domingo, 18 de septiembre de 2016

¿QUÉ TIENE ZERÓN QUE SIEMPRE SE CAE PARA ARRIBA? TIENE PUESTO MÁS ALTO Y MEJOR SALARIO


Señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de preparar diversos escenarios para concluir con la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes, el polémico Tomás Zerón de Lucio anunció su renuncia como cabeza de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Pero su desempleo duró sólo unas horas: el Presidente Enrique Peña Nieto lo nombró Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, “un premio” no sólo en escalafón sino en dinero y prestaciones, lo que las familias de los normalistas de Ayotzinapa consideran una burla para los mexicanos y la justicia.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).– En el expediente sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República asentó que, el 29 de octubre de 2014, dos de los inculpados recorrieron las inmediaciones del río San Juan para reconocer el lugar en el que, horas antes, un buzo de la Secretaría de la Marina encontró una bolsa de plástico con restos óseos.

En diciembre siguiente, cuando el laboratorio de la Universidad de Innsbruck confirmó que los restos pertenecieron al normalista Alexander Mora, el hallazgo en el Río San Juan se convirtió en la principal evidencia científica de la “verdad histórica”, o versión oficial de que los 43 estudiantes fueron asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y sus restos luego esparcidos en el Río San Juan.

De acuerdo con lo reportado este año por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sin embargo, el recorrido de uno de los inculpados alrededor de la zona del río ocurrió desde un día antes del hallazgo, y no después, como reportó la PGR en su expediente.

En ese recorrido previo, junto a uno de los presuntos delincuentes, encontró el GIEI, fue grabado en un video de prensa el titular de la investigación, el hasta el miércoles pasado director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio.

“Si bien la historia oficial sobre el lugar señaló que el descubrimiento se hizo el día 29 y que los inculpados fueron llevados posteriormente para reconstruir la secuencia de hechos, la evidencia muestra que el día anterior se llevó a cabo una preparación de dicho escenario sin que existiera ningún registro de estos hechos”, reportó el GIEI en su segundo informe, el pasado 24 de abril.

“Un poco más adelante del puente del río San Juan, en la orilla y mirando hacia el río, se encuentra Agustín García Reyes, el Chereje, sujetado por un escolta vestido de traje, de civil. A su lado, Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, habla por teléfono”, agrega el informe.

Estos indicios de “preparación” del escenario donde después se encontrarían las evidencias de la “verdad histórica” no son la única anomalía de la investigación sobre la desaparición de los normalistas. El mismo reporte del GIEI menciona que al menos 17 de las personas detenidas por el caso fueron sometidos a algún tipo de maltrato o tortura, entre ellos los cinco presuntos integrantes de la organización denominada “Guerrero Unidos” y cuyas declaraciones, como la identificación de los restos probablemente “sembrados”, sostienen la versión de la PGR.

Pero ni lo detectado por el GIEI ni los reclamos de los familiares de los estudiantes lograron provocar la salida de Tomás Zerón de la investigación durante casi cinco meses. Y fue sólo el miércoles, a 12 días del segundo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, que la Procuradora General Arely Gómez González anunció que aceptaba la “renuncia” del funcionario.

Tres horas después, sin embargo, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un boletín informando que el Presidente Enrique Peña Nieto lo había nombrado Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, dependiente de él directamente y con facultades para intervenir en seguridad nacional.



Tomás Zerón renuncia a la PGR… y su “desempleo” dura horas: ya es asesor de seguridad nacional

También, de acuerdo con la descripción de su posición, es responsable de la comunicación oficial con el Congreso y de “realizar el inventario de la infraestructura estratégica” del país.

“El nombramiento de Zerón de Lucio es un reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores”, expuso el Gobierno federal en su comunicado.

El nuevo cargo, de acuerdo con la información del Portal de Obligaciones de Transparencia, tiene además nivel de Subsecretario de Estado y un salario mensual ligeramente mejor que el que recibía en PGR: de 194 mil 708 mil pesos mensuales a 203 mil 487 en la actual posición de Secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.

Otras “prestaciones inherentes” a su nuevo puesto y que no aparecen descritas en la información del anterior son la asignación de vehículo y apoyo económico por hasta siete mil 500 pesos mensuales para gastos de mantenimiento, así como cinco mil pesos mensuales para gastos en telefonía celular.

“Es una burla para todos los mexicanos”, dijo Mario César González, padre del estudiante César Manuel González, en conferencia de prensa desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

“¿Acaso ocultar evidencias no merece cárcel? ¿Qué no es una desesperación que un funcionario esté ocultando evidencias? Nosotros estamos en contra de los funcionarios corruptos. Es indignante que después de que tenga una investigación abierta, todavía lo premien con un cargo más alto”, agregó el familiar.

Y LA ETIQUETA #ZEMBRON



Ni las irregularidades detectadas por el GIEI ni los reclamos de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos hace casi dos años pudieron sacar a Tomás Zerón de la investigación del caso Iguala. Foto: Cuartoscuro

La difusión de que Zerón de Lucio habría participado en la “preparación” del lugar donde un integrante de la Secretaría de la Marina encontró después los únicos restos óseos vinculados con la desaparición de los 43 convirtió su carrera de investigador criminal en tendencia de la red social Twitter con la etiqueta #Zembrón.

“Los tiempos cambian; peores usos del Poder Inquisidor se mantienen. Ver, Pablo Chapa y #LaPaca, o Producciones García Luna; ahora, #Zembrón”, escribió el activista Daniel Gershenson el 28 de abril pasado.

Aun así, Zerón de Lucio reapareció el 12 de mayo siguiente en San Juan del Río, Querétaro, al lado de la Procuradora Arely Gómez González, en un evento de nombramientos de ascenso para agentes del ministerio público federal.

“Estamos a escasas semanas de concluir una de las grandes transformaciones en nuestro país: el nuevo Sistema de Justicia Penal, que estará en operación en todo el territorio nacional el próximo 14 de junio”, dijo la Procuradora entonces.

“Su operación se traducirá en el fortalecimiento del Estado de Derecho en México y en una procuración de justicia más transparente, accesible a todos y respetuosa de los derechos humanos (…) Queda de manifiesto que la PGR está actuando en consonancia con las nuevas circunstancias y capacitando a su personal para la operación del Nuevo Sistema”, agregó la funcionaria.

No es la primera vez que el licenciado en Administración Industrial egresado de Instituto Politécnico Nacional (IPN) encuentra un ascenso después de ofrecer resultados polémicos en su trabajo como servidor público.

En 2007, cuando era coordinador de Control Policial de la Policía Federal, fue cesado por el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, después del asesinato de 22 personas en Cananea, Sonora, perpetrado por criminales que pese a desplazarse en un convoy de varias camionetas no fue interceptado o detectado por autoridad alguna.

