lunes, 19 de septiembre de 2011

LAS VERDADES DEL JUICIO DE VICENTE ZAMBADA NIEBLA

Redacción
 Lunes 12 de septiembre de 2011

Acepta EU que el Vicentillo se reunió con la DEA El Gobierno estadounidense jamás ofreció inmunidad a Vicente Zambada Niebla ni a ningún otro miembro del cártel de Sinaloa a cambio de información, respondió el viernes la Procuraduría General de Justicia de los Estados Unidos, aunque aceptó que agentes de la DEA se reunieron con el Vicentillo en la Ciudad de México.

Por ello, toda acusación sobre el presunto permiso para el trasiego de droga es falsa y además infundamentada, establece un documento que el pasado viernes ofreció la Fiscalía ante una corte federal del norte de Chicago.

 “Zambada Niebla basa su teoría de inmunidad en la historia de otro criminal, Humberto Loya Castro, quien se decía abogado del cártel de Sinaloa, y fue procesado en San Diego en 1995”.

La defensa argumenta que, al verse perdido, Loya Castro ofreció información a la DEA a cambio de una sentencia menos dura aunque el Gobierno de Estados Unidos nunca se comprometió a nada”, explica la respuesta presentada en seis partes y donde la fiscalía estadounidense rechaza, punto por punto, toda acusación hecha por el Vicentillo.

Lo anterior pretende desmentir la moción presentada por los abogados de Vicente Zambada Niebla el pasado 29 de julio, en donde el Vicentillo afirma que él, junto a varios miembros del cártel de Sinaloa, actuaron con anuencia del Gobierno estadounidense para el trasiego de droga de México a varias partes de Estados Unidos, a cambio de información sobre bandas rivales que operan en territorio mexicano

.Entre las observaciones hechas en la moción, destacan una serie de peticiones de la defensa para que el Gobierno estadounidense revele pruebas de que, efectivamente, Zambada Niebla actuó con Autoridad Pública, y que por tanto tenía inmunidad para el trasiego de droga y debía quedar libre.

 “La defensa pidió descubrir evidencias que posiblemente ni siquiera existan, y aun cuando existieran, el solo recopilar toda esa información podría tomar años, y por ello objetamos la petición, principalmente porque no tendría importancia para la defensa”, se lee en la moción de la fiscalía, que contiene más de 150 páginas y a la cual Ríodoce tuvo acceso.

Carta blanca e inmunidad: un mito
La teoría de “inmunidad para el trasiego de droga”, no tiene precedente en la historia de Estados Unidos, apunta uno de los párrafos de la moción. En primer lugar, nunca explica ni cita legalmente el argumento de cómo se proporcionó inmunidad a Loya Castro, quien por cierto nunca la tuvo.

La realidad, dice el documento, es que Estados Unidos nunca ofreció inmunidad ni a Loya Castro, como tampoco la ofreció a Zambada Niebla, ni a ningún otro líder del cártel de Sinaloa, y eso incluye a Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, y se aplica en todas las acusaciones que tienen en este distrito y en cualquier otro dentro de Estados Unidos.

Detallando el argumento de Zambada Niebla, no tiene sentido que si un miembro de una organización criminal es acusado y coopera, todos los miembros de su grupo criminal quedarán inmunes a toda acusación, “no es así como la justicia estadounidense funciona”, señala el documento.

 Es por ello, observa la fiscalía, que todas las acusaciones hechas por Zambada Niebla en contra de Estados Unidos deberían ser desechadas por el juez Rubén Castillo porque simplemente no muestra evidencias que soporten esos señalamientos.

 Porque curiosamente, añade, Zambada Niebla basa sus alegatos en el caso de Loya Castro, quien nunca tuvo inmunidad aun cuando ciertamente cooperó con el Gobierno estadounidense. Pero aún así, el Gobierno de este país nunca se comprometió en beneficiarlo de alguna manera por la información que estaba proporcionando.

 Incluso, advierten, la fiscalía se contactó recientemente con Loya Castro para que confirmara que nunca se le hizo ninguna promesa a él o al acusado, según se explica en la página tres de la sección de inmunidad.

Las palabras se las lleva el viento
El documento hace también referencia a los señalamientos hechos por Zambada Niebla, y la supuesta reunión que tuvo con agentes de la DEA el 17 de marzo del 2009 en el hotel Sheraton de la Ciudad de México, pocas horas antes de ser arrestado.

 En ese encuentro los agentes estadounidenses aparentemente prometieron inmunidad internacional al Vicentillo a cambio de información, no obstante, según observa el documento de la fiscalía, eso legalmente queda sin efecto ya que ningún agente de la DEA ni de ningún otro nivel, tiene autoridad como para ofrecer esa inmunidad.

 Incluso, en la moción presentada por la defensa de Zambada Niebla, se expone el argumento de que “funcionarios del más alto nivel del Gobierno estadounidense ya estaban enterados de ello y aprobaban la inmunidad”, lo cual, dice la fiscalía, “es totalmente falso”.

 Y añade: “A los agentes de la DEA que se entrevistaron con el Vicentillo se les pidió que no se vieran con el acusado, por lo que ningún agente estadounidense pudo haber estado autorizado por el Gobierno de Estados Unidos para prometer inmunidad, aun cuando efectivamente le hayan hecho esa promesa”.

 “En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se concedió Autoridad Pública al acusado ni a ningún otro miembro del cártel de Sinaloa”, señala la moción.

Debido a ello, los fiscales integraron al documento una petición por desechar la moción y todas las acusaciones que se hicieron en el documento presentado por la defensa el pasado 29 de julio, y que van desde inmunidad y Autoridad Pública para los altos mandos del cártel de Sinaloa, hasta la observación de que Estados Unidos siempre tuvo conocimiento sobre cómo contactar al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán. Ríodoce intentó contactar a los abogados del Vicentillo para conocer una reacción inmediata, pero hasta el cierre de esta edición ninguno de los abogados habían regresado llamadas ni ningún correo electrónico.

No obstante, los abogados tendrán que responder los alegatos de la fiscalía a más tardar el próximo 26 de octubre, y es posible que entonces presenten pruebas para refutar los argumentos de los fiscales. La fecha para inicio de juicio se mantiene para el próximo 13 de febrero del 2012, en una corte federal del Distrito Norte de Chicago.

Los señalamientos del Vicentillo Según la moción hecha por los abogados del Vicentillo y presentada el pasado 29 de julio en una corte de Chicago, Zambada Niebla junto a otros integrantes de alto nivel del cártel de Sinaloa tenían años proporcionando información sobre bandas rivales a agencias estadounidenses.

Según indica la moción de ocho páginas, los agentes estadounidenses propusieron a su otro informante, Humberto Loya Castro, tener un encuentro con Zambada Niebla para proponerle que fuera él mismo quien proporcionara información sobre bandas enemigas.

De ese modo omitirían al intermediario y los tratos serían directamente entre los altos mandos del cártel de Sinaloa y la DEA.

“La DEA quería establecer una conexión más directa con otros miembros del cártel y Zambada Niebla pensaba que un acercamiento con el Gobierno de Estados Unidos les brindaría mayor protección y lo volvería inmune a cualquier arresto y acusación, razón por la cual accedió a verse con agentes de la DEA”, explica la moción.

 Pero algo falló esa tarde, ya que dos días después, el 19 de marzo del 2009, Zambada Niebla fue interceptado por elementos del Ejército mexicano y arrestado.

Al ser detenido, el Vicentillo habría anticipado que toda acusación hecha en su contra por Estados Unidos sería revocada, dado el supuesto acuerdo entre el cártel de Sinaloa y la DEA

. La tregua, sin embargo, no habría de ser respetada y el Vicentillo fue sometido a las sombras. Zambada Niebla fue extraditado en febrero del 2010 y desde entonces se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad al norte de Chicago.


 Crónica de un encuentro furtivo (La versión de la fiscalía)
 La tarde del 17 de marzo del 2009, los agentes de la DEA, Manuel Castañon y David Herrod, se instalaron en la Ciudad de México para entrevistarse con otros agentes de la DEA que venían de Washington, DC.

