamiento.


Desafortunadamente en más de algún caso, las personas linchadas resultaron no ser los causantes del ilícito del que se les señalaba, como ha ocurrido con supuestos robachicos que después trasciende, no estaban relacionados con el rumor que se hace correr a través de redes sociales o mensajería de vecinos que deciden actuar en favor de quien lanza una voz de auxilio o la versión de una emergencia irreal. Lo mismo pasa con quienes son señalados de abusos sexuales y robos a casa habitación.


Según un informe rendido por la CNDH en mayo de 2019, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el país ocurrieron 336 casos de linchamiento entre 2015 y 2018, en los que más de 500 personas fueron asesinadas o lesionadas, producto de las agresiones “justicieras”. Hasta esa fecha, el ombudsman documentaba 135 casos en 2019, sin que se conozca la cifra hasta el fin de año.


La CNDH califica los linchamientos “como actos ilícitos que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país, donde como consecuencia de la desconfianza y lejanía de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley, así como la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones que permitan la convivencia pacífica entre las personas, se canaliza o dirige el hartazgo e impotencia de estas últimas”.


Las autoridades suelen minimizar los hechos y dan las investigaciones por concluidas, bajo el argumento de que las personas fallecidas contaban con antecedentes penales o existían señalamientos en su contra en la comunidad, generalmente como una manera de evadir sus responsabilidades, señala el abogado penalista y asesor mediático Jorge Huerta Partida, quien atribuye la actuación de ciudadanos en estos hechos debido al grito de “ya basta” que los entes de gobierno parecen no escuchar.


“La creciente percepción de inseguridad en México se debe no solo a la profusa incidencia delictiva, sino también y de manera más preocupante, a la idea común entre los ciudadanos de que las autoridades no han podido actuar de manera adecuada para castigar a la delincuencia y de que existe una total impunidad”, aseveró el maestro en Derecho entrevistado por ZETA.


Huerta asegura que el Sistema de Justicia Penal se modificó en México tras la reforma constitucional de 2008 y una lenta implementación que ya opera en su totalidad desde 2016, pero “no obstante de dicho cambio, la criminalidad continúa al alza, y de igual manera, el índice de los delitos que no son denunciados es escalofriante. La percepción,  nunca como hoy, es que la mayoría de los crímenes quedan sin castigo. Ahora el Código Nacional de Procedimientos penales tutela los derechos de los imputados, pero los derechos de los ofendidos quedaron en el olvido, ya que el actual Sistema de Justicia Penal en nuestro país, es totalmente garantista de los derechos de los delincuentes”.

 

El jurista destaca que a cuatro años de haberse implementado de forma total el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, “los resultados son nulos y las consecuencias que se han generado en contra de la ciudadanía resultan gravísimas. El sistema está colapsado, no hay justicia, existe impunidad y el porcentaje de carpetas de investigación que llegan a judicializarse resulta ser mínimo, por lo que el delincuente es puesto en libertad con base en todas las bondades, canonjías y respeto a los derechos del imputado”.

 

LINCHAMIENTO EN LA COMBI DEL ESTADO DE MÉXICO

 

Para Jorge Huerta, diversos mecanismos del sistema no han funcionado, y es precisamente el sistema de justicia el mejor abogado del imputado, al otorgarle todas las facilidades y beneficios para que recupere su libertad, “olvidándose por completo de los derechos de la víctima, que remotamente recibe el pago de la reparación del daño. ¿Tú crees que con eso no prefiere la gente hacer justicia por su propia mano? Yo no la justifico, pues las leyes son para cumplirlas y ejecutarlas, pero comprendo lo que está sucediendo por causa de la inoperancia de las autoridades”.


HECHOS DURANTE 2020


ENERO


En Cacahoatán, Chiapas, pobladores enardecidos lincharon al presunto homicida y abusador sexual de una niña de seis años. La turba lo ató de un poste y le prendió fuego hasta que falleció consumido por las llamas. El hombre estuvo preso ocho años por otra violación a una menor de edad.


MARZO


Unos 200 habitantes de Tenancingo, Hidalgo, lincharon en la Comandancia de Policía a un hombre que robó una camioneta estacionada en cuyo interior había dos niñas. Luego que patrulleros persiguieron, detuvieron al ladrón y lo llevaron a sus instalaciones, una turba lo atacó a golpes con manos, pies y objetos hasta matarlo. 