En el Gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, fue nombrado coordinador de Investigación y Análisis de la Procuraduría General de Justicia estatal, entonces a cargo del hoy titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo Cervantes.

Y fue en ese periodo, en 2010, en el que ese Ministerio Público Estatal reportó que la pequeña Paulette Gebara, desaparecida por más de una semana y buscada en diferentes partes del país, en realidad estaba muerta debajo de su cama.

“Lo que sabemos es que es el hombre de las confianzas del Presidente de la República y es la parte dura, la que toma las decisiones importantes, trascendentales, en los casos de impacto que lleva la PGR. Es esa persona y es uno de lo principales artífices de la ‘verdad histórica’ que fue respaldada por el Gobierno de Peña Nieto”, dijo Vidulfo Rosales a SinEmbargo en mayo pasado.

“Zerón es quien ha estado empantanando el trabajo de los expertos. Cuando llegan y ponen en duda la versión del basurero de Cocula, empieza a poner obstáculos, a mover sus fuerzas dentro de la PGR, por eso para nosotros es muy importante que lo separen de su cargo, que esa persona no esté ahí”, agregó Rosales entonces.


(SIN EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto / septiembre 16, 2016 - 10:30 pm)

EN EL CAMPO, LA REALIDAD: “NO SABÍA QUÉ COSA ES UN PROYECTO EÓLICO. FUIMOS ENGAÑADOS”


Hace más de 10 años, representantes de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos llegaron a la casa de Alejandro Ruiz, campesino del municipio Unión Hidalgo, en Oaxaca. Le ofrecieron beneficios económicos y la posibilidad de seguir trabajando en su parcela a cambio de la renta de su terreno. Buscaban instalar el Proyecto Eólico Piedra Larga, el cual provee de energía a Grupo Bimbo. Él no quería, pero su hermana y sus primos lograron convencerlo. Al final la empresa incumplió los acuerdos, y los comuneros demandaron ante el Tribunal Agrario la nulidad del contrato. El proyecto eólico acumula ya varios años operando pese a que la sentencia sobre el caso será dictada hasta este mes.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– “Estoy arrepentido de haber firmado el contrato [de renta de su tierra]. Yo no quería… Nomás’ nos ha traído muchos problemas”, aseguró el campesino Alejandro Ruiz.

Desde que la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), subsidiaria de la española Renovalia Energy, llegó a Unión Hidalgo, al suroeste de Oaxaca, la comunidad zapoteca sólo ha enfrentado engaños, intimidación, agresiones, contaminación inseguridad y violaciones a sus derechos humanos. “No hay día en que no me entren llamadas telefónicas de diferentes estados. No las contesto porque prefiero no saber lo que me van a decir”, afirmó el también miembro del Comité de Resistencia.

DEMEX arribó en 2004 al municipio ubicado en el Istmo de Tehuantepec, una área cuyas condiciones de viento son de las mejores a nivel mundial, para instalar el Proyecto Eólico Piedra Larga. Sin embargo, la compañía descubrió que –de acuerdo con un decreto presidencial de 1964– el territorio de 68 mil hectáreas es de propiedad comunal.

En lugar de negociar con la Asamblea de Comuneros para llegar a un acuerdo que les permitiera usar esas tierras, se “coludió” con notarios públicos para que crearan escrituras públicas “mal elaboradas” y convirtieran a los trabajadores de las parcelas en propietarios privados de esas tierras sociales, de acuerdo con el Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de la organización ProDESC, Juan Antonio López. ProDESC es una organización no gubernamental fundada en 2005 que tiene como meta defender los derechos sociales, económicos y culturales de trabajadores o comunidades mal representadas en Mexico.

Desde 2009 se inscribieron esas escrituras ante el Registro Público de la Propiedad para “darle una legalidad al cambio de uso de suelo, que pasó de propiedad social a privada. Pero la empresa lo realizó sin los requisitos establecidos por la legislación y por una fracción del artículo 27 constitucional. Al ser tierras comunales, no existen pequeños propietarios en su interior ni pueden existir escrituras públicas”, explicó el abogado.

Posteriormente, ya con la concesión de la Secretaría de Energía (Sener) y el permiso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), representantes de la empresa acudieron a los domicilios de los propietarios. De 2006 a 2011 hicieron firmar a los habitantes contratos que no estaban traducidos al zapoteco, su lengua materna, y que tampoco explicaban los alcances o afectaciones del proyecto.

“Uno no sabía qué cosa es un proyecto eólico”, dijo Alejandro Ruiz, quien va a trabajar todos los días al campo para sembrar maíz y sorgo.

La actividad principal de esta comunidad zapoteca es el campo y la pesca. Durante una plática telefónica se escuchó el bravo y veloz paso del viento. La hermana y los primos de Ruiz lo convencieron de firmar el contrato porque creían “que era algo maravilloso” y “no los iban a engañar”. Pero fue una farsa. “Fuimos engañados. Nos dijeron que nos iba a ir bien y firmé sin conocer qué era el contrato de arrendamiento”, aseguró.

EL DERRAME ECONÓMICO QUE NUNCA LLEGÓ


El Proyecto Eólico Piedra Larga se ubica en el Istmo de Tehuantepec, donde los fuertes vientos permiten la producción de energía eólica. Foto: Cuartoscuro.

Desde 2010 comenzó la construcción del Proyecto Eólico Piedra Larga y actualmente está en operación a pesar de que desde 2013 la comunidad indígena interpuso una demanda para lograr la nulidad del contrato ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, Oaxaca. La sentencia se dictará este mes.

De acuerdo con el contrato, la compañía ofreció un pago de renta por el uso de sus tierras comunales… de 250 pesos anuales por hectárea. Pero al convertirlas ilegalmente a propiedad privada, los campesinos deben pagar un impuesto por predial de más de mil pesos por la supuesta tenencia individual de la tierra –a pesar de tratarse de territorio de propiedad social–, lo cual les impide solicitar créditos.

“No tendrían por qué pagar ese predial porque son tierras agrarias. Pero eso refleja el costo real de esa tierra. Es una de las gran mentiras y abusos con las que llegó DEMEX”, declaró el litigante integrante de ProDESC.

La empresa también prometió a los comuneros que podrían seguir trabajando en sus campos sin obstáculos. No obstante, ante la presencia de cables entre los aerogeneradores, es riesgoso acercarse, por lo que DEMEX colocó seguridad privada para vigilar el acceso a sus cultivos.

La renta que recibe Alejandro Ruiz por su parcela “es una migaja”, dijo, y además debe pagar el impuesto. Sumado a ello, cada que va a sembrar, la seguridad privada le cuestiona a dónde va y cómo se llama.

Hace cinco años DEMEX se negaba a la terminación anticipada de contratos. Pero ahora que la sentencia del Tribunal Unitario Agrario se acerca, mediante una notaría pública la empresa notificó la terminación anticipada de contratos en algunos domicilios.