 El punto de reunión sería la embajada de los Estados Unidos, en el DF. La intención de esa reunión era detallar algunos puntos sobre un encuentro que tendrían con Vicente Zambada Niebla, considerado uno de los líderes del cártel de Sinaloa.

A su llegada a la embajada, sin embargo, el director regional de la DEA, David Gaddis, expresó a los agentes cierta preocupación por la entrevista que tendrían con el Vicentillo, por lo que en el último momento decidió cancelar la reunión y ordenó a los agentes no verse con él sin su autorización.

El agente Castañon llamó entonces a su principal contacto, Humberto Loya Castro, para decirle que la reunión se había cancelado, y le propuso que se vieran en el lobby del hotel Sheraton de la Ciudad de México para explicarle en persona del porqué del cambio de planes.

 A Loya Castro lo desanimó la noticia, y dijo que tendría que explicarle a Zambada Niebla de la cancelación, pero que tendría que hacerlo en persona y se fue, pero quedó de verse de nuevo con los agentes en el mismo hotel, horas más tarde.

 Poco después, Loya Castro regresó acompañado de Zambada Niebla, desobedeciendo las indicaciones de los agentes de la DEA.

Entonces los agentes estadounidenses explicaron al Vicentillo que no estaban autorizados a verse con él, a lo que este les manifestó su simple interés de cooperar con ellos.

Los agentes indicaron que estarían en contacto, y que si se les autorizaba, tendrían una segunda reunión. Pocas horas después de ese encuentro, en la madrugada del 18 de marzo, Zambada Niebla habría de ser arrestado por el Ejército mexicano.

 Arresto y extradición
Casi un año después de ser arrestado, Zambada Niebla fue extraditado a Estados Unidos. En su defensa, sus abogados presentaron una moción acusando al Gobierno estadounidense de brindar inmunidad a varios líderes del cártel de Sinaloa.

 La fiscalía advierte en la defensa de su caso que, poco después de que se diera a conocer esta noticia, Loya Castro marcó al agente Castañon para disculparse con él por “lo mal aconsejado que fue el Vicentillo al presentar esa moción”, y por toda la atención que había generado en la prensa internacional.

En esa entrevista, dicen los fiscales, Loya Castro reiteró que nunca le hicieron ningún tipo de promesas o ningún acuerdo que comprometiera al Gobierno estadounidense. Incluso, observó Loya Castro, él ya habría contactado a la defensa del Vicentillo, y les habría dicho que él no los asistiría si tratan de hacerlo testificar de que, efectivamente, hubo un acuerdo previo entre el Gobierno de Estados Unidos y Zambada Niebla.

Según el documento de la fiscalía, Loya Castro estaría dispuesto a viajar a Estados Unidos para verse con los fiscales para desmentir los señalamientos de la defensa.

GOBIERNO DE SINALOA BAJO SOSPECHA

Alejandro Sicairos
Riodoce.com.mx

Cuatro crímenes parecen venir de un mismo lugar En la misma línea de fuego que le quitó la vida a Luis Pérez Hernández —exfuncionario en los sexenios de Juan Millán Lizárraga y Jesús Aguilar Padilla— así como a la vidente Martha Olivia Alonso Pérez y al abogado Francisco Eduardo Urrea Ortega, el asesinato del periodista Humberto Millán Salazar robustece la hipótesis de una posible acción de la delincuencia política para eliminar a quienes poseen información no divulgada sobre políticos y gobernantes de los sexenios anterior y actual.

A la misma hora que el gremio periodístico despedía al director del medio digital A Discusión, el viernes la Procuraduría General de Justicia del Estado definía en la averiguación previa 60/2011 que el crimen de Millán Salazar derivó del trabajo que este realizaba como comunicador.

 Humberto Millán fue levantado por un grupo armado alrededor de las 6:20 de la mañana del miércoles 24 de agosto cuando salía de las oficinas de A Discusión, ubicadas en la colonia Canaco y a las 9:30 del día siguiente se confirmó su muerte al ser identificado el cadáver.

 De acuerdo con el testimonio inicial rendido por Eduardo Millán Salazar, quien lo acompañaba al momento de los hechos, sicarios a bordo de dos vehículos interceptaron la camioneta Tahoe en que se transportaban ambos, procediendo a llevarse a Humberto Millán, luego de que el comunicador les pidiera dejaran libre a su hermano.

Las primeras periciales señalan que Millán Salazar fue llevado directamente a un paraje cercano al campo Morelia, en la salida norte de Culiacán, lugar en que fue asesinado entre las 7:30 y las 8:00 horas, con dos balazos calibre 9 milímetros que le fueron disparados en la región posterior del cuello y en región frontal, sin existir huellas de tortura.

Se establece también que el grupo ejecutor estudió con anterioridad los movimientos rutinarios de la víctima, siguiéndolo en el recorrido que hacía de su oficina hacia la sede del grupo Radiofórmula, donde tenía un espacio noticioso.

 Queda asentado en la indagatoria que a ningún familiar o amigo le dio a conocer que fuera seguido o sufriera amenazas en los días previos a la desaparición forzada y asesinato. La fiscalía estatal, apoyada por expertos de la Procuraduría General de la República, solicitó la autorización de la familia para proceder a asegurar los espacios en los cuales el periodista efectuaba su labor y revisar archivos y materiales publicados recientemente.

El Ministerio Público enfocaba la indagatoria hacia las críticas que Millán Salazar publicó en 2010 y 2011 contra políticos que protagonizaron el reciente proceso electoral y contra funcionarios de primer nivel del gobierno de Mario López Valdez.

Presionada por la familia y reporteros que insistían en investigar a quienes Millán Salazar confrontó con su trabajo periodístico, la PGJE finalmente estableció que “el sentido crítico-político que diariamente hacía el comunicador, es la línea de investigación que está fortaleciéndose”.

La conexión
Luis Pérez Después de ser detenido el 10 de marzo de 2010 en el Aeropuerto de la Ciudad de México, y tras el arraigo que un juez federal concedió en su contra a petición de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la PGR, Luis Pérez Hernández se comunicó con tres personas: el ex gobernador Juan Millán Lizárraga, el periodista Humberto Millán Salazar y la vidente Martha Olivia Alonso Pérez.

 A su exjefe Juan Millán le pidió que lo apoyara en justificar recursos por el orden de los dos millones de pesos anuales que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada halló en las cuentas personales del exdirector de Gobierno del Estado, solo en el sexenio de Juan Millán.

 Conforme a los reportes que la misma SIEDO hizo sobre tales llamadas, Luis Pérez le pidió a Humberto Millán que lo ayudara a denunciar el atropello del que según el exfuncionario era objeto posterior al cateo de la residencia que el entonces detenido tenía en el sector Recursos Hidráulicos, en la parte posterior del Congreso del Estado.

 A Martha Olivia Alonso Pérez, practicante de la cartomancia y confidente personal, el también operador político de la campaña que llevó a la gubernatura a Mario López Valdez la puso al tanto de la circunstancia que vivía tras ser detenido por elementos adscritos a la tercera sección del Estado Mayor de la Policía Federal. El 20 de marzo de 2010 la SIEDO logra que le amplíen el arraigo 20 días al exdirector y exsubsecretario de Gobierno por el presunto delito de lavado de dinero.

 La noche del 8 de mayo la PGR lo puso en libertad al no poder acreditarle los delitos imputados, regresando Luis Pérez a Sinaloa para incorporarse a la campaña de Malova. Al ganar López Valdez la gubernatura, Luis Pérez se autopromovió para ser titular de la Secretaría de Seguridad Pública, aspiración que se le vino abajo a finales de 2010 al definirse el cargo a favor de Francisco Córdova Celaya.

Fue entonces que se declaró inconforme por su exclusión del gabinete malovista e incluso advirtió al mandatario y a su recién nombrado secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, que “no saben el alacrán que se están echando encima”.

 El 24 de enero de 2011 Luis Pérez fue levantado por un grupo armado en la casa de la vidente Martha Olivia Pérez, en la calle Presa de Valsequillo de la colonia Las Quintas, en Culiacán y un día después fue hallado ejecutado en un centro comercial de Guamúchil, con evidentes huellas de crueldad y tortura.

