martes, 14 de marzo de 2017

2018: ¿SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA OSORIO?

Por un diseño institucional que Miguel Ángel Osorio Chong impuso al equipo del Presidente electo Enrique Peña Nieto en septiembre de 2012, la Secretaría de Gobernación absorbió la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Osorio Chong alegó que de esa forma se tendría una mayor comunicación dentro del Gabinete, mediante la cual, como proclamó el entonces asesor colombiano de seguridad de Peña Nieto, el General Óscar Naranjo, la violencia se acabaría en los primeros 100 días de gobierno. Ese ajuste colocó al Secretario de Gobernación todo el sexenio sobre el tanque de dinamita que es la seguridad y que, al explotar, lo dañó. La estrategia de seguridad ha sido un fracaso.

Los homicidios dolosos no dejan de subir. De acuerdo con las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los 50 primeros meses del gobierno de Peña Nieto se presentaron 75 mil 475 denuncias de homicidios dolosos, que son aquellos donde el delincuente le quita la vida a una persona conociendo las consecuencias legales que esa acción significa. Para entender la magnitud de esta cifra, en comparación, las denuncias de homicidios dolosos durante el mismo periodo en el gobierno de Felipe Calderón, fueron 63 mil 94. Es decir, aumentaron 19.6 por ciento en el sexenio peñista.

La afirmación del equipo peñista de que se iba a reducir la violencia sin utilizar la violencia, sino a través de la prevención, se volvió una broma de mal gusto para los mexicanos. Las áreas de prevención se quedaron sin presupuesto para este año, y se tuvo que regresar a la violencia para combatir la violencia. Si los discursos cayeron a pedazos, la realidad hizo lo mismo con la estrategia. Sólo en los dos primeros años de gobierno se dio una ligera baja en las denuncias de homicidios dolosos, que repuntaron en agosto de 2015. Para el cierre de 2016, las denuncias de homicidio dolosos aumentaron 22 por ciento con respecto al año previo y el estado de México, la tierra de Peña Nieto, mantiene el primer lugar nacional.

El mayor número de denuncias de homicidio doloso que se ha dado fue en 2011, cuando alcanzó las 22 mil 852. En 2014 cayeron a 15 mil 653, y comenzó la debacle. En 2015 subieron a 17 mil 34 y al año siguiente a 20 mil 789, la tercera cifra más alta en la historia de las mediciones, superada sólo por los datos de 2011 y 2012. De mantenerse la tendencia actual, 2017 será el más violento en la historia de México. Sólo en enero de este año hubo mil 938 denuncias de homicidio doloso, que es el númerro más alto desde 1997, cuando se comenzó a medir la incidencia delictiva, 71 denuncias más, incluso, que enero de 2011, el año de mayor violencia.

En materia de resultados, Osorio Chong tiene un déficit importante. Tendría un argumento para balancear, que es la gobernabilidad, pero el tema más visible en este capítulo, que fue la revuelta magisterial contra la reforma educativa, Peña Nieto le acredita ese trabajo al entonces Subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, a quien premió con la cartera de Desarrollo Social. En esta misma línea de argumentación, si la seguridad es la primera preocupación que tienen los mexicanos, de acuerdo con el INEGI, el Secretario de Gobernación ha incumplido con su trabajo. Si la responsabilidad primaria de los gobiernos es proveer de seguridad a sus ciudadanos, entonces el de Peña Nieto ha incumplido con ella. Por tanto, si se trata de méritos, Osorio Chong no podría ser candidato a la Presidencia. Pero es cierto que si por méritos fuera, tampoco el Secretario Luis Videgaray cumplió con la encomienda de crecer al 5-6 por ciento que prometió Peña Nieto para el cierre de su gobierno, al encontrarse hoy en el umbral del 1.7 por ciento, con posibilidades de que baje aún más, como secuela de su manejo financiero en los cuatro primeros años del año.

Lo paradójico en el manejo de Peña Nieto de la baraja presidencial para 2018, es que a Videgaray sí le dio la oportunidad para recomponer su futuro y modificar su destino. Después del fiasco de la visita de Donald Trump a México en agosto, Peña Nieto lo empujó a que renunciara para llevarse con él todo el descrédito que aquél viaje provocó. Cuando Trump ganó la elección presidencial, Peña Nieto revivió a Videgaray como Secretario de Relaciones Exteriores, lo que le dio nuevo aire y un reto para vencer, que le permitiría reposicionarse como aspirante a la candidatura presidencial.

Osorio Chong no ha tenido esa señal por parte del Presidente. Videgaray se fue de Hacienda y Peña Nieto lo usó como consultor externo para que supervisara el proceso electoral en el estado de México, que al ser un tema de política interna correspondería al secretario de Gobernación, y le pidió en noviembre que hiciera contacto con el equipo de transición de Trump. Las señales que ha recibido el Secretario de Gobernación de su jefe no han sido, por lo que se ve en la arena pública, positivas o estimulantes.

Si Peña Nieto quiere mantenerlo vivo como candidato fuerte a la Presidencia, como luce en las encuestas entre los priistas, tiene que removerlo de Gobernación y permitirle una reinvención política, como lo hizo con Videgaray. Si no lo blinda para volverlo a impulsar, Osorio Chong se quedará, como nadie de su equipo lo esperaba al iniciar el gobierno, a la orilla del camino.

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twitter: @rivapa


(NOROESTE/ Estrictamente Personal/Raymundo Riva Palacio/ 14/03/2017 | 04:07 AM)

2018: LAS CARTAS DE PEÑA NIETO

Si en este momento el Presidente Enrique Peña Nieto decidiera su sucesor, la carta más fuerte a la mano, a decir de lo que se piensa en Los Pinos y en algunas de las oficinas de mayor poder, sería el Secretario de Salud, José Narro. De su baraja inicial, quedó en el camino Luis Videgaray, como Secretario de Hacienda, y a su sucesor, José Antonio Meade, la esperanza de la tecnocracia, el gasolinazo prácticamente sepultó sus aspiraciones. Aurelio Nuño, el Secretario de Educación, hace tiempo que tocó la retirada cuando sus alas, como las de Ícaro, se derritieron al acercarse al sol. En el caso del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha quedado claro que su viejo amigo el Presidente, lo desapoderó y ha permitido que Videgaray lo maltrate. El juego, sin embargo, está abierto, y las piezas serán movidas únicamente por Peña Nieto, quien no permite, comentan quienes han buscado hablar con él sobre este tema, establecer ningún tipo de diálogo que dé señales del camino por donde marchan sus pensamientos.

La baraja presidencial, presentada aquí como hipótesis de trabajo a partir de las consideraciones en los pasillos de poder, responden al momento actual de los secretarios. La opción de Narro es acariciada cada vez más por un mayor número de priistas, inconformes con la manera como han gobernado los secretarios de Peña Nieto y comportado con el partido. Muy cerca de los afectos del Presidente desde sus tiempos de Rector, esta posibilidad responde más al desgaste de quienes perfilaba Peña Nieto desde el primer tercio del sexenio, que no han crecido como alternativas claramente ganadoras.

Narro no debe ser visto como “el Bernie Sanders mexicano”, como superficialmente lo llaman en la prensa. Que parezcan contemporáneos aunque no lo sean, Sanders (75 años) y Narro (68), es la menor diferencia. Sanders se convirtió en un formidable aspirante a la candidatura demócrata a la Presidencia por su discurso disruptivo contra el status quo, más cercano a Donald Trump que a su rival en las primarias, Hillary Clinton. Narro no tiene un discurso contra lo establecido, y aunque se pueden trazar analogías socialdemócratas con el líder de la izquierda social, Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Salud no está en la lógica de que el régimen tiene que ser colapsado para construir uno nuevo.

