martes, 30 de abril de 2013

INTERPONE PRI DEMANDA POR DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS

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 Sergio Haro
Como lo había adelantado en rueda de prensa efectuada el lunes 15 de abril por la mañana, la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en la entidad, Nancy Sánchez Arredondo, presentó una denuncia penal por el uso poco claro de aproximadamente 600 millones de pesos -es la cantidad que calculan- para la actual campaña de difusión del Gobierno del Estado, denominada  “Abra sus Ojos”.

La campaña propagandística del Gobierno del Estado lleva cerca de dos meses y se presenta no solo en espacios en los medios -radio, televisión, impresos-, sino además en espectaculares, transporte y pantallas; su mensaje es en base a que las obras de gobierno se hacen con dinero de la ciudadanía.

Según la lideresa priista, a dicha campaña, que deberá finalizar la próxima semana con el arranque de las campañas políticas, el Gobierno del Estado de Baja California ha destinado casi 600 millones de pesos, aunque oficialmente, entre el gobierno central y las paraestatales, el Estado presupuestó para este año 138 millones de pesos.

En rueda de prensa, el gobernador José Guadalupe Osuna Millán aclaró que para este ejercicio contaban con 120 millones de pesos para difusión institucional.

El lunes por la mañana, Nancy Sánchez presentó un estudio nacional sobre el uso de la publicidad oficial en las entidades federativas, elaborado en abril de 2013 por Fundar y Articulo 19. El estudio ubica a Baja California con tres estrellas -en un rango de cumplimiento de cinco, ya que le faltó entregar información con el presupuesto desglosado por tipo de medios-, y, según Sánchez, tan solo en el gobierno central, el Estado gastó -de 2005 a 2012- 588 millones de pesos, “formando parte de los 18 estados que duplican sus gastos en este periodo”.

“Al Estado le preocupa más difundir su obra, aunque sea falsa, que el medio ambiente que está provocando serios problemas de salud pública”, argumentó la dirigente priista, añadiendo que para este año, el gobierno estatal destinó 107 millones de pesos que evidentemente serán para la campaña institucional “Abra sus Ojos”; aunque también dijo que, calculan, han gastado cerca de 600 millones de pesos en la misma, “pero de eso se encargaran los órganos de fiscalización”, advirtió.

Por último, Nancy Sánchez expuso que se había solicitado a la Unidad Concentradora de Transparencia, la información relacionada con el desglose y contratos de la difusión gubernamental relativos a 2013. 

  (ZETA/  abril 22, 2013)

IMPUNE LAVADO DE DINERO

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Conceden amparo a “Micky” Márquez; en 6 años recibió 41 millones de dólares

El gobierno de Calderón dio un golpe “a medias” a una red de blanqueo de capitales que operaba para el CAF. De 55 miembros de dos células criminales, solo el 20 por ciento de ellos fueron detenidos. Al casacambista Miguel Márquez Treviño le ofrecieron ser testigo protegido, y le sacaron una declaración en la que señaló a una empresa tijuanense de lavar 12 millones de dólares a la semana, a través de un banco de San Diego. El inculpado continúa en prisión
Investigaciones ZETA
A casi tres años y medio del encarcelamiento del empresario Miguel Ángel Márquez Treviño “El Micky”, y al menos una decena de sus socios y colaboradores, la acción de la justicia no ha llegado al resto de los integrantes de la red de lavado de dinero establecida entre Tijuana y Culiacán, que de acuerdo a la Procuraduría General de la República, operaba para el Cártel Arellano Félix (CAF).

En la organización criminal se presume la intervención de 55 personas, desde personal directivo hasta empleados de casas de cambio y de empeño, quienes realizaban grandes transacciones y colocación de dinero en moneda nacional y divisas extranjeras, sin reportarlo a las autoridades hacendarias.

A Márquez Treviño, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) le prometieron fungir como testigo protegido para obtener beneficios penales.

 A final de cuentas no le cumplieron y, según su dicho, llegó a declarar que estaba dispuesto a denunciar a una empresa mexicana que a través de un banco de San Diego, lavaba 12 millones de dólares a la semana, sin que se tenga conocimiento de qué ocurrió con su señalamiento. Sigue preso en el Centro Federal de Readaptación Federal Número 4 “El Rincón”, en Nayarit.

Los antecedentes

“El Micky” Márquez, administrador de diversas negociaciones, fue detenido la mañana del 25 de noviembre de 2009 durante una serie de cateos realizados en Tijuana por la SEIDO. Meses atrás, en junio de ese mismo año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) denunció ante la PGR las sospechosas actividades y movimientos que realizaban casas de cambio y empeño representadas por Márquez Treviño en Baja California y Sinaloa.

Durante los cateos, personal ministerial aseguró 3 millones 720 mil 993 pesos con 30 centavos, y 598 mil 206 dólares en efectivo. Además del dinero, se localizaron en el domicilio del inculpado más de 100 cartuchos para arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, calibres 9 milímetros, 38 súper, 38 especial y 357 mágnum, estos últimos con punta hueca. También fueron asegurados varios vehículos dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/115/2009.

En diez operativos simultáneos realizados por fuerzas federales en esta frontera y en la capital sinaloense, se detuvo a José Abelardo Méndez Contreras, Mauricio Gutiérrez Flores, Hugo Ramón Mora Orozco, Rafael Aurelio Aguirre Niebla, Julio Amavizca Valenzuela, María del Refugio Palazuelos Navidad, David Francisco Gallardo Gutiérrez, Aurelio Aguirre Palazuelos, Luis Ángel Duarte Sarabia y Aída Rivera Gerardo.

Todos, a excepción de la última señalada, permanecieron arraigados en la Ciudad de México hasta el 19 de enero de 2010, cuando se cumplimentó la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, con residencia en Toluca, Estado de México, en la causa penal 18/2010.

Márquez y coacusados fueron remitidos al penal federal de mediana seguridad de Nayarit, donde vía exhorto, un Juez de Distrito de la localidad les dictó auto de formal prisión el 29 de enero siguiente, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Asimismo, al “Micky” se le inició proceso por posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Falsa promesa

Al emitir su declaración ministerial, Miguel Ángel Márquez Treviño negó su participación en los hechos imputados, y el pertenecer a alguna organización criminal en el blanqueo de capitales. Aseguró que el dinero en moneda nacional y en dólares, localizado durante los cateos, estaba compuesto por el efectivo de tres negocios que se encuentran en un mismo domicilio en Tijuana, además de que el origen del dinero deriva de préstamos recibidos. De las balas, dijo que eran de uno de sus hijos.