 La línea central de la investigación abierta por la Procuraduría apuntó a la información que poseía quien fue el jefe de los servicios de espionaje en el sexenio de Juan Millán.

En tanto la vidente Oli Pérez resultó muerta en su domicilio cuando un asesino solitario que se hizo pasar como cliente le efectuó un solo disparo a la cabeza, con arma calibre .38 súper.

 De nuevo el Ministerio Público centró la indagatoria en la información privilegiada que la cartomancista tenía en su poder debido a ser confidente de Luis Pérez y además testigo clave del asesinato de este.

 En ese mismo contexto de asesinatos cometidos contra quienes poseían información inconveniente para políticos y gobernantes, la madrugada del 28 de julio fue levantado en el sector Tres Ríos el abogado Francisco Eduardo Urrea Ortega, el Fuco, cuyo cadáver se localizó el mismo día en la tarde cerca de la Unidad de Servicios Estatales, al poniente de Culiacán.

Y la Procuraduría encasilló el caso en la misma hipótesis en que clasificó las muertes de Luis Pérez, Oli Alonso y Humberto Millán: poseían o divulgaron información que afectó intereses políticos.

 Narco, tema vedado
 De hecho un avance preliminar de las pesquisas efectuadas por la PGJE establece que el periodista Humberto Millán Salazar se concentraba en tocar asuntos políticos, con un estilo punzante dirigido a políticos en el poder, críticas que lo mismo le lanzó a la administración pública que encabezó Jesús Aguilar Padilla como a la que ahora preside Mario López Valdez.

 El director del diario digital A Discusión rara vez abordó temas de la delincuencia organizada. De las pocas veces que lo hizo se tiene registro de la nota publicada por Millán Salazar el domingo 4 de abril de 2010, cuando a raíz de que la revista Proceso divulgó en su edición 1744 el reportaje Narcopolítica en Sinaloa.

Escribió una información que tituló: Vizcarra Calderón, en la mira del Cisen por relación con Zambada: Proceso. El motivo son los negocios que presuntamente ha realizado durante más de dos décadas con uno de los barones sinaloenses de la droga, Ismael el Mayo Zambada.

 La historia que Chuy Vizcarra cuenta de sí mismo como comerciante desde niño en la escuela y en el mercado municipal Garmendia es muy distinta de lo que registra su ficha en el Cisen”. Luego, el 16 de junio de 2010, al celebrarse el segundo debate electoral que sostuvieron Mario López Valdez y Jesús Vizcarra Calderón, candidatos al Gobierno de Sinaloa, redactó otra nota firmada por él titulada “Vizcarra mostró intolerancia y no respondió si es compadre o no de el Mayo.

 Escribió: “Vizcarra dejó una y otra vez sin respuesta la pregunta central: ¿es o no es compadre de Ismael Zambada? De hecho, dejó sin respuesta otras interrogantes más fáciles: ¿eres socio de Jesús Aguilar Padilla? ¿Compraste la revista Proceso para que no circulara en Sinaloa con motivo del reportaje sobre el poder del Mayo? ¿Compraste el proceso interno del PRI para ser candidato a gobernador?”.

De acuerdo con versiones obtenidas por Ríodoce, tras esos comentarios le llegó a Humberto Millán una “atenta advertencia” de que no se metiera en esos temas. Con el mismo emisario, el periodista regresó la promesa de no volver a tocar el asunto y así lo hizo hasta el día de su muerte.

Desde entonces se enfocó por completo al tema político y en razón de ello el reportero Berzahí Osuna Enciso, colaborador y amigo personal de Millán Salazar desde el año 2000, señaló en la declaración rendida ante Averiguaciones Previas, momentos después del levantón que sufrió el director de A Discusión, que el estilo periodístico de este “siempre ha sido frontal, directo y sin ambages, cualidad que siempre ha incomodado a los funcionarios públicos y que ha derivado en amenazas directas e intentos de censura”.

 El video desconocido
 Fue precisamente en esa declaración ministerial donde Berzahí Osuna reveló que durante el proceso electoral y poselectoral que Sinaloa vivió en 2010 Millán le comentó “sus temores fundados de que los integrantes de la clase política afectados por su ejercicio periodístico, habiendo sido incapaces de sofocar su trabajo, intentaran agresiones contra su integridad física”.

Afirma que Millán Salazar le entregó un documento videograbado “el cual no he visto, pero en el que, según me comentó en su momento, hace señalamientos específicos y denuncias concretas sobre qué personas del Gobierno podrían ser responsables de cualquier atentado que sufriera él o su familia, el cual me pidió, en juramento de nuestra amistad, que lo hiciera público, en caso de que algo llegara a ocurrirle”.

Ríodoce le solicitó a Berzahí Osuna una copia del video grabado en vida por Humberto Millán, pero la negó al explicar que él decidirá el momento más adecuado para entregarlo tanto a la Procuraduría como a los medios de información.

“No quisiera que la investigación se prejuicie y excluya a actores políticos que no son considerados en ese documento”. Horas antes Osuna Enciso había precisado a periodistas y al gobernador Mario López Valdez, en reunión que el mandatario sostuvo con dirigentes y reporteros de las diferentes asociaciones una vez encontrado el cadáver de Millán Salazar, que las investigaciones deben incluir también a funcionarios del gabinete malovista.

 Mencionó a Gerardo Vargas Landeros, actual secretario de Gobierno, como uno de los políticos con los cuales Humberto Millán tuvo confrontaciones. “Solo espero que esté limpio de culpa y su inocencia esté acreditada en el expediente”.

 Un día después de que Humberto Millán fuera “levantado”, Eva Obdulia Guerrero Quintero, esposa del periodista, compareció ante el MP adscrito a Averiguaciones Previas. Ahí responsabilizó del hecho al ex gobernador Jesús Aguilar Padilla, al ex candidato del PRI a gobernador Jesús Vizcarra Calderón y al actual alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

 “Porque mi esposo había estado haciendo críticas muy fuertes sobre ellos y ellos le habían cerrado el semanario (A Discusión)”, argumentó en la declaración que rindió a las 8:40 horas del 25 de agosto. Para José Alfredo Beltrán, dirigente de la Asociación de Periodistas 7 de Junio, la sospecha de que este crimen esté vinculado con grupos de poder político se sustenta en que Humberto Millán accedía a fuentes de primer nivel, daba primicias y exhibía mucho los sótanos de la función pública.

“Con las evidencias que publicaba irritaba mucho a personajes públicos. Era un hombre arrojado, aventado, se sorprendía uno mucho de cómo se atrevía a invadir espacios que un periodista convencional no tocaba.

 “Raras veces tocaba asuntos de la delincuencia organizada; era evidente que no le apasionaba el tema del crimen organizado o el narcotráfico”.

Recordó que hacia el gobierno de Mario López Valdez, el director de A Discusión siguió manteniendo una postura muy crítica hacia personajes que detentan el poder. Justificó la no entrega o divulgación del video grabado por Millán Salazar al argumentar que “no se quiere generarle tablas de salvación o chivos expiatorios al gobierno de Malova”.

 “Fue grabado en una circunstancia particular, en un momento en que la guerra de lodo era abominable en la escena electoral de Sinaloa”, puntualiza.

Preludios de impunidad Periodistas de todos los medios y todas las organizaciones gremiales se habían reunido el jueves a las 10.00 horas en el auditorio del edificio de la Procuraduría de Justicia. 

 Ahí lo recibiría el procurador Marco Antonio Higuera Gómez para dar avances de la investigación de la desaparición de Humberto Millán.

 Lo que los recibió fue una noticia que les erizó la piel. Un reporte recibido a las 8:43 de la mañana en la central policiaca C-4, sobre un cadáver localizado en las inmediaciones del campo Morelia, era atendido por peritos forenses.

Los minutos siguientes trajeron la noticia a cuentagotas: se trataba del cadáver de Humberto Millán Salazar.

