MOMENTO EN QUE UNA AVIONETA SE ESTRELLA CON UNA VIVIENDA EN EL SECTOR SANTA FE EN CULIACÁN

(RIODOCE/3 DE DICIEMBRE 2018)

MALAYERBA ILUSTRADA: LA CUCARACHA

Estaban bien borrachos. Y drogados. Se veían ahí, en la sala de esa casa monumental: cuatro recámaras de viviendas de interés social, de las llamadas pichoneras, podían caber ahí, en ese mausoleo de mármol y sillones esponjosos, de pulcritud rampante y derroche de mal gusto.

Ya llevaban varias charolas, cada una con veinticuatro botes de Tecate roja. La otra, la laic, es para los putos. Y nosotros, aseguraban, somos hombres muy hombres. Y sonaban los estornudos al abrir cada uno de los botes. Y lloraba el recipiente por la oquedad. Y sudaba y sudaba el aluminio en espera de un trago más.

Un estirón leve y a empinar. Pero las armas no. Esas no se sueltan. Se sostienen, se soban y seducen. Se enamoran: ahí, pegada al cinto y al pantalón: con el cañón en tregua, el escupitajo de fuego y plomo en descanso y el tiro en la recámara superior. Clic. El seguro puesto y dispuesto, activado y desactivado. Clic. Clic.

Las cachas son para sobarse. Hay que mantener tibia la mano y los asideros. La palma de la mano jala a la cacha. La cacha voltea y mira a quien la posee. Aquí estoy, sírvete. Dispón de mí, parece decirle la cuarenta y cinco a esa mano de hombre, llena de pelos y arrugas. La nueve milímetros no se queda atrás. Está en la parte trasera del pantalón. Se asoma y baila. Agárrame, parece gritar. Tómame, soy tuya.

Borrachera industrial. Cocaína recién salidita del corte. Y esos cinco ondeados de metales y proyectiles, osadías y ambarina, y polvo de doña Blanca, de la mejor calidad. Ellos los jefes, los cabrones. Tecate y Colt cerquita. Chalino estaba cansado y le dio paso a Julión y éste a Los Canelos de Durango.

Aspiradoras en lugar de fosas nasales. Hondos pasones. Oscuras fauces ya sin vello. Quijadas trabadas, frases trastabilladas. En eso estaban, cuando a uno se le subió una cucaracha en la pierna. Grande, alada y de antenas temblorosas. Parecía olisquear. Avanzaba y retrocedía, a lo largo de la pierna, y luego se asomaba a las pantorrillas. El hombre quedó perplejo. La miró con repulsión y levantó las manos reprimiendo el ay.

Inmediatamente uno de ellos sacó la nueve milímetros que traía fajada. Apuntó hacia la cucaracha, a escaso medio metro. Miró a todos y preguntó, muy serio. La mató o no la mato. Y el insecto nervioso, con movimientos rápidos. Envalentonado. Él incorporó la otra mano y cortó cartucho. E insistió: la mató o no la mato.

El de la pierna también tembló. Los otros miraban, espantados. Luego decidió. La voy a matar, háganse a un lado. Pero la cucaracha seguía en la pierna y el dueño de ésta le pidió con voz de urgencia, gruesa, que no. No, no, no. Por favor, no. Ah bueno. No más porque tú me lo pides. Regresó el arma e invitó a brindar.

Columna publicada el 2 de diciembre de 2018 en la edición 827 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 4 DICIEMBRE, 2018)

A MISAEL, HIJO DE JAVIER TORRES, EL ‘JT’, LE ACHACAN AHORA LAVADO DE DINERO

Misael Torres Urrea, el M2, hijo del narcotraficante Javier Torres Félix, tiene un nuevo proceso penal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo enfrentará en el penal de Puente Grande debido a que le negaron el traslado a Culiacán.

El ex síndico de La Ilama, Cosalá, fue detenido en 2014 y acusado de ese delito, pero la Procuraduría General de la República no aportó datos de prueba suficientes y el Juez dictó auto de libertad.

El M2 siguió preso debido a que le dictaron auto de formal prisión por los delitos de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y contra la salud y el 3 de mayo de 2017 fue sentenciado a nueve años de prisión y a una multa de 6 mil 377 pesos.

Tres años después de su detención, la Fiscalía consiguió la orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita y fue sujeto a proceso penal.

La PGR lo acusa de ese delito porque el día de su detención, en su domicilio hallaron 409 mil 200 pesos y 10 mil 430 dólares y no hay pruebas que demuestren su legítima procedencia.

Misael solicitó su traslado del penal de Puente Grande, en Jalisco, al de Aguaruto, en Culiacán, pero la semana pasada le fue negado ya que presenta una “nocividad delincuencial elevada” y el penal de Aguaruto no cuenta con la seguridad adecuada y adolece de infraestructura y recursos humanos, materiales y tecnológicos.

De acuerdo con los expedientes, la detención y decomiso ocurrieron el 2 de octubre de 2014, en una casa ubicada en la calle San Lucas, del fraccionamiento Camino Real, en Culiacán.

La PGR pidió la orden de cateo el 30 de septiembre de 2014 para “localizar en los inmuebles materia del cateo, personas relacionadas con el delito de delincuencia organizada, así como objetos del delito como sicotrópicos, narcóticos, armas de fuego, moneda nacional o extranjera producto del delito de delincuencia organizada, documentos o archivos electrónicos con las listas de nómina, teléfonos, fotografías o datos de los integrantes de la organización criminal cártel de Pacífico o de Sinaloa, en el estado de Sinaloa, y vehículos robados y/o remarcados comúnmente utilizados por las estructuras criminales para el desempeño de sus actividades delictivas”.

Según los documentos, el 6 de octubre de 2014 fue consignado por los delitos de posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contra la salud, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

En una de las recámaras de la vivienda hallaron una bolsa negra con 100 billetes de 100 dólares, un billete de 50 dólares, uno de 20; un billete de mil pesos, dos de 500 pesos y en un cajón de un archivero 772 billetes de 500 pesos, 100 de 200 pesos, tres de 20 dólares y tres de 100 dólares.

En la casa además encontraron armas de fuego, cartuchos y dos bolsas con mil 882 gramos de metanfetamina.

Ante el Juez, Misael declaró que: “al estar enterado de mis derechos, así como del contenido de las imputaciones de existen en mi contra, es mi deseo manifestar que es falso, yo no pertenezco a ninguna banda de delincuencia organizada, ni me dedico a vender drogas, el dinero era producto de la venta de ganado y de un carro que vendí”.

En su declaración ministerial manifestó dedicarse a la ganadería y ser síndico municipal, de La Ilama, Cosalá.

Ante la Sagarpa estaba registrado como productor de bovinos.

El Juez decretó libertad con reservas de ley por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita pero continuó detenido por los otros delitos.

La averiguación previa quedó abierta debido a que faltaban pruebas por desahogar y la Fiscalía continuó con las investigaciones y el 17 de diciembre de 2014 ejercitó acción penal contra el detenido y solicitó orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita en la hipótesis de que sí poseía recursos dentro del territorio nacional y ocultó el origen, destino y propiedad de dichos recursos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Dos días después el Juez negó librar la orden de aprehensión.

Más de tres años después, la PGR logró obtener la el mandamiento judicial por operaciones con recursos de procedencia ilícita y le fue ejecutado en el penal y puesto a disposición del Juez, quien dictó auto de formal prisión el 15 de mayo de 2018.

La defensa de Misael apeló el auto de formal prisión en el Tribunal Unitario pero el magistrado ratificó el auto en agosto pasado.

De nueva cuenta la defensa se inconformó y promovió un amparo en otro Tribunal Unitario y también le fue negado.

