jueves, 12 de abril de 2018

ACTIVAN RECOMPENSA CONTRA ´MATAPOLICÍAS´


Destacan casos del comandante Carrizales y el de mujer agente.


REYNOSA. Pedro Hugo Carrizales Vega fue emboscado el 16 de marzo.

Cd. Victoria, Tam.- Esta semana fueron publicados en el Periódico Oficial de Tamaulipas los acuerdos PGJE/04/2018 y PGJE/05/2018 por los cuales se ofrecen cuatro millones de pesos -dos millones por cada uno de los acuerdos-, para quien proporcione información "exacta, veraz y útil" que sirva para la captura de los responsables de la muerte de los policías Pedro Hugo Carrizales Vega y Martha Elizabeth Zamarripa Villanueva.

El 22 de marzo, el director general de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, mediante el oficio DGPA/1676/2018, solicitó el ofrecimiento de una Recompensa para obtener datos que coadyuven en la localización, ubicación y captura del o los responsables que hayan participado en la comisión del delito de homicidio en contra de ambos agentes del orden público.

Carrizales Vega perdió la vida el 16 de marzo en Reynosa, al ser emboscado junto a sus compañeros de la Policía Ministerial por el crimen organizado.

Zamarripa Villanueva de la Policía Estatal perdió la vida el mismo día en un hecho de similares características, pero en Miguel Alemán.

Todos los datos proporcionados por los denunciantes serán clasificados como información "estrictamente reservada y confidencial", los cuales podrán ser hechos llegar a la PGJE a través del número telefónico 045 841 841 0595 y los correos electrónicos recompensas@tamaulipas.gob.mx y recompensaspgje@tamaulipas.gob.mx; un servidor público de dicha dependencia estatal recibirá la información por cualquiera de estos medios.

La PGJE también ofrece una recompensa de 2 mdp para quien ayude a la localización, ubicación y captura de los responsables del homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, acontecido el 13 de enero de este año en Nuevo Laredo; y de 1 mdp por los presuntos asesinos de la activista de los Derechos Humanos, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, asesinada en San Fernando el 10 de mayo de 2017.

2 MDP se ofrecen por quien dé informes que lleven a la captura del o los asesinos de Pedro Hugo Carrizales Vega.

2 MDP se ofrecen por quien dé informes que lleven a la captura del o los asesinos de Martha E. Zamarripa Villanueva.

(EL MAÑANA DE REYNOSA/ STAFF/ 12 DE ABRIL 2018)

SUFRE RÍO BRAVO BLOQUEOS Y PERSECUCIONES



OBSTRUYEN. Civiles colocaron camiones sobre carretera Matamoros-Mazatlán el jueves por la mañana.

La jornada del jueves, Río Bravo sufrió por la mañana, situaciones de riesgo que se tradujeron en bloqueos carreteros al oriente de la ciudad, en la carretera Matamoros-Mazatlán.

Todo empezó desde antes de las 08:00 horas en el tramo entre las brechas 120 y 122, en donde civiles armandos, tomaron camiones para bloquear la carretera, por lapso de varias horas.

Las persecuciones e intercambio de fuego entre civiles y autoridades, se dieron sobre todo al oriente, en donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mediante el apoyo de grúas, desbloquearon esa rúa federal.

En la zona Centro de Río Bravo, también se suscitó una situación de riesgo, en donde caravana de unidades con civiles armados, hicieron rondín por avenidas como Madero y México.

Hasta ahora se desconoce si en las persecuciones e intercambio de fuego, se dieron bajas o se registraron lesionados, pero para antes del mediodía, la situación, relativamente se había calmado, pero se apreciaban rondines de unidades de la Sedena y la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

Al cierre de esta edición se estaba a la espera del comunicado oficial, sobre la magnitud de los hechos.


(EL MAÑANA DE REYNOSA/STAFF/ 12 DE ABRIL 2018)

MUEREN 6 INOCENTES EN FUEGO CRUZADO EN REYNOSA



Reynosa, Tam.- Las seis personas muertas el miércoles en la tarde en la colonia Petrolera, son civiles víctimas colaterales que habrían quedado en medio del fuego cruzado del enfrentamiento-persecución entre presuntos delincuentes armados y las autoridades.

Durante el jueves los familiares acudieron a reconocer a los fallecidos inocentes; son cuatro hombres y dos mujeres.

(EL MAÑANA DE REYNOSA/ STAFF/ 12 / Abril / 2018)

DENUNCIAN QUE IMSS ENTORPECE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO A PAPÁ QUE PERDIÓ HIJO EN GUARDERÍA ABC


Águeda Barojas Ontiveros
Esta tarde padres de niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC denunciaron a través de redes sociales que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le niega atención a papá de Germán Paúl, el niño guaymense que murió el 5 de julio del 2009 dentro de la guardería.

Julio César Márquez publicó esta tarde en su cuenta de twitter que la miseria del Estado Mexicano no tiene límite, Germán León quien perdió a su hijito Paul en #GuarderíaABC , hoy lucha contra el cáncer y @Tu_IMSS , responsable de la tragedia, le niega atención en represalia por ser exhibido como una institución corrupta. @EPN.

En otra cuenta de Twitter se lee: IMSS entorpece el suministro de medicamento oncológico a papá que perdió a su hijo en #GuarderíaABC; cuando es su obligación proporcionar la atención especializada y permanente que necesite.

Ofelia Vázquez Ruelas, esposa de Germán dio RT a este tuit y lo arrobó a medios nacionales.

Por su parte, el IMSS respondió a través de su cuenta que el medicamento respectivo estará a disposición del señor Germán en la fecha que previamente se ha informado a su esposa y su representante legal.

(EL PORTAL DE LA NOTICIA/ ÁGUEDA BAROJAS ONTIVEROS/  10 ABRIL 2018)

ROBO DE AUTOS, EL GRAN NEGOCIO EN CULIACÁN



ASEGURAMIENTO. De autos robados.

Clarisa apenas compró su vehículo en diciembre de 2017 y poco más de un mes después, fue víctima de robo con violencia. Le quitaron su vehículo en las inmediaciones de Stanza Toscana a principios de febrero pasado.

En el periodo comprendido de marzo de 2017 a febrero de 2018, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ubica a Culiacán como el municipio número cuatro entre los 15 con más robo de vehículos asegurados.