El procurador no salió a confirmar el homicidio sino fue el subprocurador Martín Robles Armenta quien encaró la indignación e impotencia de los periodistas. Antecedió el silencio a los reporteros y luego la decisión de exigir una audiencia con el gobernador Mario López Valdez. En el Salón de Gobernadores, ante las exigencias de los periodistas, Malova dio la cara.

Se dijo particularmente afectado por la muerte de Humberto Millán: “La indignación para mí también es”, y se comprometió a investigar a quien resulte en la indagatoria, sea quien sea, “en lo político puede haber señalamientos, tanto de los que se fueron como de los que actualmente gobiernan”.

En la indagatoria, dijo, “no vamos a simular nada”. Y remató: “Sinaloa no es tierra de nadie, en Sinaloa hay gobierno, hay leyes y hay instituciones que vamos a castigar y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que esto no siga ocurriendo, coincido con ustedes que no puede quedar esto impune”.

 Es el mismo discurso que el gobernador deletreó ante los restos de Luis Pérez Hernández, siete meses antes de ese jueves 26 agosto, el día que hallaron muerto a Humberto Millán. Una promesa vacía, nunca la voluntad política.

 El reloj marca la muerte 06: 20 horas. El miércoles 24 de agosto un grupo armado intercepta en la colonia Canaco a Humberto Millán y a su hermano Eduardo, El periodista pide que dejen libre a su hermano.

 06:30 horas. La Procuraduría recibe el reporte del levantón y pone en alerta a todas las corporaciones policiacas.

08:00 horas. De acuerdo con los médicos forenses, a esa hora era asesinado Humberto Millán en un paraje de la salida sur de Culiacán.

10:00 horas. Los periodistas acuerdan un plan de máxima presión para abrir la posibilidad de que los delincuentes dejaran libre a Millán Salazar.

 11:00 horas. El procurador de justicia, el secretario de Gobierno y el delegado de la PGR reciben a los periodistas. “Está en marcha el máximo esfuerzo de la autoridad para localizarlo con vida, con salidas de la ciudad bloqueadas y helicópteros sobrevolando”, dicen.

 13:00 horas. Recorridos efectuados por diferentes medios de comunicación detectan que no hay tal operativo especial para localizar al periodista.

21:00 horas. Humberto Millán sigue desaparecido y la familia y colaboradores de él no habían recibido aún protección de la Procuraduría.

08:43 horas. Ya es jueves 26 de agosto, cuando un reporte a C-4 indica que hay un cadáver al sur de Culiacán, en una parcela de riego.

10:00 horas. Los periodistas acuden a la Procuraduría a pedir avances de la investigación y son enterados que Humberto Millán fue asesinado.

 11: 00 horas. El gobernador recibe a los comunicadores y les ofrece no dejar impune la muerte del director del diario digital A Discusión.

La muerte tiene permiso
Humberto Millán le había dicho a Eva Beltrán, su esposa, que la justicia en Sinaloa servía para maldita la cosa. Ella lo confirmó el amanecer del miércoles de la semana pasada cuando imploró a las autoridades que hallaran a su marido vivo… pero se lo regresaron muerto.

Era el adiós que la familia le daba al periodista, pero los alcances del drama cotidiano que vive Sinaloa fueron a corroborarlo muchos. Políticos, funcionarios, periodistas, luchadores sociales, académicos y empresarios miraban el ataúd, prueba fehaciente de que las cosas han llegado muy lejos en el desastre de la seguridad pública.

De un murmullo silencioso, ahogado por la certeza de que aquí la muerte tiene permiso, emanaban enormes interrogaciones. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Ya se animaron los políticos a matar a periodistas? ¿Volverán los reporteros a escribir igual que antes?

La noche del velorio había llegado Mario López Valdez, acompañado del exgobernador Juan Millán y un séquito de servidores públicos. Malova se “asomó” apresuradamente a la capilla ardiente, dio algunos pésames y salió con igual prisa. Juan Millán escrutaba a los lados con ojos desorbitados.

 Decía que estaba seguro que el Gobierno actual hará justicia. Afuera la agencia funeraria era blindaba discretamente por la llegada del gobernador.

 Adentro todos tenían miedo y en la tenebra del horror cada quien tejía su propia hipótesis sobre el crimen. Nadie se creía vivo del todo. Los narcos y los políticos tienen licencia para matar.

 Las horas corrieron en torno al ataúd. Antes de despedir al colega, los periodistas se colocaron una imagen de él en los rostros y gritaron: “¡Todos somos Humberto!”.

Fue entonces que un aplauso prolongado marcó la retirada. “Así como él lo hacía, yo les pido a los periodistas que exijan que se esclarezca el crimen y que se le haga justicia al nombre de Humberto”, pidió Eva Beltrán.

EL NARCO: EN MEXICO, LOS MUERTOS: EN E.U., EL NEGOCIO

 Por Marcela Águila Rubín
 swissinfo.ch

El 15 de septiembre de 1810: Al grito de “¡Viva México!”, el pueblo inicia su gesta libertaria. Año con año, la nación lo celebra. Empero, en los últimos tiempos la libertad se desdibuja y la euforia pierde vigencia.

¿Qué ánimo de fiesta con 40 mil muertos, 5 mil desaparecidos y un país rehén del crimen? Hoy, como hace 201 años, México requiere del concurso de todos para romper las cadenas. Pero ya no por la vía de las armas, como decidió el presidente, sino mediante un pacto nacional, como exige la sociedad civil.

“Un esfuerzo común que incluya a todos los partidos políticos”, como precisa la diáspora suiza. “En Colombia la situación comenzó a cambiar cuando los partidos dijeron ‘se acabó’, y comenzaron a trabajar juntos”, subraya Karl Frei, en entrevista con swissinfo.ch.

“Unidos deben trabajar también en México”, agrega el representante de los suizos con residencia en ese país norteamericano. Su postura es compartida. El experto de Naciones Unidas en crimen organizado, Edgardo Buscaglia, habla también de un pacto político como condición sine qua non para lograr una “autopurga del poder político”.

Y ese –dijo en una conferencia sobre el narco en la madrileña Casa de América- “sería el principio del fin del crimen”. En esa necesidad impostergable de unir empeños coinciden también los 88 especialistas, mexicanos y extranjeros, que bajo la égida de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), se reunieron del 6 al 10 de junio en el Distrito Federal para revisar la situación del país y diseñar soluciones.

 “Es prioritaria la celebración de un pacto político y social de base amplia que permita reorientar a nuestras instituciones de seguridad y justicia para hacer frente a la crisis de violencia que enfrenta el país”, indican los expertos.

 “Ningún actor social debe quedarse al margen”, acotan. El riesgo de politizar la seguridad Sus conclusiones, compiladas en los ‘Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia’ y entregadas al presidente Felipe Calderón, advierten igualmente sobre la obligatoriedad de que los actores institucionales, sectoriales y partidistas subordinen sus decisiones en favor del interés nacional para que la diversidad política sea factor de cambio y no de estancamiento.

“La politización de la seguridad y de la justicia es el riesgo mayor que enfrentamos en esta crisis”, alerta su texto. Una admonición que cobra particular relevancia cuando México se prepara para las elecciones presidenciales de 2012.

Unos comicios que se antojan también peculiares dado el contexto de brutalidad que hay en el país y merced a la desconfianza de la población en sus instituciones.

 Edgardo Buscaglia habla de “fragmentación” del Estado mexicano. Afirma que luego de 60 años de poder de un partido único que “gestionó” el crimen, la transición a una competencia electoral caótica abrió espacios que ocuparon las mafias y ahora es el crimen el que busca gestionar al Estado.

 “Los grupos criminales compiten ferozmente por la captura de ese Estado”, por eso la explosión de la violencia. El doctor en Jurisprudencia de las Universidades de Illinois y Berkley, considera que la respuesta del Gobierno mexicano al crimen con el uso de la fuerza alimenta un círculo vicioso en el que el hampa devora a los servidores públicos.