MAYO


Pobladores de la comunidad de Los Ángeles Tetela en Puebla, mataron a golpes y por incineración a dos individuos que ingresaron furtivamente a una casa, al parecer a robar. Ambos intentaban huir en un vehículo cuando fueron interceptados por vecinos de la zona, quienes les prendieron fuego.


JUNIO


Un par de los llamados “moto-ratones” que desapoderaron de un teléfono móvil a una joven mujer sobre una de las principales avenidas de Guadalajara, a una cuadra del Parque Revolución, fueron severamente lesionados a golpes por transeúntes, luego que la víctima los derribó con todo y motoneta en la que pretendían escapar.

 

JULIO

 

En Veracruz, el conductor de una camioneta persiguió a dos presuntos ladrones después de asaltar una tienda de conveniencia y los atropelló. La Policía los detuvo. El video de los hechos fue difundido en redes sociales y se viralizó.


En Ahuirán, en Paracho, Michoacán, habitantes intentaron linchar a un médico y a su hijo por una presunta negligencia profesional tras la muerte de una persona por neumonía, la que supuestamente fue atendida por el doctor en forma ligera.

 

En la comunidad indígena de Tepotzon, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, pobladores ajusticiaron a dos hombres a los que señalaban de haber defraudado a diversos habitantes. Las víctimas fueron linchadas y quemadas vivas.


En el Hospital Civil de Guadalajara murió un hombre que 24 horas antes fue linchado por un grupo de vecinos del municipio de Juanacatlán, Jalisco, acusado de abusar sexualmente y asesinar a un niño de cuatro años. El señalamiento fue por sospecha y hasta el momento no se ha probado la responsabilidad del fallecido en el crimen del menor.


AGOSTO


Uno de dos sujetos que abordó una combi de transporte público para robar a los pasajeros, en el Estado de México, fue brutalmente golpeado por las víctimas. El cómplice escapó y el herido murió más tarde en un hospital. A las horas de ocurrido el crimen, en redes sociales circuló un video con la composición de una cumbia sobre los hechos.


En La Raya, entre los municipios de Cunduacán y Comalcalco, Tabasco, un presunto delincuente dedicado al robo de motocicletas fue linchado con palos y machetes por un conglomerado de enfurecidas personas, tras un intento fallido de atraco a mano armada.

 

En los separos de la Comisaría Municipal de Acajete, Puebla, murió un detenido que momentos antes había participado en el robo a una casa habitación junto con un cómplice que pudo escapar. Vecinos del lugar atraparon al pillo y le pusieron una golpiza con resultados ahora conocidos.


En Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, fue linchado un presunto robachicos. Había sustraído a un menor de edad de su domicilio y al ser descubierto fue tundido a golpes y después incinerado hasta quedar completamente calcinado.

 

Dos presuntos ladrones “conejeros” que atracaron a un hombre que salía de una sucursal bancaria en Tlaquepaque, Jalisco, fueron baleados por su víctima, quien portaba arma de fuego. Uno de los asaltantes murió y el otro resultó lesionado.


Policías y elementos de la Guardia Nacional rescataron a tres presuntos ladrones que intentaron atracar una joyería en el mercado municipal de Cuautitlán, Estado de México. Comerciantes unidos persiguieron, capturaron y golpearon salvajemente a los facinerosos.


Pobladores de San Salvador Huixcolotla, en Puebla, lincharon hasta matar a un hombre joven al que acusaron de tentativa del robo de una camioneta en la central de abastos. Los hechos ocurrieron junto a la Comandancia de Policía.


En Tlahuelilpan, Hidalgo, habitantes agredieron tumultuariamente a dos jóvenes que estaban detenidos en la comisaría, señalados de intento de secuestro de un menor de 13 años. La Policía rescató a los sospechosos. Hubo vehículos incendiados y un baleado.

 

LINCHADORES Y LINCHADOS

 

– Las entidades federativas con mayor incidencia en estos “ajusticiamientos” y su tentativa son: Puebla, Estado de México, Hidalgo, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México.


– En este tipo de violencia social, participan habitantes de zonas con altos índices de inseguridad y escasa respuesta gubernamental.


– Son cometidos por multitudes, lo que genera impunidad para identificar y sancionar a los participantes.


– El uso de redes sociales realiza linchamientos virtuales e incita a su comisión en el mundo real.