No está Narro, sin embargo, en el ánimo de los presidenciables de Peña Nieto. Su relación con Videgaray nunca fue fluida cuando era Secretario de Hacienda, y la que tiene con Meade se enfrió antes de dejar la Rectoría de la UNAM, molesto por las posturas críticas de los especialistas en Ciudad Universitaria sobre la política social, cuya cartera encabezó. Otro secretario en la órbita tecnócrata, Nuño, tuvo fricciones con Narro en la UNAM al reclamarle declaraciones sobre política económica que no gustaban en Los Pinoss, y su buena relación con Osorio Chong se volvió a veces difícil y distante una vez que comenzó a mencionarse como aspirante a la candidatura presidencial.

Osorio Chong y Narro, empero, se encuentran en el lado político del Gabinete, que recién sufrió un revés cuando pese a su oposición por perjudicar la gobernabilidad, el gabinete económico convenció al Presidente que tenían que proseguir con la liberalización de los precios de los combustibles. No fue la única derrota sufrida por el Secretario de Gobernación, quien desde que regresó Videgaray al Gabinete como Secretario de Relaciones Exteriores, ha sido opacado. La forma como el Canciller ha asumido el control de los dos temas que más preocupan a Peña Nieto, el proceso electoral en el Estado de México, a través de una estructura impuesta que le responde a él, y de la relación con el Gobierno de Donald Trump, ha sido por encima del Secretario de Gobernación, que por diseño tendría que haber sido en quien cayera la responsabilidad sobre el proceso electoral y por competencia, quien encabezara la negociación en materia de seguridad con Washington.

Ni una ni otra para Osorio Chong. En el Estado de México el principal responsable es Nuño, y los cuadros que acompañan al candidato Alfredo del Mazo en el PRI y diseñan las estrategias de comunicación e imagen responden a Videgaray. Osorio Chong participa en el cuarto de guerra mexiquense, pero las decisiones finales no las toma él. Lo mismo se puede decir del tema de la seguridad con Estados Unidos, donde participa de las conversaciones bilaterales con el Secretario de Seguridad Interna, John Kelly, pero las decisiones finales no las están tomando a ese nivel, sino en la Casa Blanca, donde Videgaray es el único que entra a negociar con quien supervisa la estrategia global, el director del Consejo Nacional de Seguridad, el general H.R. McMaster.

Osorio Chong, pese a todo, continúa siendo el Secretario de mayor conocimiento en las encuestas hacia 2018. Meade ya asumió el compromiso del sacrificio para 2018, para manejar la política económica en un 2017 muy adverso. Nuño redujo su perfil en los medios, lo que le quitó presión pública, sin que le ayudara para consolidar la reforma educativa, cuya politización y judicialización lo anuló como interlocutor. Narro camina sin tantos obstáculos como sus colegas de Gabinete, pero el no tomarse en serio la candidatura le quita fuerza en los cabildeos para ganarla en otoño. Osorio Chong está herido casi mortalmente y a diferencia de Videgaray, el Presidente no le ha dado una nueva oportunidad. Pero de ellos dos, se hablará más adelante.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa


(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 13/03/2017 | 04:08 AM)   

VAN 305 ASESINATOS... Y SÓLO 13 DETENIDOS EN SINALOA

Por cada 23 homicidios en el estado, sólo se registra una detención, de acuerdo a cifras de la PGJE


Foto: IONSA

Los homicidios se vuelven más cruentos en el estado, ayer un padre fue asesinado cuando llevaba a su hijo al kínder.
Por cada 23 asesinatos en Sinaloa, hay una persona detenida, de acuerdo con las cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

Las autoridades de Sinaloa no tienen un plan para resolver los casos de inseguridad en Sinaloa y los resultados son que en el año van 305 asesinatos, hasta ayer, de los cuales sólo han detenido a 13 personas, es decir, sólo el 4 por ciento de ese tipo de delitos.

De acuerdo con el análisis de la Procuraduría General de Justicia, la mayoría de los asesinatos son a causa de riñas entre grupos armados, los que al mismo tiempo buscan controlar zonas para el trasiego de drogas ilegales y combustible clandestino.

Esas riñas, según Martín Robles Armenta, Subprocurador General de Justicia en Sinaloa, se han dado principalmente en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Navolato, siendo este último municipio el de mayor número de enfrentamientos.

"Se han tenido grandes acercamientos con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con el Ejército con el fin de prestar especial atención algunas zonas de Navolato, precisamente lo que son las comunidades o sindicaturas de Villa Juárez, Villa Adolfo López Mateos, Ángel Flores que tiene que ver con un tema también de homicidio, enfrentamientos y robo de combustibles ese sector", dijo.

La estadística de la Procuraduría establece que al menos el 85 por ciento de los asesinatos son por riñas entre grupos armados, en donde también han resultado víctimas circunstanciales.

Los dos últimos casos se registraron en Navolato. El primero sucedió 7 de febrero, donde murieron de forma circunstancial tres personas, entre ellas una mujer de 25 años, a causa de balas que fueron disparadas sin un objetivo específico por un grupo armado.

El segundo caso sucedió el 10 de marzo, en Navolato, donde una mujer embarazada, con 8 meses de gestación, fue víctima de una bala perdida de un enfrentamiento. Ella y su bebé murieron.

En ninguno de los dos casos hay personas detenidas, como ha sucedido con el 96 por ciento de los asesinatos desde que empezó el año.

Robles Armenta dijo que el acuerdo de la Federación y el Gobierno del Estado es que se reforzará a los municipios con operativos especiales, en los que se enviará a elementos federales para buscar disminuir la violencia.

"No se van a cesar los operativos, la presencia, esto tiene que bajar. Si hay necesidad de incrementar el número de elementos se va a hacer, esas son las reuniones que se han tenido en instancias de la Federación y la ´propia Procuraduría General de Justicia del Estado", dijo.

305 
Personas asesinadas hasta ayer

13 
Personas han sido detenciones

96% 
Es la impunidad registrada


(NOROESTE/ Marcos Vizcarra14/03/2017 | 04:03 AM)

ÓSCAR, EUSTAQUIO, SOSA: LOS HIJOS DE MILLÁN


ISLA MUSALA. Obra de Millán, HOMEX, Toño Sosa y Óscar Lara.

Como si a Sinaloa le faltaran motivos para el escarnio, ahora una de sus empresas más grandes e importantes —no precisamente prestigiadas— HOMEX, es acusada en los Estados Unidos por fraude. Casi por nada nada: utilizó información falsa para incrementar el precio de sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Hace unas semanas, otro sinaloense importante —tampoco necesariamente prestigiado—, Óscar Lara Aréchiga, ex diputado federal y ex tesorero en dos administraciones estatales, fue boletinado por un banco europeo bajo la presunción de estar lavando dinero del cártel de Sinaloa.

Desde hace mucho tiempo, otro personaje, también empresario y muy ligado a la clase política, Carlos Antonio Sosa Valencia, ha sido vinculado a procesos judiciales en los que han aflorado relaciones con personajes del mundo criminal.

Todos ellos con una marca, un sello, una huella indeleble, una sombra protectora, cómplice, alcahueta y nunca desinteresada: Juan Sigfrido Millán Lizárraga, el ex gobernador de Sinaloa.