Eran alrededor de las 20:00 horas cuando a Clarisa le cerró el paso un motociclista y una camioneta tipo pick up, de la que descendió un tipo armado.

Detuvo la marcha del motor y bajó. No le quitaron nada más, únicamente su vehículo tipo SUV (vehículos suburbanos, por sus siglas en inglés).

“La verdad iba atenta al camino porque había escuchado que en esa zona robaban mucho. Yo me salí de mi casa casi a las 8 de la noche por mi hermana al gimnasio y a la salida de la privada una motocicleta se me emparejó”, explica.

A Clarisa le causa molestia volver a contar la historia. “En ese momento sí me dio mucho miedo, pero ahora que me acuerdo me da coraje. El carro apenas lo había sacado de la agencia y me lo roban así como así”.

Y a pesar de los esfuerzos, la autoridad no ha podido contrarrestar la incidencia. En la semana del 18 al 24 de marzo, elementos de la Unidad Especializada en la Prevención del Robo de Vehículos (UEPROV) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Tránsito Municipal (SSPyTM) aseguraron 21 vehículos que habían sido robados.

Tan solo en los primeros dos meses de 2018, Semáforo Delictivo reporta 590 robos de unidades automotrices en Culiacán, tendencia a la baja respecto a 2017. En comparación con el mismo periodo del año pasado, cifras de la SSPyTM revelan que se aseguraron ocho vehículos, presumiendo un porcentaje de aumento en la recuperación del 162 por ciento.

Sin embargo los crímenes continúan. Clarisa explica que entre diciembre y febrero, a tres personas de su círculo cercano les robaron con violencia sus vehículos, dos de ellos en la colonia Guadalupe y el otro en Villas del Río, cerca de donde a ella la despojaron de su carro.



UNIDAD ESPECIALIZADA. Trabajo continuo.

“Siempre escuché que cerca de la farmacia Guadalajara (del sector Villas del Río) o ahí mismo en la farmacia es donde se los robaban, pero me dice una amiga que es prácticamente en toda la zona”, añade.

Desde mayo de 2017, vecinos del sector de Villas del Río, Stanza Toscana, Valle Alto y zonas aledañas han denunciado un incremento en hechos delictivos, donde destaca el robo de vehículos y a pesar de que experimentan calma por periodos cortos, la incidencia se mantiene.

“Hubo un tiempo en que sí estuvo calmado, o sea, en los grupos de WhatsApp casi no los reportaban, pero son lapsos, de repente se agarran otra vez y hay como tres o cuatro robos de una”, concluye Clarisa.

El informe más reciente de la AMIS indica que en un año, en Culiacán se han robado 2 mil 649 unidades aseguradas, de las cuales el 80 por ciento corresponde a robo con violencia, superado únicamente por los municipios de Ecatepec, Guadalajara y Tlalnepantla.

Los datos de la institución reporta a Sinaloa con 3 mil 491 unidades aseguradas robadas, colocando al estado como el sexto con mayor incidencia a nivel nacional. De ese total, el 77 por ciento ocurre con violencia.

Las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado revelan que en los primeros tres meses de 2018 se han robado mil 394 vehículos. En la estadística se maneja un promedio diario del 15.49 por ciento para lo que va de este año, mientras que en 2017 el porcentaje fue del 19.26, año en que Sinaloa tuvo 7 mil 029 robos..



CULIACÁN. En quinto sitio.

El Lado B Del Negocio

La Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos detectó a principios de este año anomalías en el emplacado de vehículos con reporte de robo. Estas datan desde 2017 y la investigación incluye a funcionarios estatales, que ha derivado en 10 carpetas de investigación por la Fiscalía General.

Como dato reciente, la Auditoría Superior del Estado (ASE) dio a conocer a finales de marzo que se detectaron entre junio de 2015 y marzo de 2017, casos por 132 usuarios que presentaron documentación falsa para dar de alta las placas de sus vehículos.

Esto derivado de una auditoría a la Unidad de Vialidad y Transportes, donde la ASE detectó además 900 trámites de emplacamiento, donde no se logró certificar la autenticidad de la documentación requerida para el trámite.

Artículo publicado el 8 de abril de 2018 en la edición 793 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ AARÓN IBARRA/ 10 ABRIL, 2018)

OCHO MEXICANOS QUE FUERON VÍCTIMAS DE MACIEL, CURA VIOLADOR, PIDEN COMPENSACIÓN A LEGIONARIOS



Las ocho víctimas enviaron una carta a la reciente reunión de los jerarcas de los Legionarios de Cristo para reclamar una compensación por los abusos sexuales y psicológicos que sufrieron.

La carta revela que el caso de Marcial Maciel, predicador carismático que gozaba de los favores del Vaticano, aún no se resuelve.

Los afectados, todos ciudadanos mexicanos, pidieron que se establezca una “agenda de trabajo” para “para evaluar y acordar la determinación de los daños que se nos hayan ocasionado, encaminados a su reparación”.

Ciudad del Vaticano, 12 de abril (AP).- Ocho víctimas del cura pedófilo más notorio de la Iglesia católica reclamaron el jueves a la orden religiosa Legionarios de Cristo una compensación por los abusos sexuales y por los daños psicológicos que dicen haber sufrido como resultado de la larga campaña de la orden para desacreditarlos.

Los hombres enviaron una carta a la reciente reunión de los jerarcas de los Legionarios para reclamar el reconocimiento público de su estatus como víctimas del reverendo Marcial Maciel y la orden, otrora una de las de mayor crecimiento de la Iglesia pero luego desprestigiada por los crímenes de líder y su encubrimiento.

La carta, obtenida por The Associated Press, es emblemática de la compensación que reclaman por los daños sufridos a manos de la jerarquía eclesiástica tras denunciar los abusos.

El Papa Francisco reconoció recientemente haber cometido “errores graves” y pidió perdón a las víctimas en Chile. Los Legionarios no respondieron de inmediato a los pedidos de declaraciones.

La carta revela que el escándalo en torno a Maciel dista de estar resuelto. El predicador carismático gozaba de los favores del Vaticano, pero resultó ser un drogadicto que abusaba sexualmente de sus seminaristas, tuvo tres hijos y creó un culto en torno a su persona para ocultar su doble vida. El Vaticano sabía de las denuncias en su contra desde los años 50, pero apenas tomó medidas en 2006. Maciel murió en 2008.