 “A más soldados y más policías, más violencia y más corrupción”. Esa, precisa, es la denominada “paradoja de la represión”. Capitales colosales Para Edgardo Buscaglia, una de las razones por las que el crimen organizado tiene y mantiene su enorme poder de destrucción está en el hecho en que sus capitales se mantienen intactos.

 A lo sumo, dice, las autoridades logran decomisar el dinero que los delincuentes detenidos ocultan bajo el colchón, pero el grueso de sus patrimonios está a buen recaudo en otros países.

 Al respecto, y de acuerdo con el estudio dirigido por la UNAM y el IIDC, en México, un alto número de personas participan en el crimen organizado, moviendo capitales que se estiman hasta en 29 mil millones de dólares al año.

 Entre 2006 y 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remitió denuncias que se suponen por presunto lavado de dinero equivalentes al 8% del dinero sucio en circulación en el país.

 Además, se ha estimado que el 10% del sistema financiero mexicano opera con dinero proveniente del narcotráfico.

Algunos funcionarios del Departamento de Estado en Washington estiman que los movimientos de tráfico de drogas de las organizaciones que operan en los Estados Unidos generan utilidades ilícitas hacia México de entre 17 y 38 mil millones de dólares.

Narco con oficinas en EE UU La violencia engendra violencia. No solo es el narco. De acuerdo con el especialista de la ONU, el crimen organizado de México está diversificado -con 22 ramificaciones (extorsión, secuestros, toda suerte de tráficos..)- y expandido -con presencia en 52 países. Sin ir más lejos, al otro lado del Río Bravo:

“El consumo de la droga en Estados Unidos sigue y por lo tanto siguen también los caminos para llevarla. Pero en el momento en que la droga entra a Estados Unidos ya nadie habla de tráfico de drogas, parece que ahí no existe, que no hay narcotraficantes o tal vez los narcotraficantes tienen sus oficinas en el General Motors Building de Nueva York”, analiza Karl Frei.

 El empresario suizo recuerda que el tráfico de estupefacientes genera ganancias de billones de dólares. “Los estadounidenses ven el narcotráfico como negocio, mientras que en México, los narcotraficantes hacen la lucha en la calle. ¿Y por qué? Porque no hay penalización”.

Con cuarenta años fuera de Suiza, la mitad de ellos en México, el otrora representante del UBS, primera institución bancaria helvética, lamenta lo que considera una “abdicación” de las instancias municipales y estatales.

 “Dicen que la responsabilidad es del Gobierno Federal, pero el Gobierno Federal no puede cubrir todo el país”. La población sufre la inacción de las autoridades pero también sus excesos.

 Las violaciones a los derechos humanos no son privativas de las mafias. Los abusos de soldados y policías mantienen en alerta a las ONG, pero no solo:

“Los aparatos de seguridad y justicia reproducen patrones de discriminación que dan lugar a las más graves violaciones a los derechos humanos en contra de niños y niñas, mujeres, jóvenes, migrantes, gente en pobreza extrema, indígenas, personas con discapacidad e incluso contra los propios elementos o funcionarios de instituciones policiales y militares de los más bajos rangos”, denuncia el texto publicado por la UNAM.

 Suizos estrechan contactos
 Amén de las manifestaciones públicas para exigir el cese de las agresiones, además de estrategias sociales, como la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia que recorre el país reuniendo testimonios de víctimas de la violencia, de las redes de mexicanos que desde el extranjero pugnan por la paz en su país, la población establece mecanismos de autoprotección: se agrupa, se acompaña, se comunica.

 La Embajada suiza actualiza el censo de sus connacionales, les extiende recomendaciones. El 19 de diciembre del año pasado, un empresario helvético fue secuestrado en el central estado de Morelos. Se desconoce aún su paradero.

 “Se han tomado varias medidas para estar más en contacto con las personas, para saber dónde están y poder reaccionar más pronto en caso necesario”, explica Ursula Stump, cónsul honoraria en Guadalajara, segunda ciudad del país y capital del noroccidental estado de Jalisco. Ahí donde los signos de prosperidad reciente contrastan claramente con la pobreza secular.

La cantidad de vehículos nuevos y caros que circulan por la ciudad, por ejemplo. “Unas visitas nos comentaron: ‘¡Aquí la gente debe ganar mucho dinero!’”. A principios de año, el Consulado envió un escrito a los ciudadanos suizos afincados en Guadalajara que incluía números de emergencia a los que recurrir de ser menester, informa la cónsul.

 Rechaza, sin embargo, que el incremento de la delincuencia se haya traducido en un retorno masivo o precipitado de sus compatriotas a la Confederación.

 “Si bien la gente está un poco más tensa porque es una situación difícil –se puede tener la mala suerte de estar en un centro comercial en el mal momento- no hay desplazamientos de la comunidad suiza fuera del país”. Karl Frei coincide con la cónsul.

“Seguramente hay preocupación personal. Creo que en el caso de los empresarios suizos, están bastante conscientes de la situación que hay, pero no se percibe necesariamente como algo muy generalizado”.

Entrevistados en el marco del 89º Congreso de los suizos en el extranjero (26-28.08) en Lugano, ambos coinciden en que hay medidas de protección básicas tales como evitar determinados lugares.

 “Uno tiene que cuidarse un poco a dónde va y a qué hora y con eso puede reducir el peligro a niveles más o menos razonables”. ¿A dónde y a qué hora?: Al Zócalo capitalino, a las 23.00. Ahí, tradición obliga: la población lanzará, tal vez no con alegría, pero sí con rabia y con orgullo un nuevo y sempiterno “¡Viva México!”

LA CACERIA

Martín Durán
Riodoce.com.mx

El Chapo o el Mayo, el regalo prometido para Calderón Un general con fama de incorruptible escala las más altas cumbres de la sierra que conforman el Triángulo Dorado, al mando de una unidad élite del Ejército, en una de las últimas cacerías emprendidas por el gobierno de Felipe Calderón que pretende un trofeo antes de que concluya su sexenio fallido en la lucha antinarco: la captura del Chapo o el Mayo, los dos líderes del cártel de Sinaloa y, se dice, los más buscados del mundo.

 La noche del 22 de julio pasado, un grupo de militares pertenecientes a las Fuerzas Especiales del Ejército penetró en la vigilada región del Valle de San Lorenzo, dominada por el cártel de Sinaloa, y se enfrentó contra un comando de sicarios a la entrada del ejido El Melón, sindicatura de Quilá.

 Los saldos de la refriega reportados esa noche fueron dos presuntos sicarios abatidos y otro más detenido con armas y granadas, que más tarde fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República.

Los elementos también aseguraron dos vehículos, al menos de manera oficial: una camioneta Chevrolet color negra, con placas TZ-04924, la cual contaba con reporte de robo; y un automóvil Mercedes Benz color tinto, con blindaje especial, placas de circulación MXD-540 del Estado de México.

La primera unidad quedó volcada, con el cuerpo de uno de los pistoleros a un costado, mientras que el vehículo blindado quedó en medio de una carretera.

Aparentemente los ocupantes la dejaron y se fueron por otros medios. En el interior había dos fusiles AK-47 y un AR-15.

La huída había sido intempestiva. Más tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) identificó los cadáveres como los de Santiago Ibarra Zamudio, de 42 años, originario de Gómez Palacio, Durango, y con domicilio en la ciudad de Guamúchil. El segundo era Magdaleno Madriles Santos de 40 años, con domicilio en La Cruz de Elota.

 En el operativo militar fue detenido Alejandro Mariscal Millán, quien fue consignado por el Ministerio Público federal al Juzgado Cuarto de Distrito de Culiacán.

Los delitos que le imputaron fueron los de violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos, en las modalidades de portación de armas de fuego y artefactos bélicos (granada) del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

También fue consignado por el delito de homicidio en grado de tentativa contra elementos del Ejército. Información de la PGR indica que quedó en manos del juez el 24 de julio pasado.

Mariscal Millán y los dos hombres abatidos fueron ubicados por fuentes extraoficiales de la PGR como miembros de una célula que comanda Orso Iván Gastélum, alias el Cholo, sicario de la avanzada de Joaquín el Chapo Guzmán, quien se fugó del penal de Aguaruto en agosto del 2009.