NIEGAN TRASLADO A CULIACÁN

Misael está preso en el Centro de Readaptación Social número dos Occidente, en Puente Grande, Jalisco y ahí cumplirá su condena.

Mediante un amparo intentó obligar a las autoridades federales para que lo trasladaran al penal de Culiacán, pero un Juez de Distrito y un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México confirmaron la negativa de traslado la semana pasada.

El Tribunal señaló que de los informes de las autoridades administrativas se desprende que presenta nocividad delincuencial elevada, pues guía su acción supeditando al bienestar social sobre el personal; cuenta con capacidad para influir sobre otros para la consecución de metas; se le dificulta subordinarse ya que busca reconocimiento, estatus y poder; se maneja con dominio sobre otros a través de conductas rígidas lo que proyecta su expansión criminógena contaminante; y se le considera con un tipo de criminalidad practicada formal y estructurada.

“Se identifica como miembro de la organización delictiva ‘Cártel de Sinaloa y/o Cártel del Pacífico’; además de ser hijo de Javier Torres Félix considerado por la Procuraduría General de Justicia como el jefe de sicarios, no era viable su acercamiento al estado de Sinaloa, dado que, en él es reconocido como persona ligada al ‘Cártel de Sinaloa’, por lo que opinó que el sentenciado permaneciera interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 Occidente”, señala el documento.

“Como lo sostiene el coordinador de centros federales, con independencia de los múltiples intentos de evasión que han acontecido en ese centro de reclusión, no cuenta con los niveles de seguridad necesarios para su contención, dado que adolece de deficiencias en infraestructura, tecnología, así como en los recursos humanos y materiales”.

Menciona que el sentenciado cubre el perfil clínico criminológico para permanecer en el centro federal de máxima seguridad en el que se ubica y no es viable su acercamiento al estado de Sinaloa, al catalogarse como autor intelectual-material de alto riesgo, con capacidad criminal alta, adaptabilidad social media e índice de estado peligroso alto.

EL SÍNDICO DETENIDO

Cuando Misael Torres fue capturado, tenía siete meses de haber protestado el cargo como síndico de La Ilama, en Cosalá.

El M2 fue candidato único en el plebiscito que se realizó en marzo de 2014 para elegir a los síndicos municipales.

Aunque no tenía competencia, Misael hizo campaña en las comisarías de La Ilama, en la que regaló souvenirs.

Además de síndico, ante el Gobierno mexicano era ganadero y estaba en los padrones de la Sagarpa como beneficiario y obtuvo recursos económicos del Progan y del Componente de Atención a Desastres Naturales.

MISA

El M2 es hijo de Javier Torres, detenido en Culiacán en 2004 y extraditado a Estados Unidos en 2006, de donde fue deportado a México en 2013 al cumplir su condena y recluido en el penal Altiplano, donde sigue un proceso penal por los delitos cometidos en México.

El hermano de Misael, Jesús Javier, el J6 fue detenido en noviembre de 2017, en Culiacán, cuando circulaba en un vehículo con armas y granadas.

Artículo publicado el 2 de diciembre de 2018 en la edición 827 del semanario Ríodoce.

(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN/ 4 DICIEMBRE, 2018)

HOMICIDIOS EN TIJUANA, PUGNAS INTERNAS DE LOS CÁRTELES

Ésta es la quinta y última entrega de la serie de reportajes sobre el estado de la inseguridad en los municipios de Baja California. Ahora se analiza la información oficial de Tijuana, donde más de 2 mil ejecuciones se contabilizan en el año, arrojando un promedio de ocho personas asesinadas por día

Aun sin órdenes de aprehensión en contra de los jefes de célula, las autoridades identifican a 14 sicarios generadores de la violencia que opera actualmente en las calles de Tijuana, y detecta varias pugnas internas. El municipio supera los 2 mil 282 asesinatos. Mientras una investigación reciente de homicidio exhibe la intención y capacidad de Roque García, líder criminal del CAF, de intervenir en la operatividad de las autoridades, matan a uno de los participantes en el asesinato de la doctora Ciani

Con un promedio de ocho asesinatos diarios, la jornada de sangre en Tijuana durante noviembre, tuvo días en los que sus calles acumularon 10, 11, 12 y hasta 14 hombres y mujeres ejecutados. Los homicidas aprovecharon que los patrullajes disuasivos se redujeron, debido a la participación de las autoridades en la contención de la problemática generada alrededor de la caravana migrante que llegó a la ciudad.

En ese contexto, el noviembre tijuanense concluirá por encima de los 200 homicidios, para sumar 2 mil 282 personas asesinadas en lo que va de 2018, convertido en el año más violento de la historia del municipio a partir del 20 de septiembre, cuando se igualó la cifra de mil 781 muertos que se contabilizaron durante 2017.

Los responsables de la violencia de sangre en Tijuana siguen siendo los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), De Sinaloa (CDS) y Arellano Félix (CAF), los dos últimos, con pugnas internas que los mantienen divididos en células. Las muertes se siguen sumando por el control de la venta de droga en las calles de la ciudad.

Como sus competidores no los han asesinado, ni las autoridades los han detenido, las cabezas de las células criminales siguen siendo los mismos: del CAF, Jorge Ávila “El Chacal”, Francisco Rabadán “El Aguacate”; del CDS,  Edgar Morán “El Turbo”, José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, Loreto Capoema “El Versi”; y por Jalisco, Edgar Herrera Pardo “El Caimán”, Antonio Álvarez “El Cabo 39”, Rodolfo López “El Cabo 30” y “El Búho”.

En las calles, como autores materiales, reportes del Consejo Estatal de Seguridad, determinan que la jornada recrudecida de violencia en Tijuana en noviembre, tiene 14 protagonistas principales ya identificados, se trata de:

Marco Antonio Valdivia “El Marquillos”, Damián “El Flaco” Loera, Rigo Lorenzo Garrido Alvarado “El Solo”, los primos Jesús Enrique Rodríguez Ricvaldi “El Ricky” y Carlos Guillén Rodríguez; Sergio Aarón Lizárraga García  “El Oscuro”, Juan Abel Osuna Luna “El Jeje”, Alfredo García Navarro “El Chicali”, Carlos Alberto Gutiérrez Gutiérrez “El Bóxer”, José Pedro Tadeo Zamora “El Joker”, Gilberto Morales Cuevas “El Chaparro”, Leonel y Antonio Sorzano López “El Titi Perro”; y Sergio Alberto Cornejo Morales “El Beto”.

Actualmente las autoridades trabajan en la solicitud de órdenes de captura en contra de cada uno de ellos, ya que han sido obtenidas sólo en algunos casos.

ROQUE GARCÍA Y LOS HOMICIDAS DE LA DOCTORA CIANI

Entre las 197 personas asesinadas que acumula noviembre de 2018, a las cuatro de la mañana del día 22 se localizó el cuerpo de un hombre de 28 años, identificado esta semana como Salvador Ortega Ruiz “El Retén”. El cuerpo tenía diez heridas de bala, de entrada y salida en pecho, estómago y cabeza., además de golpes y escoriaciones.

En vida, Ortega residía en el fraccionamiento Soler, pero su zona de influencia criminal era la Zona Norte de Tijuana, donde estaba involucrado en la venta de droga para el CAF, pero su nombre no estaba incluido entre los jefes delictivos.

Sus antecedentes criminales indican un delito menor cometido en 2010 en Mexicali, acusado de homicidio en 2011,  investigado por lesiones a una mujer y violación equiparada en 2006, incumplimiento de obligaciones familiares y una larga lista de presentaciones en barandilla por alterar el orden en pandillas.

Al corroborar la identidad del cuerpo, tres puntos llamaron la atención de los investigadores.