– Tipos de víctimas: presuntos ladrones, secuestradores, robachicos, abusadores sexuales y participantes en hechos de tránsito terrestre


(SEMANARIO ZETA/EDICIÓN IMPRESA 7 LUIS CARLOS SÁINZ/LUNES, 24 AGOSTO, 2020 01:00 PM)

CAPTURAN A SOBRINO DE CARO QUINTERO EN CDMX; JUEZ LO VINCULA A PROCESO

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó a César Enrique Caro Escobar -sobrino del capo sinaloense Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe” o “Rafa”-, y a dos personas más, tras un cateo en un inmueble localizado en las inmediaciones de la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México.


La detención de Caro Escobar, junto con Vicente ‘N’ y Carlos Enrique ‘N’, ocurrió hace unos días y los tres fueron presentados ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, quien los vinculó a proceso y les decretó prisión preventiva oficiosa. Además de que dio un mes a la FGR para que realice su investigación complementaria.

 

La Fiscalía imputó a los detenidos por los delitos de posesión de armas de fuego y de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; contra la salud en su modalidad de posesión del psicotrópico denominado clorhidrato de metanfetamina; además de posesión de fentanilo, en su variable de venta con fines de comercio.


La detención de Caro Escobar y los otros dos sujetos derivó de una orden de cateo llevada a cabo por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), otorgada por un juez adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.

 

En el cateo realizado por la FGR se aseguró un kilogramo con 602 gramos de cocaína, un kilogramo con 992 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 20 kilogramos con 490 gramos del estupefaciente denominada fentanilo y 4ANPP (4-anilino-N-fenetilpiperidina).


Además de seis kilogramos con 320 gramos de estupefaciente denominada 4ANPP (4-anilino-N-fenetilpiperidina); así como dos armas de fuego, un cargador, 57 cartuchos útiles para arma de fuego, 11 teléfonos celulares, tres automóviles y dinero en efectivo.


#FGR, a través de #SEIDO, obtiene vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de Carlos “G”, Vicente “G” y César “C”, por su probable responsabilidad en diversos delitos. https://t.co/ugzOvL8ttg pic.twitter.com/T4zIScopvG

— FGR México (@FGRMexico) August 30, 2020


Caro Quintero, ex líder del extinto Cártel de Guadalajara -organización criminal que fundó junto con Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto” y Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”-, cumplía hasta agosto de 2013 una sentencia, por la que permaneció 28 años de prisión -de los 40 que tenía de condena-, por el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, miembro de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), pero logró salir de la cárcel gracias a un amparo, el cual fue revertido dos años después por la SCJN.

 

Mientras tanto, el Gobierno estadounidense solicitó que, de ser reaprehendido, Caro Quintero sea extraditado a EE.UU. para comparecer ante la justicia de dicho país, lo cual fue autorizado por la SCJN el 9 de octubre de este año.


El pasado 23 de octubre, el Departamento de Justicia de EE.UU. informó a través de un comunicado, que busca confiscar bienes en México, que adquirió con recursos ilícitos el capo sinaloense. Según el documento emitido por las autoridades estadounidenses, las ocho propiedades del prófugo de la justicia, se encuentran en Guadalajara, Jalisco.


A finales del pasado mes de julio, Ray Donovan, agente especial encargado de la oficina de la DEA en Nueva York, afirmó que Caro Quintero -uno de los principales capos de la droga en la década de los 80 del Siglo pasado- es la “prioridad” del Gobierno estadounidense.


El pasado 28 de marzo, alias “El Príncipe” o “Rafa”, logró por segunda ocasión impedir que la SCJN se pronunciara sobre el amparo que promovió, con el cual pretende evitar su extradición a Estados Unidos. “El Padrino” presentó una solicitud para que el ministro Luis María Aguilar Morales se declarara impedido para conocer su demanda de garantías.

 

El ex presidente de la SCJN hizo público el proyecto de sentencia donde proponía a los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte, negar la protección de la justicia al capo sinaloense, quien el 26 de marzo reclamó el Tratado de extradición entre México y EE.UU., petición que fue admitida a trámite y turnada al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.


Esa fue la segunda vez que Caro Quintero procedía de la misma forma, ya que en noviembre del 2016, el narcotraficante sinaloense reclamó que el actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, elaborara el proyecto de sentencia.