No obstante, acusó Juan Antonio López, siguen sin desocupar las tierras, no se han cancelado las escrituras públicas ni los impuestos. Por eso, dijo, es necesaria la sentencia.

SinEmbargo solicitó una entrevista con DEMEX, pero no recibió respuesta.

De acuerdo con la página de Grupo Bimbo, su cliente principal, el parque eólico tiene 45 aerogeneradores y genera 800 empleos directos. Pero, expuso Alejandro Ruiz, ninguno de ellos es para los miembros de la comunidad. Sólo durante la construcción del proyecto hubo contrataciones temporales.

El proyecto abastece anualmente una demanda de 38 megawatts  y genera 333 Gigawatts-hora. Suministra a más de 100 instalaciones en México incluyendo el Papalote Museo del Niño.

“Aquí la gente es muy humilde, pero muy trabajadora. Sí hay pobreza, pero la gente es muy luchona; siempre adelante”, expuso Ruiz.

AMENAZAS E INTIMIDACIONES CONTRA COMUNEROS


La comunidad zapoteca interpuso una demanda para la nulidad del contraro con DEMEX. Foto: ProDesc

El diálogo no funcionó. DEMEX y los comuneros inconformes se reunieron en dos ocasiones, pero la empresa se negó rotundamente a cancelar los contratos. Ante ello, en 2011 la comunidad zapoteca conformó un “Comité de Resistencia al proyecto eólico de Piedra Larga en Unión Hidalgo, Oaxaca” y en el 2013 presentó una demanda de nulidad de contrato.

“Derivado de las acciones de defensa a sus derechos humanos, los integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo han sido objeto de actos violentos y amenazas en su contra. Ante estas acciones, se han interpuesto denuncias penales por el delito de amenazas, lesiones, disparo de arma de fuego y ataque, y se han implementado medidas cautelares por parte de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca”, denunció la organización civil ProDESC.

Durante las manifestaciones pacíficas para exigir la nulidad de los contratos, en marzo de 2012 la policía estatal, sin orden de aprehensión, detuvo arbitrariamente a cinco propietarios opositores al proyecto eólico. Actualmente están libres.

De acuerdo con Juan Antonio López, de ProDESC, han habido heridos, pero no por armas de fuego, sino por agresiones físicas.

En el 2011, durante una protesta, llegaron personas que se dijeron transportistas y trabajadores de DEMEX junto con la policía municipal “a agredir y a detener a comuneros e indígenas”.

El mes pasado, en el marco de la visita de un grupo de trabajo de Naciones Unidas para reunirse con el gobierno, empresas y comunidades afectadas, uno de los casos presentados fue el de Unión Hidalgo. Guadalupe Ramírez, integrante de la comunidad, expuso sobre la demanda de nulidad de contratos que interpusieron con el acompañamiento de ProDESC en contra de la empresa DEMEX.

“Si no hubiera llegado este proyecto, mi vida no hubiera cambiado. No es una empresa que venga a traer cosas buenas a la población. Al contrario”, finalizó el campesino Alejandro Ruiz.




(SINEMBARGO.MX/ DULCE OLVERA/ SEPTIEMBRE 18, 2016 - 7:58 PM)

EL “CALABOZO” DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO



CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “Calabozo” es la palabra que D. eligió para describir el espacio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde estuvo retenido por cinco horas antes de ser echado del país por personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

Bajo condición de anonimato ante el temor de eventuales represalias, D., un profesionista colombiano, comparte con Proceso la “frustrante y humillante” experiencia de no ser admitido en México, así como su segundo intento exitoso por ingresar al país, en el que advirtió visos de corrupción y opacidad en el INM.

El rechazo de colombianos en el AICM (después de que México suprimiera la visa para aquel país en 2012) ha provocado escozor en la nación sudamericana y es visto como una manifestación más de estigmatización, según se resaltó en un reportaje del diario El Espectador en su edición del 4 de junio pasado.

De acuerdo con el texto, titulado Colombianos, indeseables en México, de enero de 2013 a abril de 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos tiene registros de 4 mil 975 colombianos inadmitidos al llegar al AICM; de enero a abril de este año fueron 806, un promedio de 201 al mes, mientras que en 2015 la tendencia era de 175 devoluciones mensuales.

En las estadísticas publicadas por el INM no existe el rubro de inadmisiones de extranjeros, sino sólo de deportaciones de personas que ingresaron a estaciones migratorias. En el caso de los colombianos, de enero a julio el INM registra 369 retornados, al menos 52 al mes.

En el primer trimestre de este año –procedente de Bogotá con intención de hacer turismo barato y hospedarse en casa de una paisana– D. arribó al área de Migración del aeropuerto Benito Juárez a las 6:30 de la mañana, donde un oficial le preguntó por sus reservaciones de hoteles y de avión, así como por su boleto de regreso.

El joven originario de Medellín explicó que se quedaría en casa de una amiga en la Ciudad de México y que su boleto de regreso, programado para los siguientes tres meses, no lo había impreso pero tenía una copia en su celular, a lo que el oficial le respondió que estaba prohibido sacar el aparato y lo remitió a otra sala, donde le dieron un formato.

“No me dejaron sacar mi celular ni los papeles donde tenía la información necesaria para llenar esa cartilla, como la dirección de mi amiga o el número del vuelo de regreso. Puse lo que me acordaba; después me pasaron con otro encargado de Migración, que me preguntó cuánto dinero tenía. Yo le dije que en ese momento llevaba conmigo mil 300 dólares, y me dijo que para estar en México necesitaba mínimo 100 dólares por día; así que si pretendía estar tres meses, requería al menos 9 mil dólares. Yo le argumenté que pensaba hacer un turismo barato y que si necesitaba más dinero mis padres me lo enviarían”, narra D.

Añade que, sin mayores explicaciones, junto con unos seis colombianos que viajaban en su mismo vuelo fue separado entre hombres y mujeres y llevado a otras salas: la de hombres, de cuatro por nueve metros, oscura y fría, con bancas de cemento, colchonetas y un baño para unas 40 personas de distintas nacionalidades.

“Antes de entrar al calabozo, que eso es literalmente, el oficial me dice: ‘Pásame tu celular, tu billetera, tus papeles, tu correa, tus agujetas, tus medias, tu saco, tu mochila, todo’, y yo le dije: ‘Al menos explícame qué pasó’, y no me contestaba absolutamente nada; me pareció superinjusto. Yo pedía llamar a mi amiga, que me estaba esperando, a mi familia, para decirles que estaba bien, pero no me lo permitieron.

“De puerta a puerta pude comunicarme con una chica que estaba llorando, que venía a México a casarse con su novio mexicano. Los dos gritamos y pedimos a una chica de Migración que teníamos derecho a llamar al consulado colombiano, pero no nos hicieron caso. Estábamos indignados. Yo tenía mucho miedo porque había gente que llevaba dos días encerrada en esa cárcel y yo no quería pasar una noche ahí”, apunta.