Uno. Que Ortega era el hombre que la fiscalía buscaba desde un año atrás, por encabezar el pequeño grupo de delincuentes que asesinaron, por equivocación, a la doctora Alma Angélica Ciani en su consultorio de la colonia Libertad el 3 de julio de 2017.

Un familiar del esposo muerto de la psicóloga María Isabel González -con un consultorio en la misma plaza comercial- , los había contratado para matarla. Detenido el 14 de julio del mismo año, David Ortega Ramos, autor material del asesinato, expuso la equivocación e informó que le pagarían 10 mil pesos.

De acuerdo a la información en el expediente, “El Retén” organizó quién haría qué y cómo, en el asesinato de Ciani; después coordinó todo por teléfono.

Dos. El interés personal que mostró el líder criminal de una célula del CAF para que las autoridades investigaran este asesinato. Se trata de Roque García, originario del Barrio Logan, detenido y liberado en 2004 por narcotráfico, secuestro y cobro de plaza. De acuerdo a la información recabada por un grupo binacional de inteligencia que investiga  grupos del narcotráfico, en abril de 2017 planeó atacar las instalaciones de ZETA como parte de una serie de delitos de alto impacto para retomar el liderazgo criminal en Tijuana para el CAF.

“El Roque” fue el hombre que “convenció” de declarar al testigo que ayudó a iniciar la investigación de las extrañas condiciones en que se dio la muerte del “Retén”.

Según un documento presentado para conocimiento del Grupo Coordinación,  el capo fue quien presentó al testigo al grupo de inteligencia de la Policía Municipal de Tijuana, corporación donde se originó la alerta para la indagatoria.

Tres. Respecto al homicidio, a las once de la noche del 21 de noviembre de 2018, la Policía alertó a la fiscalía de un posible asesinato. Fuentes extraoficiales les informaron de un homicidio, en el cual habían metido el cadáver de un hombre a un bote de basura para después llevárselo.

SIGUEN LOS ASESINATOS EN TIJUANA,  CON 2 MIL 281 VÍCTIMAS

Un policía, un adolescente, cuatro mujeres y 44 hombres fueron asesinados durante los últimos seis días en Tijuana, sumándose a los homicidios dolosos cometidos hasta la mañana del jueves 29 de noviembre, con 2 mil 281 víctimas.

Con base a estadísticas, noviembre cerrará con menos crímenes que los perpetrados en octubre (217), ya que hasta las siete de la mañana de ayer jueves, 198 personas habían sido privadas de la vida durante el mes.

Entre los hechos recientes destaca la muerte del agente municipal Joel Huerta Ramírez, asesinado las primeras horas del sábado 24, cuando circulaba en su vehículo particular en las inmediaciones del fraccionamiento El Florido. El uniformado, adscrito al Distrito Cerro Colorado, iba a bordo de un Toyota Tercel 1997, placas fronterizas BHB-46-59, cuando fue atacado por hombres desconocidos. Trece tiros fueron contabilizados por agentes periciales en la carrocería del automóvil, en cuyo interior se localizó una fornitura de color negro, una chamarra y un chaleco balístico del mismo color.

Versiones en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, señalan que el elemento no tenía antecedentes y hasta el momento se desconoce el móvil del crimen.

Griselda Guadalupe Barraza Pérez, de 48 años de edad y su hijo Pedro, de 15, fueron asesinados a tiros la tarde del martes 27 de noviembre en la colonia Chihuahua. Testigos del lugar refieren que la víctima presuntamente se dedicaba al narcomenudeo. Como indicios, agentes periciales localizaron en la escena dos casquillos con la leyenda 40 S&W, un casquillo con la leyenda 40 S&W RP, un casquillo con la leyenda 40 S&W Win y una bala.

LUNES 26. En la colonia Niño Artillero se localizó el cadáver de un desconocido. Por los disparos de arma de fuego que le propinaron,  Carlos Rosendo Sandoval, de 26 años, murió en la Cruz Roja tras ser atacado en Hacienda Las Delicias. Carlos Enrique Aguilar Bellos, de 18 años, fue privado de la vida  de por lo menos cuatro balazos de arma 9 milímetros en la colonia Amparo Sánchez. Los cuerpos de un hombre y una mujer se encontraron en un domicilio en Camino Verde, donde agentes periciales embalaron siete casquillos 18 WMA. Silvia Mendoza Zamora, de 52 años, murió presuntamente por anoxemia al interior de una vivienda en Antorcha Campesina. José Antonio Partida Solís, de 22 años, fueron hallado muerto en un domicilio con las características de un ‘picadero’ en Lomas de Tlatelolco; 12 casquillos 9 milímetros fueron localizados en la escena del crimen, En Paseos del Vergel se reportó el cadáver de una persona de 30 años, envuelta en una cobija. Al parecer murió por asfixia.

MARTES 27. Un hombre fue asesinado a tiros en Margarita Residencial; a un costado del cuerpo se encontró una bicicleta y un casquillo calibre 45 milímetros. En Cumbres del Sol fue acribillado Irán Espinoza González, de 39 años; en el lugar se hallaron 12 casquillos calibre 9 milímetros y una camioneta Ford Edge color negro. A balazos fue ultimado José Armando González Solís, de 24 años. En un domicilio con estructura de madera en Lomas del Encinal, se dio el hallazgo del cadáver de un hombre calcinado y con disparos de arma de fuego. En la colonia Llamas Amaya un masculino fue abatido por disparos de arma de fuego; junto a la víctima, de 30 años, había tres casquillos calibre 9 milímetros. Un desconocido de 20 años fue ultimado de por lo menos dos tiros de arma calibre 380 en un domicilio en Lomas Taurinas. Salvador Gallardo Morales, de 31 años, fue ejecutado de seis balazos en Infonavit Presidentes. Tras los hechos, el  presunto responsable huyó de la escena del crimen, enfrentándose con policías municipales. El occiso oscilaba en los 30 años.

MIÉRCOLES 28.  Javier Arturo Bares López, de 30 años, fue asesinado a tiros cuando se encontraba en la colonia Natura; en el lugar se embalaron cuatro casquillos calibre 40. En la Clínica 1 del IMSS murió un desconocido de 35 años, víctima de arma de fuego. En un lote baldío en Altiplano se encontró el cadáver de un desconocido de 30 años, a su lado, había tres casquillos calibre 380. Miguel Hilario Gamiz Castro, de 28 años, fue asesinado de por lo menos cinco tiros de arma calibre.40 en Nueva Tijuana. Un masculino con las extremidades superiores en sujeción hacia la espalda y con lesiones en la cabeza, fue encontrado sin vida sobre el Corredor Tijuana-Rosarito 2000.

De acuerdo a estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hasta el 29 de noviembre, Baja California registró 2 mil 862 homicidios dolosos.

Los investigadores llegaron a una plaza comercial en la Avenida Sonora -popularmente como “La Recta”-, en el número 3330. Afuera del bar llamado Mäb encontraron lo que parecían manchas de sangre, después, con orden justificada ingresaron al lugar, donde encontraron un gran desorden, sangre y casquillos. Horas más tarde, de nuevo el cuerpo de inteligencia municipal reportó haber encontrado el cadáver en La Presa, donde los peritos procesaron  la escena. Y horas después, de nuevo la Municipal reportó la localización y repentina aparición del bote de basura en el que habían transportado el cadáver de Salvador Ortega en la misma zona. El auto en el que movieron el cuerpo fue un “sedán cuatro puertas, vidrios polarizados, color azul gris metálico, reciente modelo, con placa inicial AHJ de Baja California”. La investigación sigue en curso.

De la presencia de Roque García, la versión del primer respondiente fue que no lo identificó. En cuanto a las autoridades que lo reconocieron, pese a los antecedentes conocidos por las áreas de inteligencia, no tienen órdenes de aprehensión en su contra.

