La idea de la asociación
civil Verter, era habilitar un espacio para que los adictos a drogas líquidas,
llevaran su droga y la consumieran “de forma segura”, con herramientas nuevas,
esterilizadas y otros elementos. Su objetivo, que estas personas no se
contagiaran de enfermedades.
Sin embargo, la sala que
estrenaron como un “espacio seguro” para consumo de heroína, no contaba con los
permisos para realizar ese tipo de labor. El Ayuntamiento de Gustavo Sánchez la
clausuró, mientras en el Sector Salud del Estado, ni enterados estaban del
caso.
Dos días después del anuncio por
parte del Centro Comunitario Verter, el lugar fue clausurado por no contar con
permiso de uso de suelo.
La sala de heroína tenía por
objeto tratar con adictos que no buscan rehabilitarse, o no por el momento, y
que seguirán consumiendo droga en un entorno inseguro para ellos y para quienes
les rodean.
Entre los usuarios se
encuentra Marlene, una joven de 26 años que lleva una década consumiendo
heroína y metanfetamina. Huyó de su casa desde pequeña porque sufría de
violencia doméstica, posteriormente se juntó con una pareja con los mismos
problemas de adicción. Un año después se embarazó, por lo que acudió al
Hospital Materno Infantil para tener a su hija, sin embargo, al ser una usuaria
de drogas inyectables no le permitieron quedarse con el bebé.
Ella como muchas mujeres
adictas sufren discriminación al llegar a este tipo de centros de salud donde
pasan horas en agonía por la falta de droga, ya que como política pública se
les niega la metadona o algún medicamento que disminuya su dependencia o ansiedad,
por lo que muchas de ellas escapan de los centros para drogarse.
La joven es una de los casi
cien usuarios diarios que acudían al Centro Comunitario Verter antes de ser
clausurado.
Otro caso es el de Francisco,
un joven usuario con VIH en situación de calle; desde hace cinco años fue
detectado por la asociación civil, por lo que fue vinculado a los servicios de
salud, y, ante el estigma que sufría, ya no quiso continuar el tratamiento.
Al ser un indigente,
difícilmente lo querían atender, además que para poderle dar la medicina lo
condicionaron a ingresar a un centro de rehabilitación, cuestión que finalmente
no aceptó, por lo que regresó a la calle.
CORRIENTE
FILOSÓFICA
Para el Centro de Asistencia
Terapéutica de Barcelona, actualmente existen dos escuelas de pensamiento que
chocan entre sí, y una sería el origen de la clausura por parte del
Ayuntamiento de Mexicali. La primera corriente, llamada “Prohibición”, es la
que se encuentra generalizada en México y se aplica como principal política
pública en el país para el tratamiento de adicciones. Y la corriente,
“Legalización”, defiende “la eliminación de la política restrictiva, intentando
limitar los daños asociación al consumo de drogas no médicas”, definen el
propio Centro de Asistencia Terapéutica.
En 2013 se creó la asociación
civil Verter, encabezada por la directora Lourdes Angulo, quien vio la
necesidad de establecerla a raíz de la desaparición de una AC con sede en
Mexicali que se dedicaba principalmente a la trata de personas con VIH.
Verter trabajaba con personas
usuarias de drogas inyectables, mujeres y hombres trabajadores sexuales,
personas de la diversidad sexual, además de brindar protección a migrantes por
su grado de vulnerabilidad.
Según Angulo, desde un inicio
se dio seguimiento a la población con la misma metodología para buscar cambios
de comportamiento a través de la educación o información.
Entre las actividades que
realiza la organización, sobresale la entrega de condones, lubricantes,
intercambio de jeringas usadas por nuevas a personas usuarias de drogas, y la
entrega de un kit con productos de inyección segura (agua inyectable, toallas
con alcohol y filtros).
La responsable de la asociación
civil afirmó que en un principio sólo atendían a personas que consumían
heroína, pero en fechas recientes decidieron atender a consumidores de
metanfetamina, ya que muchos la empezaron inyectar.
“El riesgo es la práctica, la
inyección, el uso compartido de jeringas, si una persona puede usar una jeringa
usada o compartirla con otra persona, el riesgo de la trasmisión es muy alto;
por vía sanguínea es la más rápida, donde se pueden trasmitir infecciones como
VIH y Hepatitis C, porque va directamente al torrente sanguíneo” explicó.
Entre los usuarios de drogas
inyectables, existe una prevalencia del 90 por ciento en Hepatitis C, mientras
que en VIH es de entre 3 y 5%, por lo
que se considera un grupo vulnerable a este tipo de infecciones.
Se trata de una filosofía
para la reducción de riesgos y daños asociados a personas con este tipo de
conductas, la cual surgió desde los años 80, cuando se percataron de que había
una alta prevalencia en enfermedades de transmisión sexual en los usuarios de drogas inyectables había
un alta prevalencia en enfermedades de trasmisión sexual.
“En este centro comunitario
recibíamos entre 60 a 100 personas que acudían por nuestros servicios, la
mayoría de la Zona Centro o colonias cercanas y un alto porcentaje están en situación
de calle, desfavorablemente hay personas que además de estos servicios
requieren otros muchos servicios de salud”, indicó la especialista.
SALA DE CONSUMO SEGURO
Lourdes Angulo explicó que en
otros países existen salas de consumo seguro o supervisado y es una más de las
estrategias para la reducción de daños, ya que el contexto los pone en
vulnerabilidad. “Son personas que en este momento no pueden, o no quieren dejar
de consumir, nosotros trabajamos con esas personas, por eso es que con ellos
hay que reducir los riesgos a su salud por el consumo de droga”.