A la 13:30 aproximadamente, D. y los otros seis colombianos, de entre 22 y 33 años, fueron puestos en un vuelo a Bogotá, fuertemente custodiados hasta el fondo del avión, donde se les entregó una bolsa con comida, que el joven no tocó.

“Fue muy humillante. Sólo faltó que tuviera esposas para ser tratado como delincuente. Llegando a Bogotá, todo fue distinto. En Migración los oficiales nos preguntaron a cada uno por qué nos habían negado la entrada, tomaron nota y nos dijeron que podíamos denunciar. Yo no lo hice porque estaba muy frustrado. Además estaba preo­cupado por mis maletas, que llegaron tres días después. No me faltó nada pero era evidente que removieron mis cosas.”

Diez días después, D. recibió un mensaje de una de las chicas con las que pasó el trance. Ella le pasó el contacto de una persona que los “podría ayudar” a entrar a México.

Prosigue: “Por curiosidad, me comuniqué por Whatsapp a un número de la Ciudad de México. El hombre me dijo que por unos mil dólares me pasaba, que un día antes de viajar debía darle el número de vuelo y mis señas particulares, que él me atendería y me dejaría pasar sin problema. No volví a comunicarme con esa persona. Después la chica me envió un mensaje contándome que estaba en México y que su contacto la había ayudado”.

Meses más tarde, añade D., su amiga colombiana residente en México le pidió apoyarla en un proyecto y se comprometió a investigar cómo había sido registrado su primer intento por el INM.

“Fue la cosa más rara: resulta que no había ningún tipo de historial, como si yo nunca hubiera tratado de ingresar”, cuenta D., quien finalmente fue admitido al explicar a los agentes de Migración que viajaba a México por negocios, argumento sustentado en una carta proporcionada por la empresa que requería su asesoría profesional.

“No he podido explicarme por qué fui rechazado la primera vez, y peor aún, por qué se nos dio trato de delincuentes, algo traumatizante. He conocido a colombianos a quienes les han negado el ingreso a Estados Unidos, y a ninguno le han dado el trato que nos dan en México”, concluye.



(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ GLORIA LETICIA DÍAZ/ 17 SEPTIEMBRE, 2016) 

LA SEMANA EN IMAGENES







PROCESO/ AGENCIAS/ 18 DE SEPTIEMBRE 2016)

LAS FORTUNAS MEXIQUENSES DEL PEÑANIETISMO


No se podrá acusar al presidente de la república de no generar riqueza en su sexenio, aunque sólo sea por el compacto grupo de empresarios del Estado de México que durante su administración han acumulado fabulosas fortunas con base en contratos federales. Un recuento de las obras del Plan Nacional de Infraestructura, las asignaciones de contratos y sus costos, revela que el presupuesto se ha derramado generosamente en las empresas de ocho paisanos y amigos de Enrique Peña Nieto.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En menos de cuatro años, ocho empresarios del Estado de México diversificaron sus negocios a prácticamente todas las áreas en que el gobierno asigna contratos. Contra la lógica empresarial, cuya tendencia mundial es hacia la especialización, este grupo “invierte” lo mismo en obra pública que en la venta de desayunos escolares, en el sector energético y en guarderías subrogadas.

Sus dominios ya son nacionales: operan carreteras y puertos, poseen líneas de autobuses, camiones de carga y aviones; tienen medios de comunicación y hospitales públicos. Alguno es dueño de un banco y de hoteles de gran turismo en playas, mientras otro opera telefonía y tiene gaseras, pero ambos coinciden en prestar servicios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como contratistas, esos mexiquenses participan de los proyectos de infraestructura y de los programas emblemáticos del gobierno de Enrique Peña Nieto. En este sexenio al menos dos de ellos lograron figurar entre los más ricos de México, según los cálculos de la revista Forbes, cuyos datos son los siguientes:

Carlos Hank Rhon y su familia ocupan el número 15 del país: tiene una fortuna personal de 2 mil 100 millones de dólares y al menos 32 empresas. Su hijo Carlos Hank González, fiel a la antigua fórmula que se atribuye a su abuelo homónimo, “un político pobre es un pobre político”, heredó el segundo apellido del ya fallecido magnate regiomontano Roberto González Barrera y preside el Grupo Financiero Banorte.

A su vez, David Peñaloza Alanís es el número 25, con mil 500 millones de dólares y alrededor de 30 empresas heredadas en vida por su padre, David Peñaloza Sandoval.

Ellos forman el mencionado grupo de exitosos mexiquenses, junto con Juan Armando Hinojosa Cantú (al menos 11 empresas), Roberto Alcántara Rojas (13), los hermanos Luis Ernesto y Anuar Maccise Uribe (29), Alfredo Miguel Afif (alrededor de 10), Carlos Peralta Quintero (27) y Roberto San Román (padre e hijo, con al menos ocho compañías).

La mayoría de estos hombres de negocios son identificados con el Grupo Atlacomulco y su cercanía con Peña Nieto es por demás conocida. Tres de ellos incluso estuvieron implicados en los escándalos que deterioraron la imagen presidencial: Hinojosa por la llamada Casa Blanca, San Román por la casa de Ixtapan de la Sal y Miguel por las oficinas de transición.

Los miembros de esta casta de acaudalados se relacionan entre sí y con políticos, fieles a la tónica de ese grupo de poder mexiquense. Por ejemplo, el año pasado Alcántara se convirtió en cuñado del exgobernador de Oaxaca José Murat, padre de Alejandro, actual mandatario electo de esa entidad.

Luis Ernesto Maccise se casó con Laura Barrera Fortoul (secretaria de Turismo en el gobierno estatal de Peña Nieto y exdiputada del PRI), hija de Heberto Barrera Velázquez, un veterano político cuyo cargo más reciente fue en el Consejo Estatal de Infraestructura y Desarrollo Social, en la administración de Eruviel Ávila. En el actual gobierno mexiquense es secretario del Trabajo Javier García Bejos, sobrino de Alfredo Miguel Afif.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2081 de la revista Proceso, ya en circulación.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA /17 SEPTIEMBRE, 2016)

GABRIEL ROQUE, EL MILITAR “TORTURADO” QUE SOBREVIVE ENTRE TRASTORNOS DELIRANTES


El caso de los 31 militares del llamado “Pelotón de la Muerte”, implicado en el homicidio del civil José Heriberto Rojas Lemus el 25 de julio de 2008, sigue complicándose. Hasta ahora 21 de ellos ya recibieron sentencia, pero otros, como el cabo Gabriel Roque Bernardino –a quien el mes pasado se le diagnosticó “trastorno de ideas delirantes de predominio paranoide” por la tortura a la que fue sometido para que se declarara culpable por la muerte de Rojas Lemus–, muestran la parcialidad con la que se conducen las autoridades castrenses y la impunidad de la que gozan los altos mandos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La primera ocasión que el cabo Gabriel Roque Bernardino tuvo un ataque de psicosis paranoica fue la mañana del pasado 26 de julio en la cancha de basquetbol que se utiliza para el pase de lista de los internos del penal militar de Mazatlán, Sinaloa.