GRUPO COORDINACIÓN INVESTIGA A SICARIOS Y SUS “BATACAS”

De vendedores de droga y adictos, ahora están convertidos en sicarios a cargo de “batacas”, sus matones de soporte. En las zonas donde delinquen son ampliamente conocidos, por los vecinos y sobre todo por los adictos. Por eso han sido delatados con relativa facilidad por algunos de sus socios criminales, clientes e integrantes de células contrarias que antes traficaban con ellos.

Diversos indicios que incluyen las versiones de socios y competidores criminales, se están terminando de integrar en los expedientes para emitir las órdenes de aprehensión en contra de los hombres que actualmente han elevado los niveles de violencia en la ciudad, y que de acuerdo al Grupo Coordinación, son los siguientes:

ZONA ESTE EN LAS DELICIAS: VALDIVIA CONTRA LOERA

* Marco Antonio Valdivia “El Marquillos”, ligado al CDS. En su expediente hay antecedentes por lesiones calificadas en 2017. Encabeza un grupo de diez sujetos dedicados a matar, al “ajuste de cuentas”. Su jefe es “El Julio Bola”.

* Damián “El Flaco” Loera es su enemigo y está del lado del CJNG. En octubre, Valdivia asesinó a Edgar “El Paisa” Loera, hermano del “Flaco”; y Los Paisas mataron a tres vendedores del “Marquillos”, apodados “El Fabián”, “El Güero” y “El Trapitos”.

 LOS DEL CÁRTEL DE SINALOA EN OTAY, TAMBIÉN SE “DEPURAN”

Los jóvenes Jesús Rodríguez “El Ricky” y Carlos Guillén Rodríguez, con antecedentes por robo de autos, lesiones y allanamiento de morada, fueron relacionados con los asesinatos de  Francisco Fuentes y Manuel Arreola en agosto de 2018. De acuerdo a información de inteligencia, se mantienen en pugna de sangre con los matones de quien fuera su jefe, Alfredo Heynez, del CDS, del ala de “Los Aquiles”: los hermanos Alfonso y René Arzate García. Homicidas de la célula a la que pertenecían, también mataron a su primo Carlos Rodríguez “El Toro” y a su pareja, Griselda Osorio, en octubre de 2018.

 EN ZONA NORTE, SINALOA VS CAF

* José Pedro Tadeo Zamora “El Joker”, con cinco capturas por narcomenudeo.

*Alfredo García Navarro “El Chicali” con dos aprehensiones por narcomenudeo.

* Carlos Alberto Gutiérrez “El Bóxer”, con ocho aprehensiones en los últimos dos años por venta de droga al menudeo.

Acorde con las autoridades, los tres fungen como brazo ejecutor en la zona de tolerancia de Tijuana, con Luis Arturo Jain Peña “El Arcángel”, operador y también matón del Cártel de Sinaloa. Éstos mantienen un enfrentamiento con la célula del CAF.

* Rigo Lorenzo Garrido  “El Solo”, con antecedentes por delitos contra la salud,  es quien hace de homicida para la célula arellanista identificada como Los Monitos y/o Los Cuates,  integrada por miembros de la familia Toscano Rodríguez.

ZONA ESTE, PARA “EL OSCURO” Y “EL CHAPARRO”, DEL “GÜERO CHOMPAS”

* Sergio Aarón Lizárraga García “El Oscuro”, capturado en diversas ocasiones por narcomenudeo, robo de auto y homicidios, lo ubican en equipo delictivo con Juan Abel Osuna Luna “El Jeje”. Informaron que ambos matan para servir delictivamente al Cártel de Sinaloa, a la célula encabezada por Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”. Los ubican en asesinatos en vía pública con otros dos sujetos a los que hasta el momento sólo identifican como “El Monkey” y “El Güerito”.

* Gilberto Morales Cuevas “El Chaparro”, con expediente por delitos contra la salud, a quien también lo ubican como parte de este grupo de homicidas en el que también incluyen a tres hombres aún no identificados: “El Táison”, “El Freddy” y “El Moreno”, que operan en Los Valles, Antorcha, Maclovio Rojas  y otras colonias. A esta célula la investigan por un ataque a policías municipales.

PUGNA INTERNA DEL CJNG EN LA PRESA

* Sergio Alberto Cornejo Morales “El Beto” vendía droga para el CJNG encabezado por los Sorzano en la zona, pero en junio asesinó a Julio Sorzano López “El Casani” y las autoridades ignoran con cuál de las células de Sinaloa se afilió; desde entonces la familia de traficantes se convirtieron en sus enemigos.

* Leonel y Antonio Sorzano López “El Titi Perro”, sicarios para el CJNG. En contra del segundo,  existe orden de aprehensión por el homicidio -cometido el 4 de junio- de un hombre en la Avenida Emiliano Zapata de la colonia Batalla Nacional en La Presa. Francisco “El Pancho” Sorzano, el hermano mayor que encabeza el grupo, fue detenido el 22 de noviembre.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 3 DICIEMBRE, 2018 01:00 PM)

         

150 MIL 992 EJECUTADOS: LA HERENCIA DE PEÑA

A días de concluir su paso por la Presidencia de la República, el gobierno de Enrique Peña Nieto deja al país sumergido en homicidios y en la violencia del crimen organizado, consecuencia de su fallida estrategia de seguridad. Los números lo comprueban: EPN superó la cantidad de asesinatos registrados en el sexenio de Felipe Calderón. Para los expertos, el fracaso del priista en la materia se suma a la falta de combate y complicidad con el narcotráfico de los gobiernos locales, como el caso de Baja California y Tijuana, administrados por el PAN

Sin contar los últimos 30 días de la administración de Enrique Peña Nieto, el Gobierno Federal emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) superó el número de ejecutados que se contabilizaron en el sexenio anterior, encabezado por el panista Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra al narcotráfico y comenzó con las históricas cifras de asesinatos violentos.

Del primero de diciembre de 2012, día en que Peña tomó posesión como Presidente de la República, al 31 de octubre de 2018 -a un mes de concluir su mandato-, en el país se han registrado 150 mil 992 muertes violentas, la mayoría vinculadas al crimen organizado.

Prácticamente año tras año los homicidios dolosos fueron aumentando durante la administración que termina. Tan sólo en 2017 (2018 no ha concluido) la cifra llegó a abatir cualquier registro de los últimos años con 32 mil 79 víctimas de homicidios dolosos.

Académicos y expertos en el tema de seguridad coinciden en que la estrategia de Peña Nieto en materia de combate a la violencia y al crimen organizado fracasó rotundamente, a pesar que se capturó a líderes del narcotráfico, por ejemplo a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Sin embargo, las capturas de las cabezas criminales acentuaron aún más las muertes en el país.

Asimismo, conforme fue avanzando la administración federal, la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue consolidándose en gran parte del país hasta llegar a tener presencia en 22 de 32 estados, y con ello los niveles de violencia fueron aumentando.

Este es el total de homicidios por entidades de la República, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2018, 30 días antes de concluir el sexenio priista.

PEÑA SUPERÓ A CALDERÓN

En diciembre de 2012, ya en funciones el gobierno peñista, se registraron mil 999 ejecutados; en 2013 se documentaron 23 mil 063; en 2014 hubo un pequeño descenso a 20 mil 010, cifra muy similar a la de 2015 (20 mil 762). En 2016 las víctimas de homicidio se elevaron a 24 mil 559, y en 2017, el récord fue de 32 mil 079, cantidades documentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su registro de Mortalidad en Defunciones por Homicidios.

De acuerdo a datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, con corte del primero de enero al 31 de octubre, durante 2018 se han registrado oficialmente 28 mil 520 homicidios dolosos.

La suma de los 150 mil 992 ejecutados en el sexenio de Peña hasta octubre de 2018.