Ante el juez, al rendir su declaración preparatoria, el casacambista ratificó lo antes expuesto, argumentando que durante la etapa de arraigo a la que estuvo sometido, el 12 de enero de 2010 lo trasladaron del Centro de Arraigo de la colonia Doctores de la Ciudad de México, a las instalaciones de la SEIDO, “para hacer una declaración como testigo colaborador o protegido” a cambio de su libertad, según le dijeron de palabra.

Márquez Treviño declaró que durante más de cuatro horas proporcionó “detalles de la situación extremadamente anormal donde se lava prácticamente todo el dinero sucio de Tijuana”. 

Inclusive manifestó que desde el 14 de diciembre de 2009, ya estando arraigado, intentó comunicarse con la Secretaría de la Defensa Nacional en Tijuana, al teléfono (664) 685-0297, “para reportar a Inteligencia Militar la denuncia de un banco americano con una empresa mexicana que estaban lavando 12 millones de dólares a la semana desde Tijuana, exportándolo a San Diego en servicio de traslado de valores”.

Pero no se conoció del asunto de la supuesta declaración que habría realizado el empresario como “testigo protegido”. El 31 de mayo de 2011, el Cuarto Tribunal Unitario del Segundo Circuito en Toluca, confirmó el auto de bien preso contra los procesados, en toca penal 55/2010.

Las operaciones

Estados financieros proporcionados a la PGR por las instituciones bancarias donde se localizaron cuentas abiertas por Miguel Ángel y socios, revelan que entre los años 2002 y 2008 se registraron depósitos por 41 millones 508 mil 108 pesos con cinco centavos, y un millón 35 mil 353 dólares americanos con 75 centavos.

También se estableció que de dichas cuentas, se retiraron 41 millones 491 mil 690 pesos con seis centavos, y un millón 035 mil 253 dólares con 34 centavos.

En las casas de cambio se efectuaban operaciones mayores a 10 mil dólares, y se libraron al menos 16 cheques por esas cantidades a favor de diversas personas identificadas por la fiscalía federal.

En coordinación con Hacienda, la SEIDO llegó a la conclusión de que no obstante Miguel Ángel Márquez Treviño era accionista de ocho empresas diferentes, no había “declaraciones anuales presentadas a su nombre ante la autoridad tributaria”.

Dos células en la red

Por su parte, autoridades ministeriales determinaron en la indagatoria que la organización de Márquez y socios estaba perfectamente coordinada para delinquir, integrada en dos grupos. Uno conformado por las personas que residían en Tijuana, y otro por los que vivían en Culiacán, Sinaloa, quienes a su vez, tenían subdivisiones.

En la primera célula criminal se encontraban los sujetos que tenían firmas autorizadas en las cuentas bancarias de las empresas en que se efectuaron depósitos por elevadas cantidades de dinero en moneda nacional y dólares americanos, además de que en una de las sociedades, se realizó venta de divisas.

Algunos de los integrantes de la primera célula, eran los encargados de transferir el dinero de procedencia ilícita al diverso grupo de personas que residía en Culiacán.

La segunda célula “también estaba integrada por sujetos autorizados para librar contra las cuentas de las referidas sociedades”. En ese grupo se destacó la existencia de 55 personas que recibían depósitos directamente de las cuentas bancarias, que eran los propios empleados de las casas de cambio y de empeño.

A la fecha y a más de tres años de los hechos, se desconoce la identidad de los sospechosos, nombres que obran en poder de la PGR y no se les ha detenido.

 Difícil resultará en la nueva administración, informar oportunamente del estado del asunto, sobre las órdenes de aprehensión cumplimentadas, y no se diga de las pendientes.

Le conceden amparo

Luego de que al “Micky” Márquez Treviño le fue confirmado el auto de formal prisión, en 2011 interpuso un juicio de amparo ante el Primer Tribunal Unitario de Toluca contra la resolución; protección que rindió frutos recientemente, al concederle el amparo para efectos de reponer el procedimiento por el tribunal que conoció de la apelación.

La magistrada María de Lourdes Lozano Mendoza concedió la protección constitucional al quejoso porque, a su parecer, “el magistrado de apelación omitió exponer los motivos por los cuales, a su juicio, merecían eficacia demostrativa; menos aún indicó los indicios que de éstas se obtenían en lo individual, y la forma en que se adminiculaban entre sí”.

En su razonamiento, la titular del tribunal refiere que el juzgador indicó que la intervención del inculpado se circunscribe a la realización de operaciones y movimientos financieros utilizando diversas empresas: canje de moneda nacional por dólares americanos, y depósitos en diferentes cuentas y transferencias.

De acuerdo a la resolución del juicio de garantías, el cual resolvió la apelación que confirmó el auto de bien preso, pasó por alto indicar con qué pruebas se corroboraban dichos actos, qué indicios se obtenían de cada una de ellas, y cómo se entrelazan entre sí.

La magistrada Lozano añadió que en el presente caso, su homólogo se conformó con citar la valoración efectuada por el juez de origen, y “quedó evidenciado que la misma es incongruente y carece de motivación”, por lo que al conceder el amparo, ordenó dejar insubsistente la confirmación del auto mencionado, que se entre al estudio de los señalamientos y de cada prueba, para dictar una nueva resolución apegada a derecho.

La copia de la causa penal, motivo de la violación de garantías, fue devuelta al Cuarto Tribunal Tribunario en 23 tomos del proceso 18/2010, y un tomo del toca de apelación 55/2010.

El magistrado que repondrá el procedimiento, ya notificó al tribunal de amparo que dio cumplimiento a lo ordenado, dejando sin efecto la confirmación que hizo en mayo de 2011, pero debido a lo voluminoso del expediente y lo complejo de las imputaciones, solicitó una prórroga de cuatro meses para emitir un nuevo veredicto.

La autoridad protectora estima procedente y razonable la petición del magistrado, y concedió la citada prórroga, por lo que se dará cumplimiento a la ejecutoria del amparo a más tardar en la primera quincena de agosto de 2013.

