No salen las cuentas en la administración del Ayuntamiento de Tijuana
Desvío de recursos, daño patrimonial, asignación directa de contratos fuera de la Ley, así como desventajosos convenios signados con Global Corporation y Sola Basic, son parte de las 150 observaciones realizadas por el ORFIS, que ponen en evidencia el irregular manejo de más de mil 600 millones de pesos del erario público durante los dos primeros años de gobierno de Carlos Bustamante. Sin solventar las dudas, en el Congreso del Estado le aprobaron las irregularidades
Isabel Mercado Juárez/ Semanario Zeta
Las 150 cuentas públicas observadas por el Órgano de Fiscalización
Superior (ORFIS), correspondientes a los periodos 2011 y 2012, dan
cuenta del descalabro administrativo con el que el alcalde Carlos
Bustamante ha llevado la administración de Tijuana, pues sus acciones
más representativas, simplemente no han pasado la inspección.
Al manejo irregular de mil 228 millones de pesos de recursos
provenientes de fondos federales etiquetados para obra pública, se suman
contratos fuera de normatividad por 333 millones de pesos con Global Corporation y Sola Basic, y el daño patrimonial de 24 millones de pesos causado a los tijuanenses por la demolición del inmueble de la calle Ocho.
También se observó arbitrariedad en la entrega de donativos por 25
millones de pesos, en los que destacan 15 millones de pesos regalados al
equipo de futbol de Grupo Caliente, Club Tijuana Xoloitzcuintles.
La rendición de cuentas por parte del XX Ayuntamiento tampoco ha sido
clara en el manejo del crédito de los 725 millones de pesos contratado
con Grupo Financiero Banorte para el refinanciamiento de la deuda
del Programa Integral de Repavimentación, toda vez que de 3 millones de
pesos dejados como reserva, se registró un faltante de poco más de un
millón de pesos.
El pago de 39 millones de pesos en asesores que hicieran la chamba de
la Secretaría de Administración y Finanzas, y de la Dirección de
Comunicación Social, así como la discrecionalidad en el otorgamiento de
permisos de alcoholes y los denominados “pases médicos”, son puntos que
no pasaron la revisión del ORFIS.
Sin embargo, a pesar que las observaciones no fueron solventadas por
el XX Ayuntamiento de Tijuana, como lo marca la Ley de Fiscalización
Superior para el Estado de Baja California, las cuentas públicas de 2011
y 2012 fueron aprobadas por la Cámara local.
De hecho, el dictamen fue aprobado antes de que la administración de
Bustamante presentara al Congreso del Estado la cuenta pública
correspondiente a 2012, hecho que los legisladores también pasaron por
alto.
Cuestionada al respecto y tratando de paliar los errores contables,
la diputada Nancy Sánchez, integrante de la Comisión de Fiscalización de
la Cuenta Pública, primero aseguró que el municipio de Tijuana ya había
solventado todas y cada una de las observaciones del ORFIS, razón por
la que el Congreso había aprobado las cuentas públicas.
Pero al serle requerida la solventación de las mismas, admitió que
solo se hizo la recomendación para que el órgano de control interno del
Ayuntamiento dé seguimiento a las correcciones que se realicen antes de
informar al Congreso, para lo cual tiene un plazo de 60 días que vence
el martes 30 de abril.
Así, las 150 salvedades señaladas en los dos resolutivos exprés dados
por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del
Estado, fueron turnados a Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de
Tijuana para que ésta, a su vez, sea la encargada de aplicar las medidas
correctivas que correspondan y ejerza las acciones legales a las que
haya lugar, así como las procedentes para resarcir el daño patrimonial
ocasionado.
Antes de que la dependencia municipal a cargo de Yolanda Enríquez de
la Fuente concluya el análisis, o aplique sanción alguna, el alcalde
Carlos Bustamante ya calificó los errores como “mínimos”, y hasta
adelantó que “todo se está arreglando”, por lo que de las observaciones
“no va a quedar nada”, mas no especificó de qué manera serán corregidas
las irregularidades.
Gasto deficiente
La eficiencia en el manejo de los recursos públicos, tan
destacada en los discursos de Carlos Bustamante Anchondo, quedó en
evidencia con las anomalías detectadas por el Órgano de Fiscalización
Superior.
Son precisamente las acciones de las que más ha hecho alarde el
presidente municipal, donde se detectaron las observaciones más
relevantes.