En la carta, las víctimas piden que una comisión instituida por mandato del Vaticano durante un período de reforma de la orden cuando salieron a la luz los crímenes de Maciel sea reabierta para estudiar sus casos. Por distintas razones, los hombres nunca se acercaron a la comisión y, según dicen, “la ‘Comisión de Acercamiento a las Víctimas’ nunca se acercó” a ellos.

Los hombres, todos ciudadanos mexicanos que presentaron la denuncia original contra Maciel en 1998, pidieron a la comisión que establezca una “agenda de trabajo” para “para evaluar y acordar la determinación de los daños que se nos hayan ocasionado, encaminados a su reparación”.

Cuando las acusaciones se hicieron públicas en 1997, la legión se lanzó a una campaña de años para desacreditarlos. Acusaron a las víctimas de atacar a la Iglesia y calumniar a un hombre considerado un santo viviente por sus seguidores, elogiado por el entonces papa Juan Pablo II y sus cardenales.

Finalmente, la Santa Sede determinó que las víctimas tenían razón y la orden emitió una larga disculpa en 2014.

Después que el Vaticano condenó a Maciel en 2006 a dedicar el resto de su vida a la penitencia y la oración, el papa Benedicto XVI le impuso un largo período de renovación. Se creó una comisión de compensación que estuvo activa de 2011 a 2014 e indemnizó a 12 personas por una suma indeterminada.

En su carta del 26 de marzo, los ocho hombres insisten en que la orden los reconozca como víctimas del abuso de Maciel y los “daños morales, psicológicos y religiosos” infligidos “de manera consistente, continua y prolongada” después de denunciarlo.

Piden que se reconozca que sus revelaciones no fueron una traición sino un servicio tanto a la Iglesia como a la orden.

La orden Legionarios de Cristo no mencionó la carta en su comunicado de prensa del 8 de abril tras una reunión de sus líderes regionales.

(SIN EMBARGO/ AP/ 12 DE ABRIL 2018)

EPN, MINISTROS, GOBERNADORES, LEGISLADORES, FUNCIONARIOS, EMPRESARIOS Y PERIODISTAS FESTEJAN CUMPLEAÑOS DE CSG



El ex presidente Carlos Salinas de Gortari -quien gobernó el país del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994- cumplió 70 años de edad y lo festejó con una cena en su casa ubicada en la colonia Condominios del Bosque, de la Delegación Tlalpan, de la Ciudad de México, a la cual asistieron de funcionarios públicos, representantes populares, líderes sindicales, y empresarios.

Según el diario Reforma, que informó del hecho en diversas notas, los invitados a la cena degustaron langostinos, camarones, pescado zarandeado, callo de hacha y tacos “Gobernador”, del restaurante “El Cuchupetas”, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, mariscos regalados por el mandatario estatal sinaloense, Quirino Ordaz Coppel.

Además, los invitados pudieron beber whisky, vodka, vinos tinto y blanco, cervezas y digestivos. Los vinos fueron mexicanos de la marca Balero, de uvas de los Valles de Guadalupe y San Antonio de las Minas, en Baja California.

Los invitados departieron debajo de una gran carpa, donde se instalaron bancos y sillones cubiertos con terciopelo negro, adornados con almohadones forrados en seda, mientras sonaba un dueto de guitarras flamencas o música lounge con un dj. El servicio fue contratado con la empresa Banquetes Kholman.

Al festejo realizado la noche del sábado pasado, acudieron el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto; así como Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado.

Aunque a la fiesta no acudió José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la Presidencia, sí su asistió su secretaria particular y ex subsecretaría en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Vanessa Rubio Márquez; así como Diego Fernández de Cevallos, jefe jurídico del candidato opositor presidencial, Ricardo Anaya Cortés.

A la cena también acudieron los ministros de la SCJN, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge María Pardo Rebolledo y Eduardo Medina Mora; así como el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida; el titular de Salud Federal, José Narro Robles; Rosario Robles Berlanga, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); y el periodista Jorge Fernández Menéndez.

Además del nuevo titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa; el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; el empresario Carlos Peralta Quintero, presidente de Grupo IUSA; y el senador priista, Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Asimismo, a la cena del ex presidente asistieron el candidato priista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Andoni Arriola Peñalosa; Claudia Ruiz Massieu, secretaria General del PRI (sobrina de CSG); Raúl Cervantes Andrade, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR); Osvaldo Antonio Santín Quiroz; jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

También asistieron José Antonio González Anaya, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y concuño de CSG; el periodista Pablo Hiriart Le Bert, ex director de la agencia Notimex y del diario Razón; Manlio Fabio Beltrones Rivera, delegado regional de campaña de Meade Kuribreña; el secretario de Turismo Federal, Enrique Octavio de la Madrid Cordero; y Carlos Alberto Treviño Medina, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Además de Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de la Secretaría de Economía (SE) Federal; Alberto Bazbaz Sacal, director del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen); Virgilio Andrade Martínez, ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP); David Penchyna Grub, actual director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).​​

También asistieron Andrés Massieu Fernández; Coordinador General de Política y Gobierno en Presidencia de la República; Adriana Salinas de Gortari, hermana de CSG; Paulo Carreño King, director de Promexico; Pedro Esteban Penagos López, ex magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Asimismo, acudieron al festejo de CSG, el mandatario estatal de Yucatán, Rolando Zapata Bello, y los ex gobernadores Mariano González Zarur, de Tlaxcala, y Carlos Lozano de la Torre, de Aguascalientes.

Además de funcionarios “leales” a CSG, como José Ramón Carreño Carlón actual director general de la editorial mexicana estatal Fondo de Cultura Económica (FCE), y de Francisco José Rojas Gutiérrez ex titular de la extinta Secretaría de la Contraloría; ex director de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

-Con información de Reforma.

(SEMANARIO ZETA/ NACIONAL / CARLOS ÁLVAREZ/ LUNES, 9 ABRIL, 2018 08:28 AM)

CAPTÓ BACTERIA EN HOSPITAL GENERAL Y MURIÓ



Foto: Agustín Reyes / Denuncia penal ante la PGJE.