El auto de formal prisión en contra de Miguel Ángel Márquez Treviño, dictado por el juez federal de origen, persiste, lo que quedó sin efecto fue la confirmación del mismo, por lo que “El Micky” no obtendrá su libertad durante ese periodo.

abril 22, 2013) 

SNTE SUMISO

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Disidencia magisterial relacionada con la CNTE

El movimiento de Resistencia Magisterial en Baja California, presentará ante el Congreso local una propuesta de modificación a la Ley de Educación del Estado, similar a la que presentó la disidencia en Guerrero para sopesar la Reforma Educativa. El SNTE asegura mantenerse en la lucha, sin embargo, apenas ha logrado promover un punto de acuerdo en la instancia legislativa
Saúl Alejandro Ramírez Esparza
El trabajador docente reclama que se le atribuya directamente el atraso educativo que vive el país, que sus derechos laborales sean amenazados por las decisiones del Estado, y que la gratuidad de la educación sea puesta en duda, gracias a una Reforma Educativa que parece entrar más en el terreno laboral.

Por ello, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero -organización disidente del SNTE-, ha logrado mediante paros laborales, megamarchas y bloqueos carreteros como medidas de presión pública y política, que el Congreso del Estado considere en dos ocasiones su propuesta de reforma para la Ley de Educación guerrerense, la primera respaldada por el propio gobernador, Ángel Aguirre, y la segunda por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no ha hecho pública ningún tipo de estrategia para contrarrestar la modificación constitucional promulgada el 25 de febrero por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Su nuevo dirigente nacional, Juan Díaz de la Torre, ha manifestado el respaldo a dicha reforma, mencionando que los derechos de trabajador de la educación deben ser respetados.

Los dirigentes de las secciones 2 y 37 en Baja California, extendieron una convocatoria nacional al magisterio local para manifestarse de manera pacífica y en fines de semana, organizaron comisiones para recorrer planteles y escuelas normales, con el propósito de informar sobre la amenaza a sus derechos laborales y la gratuidad de la educación. Sin embargo, las manifestaciones que iniciaron el sábado 19 de enero en el estado, terminaron con una marcha en San Quintín el 21 de marzo pasado.

El profesor Alberto Martínez Carrillo, dirigente de la Sección 37, justifica: “Bueno, cumplimos con una ronda, hicimos una manifestación en cada región, y ahorita estamos en otra etapa, haciendo otro tipo de promociones”.

El doctor Víctor Alejandro Espinoza, investigador del Colegio de la Frontera Norte y analista político, es cuestionado por ZETA sobre la poca participación bajacaliforniana en movimientos sociales de protesta. Respecto al magisterio, comenta:

“En el caso específico del SNTE, por ejemplo, las secciones de aquí, la 2 y 37, siempre han sido secciones elbistas, de pleno control del ala oficial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a diferencia por ejemplo de Oaxaca, de Guerrero, del Distrito Federal”.

De acuerdo a Espinoza, los niveles de protesta van directamente relacionados con la situación socioeconómica de cada entidad federativa, es decir, las oportunidades que existen para la población del suroeste de la Republica, en comparación con el contexto local.

“Evidentemente las condiciones son muy diferentes en términos de las condiciones socioeconómicas de la entidad, y eso también influye, es decir, no es lo mismo las condiciones en que trabajan los trabajadores de la educación en la sierra de Guerrero, o en la oaxaqueña, o en la huasteca hidalguense, donde realmente trabajan en condiciones muy atrasadas, con muchas deficiencias. Es decir, a pesar de las carencias que tienen la estructura y la infraestructura educativa en Baja California, hay una distancia”.

Con lo anterior coincide una minoría magisterial que, asegura, se mantiene en la lucha contra las modificaciones a la constitución, sus líderes son integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 2, pero aceptan la influencia de la CNTE en su movimiento de disidencia. 

Tanto así, que el próximo martes 23 de abril, presentarán ante el Congreso del Estado una propuesta similar a la que esta organización del suroeste del país promovió en el Congreso guerrerense.

Al estilo Guerrero

El primer punto que toca el dirigente estatal del Movimiento de Resistencia Magisterial en entrevista, es la amenaza a la gratuidad de la educación, es decir, lo planteado en la fracción tercera del Artículo Quinto Transitorio de la modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece que con la finalidad de “fortalecer la autonomía de gestión”, deberán involucrarse “alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director”, en la resolución de los retos que cada plantel educativo enfrente.

De inmediato, Marco Antonio Pacheco Peña lo aterriza al contexto local y saca a colación el programa estatal Becas Progreso, promovido precisamente para el mantenimiento de cada escuela y para acabar con el cobro de cuotas. Actualmente se ejercen 300 millones de pesos anuales, otorgando a cada plantel 400 pesos por alumno, según información del Gobierno del Estado de Baja California.

“Pero ahora con esta reforma, no sabemos en qué estado de indefensión queda el padre de familia, porque constitucionalmente te obligan a entrarle a las escuelas”, asevera.

Junto a esta inquietud permanece en los maestros la zozobra de que en cualquier momento puedan ser eliminados sus derechos laborales, y terminen siendo despedidos por no aprobar un examen que, predicen, será estandarizado y no tomará en cuenta aspectos como el del contexto socioeconómico de alumnado y profesorado.

A partir de lo anterior, una de las acciones que la disidencia bajacaliforniana planea para el 23 de abril, es promover ante el Congreso local un anteproyecto de modificación a la Ley de Educación estatal, así como lo hizo la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero  -CETEG-.

De hecho, el documento que entregará el Movimiento de Resistencia Magisterial, es la misma iniciativa que se presentó en aquel estado, pero “adecuada” a la situación de la entidad.

ZETA consultó la minuta promovida por la disidencia magisterial en aquella región, de donde destacan los siguientes puntos:

- Que el Gobierno del Estado asuma el compromiso de gestionar ante el Federal, el incremento de plazas base para los egresados de escuelas normales públicas, en base a criterios confiables y transparentes.

- Un monto anual establecido en la Ley de Presupuesto de Egresos que se destinará al sostenimiento del gasto de las escuelas en construcción, mantenimiento, mobiliario y servicios básicos.

- Obligación y responsabilidad de autoridades del Gobierno del Estado y Federal, el sostenimiento de los planteles por mandato constitucional y no de los padres de familia, sin menoscabo de la gestión que hagan en otras instancias.

- La evaluación del sistema educativo tomará en cuenta la diversidad sociocultural de la entidad, garantizando el respeto a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación. 