Siendo gobernador, Millán Lizárraga acompañó a los directivos de HOMEX, el día en que la empresa incursionó en el mundo bursátil. Era junio de 2004, el último año de gobierno de Juan Millán y para eso ya se habían cumplido muchos episodios de un amasiato entre los empresarios y el político, que documentaban el apoyo que, desde el gobierno, el rosarense les había brindado. Ahí estaban el estadio de futbol BANORTE y su equipo Dorados, y el edificio que alberga a la Unidad de Servicios Administrativos, USE que, a la fecha, después de turbios manejos legales, no se sabe a quién pertenece. Y también vastos polígonos en el Desarrollo Urbano Tres Ríos que HOMEX adquirió casi regalados para la construcción de fraccionamientos que luego terminaron debajo del agua porque los proyectos se hicieron para hacer dinero, sin importarles el patrimonio de la gente. Y ahí están las privadas de la Isla Musala inundadas por el huracán “Manuel”, como ejemplo trágico.

No es casualidad que en la proyección, construcción y comercialización del complejo Isla Musala converjan los tres personajes ahora en líos legales, dos de ellos claramente en tribunales internacionales. Antonio Sosa Valencia fue beneficiado con terrenos en la Isla, pero además le adjudicaron las obras de vialidad principales, entre ellas los dos puentes. Y quien se encargó de pagarle fue Óscar Lara, como tesorero estatal. Ya encaminado el proyecto, HOMEX, propiedad de Eustaquio de Nicolás, construyó las privadas.

Sosa Valencia había apoyado financieramente la campaña de Juan Millán en 1998 y por ello se explica que un día después de que Juan Millán tomó posesión del cargo como gobernador, Sosa Valencia adquirió la constructora Inzunza, que era propiedad de amigos suyos de Guamúchil. Con esa empresa y con la Constructora Mocorito, que creó con la misma rapidez con que se consume un cubo de hielo en un bar, Sosa hizo los grandes negocios en Sinaloa, siempre de la mano de Millán Lizárraga… y de otras manos.

Siempre se dijo —fueron los panistas los primeros que lo denunciaron públicamente en la campaña estatal de 2004— que Antonio Sosa se dedicaba a lavar dinero del narcotráfico. Será casualidad, pero en un litigio todavía abierto en Baja California Sur, afloró que este amigo de Juan Millán era representante legal de Mario Beltrán Leyva —hermano de Arturo Beltrán Leyva, muerto por la Marina el 9 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos—, de acuerdo con “un poder que data de 2002, suscrito por el Notario Público No.83, Eduardo Niebla Álvarez, en Culiacán, Sinaloa”, según lo publicó el semanario ZETA de Tijuana, en junio de 2014.

De Óscar Lara Aréchiga, Ríodoce acaba de publicar hace tres semanas su crecimiento empresarial a partir de que asume la tesorería estatal bajo el gobierno de Juan Millán Lizárraga. Un imperio creado por él y utilizando el nombre de su hermano José Luis que incluye al menos 20 empresas entre agrícolas y mineras, construcción, gasolineras, bienes raíces y de asesoría financiera.

BOLA Y CADENA

NO ES CASUAL QUE, UNA VEZ QUE A JUAN MILLÁN se le acabó el tiempo en la administración, quiso, junto con Lara Aréchiga, conformar un banco. Óscar trabajó todo el entramado legal pero algo falló y no obtuvieron el permiso para hacerlo. No aparecería Juan en la polla, pero sí su hermano Enrique, que no tiene por qué tener un peso en la bolsa, pero sí aparece como accionista en muchas empresas ¿Quién es el propietario del edificio que alberga al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que se ubica precisamente en la zona del corporativo HOMEX, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos?  ¿Por qué una vez que Eustaquio de Nicolás crea el club Dorados se incorpora Óscar Lara como accionista? ¿Quién fue el eje central de este nudo de negocios turbios y complicidades?

SENTIDO CONTRARIO

DESPUÉS DE ABRIR EL COFRE —como lo hizo Ríodoce en la edición pasada— y ver el tesoro que yace en las cuentas del STASE, se puede comprender que la lucha por la dirigencia esté llena de tanta mugre. Los trabajadores como siempre: jodidos y en su mayoría manipulados.

HUMO NEGRO

ESTE MARZO DE CUMPLEN 15 AÑOS en los que la preparatoria el CBTA 133, “Rafael Buelna Tenorio” y el club de lectura “La Hojarasca”, de Recoveco, Mocorito, llevan a cabo la Semana Cultural “Gabriel García Márquez”, donde se dictan conferencias y se realizan presentaciones de libros, obras de teatro, cine y música. Esta labor es iniciativa del maestro Cruz Hernández, pero todo el plantel, alumnos y maestros, se ha sumado año con año, haciendo de este festejo y honor a las letras y a las artes una tradición que no solo debe merecer aplausos, sino todo el apoyo de las instituciones que han sido creadas para apoyar a la cultura. Abrazos solidarios hasta este Macondo en que se ha convertido Recoveco.


(RIODOCE/ COLUMNA “ALTARES Y SÓTANOS” DE ISMAEL BOJÓRQUEZ/ 13 marzo, 2017)

33 AÑOS


En su cumpleaños, la familia le hizo un pastel y algo de comida para sus amigos del barrio y de la escuela. Doce años. Pastel de chocolate, refrescos, palomitas, papas de la Sabritas, pizza y rolas de Shakira. Un punto negro, una horadación, en esa semilla que ya era su vida lo hizo decir que sí a uno de sus vecinos: en la parte de atrás de la casa le ofreció un toque de cigarro de mariguana.

Agarró el churro y le pegó hondo. Se quedó quieto, en silencio, mirando a la nada. Y dijo esto es mágico. Regresó a la fiesta de su cumple y se sintió flotando. Entre la música, el griterío y la comida, nadie se percató que él andaba bien pacheco. Pronto le entró a las metanfetaminas y de ahí el brinco fue fácil para esnifar cocaína.

Su madre le dijo al padre. Bajó sus calificaciones y terminó en la calle, en lugar de la escuela. No quisieron regañarlo. Les molestaba el qué dirán. Sin preguntarle, lo metieron a un centro de rehabilitación, pero fue peor. De la prepa saltó sin red al posgrado en drogas e ilícitos.

No tardó mucho en ingresar al penal. Asaltos y robos, habían sido sus delitos más constantes. Una que otra riña o alteración del orden público: las suelas gastadas, tallando el pavimento y encharcándose en el fango, el polvo en las pestañas y en esa mirada fija, de ojos volteados que no reaccionan, los brazos flacos de sus senderos sórdidos, los pies a rastras pero sin surcar, la sangre al estilo Pollock en su piel y en la camisa.

Ingresó por robos y luego repitió por secuestro. En el penal primero fueron tres años, luego cinco y después entraba y salía como quien viaja y regresa a su vecindario. A veces iba a casa, con su madre. Sentado en un sillón, su conciencia no alcanzaba para sostener una conversación con ella o hermanos. Eran los restos, lo que quedaba de ese chapuzón temprano en las arenas movedizas de la perdición.

Una noche recibieron la llamada. Esos ring que se esperan siempre ya tarde o de madrugada. Esperar, esperando que no lleguen al teléfono de la recámara. Lo persiguieron en carro y luego a pie. Lo corretearon por calles y callejones. Primero a golpes, tablazos, cadenazos. Trescientos metros entre los recovecos del arroyo, abajo del puente, en medio del bledal, a machetazos. Qué importa si fue una deuda, un pleito pendiente. Le tiraban y tiraban y seguro estaban de que le daban, pero él seguía: se agachaba, se hacía a los lados, caminaba y corría como rengo y luego se recuperaba y de nuevo tomaba velocidad y de nuevo tras él, y a ratos se les perdía.