Esa noche, en la batida de El Melón, según indicaron fuentes del Ejército, las Fuerzas Especiales iban por Joaquín Guzmán Loera, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, en un operativo de inteligencia que pretendieron silencioso, hasta que los halcones lo descubrieron y los jefes emprendieron la partida de Quilá.

Ni los dos helicópteros Bell 412 y la veintena de camionetas de la milicia, cuyos números, según constató la prensa local, fueron cubiertos con cintas para no ser identificados, pudieron tender las redes para capturar al capo que estuvo presente en la zona.

El grupo de gafes, de acuerdo con informes de mandos de la Novena Zona Militar con sede en Culiacán, venían dirigidos en un operativo desde la Ciudad de México, y algunos de ellos tenían destacamento en la base militar del municipio de Badiraguato.

 Fue entonces cuando surgió la versión de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), había comisionado a un general con fama de incorruptible para llevar a cabo una de las últimas misiones del calderonismo: agarrar al Chapo Guzmán o a Ismael el Mayo Zambada, estableciendo un cerco militar en los puntos de influencia del cártel, sobre todo en el llamado Triángulo Dorado, que abarca la sierra de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Un laberinto para un general
La versión fue confirmada del interior de la Sedena. El general de brigada, Antonio Gurrola Calzada, ha sido descrito por otros generales del Ejército como un militar de limpia trayectoria, honesto a toda prueba y muy inteligente.

Ha tenido una carrera meteórica dentro de la milicia. En 1997 fue ascendido a coronel de infantería y estuvo comisionado en las operaciones especiales del Estado Mayor durante el conflicto en Chiapas.

 En el 2005 estuvo como jefe de la Guarnición Militar de Matamoros, Tamaulipas. Hasta el 2010, fue comandante de la Cuarta Zona Militar, con sede en Hermosillo, Sonora.

 Tiene experiencia en mando de tropa pues fue comandante en varios estados, en el sector del Arma Blindada, cuyos miembros generalmente pertenecen a la Caballería, y que son los expertos de la milicia mexicana en la inspección e investigación de terrenos.

Recientemente ascendido al “olimpo” de los generales de brigada, desde hace meses Gurrola Calzada, con una edad de aproximadamente 60 años, está al frente de un operativo especial en la zona serrana, según indicaron altos mandos de la Sedena.

 Dicho operativo se centra en dos únicos objetivos: Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. De acuerdo con testimonios de comandantes del Ejército, Gurrola tiene una impecable hoja de servicio y está asignado de manera oficial a la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, y es ubicado como el segundo al mando, después del general de División Diplomado de Estado Mayor, Rubén Serrano Herrera, quien relevó en diciembre pasado al general César Jiménez López.

Fuentes militares consultadas mencionaron que Gurrola tiene bajo su mando a un número importante de elementos de las Fuerzas Especiales y tiene un comando permanente en la base de la cabecera municipal de Badiraguato, dotado de armas, vehículos, aeronaves y tecnología.

De hecho, según mandos de la Novena Zona militar, el grupo de gafes que tomó por asalto la comunidad de El Melón tiene destacamento en este municipio, cuna del narcotráfico en México.

El cerco que mantiene en la zona serrana abarca desde la región natal de Guzmán Loera hasta los entramados rumbos de Cosalá, de acuerdo con las mismas fuentes.

Constantemente las fuerzas especiales monitorean esa franja, en donde las poblaciones civiles han denunciado abusos de parte de las fuerzas castrenses en los últimos meses.

Gurrola Calzada, refieren, es un militar muy cercano a los afectos de José Armando Tamayo Casillas, quien fuera jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Vicente Fox, en cuyo sexenio se fugó el Chapo Guzmán.

También es cercano colaborador del subsecretario de la Defensa Nacional, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, y del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el general Luis Arturo Óliver Cen. Ambos altos mandos son expertos en temas de narcotráfico, por lo que es posible que sea el motivo por el cual Gurrola Calzada haya sido enviado a seguirle los pasos de los líderes del cártel, que en más de una ocasión han sido señalados de ser beneficiarios de las políticas de seguridad de México y Estados Unidos.

 La guerra de Eddy contra el Chapo
No es la primera vez que el Ejército y sus generales lanzan las redes en busca de los jefes del cártel de Sinaloa, en sus propios territorios.

 Desde enero del 2006 que arribó el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, a la Novena Zona, se han implementado fuertes operativos en las colindancias de Badiraguato y Culiacán con Chihuahua y Durango en la búsqueda de los capos, sobre todo del Chapo, que pareciera ser la obsesión de los gobiernos panistas.

 Ya para abril, comunidades enteras fueron arrasadas en la frenética cacería que emprendió el general Hidalgo Eddy, que intentaba recapturar al capo oriundo de La Tuna como un trofeo personal.

Una de las primeras reacciones de los narcos contra estos operativos fue el asalto a un cuartel en la empinada sierra duranguense, ocurrido una noche de principios de junio.

 Un comando atacó y quemó una base del Ejército en las cercanías de la comunidad de Los Frailes, municipio de Tamazula, aparentemente como represalia ante el cerco militar que tendió el Gobierno a los narcotraficantes de esas zonas.

 Todo ocurrió en ese 2006. El 18 de septiembre, a las 22:00 horas, fue arrojado el cuerpo de Enrique Parra, semienvuelto en un plástico negro, a la entrada de la Novena Zona Militar. “Por dedo, Eddy”, decía el mensaje directo al mando general.

También la detención de Luis Albero Cano Zepeda, sobrino del Chapo, en un operativo en Durango, contribuyó a tensar el clima. Según la PGR, Cano se desempeñaba como piloto de un avión que era utilizado para el transporte de droga.

Esto ocurrió el 22 de agosto de 2006 en Bastantitas, Tamazula. Fue detenido junto con cuatro colaboradores más cuando aterrizaban en una avioneta tipo Cessna. Una semana después de que le arrojaron el cuerpo al general Eddy, los altos mandos de la Sedena lo enviaron como agregado militar a Moscú.

 Pero el general regresaría a su laberinto el 9 de junio del 2007, con nuevos bríos y con la misma consigna. La tropa a su cargo fue acusada de cometer las mismas tropelías que un año antes, y el 28 de julio del 2007, un supuesto grupo de agricultores de Tamazula publicaron en el diario El Debate un desplegado señalando las violaciones de los derechos humanos de la población.

 Se supo entonces que dicho desplegado fue enviado desde la Ciudad de México, vía fax. El 7 de septiembre, un comando ejecutó al interlocutor entre el Ejército, Gobierno del Estado y los medios, Óscar Rivera Inzunza, y dos días más tarde, en tres puntos de la ciudad, aparecieron restos caninos en bolsas de plástico y coronas fúnebres con amenazas contra Hidalgo Eddy.

Aparecieron en los muros orientales de la Zona Militar, en el bulevar Gabriel Leyva Solano y a un costado del parque Ernesto Millán Escalante.

 Entre los mensajes intimidatorios estaban: “O te alíneas o te alíneo. Gral. Eddy. O copela o cuello”. El 30 de noviembre fue relevado de nuevo. Tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, el Mochomo, el 21 de enero de 2008 en Culiacán, el Ejército detuvo a un Ministerio Público militar y a tres efectivos más, señalados por trabajar para el Mochomo.

Uno de ellos, el teniente Luis Lonjitud, había sido escolta de Hidalgo Eddy. Se supo luego que estos militares pasaban puntual información sobre los movimientos del general. Así, el general que se había propuesto culminar su carrera con el Chapo Guzmán de trofeo, terminó siendo infiltrado por el capo hasta en su recámara.

Atrapar al Chapo en tres etapas: Wikileaks En el cable 3077 desclasificado por WikiLeaks, enviado el 26 de octubre de 2010 al Departamento de Estado por la embajada de México y clasificado como “secreto”, señala que el director de Inteligencia, Dennis Blair, se reunió con el secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.

 Dicha reunión ocurrió el 19 de octubre del año pasado, la víspera de un encuentro con el presidente Calderón y miembros del Gabinete de Seguridad.