En cuanto a los homicidios, Peña Nieto superó el número registrado durante la administración del panista Felipe Calderón, quien desplegó a las fuerzas armadas en la llamada “guerra contra el narcotráfico” y dejó un saldo de 121 mil 35 muertes violentas.

Con la cifra de homicidios preliminar en el sexenio a punto de concluir, EPN tendrá más de 29 mil 957 ejecuciones en comparación al periodo de su antecesor.

ESTADOS, OMISOS Y CÓMPLICES

Otro de los elementos que deben contemplarse en la entrelazada maquinaria de violencia e impunidad, son los gobiernos locales.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano menciona el caso de Baja California, que este año encabeza la lista con el mayor número de homicidios dolosos, sólo por debajo de Guanajuato.

“No hay instituciones locales para enfrentar el reto, el principal que enfrenta Baja California es un abandono principalmente estatal y luego evidentemente municipal. Los delincuentes tienen una pugna por territorios que se da en un contexto de una autoridad que no le puede poner freno. Me espanta ver al alcalde de Tijuana (Juan Manuel Gastélum) que constantemente minimiza el problema y nunca es momento de hablar de la seguridad porque, sin liderazgo local, difícilmente va a haber las otras condiciones necesarias para que se pueda”, destacó.

Baja California y Guanajuato, ambos gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), sobresalen en el mapa del crimen, pues a pesar de tener entre 13 y 11 millones menos de habitantes, respectivamente, en comparación con Estado de México, registran más homicidios violentos en el transcurso de 2018.

Así se distribuyen los 25 mil 520 ejecutados del primero de enero al 31 de octubre de 2018, precisamente el último año de Peña como Presidente de la República:

TRES FACTORES PARA ENTENDER LAS EJECUCIONES EN MÉXICO

Froylán Enciso, profesor del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), encuentra tres factores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que llevaron al aumento en la tasa de homicidios dolosos en el país.

El experto en el estudio de narcotráfico y crimen organizado, analiza que el primero de estos elementos fue la estrategia del Gobierno de la República por centrar su combate al crimen en la captura de objetivos prioritarios.

“Tenían una lista de 120 criminales clave y pensaron que metiéndolos a la cárcel iban a debilitar a las organizaciones criminales, pero resultó falso. Lo que ocurrió es que mientras más detenían líderes, más aumentaba la violencia”, plantea el historiador sinaloense.

De ahí, Froylán Enciso, quien fue consultor del International Crisis Group, identifica una segunda causa: el descabezamiento de organizaciones criminales y, por lo tanto, la fragmentación que aumentó el número de organizaciones delictivas que operan en el país.

“Las organizaciones se pelean internamente para sus liderazgos, y cuando organizaciones rivales veían un pleito, lo tomaban como una oportunidad para competir por ese negocio. Entonces, hubo incentivos para incrementar la violencia intra e inter cartel”, señala.

Como una tercera explicación, el doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York, habla de la diversificación del mercado ilícito: “El negocio de las drogas que antes era mucho más centralizado, se diversifica en esas organizaciones fragmentadas para poder sobrevivir en el mercado clandestino, entonces se agregan otras actividades como el cobro de piso -que Los Zetas introdujeron hace casi veinte años-, el huachicoleo, el secuestro de migrantes y la trata de personas”.

Fue así como prosperó el CJNG, y agrega: “El proceso de diversificación criminal que afectó principalmente a las organizaciones tradicionales como el Cártel del Golfo y los Zetas contra el Cártel de Sinaloa, hizo un hueco que aprovechó el Cártel Jalisco Nueva Generación para apoderarse de los negocios grandes y aumentar su presencia territorial en todo el país”.

NO HAY QUE PENSAR EN UNA ESTRATEGIA NACIONAL

“Con organizaciones fragmentadas y mercados diversos, cada localidad tiene su mercado criminal propio”, explica Froylán Enciso

Por ejemplo, el aumento de la violencia en Guanajuato está directamente relacionado con el huachicoleo y no con las drogas. En la Península de Baja California, se debe a la expansión del consumo de drogas y narcomenudeo como un negocio local, mientras que en Colima hay una disputa por el control del puerto para el trasiego de grandes cargamentos.

“La herencia que nos deja Peña Nieto es un crimen fragmentario, diversificado de acuerdo a condiciones locales, con gran poder de corrupción y pactos con diferentes niveles de gobierno, y se tiene que atender desde lo local”, opina Enciso.

Por esta razón, el académico apuesta no a una gran estrategia nacional para el combate del crimen organizado, sino que se construyan diferentes planes basados en las condiciones locales de cada estado o municipio.

También la crítica a una guardia civil militarizada como la que propone el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador: “El trabajo policiaco y de inteligencia que se necesita para este tipo de crimen no es el mismo que se hace para problemas de seguridad nacional, se necesita un conocimiento muy fino, organizaciones de inteligencia muy flexibles y agentes policiacos que puedan atender localidades específicas, que tengan capacidad de despliegue territorial y de inteligencia para comunidades muy específicas”.

Bajo este esquema, Enciso es enfático al pronunciar: “Pueden volver a mandar dos mil militares a Tijuana, pero si el problema son las ‘tienditas’, las redes de distribución en barrio populares o zonas marginales, no va a alcanzar para frenar el problema”.

“EN EL PEOR SEXENIO”

Para Francisco Rivas, director de Observatorio Nacional Ciudadano, asociación civil dedicada a temas de seguridad, justicia y legalidad en México, hay un antes y un después en el gobierno de Enrique Peña Nieto, marcado por Ayotzinapa.

“Lo puso de rodillas y ya no se pudo levantar. Al inicio de la administración, los homicidios venían bajando, el Gobierno Federal alegaba que el homicidio bajaba como consecuencia de políticas como la de prevención de delitos. Nosotros y muchas organizaciones fuimos muy claros en decirles que no fue así, lo que sí hubo una estrategia de no comunicar, incluso en los medios, la incidencia delictiva”, detalla.

Además de la negación, argumenta, hubo una falta de capacidad de la administración para cambiar de acciones cuando en abril de 2015 comenzaron a registrarse los primeros picos en la incidencia de homicidios dolosos.

“No supieron transformar los retos en un proyecto mucho más claro de seguridad y eso derivó en el desastre al que nos está llevando el Presidente, el sexenio con la mayor tasa de homicidios dolosos, cuando Caderón había entregado una incidencia a la baja; se convirtió en el peor sexenio”.

 GOBERNADORES Y ALCALDES, SIN LIDERAZGO EN SEGURIDAD

Según Rivas, también ex director del Centro de Cultura de la Legalidad de Baja California, es necesario analizar la falta de eficiencia de los gobiernos locales y como ejemplo pone a Baja California.

“No hay instituciones locales para enfrentar el reto. El principal reto que enfrenta Baja California es un abandono principalmente estatal y luego evidentemente municipal. Los delincuentes tienen una pugna por territorios que se da en un contexto de una autoridad que no le puede poner freno. Me espanta ver al alcalde de Tijuana que constantemente minimiza el problema y nunca es momento de hablar de la seguridad porque, si no hay liderazgo local, difícilmente va a haber las otras condiciones necesarias para que se pueda”, considera.

Acerca de las particularidades de la criminalidad en BC, uno de los estados que alcanzaron su máximo histórico en ejecuciones durante el sexenio de Peña Nieto, el experto habla de la penetración de la delincuencia en las instituciones locales que deriva en la falta de confianza.

“Más que la falta de coordinación, otro aspecto absolutamente necesario es que exista confianza entre los operadores, es donde se establecen las políticas. Muchos de los que están involucrados tienen miedo de compartir información con otras corporaciones porque no saben con quién están sentados”, indica.