Le dieron machetazos y tres balazos para que no se levante más. En las bolsas del pantalón encontraron su credencial y un número de teléfono anotado en un papel viejo, con tinta borrosa: mamá.


(RIODOCE/ COLUMNA “MALAYERBA”  DE JAVIER VALDEZ/ 13 marzo, 2017)

ACRIBILLAN A DOS JÓVENES FRENTE AL MZ DE VILLA JUÁREZ

Dos jóvenes fueron asesinados con cuerno de chivo y una arma calibre 9 milímetros, frente al MZ de Villa Juárez.

Las víctimas fueron identificadas con los nombres de Édgar Guadalupe Loya Armenta, de 20 años y Luis Ángel Molina Hernández, de 20 años.

Alrededor de las 19:35 horas, los jóvenes circulaban en  una moto Italika roja, sin placas, en la avenida Francisco Zarco de la colonia Centro, cuando les dispararon.

Ambos cayeron malheridos en la calle y murieron instantáneamente a consecuencia de los disparos.


(RIODOCE/ REDACCION/ 13 marzo, 2017)

LOS ZETAS, EL GOLFO, NORESTE Y LOS BELTRÁN LEYVA PELEAN NUEVO LEÓN


MONTERREY, N.L. (apro).- El repunte criminal que se ha experimentado en la zona metropolitana de Nuevo León en las semanas recientes obedece a una disputa que cuatro carteles sostienen por posicionarse en la entidad, informó este lunes una fuente de inteligencia de la localidad.

En el municipio de Escobedo buscan tomar control los carteles de Los Zetas y el del Noreste, que entablan una lucha a muerte. En Santa Catarina, la guerra está desatada entre estas mismas organizaciones, pero también entre el Cartel del Golfo y el de los Beltrán Leyva, reveló el informante a apro.

Estos dos municipios fueron mencionados hoy por el vocero de seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, como los que concentran los mayores casos de violencia en la entidad, en el contexto de los reacomodos y las disputas de las bandas criminales.

La alarma surge porque más de la mitad de los homicidios que han ocurrido se relaciona con grupos delictivos, refirió.


“Escobedo y Santa Catarina se nos han vuelto focos rojos en cuanto a crimen organizado. Más de 60% de los homicidios proceden de estas causas. Es accidental que residan ahí, temporalmente, algunos miembros de la delincuencia organizada en esos municipios”, explicó.

Fasci Zuazua precisó que actualmente existe una pelea abierta entre los grupos de delincuencia organizada, similar al que ocurrió entre el 2010 y el 2011, en Monterrey, cuando la violencia alcanzó niveles históricos en la entidad.

“En ese tiempo, todos los cárteles del crimen organizado vinieron a pelearse aquí, a tener una guerra en la ciudad. Fue accidental, pero ocurrió aquí. Y llegamos a tener dos mil ejecutados en un año. Es lo que pasa en Escobedo y Santa Catarina. Es accidental pero pasa en esos municipios”, enfatizó.

Antes de la crisis de violencia, en la capital de Nuevo León se reportaban anualmente 600 homicidios, de los cuales 100 correspondían al crimen organizado. Sin embargo, en el 2011hubo dos mil 300 homicidios, de los cuales casi dos mil fueron ejecuciones, un ascenso que rebasó todas las estadísticas.

Luego de esa crisis, hubo un descenso de 30% en ejecuciones que hoy alcanzan 60% de las muertes violentas.

Las balaceras que se observan obedecen a los procedimientos que tienen los cárteles para manejar sus actividades ilegales, pues ejecutan a los subalternos que no rinden buenas cuentas o los que no piden permiso para vender droga, precisó el vocero de Seguridad estatal.

La manera del gobierno de Nuevo León para frenar la violencia creciente es a través de la depuración interna de las corporaciones para hacer más efectivo el combate a los criminales, arrestándolos.

“No es una lucha por territorio, como en el 2011. Este es un tema de ajuste de cuentas. De todas formas, saber esto no nos resuelve nada. Lo único que nos sirve es detener a las personas y para ello tenemos que hacer ajustes serios en la agencia de investigaciones y en el área de Antisecuestros”, afirmó.

ANUNCIA LIMPIA EN LA MINISTERIAL

El vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, reveló que hay investigaciones en curso para conocer si en la Procuraduría estatal y en otros cuerpos policiacos existen elementos criminales infiltrados.

Con la llegada, la semana pasada de Bernardo González como procurador, también habrá una reestructuración en la Agencia Estatal de Investigaciones y en las demás áreas de la dependencia, anunció.

“Hay una investigación en curso para deslindar o ligar la posible participación de algunos elementos policiacos, no necesariamente ministeriales, que se dice pueden ser elementos policiacos. Tenemos también muy claro que hay secuestradores que se hicieron pasar por policías pero no estamos descartando nada. Debemos llegar al fondo y esto nos va a llevar a la reestructuración, la revisión de los perfiles y una limpia”, dijo.

Al referirse a los cuerpos mutilados de tres hombres encontrados el miércoles de la semana pasada embolsados en el interior de una camioneta abandonada en Escobedo, Fasci explicó que las víctimas fueron asesinadas en Tamaulipas y sus despojos fueron dejados en Nuevo León.

Estas personas llevaban hacia la frontera tamaulipeca mercancía que calificó como “ilegal”, y allá fueron secuestradas y asesinadas, antes de tirar sus partes en el estado vecino.


(PROCESO/ LUCIANO CAMPOS GARZA/13 MARZO, 2017)

ENCUENTRAN LOS CUERPOS MUTILADOS DE TRES PERSONAS EN NUEVO LEÓN


MONTERREY, NL (apro).- Los restos mutilados de tres personas fueron abandonados la noche del lunes a un costado de la Carretera a Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, informaron autoridades.

Transeúntes que caminaban a un costado de la vía interestatal, vieron en el acotamiento del lado norte varias bolsas negras sobre las cuáles estaba un mensaje de amenaza escrito a mano en una cartulina.

De acuerdo con algunos testimonios, a las 22:00 horas desconocidos que se transportaban en una camioneta dejaron en el entronque a García los envoltorios y se retiraron.

Este hallazgo es muy parecido al que se registró el pasado miércoles, cuando fueron encontradas varias bolsas en el interior de una camioneta abandonada, en calles del municipio de Escobedo.

En el interior estaban partes cercenadas de tres personas, que aparentemente se dedicaban a actividades ilícitas y que tras ser secuestradas y ejecutadas en Tamaulipas, fueron descuartizadas y sus restos dejados en Nuevo león.

En otro hecho, la noche del lunes fue encontrado el cadáver de un hombre acribillado a tiros a un costado de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Ciénega de Flores, 30 kilómetros al norte de la capital.

El hombre, que no ha sido identificado, tenía varios tatuajes en los brazos. A un lado del cadáver había un mensaje, por lo que se supone que el crimen está asociado con la delincuencia organizada.