 Entre los temas que destacó Galván fue el papel de los militares en la lucha antinarco, la cooperación del Gobierno de Estados Unidos para el combate al crimen organizado y la ampliación de la colaboración de las agencias en México.

 La información que envió la embajada a Estados Unidos, fue que el general estaba interesado en establecer los más altos niveles de cooperación con los gringos.

“Y hacer a su institución (Sedena) responsable de capturar blancos de alto nivel, incluyendo a dos miembros de Los Zetas y al jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán Loera”, dice el documento filtrado por WikiLeaks.

Además habló con el diplomático de una operación especial de tres etapas para capturar a Guzmán Loera:

“Él dijo (Galván) que la Sedena está implementando una operación, la cual consta de tres etapas, específicamente para atrapar al Chapo.

 La primera etapa, que ellos han concluido, es establecer una fuerza física en el área de sus operaciones para recolectar información de inteligencia”.

 “Hizo notar que han encontrado 10 ó 15 lugares por donde él (el Chapo) se mueve, pero que el Chapo comanda una amplia red de apoyo constituida por informantes y que tiene un cinturón de seguridad de hasta 300 hombres que dificultan el lanzamiento de operativos para su captura. La segunda fase consiste en desplazar un círculo de soldados dentro de las áreas donde opera, la cual Galván espera iniciar pronto. La tercera etapa es su captura”.

REVELAN PACTO

Miguel Ángel Vega
Riodoce.com.mx

Confiesa el Vicentillo que fue informante de la DEA a cambio de impunidad

El Gobierno estadounidense tiene años sabiendo cómo localizar a Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada, pero no los arrestan porque ambos informan a la DEA sobre bandas rivales que operan en México, revela una moción presentada por abogados de Vicente Zambada Niebla, como parte del desahogo de pruebas para demostrar que el Vicentillo actuó con Autoridad Pública para el tráfico de droga a Chicago y otras partes de Estados Unidos.

“La DEA acordó con el Chapo, el Mayo y otros líderes del cártel de Sinaloa no interferir con el tráfico de drogas que ellos realizaran, y también se comprometió a no arrestarlos, incluso, alertarlos si otras agencias mexicanas o estadounidenses entraban en su territorio”, se lee en la moción de 16 páginas, presentada el pasado 29 de julio en una corte federal, al norte de Chicago.

De fundamentar los abogados esa acusación, ya sea con grabaciones, videos o documentos, toda declaración hecha por el Gobierno estadounidense por acabar el tráfico de drogas, lo mismo que la recompensa de cinco millones de dólares que ofrece la DEA por capturar al Chapo o al Mayo, incluso la guerra contra las drogas que encabeza México y que ha costado miles de muertes en todo el país, resultaría apenas una pantomima que podría generar un escándalo mayor al de Rápido y furioso.

“Las pruebas están y en su momento serán presentadas”, dijeron los abogados del Vicentillo a Ríodoce, aunque sin precisar qué tipo de pruebas son.

El presunto pacto
De acuerdo con el documento 09-CR-00383 presentado ante la Corte, la defensa explica cómo en 1995 el cártel de Sinaloa se fue prestando para informar al Gobierno de Estados Unidos sobre sus distintas operaciones.

Todo comenzó —precisa el documento—, cuando Humberto Loya Castro, abogado del cártel y uno de sus principales consejeros, fue acusado junto con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada de dirigir el tráfico de droga de esa organización, según precisa la acusación 95-CR-0973 presentada ese año ante una corte federal del sur de California.

 Esa acusación habría de ser rechazada en el 2008, cuando la DEA expuso ante la Corte que Loya Castro tenía diez años informando al Gobierno de Estados Unidos sobre las operaciones que realizaba su organización y otros grupos delictivos de México.

De esa manera Loya Castro quedó eximido de toda acusación. No obstante, la necesidad de la DEA por conocer más sobre los cárteles en México, hizo que en algún punto, antes del 2004 y el 2010, el Gobierno de Estados Unidos acordara agregar como informantes al Chapo y Mayo, lo mismo que a otros líderes del cártel de Sinaloa.

Como recompensa, el Gobierno de Estados Unidos se comprometería a revocar toda acusación hecha contra Humberto Loya, además de no interferir con el tráfico de drogas que encabezaría el grupo que él representaba, como tampoco a arrestar, ni a él, ni al Chapo ni al Mayo, ni al Vicentillo.

 El pacto sin embargo, pronto habría de ser roto. Relaciones peligrosas Durante varios años, Loya Castro fue la única conexión entre el Gobierno de Estados Unidos y el cártel de Sinaloa, y funcionaba de la siguiente manera: Loya Castro se veía con el Chapo y el Mayo, y entonces se comunicaba con la gente de la DEA para elegir un punto de encuentro y ahí proporcionarles la información que previamente le habría entregado el Chapo y el Mayo, según expone el documento.

Tras el encuentro, ni lo agentes de la DEA ni el ICE, la otra agencia que aparentemente sabía de ese operativo, se comprometía a no seguir a Loya Castro cuando este iría a entrevistarse con los líderes del cártel de Sinaloa.

“Loya Castro decía a los agentes cuándo se vería con el Chapo o el Mayo, y el compromiso era no dirigir ningún tipo de espionaje o monitoreo para dar con el paradero de uno o de otro, por lo que ambos capos podían sentirse seguros”, expone el documento.

Además de esa protección, el Gobierno estadounidense se comprometía también a alertar a los líderes del cártel cuando agencias mexicanas o de Estados Unidos iniciaran una investigación, o bien, un operativo en territorios que fueran dirigidos por ellos.

 “Tenemos evidencia de cómo Loya Castro era informado por agentes de la DEA para que alertaran a sus jefes, aun cuando existían órdenes de aprehensión contra el Mayo, el Chapo y otros líderes del cártel, incluyendo al Vicentillo”, explica el documento.

Asimismo, agrega la defensa, el Gobierno de Estados Unidos no proporcionaba ningún tipo de información con el Gobierno de México, que pudiera afectar al cártel de Sinaloa, para con ello asegurar que no fueran arrestados.

 Así fue como todos los líderes del cártel de Sinaloa podían continuar sus actividades de tráfico de drogas, mientras proporcionaran informes sobre bandas rivales, incluyendo el Vicentillo, quien se había convertido en otro de los informantes del Gobierno estadounidense, y la DEA estaba consciente de ello.

 “Los representantes de la DEA dijeron que su gobierno estaba muy agradecido de la ayuda que significaba los informes dados por el Vicentillo”, señala el documento.

La traición
La noche que lo arrestaron, el Vicentillo venía de verse con agentes de la DEA. De acuerdo al documento, el encuentro se habría realizado en el hotel Sheraton de la Ciudad de México, el 17 marzo del 2009.

El objetivo era introducir a Zambada Niebla al Gobierno estadounidense con la intención de que él personalmente proporcionara información, pero al mismo tiempo, hacer que Loya Castro no fuera el único informante directo.

 “La DEA quería establecer una conexión más directa con otros miembros del cártel y Zambada Niebla pensaba que un acercamiento con el Gobierno de Estados Unidos les brindaría mayor protección y lo volvería inmune a cualquier arresto y acusación, razón por la cual accedió a verse con agentes de la DEA”, explica la moción.

La tarde del 17 de marzo, Zambada Niebla se habría de ver con representantes estadounidenses bajo el previo acuerdo que no sería arrestado, ya que lo único que la DEA deseaba era obtener información sobre cárteles rivales, y que incluso, altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos estaban enterados.

Ese compromiso hizo suponer al Vicentillo que toda acusación en su contra hecha por Estados Unidos sería revocada y que por tanto sería inmune a toda acusación futura.

Fue así que el Vicentillo aceptó el acuerdo y entonces se entrevistó con los agentes, a quienes proporcionó toda la información que llevaba consigo, a lo que los agentes de la DEA, aparentemente, “quedaron muy agradecidos” por el apoyo y entonces acordaron nuevamente verse en un futuro.

