En los dos últimos sexenios las
constructoras se han multiplicado en Chiapas. Pero no es un signo de auge: un
grupo de empresarios del ramo denuncia que en muchos casos se trata de
compañías creadas exprofeso por políticos para enriquecerse con contratos
obtenidos gracias a sus contactos en el gobierno. Advierten: si no se combate a
fondo la corrupción en las licitaciones de obra pública, sus compañías irán a
la quiebra y se incrementará el desempleo.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.
(Proceso).- Los constructores de Chiapas han denunciado la corrupción que,
afirman, llegó a muy altos niveles en la administración de Juan Sabines
Guerrero y se ha tornado crítica en la de Manuel Velasco Coello.
Señalan que amigos y
familiares del gobernador, así como empresas de otros estados, se llevan la
mayoría de los millonarios contratos de obra pública mientras que las empresas
locales quiebran o reciben contratos secundarios, con los que apenas consiguen
subsistir y pagar el poco personal que les queda.
Entre los favorecidos por
Velasco Coello señalan a su primo Juan Pablo Orantes Coello y a su amigo Juan
Pablo Montes de Oca Avendaño, que son funcionarios de la Secretaría de
Infraestructura y Comunicaciones (Seinfrac).
Tras las insistentes
denuncias, el primero fue destituido como subsecretario técnico pero algunos
constructores indican que aún despacha en esa dependencia.
Luis Moya Constantino, de la
Organización de Constructores Independientes del Estado de Chiapas (OCIECH),
dice que los contratos no se ajustan a la reglamentación para la obra pública y
se otorgan de forma arbitraria a empresas creadas recientemente y que no
cumplen con los requisitos ni tienen experiencia.
La OCIECH señala como ejemplo
de ese trato privilegiado a la firma Arrendadora y Constructora Yalem Chem,
registrada el 18 de enero de 2013, en los primeros días del gobierno de Velasco
Coello, ante el notario público Oscar Gabriel Esquinca Camacho, de Tuxtla
Gutiérrez, y que vive en Venustiano Carranza.
En la escritura aparecen
Aurora Sánchez Sánchez y Mauricio Flores Saldaña como propietarios de Yalem
Chem, pero la OCIECH informa que la empresa en realidad es propiedad de Montes
de Oca, panista que fue alcalde de Venustiano Carranza. El domicilio de la
empresa es la Avenida Central Poniente Número 6, es decir, la casa de Montes de
Oca; incluso el recibo de la Comisión Federal de Electricidad llega a nombre de
la madre del funcionario estatal, Eugenia Margar Avendaño Borraz.
Montes de Oca fue designado
por Velasco Coello subsecretario de Infraestructura, Carretera e Hidráulica de
la Seinfrac en diciembre de 2012 y al mes siguiente fue creada la firma Yalem
Chem.
Además de adjudicarle
millonarios contratos a su empresa, en junio pasado el funcionario desvió
materiales y maquinaria para pavimentar un kilómetro del camino hacia su rancho
en Venustiano Carranza, según denunció en la prensa local el particular Mariano
Avendaño Jiménez.
Tan pronto como fue creada,
Yalem Chem empezó a recibir contratos de obra pública, muchos por adjudicación
directa. El primero en esta modalidad se le otorgó en 2013 y fue por 10
millones 757 mil pesos, según la página de internet de la Seinfrac.
En 2014 le fue aún mejor a la
empresa de Montes de Oca con las adjudicaciones directas. Recibió 29 millones
536 mil 682 pesos para reconstruir un camino en Betania-Soyatitan-Amatenango
del Valle, en un tramo del municipio de Acala que, a pocos meses de haberse
terminado, muestra deterioro visible. Otro contrato, por 22 millones 610 mil
169 pesos, fue para modernizar y ampliar el camino de Comitán a Las Margaritas.
Para rehabilitar y ampliar
una red de agua potable en Venustiano Carranza se le pagaron 30 millones 586
mil 513 pesos; por construir un sistema de alcantarillado en el ejido La
Central de Pijijiapan se le asignaron 10 millones 957 mil 685 pesos, y por
rehabilitar y ampliar la red de agua potable en el ejido Carranza de la
Independencia se le entregaron 7 millones 798 mil 368 pesos.
Tan sólo estos cinco
contratos asignados a Arrendadora y Constructora Yalem Chem sumaron 101
millones 489 mil 166 pesos.
En abril pasado los medios
impresos comitecos denunciaron la obra inconclusa de la carretera de Comitán a
Las Margaritas, por la que se pagaron 68 millones de pesos a tres empresas. A
Yalem Chem le tocaron 22 millones.
En 2015 la bonanza siguió. En
marzo se le asignaron 19 millones 495 mil 798 pesos para reconstruir 57
kilómetros de caminos en comunidades de Comitán. La firma comenzó a recuperar
la carpeta asfáltica pero dejó el trabajo inconcluso, lo que provocó muchas
molestias a los pobladores.