(PROCESO/ LUCIANO CAMPOS GARZA/14 MARZO, 2017)

DOS TORRES MILLONARIAS, LIGADAS A POLÍTICOS, CAUSAN DUDAS LEGALES EN CUAJIMALPA, DENUNCIAN VECINOS


Dos edificios que serían vendidos en millones de dólares son construidos en la Delegación Cuajimalpa mientras sus registros de Manifestación de Construcción aún siguen en duda, sostuvieron sentencias de primera instancia. Las decisiones en tribunales han sido interpeladas por los empresarios de la construcción y las autoridades de la Delegación Cuajimalpa, quienes pudieron haberse saltado la Ley al darle luz verde a la construcción de 56 departamentos exclusivos. Las irregularidades en las construcciones de la Ciudad de México se cuecen entre grandes inmobiliarios y autoridades, destacan especialistas. A continuación el caso de las Torres Dátil, donde los empresarios, de la mano de la autoridad, han decidido terminar una construcción pese a la oposición de los vecinos.

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– Un negocio inmobiliario irregular ha sido impulsado por al menos tres jefes delegacionales de Cuajimalpa. Vecinos del Club de Golf Bosques han solicitado la suspensión voluntaria de una construcción millonaria de dos torres dentro del residencial; sin embargo, tanto empresarios, como autoridades se oponen.

La Asociación de Condóminos Olivos 114 sostuvo que la desarrolladora Club de Golf Bosques S.A., tal como aparece en una resolución judicial, ha construido las llamadas torres Dátil 1 y 2 sobre una zona que prohibe una obra de tal envergadura.

“Lo sensato sería suspender la obra hasta la resolución total de los juicios que se tienen en curso y que sólo en caso que los juicios fuesen resueltos de manera favorable a los intereses del Desarrollador esta pudiese continuar“, citó la Asociación en un reporte dirigido al desarrollador y Comité Ejecutivo del Club de Golf Bosques.

A la espera de lo que suceda en los tribunales y sin recibir una suspensión, la empresa ha continuado la construcción de ambas torres residenciales de lujo de 16 niveles, sostuvo el grupo vecinal.

Los departamentos, según anuncian los inmobiliarios, oscilan en precios que van de 2.20 a 4.58 millones de dólares, por espacios entre los 566 y mil 273 metros cuadrados.

Además, las autoridades de Cuajimalpa también se han involucrado legalmente para que la construcción continúe; ellos presentaron un recurso de queja a otra sentencia, radicada en el expediente número 1766/2015, del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recordó la Asociación.

Dicho juicio fue abierto por vecinos con el propósito de frenar la obra, ya que se erige sobre la Zona Especial de Desarrollo Controlado (ZEDEC) Vista Hermosa, que desde 1994 impone una serie de reglas de construcción, como una altura máxima de 10 niveles.

Pese a que el perito José Guadalupe Beltrán del Oso ante el Poder Judicial de la Federación determinó que la construcción sí se encontraba dentro de esta zona, la administración del Jefe Delegacional Miguel Ángel Salazar interpuso una queja, detalló el grupo.


Foto: Peritaje oficial

Los ex jefes delegacionales de Cuajimalpa, Remedios Ledesma y Adrián Rubalcava Suárez, violentaron los derechos humanos de los vecinos al recibir Manifiestos de Construcción anómalos, de acuerdo con la argumentación del Magistrado Jorge Antonio Martínez Maldonado en una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México.

La administración de Ledesma recibió en 2006 el Registro de la obra de 16 niveles con número de folio VI-M/083/06; mientras que Adrián Rubalcava Suárez, con el folio V1MC/004/14, conservó el número de pisos de la obra y amplió la posibilidad de un sótano más, con el fin de que fuesen cuatro en total.

Tanto Remedios, perredista, y Rubalcava, priísta, incumplieron con una de las obligaciones de ser Jefe Delegacional, señalada en el artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano:

“Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su Delegación conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que la manifestación de construcción cumpla con los requisitos previstos y se proponga respecto de suelo urbano”.

Sobre otros casos similares que ha trabajado Suma Urbana, la dirigente Josefina Mac Gregor resaltó que es obligación de las autoridades verificar que el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo y la Manifestación de Construcción vaya de acuerdo a lo que dice el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Delegacional.

En agosto, el Tribunal resolvió declarar la nulidad de los registros de construcción, dado que las torres dátiles no respetan las disposiciones de la declaratoria de la ZEDEC. Sin embargo, esta sentencia fue apelada por el desarrollador.


En cuanto a la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), el Tribunal dejó sin efecto posibles procesos en contra de las autoridades involucradas en el registro de las Manifestaciones de Construcción.

¿Qué pasa con una construcción una vez que un juez determine que fue construida de manera irregular?

“Lo que se llama una retención del folio real. Ya no se podría adjudicarle este bien a nadie. Ahora el Juez es quien determina qué procede. Y esto es una de las peores cosas que pueden pasarle a un constructor porque prohíbe comercializar este bien [inmueble]”, dijo Mac Gregor, en su experiencia con otros casos.

SIN SANCIONES



Con suéter de color rosa Remedios Ledesma; las fechas del recibimiento de los registros de Manifestación de Construcción irregulares concuerdan con su administración. Foto: Vía Facebook

En los juicios por las torres dátiles no se hace mención de nombres de autoridades, pero sí de sus cargos y las fechas en las que recibieron los registros de Manifestación de Construcción. Sin embargo, el propósito de las resoluciones se limitan a la reparación del daño y no a sancionar a autoridades.

Josefina Mac Gregor explicó que estas situaciones son comunes en la Ciudad de México. Y dijo que es difícil lograr tanto la reparación, como una sanción para autoridades que realicen operaciones anómalas.

La especialista apuntó que éste tipo de denuncias de anomalías en los registros de Manifestación de Construcción suelen estancarse por la falta de verificación de las autoridades delegacionales, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y Contraloría Interna de la Delegación.

“Yo le podría decir que ha habido algunas inhabilitaciones a autoridades hasta por diez años, pero después usted se da cuenta que esa persona está trabajando en otra delegación. Las sanciones que existen no se aplican porque la Ley no indica claramente quien las debe aplicar”, criticó Mac Gregor.

ESCÁNDALOS EN EL PASADO



El Asambleista Adrián Rubalcava (corbata celeste) ha tenido un paso turbulento por la administración pública. foto: Carlos Maruri, Cuartoscuro

Malos manejos en la administración pública han caracterizado el paso de Adrián Rubalcava en la gestión pública. El hoy Diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha sido señalado de agresiones a medios, periodistas y vínculos con grupos de choque.

El 7 de mayo de 2015, el entonces Jefe Delegacional con licencia terminó involucrado en un enfrentamiento entre simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PRD, que dejó 30 heridos.

El PRD señaló a Héctor González, hermano de Claudio González González, dirigente de un grupo de golpeadores denominado “Los Claudios”, de estar detrás de la agresión a los afiliados del Sol Azteca.

Más tarde a este mismo grupo de choque se la atribuyó la invasión a un edificio en la calle Benjamín Hill 261 de la Colonia Condesa, de la Delegación Cuauhtémoc. En junio del año pasado, las autoridades judiciales catearon el edificio, encontrando documentos y uniformes de la delegación Cuajimalpa.

En uno de los cuartos del edificio se encontraron correos electrónicos y una cuenta de Twitter de la Delegación Cuajimalpa, que compartía los mensajes de Rubalcava en esta red social.

No obstante, no existió una orden penal que vinculara al Asambleísta con los malhechores. Rubalcava se presentó a declarar voluntariamente a la Procuraduría de la Ciudad de México para aclarar su situación.