Para ellos se creará el Instituto Autónomo de Evaluación Educativa estatal, integrado por diez miembros de reconocido prestigio académico y un coordinador por cada nivel educativo.

El estudioso de la Ciencia Política y Administración Pública, Víctor Alejandro Espinoza, fue concreto y asentó la imposibilidad de que un Congreso de mayoría priista contravenga una iniciativa emanada del Poder Ejecutivo federal.

La influencia de la CNTE en Baja California

El Movimiento de Resistencia Magisterial, como se hacen llamar, surgió en 2007, cuando un grupo de docentes salió a manifestarse contra las modificaciones a la Ley del ISSSTE, antes de que ésta fuera promulgada. De aquel movimiento se recuerda el bloqueo de la Garita internacional de San Ysidro, en mayo.

“Fue lo más que logramos sumar… fue el récord o el momento cumbre del movimiento, haber logrado esto”, recuerda Marco Antonio Pacheco Peña, su dirigente estatal.

En días posteriores, después de ser criticados por la entonces secretaria general de la Sección 2 del SNTE y hoy diputada local, Arcelia Galarza Villarino, decidieron tomar las instalaciones de la organización sindical en la entidad, huelga que se prolongó aproximadamente por 100 días.

Desde aquel año, la disidencia bajacaliforniana aparece por separado en la escena pública, aunque siguen perteneciendo a la organización sindical, desconocen a sus líderes y planean sus estrategias de protesta sin seguir el ordenamiento oficial.

Por otro lado, reconocen la influencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en su movimiento, organismo que, refieren, se les ha acercado para fundar una célula en la región, propuesta que rechazaron.

“Y no es que no me agradara la forma de luchar de ellos, sino que Baja California no estaba preparada para ello, era peligroso aceptarlo sobre todo para las maestras, era asustarlas y que se fueran del movimiento, porque iban a decir que adoptaríamos una lucha violenta”.

No obstante, la relación fue tal, que en aquel año fueron recibidos por el movimiento bajacaliforniano para una reunión nacional, grupos disidentes provenientes de 27 estados de la República Mexicana. Ahí se acordó el desconocimiento de Elba Esther Gordillo como líder sindical.

La relación jurídica con la CNTE también ha sido una constante. Pacheco Peña explica que son los abogados de esta organización quienes llevan los 720 recursos de amparo interpuestos para protegerse de las modificaciones a la Constitución en el Estado por simpatizantes del Movimiento de Resistencia.

“Todo lo que son amparos, talleres, simposios, todo lo que son seminarios sobre liderazgos sindicales y filosofía sindical, es con ellos, con ese grupo, son esos grupos que hay en el país”, sentencia.

Y mientras tanto el SNTE…

El dirigente de la Sección 37 del SNTE, Alberto Martínez Carrillo, aceptó que no hay una “definición” clara por parte de la organización sindical para enfrentar lo planteado en la modificación constitucional, aunque declara, se mantienen pendientes de cualquier decisión que vulnere los derechos laborales del docente.

Cuestionado por ZETA sobre la razón de suspensión de las marchas en fines de semana, respondió:

“Bueno, cumplimos con una ronda, hicimos una manifestación en cada región, y ahorita estamos en otra etapa, estamos haciendo otro tipo de promociones; ahorita estamos por arrancar un torneo de futbol los fines de semana con jóvenes, para que vayan los padres de familia, y además, poderles compartir cual es la intención de este trabajo, pero son muchas las estrategias que estamos siguiendo”.

¿De qué manera se pretende incidir en las decisiones que se tomarán próximamente en el Congreso del Estado?

“Aquí en Baja California creo que llevamos un avance notable, primeramente que a la Cámara de Diputados ya se subió un punto de acuerdo donde dice que cuando se analicen las leyes secundarias, va a haber punto de vista y la participación de la organización sindical, de entrada ya está aprobado y es algo positivo”.

El punto de acuerdo en mención, fue promovido por los diputados Gregorio Carranza y Arcelia Galarza, ambos emanados del Partido Nueva Alianza (PANAL).

Por su parte, el investigador del Colegio de la Frontera Norte concluye: “Los indicios que tenemos, es que ha negociado con el PRI con el gobierno de Peña Nieto, no se van a movilizar, ya no están llamando a movilizarse, porque en un principio se pensaba que la paradoja iba ser, cuando empieza todo esto, que podrían unirse CNTE y la SNTE para protestar, y eso era una paradoja; pero ahora me queda claro que con esto… el mensaje fue muy fuerte del gobierno de Peña Nieto con el encarcelamiento, ellos lo saben, no se quieren mover mucho. 

Que ha sucedido en el SNTE, pues Elba Esther se fue, pero la estructura es la misma, la dirigencia pues ella la dejó, digo, tiene ciertas lealtades… ya no le van a mover mucho”.

 (ZETA/ abril 22, 2013)

JORGE HANK RHON, MÁS SOSPECHOSO QUE NUNCA

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25 años de impunidad

A cinco lustros del crimen del periodista Héctor Félix Miranda aparecen más testimonios de la protección que el político y empresario brindó al asesino material. Un testigo protegido declara que Hank Rhon envió paquetes al parecer con cocaína, armas y miles de dólares a Vera Palestina durante su estancia en la penitenciaría de “El Pueblito”. El motín de 1995 en el penal de Tijuana habría costado 100 mil dólares, que salieron de las bolsas del dueño del hipódromo
Luis Carlos Sáinz Martínez
A 25 años de distancia del asesinato del periodista Héctor Félix Miranda “El Gato” y con motivo de las investigaciones que se realizan desde hace dos años sobre las conexiones del narcotráfico con el Hipódromo de Agua Caliente, testigos protegidos revelan la comisión de delitos y el comportamiento sospechoso del empresario Jorge Hank Rhon después del crimen ocurrido el 20 de abril de 1988.

A la fecha, los autores materiales del homicidio continúan en prisión. Antonio Vera Palestina, quien era encargado de seguridad del hipódromo a finales de los años ochenta y compadre de Hank, se encuentra internado en el penal de máxima seguridad “Altiplano”, en Almoloya de Juárez. Victoriano Medina Moreno, está preso en el Centro de Reinserción Social “El Hongo”, en Tecate. El primero purga una condena de 25 años y el último de 27 años de prisión.