Ese día, delante de 170 personas que esperaban formados, Roque empezó a delirar. Decía que un grupo de la Policía Ministerial Militar (PMM) iba por él. Pedía que llamaran al director de la prisión y rogaba al oficial que pasaba lista para que impidiera que los policías se lo llevaran, pues lo iban a torturar.

Al principio algunos creyeron que se trataba de una broma, pues no había nadie de la PMM. El cabo Roque fue llevado por dos compañeros a las instalaciones de sanidad para ser examinado. Le practicaron un examen toxicológico que resultó negativo en consumo de drogas. A partir de ese momento quedó en observación y las autoridades penitenciarias castrenses solicitaron a la dirección del hospital regional militar de Mazatlán que enviaran un especialista en psiquiatría para valorarlo.

Días después, la madrugada del 1 de agosto, Roque tuvo un segundo ataque psicótico. En uno de los dormitorios del penal, sus compañeros tuvieron que activar el botón de alerta mientras trataban de calmarlo después de que se despertó gritando. Se sujetaba de la litera, temblaba y lloraba, gritaba pidiendo auxilio a sus compañeros.

“Decía que el general Cienfuegos había mandado a elementos de la PMM por él para llevárselos. Como a los cinco minutos entraron los celadores y lo condujeron de vuelta al área de sanidad”, comenta en entrevista telefónica uno de los internos. Medio centenar de personas presenciaron los hechos en el dormitorio.

Esa ocasión el psiquiatra iba a trasladar a Roque al hospital regional para seguir examinándolo. El interno fue por sus objetos de aseo personal y se presentó al pase de lista. Cuando lo llamaron, otra vez delante de sus compañeros empezó a gritar. “¡Allí vienen los judiciales por mí. ¡No deje que me lleven. Me van a torturar!”, le decía al oficial que pasaba lista. No dejaba de llorar y temblar.

Desde esa fecha, la salud mental de Roque se deterioró. Estuvo internado del 1 al 8 de agosto en el área de psiquiatría del hospital regional militar de Mazatlán, donde se le diagnosticó “trastorno de ideas delirantes de predominio paranoide”. Luego lo regresaron a la prisión.

Días después, Roque empezó a decir que desconfiaba de todos, que sentía que era vigilado todo el tiempo; hablaba también de una cámara que lo grababa en su celda. Sus compañeros relatan que a su regreso al penal, los médicos lo han mantenido medicado.

Cuentan que ha dicho que está deprimido, que habla de no querer vivir si lo llegaran a sentenciar en el juicio donde se le acusa de tortura y homicidio calificado en el caso Ojinaga, un episodio de la Operación Conjunta Chihuahua ordenada en 2008 por Felipe Calderón, y bautizado por la Procuraduría de Justicia Militar como “El Pelotón de la Muerte”, en el que estuvieron implicados 31 militares (Proceso 1993).

SECUELAS DE UNA “INVESTIGACIÓN”

El antecedente del estado de salud del cabo Roque quedó documentado en 2011, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) practicó a los 31 militares detenidos por el Caso Ojinaga en el verano de 2009 en la guarnición militar de Ojinaga, Chihuahua, el protocolo de Estambul, un procedimiento médico que analiza las secuelas psíquicas de personas que han sido víctimas de tortura.

El diagnóstico fue que Roque tenía “secuelas físicas” que concordaban con su denuncia. Uno de sus compañeros, Miguel Ángel Benítez Ramírez, presentó “secuelas sicológicas” propias de quien ha sufrido “tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, según copia del documento de la CNDH consultado por el reportero.

Ambos eran parte de los 22 soldados que junto a ocho oficiales de la Tercera Compañía de Infantería no Encuadrada (CINE), y el entonces comandante de la guarnición, el general José de Jesús Moreno Aviña, fueron acusados de asesinato y tortura de tres presuntos integrantes del crimen organizado.

Este es el primer caso que por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2012, al aplicarse la nueva reforma judicial, pasó del fuero militar a un juzgado federal debido a que había civiles implicados.

Pese al diagnóstico, Roque nunca recibió terapia o tratamiento psicológico en el interior de la prisión. La CNDH no emitió ninguna recomendación a la Sedena y tampoco hubo denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por estos hechos, dice el teniente Gonzalo Arturo Huesca Isasi, compañero de Roque.

Cuando un juez militar le dictó auto de formal prisión en enero de 2010, Roque declaró que no tuvo nada que ver en el homicidio del que se le acusaba. Al contrario, aseguró que las declaraciones que hizo ante el agente del Ministerio Público Militar fueron arrancadas por medio de golpes en todo el cuerpo, descargas eléctricas y amenazas de muerte.

Lo obligaron a firmar una declaración en la que, según su expediente judicial, participó en la tortura y homicidio calificado en agravio del civil José Heriberto Rojas Lemus, El Michoacano, presuntamente ocurrido en Ojinaga en 2008, caso que se ventila en el Juzgado Décimo de Distrito de Chihuahua.

El caso Ojinaga surgió tras el cúmulo de denuncias contra militares por abusos y violaciones a los derechos humanos de varios habitantes de este municipio fronterizo.

Algunos de los 31 detenidos denunciaron que el caso es un montaje (Proceso 2018). Desde su primera comparecencia Roque señaló al mayor Carlos Alberto Rivera Medeles, quien entonces era el jefe de aprehensiones, y los capitanes Héctor Raúl Salgado Urióstegui y Ernesto Román Rodríguez Morales, agentes de la corporación llamada hoy PMM, como los autores de la tortura.

La acusación contra Roque se basó en el testimonio del sargento Andrés Becerra Vargas, que dijo haberlo visto el 25 de julio de 2008 en las instalaciones castrenses de Ojinaga, donde el mayor Alejandro Rodas Cobón, como segundo al mando de la Compañía, supuestamente le ordenó junto a dos de sus compañeros someter a descargas eléctricas al civil Rojas Lemus.

Becerra, uno de los coacusados en el Caso Ojinaga, aseguró que Rojas Lemus, presunto integrante de una banda local de narcotráfico, comenzó a convulsionarse en dos minutos y luego dejó de moverse.

Ocho testigos militares que estuvieron ese día a cargo del puesto de control del poblado de Manuel Benavides, Chihuahua, señalaron que Roque estuvo con ellos a la hora y fecha que aludió Becerra. La localidad se ubica a más de 90 kilómetros de distancia de donde supuestamente sucedieron los hechos.