Aguilar Morales proponía en su proyecto de sentencia negar el amparo al capo sinaloense, y devolver el asunto a un Tribunal Colegiado, para que solo revise cuestiones de legalidad, y con ello determinar si Caro Quintero debe ser entregado a las autoridades estadounidenses.


El 12 de abril del 2018, “El Príncipe” fue incluido en la lista de los “Diez Fugitivos Más Buscados” del Buró Federal de Investigaciones estadounidense (FBI, por sus siglas en inglés), por ser el presunto autor intelectual del asesinato de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, crimen por el que ya había purgado una condena de 28 años de prisión en México.


Caro Quintero, a quien el FBI considera que “está armado y es extremadamente peligroso”, y por quien ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a su captura, había negado en una entrevista videograbada con la periodista Anabel Hernández, publicada en el diario digital The Huffington Post, el pasado 5 de abril, que siguiera activo en el narcotráfico y que se encuentra fugitivo, “por un crimen por el que ya pagó”.

 

En dicha entrevista, publicada también por el portal Aristegui Noticias, el capo de 67 años de edad y originario de Badiraguato, Sinaloa, pidió a la DEA, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y al Gobierno Federal mexicano, que “hagan bien su trabajo” y que lo “dejen en paz”. 

La acusación de la DEA y la Fiscalía neoyorquina (EDNY Docket No. 15-CO-208 S-2), también detalló el “papel principal” de Caro Quintero “en el tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y mariguana a los Estados Unidos y otros países, y refleja sus actividades criminales de 1980 a 2017”.


LA DETENCIÓN DE OTRO DE LOS SOBRINOS DE CARO QUINTERO

 

El Gobierno estadounidense anunció este lunes 10 de febrero, que buscará la extradición de Ismael Quintero Arellanes, alias “Fierro”, sobrino del capo Rafael Caro Quintero, “El Príncipe”, acusado de dos delitos por narcotráfico, así como de uno de posesión y uso de armas de fuego, por lo que podría ser condenado desde una pena mínima de 20 años de cárcel, hasta la cadena perpetua.

 

Así lo anunciaron Richard P. Donoghue, fiscal del Distrito Este de Nueva York, y Ray Donovan, agente especial a cargo de la oficina de la Administración para el Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés) en la misma ciudad estadounidense, quienes solicitaron que el sobrino del ex líder del extinto Cártel de Guadalajara, comparezca ante un juez federal, en la Corte del Distrito Este neoyorquina.

 

Los tres delitos por los que “Fierro”, de 49 años de edad, es imputado, son: uno por conspiración para la distribución de marihuana; uno por conspiración para la distribución de heroína, cocaína y metanfetaminas (entre febrero de 2015 y junio de 2018); y uno más por uso de armas para el fomento del narcotráfico (desde enero de 1980 a junio de 2018).

 

El Gobierno de EE.UU. especificó que “Fierro” era miembro del Cártel de Sinaloa liderado por su tío, “responsable del envío de múltiples cantidades de toneladas” de drogas hacia los Estados Unidos, que generaron “millones de dólares de beneficio” y que conseguían realizar gracias a “métodos de corrupción”.

 

“Perseguiremos sin cesar para que los líderes de los violentos cárteles narcotraficantes y sus socios sean llevados ante la justicia”, dijo Richard Donoghue, fiscal del Distrito Este de Nueva York, en un comunicado.

 

“Esta acusación y arresto indican que aumenta el cerco a los miembros del cartel de Sinaloa, como Ismael Quintero Arellanes y el gran enemigo de la DEA, Rafael Caro Quintero”, dijo en el mismo comunicado, Ray Donovan, agente a cargo de la división de Nueva York de la Agencia Antidrogas de EE.UU.

 

“Caro Quintero permanece prófugo, sin embargo estamos trabajando mano a mano a nivel local, estatal, federal e internacional con nuestros aliados, para desmantelar las operaciones de trasiego del Cártel de Sinaloa”, añadió Donovan.

 

Quintero Arellanes fue detenido el pasado 29 de enero, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), durante un operativo que no duró ni 10 minutos, solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR), realizado en el fraccionamiento Stanza Toscana, al noroeste de Culiacán, Sinaloa.

 

Según medios locales, los marinos llegaron en dos helicópteros artillados MI-17 y realizaron sobrevuelos en dicho fraccionamiento, y en otro aledaño, llamado Valle Alto. Además, durante el operativo los elementos de la Semar utilizaron patrullas y no realizaron disparos de arma de fuego.