(SIN EMBARGO.MX/ Juan Luis García Hernández/ marzo 11, 2017 - 5:58 pm)

EL VALLE TIERRA DE NADIE


FOTOS: Sergio Haro.- Hermana y cuñado del joven desaparecido en el km 43 por agentes de la PEP

Por la lejanía física y administrativa en las comunidades del Valle de Mexicali, en el tema de seguridad impera la ley del más armado. Agentes de las corporaciones cometen desmanes, pocas veces denunciados,  amparados en que son la Ley. “Se protegen entre ellos”, reclaman ciudadanos que se consideran en la indefensión

“Yo lo único que quiero es que se haga justicia, que se castigue a los responsables”, comenta Irene, madre del joven Antonio Cervantes Muñoz, abatido por policías municipales la mañana del 30 de noviembre de 2015 en un domicilio del Ejido Oviedo Mota, en pleno Valle de Mexicali. “La mayoría de las quejas que tenemos aquí son relacionadas con eventos de detenciones arbitrarias de los policías municipales de aquí y de varios de los ejidos.

Los estatales también vienen y hacen cateos irregulares”, refiere por su parte Reynaldo Aviña, encargado de la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el poblado Guadalupe Victoria.

“A más de veinte familias se les han metido en su casa en los últimos cinco años. Aparte hay otros casos que por temor ni siquiera denuncian”, sostiene.

En específico, en el expediente del homicidio del joven Cervantes ocurrido hace 15 meses, derivó una recomendación de la CEDH -emitida hace cuatro meses- al Ayuntamiento de Mexicali, la cual fue aceptada, pero a la fecha no hay acciones ni sanciones concretas.

Similar indolencia deja ver la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde tampoco atienden la recomendación de la CEDH, de profundizar en la investigación porque podría tratarse de una ejecución donde participaron al menos tres agentes de la Policía Municipal de Mexicali.

A unos kilómetros hacia el Este se ubica el poblado conocido como Ciudad Guadalupe Victoria y/o Kilómetro 43, la familia de  Jesús Francisco Balderrama Sánchez, desaparecido en abril de 2011 por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), también padece la ausencia de justicia y lo ha hecho por más tiempo.

A casi seis años del incidente, el caso tomó vigencia porque tres de los ocho agentes estatales involucrados se encuentran sujetos a juicio.

De acuerdo a datos extraoficiales, las órdenes de aprehensión fueron emitidas desde el 14 de octubre de 2016, y el primero de los ex agentes fue detenido hasta cuatro meses después.

 “Lo que quisiera saber es dónde está mi hermano”, cuestiona Mayra Balderrama, familiar del muchacho desaparecido.

 De acuerdo al testimonio de César Hernández -su marido-, elementos de la PEP estuvieron hostigándolos para que quitaran de una pared de su casa,  la lona donde denuncian la desaparición y exigen justicia.

Por el hostigamiento, César y su esposa denunciaron ante personal de la CEDH en el poblado y se abrió un nuevo expediente del caso, lo que parece apresuró -después de más de cinco años- la emisión de órdenes de aprehensión y el inicio de los tres juicios que se llevan por el mismo caso.

“Se tapan unos a otros”, consideró Hernández, ya que hasta el momento no han podido obtener los datos del geoposicionador satelital de las tres patrullas de la PEP en que se trasladaron los agentes involucrados en la desaparición.  

ASESINATO EN EJIDO OVIEDO MOTA

El caso del homicidio de Antonio Cervantes Muñoz alias “El Toñín” resulta ilustrativo.

La mañana del lunes 30 de noviembre fue abatido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, en un operativo que involucró a medio centenar de agentes de diversas corporaciones, pero encabezado por policías municipales.

El antecedente lo aportó la joven Melissa González -pareja de Cervantes-, quien denunció cómo agentes municipales habían ingresado violentamente en su domicilio buscando a su pareja, advirtiéndole que donde lo encontraran, lo iban a matar.

Por eso, esa mañana en cuanto “El Toñín” observó a los municipales inició una loca carrera que culminó en la casa de un pariente, donde se escondió, lo rodearon y -según testigos- cuando pretendía entregarse fue abatido. (ZETA edición 2176, 4 de diciembre de 2015).



 Jorge Luis, el otro ex agente de la PEP

Los familiares interpusieron una queja ante la CEDH, incluso algunas de las personas que aportaron su testimonio fueron hostigadas por agentes municipales y detenidas en varias ocasiones.

El 18 de noviembre de 2016, la CEDH emitió la Recomendación 12/2016, dirigida a Jaime Rafael Díaz Ochoa, alcalde de Mexicali que estaba a 12 días de dejar el cargo.

En el documento de 80 páginas se detalla la investigación realizada por personal de esa instancia y de ahí deriva la posibilidad de que al menos tres agentes –los identifica como AR1, AR2 y AR3- fueron los que dispararon, incluso en el documento queda abierta la posibilidad de que si le hayan dado el tiro de gracia.

Además, en la recomendación se incluye la necesaria investigación del caso por parte de la PGJE, ya que de acuerdo a los diversos testimonios, queda en duda la “legítima defensa” justificada por los agentes involucrados.

Félix Vidáuri, pareja de la madre del joven abatido, dice que han estado en comunicación con personal de la CEDH de Tijuana para recibir informes semanales de los avances.

“Le han dirigido la recomendación al Municipio y al Gobierno del Estado, pero según el decir de ellos, no han obtenido respuesta en virtud de que el Centro Cívico había estado tomado por manifestantes”, indica.

Pero el Ayuntamiento solo estuvo “tomado” tres semanas y la recomendación fue emitida hace casi cuatro meses.

Acorde con Vidáuri, personal de la CEDH les comentó que “ya había contestado el Municipio y designaron a alguien del Departamento Jurídico del Ayuntamiento. Nos dijeron que estuviéramos al tanto porque les ampliaron el periodo y que el gobierno ya había aceptado la recomendación”.

Pero los familiares del muchacho abatido por municipales no cuentan con más información.

Según la recomendación, se debe proceder a la reparación del daño, gestionar ante el Ministerio Público para que profundice en la investigación y la necesaria capacitación a los agentes policiacos.

Además, incluye la creación de un ordenamiento jurídico donde se regule el uso de la fuerza en los elementos de Seguridad Pública en la entidad. Nada de esto se ha concretado.



Mariela, la ex agente en audiencia

“Desde que se puso la demanda yo pedí se les castigara con cárcel a los policías que salieran responsables de la muerte de mi hijo. Fue un asesinato y a él ya se lo habían mandado decir desde mucho tiempo atrás“, argumenta Irene Muñoz.

“Los cuerpos policiacos tratan de protegerse unos a otros, todos parecen tener un común denominador”, considera por su parte Félix Vidáuri sobre la indolencia de las corporaciones.  

Desaparecido no resistió interrogatorio-tortura

Otro caso emblemático es el de Jesús Francisco Balderrama, desaparecido tras un operativo de agentes de la PEP en abril del 2011.

Ese día un grupo de esa corporación -ocho elementos-, a bordo de tres patrullas pintadas azul y blanco con logos de esa dependencia encabezaron una serie de “reventones” en diferentes lugares del Valle de Mexicali cercanos al Kilómetro 43.

De hecho Francisco Javier Amador Villacaña, uno de los testigos de la desaparición del joven Balderrama, fue detenido en su domicilio y señaló que agentes estatales se metieron a su casa y lo levantaron de su cama para después subirlo a una de las patrullas.

Luego fueron hasta una vivienda de la calle Quinta -zona muy concurrida-, e igual se metieron con lujo de violencia. Ahí se encontraba Balderrama, quien fue torturado.