La causa penal contra el cabo Roque se cerró hace unas semanas y entró en espera de sentencia por cargos que alcanzan penalidad de hasta 45 años de prisión.

De los 31 implicados en el juicio, 21 han sido sentenciados, empezando por el general Moreno Aviña, condenando en abril pasado a 52 años por la muerte de Rojas Lemus.

Dos coacusados tuvieron penas cada uno de tres meses de cárcel, a cambio de que se “sostuvieran en las acusaciones en contra del general y otros 10 militares que siguen en prisión”, explica el teniente Huesca Isasi, uno de los involucrados que, junto al mayor Alejandro Rodas Cobón y el cabo Roque Bernardino, llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le dio entrada a finales del 2015 y empezó su análisis en marzo pasado.

“El problema es que la Secretaría de la Defensa Nacional no admite que Roque tiene una afectación mental debido a la tortura de que fue objeto por parte de la PMM. Si lo hiciera, caerían sus declaraciones y el caso sumaría otra irregularidad”, dice el mayor Alejandro Rodas Cobón.

EL DOCUMENTO DE ECHEVERRÍA

En el verano de 2015, cuando la juez décima de distrito Claudia Guerrero Centeno, entonces al frente del caso, citó a comparecer al general Guillermo Galván Galván –quien era titular de la Sedena cuando ocurrieron las muertes en Ojinaga–, éste se excusó por estar fuera del país.

Meses después, la Procuraduría de Justicia Militar aludió a un decreto de enero de 1976, emitido por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, según el cual quienes hayan desempeñado el cargo de secretario de la Defensa Nacional continuarán en servicio activo “no obstante que opere alguna causal de retiro”.

Ellos, según la dependencia, “adquieren durante el ejercicio de sus elevadas funciones un contacto mayor con los problemas relacionados con la conservación del orden interno del país, capacidad ésta que debe ser aprovechada constantemente cooperando como órganos de consulta de los que en lo sucesivo desempeñen ese cargo”, según oficio que envió al juzgado en octubre de 2015.

Echeverría emitió el decreto que sirvió para dar impunidad al general Hermenegildo Cuenca Díaz, su secretario de Defensa, después de haber implementado las operaciones contrainsurgentes dentro de la llamada “guerra sucia” en Guerrero, comenta el mayor Rodas Cobón.

Era una manera de “cubrirle la espalda”, bajo la excusa de que era “alto funcionario”, ante la posibilidad de que fuera juzgado por esos hechos. “Sirve ahora al general Guillermo Galván para no comparecer en el caso espinoso de Ojinaga, ocurrido durante su administración, y seguramente será utilizado en su momento para evitar que se aclaren los casos Tlatlaya y Ayotzinapa”, asevera.

Rodas Cobón es un oficial de infantería que el año pasado solicitó al juzgado llamar a declarar a Galván. Quería que explicara por qué lo arrestó para que pudieran torturarlo y que firmara confesiones “a modo” en las dos causas penales en las que se le procesa, una por robo y otra por la supuesta tortura y muerte de Rojas Lemus.

El citatorio judicial no cayó tan bien en el ánimo de la Sedena. En agosto de 2015 la juez Guerrero Centeno fue removida de su cargo; en su lugar llegó el teniente de justicia militar y licenciado René Ramos Pérez, un “juez a modo” que, según los entrevistados, emite resoluciones que están lejos de ser imparciales y sirve a los intereses del Ejército porque por jerarquía “responde a la superioridad”.

El nuevo juez del caso Ojinaga rechazó la comparecencia del general Galván atendiendo la petición que le hizo el procurador de justicia militar, el general Jesús Gabriel López Benítez, quien citó el decreto de Echeverría para eximir al extitular de la Sedena de presentarse ante la autoridad judicial debido a que, como asesor del general Salvador Cienfuegos Zepeda, actual secretario de la Defensa Nacional, está considerado como “alto funcionario”.

La petición fue respaldada también por el agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado. El fallo fue impugnado hace unos meses por la defensa del mayor Rodas.

La historia en los últimos meses del juicio ha sido de “dilación sistemática en la comparecencia de los testigos militares, lo que ha retrasado que se dicten las sentencias”, añade por su parte el teniente Huesca Isasi. Si testificaran se podrían demostrar las irregularidades de la investigación, como la retención ilegal durante la averiguación previa, así como los actos de tortura y extorsión perpetrados por los agentes de la PMM.

La retención ilegal ya fue reconocida hace unos días por un tribunal colegiado, que falló a favor del mayor Rodas en la causa penal que enfrenta por robo. En el veredicto de una revisión de amparo que salió a su favor se dice que debido a que las primeras declaraciones fueron hechas sin abogado defensor, se ordena anularlas y quedan sin efecto.

“A mí me presentaron como un gran villano que lo mismo robaba que asesinaba y desaparecía gente; no sucedió ni una ni otra cosa”, manifiesta. Es una “historia ficticia” armada por la procuraduría militar, que con “el afán de cuadrar la historia del ‘Pelotón de la Muerte’ involucró a elementos que ni siquiera estaban en esa fecha en el cuartel.”

Para el mayor Rodas, para el teniente Huesca y otro de los entrevistados que pidió reserva sobre su identidad, la Sedena cuenta con un “gran capital político” proporcionado por los militares encarcelados. Sus juicios son “administrados en coordinación con el poder judicial que diligentemente ha emitido sentencia a militares en cuanto el gobierno federal o el propio Ejército es cuestionado por la actuación de sus elementos”.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JUAN VELEDÍAZ/ 18 SEPTIEMBRE, 2016) 

DUARTE CONVIRTIÓ A VERACRUZ EN UN NARCOCEMENTERIO


Los activistas del Colectivo Solecito de Veracruz insisten: durante la administración de Javier Duarte, la entidad se convirtió en un gran narcocementerio cuya magnitud  aún no se conoce. Hasta ahora, los integrantes de esa organización han localizado 81 narcofosas sin el apoyo de las autoridades federales y estatales, lo que ha puesto en aprietos al mandatario y al fiscal estatal Luis Ángel Bravo Contreras. Hay fosas clandestinas hasta en la zona portuaria veracruzana.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los hallazgos de las decenas de cementerios clandestinos en varios municipios de Veracruz enturbian cada día más al gobierno del priista Javier Duarte, quien entregará el poder el próximo 1 de diciembre al panista Miguel Ángel Yunes Linares.

En las últimas semanas, los integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz, que aglutina a madres de desaparecidos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, descubrieron 81 fosas tanto en Xalapa como en el puerto jarocho.

En la capital veracruzana detectaron una fosa con huesos de cinco personas y no tres, como presumían al principio, así como lápidas con nombres alterados, cuerpos enterrados sin la autopsia correspondiente, así como otras “irregularidades”, entre ellas la desaparición de los restos de la joven Gemma Mavil Hernández, quien fue levantada en 2011.