Debido a una negligencia médica, acusan familiares, un joven de 19 años falleció el 28 de marzo en las instalaciones del Hospital General, luego que se infectó de una bacteria maligna en dicho nosocomio y no le proporcionaron el medicamento adecuado, a pesar que contaban con un amparo federal que obligaba a la institución a ello. La familia espera se haga justicia e interpusieron una demanda ante la PGJE. Derechos Humanos abrió carpeta de investigación para seguir el caso, mientras autoridades del hospital se reservaron la opinión

Acusados por el delito de responsabilidad médica y técnica, médicos y autoridades del Hospital General de Tijuana (HGT) que resulten responsables tendrán que responder ante el Ministerio Público, por la muerte de Luis Francisco Cervantes Palma (19 años de edad), quien falleció el miércoles 28 de marzo en esa institución de salud, luego de una negligencia.



Amparo.

La responsabilidad que buscan fincar, es debido a que no se respetó un amparo federal promovido por Juana Corral -abuela del joven- otorgado en suspensión de plano por el juez Francisco Caballero Green, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en Baja California, el 12 de marzo, en el que se obliga a las autoridades responsables de la salud del paciente a brindar el tratamiento y atención adecuada para que no se ponga en riesgo la salud e integridad física de la persona.

Omisión que se materializó después que al joven no se le suministrara el medicamento adecuado, de nombre Colistina, para contrarrestar una infección por una bacteria llamada Acinetobacter Baumannii, considerada “riesgosa y mortal”, que contrajo en dicho nosocomio a través del respirador artificial, luego de una operación quirúrgica de emergencia que le realizaron en febrero.

Consultado por ZETA, el abogado Benigno Licea González, especialista en la materia y ex presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, detalló que un desacato a una suspensión otorgada por el Juez de Distrito, sobre todo cuando es “de plano”, es un delito federal grave que tiene como merecimiento la pena privativa de la libertad y como consecuencia, la destitución del funcionario o los funcionarios que no acataron dicha suspensión.

SOBRE LOS HECHOS

El 23 de febrero, Luis Francisco fue llevado por paramédicos -no especificados- a la sala de urgencias del Hospital General, debido a que al parecer había sido baleado en la calle Miguel F. Martínez en la Zona Norte de la ciudad y presentaba dos heridas de consideración en abdomen y mandíbula derecha.

De esas intervenciones salió estable, aunque presentó altos índices de fiebre y se le estuvo suministrando antibiótico; el 2 de marzo el joven presentó un cuadro diarreico y se le ajustó el medicamento para contrarrestarlo, como se menciona en la nota de defunción que personal del Hospital General proporcionó a los familiares.

Luego de una valoración por medicina interna, el día 9 del mismo mes se detectó la infección de la bacteria que se le había contagiado al momento de ponerle el respirador artificial, por lo que se le diagnosticó neumonía por Acinetobacter Baumannii, y se le pidió a la familia conseguir el medicamento especializado Colistina.

La abuela del joven, Juana Corral, fue avisada de dicha situación por un visitador de Derechos Humanos de nombre Sergio “N”, como lo hizo saber a ZETA y como refiere también en la declaración que rindió ante el Ministerio Público, en la que detalla que una doctora de apellidos Gaytán Galván le expidió una receta médica -número 643044- para que consiguiera ese medicamento que no manejaba el hospital y de suma importancia, de lo contrario, su nieto “iba a morir”.

A la abuela no le fue posible conseguirlo, le dijeron que este “solamente se consigue en Colombia”, por tal situación los médicos cambiaron el medicamento indicado por Linezolid, antibiótico que suele utilizarse para el tratamiento de infecciones bacterianas graves, y se le informó a la familia que luego de otra valoración, se había detectado finalmente una tuberculosis pulmonar, por lo que medicaron a Luis Francisco acorde a ese “nuevo diagnóstico”.

NO SE RESPETÓ SENTENCIA DEL JUEZ SEÑALADA EN AMPARO

Esto generó incertidumbre y sospechas en la abuela, debido a que anteriormente le habían resaltado la importancia del medicamento que no pudo conseguir, sobre todo porque la doctora que le expidió la receta le había dicho que su nieto podría morir, por ende, el 12 de marzo promovió un juicio de amparo con número 390/2018-E, decretado por el juez anteriormente mencionado.



Receta médica.

En este amparo de suspensión de plano se señala que es “imperativo que las autoridades responsables, dentro de sus facultades, establezcan las medidas que estimen convenientes para brindarle el trato médico apropiado y, atento a su resultado, se suministren los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar su vida”.

Sin embargo, esto nunca fue respetado, porque nunca se consiguió dicho medicamento y el paciente falleció unas semanas después, el miércoles 28 de marzo, en las instalaciones del HGT por choque séptico, como se informó en la nota de defunción -firmada por la doctora Lorena Álvarez Rimi y el doctor Estolano-, en la que también se menciona que el paciente tuvo neumonía por Acinetobacter Baumannii y tuberculosis pulmonar, además de una lesión renal aguda.

BACTERIA MORTAL QUE SE CONTAGIA EN HOSPITALES

De acuerdo con un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado el 27 de febrero de 2017, la Acinetobacter Baumannii es una bacteria “patógena” de prioridad crítica, por su condición de ser resistente a la mayoría de los antibióticos, es considerada como una de las 12 familias de bacterias “más peligrosas para la salud humana”, sobre todo porque se contagia en hospitales mediante ventilación artificial o catéteres intravenosos.

Esta bacteria suele causar severas infecciones en los pulmones, la sangre y el cerebro, lo cual puede ser mortal, debido a que cuando se contagia en un hospital, las personas hospitalizadas con frecuencia están más enfermas y no pueden combatir los microbios, de ahí la importancia de suministrar el medicamento acorde y adecuado para contrarrestar la bacteria.

RESPONSABLES TENDRÁN QUE SER DESTITUIDOS; PODRÍAN ENFRENTAR UN PROCESO LEGAL

Debido a la omisión de los médicos que llevó a la muerte a su nieto, aunado a la falta de seriedad médica por tratarse de una bacteria tan peligrosa que ronda en dicho hospital, el 3 de abril, la señora Juana Corral interpuso una demanda ante el Ministerio Público que quedó asentada bajo el Número Único de Caso (NUC) 0204-2018-15700 por el delito de responsabilidad médica y técnica en contra de quien resulte responsable.