 Entonces, el hijo del Mayo Zambada abandonó la reunión. Poco más de cinco horas después el Vicentillo fue arrestado por elementos del Ejército mexicano en la colonia Jardines del Pedregal de la Ciudad de México.

Carta blanca para traficar
La moción de Zambada Niebla hace referencia a cómo el Gobierno de Estados Unidos históricamente ha proporcionado protección e inmunidad a grupos criminales a cambio de información, y en retorno, estos grupos cometen todo tipo de ilícitos, incluyendo homicidios, y tráfico de droga, como es el caso del cártel de Sinaloa.

 La estrategia se le conoce como Divide & Conquer (Divide y Conquistarás), y la fórmula funciona beneficiando a una organización para que le ayude a atacar a otras, algo que el Departamento de Justicia y varias de sus agencias ha implementado en México.

 En este caso, el Gobierno estadounidense logró un acuerdo con el cártel de Sinaloa para destruir otros cárteles de la droga. Bajo ese esquema, Estados Unidos dio Carta Blanca al Chapo, al Mayo y otros líderes del cártel de Sinaloa para transportar miles de toneladas a Chicago y otras partes de Estados Unidos, además del compromiso de no arrestarlos y fincarles acusaciones en cortes estadounidenses.

 “Bajo esa serie de esquemas, es evidente que Zambada Niebla actuó con Autoridad Pública, lo cual lo eximiría de las acusaciones que tiene en su contra”, señala el documento.

Igual que Rápido y furioso
De comprobar la defensa que efectivamente Zambada Niebla actuó con Autoridad Pública, el caso podría resultar tan polémico como Rápido y furioso, un operativo orquestado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego, Explosivos y Tabaco (ATF), en el que agentes de esa oficina permitieron el trasiego de miles de armas de Estados Unidos a México.

Al respecto, el Gobierno de Estados Unidos tendría que explicar, como actualmente ocurre con Rápido y furioso, los acuerdos hechos con el cártel de Sinaloa, ya que por una parte exige la destrucción y desmantelamiento de los cárteles de la droga, pero por otro pide la ayuda del cártel de Sinaloa, en tanto miles de toneladas de drogas son introducidas a Estados Unidos.

 Sobre esas acusaciones, ni la DEA ni el DOJ comentaron nada, “por la magnitud de las acusaciones, además de tratarse de un caso que aún se estaba ventilando en la Corte”. Randall Samborn, vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), dijo que no comentarían de momento nada referente a las pruebas presentadas por la defensa del Vicentillo, pero que los fiscales tendrían que responder a esos señalamientos para antes del 9 de septiembre.

“Es todo lo que tenemos que decir de momento”, dijo Randall en un escueto comunicado enviado a Ríodoce.

La conclusión
La moción concluye: “La evidencia indica que el Departamento de Justicia no solo permitió a criminales contrabandear armas, sino que con los dólares de los contribuyentes, en forma de pagos a informantes, pudo haber financiado a los que participan en tales actividades”.

 Es evidente que el FBI y otros representantes del Gobierno permitieron deliberadamente que algunas de las armas terminaran en las manos del cártel de Sinaloa y que algunas de las personas asesinadas por esas armas eran agentes de la ley.

“Zambada Niebla afirma que la documentación que solicita del Gobierno de EU, confirmará que las armas recibidas por los miembros del cártel de Sinaloa y sus líderes en la operación Rápido y furioso fueron recibidas conforme al acuerdo celebrado entre el Gobierno de los Estados Unidos y Loya Castro, en nombre del cártel de Sinaloa”.

 Los alegatos de Zambada Niebla, incluso hacen referencia al famoso caso de La Casa de la Muerte, llamado así por Narco News, que ha publicado una serie exhaustiva de reportajes de investigación sobre el caso de asesinatos en masa que se remontan a 2004, y del cual, Estados Unidos tiene material relativo a los asesinatos de La Casa de la Muerte, en Ciudad Juárez, y que fueron cometidos por informantes del gobierno de ese país.

 De acuerdo con el Informe de Evaluación Conjunta, los agentes del Gobierno de Estados Unidos sabían de los asesinatos que iban cometer sus informantes, pero no tomaron ninguna medida para informar ni al Gobierno mexicano ni a las víctimas, ya que determinaron que “era más importante proteger la identidad de sus informantes”.

 “Los informantes estaban ayudando al Gobierno de Estados Unidos en las investigaciones de los grandes narcotraficantes y el Gobierno determinó que la muerte de más de un centenar de ciudadanos mexicanos era un precio aceptable a pagar por lo que les permite continuar sus investigaciones de narcotráfico”.

 La pretensión desenmascarada
De acuerdo con una serie de entrevistas a exagentes de la DEA realizadas por Bill Conroy para el portal The Narcosphere, será difícil que Zambada Niebla compruebe que efectivamente actuó con Autoridad Pública, mientras que por otro lado, los fiscales del caso no descartan de manera absoluta que el Vicentillo “no era un activo del Gobierno estadounidense”.

Los fiscales solo exponen que “el Gobierno niega que el acusado (Zambada Niebla) tuvo autorización del poder público cuando cometió los delitos graves de los que se le acusa”.

Ello significa que aun cuando a Zambada Niebla se le hubiera ofrecido algún pacto a cambio de su cooperación, el acuerdo no procedería en los actos específicos que se le imputan en la acusación en su contra.

Los fiscales federales también piden que la corte ordene a Zambada Niebla que muestre, antes del juicio, “evidencia de que un oficial u oficiales específicos estadounidenses o funcionarios con autoridad real o aparente (le) autorizaron expresamente la importación de varios kilogramos de cocaína y heroína a los Estados Unidos, como se sostiene en la acusación, o que expresamente (le) aseguraron que estos hechos no revestían carácter penal, y que (él) razonablemente confió en estas comunicaciones”.

Narco News habló con varios exagentes de la DEA y el FBI sobre la afirmación de Zambada Niebla de que él trabajaba, en esencia, como informante para el Gobierno de los EU.

 Ninguno de los exagentes, que pidieron que sus nombres no se revelaran, se considera fuera del ámbito de la posibilidad de que Zambada Niebla podría haber llegado a un acuerdo con el Gobierno de los EU.

 “Para hacer esa afirmación, Zambada Niebla ha puesto sencillamente su vida en peligro al exhibirse a sí mismo como un informante, un movimiento extremo que parece indicar que al menos él cree que había un acuerdo en curso”, expone el exagente al portal.

 Todos los exagentes coinciden en que, a menos que Zambada Niebla cuente con una prueba legal de sus declaraciones, tiene pocas posibilidades de triunfar, y al menos uno de los exagentes dijo que los fiscales probablemente no lo habrían desafiado para producir esa prueba si no tuvieran un alto grado de confianza de que no existe.

Un exagente del FBI lo explicó de esta manera: “Las directrices generales del fiscal de los EU, para los informantes requiere que exista un documento escrito llamado un ‘memorándum (memo) que ampara actividades ilegales’, firmado por ambas partes.

En este documento se explica exactamente lo que el informante está autorizado a hacer y se le dice que puede ser procesado por cualquier otra actividad ilegal.

Esto debería ser proporcionado a la defensa en la averiguación previa, sin embargo, no siempre sucede. Algunos abogados no son conscientes de esto y no lo piden en la averiguación y el Gobierno no lo cede fácilmente.

 “Sospecho que el Gobierno no proporcionó este documento a la defensa y es por eso que ahora exige que el acusado provea pruebas de su estatus... Sería muy fácil demostrar lo que estaba autorizado a hacer teniendo el memo.

 (Así que) este puede ser un caso donde el memo nunca se elaboró”. Sin embargo, abogados y gente familiarizada con el caso, han repetido en varias ocasiones que ellos cuentan con pruebas fehacientes que en su momento utilizarán a favor del Vicentillo, y que es cuestión de esperar el momento indicado.

 “Hay documentos que han sido utilizados en corte, incluso, muchas de ellas utilizadas por agentes de la DEA y bajo juramento, y esas transcripciones las presentaremos en el momento indicado a favor de Zambada Niebla”, dijo una persona que está familiarizada con el caso.