 

La aprehensión de Quintero Arellanes se dio tras una orden de Detención Provisional con Fines de Extradición Internacional, ya que es requerido por la Corte del Distrito Este de Nueva York, para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación ilegal de armas de fuego.

 

Según la DEA, Quintero Arellanes es integrante de la organización criminal liderada por Caro Quintero, quien se asoció con el Cártel de Sinaloa, y que se dedica a la fabricación y distribución de mariguana, heroína y metanfetaminas para posteriormente introducirlas de manera ilegal a Estados Unidos.

 

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del juez de Control, Juan Carlos Ramírez Benítez, de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

 

Quintero Arellanes se presentó a una audiencia privada el pasado 31 de enero, acompañado de tres abogados y sólo se identificó con las iniciales de su nombre ante el juez de Control, debido a que en una audiencia previa había solicitado que su identidad se mantuviera reservada, misma en la que negó ser traficante de drogas y aseguró ser campesino.

 

Como parte de la causa penal 5/2018, la Fiscalía General de la República solicitó al juez de control que las audiencias se realicen en privado, para así evitar una “fuga” de información “altamente sensible” que “comprometa” la seguridad nacional, así como investigaciones relevantes en curso, tanto en México, como en EE.UU., que

 

Rolando Pánfilo Morales, fiscal general de Asuntos Internacionales de la FGR, expuso que la nota diplomática 16-682 girada por la Embajada de Estados Unidos en México para la detención con fines de extradición del presunto narcotraficante, “contiene información altamente sensible” para ambos países.

 

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / CARLOS ÁLVAREZ/DOMINGO, 30 AGOSTO, 2020 08:18 PM)

RECUERDAN A LOS DESAPARECIDOS EN EL PREDIO DE ‘EL POZOLERO’

En “La Gallera”, sitio donde Santiago Meza López “El Pozolero” deshizo los cuerpos de cientos de personas, se realizó la tarde del domingo 30 de agosto, Día Internacional de Desaparecidos, un homenaje para quienes no han regresado a su casa.

 

Al evento acudieron las familias de desaparecidos, quienes a su vez han formado grupos dedicados la búsqueda de personas.

 

Luego de una bendición religiosa, varios familiares de personas desaparecidas tomaron la palabra y coincidieron que el apoyo colectivo es una ayuda poderosa para sobrepasar la falta de un ser querido y al mismo tiempo presionar a las autoridades.

 

“No se me hace justo que al Gobierno le este valiendo y que nosotros estemos sufriendo por nuestros hijos, entonces yo les pido a todas que la verdad nos olvidemos de qué colectivos somos y olvidarnos de las riñas que tenemos unos con otros, y unirnos todos en una sola causa”, dijo Bárbara Martínez, madre de Cesar Ezequiel Rico de la Serda, desaparecido desde el 2018.

 

Fernando Ocegueda Flores, director general de la Comisión Estatal de Búsqueda en Baja California, arribó ya empezado el evento y anunció que el retraso se debió a que finalmente se inauguraron las oficinas de esa dependencia.

 

Las instalaciones se ubican en la Tercera Etapa del Rio, a un costado del Centro de la Legalidad, donde desde el lunes 31 de agosto atenderán a las personas que tienen a un familiar desaparecido.

 

“Iniciaremos con los archivos de cada una de las personas, les daremos seguimiento y presión a las autoridades correspondientes, nosotros no tenemos la capacidad de investigación pero si tenemos facultad para presionar a las instancias correspondientes”, dijo el director general de la Comisión Estatal de Búsqueda en Baja California.

 

Ocegueda Flores, afirmó que los colectivos de personas que buscan a personas desaparecidas han encontrado en lo que va del 2020 alrededor de 83 personas en fosas clandestinas, el 90 por ciento de ellas en Tijuana y solo tres han sido identificados.

 

Para finalizar el evento, se pasó lista de las personas desaparecidos de los colectivos que acudieron al evento, acto que duró varios minutos.

 

De acuerdo a la Comisión Estatal de Búsqueda en Baja California, la Fiscalía General del Estado (FGE) nunca ha pasado la cifra exacta de las personas desaparecidas, sin embargo, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) arroja una cifra de 1 mil 235 personas desaparecidas en Baja California desde el 2006 a la fecha.