De inicio, para el refinanciamiento de la deuda del Programa Integral
de Repavimentación (PIRE), contraída por su antecesor, fue menester
adquirir un crédito por 725 millones de pesos, de los cuales solo 505
millones se dispusieron para el fin que fueron contratados, y 220
millones para utilizarse en obras de pavimentación y mejoramiento vial.
Pero de los 505 millones, tres fueron dejados como fondo de reserva,
de lo cual solo existe un saldo de 1.9 millones, sin que 1.1 millones de
pesos aparezcan en registros contables del erario de Tijuana.
Para el refinanciamiento de la deuda del PIRE, se contrataron los servicios de Protego Asesores, S. de R.L. de C.V. y de Gaxiola Calvo Sobrino y Asociados, S.C.,
por un monto de pago de honorarios de 24 millones 500 mil pesos y un
millón 500 mil pesos, respectivamente, más 88 mil pesos de reembolso de
gastos diversos a Protego Asesores. De acuerdo al ORFIS, el gasto
carece de justificación, toda vez que las funciones contratadas
corresponden a las que debe llevar a cabo la Secretaría de
Administración y Finanzas.
Los 150 millones de pesos pagados a la empresa Global Sight, S.A. de C.V.
para dar por terminado el conflicto judicial fue descalificado, primero
porque el convenio de transacción judicial efectuado con la empresa el
13 de diciembre de 2011 no fue aprobado por el Cabildo, incumpliéndose
con el Artículo 19 del Reglamento Interno y de Cabildo. Segundo, porque
no se proporcionó evidencia documental de la cuantificación del monto
convenido por multas electrónicas, solo se tienen registros de multas de
tránsito por 674 mil pesos, las cuales representan el 0.0005 por ciento
del monto convenido.
Además, el gobierno de Bustamante efectuó un pago de 39 millones 837
mil pesos por concepto de mantenimiento y soporte técnico de los equipos
del Sistema Integral del Centro de Mando (C-2), y de la infraestructura
del software del Sistema Integral de Seguridad Pública, mismo que no se sustentó, ni fue hecho del conocimiento del Cabildo.
Otro contrato observado, fue el de arrendamiento puro del orden de los 144.4 millones de pesos, celebrado con Sola Basic
para el proyecto de modernización del alumbrado público para la ciudad
de Tijuana. Para ello, el 9 de noviembre de 2011, el municipio celebró
convenio de apertura de crédito de 150 millones de pesos con Bancomer, S.A.
para el pago anticipado de 141.1 millones a una vigencia de 12 meses,
de los que solo mostró evidencia de un importe de 26 millones de pesos
pagados a la empresa.
El ORFIS constató que parte de las luminarias carecen del certificado
de eficiencia en el ahorro de energía eléctrica emitido por el
Fideicomiso para el Ahorro de Energía eléctrica (FIDE). Además, el
municipio no proporcionó el destino y ubicación de las luminarias
reemplazadas.
En 24 millones de pesos cuantificó el Órgano de Fiscalización
Superior el daño patrimonial municipal causado por la demolición de la
antigua Comandancia de Policía, conocida como “La Ocho”, menoscabo que
Bustamante llevó a cabo sin contar con autorización de parte del
Cabildo. El importe estimado integra al valor de la construcción y obras
complementarias determinada por la Comisión Estatal de Avalúos, además
de los 3 millones 162 mil pesos que la administración local pagó a la
empresa Constructora Sextin, S.A. de C.V., para que realizara los
trabajos de demolición de la Comandancia de Policía, celdas, estación
de Bomberos y talleres de la calle Ocho.
Para justificar tal acto, el municipio emitió el dictamen técnico
autorizado por el Cabildo para la desincorporación del patrimonio del
dominio público del Ayuntamiento de Tijuana, e incorporarlo al dominio
privado, lo cual “no determina ni justifica en forma literal que dicho
bien, hubiese dejado de ser útil para la prestación de un servicio
público y/o que no hubiese sido factible utilizarlo para algún otro
aprovechamiento en beneficio de la comunidad, siendo estos requisitos
indispensables para justificar y sustentar la desincorporación”,
concluye el ORFIS.
Fondos federales observados
Los fondos de participación federal etiquetados para obra pública,
provenientes del Ramo 33 del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM), Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN), así
como el gasto efectuado por la Secretaría de Desarrollo Urbano en obras,
que engloban un presupuesto de 570 millones de pesos, fueron objeto de
observación por asignar en forma directa el 80% de los recursos.
Al ser fiscalizados, se detectó que la integración de los expedientes
técnicos de las obras carecen de un adecuado control interno, se
encontraron pagos en exceso de obras, anticipos de un porcentaje mayor
al establecido en los contratos, planeación de obras en los que no están
actualizados los datos actualizados sobre el déficit de servicios
básicos por colonia y localidad, y que en ellas no se da una evaluación
sobre los resultados alcanzados.