Amador declaró haber visto cuando acomodaron en la caja de uno de los pick-ups un bulto “como de una persona envuelta en una cobija”.

Hasta se dio cuenta de la discusión entre los agentes y ya no sabían qué hacer con él.

 “No tengan miedo, esta bronca se va a arreglar”, fue parte del diálogo entre elementos de la PEP.

Estos datos han sido expuestos en los tres juicios que se siguen a los agentes, ahora encarcelados.

Mariela de Jesús Rodarte se entregó a las autoridades hace dos semanas, después de que fue otro ex agente participante en el incidente, Édgar León Terreros, fue capturado en el cruce hacia Calexico.

A los dos días fue detenido un tercero, Jorge Luis Silva Jiménez, quien tuvo audiencia el jueves 23 de febrero por la mañana.

Aún quedan por capturar otros cinco agentes participantes: Rodolfo Ochoa Bustamante, Edwin Rivas Tapia, Gerardo Morales Saldaña. Humberto López y Javier Vargas Melgoza, todos ellos ya con orden de aprehensión vigente.

El día de los hechos viajaban en tres patrullas: la 269, 292 y 324.  

 EX PEP HABLÓ DE LA TORTURA

En el testimonio de la ex agente Rodarte -la única que ha declarado de los tres detenidos- narró cómo esa mañana primero irrumpieron en la casa de un primer detenido y posteriormente el comando de ocho agentes se trasladó hasta la calle Quinta, donde ingresaron violentamente, rompiendo los candados de las cadenas en las rejas.


Dijo que en uno de los cuartos estaba un menor muy asustado, ahí escucho gritos y quejidos de otro de los detenidos que estaba en la sala con el Comandante Ochoa y Silva, el jefe del grupo.

“Estaban detrás de una persona a la que le ponían una bolsa de plástico en la cabeza”, pero luego la sacaron y después de un rato les ordenaron se retiraran.

“Entre Silva y el comandante se decían que no se podían zafar de la bronca tan fácilmente”, narró el Ministerio Público en la audiencia.

En esa misma versión, el jefe de grupo reunió a los ocho participantes para decirles “Aquí no pasó nada, y al que hable se lo va a cargar la verga”, fue la advertencia.

Los tres detenidos están acusados de desaparición forzada de persona.

 Cesar Hernández, cuñado del joven desaparecido por los agentes de la Policía Estatal Preventiva, narra cómo desde el incidente se dio a la tarea de localizar a los testigos de lo sucedido y literalmente “ponérselos” a los agentes de la Policía Ministerial.

“Aquí así le hacen”, expone Hernández en alusión a las practicas policiacas que utilizan los agentes en el Valle, quitándoles lo que traen o, en su caso, sembrándoles droga.

“Aquí los policías son de lo peor”, sintetiza la señora Irene desde el patio de su casa en el Ejido Oviedo Mota.


(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/ Sergio Haro Cordero /Lunes, 13 marzo, 2017 01:00 PM)

REBELIÓN DE PESCADORES EN EL GOLFO


FOTOS: cortesia

Pescadores de El Golfo de Santa Clara esperaban desde hace cinco meses los permisos federales para poder salir a pescar curvina golfina y, cuando se enteraron que no habría licencias esta temporada, salieron a quemar vehículos de CONAPESCA. La inconformidad social por el tema de la curvina sigue latente y se suma al final de la vigencia del programa federal de compensación por la veda en la zona protegida que llega hasta el sur de San Felipe

La respuesta violenta  fue inmediata la noche del miércoles 8 de marzo, apenas los pescadores del Golfo, localizado en Sonora, en los límites con Baja California, se enteraron que el Gobierno Federal no había validado ni emitido el Estudio de Impacto Ambiental que dicen les cobraron y les prometieron; estudio que han solicitado de manera reiterada desde octubre de 2016 y que les permitiría salir a pescar curvina golfina.

La problemática por la falta de dinero, la frustración por las limitaciones de la actividad  laboral y el descontento se manifestaron en una turba de pescadores que salió a incendiar vehículos de la Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA), al menos siete pick-ups y tres pangas quedaron consumidas por el fuego.

Ya en plena rebeldía, residentes de este poblado bloquearon el acceso que comunica con San Luis Río Colorado para evitar la llegada de agentes de Seguridad Publica.

Una semana antes, estos pescadores habían hecho  un llamado público cuando salieron a bloquear la vialidad que da salida hacia Puerto Peñasco.

La gota que derramó ese colmado vaso fue la información que recibieron de sus representantes el 8 de marzo, quienes estaban en la Ciudad de México para sostener varias entrevistas con la petición de que se emitiera el Estudio de Impacto Ambiental pendiente desde octubre pasado.

Ante la negativa,  los pescadores causaron daños materiales en las instalaciones federales en el Golfo, mientras elementos de la Secretaría de Marina resguardaron la integridad de empleados de PROFEPA y CONAPESCA para evitar que fueran agredidos.



Protestas en el golfo de Santa Clara

De acuerdo a la versión del alcalde sanlusino Enrique Reina Lizárraga, cerca de la una de la madrugada del jueves 9 de marzo, la tensión social había disminuido en las calles del poblado.

Sin embargo, las autoridades se preparan para más manifestaciones de molestia social porque los problemas en esa comunidad de pescadores apenas empiezan. 

Vedas, compensaciones insuficientes y estudios de impacto ambiental  

Los trabajadores del mar justifican su frustración ante las “largas y ausencias de respuesta” de la autoridad en que  la posibilidad de pescar curvina golfina solo dura dos meses – febrero y marzo- y ya se perdió la mitad.

Explican que el tema es solo una parte del enrome problema económico de la comunidad, ya que dentro de un mes finaliza el Programa de Compensación implementado por el Gobierno Federal desde mediados de abril de 2015, mediante el cual se estableció una veda total en lo que ahora llaman Zona Restringida, que va desde el Golfo hasta el sur del puerto de San Felipe.

Durante esos 24 meses los pescadores de ambas zonas han estado recibiendo una compensación federal, pero está por concluir y no se sabe qué pasará con ese programa, el cual no ha funcionado y cuya prohibición solo ha servido para fomentar la pesca furtiva de totoaba, que de acuerdo a las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, es encabezada por los cárteles de la droga, por lo menos en la zona que corresponde a Baja California.

La mencionada veda está  justificada por el Gobierno Federal en el objetivo de proteger de la extinción a la vaquita marina, especie que habita solo en la parte norte del Golfo de California y en peligro de extinción.

De acuerdo a datos oficiales, hace dos años quedaban cerca de 120 especímenes, hoy solo sobrevive la mitad.

Aún se desconocen los resultados positivos de esta prohibición, sin embargo, en los poblados de pescadores afectados, desde el inicio han manifestado que sus percepciones económicas y su vida han sido afectados porque las compensaciones resultan insuficientes, por debajo de lo que ellos ganarían si los dejaran trabajar, y no llegan a todos los pescadores reales.

“Aquí la gente está muy enojada, no sabemos qué es lo que va a pasar”, comenta una de las pescadoras, quien acusa, no les otorgaron el Estudio de Impacto Ambiental, aun cuando lo cobraron en el permiso.

“El Golfo está triste, está solo, hay pangas quemadas en el parque, carros quemados en otras partes. El gobierno prácticamente nos estuvo viendo la cara, diciéndonos que nos iban a dar el Estudio de  Impacto Ambiental y no nos dio nada”, explica la mujer dedicada la pesca, quien prefiere omitir su nombre.