Consultado por este Semanario, el abogado Licea González señaló que ya con la demanda se tiene que investigar a fondo el porqué del cambio del diagnóstico que hicieron los médicos, porque si así fue, se prevé como una acción para no acatar la suspensión del Juez de Distrito de dar el medicamento necesario y eso se considera como un delito federal grave, que tiene como merecimiento la pena privativa de la libertad y como consecuencia, la destitución de los funcionarios.

Resaltó que el asunto se torna grave porque al analizar la demanda de amparo, el juez otorgó la suspensión de plano, es decir, la sentencia que se dictó para que las autoridades responsables otorgaran el medicamento y atención adecuada, era definitiva, tomando en cuenta la gravedad de la omisión de las propias autoridades; por lo tanto, en definitiva cree que hay un asunto violatorio y de delito en este caso, por lo que necesariamente tendrán que separar de sus cargos a quienes resulten responsables.

Esto se cataloga como delito de responsabilidad médica, técnica y profesional consistente en homicidio, dijo, porque aunque no hay una conducta dolosa, sí existe una conducta por omisión, debido a que la institución médica dejó de hacer lo que era su obligación: atender al paciente y proveerle su medicamento, lo cual le ocasionó la muerte.

CEDHBC ABRIÓ EXPEDIENTE PARA DOCUMENTAR EL CASO

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) abrió el expediente de queja 199/18/4VG en contra del HGT, la cual se encuentra en integración en la Cuarta Visitaduría General.

En esta se especifica que los principales hechos violatorios fueron el omitir recibir atención médica y omitir suministrar medicamento al paciente ya fallecido, además, los presuntos derechos humanos vulnerados son el derecho a la protección de la salud, al trato digno y a recibir un trato digno y respetuoso.

Con esta, el HGT suma 14 quejas en su contra en lo que va de 2018, en las que se señalan que los hechos violatorios son por omisiones en cuanto a proporcionar atención médica, implementar la infraestructura necesaria para una adecuada prestación de los servicios de salud y suministrar medicamentos.

En 2017 se presentaron 129 quejas contra del mismo nosocomio, por omisiones al proporcionar atención médica, no proporcionar atención médica por un especialista, negligencia médica y realizar deficientemente los trámites médicos.

HOSPITAL QUERÍA COBRAR 42 MIL PESOS; REALIZARÁN SEGUNDA AUTOPSIA

Angélica Ramírez, coordinadora del colectivo Una Nación Buscando “T” y asesora jurídica de la familia de Luis Francisco, detalló a este Semanario que el mismo miércoles 28 de marzo solicitaron la liberación del cuerpo del joven y no le quisieron realizar el trámite, so pretexto de que tenían que pagar 45 mil 285 pesos por el servicio médico que se le otorgó al paciente y por los días de estancia en el lugar, por lo que familiares amenazaron con hacer pública esta situación tras encontrar imprudente dicho cobro.



Reporte de defunción.

Ese día, la señora Angélica recibió una llamada de una persona que “no se quiso identificar”, pero que le dijo era del HGT, quien le comentó, estuvo bien que le advirtiera a la trabajadora social que llevaría el asunto a los medios de comunicación para que se enteraran de esta situación, porque aunque ellos solamente siguen órdenes, saben que eso de los cobros lo impuso la subdirectora administrativa, Nancy Ramos Hernández.

La persona no identificada le confirmó que esa noche el cuerpo de Luis Francisco había sido liberado y sería llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), lo cual confirmaron al día siguiente que fueron al sitio, como también lo reafirmaron a ZETA autoridades de dicha institución, donde le realizaron una autopsia que determinó que la causa de muerte fue por un “choque séptico”, que tiene que ver precisamente con una infección.

Sin embargo, la familia determinó que al cuerpo le practicaran una segunda autopsia para tener una segunda opinión respecto a los resultados emitidos por el HGT y Semefo -la cual podría realizarse este viernes 6 de abril- y poder enterrar al joven, y con ella obtener un resultado con el cual se haga justicia por la muerte de Luis Francisco, además, que se les repare el daño por las omisiones cometidas.

HGT SE RESERVA CUALQUIER OPINIÓN

ZETA buscó una entrevista con el director del Hospital General de Tijuana, doctor Clemente Zúñiga Gil, para conocer la versión y postura de las autoridades del nosocomio; sin embargo, mediante un comunicado oficial, hicieron saber que por el motivo de ingreso del paciente, el caso es considerado “médico-legal, por lo que no se cuenta con autorización para otorgar información detallada del mismo”.

Sin más explicación, indicaron también que actualmente la institución trabaja en coordinación con las instancias correspondientes para dar seguimiento a dicha investigación, en particular con la Procuraduría General de Justicia del Estado.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / MANUEL AYALA/ LUNES, 9 ABRIL, 2018 12:00 PM)

EL PLAN SIEMPRE HA SIDO VENDER AGUA A EU: SOCIO FUNDADOR DE DESALADORA



Fotos: Jorge Dueñes

El empresario que demandó a sus socios de las compañías que conforman la Asociación Público Privada para la construcción y operación de la desaladora de Playas de Rosarito, confirma lo que se ha afirmado en Estados Unidos, pero se niega en el gobierno de Baja California: parte del agua que se obtenga tiene como destino Estados Unidos. En entrevista, Gough Thompson hace un recuento del proyecto que costará más de 76 mil millones de pesos a los bajacalifornianos y señala que el propietario de Consolidated Water es una persona no digna de confianza. Mientras que en EU, firmas financieras advierten a sus clientes mantenerse alejados de esa empresa

Gough Thompson es el hombre que ideó la instalación de la planta desaladora en Playas de Rosarito y es el mismo que originó el embargo del terreno donde se planea su construcción.

En 2005, el empresario se encontraba ya en el retiro cuando se topó con un análisis realizado por el Gobierno del Estado de Baja California y la Compañía de Agua de San Diego sobre la mejor ubicación para instalar una desalinizadora que dotara de agua a los residentes de ambos lados de la frontera.

Treinta años antes, Thompson había participado en la ampliación de una planta desaladora en Arabia Saudita, convirtiéndola en la más grande del mundo en su momento. Veterano de la guerra de Corea y graduado de Princeton en Estudios del Medio Oriente, el estadounidense mezcló dos elementos: consiguió financiamiento coreano y entabló conversaciones con la monarquía para iniciar el negocio en tierra saudí.