 

“La Gallera” es un predio ubicado en la calle Cioac del Ejido Maclovio Rojas, donde Santiago Meza López presuntamente disolvió en ácido alrededor de 300 cuerpos que le entregaban miembros del crimen organizado, según su propia confesión cuando fue detenido en 2009.

 

“El Pozolero”, es originario de Guamúchil, Sinaloa, trabajó como albañil hasta que fue empleado por Teodoro García Simental, “El Teo”, quien en su momento fuera integrante del Cártel Arellano Félix (CAF), para después cambiarse al Cártel de Sinaloa.

 

Durante cuatro años, Meza López, utilizó ácido para disolver los cuerpos en “La Gallera”, motivo por el cual el lugar fue entregado a las familias que buscan personas desaparecidas y donde se creará un memorial.


(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  /GERARDO ANDRADE/DOMINGO, 30 AGOSTO, 2020 09:32 PM)

REPORTAN 10 HOMICIDIOS EN LAS ÚLTIMAS HORAS EN TIJUANA, EL ÚLTIMO FRENTE A UNA PIZZERÍA

La violencia en Tijuana sigue imparable. En poco más de 24 horas se reportaron diez personas privadas de la vida, entre ellos una menor de 5 años de edad. También entre los incidentes violentos, figuran el hallazgo de restos humanos acompañados de narcomensajes.

 

Con estos hechos, los homicidios dolosos ascienden a 172 víctimas en agosto, y mil 346 en lo que va del año.

 

El primer caso se reportó ayer domingo 30 de agosto a las 06:15 horas, e indicaba que en el callejón Durango, entre las calles Sonora y Campeche, colonia México, se encontraba el cadáver de un hombre, de entre 30 y 35 años, con manchas de sangre en rostro y tórax.


Luego, envuelto en bolsas de plástico color negro, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona en la calle Ahuízotl esquina con avenida Ulil, colonia Emperadores. Al occiso le fue dejado un narcomensaje del cual se desconoce su contenido.


De varios tiros en la cabeza, fue asesinado un hombre de alrededor de 45 a 50 años en calle del Valle en Privada del Rosario número 39, fraccionamiento Villa del Álamo.


Restos humanos fueron encontrados en maletas sobre la calle Simón Bolívar frente al Oxxo Reforma, colonia Reforma. Al interior de las valijas se hallaron dos brazos y una pierna. Además, fue dejado una cartulina con un texto amenazante.

 

Frente a un domicilio situado en calle Simón Bolívar entre López de Vega y José Vasconcelos, colonia Reforma, fue abandonada una mochila de color azul que contenía la cabeza cercenada de un masculino que rondaba los 40 años. También fue localizada una cartulina color verde fosforescente con una leyenda a tinta negra.


Después un torso humano con ausencia de cabeza y extremidades fue encontrado dentro de una maleta en la calle Álvaro Gálvez en la colonia Loma Dorada Campos. La víctima tenía múltiples heridas.


El cadáver de una menor del sexo femenino de entre 5 y 10 años, fue hallado dentro de una hielera que estaba cubierta con cobijas. El macabro hecho se registró en avenida Las Torres y calle Pípila, colonia El Pípila. Se desconoce causa de muerte.


Con lesiones por proyectil de arma de fuego en tórax, abdomen, brazos y espalda, un joven de 20 a 25 años, sin identificar, fue encontrado muerto en Avenida Venustiano Carranza esquina con calle Mario Ramírez, colonia Castillo.

 

Un hombre identificado como Alan Wilfrido Barrera Ruiz de 29 años, pereció en las instalaciones de Cruz Roja, tras los tiros que le propinaron en el pecho y tórax.

 

Mientras que esta madrugada de lunes 31 fue asesinado un masculino que llevaba por nombre Marco Antonio Melo Cárdenas de 23 años. El ataque armado ocurrió en avenida Entusiasmo esquina con avenida del Soldado, colonia Valle Verde.


Por último, alrededor de las 12:35 horas frente a una pizzería situada sobre el bulevar Fundadores en la colonia Obrera segunda sección, un hombre fue ejecutado a balazos, frente a decenas de personas que se encontraban esperando el transporte público.

 

En ninguno de los hechos se reportan personas detenidas.

 

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS / REDACCIÓN ZETA/LUNES, 31 AGOSTO, 2020 01:56 PM)