Mediante el centro
comunitario se busca reducir el contagio de enfermedades, muertes por sobredosis o que las personas
pierdan alguna extremidad por un absceso mal tratado.
En la sala de consumo seguro
se dispone de personal médico capacitado y medicamento para evitar que los
usuarios tengan una sobredosis al momento de inyectarse, se les equipa con
insumos estériles y se les da información sobre los daños a la salud.
En un primer periodo de
prueba, la sala de consumo sería de uso exclusivo para mujeres y posteriormente
se abriría al público en general.
CLAUSURADO
La directora del Centro
Comunitario reconoció que la clausura se dio por no contar con el permiso de
uso de suelo del local, debido a la falta de recursos con los que cuenta la
asociación, pero ya se está trabajando con el Ayuntamiento para obtenerlos y
reabrir.
“Sabíamos que teníamos que
hacerlo, pero no teníamos el recurso, somos una AC sin fines de lucro, todos
nuestros servicios y productos son gratuitos y los proyectos que conseguimos no
te dan para eso, sin embargo, el cierre de este espacio nos está afectando a la
población, esas personas se están poniendo en riesgo porque ya no les estamos
proveyendo de jeringas estériles, condones, lubricantes, no estamos ofreciendo
las pruebas de VIH, los servicios de vinculación a servicios de salud”.
— ¿Será una represalia por la atención que llamó a
nivel nacional?
“Quisiera pensar que no, pero
sabemos que fue un tema muy mediático y tal vez pusieron los ojos en las
cuestiones administrativas de los permisos, pero ya estamos haciendo las
gestiones para tener estos permisos que nos piden”, declaró Lourdes Angulo.
Por su parte, el alcalde
Gustavo Sánchez argumentó que la clausura del Centro Comunitario se dio como
parte de una operación rutinaria de la administración y no tuvo que ver con las
publicaciones que se dieron a nivel nacional.
“No tenía acreditada ninguna
documentación que estableciera primero en términos de orden de salud, la
información que yo tengo es que no tenía de la Secretaria de Salud para el
funcionamiento como tal, algo que es importante si hay condiciones en materia
de salud para que funcione. Segundo, tampoco tenía tramitada ninguna
autorización de uso de suelo, no puede abrirse simplemente por abrirse, sino
que debe cumplirse con los requisitos mínimos”, explicó.
Cuestionado sobre los años
que tenía en operación la asociación y la falta de regulación que existe en
este tipo de giros, dijo que el centro comunitario tenía apenas semanas
funcionando, además, albergues, guarderías y casas para personas de la tercera
edad poco a poco han estado cumpliendo con los temas de seguridad y uso de
suelo.
Sánchez negó que se trate de
una medida conservadora ante una sala de consumo seguro de drogas, y, si
cumplen con la normatividad, no tendrán ningún problema en reabrir.
Desde el lunes 26 de
noviembre se pidió una respuesta a la Secretaría de Salud del Estado de Baja
California sobre el estatus de la asociación, sin embargo, hasta el cierre
de edición no se tenía respuesta por
parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, entidad
que sería el órgano regulador.
Por su parte, el secretario
de Salud, Guillermo Trejo Dozal, aceptó no conocer el tema, ya que se enteró
por los medios de comunicación.
“Nunca nos pidieron opinión,
es un tema realmente más de tipo legal que nuestro, se habla de drogas que no
están permitidas más que en pequeñas dosis, entró el Ayuntamiento y lo
clausuró, la verdad es un tema muy delicado, no hemos participado en ello y no
estábamos ni enterados”.
Como médico, opinó que se
debe hacer lo pertinente para conservar la salud, sin embargo, se requiere
respetar el marco regulatorio y no se pueden salir de éste.
“Este tipo de salas tienen
sus pros y sus contras, es un tema no muy sencillo, muy difícil, por algo lo
clausuró el Ayuntamiento. Tenemos una excelente coordinación con ellos, vamos a
seguirla teniendo y cuando nos pidan
apoyo, se los vamos a dar”.
— ¿Le había tocado ver este tipo de estrategias en
otros lados?
“No, no existe en ningún
lado”, puntualizó el funcionario.
Por su parte, la asociación
civil Verter publicó un comunicado manifestando su preocupación por la clausura
del lugar.
Firmado por 66 personas y 37
organizaciones civiles, el documento establece que en el centro comunitario
clausurado “no se comercializan drogas y tampoco se promueve su uso, sólo se
brinda un espacio donde las mujeres pueden usar las drogas que necesitan de
manera segura y controlada, rodeadas de personal amigable y capacitado en
diversos temas de salud”.
Asimismo, se aclara: “El
Estado no brinda ninguna alternativa de atención en salud a las mujeres que no
están en condiciones de dejar de inyectarse drogas, lo que aumenta no sólo su
vulnerabilidad social y la de sus hijos, sino que afecta negativamente sus
condiciones de salud”.
Para concluir, piden a las
autoridades municipales y de salud las facilidades necesarias para reabrir el
centro, debido a las afectaciones que implica el cierre del lugar.
(SEMANARIO ZETA/EDICIÓN IMPRESA /CRISTIAN TORRES/ LUNES, 3 DICIEMBRE, 2018
01:00 PM)
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