Por ello, al leer cómo se habían analizado diferentes sitios ubicados tanto en California como en Baja California para una desalinizadora, vio la oportunidad de un último gran negocio.

Sin contactos en México, pero ya viviendo en el sur de California, comenzó a presentar la idea a sus conocidos hasta que alguien sugirió a Alejandro de la Vega Valladolid como el socio ideal.

Thompson es socio principal de la empresa East West Group (EWG) y, como tal, inició una nueva sociedad mercantil con De la Vega para conformar Norte Sur Agua (NSA) en 2009.

Para ese entonces, los empresarios planteaban el negocio sin financiamiento público, pero para un proyecto tan ambicioso se requería mayor inyección de capital. Thompson encontró una empresa en las Islas Caimán, Consolidated Water que, como dueña y operadora de cuatro plantas desalinizadoras en el mundo, parecía ser el nuevo socio perfecto.

Personalmente se comunicó con Rick McTaggart, propietario de la compañía y le planteó la propuesta. McTaggart aceptó de inmediato.

“Le dimos control y como parte del trato, nos pagarían 12 millones de dólares en costos de desarrollo para tomar el proyecto”, recuerda Thompson.

Por tal motivo, crearon una nueva empresa: NSC Agua, SA de CV. En ella, Thompson obtuvo el 25 por ciento de las acciones, Alejandro de la Vega el otro 25% y Consolidated Water quedó como socio mayoritario con el 50%,, pero con el tiempo, el proyecto parecía estancado, lamenta Thompson.



Thompson acusa de traición a sus socios.

Lo que pasó después, es un asunto que se ha llevado a juzgados de México y Estados Unidos. Uno de estos, el expediente 00074/2018 radicado en el Juzgado Décimo Civil, originó el juicio en el que, el 23 de marzo, se dictó el embargo del predio de la desalinizadora y la suspensión de toda actividad comercial de las empresas involucradas.

Los hechos narrados en el expediente y recordados por Thompson en entrevista con ZETA, detallan cómo Rick McTaggart y Alejandro de la Vega sostuvieron asambleas de accionistas sin la presencia de Thompson y sin su conocimiento.

El 14 de mayo de 2013, en una de estas asambleas, se manipuló el valor de las acciones. A pesar de que diez meses antes, el 25% de los activos había sido valuado en 37 mil 500 pesos, De la Vega recibió un millón de dólares por sus acciones y con ello, McTaggart se convirtió en socio mayoritario de NSC Agua.

No obstante de esta transacción, las acciones de Thompson no subieron de valor. “Después, en una asamblea, me dijeron que si no invertía 10 millones de dólares en una semana, mis acciones se iban a diluir. Yo me tomé el tiempo para intentar hacer un trato, pero no me respondían. Por Dios Santo, yo fundé el proyecto”, expresa el estadounidense.

Tras intentos fallidos por llegar a un acuerdo con McTaggart para pagar un precio menor por las acciones y así evitar que se diluyeran sus acciones, Thompson optó por presentar una demanda por operaciones fraudulentas en contra de Alejandro de la Vega Valladolid y de las empresas NSC Agua, SA de CV; Consolidated Water y Aguas de Rosarito.

En 2016, ya entrada la administración de Francisco Vega de Lamadrid, NSC Agua (propiedad de Consolidated Water y NSA Agua) y NuWater conformaron Aguas de Rosarito, empresa que resultó ganadora de la Asociación Público Privada (APP) para la desaladora por la que los bajacalifornianos pagarán 76 mil 460 millones de pesos por los próximos 37 años.

“EL AGUA ES PARA LOS DOS LADOS”

Thompson no tiene duda que el involucramiento de Consolidated Water en la planta desaladora de Playas de Rosarito es para la venta de agua a Estados Unidos. Él mismo obtuvo dos cartas de intención, una del gobierno de Baja California y otra del Distrito de Agua de Otay, en las que expresan su interés, la primera por vender el agua y la segunda por comprarla.

Con esas cartas, interesó a Consolidated Water en el negocio. “El agua es para los dos lados. En Estados Unidos quieren el agua. La planta obtendrá en su primera fase más agua de la que necesitará Tijuana y Rosarito, pueden vender esa agua (sobrante) a territorio estadounidense”, comenta.

Esto ha sido confirmado incluso por el propio Rick McTaggart, según documentos públicos de Consolidated Water, pero el gobierno de Baja California, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, continúa negando que parte del agua que se obtenga de la desaladora tenga como destino Estados Unidos.

“No queríamos meternos en el negocio de la distribución, solamente vender el agua al Estado y que el Estado la distribuyera”, explica Thompson de las intenciones iniciales de la planta que se ha convertido en uno de los proyectos más rechazados socialmente.

Sin embargo, entiende la reciente urgencia de Consolidated Water por haber colocado la primera piedra del proyecto pese al embargo.

“En un negocio así se tienen que evitar los cambios de administración. Los gobernadores duran seis años y cada vez que hay un nuevo gobernador, hay nueva gente en la administración. Este debió ser un proyecto de siete años y ya han transcurrido diez desde su planeación, plantea.

ADVIERTEN A INVERSIONISTAS EN EU, MANTENERSE ALEJADOS DE CONSOLIDATED WATER

El abogado de Gough Thompson, Roberto Vega Treviño, tiene claro que este litigio mercantil tiene consecuencias para la imagen de Consolidated Water ante sus inversionistas potenciales y actuales.

Thompson lo explica así: “La mayoría del dinero (para la desaladora) viene de desarrolladores estadounidenses, no van a querer estar involucrados tan solo que se termine el litigio”.

Añade que dentro de poco, McTaggart tendrá que rendir un informe a sus socios sobre el estado del litigio y con ello se podrían revelar aspectos de la demanda sobre cómo devaluó de sus acciones para quedar como socio mayoritario.

La consultoría estadounidense Zacks Equity Research publicó el 29 de marzo un informe titulado “Estas son las razones por las que debes mantenerte alejado de Consolidated Water en estos momentos”.

En el documento se reporta que la empresa registró pérdidas estimadas en un 20.33% en el último cuatrimestre, mientras que las ganancias estimadas para 2018 y 2019 cayeron 10.9 y 6.6%, respectivamente, en los últimos 60 días.