Del autor intelectual siempre se sospechó de Jorge Hank Rhon, incluso oficialmente y en aquel entonces la declaración de Ernesto Ruffo Appel, “todos los caminos conducen al Hipódromo”. 

Además, de la armería e instalaciones del Hipódromo salieron armas de fuego y asesinos aquella mañana para matar al “Gato” Félix. Después regresaron al hípico para dejar la escopeta calibre 12 doble cero y ocultar el auto Trans-Am color oscuro utilizado para ultimar al codirector del semanario ZETA.

Desde las primeras investigaciones se conoció que Antonio Vera Palestina se refugió inicialmente en el inmueble hípico y después huyó a Los Ángeles, donde finalmente fue detenido el primero de mayo de 1990. 

 También existen declaraciones en el expediente que revelan que Vera siguió recibiendo su sueldo íntegro, aproximadamente 3 mil dólares mensuales, pagados por su patrón.

Droga, arma y dinero a “El Pueblito”

Hoy se sabe, a través del testigo protegido Víctor Manuel Peña García “El Chuta”, que este comenzó a trabajar como empleado de seguridad en el hipódromo en 1989 y su jefe inmediato era Vera Palestina, quien le dotó de un arma corta y una larga, ganando aproximadamente 10 mil pesos mensuales. También rendía obediencia a una persona de nombre Fernando Pérez Mundo.

“El Chuta” declaró que cuando Antonio fue detenido por el homicidio de Félix Miranda, Jorge Hank Rhon y Pérez Mundo le ordenaban ir a visitar a Vera Palestina a la penitenciaría de Tijuana conocida como “El Pueblito” hasta dos veces por semana “y le llevaba paquetes que yo me imaginaba que eran de cocaína, ya que ahí dentro tenía la concesión, y estos paquetes me los entregaba Jorge Hank Rhon”.

Agregó que su patrón le decía “Aquí está este paquete, lo vas a llevar a mi compadre y afuera te van a dar instrucciones”. Quien le instruía era Fernando Pérez Mundo, que le decía con cuáles funcionarios debía acudir para que ingresara sin ser revisado y cumplir con la encomienda.

El testigo protegido aseguró que no había problemas para pasar y entrevistarse con Vera Palestina, quien estaba alojado en una especie de ‘casa’ (carraca) a unos 15 metros de la comandancia. 

En otra ocasión, dijo, le llevó al recluso una pistola escuadra calibre 45 por órdenes del “jefe”, arma que entregó en las manos de Antonio sin contratiempo alguno.

Financian motín de 1995

Otro señalamiento grave del mismo declarante involucra a Hank Rhon con el envío de 100 mil dólares a su compadre preso en “El Pueblito”, a través de “El Chuta”, quien refirió que “este dinero lo quería para pagar un motín que se hizo dentro del penal, por lo que pasados tres días sucedió el motín y después de eso lo trasladaron para Puente Grande”. 

Aunque el testigo no señala fechas, debió tratarse de 1995, cuando ocurrió un sangriento disturbio en esa cárcel y se produjo el traslado del reo a máxima seguridad en Jalisco. El 6 de marzo de ese año fue ejecutado el director Jorge Alberto Duarte Castillo cuando llegaba a su casa

La declaración de Víctor Peña sobre Vera Palestina y Hank no acaba ahí. El testigo añadió ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que por órdenes de su patrón fue a visitar al asesino a su nueva prisión para llevarle dinero, “arreglara su estancia en Puente Grande y que no lo pasaran a población”, además de informar a su regreso a Tijuana sobre la situación jurídica del encarcelado.

“Una persona de sexo femenino de la cual no recuerdo su nombre, me recibió y me pasó a un área como del jurídico y me llevan ahí a Vera Palestina y me empezó a preguntar ‘qué iba a hacer el jefe, que si lo iban a sacar’, a lo que yo le contesté que no sabía, que solamente el jefe le había mandado un sobre amarillo, el cual contenía veinte mil dólares”, dijo Peña García.

El mismo testigo seguiría declarando sobre otros temas, como los presuntos nexos que Hank tenía, según “El Chuta”, con Benjamín Arellano Félix y “el Teo” García Simental, a quienes llegó a observar de visita en el hipódromo con su patrón en diferentes épocas y delató la presunta participación del millonario en la autoría intelectual de algunos homicidios, entre ellos el de su nuera, de nombre Angélica María.

El asesinato de “El Gato”

Héctor Félix Miranda fue cofundador del semanario ZETA con Jesús Blancornelas el 11 de abril de 1980, después de haber sido despojados el año inmediato anterior del periódico ABC, que abrieron juntos en 1977. “El Gato”, como le llamaban, era un periodista ácido y certero, cuando ‘pegaba’ dolía y con humor negro ponía ‘el dedo en la llaga’ en su sección “Un poco de algo”.

Meses antes de su muerte, Héctor escribió en sus columnas algunas noticias y comentarios en tono burlón sobre el empresario “júnior” Jorge Hank Rhon y el 20 de abril de 1988 hombres al servicio de éste asesinaron de dos escopetazos al codirector.

Esa mañana lluviosa, aproximadamente a las 09:15 horas, Félix Miranda salió de su casa a bordo de un auto Ford sedán modelo 1980 para dirigirse al periódico. Una camioneta color crema lo siguió. 

Cerca del semanario, en una esquina se encontró con un vehículo Trans-Am y “El Gato” reconoció a Victoriano Medina, quien le hizo una seña para platicar con él. 

El asesino se aproximó a la ventanilla del carro de Félix ocultando a su espalda una escopeta, la cual disparó en dos ocasiones una vez que estuvo a corta distancia del periodista.

Después de que los criminales escaparon y se conoció que se habían refugiado en el hipódromo del boulevard Agua Caliente, así como su identidad, las sospechas se volvieron contra el patrón de ambos, Jorge Hank Rhon.

Victoriano Medina Moreno, quien jaló del gatillo del arma asesina, fue detenido 10 días después de los hechos. Al día siguiente Hank ofreció una rueda de prensa para desligarse de la conducta de sus empleados y hasta dijo que el periodista era su ‘amigo’. Por su parte, Antonio Vera Palestina fue aprehendido dos años después, el primero de mayo de 1990 en Estados Unidos.