NOS ACOSTUMBRAMOS A LOS HOMICIDIOS

El doctor Rivas también ha encontrado un preocupante comportamiento social en la normalización de los homicidios.

“Hace años decíamos que ya nos estábamos acostumbrando a la violencia, pero el factor clave que hace que el partido de Calderón pierda la Presidencia, fue la falta de una pacificación del país. Hoy por hoy, estamos en una crisis mucho mayor, pero en las campañas presidenciales, el tema de violencia no fue determinante”, añade.

Bajo el mismo tenor, observa que “en casi todo el país, la situación es un absoluto desastre, pero no ves una sociedad escandalizada ni preocupada a pesar de que los datos son espeluznantes en casi todo el país, incluidos Baja California y Tijuana; hay visiones de corto plazo, el problema es que tal vez ahorita controla la zona que te es menos relevante, mañana no sabes a dónde se va a expandir. Finalmente, el Estado comienza a perder control del territorio y darle a un poder alterno ese control, sí es más preocupante”.

A manera de conclusión, el titular  del Observatorio Nacional Ciudadano señala que la administración de Peña Nieto “entrega los peores resultados que se podían esperar”.

 MÁS MUERTES Y MENOS DECOMISOS: INVESTIGADOR DE INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ

El maestro Carlos Galindo es demógrafo e investigador en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, cuyas líneas de investigación incluyen sistemas de indicadores en materia de derechos humanos y seguridad pública.

Hace unos días, junto a otros autores, presentó un reporte sobre muertes violentas registradas por Inegi en 2017, información vertida en mapas y gráficas que ilustran la dispersión geográfica de los homicidios dolosos en el país.

“De 2008 a 2012, este delito estuvo muy concentrado en regiones típicas de disputa del narco, pero de 2015 a 2016 se aleja y empieza a expandirse por ejemplo de Ciudad Juárez a Chihuahua, Chihuahua; y de Acapulco, Guerrero, a Chilpancingo”, afirma.

A la par que aumentaron los homicidios, de acuerdo al análisis de Galindo, se redujeron los decomisos de drogas y armas, e incrementaron las desapariciones de personas.

Al igual que Froylan Enciso, el investigador encuentra la diversificación criminal como una de las causas de este aumento, por lo que considera esencial recolectar información oficial de calidad que permita crear más mecanismos de control respecto a los homicidios para entender los móviles.

Establece que por medio del análisis de datos, se pueden obtener distintos fines. Mientras la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes permite identificar la exposición del riesgo de ser víctima de homicidio en demarcaciones, el número total del homicidios -Tijuana fue el municipio con más asesinatos registrados por Inegi en 2017- ayuda a crear mejores políticas públicas.

“Donde ocurren muchos homicidios, independientemente de la población que hay, requieres los suficientes investigadores para resolver homicidios, los suficientes policías, ministerios públicos y peritos para que hagan bien la investigación”, expone.

Gallardo encuentra que “la tendencia histórica y el análisis académico de los homicidios nos dice que la guerra contra el narco es la causa estructural y principal de la bola de violencia en México, hay que abandonar esta guerra que ya vimos que no es ganable en cuestión de violencia contra violencia; hay que buscar una forma inteligente de ganar este conflicto”.

Y finaliza: “Si el enfrentamiento frontal militarizado en contra del narcotráfico ocasiona que entre 2007 y 2010 se triplican los homicidios y ahora estamos peor que en 2010, es mejor explorar opciones como la regulación del mercado de drogas para que sea el Estado quien ponga reglas distintas con distintos tipos de sustancias, no dejar esta caja oscura en manos del narcotráfico y no intentar ganar esta guerra a balazos”.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  ISAÍ LARA BERMÚDEZ/ LUNES, 3 DICIEMBRE, 2018 01:00 PM)

ACRIBILLAN A PANISTA DE LA CESPE

El cuerpo quedó tendido debajo de unas escaleras. La forma del homicidio coincidió con otros asesinatos donde sujetos ingresaron para perpetrar el crimen y abandonaron un vehículo a una cuadra del domicilio; es el tercer ataque armado contra integrantes de familias de panistas ensenadenses en el año. Organismos empresariales y miembros del partido expresaron indignación por los hechos delictivos registrados en el puerto

El​ subdirector comercial de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) y miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge René Villa Martínez, fue asesinado el miércoles 28 de noviembre de dos disparos en la cabeza: uno penetró en su sien, otro en la mejilla izquierda.

Con éste, suman 241 homicidios en lo que va del año en el puerto, y es el tercer ataque armado en contra de integrantes de familias de militantes panistas en el puerto.

El caso más reciente era el de Kristian Delgado Félix, de 30 años de edad, hijo del ex director de Educación Municipal, Gilberto Delgado Peña. Su cadáver fue abandonado en octubre en la vía pública, a una cuadra de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La mañana del 28 de noviembre, el cuerpo de Villa Martínez quedó boca abajo en un charco de sangre, cerca de unas escaleras en la cochera del conjunto de departamentos marcados con el número 1508 de la calle Héctor A. Migoni y Clemente Rojo, Colonia Márquez de León.

De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, el inmueble donde lo asesinaron era de su propiedad desde 2010, así como otras viviendas, incluyendo su domicilio en Villa Bonita.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio del servidor público de 47 años.

A dos cuadras del lugar se localizó un vehículo compacto Honda Accord 1995 de color verde, sin placas de circulación y con pre-denuncia. La unidad fue asegurada para practicarle las pruebas periciales correspondientes.

PRIMERAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Los disparos se escucharon desde la rampa de la cochera donde personal de Periciales colocaron tres conos señalando indicios. La puerta de la cochera quedó casi a punto de cerrar.

En la planta baja hay dos departamentos que el occiso rentaba y arriba otro más amplio, tipo penthouse, el cual usaba en algunas ocasiones.

De acuerdo con las imágenes difundidas, al momento de su muerte, Villa vestía una piyama, pantuflas y una sudadera azul marino.

Las primeras investigaciones señalan que no se trató de un asalto, todo estaba en su lugar y no le faltaban pertenencias de valor. Llegó al lugar a bordo de un vehículo propiedad de su hija, para guardarlo en la cochera de los departamentos.

Su esposa lo recogería, pero se retrasó y, al hacer su arribo, lo encontró ensangrentado.

El homicidio fue un ataque directo, a corta distancia, “lo estaban cazando”, refirió una fuente a ZETA.

El móvil de los atacantes fue similar al del homicidio del abogado Jaime Xicoténcatl Palafox, ambos fueron acribillados a balazos y a unas cuadras del domicilio abandonaron los vehículos tipo compacto marca Honda sin placas de circulación. El asesinato ocurrió en febrero de 2017 y sigue sin resolver.

Otros casos que han quedado en el archivo, son el del empresario gasolinero Alejandro Sánchez del Palacio y de José de Jesús Jiménez López, consuegro del ex alcalde Enrique Pelayo Torres y en vida, propietario de Transportes Turísticos Dunas.

En el sitio se presentaron Pablo Alejo López Núñez, subsecretario del Gobierno del Estado; Carlos Loyola Peterson, director de la CESPE y jefe de René; Hugo Zepeda, ex director de la CESPE y actual delegado de Desarrollo Social del Estado; además de Miguel Ángel Castillo, delegado de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado.

López Núñez fue el primero de los allegados en arribar a la zona del crimen y se mantuvo en el lugar hasta la llegada del Servicio

Médico Forense (Semefo), limitándose a declarar a la prensa: “Que sea la autoridad en la materia quien informe. Estoy aquí como amigo y compañero de René”.

SERVIDOR PÚBLICO Y COMERCIANTE

René Villa Martínez era contador público por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). En la iniciativa privada fue presidente del Consejo de la Compañía Distribuidora Papelera de Occidente.