El informe explica que el 45% de las ganancias totales de la empresa se concentran en dos cuentas con su principal cliente. “Su fracaso al renovar contratos con alguna de estas cuentas impactará de manera adversa sus operaciones, flujo de efectivo y condiciones financieras”.

De ahí, explica por qué la desaladora de Playas de Rosarito parece su único salvavidas: “La compañía sigue buscando nuevas oportunidades para expandir sus operaciones en mercados que tienen requisitos significantes para agua potable como el proyecto de Rosarito en México, el cual vendrá a mejorar el desempeño de la empresa”.



MALA SEÑAL QUE AGUAS DE ROSARITO NO TENGA DOMICILIO

Tras el embargo dictado por el Juzgado Décimo Civil, Gough Thompson se muestra optimista de su caso. “Me siento tranquilo, me da confianza que las autoridades judiciales están actuando de manera imparcial”, dice.

Sin embargo, su abogado, Roberto Vega Treviño, comenta que solo Alejandro de la Vega ha podido ser notificado del juicio mercantil ordinario y del embargo. Esto porque el domicilio brindado por Aguas de Rosarito en documentos oficiales aparece desocupado y no han actualizado sus datos de ubicación.

“Si no tienes nada que esconder ni nada que pagar, ni has hecho nada malo, entonces ¿por qué te escondes? Es un mensaje muy negativo, una muy mala señal que la principal entidad comercial en la desaladora, Aguas de Rosarito no pueda ser ubicada”, refiere.
De no poder ser localizada la empresa ni su representante legal, se procedería a la publicación de edictos durante un periodo de dos meses y, si ni así se presentan en el Juzgado, entonces la autoridad judicial los puede señalar de rebeldía.

No obstante, ni Thompson ni su abogado descartan llegar a un acuerdo fuera de tribunales, si es que se les paga el valor real de las acciones.

“Si yo fuera ellos, intentaría tomar el teléfono y llamar para saber si se puede llegar a un acuerdo, soy litigante desde hace 25 años y cada litigio es muy costoso y consume mucho tiempo, espero se pueda establecer un puente de comunicación”, añade.

Thompson va más lejos. Advierte que Rick McTaggart, propietario de Consolidated Water y prácticamente el dueño de la desaladora, “no es una persona en quien pueda confiar, me trató de una manera injusta, me traicionó en este negocio y no se trata de venganza ni estamos pidiendo más del valor del 25% de las acciones; nosotros no hicimos nada ilegal, de su lado, sí”.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ INÉS GARCÍA RAMOS /LUNES, 9 ABRIL, 2018 12:00 PM)

FRAY BERTÍN DE ENSENADA, INVESTIGADO POR EL VATICANO



Fotos: Enrique Botello

El párroco, miembro del colegio católico “Fray Junípero Serra”, desalojó a una familia de su casa por un adeudo de colegiatura. Desde hace meses está ilocalizable. Maricela Horta, responsable pastoral, ventila una serie de irregularidades y posible fraude entre abogados y la institución educativa

Por una deuda de  40 mil 982 pesos más intereses moratorios, una madre y sus dos hijas perdieron su hogar tras ser desalojadas en noviembre 2016, cuando el padre se retrasó con el pago de mensualidades en el colegio católico “Fray Junípero Serra” en Ensenada.

Aunque legal y jurídicamente se agotaron todas las instancias para que la familia pudiera recuperar su vivienda, el próximo 15 de abril viajará a Ensenada un representante del Papa Francisco para abrir un expediente sobre el caso y probablemente reparar el daño.

La escuela “Fray Junípero Serra” mantiene un método de cobro inusual que consiste en que los padres incumplidos empeñen el patrimonio con la firma  de pagarés.

La responsable pastoral en Ensenada, Maricela Horta González, adoptó el caso de la familia, desencadenando una serie de arbitrariedades y posible fraude, cometidos por la dirección del colegio en 2016, justo cuando el Papa Francisco lo llamó el “Año de la Misericordia”.

La religiosa sabe que hay otras diez familias cuyas propiedades están en riesgo de desalojo.

“Mucha gente no sabe que tienen derechos, hay más personas a punto de perderlo todo y quiero que nos unamos, que sepan que tienen derechos, que no los pueden despojar de sus bienes”, alertó.

El párroco Bertín Pantoja,  quien no se encuentra en la sede de Ensenada desde hace varios meses, es señalado de tener dos hijos que residen en el Estado de Jalisco, hecho que consta en dos actas de nacimiento en poder de ZETA.

Aunque existe una polémica dentro de la comunidad religiosa sobre el tema del patriarcado entre sacerdotes, en la legislación interna de las iglesias se considera “violación a la promesa de guardar celibato”.

DÓNDE QUEDÓ EL DINERO COBRADO A LAS CÓRDOVA

En el expediente 976/2014 del juicio mercantil en contra de Luciano Pérez, padre de las menores, consta que Fray Bertín cedió los derechos de los pagarés a una particular.

En total fueron tres, por las cantidades de 9 mil 979, 13 mil 064 y 17 mil 939 pesos, que dan un total de 40 mil 982 pesos, que fueron cobrados de manera legal por Elva Estudillo Zamora.

Los abogados desconocen el motivo por el cual se transfirieron los derechos, sin embargo, dedujeron que el dinero cobrado en el Juzgado jamás ingresó a la cuenta del colegio “Fray Junípero Serra”.

El primer comprador de la vivienda embargada fue precisamente el abogado que le llevó el caso al fraile, hecho que sorprendió también a los abogados defensores de la familia de Celia.



Marisela Horta

La casa fue valorada por el Juzgado en 246 mil pesos mexicanos, cuando en realidad tenía un costo aproximado a 540 mil  y se vendió en alrededor de 160 mil pesos.

El Juzgado entregó a Zamora 106 mil pesos y poco más de 50 mil pesos al padre de las menores; Celia no recibió dinero porque en ese momento existía una jurisprudencia, la cual cambió en 2017,  que para tener derechos en bienes, el matrimonio en mancomunado tiene que estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad.

El señor José Luciano se dedica a la venta de carnitas y en varias ocasiones entregó al director del colegio producto para la venta en diferentes eventos organizados en la escuela. Creyó que con especie estaba abonando a la deuda, pero no fue así, sino que los intereses moratorios al 7 por ciento mensual seguían corriendo.