En marzo de 1991, el Juez Segundo de lo Penal de Tijuana dictó sentencia en contra de los ‘matarifes’, quienes con los años tuvieron dificultades en la penitenciaría de Tijuana. Vera Palestina se había convertido en un reo omnipotente en “El Pueblito” y después de que corrió sangre en 1995 fue enviado a máxima seguridad en Jalisco.

Victoriano Medina Moreno fue descubierto hace unos años en posesión de una dosis de heroína en la cárcel y recibió una nueva condena dictada por un juez federal de 11 meses de prisión por delitos contra la salud. Actualmente se encuentra en el Cereso de “El Hongo”.

25 años de impunidad sin que el autor intelectual del crimen que cimbró al periodismo mexicano y a la sociedad bajacaliforniana sea detenido. Vaya, ni siquiera indiciado.

 Luis Carlos Sáinz Martínez/ abril 22, 2013 )

LOS ASESINOS DEL NARCO

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237 homicidios en BC en lo que va de 2013; 45 entre el 1 y el 18 de abril solo en Tijuana
Nuevamente la sociedad tijuanense está en riesgo, los vendedores de droga al menudeo convierten las colonias de la ciudad en sus escenas del crimen, y a los ciudadanos comunes, en sus testigos y víctimas potenciales. Con un Consejo Estatal de Seguridad descoordinado, Los Chamulas, Los Talibanes, Los Chapitos, Los Aquiles, Atlantes, Los Panchos y Los Sureños, hacen de la ciudad su campo de guerra. Las autoridades admiten repunte en homicidios, pero aseguran que no hay comparación con el pasado porque ahora sí están capturando a los ejecutores
Investigaciones ZETA
Las ejecuciones del narcotráfico en los últimos días han subido de tono, significan un reto a la autoridad y vulneran a la sociedad. Matarifes al servicio de las células criminales en la entidad, particularmente en Tijuana, asesinan a sus competidores criminales a plena luz del día, en lugares públicos, frente a decenas de testigos. Matan lo mismo a hombres, mujeres y de nuevo, niños.

“El sector empresarial se encuentra preocupado por el incremento de los asesinatos que en las últimas semanas han mermado la paz social en la ciudad”, reflexionó Jorge Escalante Martínez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Capítulo Tijuana, y completó: 

“Estas muertes no se pueden justificar, ni considerarse casos aislados, porque está latente el resurgimiento de la violencia derivada del narcotráfico, como ya sucedió en Tijuana”.

Van 237 asesinatos en el estado, 45 homicidios ocurridos entre el 1 y el 18 de abril solo en Tijuana. Los escenarios sangrientos se repiten en la Zona Este, Sánchez Taboada, San Antonio de los Buenos y recientemente en la Zona Oeste, Delegación Playas. La mayoría de los ataques ocurren ente cuatro y nueve de la mañana, y se cometen con armas cortas, calibres 45, 38 y 9 milímetros.

Tras reconocer que el número de asesinatos es mayor en el primer trimestre, comparado con 2012, representantes gubernamentales se han esforzado en dejar claro que la mayoría de los muertos son personas con una vida criminal inmiscuida en el tráfico de droga, razón por la cual los ciudadanos de bien, no deben temer. 

Versión que no corresponde totalmente a la realidad, porque si bien se están “matando entre ellos” -argumento que en efecto no sirve de justificación, porque legalmente en México, nadie, ni el gobierno, tiene derecho a asesinar-, los hechos demuestran que lo están haciendo en zonas urbanas, áreas escolares, espacios públicos donde los daños colaterales y la  muerte de inocentes, es un permanente peligro. 

Además de la inseguridad que conlleva para los testigos de estos crímenes el que estos maleantes sepan que pueden identificar a los asesinos. La comunidad, entonces, está en riesgo.

Mientras la ciudad fronteriza se convierte de nuevo en un tiradero de cadáveres, sin justificación sólida, las policías Estatal Preventiva y el Ejército abandonaron el compromiso público adquirido de buscar y combatir asesinos, como lo hicieron hasta el año pasado, hasta antes de que iniciara la jornada electoral, causando que la endeble seguridad de los tijuanenses se politice.

Los organismos empresariales empiezan a alzar la voz con reclamos ante la prensa, sin embargo, ninguno  ha planteado su inconformidad formalmente por la falta de coordinación ante el Consejo Estatal de Seguridad.

Las células enfrentadas

En la Policía Municipal de Tijuana y la Procuraduría saben lo que pasa, lo están combatiendo. Hay homicidas detenidos y consignados,  pero sin apoyo del resto de los integrantes del inoperante Consejo Estatal de Seguridad, no han podido mermar el fenómeno de las ejecuciones.

Las balaceras diarias son resultado de las pugnas por el control territorial de la venta de droga al menudeo, entre los remanentes de Los Chamulas y los Talibanes; Los Chapitos contra Los Aquiles; Los Chapitos contra Los Atlantes; Los Panchos contra Los Sureños. Adicionalmente, las áreas de inteligencia tiene detectadas guerras internas entre los grupos encabezados por Javier Mendoza Uriarte y Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, dado que estos hombres solo dirigen por vías electrónicas, no están en la ciudad.

Como responsables de las masacres, a principios del mes de abril, seis sujetos estaban en el radar de la Policía Municipal de Tijuana y la Procuraduría del Estado: uno era Carlos García Márquez  “El Negro”, detenido el martes 16 de abril por un asesinato cometido el mismo día. 

Según los primeros dichos de sus cómplices, estarían relacionados con ocho muertes violentas, pero en primera instancia, se le vincula judicialmente a un asesinato; además de Víctor Manuel García Morales “El Sargento”, acribillado con arma corta el miércoles 17 de abril.

La búsqueda durante las próximas semanas, se concentra sobre los siguientes sujetos identificados solo por apodo como “El Chapito”, “El Julián de la Calle 6ta” y “El Atlante”. 

El hombre que asesinó a dos sujetos frente a una taquería en el fraccionamiento Los Álamos el lunes 15 de abril, según las autoridades está identificado. Es un criminal que ha cometido delitos en Estados Unidos, sin embargo, sospechan, se esconde en San Diego, California.

“Los vamos a capturar”

Aunque contra argumentan que Tijuana no es la ciudad más violenta, ni de México ni de Estado Unidos -palabras que no sirven de consuelo para los tijuanenses-, Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública Municipal, y Abel Galván, subprocurador contra la Delincuencia Organizada del Estado de Baja California, admiten que los asesinatos violentos relacionados con el narcotráfico se incrementaron. 