En la función pública desempeñó los siguientes cargos: tesorero del XIX Ayuntamiento; coordinador general de gabinete del XIX Ayuntamiento; delegado de Desarrollo Social del Estado; y por último, subdirector comercial de la CESPE.

Personalidades de ámbitos políticos, organizaciones y de la sociedad, coincidieron en que René Villa era una persona muy tranquila, de trato amable y servidor público atento. Un buen hombre.

Aficionado al beisbol, por más de 19 años, Villa fue militante del PAN, desempeñándose además como consejero de la Cámara Nacional de Comercio por su negocio en el ramo de papelerías.

GOBIERNOS IMPUNES EN BC

Ante la indignación por los hechos delictivos cometidos en la ciudad, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Baja California, a través de su titular Faisal Díaz Nassif, exhortó a las autoridades a esclarecer el asesinato del funcionario de la CESPE.

Mediante un comunicado, el Consejo lanzó preguntas al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, argumentando que la estadística de hechos delictivos va en aumento, por lo cual la ciudadanía vive en un nivel de impunidad intolerable.

“Hasta cuándo va a entender que se tiene que avanzar en materia de procuración de justicia, y que la ciudadanía exige que se tenga un procurador que dé resultados (…) No vamos a aceptar excusas y justificaciones de por qué no dan resultados (…) Hasta cuándo los ciudadanos van a seguir tolerando a un gobierno alejado de los problemas de seguridad y permitir al gobierno municipal que le falle a los policías, y no depure la corporación de aquellos policías que le fallan”, fueron algunas de las consignas.

Acorde con Díaz Nassif,  no hay valor que merezca una vida, “a cualquiera se le facilita robar”, y criticó el rechazo por parte del gobierno a una verdadera participación ciudadana en los problemas de inseguridad.

AUTORIDAD “DESCOORDINADA”: DIPUTADA AGATÓN

Claudia Agatón Muñiz emitió un posicionamiento, en el cual afirmó que la comunidad ha perdido  la capacidad de asombro e indignación por la cantidad de homicidios en Baja California.

La diputada pidió el esclarecimiento tanto del homicidio de René Villa, como  de otros, ya que no hacerlo, será motivo no sólo de una sanción moral, sino de iniciar procedimientos por omisión y negligencia.

Asimismo, calificó como “discurso gastado” el hecho de que la fiscalía declare que las víctimas de homicidios están cayendo al tener vínculos con grupos delincuenciales.

“El asesinato de René Villa evidencia una grave descomposición social y el empoderamiento de la delincuencia ante una autoridad inoperante y consumida por vicios internos de corrupción y falta de apoyos a sus elementos”, manifestó Agatón.

“Si ante la delincuencia y los mercenarios predomina la impunidad, será una señal para que quienes trabajan fuera de la Ley sigan imponiendo su reinado de terror y delincuencia. Las diferentes autoridades policiacas siguen descoordinadas y con falta de equipamiento a los policías, llegando incluso al grado de que los policías municipales y agentes ministeriales carecen hasta de gasolina”, concluyó en su posicionamiento.

VILLA, “UN MILITANTE SIEMPRE DISPUESTO”: PAN

El presidente del Comité Directivo del PAN se mostró consternado y lamentó la pérdida del compañero y la forma en que lo perdieron, exaltando que “era un excelente militante, dispuesto a participar”, exigiendo a las autoridades de Baja California capturar al o los culpables.

La noche del lunes 26 de noviembre, fue la última vez que René Villa convivió con los compañeros panistas en la sesión informativa en el Edipan.

“Nos dimos la mano como siempre, y cada vez él decía ‘Tenemos una plática pendiente’. Era un excelente militante”, reiteró.

Los consejeros del Partido Acción Nacional en Ensenada, expresaron aflicción por el deceso de René Villa Martínez, a quien recordaron como un hombre íntegro, profesional y de trato amable.

“Nos solidarizamos con sus familiares y amigos más cercanos, esperando que la serenidad llegue y el recuerdo de René perdure en ellos (…) Hacemos una enérgica demanda a las autoridades para que esclarezcan este hecho lamentable y otros más que cotidianamente atentan contra la seguridad de los ensenadenses. Ensenada ha dejado de ser un municipio seguro, y hoy, quienes lo habitamos padecemos de esta crisis que ha permeado en nuestra sociedad. Demandamos que se refuercen las medidas que sean necesarias para que los tres órdenes de gobierno garanticen la seguridad que tanto anhelamos y que hoy vemos distantes”, se exhortó desde el Partido Acción Nacional.

ABOGADOS URGEN MODIFICAR SISTEMA PENAL

El Colegio de Abogados manifestó su pésame a los cercanos a René Villa Martínez, a la vez de reprochar el clima de violencia que prevalece en el puerto y  la “inacción de las autoridades para abatirla”, y expresaron su sentir por estar sometidos a un procedimiento de procuración de justicia penal sumamente deficiente, del cual solicitan modificaciones inmediatas.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / MARCO A. FLORES Y LORENA LAMAS /LUNES, 3 DICIEMBRE, 2018 01:00 PM)

ABREN “SALA DE CONSUMO DE HEROÍNA” SIN PERMISOS, AYUNTAMIENTO CLAUSURA

La idea de la asociación civil Verter, era habilitar un espacio para que los adictos a drogas líquidas, llevaran su droga y la consumieran “de forma segura”, con herramientas nuevas, esterilizadas y otros elementos. Su objetivo, que estas personas no se contagiaran de enfermedades.

Sin embargo, la sala que estrenaron como un “espacio seguro” para consumo de heroína, no contaba con los permisos para realizar ese tipo de labor. El Ayuntamiento de Gustavo Sánchez la clausuró, mientras en el Sector Salud del Estado, ni enterados estaban del caso.

Dos días después del anuncio por parte del Centro Comunitario Verter, el lugar fue clausurado por no contar con permiso de uso de suelo.

La sala de heroína tenía por objeto tratar con adictos que no buscan rehabilitarse, o no por el momento, y que seguirán consumiendo droga en un entorno inseguro para ellos y para quienes les rodean.

Entre los usuarios se encuentra Marlene, una joven de 26 años que lleva una década consumiendo heroína y metanfetamina. Huyó de su casa desde pequeña porque sufría de violencia doméstica, posteriormente se juntó con una pareja con los mismos problemas de adicción. Un año después se embarazó, por lo que acudió al Hospital Materno Infantil para tener a su hija, sin embargo, al ser una usuaria de drogas inyectables no le permitieron quedarse con el bebé.

Ella como muchas mujeres adictas sufren discriminación al llegar a este tipo de centros de salud donde pasan horas en agonía por la falta de droga, ya que como política pública se les niega la metadona o algún medicamento que disminuya su dependencia o ansiedad, por lo que muchas de ellas escapan de los centros para drogarse.

La joven es una de los casi cien usuarios diarios que acudían al Centro Comunitario Verter antes de ser clausurado.

Otro caso es el de Francisco, un joven usuario con VIH en situación de calle; desde hace cinco años fue detectado por la asociación civil, por lo que fue vinculado a los servicios de salud, y, ante el estigma que sufría, ya no quiso continuar el tratamiento.

Al ser un indigente, difícilmente lo querían atender, además que para poderle dar la medicina lo condicionaron a ingresar a un centro de rehabilitación, cuestión que finalmente no aceptó, por lo que regresó a la calle.

 CORRIENTE FILOSÓFICA

Para el Centro de Asistencia Terapéutica de Barcelona, actualmente existen dos escuelas de pensamiento que chocan entre sí, y una sería el origen de la clausura por parte del Ayuntamiento de Mexicali. La primera corriente, llamada “Prohibición”, es la que se encuentra generalizada en México y se aplica como principal política pública en el país para el tratamiento de adicciones. Y la corriente, “Legalización”, defiende “la eliminación de la política restrictiva, intentando limitar los daños asociación al consumo de drogas no médicas”, definen el propio Centro de Asistencia Terapéutica.