En el fraccionamiento Colinas Santa Fe, en el Puerto de Veracruz, los rastreadores del Colectivo Solecito de Veracruz localizaron un narcocementerio inacabado en el traspatio del recinto portuario.

Hoy, ese colectivo es un referente imprescindible, lo que incomoda al gobierno duartista, incapaz de atender el clamor social sobre las desapariciones forzadas y el manejo de los cuerpos No Identificados (NI) en territorio veracruzano.

La Policía Científica y la Fiscalía General del Estado apenas han logrado “procesar” (limpiar, retirar tierra y basura, acomodar huesos y determinar de cuántas personas se trata) 11 de las 81 fosas “por la falta de recursos humanos y económicos”. La organización halló indicios concretos de 32 cuerpos en un radio de dos hectáreas y aún les faltan 14 por explorar.

El jueves 8, tras dos años de cerrazón sistemática en torno a las fosas clandestinas y las irregularidades en las exhumaciones de los NI, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Contreras, envió un documento al Poder Legislativo estatal en el que solicita un espacio para hablar ante la Comisión de Procuración de Justicia sobre el narcocementerio y las irregularidades en los panteones xalapeños.

Días después, el funcionario concedió una entrevista colectiva en la que admitió que hubo “movilizaciones ilegales” de cuerpos en las fosas comunes del panteón municipal de Palo Verde que “pudieron” haber sido solapadas o causadas por elementos de la Policía Ministerial y el Servicio Médico Forense.

“Eso te habla de una movilización de cuerpos sin autorización y eso es lo que estamos investigando, sin soslayar que la prioridad es encontrar a Mavil Hernández, secuestrada en mayo de 2011 y cuyo cadáver fue hallado tiempo después y enviado a la fosa común en la capital del estado”.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2081 de la revista Proceso, ya en circulación.


(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ NOÉ ZAVALETA/17 SEPTIEMBRE, 2016)

VIDEO: POLICÍA DISPARA CONTRA FAMILIA DURANTE REVISIÓN DE VEHÍCULO


Hoy Estado | Edomex.- La madrugada de este sábado se suscitó un pleito entre un policía y una familia en el municipio de Naucalpan.

En un video de los hechos se aprecia a una persona arriba de una camioneta de Seguridad Ciudadana y la voz de una mujer que indica que uno de los oficiales que se encontraban en el lugar le disparó a su suegro.

Instantes después se aprecia al uniformado sostener una pistola en la mano derecha mientras le reprenden su actuación, no obstante, el oficial vuelve a disparar, esta vez hacia contra el suelo, lo que desata aún más la furia de los presentes quienes piden llamar a Control y le explican que están desarmados.

De repente, se escuchan vidrios rompiéndose contra el suelo, de objetos que iban dirigidos al policía quien aseguran, también le dio un “cachazo” a una mujer. Para repeler la agresión, el uniformado en cuestión detona por tercera vez su arma al aire.

Tras la difusión de la grabación filmada en la colonia Olímpica, el municipio informó que el caso fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia de la Policía de Naucalpan para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes contras los elementos involucrados que fueron identificados como Alejandro Osorio Téllez, Jorge Agustín Vega y Angélica América Reyes.

De acuerdo con descripciones del video, el enfrentamiento ocurrió por la revisión de la camioneta en la que viajaba la familia; después del hecho, unidades de la Cruz Roja arribaron al lugar para trasladar a un hombre herido de bala en el pie y a la mujer golpeada en la cabeza con el arma, a hospitales de la zona.


(ZOCALO/ Agencias/ 18/09/2016 - 11:28 AM)

VIDEO: ASÍ FUERON LOS ÚLTIMOS MOMENTOS DE LA BLOGUERA ASESINADA EN NY


Tiempo.com | Ciudad de México.- Una cámara de seguridad captó los últimos momentos de la bloguera Karina Vetrano, quien fue brutalmente golpeada, violada y estrangulada en un parque de Nueva York.

El homicidio ocurrió el pasado 2 de agosto cuando la bloguera "fitness" salió a correr a un parque cercano a su casa, como acostumbraba.

El video muestra a la mujer de 30 años corriendo la tarde del 2 de agosto; cinco horas más tarde, fue localizada sin vida.

Asimismo, el New York Daily News informó que la policía cuenta con el perfil del delincuente luego de encontrar ADN en las uñas de la víctima.

Karina era popular en las redes donde compartía con sus 12 mil seguidores las rutinas de ejercicio que realizaba. También, intentó incursionar en el cine y apareció en el cortometraje 'The Paradox'.


(ZÓCALO/REDACCION/  18/09/2016 - 01:38 PM)

UNA BASE SECRETA DE EU EN GROENLANDIA EMERGE POR EL CALENTAMIENTO GLOBAL



Copenhague, Dinamarca.- El calentamiento global ha hecho que emerja una base estadounidense construida secretamente durante la Guerra Fría en Groenlandia. La instalación, concebida para estar sepultada por los hielos eternos, ahora sale poco a poco a la superficie, trayendo consigo aguas contaminadas y residuos nucleares.

El hielo y la nieve fundida se infiltran en los vestigios de esta estructura escondida, por lo que se teme que haya riesgos de que sean vertidos al océano aguas contaminadas, químicos como los policlorobifenilos (PCB) y residuos radioactivos.

“Nadie pensaba que llegaría a la superficie (…) pero el mundo cambió”, explicó a la AFP William Colgan, experto en glaciares de la Universidad Canadiense de York.

Un estudio dirigido por este académico en la Revista de Investigaciones Geofísicas mostró que la base podría estar en la superficie a partir de 2090, mientras que sus arquitectos pensaban que iba a quedarse en la criósfera para siempre.

En 1959, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Estadounidense comenzó a construir el “Campamento Century”, ubicado a unos 200 kilómetros al este de la base aérea estadounidense de Thule. Oficialmente las instalaciones eran un laboratorio para estudiar el Ártico.

Construyeron una red de túneles para albergar laboratorios, un hospital, un cine y una iglesia, que eran alimentados por un pequeño reactor nuclear.

Tres años más tarde, los militares enviaron al Estado Mayor el proyecto “Iceworm” (Gusano de hielo), una red de túneles para guardar más de 600 misiles balísticos.

Pese a que ya se habían iniciado las obras, los ingenieros se dieron cuenta de que el hielo estaba “vivo” y en movimiento, lo que amenazaba la seguridad de los túneles. Entonces en 1967 el proyecto fue abortado. El reactor nuclear fue extraído, aunque persisten los desechos.

Frente al riesgo ecológico, emergen críticas que exigen que haya una operación de limpieza de gran envergadura. Pero, ¿quién se embarcaría en esta labor o quién podría financiarla? Dado que sacar desechos a una profundidad de 30 metros tendría un precio exorbitante.