Que se están realizando en espacios y horas donde se pone en peligro a personas inocentes, y que los miembros del crimen organizado de nuevo mataron a una niña el miércoles 17 de abril.

Y aunque no es justificación, Capella detalló: “La menor -Vianey, de 9 años- era usada por su padrastro Víctor Manuel García Morales ‘El Sargento’ -asesinado junto a la niña- para entregar los paquetes de droga. Llegaban a un lugar en el carro y la niña se bajaba a entregar al mercancía; su madre -Silvia Patricia Anaya Santarosa- y su hermano, lo sabían y lo reconocieron”.

Justifica el secretario: “Sí hay más muertos, pero la diferencia con años pasados, es que a los homicidas los estamos capturando y presentando…”.

Por su parte, el subprocurador Galván asegura: “La diferencia es que no hay impunidad, los asuntos se están resolviendo, se están consignando”, además de explicar que el lado positivo de que la Procuraduría General de Justicia del Estado se haya hecho cargo del tema de narcomenudeo desde agosto de 2012,  y de que sean los traficantes los que estén asesinando, les ha permitido un trabajo colegiado y el acceso a una importante base de datos.

También han tenido apoyo del otro lado de la frontera. Galván mencionó que la PGJE ha requerido a Estados Unidos el récord criminal de las personas detenidas, porque en los asesinatos destaca la participación de sujetos que han sido deportados, quienes al llegar a la región, se adhieren a las bandas de narcomenudistas.

El subprocurador manifestó que en lo que va de 2013, 50 expedientes se han turnado a los Juzgados locales, y 80 personas puestas a disposición por homicidios. Aproximadamente el 45 por ciento de los expedientes y detenidos, corresponden a asesinatos perpetrados en 2012,  y el 55% a los ocurridos este año.

Además, la PGJE sigue aprovechando la figura del arraigo que sigue en Ley, y tiene a otros seis presuntos homicidas que esperan consignar la próxima semana, cuando venza el plazo constitucional para tal fin.

Galván refirió que la coordinación con la Policía Municipal ha sido determinante en el caso de Tijuana: “Los patrullajes y la intervención inmediata cuando se tiene la descripción de los agresores, los vehículos que han resultado en la captura de sospechosos…”.

Asimismo, han tenido buenos resultados con las armas decomisadas por la Municipal: “Las pruebas de balística han proporcionado un abanico de resultados positivos, armas utilizadas con vínculos en otros homicidios, recientes o de 2012”.

En entrevista, ZETA planteó al secretario Alberto Capella que esa efectividad en capturas de homicidas por parte de la Policía Municipal, que se había dado a conocer en conferencias de prensa en enero febrero, había mermado en marzo.

“En enero tuvimos detenidos en el 50 por ciento de los casos de homicidios, en febrero registramos capturas en el 60 por ciento de los casos, y en marzo bajó al 20 por ciento; pero no fue todo el mes, sucedió en los últimos 15 días, por eso cambiamos los formatos  de vigilancia y supervisión. 

Ya hablamos con los jefes delegaciones, y saben que tenemos que resolver esto. Yo me atrevo a decir que los homicidas actualmente no tienen el acompañamiento policiaco que tenían antes, y ésa es otra diferencia, por eso los estamos apresando. 

Sé que aún tengo en la corporación puntos débiles, y por eso traemos lupa sobre la Policía en la zona de Sánchez Taboada y San Antonio de los Buenos, que es donde detectamos problemas”.

En cuanto a los homicidas, Capella refirió más contrastes con la época crítica de seguridad en Tijuana. 

Explicó que ya no son los sicarios entrenados de los cárteles, sino matones que reciben pagos en droga o cantidades miserables de dinero, que subcontratan a sus amigos o conocidos. 

“Hemos podido ver que aunque son certeros al disparar, y es evidente que saben hacerlo, no tienen un plan de huida, son desorganizados y pareciera que no conocen bien la ciudad”.

Al respecto, Abel Galván completó: “Son ataques certeros, no ha habido intercambio de bala, afortunadamente, son ataques directos con armas cortas contra individuos en especial, eso nos da un panorama de no crear un ambiente de inquietud o zozobra”.

Violencia desbordada

De las 45 personas asesinadas en Tijuana durante el mes de abril, dos han sido menores de edad. Uno, Dilan de menos de dos años, murió el día 5, a causa de los golpes propinados por sus padres; en el segundo caso, el día 17, las balas dirigidas al padrastro dedicado al narcotráfico, alcanzaron a una niña de nueve años.

Un día antes, el 16 de abril, un padre de familia acababa de dejar a su hija en una escuela cuando fue acribillado a balazos cerca del plantel educativo.

En todos los homicidios ocurridos entre el 15 y 18 de abril, conforme a los expedientes iniciados por la PGJE, los occisos han sido relacionados con la venta de drogas, a excepción del sujeto asesinado la mañana del jueves 18, donde aún no definen el móvil.

En el  ataque del miércoles 17 de abril, mataron a Víctor Manuel García, de 51 años, apodado “El Sargento”, y a su hija Vianey. En los hechos quedó herido un niño de 9 años, que al igual que la pequeña asesinada, iba a la escuela primaria.

 Silvia Patricia Anaya, mujer del acribillado, también fue detenida y remitida a la PGR. Resultó sospechosa porque sin ocuparse de si la hija estaba viva o muerta, intentó huir de la casa con una maleta, cargando una pistola calibre .25, 59 cartuchos, 85 globos de la droga conocida como cristal, otros 2.5 kilos de cristal, y dos paquetes con 11 mil 150 dólares y mil 254 dólares.

Públicamente, la Policía Municipal relacionó a García con el grupo delictivo conocido como Los Talibanes, y por separado, Alberto Capella y Abel Galván informaron que el apodo de “El Sargento” ha sido mencionado en ejecuciones ocurridas recientemente, como el autor intelectual.

En este momento, el primer sospechoso del homicidio de García Morales es un hombre apodado “El Cero”, pues según palabras expresadas por la concubina del occiso a la Policía Municipal, el individuo se le acercó y ella le comentó de dos lugares donde podía ultimarlo; uno era la escuela de su hija, donde fue asesinado junto a la menor.