En 2013 se creó la asociación civil Verter, encabezada por la directora Lourdes Angulo, quien vio la necesidad de establecerla a raíz de la desaparición de una AC con sede en Mexicali que se dedicaba principalmente a la trata de personas con VIH.

Verter trabajaba con personas usuarias de drogas inyectables, mujeres y hombres trabajadores sexuales, personas de la diversidad sexual, además de brindar protección a migrantes por su grado de vulnerabilidad.

Según Angulo, desde un inicio se dio seguimiento a la población con la misma metodología para buscar cambios de comportamiento a través de la educación o información.

Entre las actividades que realiza la organización, sobresale la entrega de condones, lubricantes, intercambio de jeringas usadas por nuevas a personas usuarias de drogas, y la entrega de un kit con productos de inyección segura (agua inyectable, toallas con alcohol y filtros).

La responsable de la asociación civil afirmó que en un principio sólo atendían a personas que consumían heroína, pero en fechas recientes decidieron atender a consumidores de metanfetamina, ya que muchos la empezaron inyectar.

“El riesgo es la práctica, la inyección, el uso compartido de jeringas, si una persona puede usar una jeringa usada o compartirla con otra persona, el riesgo de la trasmisión es muy alto; por vía sanguínea es la más rápida, donde se pueden trasmitir infecciones como VIH y Hepatitis C, porque va directamente al torrente sanguíneo” explicó.

Entre los usuarios de drogas inyectables, existe una prevalencia del 90 por ciento en Hepatitis C, mientras que en VIH es de entre  3 y 5%, por lo que se considera un grupo vulnerable a este tipo de infecciones.

Se trata de una filosofía para la reducción de riesgos y daños asociados a personas con este tipo de conductas, la cual surgió desde los años 80, cuando se percataron de que había una alta prevalencia en enfermedades de transmisión sexual  en los usuarios de drogas inyectables había un alta prevalencia en enfermedades de trasmisión sexual.

“En este centro comunitario recibíamos entre 60 a 100 personas que acudían por nuestros servicios, la mayoría de la Zona Centro o colonias cercanas y un alto porcentaje están en situación de calle, desfavorablemente hay personas que además de estos servicios requieren otros muchos servicios de salud”, indicó la especialista.

SALA DE CONSUMO SEGURO

Lourdes Angulo explicó que en otros países existen salas de consumo seguro o supervisado y es una más de las estrategias para la reducción de daños, ya que el contexto los pone en vulnerabilidad. “Son personas que en este momento no pueden, o no quieren dejar de consumir, nosotros trabajamos con esas personas, por eso es que con ellos hay que reducir los riesgos a su salud por el consumo de droga”.

Mediante el centro comunitario se busca reducir el contagio de enfermedades,  muertes por sobredosis o que las personas pierdan alguna extremidad por un absceso mal tratado.

En la sala de consumo seguro se dispone de personal médico capacitado y medicamento para evitar que los usuarios tengan una sobredosis al momento de inyectarse, se les equipa con insumos estériles y se les da información sobre los daños a la salud.

En un primer periodo de prueba, la sala de consumo sería de uso exclusivo para mujeres y posteriormente se abriría al público en general.

 CLAUSURADO

La directora del Centro Comunitario reconoció que la clausura se dio por no contar con el permiso de uso de suelo del local, debido a la falta de recursos con los que cuenta la asociación, pero ya se está trabajando con el Ayuntamiento para obtenerlos y reabrir.

“Sabíamos que teníamos que hacerlo, pero no teníamos el recurso, somos una AC sin fines de lucro, todos nuestros servicios y productos son gratuitos y los proyectos que conseguimos no te dan para eso, sin embargo, el cierre de este espacio nos está afectando a la población, esas personas se están poniendo en riesgo porque ya no les estamos proveyendo de jeringas estériles, condones, lubricantes, no estamos ofreciendo las pruebas de VIH, los servicios de vinculación a servicios de salud”.

— ¿Será una represalia por la atención que llamó a nivel nacional?

“Quisiera pensar que no, pero sabemos que fue un tema muy mediático y tal vez pusieron los ojos en las cuestiones administrativas de los permisos, pero ya estamos haciendo las gestiones para tener estos permisos que nos piden”,  declaró Lourdes Angulo.

Por su parte, el alcalde Gustavo Sánchez argumentó que la clausura del Centro Comunitario se dio como parte de una operación rutinaria de la administración y no tuvo que ver con las publicaciones que se dieron a nivel nacional.

“No tenía acreditada ninguna documentación que estableciera primero en términos de orden de salud, la información que yo tengo es que no tenía de la Secretaria de Salud para el funcionamiento como tal, algo que es importante si hay condiciones en materia de salud para que funcione. Segundo, tampoco tenía tramitada ninguna autorización de uso de suelo, no puede abrirse simplemente por abrirse, sino que debe cumplirse con los requisitos mínimos”, explicó.

Cuestionado sobre los años que tenía en operación la asociación y la falta de regulación que existe en este tipo de giros, dijo que el centro comunitario tenía apenas semanas funcionando, además, albergues, guarderías y casas para personas de la tercera edad poco a poco han estado cumpliendo con los temas de seguridad y uso de suelo.

Sánchez negó que se trate de una medida conservadora ante una sala de consumo seguro de drogas, y, si cumplen con la normatividad, no tendrán ningún problema en reabrir.

Desde el lunes 26 de noviembre se pidió una respuesta a la Secretaría de Salud del Estado de Baja California sobre el estatus de la asociación, sin embargo, hasta el cierre de  edición no se tenía respuesta por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, entidad que sería el órgano regulador.

Por su parte, el secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, aceptó no conocer el tema, ya que se enteró por los medios de comunicación.

“Nunca nos pidieron opinión, es un tema realmente más de tipo legal que nuestro, se habla de drogas que no están permitidas más que en pequeñas dosis, entró el Ayuntamiento y lo clausuró, la verdad es un tema muy delicado, no hemos participado en ello y no estábamos ni enterados”.

Como médico, opinó que se debe hacer lo pertinente para conservar la salud, sin embargo, se requiere respetar el marco regulatorio y no se pueden salir de éste.

“Este tipo de salas tienen sus pros y sus contras, es un tema no muy sencillo, muy difícil, por algo lo clausuró el Ayuntamiento. Tenemos una excelente coordinación con ellos, vamos a seguirla teniendo y cuando nos pidan  apoyo, se los vamos a dar”.

— ¿Le había tocado ver este tipo de estrategias en otros lados?

“No, no existe en ningún lado”, puntualizó el funcionario.

Por su parte, la asociación civil Verter publicó un comunicado manifestando su preocupación por la clausura del lugar.

Firmado por 66 personas y 37 organizaciones civiles, el documento establece que en el centro comunitario clausurado “no se comercializan drogas y tampoco se promueve su uso, sólo se brinda un espacio donde las mujeres pueden usar las drogas que necesitan de manera segura y controlada, rodeadas de personal amigable y capacitado en diversos temas de salud”.

Asimismo, se aclara: “El Estado no brinda ninguna alternativa de atención en salud a las mujeres que no están en condiciones de dejar de inyectarse drogas, lo que aumenta no sólo su vulnerabilidad social y la de sus hijos, sino que afecta negativamente sus condiciones de salud”.

Para concluir, piden a las autoridades municipales y de salud las facilidades necesarias para reabrir el centro, debido a las afectaciones que implica el cierre del lugar.

(SEMANARIO ZETA/EDICIÓN IMPRESA  /CRISTIAN TORRES/ LUNES, 3 DICIEMBRE, 2018 01:00 PM)