Según los residentes del pueblo, hace dos semanas algunos pescadores -ya desesperados- salieron al mar, pero luego no podían vender la curvina porque no tenían el documento federal.

“El pueblo prácticamente está de luto, haga de cuenta que con la curvina todos nos alivianamos”, sostiene una fémina dedicada a la pesca.  

DEL RECHAZO AL ESTALLIDO

 Sunshine Rodríguez, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de San Felipe, explica el antecedente:

 “Tuvimos llamadas de acercamiento antes de este estallido social. Lo que pasó es que uno de los representantes del Golfo ya iba en camino, (de regreso) ya nos habían dado la negativa por parte de las autoridades”.

El líder de los pescadores en San Felipe hablo del retraso burocrático que impidió a los pescadores tener los permisos para ganarse el sustento, a pesar de que los representantes de los trabajadores del mar llevaban cinco meses presionando.



PANGAS DE CONAPESCA QUEMADAS

“Lo que pasó es que tardó mucho INAPESCA en dar el nombre del arte de pesca -tipo de red específico para la pesca de curvina-, por lo que el Manifiesto de Impacto Ambiental tardaría hasta sesenta días en emitirse. Y es que la temporada de pesca de curvina es de solo dos meses y ya va a la mitad, solo quedan tres mareas por aprovechar”.

Aparte hay un contexto más adverso que tiene que ver con la conclusión del Programa de Protección a la Vaquita Marina, que incluye una veda total en la zona protegida de la Reserva de la Biosfera  -virtualmente toda la parte norte del Golfo de California, hasta el sur de San Felipe- con estudios que aún no han concluido.

“Hay que recordar que cuando más vale el pescado es ahora en la cuaresma, ahorita es cuando tiene un valor real que nos convenga, ya después se desploma el precio”, justificó.

Rodríguez agrega que no pueden entrar a pescar a la zona de amortiguamiento sin el Manifiesto de Impacto Ambiental, pero para obtenerlo, les tuvieron que otorgar un permiso nuevo.

“Yo no puedo solicitar un Manifiesto de Impacto Ambiental si no sé con qué voy a pescar”.

Asegura que desde octubre de 2016, el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) ya tenía el nombre del tipo de red, pero “no lo soltó” hasta enero pasado.

Dice que en seis días la autoridad sacó los permisos -trabajando horas extra- porque supuestamente había un acuerdo de que sacando los permisos “podríamos meter la solicitud del Manifiesto de Impacto Ambiental, el cual saldría en cuatro o cinco días, sin embargo, quien tomó esa decisión y dijo eso, hoy lo desconoce, aunque lo tengamos en minuta nosotros”, dice Sunshine en referencia a funcionarios de INAPESCA que, hasta la tarde del miércoles 8 de marzo, les dieron la respuesta negativa.

“Hay mucha arbitrariedad dentro del sector pesquero, ésta es la punta del iceberg porque realmente han fallado con el programa de compensación, han abandonado el programa, dejando a la deriva a mucha gente, no sabemos qué está sucediendo con las cuentas, han dado de baja a cientos de personas y no han dado altas, no sabemos qué está sucediendo con ese dinero. Todo eso está haciendo que el estallido social se venga imparable”, considera el líder de los pescadores en San Felipe.

Sobre el Programa de Compensación -instaurado en abril de 2015 por dos años- no tienen ninguna información:

“Ni siquiera nos hemos sentado a platicar el tema. Antes mandaban por nosotros, nos pagaban los vuelos para que viniéramos a hacer las negociaciones a México, y ahora ni siquiera nos contestan los teléfonos las autoridades competentes. Esto es solo un pedacito de lo que tiende a venirse, no sabemos nada”, cita Sunshine Rodríguez entrevistado vía telefónica desde la Ciudad de México.

“INAPESCA no tiene un solo arte de pesca que nos puedan decir, con esto van a pescar. Cómo puede ser posible que estemos jugando con la vida de miles de familias y esta gente salga con este tipo de cosas”, comenta en alusión a los funcionarios del Instituto.

Como si no fuera suficiente, Sunshine Rodríguez menciona que recientemente les habían dado permiso para la pesca de callo de hacha, pero ahora se los tienen cerrados, congelados por lo que llaman “Marea Roja” y, aunque se han realizado hasta cinco estudios  –todos negativos, la Ley marca que con tres son suficientes-, no se los han abierto para la pesca.

“Nos están bloqueado por todos lado”, asume el líder de los pescadores de San Felipe. Para evitar mayores afectaciones a su ya de por sí lastimada economía, difícilmente podrán salir a pescar en esta temporada.

En la opinión de la diputada federal Nancy Sánchez Arredondo, los pescadores de curvina golfina de San Felipe y Golfo de Santa Clara deben recibir una compensación económica y, a través de un comunicado, informó que el miércoles 8 de marzo presentó en la Cámara de Diputados un punto de acuerdo proponiendo que se otorgue tal compensación.

ZETA solicitó  entrevista con el delegado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) en Ensenada, pero no respondió al llamado.  

AUTORIDADES DENUNCIAN A PESCADORES

La postura oficial se dio a conocer a través de un comunicado la tarde del jueves 9 de marzo, el cual se publica completo a continuación:  


“La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) presenta denuncia penal contra quien resulte responsable de las agresiones físicas a  inspectores federales, la destrucción de 4 vehículos oficiales así como el robo de una embarcación de esta dependencia, en el poblado del Golfo de Santa Clara, Sonora.

“Lo anterior, como resultado de los hechos ocurridos contra 10 servidores públicos de la PROFEPA y LA Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) así como 18 oficiales de la Comisión Nacional de Pesca, la noche de ayer miércoles en aquel poblado por un indeterminado grupo de personas que además quemó un total de 15 vehículos oficiales.

“De acuerdo al primer reporte oficial, 3 inspectores de la PROFEPA que fueron golpeados, lograron salir del poblado junto con otros dos compañeros y consiguieron resguardarse en la cabecera municipal aledaña de San Luis Río Colorado, Son.

“El recuento de los bienes dañados de PROFEPA son 2 camionetas, 01 lancha y 01 cuatrimoto, incendiadas. Además, del robo de una lancha asegurada. También, fueron quemadas 8 camionetas y una lancha de la CONAPESCA; así como dos lanchas de la CONANP.

 “El grupo agresor justifico sus acciones ante la falta de emisión de autorizaciones en materia de impacto ambiental para realizar la actividad pesquera en dicha región, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Es de resaltar que de acuerdo a la SEMARNAT la solicitud en cuestión fue ingresada por los pescadores el día 22 de febrero del 2017, a solo unos días de iniciar la pesca de curvina golfina; lo anterior, refleja la irresponsabilidad con la actuaron los líderes de este gremio al solicitar tardíamente la autorización.

“Toma relevancia que las acciones aplicadas en la región del Alto Golfo por las distintas dependencias del gobierno federal, entre ellas la PROFEPA, se han enfocado primordialmente a combatir la extracción ilegal del pez totoaba, problema que los mismos pescadores han denunciado, por lo que la situación de la autorización de impacto ambiental era ajena a las competencias de esta Procuraduría.

“Finalmente, la PROFEPA mantendrá la inspección y vigilancia en la región y dará seguimiento a que el Ministerio Público Federal dé curso a las investigaciones y sancione a los responsables”.


(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa /Sergio Haro Cordero /Lunes, 13 marzo, 2017 12:00 PM)