La mujer también informó a los uniformados locales, que su pareja sentimental la maltrataba, pero que operaba con él, el negocio de narcomenudeo: “La droga decomisada había sido recogida en el estacionamiento del centro comercial ubicado entre Bulevar Fundadores y la calle Obrera Mundial”. Agregó que ella se dedica a “cuidar droga y administrar el dinero de la venta de la misma”, además de ser la encargada de depositar en un banco Bancoppel, diferentes cantidades de dinero.

Ya en la Procuraduría modificó su versión, en la declaración ministerial dijo que se peleaba con su concubino, del que sabía, andaba en malos pasos,  porque se llevaba a la niña pero no sabía a donde.  Que el día de los hechos, corrió descalza hasta la escena del crimen y alcanzó con vida a su hija, quien le pidió ayuda antes de que llegara la Municipal y la sacara de la escena. También aseguró que fue a su casa a ponerse zapatos, y al ser detenida solo llevaba el dinero; y que la droga, el arma y las balas, fueron encontradas en la casa por los agentes.

De los asesinatos del martes 16 de abril, a Héctor Manuel Moreno Olguín, de 49 años, lo asesinaron en un mercado ambulante en el fraccionamiento El Rubí, ese mismo día fueron capturados sus agresores, quienes dijeron trabajar para “El Calilla” quien, a su vez, opera para René Arzate “La Rana”, recibiendo como retribución por sus “trabajos” una onza de cristal o 3 mil pesos. El motivo: ganar terreno en la zona que anteriormente dominaba la banda de Los Chamulas.

Entre los detenidos por el caso Moreno Olguín, está Carlos García Martínez o Carlos García Márquez, alias “El Negro” o “El Pelón”, de 32 años de edad, mencionado en otros expedientes por homicidio. La pistola .38 Súper que tiraron durante la huida resultó positiva en otros homicidios que no han sido anunciados.

Óscar Adrián Mosqueda González, otro de los asesinos capturados en esta célula, fue deportado de Estados Unidos y cuenta con antecedentes penales en aquel país por posesión de droga. Ha comentado que se encuentra amenazado de que lo matarían, en caso de ser capturado.

Ambos declararon haber participado en un homicidio ocurrido en el interior del taller Jalisco, de la colonia Francisco Villa. En ese trabajo fueron acompañados de un tipo apodado “La Flaca”, quien responde al nombre de Martín Adolfo Reyes, de 23 años. Al del taller también lo privaron de la vida, por ser del grupo delictivo de Los Chamulas y una disputa por la venta de cristal.

Capella agregó que tanto Carlos como Óscar admitieron haber participado en cuando menos cuatro homicidios más, pero dijeron no recordar los nombres de las víctimas.

El mismo martes 16,  luego de dejar a su hija en la escuela, José Pinzón Rodríguez, de 36 años, fue ejecutado en Calle Tampico esquina con Ermita Norte, Colonia Los Santos, sector rodeado de planteles educativos y de una unidad deportiva.

La víctima conducía un vehículo gris Audi A4, con placas de California, cuando fue interceptado por unos sujetos que le dispararon. El cuerpo quedó rodeado de casquillos de dos armas.

En el lugar del crimen se aseguró una vagoneta Dodge Caravan color verde, placas 4CWH861 de California, con reporte de robo desde el 5 de abril de 2013. Del muerto, la autoridad solo mencionó que está emparentado con una persona que tiene permiso para vender droga en San Diego, y hasta el momento ninguna persona ha sido detenida en relación a su deceso.

A José Fernando García Barba lo ultimaron el lunes 15 de abril, cuando salía de su casa, ubicada en el fraccionamiento Costa Coronado, Delegación Playas de Tijuana.

Los presuntos asesinos fueron detenidos y declararon haber recibido la orden de Lil Downy, un convicto recluido en una cárcel del Condado de Donovan, en Estados Unidos.

Haciéndose pasar por jardineros, los homicidas esperaron a que García Barba saliera de su domicilio. Junto al cuerpo se encontraron cuatro casquillos percutidos calibre 40, y dos calibre 9 milímetros.

Los criminales huyeron en un vehículo Mazda, modelo 1991. La Policía los interceptó en la colonia Xicoténcatl Leyva. Dos de los sujetos portaban armas cortas, la primera, una escuadra marca Glock 22, calibre .40; la segunda, una escuadra Browning calibre 9 milímetros.

Los detenidos fueron Leónides Zurita Díaz, de 24 años, originario de Oaxaca, quien confesó haber sido responsable de al menos otros siete homicidios ocurridos en Estados Unidos y Tijuana; Fernando Rafael Balderas Silva, de 33, proveniente del Distrito Federal, quien cuenta con historial delictivo en el vecino país.

Como parte del grupo homicida, también fueron presentados Jorge Iván Caro Robles, de 32 años, tijuanense con antecedentes penales en México; Francisco Jijón Atanasio, de 25, nativo de Guerrero; Juan Carlos Torres Rocha, de 34, procedente de San Luis Potosí; y Martín Ruiz Villafaña, de 20, oriundo de Jalisco.

En cuanto a los asesinatos de Alberto Maciel Pacheco y Luis Orlando Durán Naranjo, ocurridos también el lunes 15 de abril, fueron detenidos el poblano Raúl Miranda Ordaz y Agni Ulises Tapia Navarro, michoacano. 

 Ambos se dijeron integrantes del Cártel de Mexicali. En el caso de Navarro, la Policía Ministerial está haciendo una investigación más amplia, dado que en su teléfono celular se le encontró información que lo ubica como cabecilla de grupo.

Que no han perdido el control

Mientras el subprocurador Abel Galván refirió como parte de la problemática un grave problema de adicciones en la ciudad, “… hay demanda, hay oferta, y pelea por el territorio en las calles y fraccionamientos”.

El procurador Rommel Moreno Manjarrez aceptó que “como nunca enfrenta una dinámica de conflictividad social entre vendedores de droga”, pero hizo hincapié que de ningún modo la situación se ha salido de control, como sí sucedió de 2007 a 2009.

“El tema de los homicidios pareciera que vuelve, pero (en esta ocasión) la connotación es muy distinta de 2008”, esgrimió, al tiempo que sostuvo que las autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo al Ejército, se encuentran coordinadas para contrarrestar el repunte en la criminalidad que se registra en Baja California.

Situación que en los hechos está lejos de la realidad, sobre todo con el repunte de las ejecuciones.

 abril 22, 2013)