Para William Colgan, la alternativa es esperar el derretimiento.

‘TENSIONES POLÍTICAS’

El ministro de Relaciones Exteriores de Groenlandia, Vittus Qujaukitsoq, se declaró “preocupado” y dijo estar determinado a esclarecer las responsabilidades correspondientes.

En la época de la Guerra Fría, Dinamarca regía un control más fuerte sobre Groenlandia, que desde entonces ha logrado cuotas más altas de autonomía. En 1951, Copenhague y Washington firmaron el “Tratado de Defensa de Groenlandia”, sin embargo, no menciona los misiles, probablemente porque los estadounidenses decidieron mantener a sus aliados en la ignorancia.

Kristian Jensen, jefe de la diplomacia del país escandinavo, miembro de la OTAN, dijo escuetamente que su gobierno va a “examinar” el caso, en estrecha colaboración con Groenlandia.

Tras la publicación del estudio realizado por William Colgan, el Pentágono aseguró por su parte que “reconoce la realidad del cambio climático y los riesgos que supone” en este caso.

Estados Unidos seguirá “trabajando con el gobierno danés y con las autoridades de Groenlandia para arreglar las cuestiones de seguridad común”, indicó el departamento de Defensa, que precisó que todavía no ha “evaluado” las conclusiones científicas de los canadienses.

El caso del “campamento Century” constituye “un motivo totalmente nuevo de tensiones políticas por el cambio climático” y podría establecer un precedente, para bien o para mal, advirtieron los expertos.

Sara Olsvig, diputada de la oposición que representa a Groenlandia en el parlamento danés, criticó que el acuerdo entre Dinamarca y Estados Unidos es impreciso en relación a las instalaciones construidas, además de que los territorios en cuestión no fueron consultados.

Para Kristian Hvidtfelt Nielsen, académico de la Universidad de Arhus, Estados Unidos y Dinamarca deberían compartir las responsabilidades.

“Desde un punto de vista moral, creo que Dinamarca y Estados Unidos tienen el deber de hacer una limpieza. Fueron los estadounidenses los que construyeron la base, son los daneses quienes les dieron el permiso”, afirmó.

(ZOCALO/ AFP/ 18/09/2016 - 10:46 AM)


LINCHAN A SUJETO AL SORPRENDERLO ABUSANDO DE NIÑA




El Mañana | Reynosa.- Luego de haber sido descubierto supuestamente cuando atacaba sexualmente a una niña de cuatro años en una casa en obra negra de la colonia Satélite , un sujeto fue detenido y linchado por residentes del sector al grado de terminar inconsciente y grave en un hospital.

La mala respuesta de la Policía Estatal y Policía Investigadora fue un factor clave para que los ciudadanía tuviera más de cuatro horas agrediendo al presunto responsable quien terminó con lesiones de consideración por lo que se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General.

El sospechoso fue llevado y amarrado en donde se encuentra la casa en obra negra donde presuntamente había atacado sexualmente a la menor de edad.

Los hechos se registraron a las 20:00 horas del viernes en una vivienda ubicada en las calles 21 de Junio y 26 de Mayo, en la colonia antes referida.

Todo inició cuando uno de los vecinos de lugar llegó a su domicilio y al meter su camioneta a la cochera se percató que en una propiedad que se encuentra en obra negra, a un costado de su casa estaba un hombre.

El testigo dijo que se fue asomar, pensando que era un ladrón o drogadicto y en eso observó a un hombre subiéndose el short y también vio a una niña desnuda, de aproximadamente cuatro años de edad, hija de una vecina del sector.

Agregó que le gritó al sujeto de 30 a 35 años de edad aproximadamente, tez morena, complexión robusta, que dejara a la menor y en eso éste se brincó por el hueco de una ventana y salió corriendo por lo que le pidió ayuda a otros vecinos que estaban afuera de sus casa y lograron arrestar al sospechoso de quien se desconoce su identidad hasta el momento.

Después lo llevaron al lugar de los hechos y llamaron a la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal Investigadora y hasta al número de emergencias 066, donde les dijeron que iban a mandar a una patrulla.

Pasó el tiempo y las autoridades nunca llegaron por lo que se empezó a acumular gente del sector y de otras colonias y al enterarse de lo que había pasado comenzaron a golpear al presunto responsable a puñetazos, punta pies y lo azotaron contra un poste de concreto, donde también lo amarraron de los pies con un mecate, dijo el testigo quien se negó a proporcionar su identidad.

La cantidad de golpes que recibió el supuesto depredador sexual, se le comenzaron a notar al grado de quejarse de fuertes dolores en todo el cuerpo.

También el sujeto empezó a sangrar de la cabeza y vomitar sangre en repetidas ocasiones, además de convulsionarse.

En uno de los cuartos de la propiedad donde se suscitaron los hechos quedó la ropa de la menor, pero ninguna autoridad acudió a levantar evidencias.

En este cuarto de la casa abandonada fue sorprendido el presunto responsable cuando presuntamente abusaba sexualmente de la niña y en ese lugar quedó la ropa de la víctima.

Los vecinos del sector se quejaban y daban fuertes declaraciones contra las autoridades competentes ya que aseguran que nunca atienden los llamados de la comunidad y más en esos casos tan delicados ya que no es la primera vez que pasa algo a si en la ciudad y la propia población tiene que actuar y detener a los delincuentes.

María “N”, residente del sector, manifestó que se cansaron de llamar a la Policía Estatal, Policía Ministerial del Estado, Policía Investigadora y hasta el número de emergencias 066 y nunca llegaron para detener al sospechoso.

“Los Policías Estatales son buenos para detener a gente en estado de ebriedad están peores que los tránsitos pero para atender este tipo de situaciones no se presentan o llegan hasta el último”, dijo la mujer.

Agregó que no era justo, que hacía un llamado al gobernador electo Francisco García Cabeza de Vaca, para que cuando entre en funciones ponga atención y empeño en la Policía Estatal, ya que no está cumpliendo con sus funciones de combatir la delincuencia del fuero común.


Varias unidades del Ejército Mexicano, estaban estacionadas a unas cuadras del sitio de los hechos, en una tienda de conveniencia, pero no se acercaban a donde estaba el hombre mal herido.

Ya como a las 00:10 horas de ayer llegaron elementos de la Policía Estatal para tomar conocimiento del caso.

Luego arribaron militares y dos agentes atendieron médicamente al sospechoso, lo acomodaron de lado ya que se ahogaba con su propia sangre y después llegaron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios y lo llevaron al nosocomio donde su estado de salud es reportado como grave por los doctores.

Hasta el cierre de esta edición, personal de la Unidad General de Investigaciones en turno comentó que no habían recibido la denuncia penal de los familiares de la víctima en relación a los hechos.



(ZOCALO/ AGENCIAS/ 18/09/2016 - 05:06 PM)