Del ejercicio del Ramo 33, en 2011 el Ayuntamiento contrató obras por
el procedimiento de adjudicación directa del 84.28% del importe
autorizado, excediendo el 35% permitido por la Ley.
Además, realizó cuatro obras de un monto de un millón 964 mil pesos
en zonas que no benefician directamente a la población, con
características de rezago social y pobreza extrema en las colonias Lomas
del Porvenir, Río Vista y Ejido Chilpancingo, en avenidas principales
que no comunican a zonas marginadas.
Otra de las irregularidades, son los cambios en los montos
contratados de obras de adjudicación directa, como el canal pluvial en
Calle Baja California, Colonia 18 de Marzo, y pavimentación con concreto
hidráulicos en Calle Vallarta de la colonia Guadalajara, donde se
ejercieron importes de montos superiores a los contratados en un 370 y
148%.
De hecho, de 69 contratos de obras auditados, el municipio no
proporcionó información que respaldara el proceso de adjudicación
directa.
De igual forma, de los 95 millones de pesos ejercidos del SUBSEMUN,
se observan anomalías en la aplicación de 39 millones, al no efectuarse
licitación pública en la asignación del 80% de ellos; mientras que en un
monto de 11 millones 700 mil pesos, no se invitó a cuando menos tres
proveedores.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Urbano pagó insumos en
demasía por montos aumentados hasta en un 400%. Ejemplo de ello es el
dispendio que se hizo en la compra de una motoconformadora adquirida
para la reconstrucción con pavimento asfáltico de la Rampa Buena Vista.
También el programa Hábitat registró irregularidades en al
menos 11 millones de pesos asignados a diferentes contratistas que no
presentaron el proyecto ejecutivo, lo que evidencia la falta de
transparencia y apego a la normatividad.
El presupuesto de 658 millones 453 mil pesos asignado por el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), que
sustenta seis programas y 22 metas, solo sustentó el logro del 36.36%,
ya que tres no se realizaron, ocho se encuentran duplicadas, y tres más
carecen de documentación insuficiente que acredite su realización y
beneficio obtenido del gasto, incumpliendo con los objetivos del Fondo
IV.
El desorden
El manejo sin normatividad en el otorgamiento de permisos para venta
de bebidas alcohólicas y de los “pases médicos”, así como préstamos
excedidos a personal del Ayuntamiento que incluye a regidores y el pago
de asesores que realicen parte de la chamba de los funcionarios
públicos, forman parte de las irregularidades en las que Carlos
Bustamante incurrió en los dos primeros años de su gobierno.
El contrato de asesoría firmado con Grupo Especialistas Políticos,
propiedad de su compadre y amigo Gustavo Almaraz, por concepto de
consultoría política y cabildeo, y gestoría en la obtención de recursos
en especie o efectivo por un monto de 9 millones 226 mil pesos, fue
descalificado.
En esta “gestoría” se incluye un donativo de asfalto por parte de
Petróleos Mexicanos en diciembre de 2010, por un monto de un millón 429
mil pesos, el cual fue gestionado por el XIX Ayuntamiento. De hecho,
este donativo fue observado por ORFIS al no ser reportado como tal por
parte del municipio.
La empresa cobró el 10% por la obtención del subsidio de Seguridad
Pública, por 36 millones de pesos, mismo que no requiere la gestión de
un tercero, por lo que se incumplió con el reglamento de la
Administración Pública Municipal.
Otro pago irregular fue el de 121 mil 800 pesos, correspondiente al 7%, a Soluciones Prediales de México, S de R.L. de C.V. para
conciliar los pagos de Impuesto Predial retenidos por el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y
enterados al Ayuntamiento, cuando esta función corresponde a la
Tesorería Municipal, a través de la Subdirección de Catastro y al
Departamento de Recuperación de Créditos Fiscales.
La contratación de Gerencia Política y Consultoría, S.C. para
que asesorara a la Dirección de Comunicación Social y la Coordinación de
Gabinete, obligó un desembolso de un millón 566 mil pesos, y el pago de
un millón 998 mil pesos para contratar a cinco personas físicas que
realizaron servicios de asesoría en materia de percepción ciudadana,
asesoría en políticas públicas y en soporte administrativo en materia de
adquisiciones públicas, también entró en las anomalías observada por el
ORFIS.
(SEMANARIO ZETA/ ZETA/ abril 29, 2013)
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