DESALOJO DE LAS CÓRDOVA FUE LEGAL: ABOGADOS

De acuerdo con una narrativa de hechos documentado por el Grupo Jurídico Litigio Estratégico “Mariano Otero”, que de manera gratuita atrajo el caso para defender a la familia, legalmente ya no hay nada por hacer.

La casa de interés social se encontraba en el fraccionamiento Villas del Sol I, y Celia Córdova Córdova, madre de las adolescentes, era quien pagaba las mensualidades ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

La pareja se separó en 2008 pero nunca se divorciaron, él estaba empeñado en que ambas hijas acudieran al colegio “Fray Junípero Serra”.

Ante el retraso en el pago de mensualidades puso como garantía el patrimonio de la familia, firmando tres pagarés: dos en agosto de 2013 y otro más en agosto de 2014.

Las estudiantes, de entonces tenían 8 y 14 años de edad, mostraban renuencia para asistir a la escuela porque cada mes los maestros, siguiendo instrucciones de la dirección, no les aplicaban los exámenes.

“El Fray (Bertín) sabía de mi situación, le dije varias veces que quería sacar a mi hijas, y me dijo que no, que el que pagaba era mi esposo, que además no me iba a dar los papeles para meterlas a otra escuela pública”, describió Celia.

Al ver la desesperación de la mujer, un empleado del colegio le aconsejó ir al Sistema Educativo Estatal (SEE), ahí le informaron que estaba en todo su derecho de cambiar a las estudiantes; primero lo hizo con la de nivel secundaria y después con la de primaria.

Una vez que estuvieron fuera las dos alumnas, el apoderado legal, Bertín Pantoja, inició el juicio Mercantil ante el Juzgado Primero de lo Civil, en contra de José Luciano Pérez García, por no liquidar los pagarés, reclamando el pago forzoso de la deuda más intereses moratorios. En total sumaban 106 mil pesos.

El 27 de noviembre de 2014 notificaron a Luciano sobre el acto de embargo precautorio del bien en el que vivían sus hijas, pero como él residía en otra casa, no respondió la demanda en su contra.

Para el 29 de mayo se dictó sentencia, antes, el día 23, Bertín transfiere o cede los derechos litigiosos del juicio de los pagarés por la cantidad de 164 mil pesos. De ahí le sigue una serie de trámites legales como remates, pagos, intercambios, avalúos de la propiedad y reventas, las cuales Celia y sus hijas no imaginaban.

El 10 de noviembre, la actuaria tocó la puerta y una de las menores, quien se encontraba sola, pidió que se saliera, acto seguido un grupo de personas en compañía de la Policía Municipal, dejó las pertenencias en la banqueta.

LA CARTA AL PAPA FRANCISCO

Los abogados agotaron todas las instancias jurídicas que fallaron a favor del colegio, por eso Maricela Horta, responsable de la pastoral social de la Parroquia San José Obrero, pretendió que las leyes religiosas hicieran justicia a las Córdova.

La primera carta a Roma fue dirigida a Michael Perry, ministro general, con la intención de hacer de conocimiento la situación “poco grata para la Iglesia en la Diócesis”.

“Quiero presentarle un caso de corrupción y abuso de poder ante el adeudo de colegiaturas de una familia en particular”, manifestó la pastoral Maricela Horta al Papa Francisco.

Le describió el problema de la familia y agregó que “esta noticia fue un escándalo para nuestra Diócesis, sobre todo porque estábamos por cerrar el Año de la Misericordia”.

De entrada una comitiva de la iglesia se encontró con Fray Bertín, quien se mostró “altanero e intolerante” hacia ellos, incluso los maltrató cuando le tocaron el tema.

“Nos dijo que éramos unos metiches y que nosotros, siendo católicos, no era posible que apoyáramos a una persona cristiana; que nosotros no sabíamos la situación y con toda la altanería dijo que el colegio era un negocio. Mi respuesta ante la arrogancia, siempre fue que estoy convencida de mi servicio humilde que realizo por los más necesitados, que estemos, y manifesté que mi Iglesia no distingue de credos”, repitió.

También acudieron con el Obispo Rafael Valdés Torres, de quien tampoco tuvieron respuesta favorable a la petición de reparar el daño.

“Cuando le solicitamos su intervención y su apoyo para plantear el caso al Papa, su respuesta fue que él  no podía ser juez y parte, por lo que optamos  por no volver a solicitar su apoyo”, así fue como otra autoridad negó el respaldo.

La indiferencia de los católicos llevó a un grupo de cristianos, al cual pertenece la señora Celia, a encabezar una manifestación justo el día en que los católicos cerraban el Año de la Misericordia.

“Nos adelantamos para auxiliar y ayudar decididamente, hasta la fecha, para apoyar a la compungida madre y sus dos pequeñas hijas, logramos convencerles de que la culpa no era de la Iglesia Católica, sino de malos miembros de la misma, y que no era justo que toda la comunidad pagara los platos rotos por algunos lobos con piel de oveja”, criticó.

También pidió tomar en cuenta el escrito que les dio a conocer el Santo Padre el 27 de noviembre de 2016, cuando se reunió con todos los ecónomos religiosos de la Iglesia Católica: “Repensar la economía de los Institutos Religiosos según el carisma al que están llamados”

De esa manera obtuvo respuesta por parte de Roma Vaticano, informándole de la próxima visita de un representante.

EL PEREGRINAR DE LA FAMILIA MIGRANTE

Originaria de Cárdenas, Tabasco, Celia y su esposo viajaron a Baja California con la finalidad de buscar el sueño americano, pero no lo consiguieron.

Desde que llegaron a Tecate se dedicaron a la venta de carnitas, después se mudaron al Valle de Guadalupe y por último vino la separación; su marido, quien no le ha dado el divorcio sigue en el ámbito restaurantero en la delegación El Sauzal.

Su esposo le da una ayuda de mil pesos mensuales para renta y un poco de despensa, sin embargo, ella vende productos por catálogo y tamales para sacar adelante a sus hijas.

Celia ha batallado con la renta, va de casa en casa, siempre cerca de la escuela de sus dos hijas, la más joven tiene 14 años y va a en tercero de secundaria, y la mayor está a punto de graduarse de preparatoria, lista para ingresar a la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Baja California.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ LORENA LAMAS /LUNES, 9 ABRIL, 2018 12:00 PM)