También se le asignaron este
año 21 millones 262 mil 305 pesos para la construcción del Sistema de
Alcantarillado Sanitario (tercera etapa) en el municipio de Parral.
En agosto pasado se le
adjudicó, junto a la Arrendadora y Constructora ACCSA, otro contrato por 45
millones 266 mil 339 pesos para construir y modernizar un tramo carretero entre
San Cristóbal de Las Casas y Comitán. Tras la adjudicación, Constructora María
Esther interpuso un juicio de inconformidad con el fallo ante la Secretaría de
la Función Pública (SFP), el cual hasta el momento no se ha resuelto.
Las otras siete empresas que
participaron en esa licitación presentaron propuestas de entre 43 y 44 millones
de pesos.
LAS FIRMAS CONSENTIDAS
Moya Constantino denuncia que
las licitaciones se manipulan para favorecer a las empresas consentidas de
Velasco Coello.
Es el caso de la sociedad de
Gorsa Obras Civiles y Grupo Barkus, que pese a estar en el último lugar de 39
participantes, obtuvo una obra de 22 millones 263 mil 997 pesos: reparar el
tramo carretero San Cristóbal de las Casas-Comitán.
De igual forma, a Grupo
Pavimentos del Sureste se le dieron cuatro contratos millonarios en 2013 y
cinco en 2014. Los constructores independientes señalan que detrás de esa
empresa está José María Coello, más conocido en el mundo de la publicidad en
espectaculares como Chema Coello.
A esta empresa se le dieron
51 millones 389 mil 402 pesos por cuatro contratos en 2013, uno por
adjudicación directa. En 2014 fueron cinco contratos por adjudicación directa
para obras en Tuxtla, Larráinzar, Pichucalco, Cintalapa y Comitán, por un total
de 33 millones 765 mil 627 pesos.
En 2015 se le encargó construir
y modernizar un tramo de la carretera de Comitán a San Cristóbal de Las Casas
por 29 millones 90 mil 190 pesos. En esa licitación, otras empresas con
experiencia en el ramo presentaron cotizaciones menores a 29 millones, excepto
una que hizo una propuesta muy cercana a la del Grupo Pavimentos del Sureste.
En consecuencia, se presentó
un proceso de inconformidad ante la SFP en el que se objeta la forma de aplicar
la Ley de Obra Pública para asignar el contrato.
Constructora Inmobiliaria
CAPE es otra de las constructoras favorecidas por el gobierno de Coello
Velasco. En 2013 se le dieron tres contratos por adjudicación directa que
sumaron 57 millones 216 mil 403 pesos, por construir caminos en Marqués de
Comillas y Ocozocoautla, así como labores de bacheo en Tuxtla Gutiérrez.
El año siguiente obtuvo
cuatro contratos –tres por adjudicación directa– por un total de 39 millones
873 mil 824 pesos para realizar caminos y una cancha de futbol, además de
rehabilitar calles y avenidas en Tuxtla, Chiapa de Corzo y Comitán.
El empresario Juan José
Almanza Carrasco, también de la OCIECH, encontró en el sistema Compranet y en
la página de la SFP que de enero a agosto de 2015 el gobierno chiapaneco otorgó
101 contratos por un total de mil 606 millones 767 mil pesos. De ellos, 24 se
quedaron en manos de 10 empresas, a las cuales les tocaron entre dos y cuatro
obras.
Las beneficiadas acapararon
32% del presupuesto (casi 530 millones de pesos) y 24% de los contratos.
La OCIECH sostiene que muchas
de estas asignaciones no cumplieron la normatividad establecida.
Principalmente, indica, se declaró ganadoras a las propuestas más caras,
causando un daño patrimonial al Estado.
Las constructoras favorecidas
con los contratos más caros son Coyatoc Construcciones, Arrendadora y
Constructora Yalem Chem, Técnicos Especializados de Chiapas, Constructora en
Ingeniería Integral México, Grupo Urbanizador y Constructor Mexicano, y
Estudios, Proyectos y Construcciones Tuxtla.
Igualmente, se benefició de
esa forma a Mezcalapa Construcciones, Arrendadora Integral California,
Construcciones COMOVE, y Francisco Aguilera Gómez (una licitación asignada a
esta empresa también se encuentra en un proceso de inconformidad ante la SFP).
La OCIECH señala que muchos
alcaldes, síndicos, regidores y diputados locales se están metiendo de
constructores y utilizan las complicidades con funcionarios para repartirse la
obra pública.
Como las quejas por ese
entramado corrupto no han sido oídas en las cúpulas empresariales, los
constructores se han organizado para manifestar su desacuerdo y denunciar los
ilícitos. Por eso a mediados de julio, “empresarios independientes de la
industria de la construcción del Estado de Chiapas” marcharon para exigir el
pago de adeudos gubernamentales y que la obra pública no se entregue a firmas foráneas.
El 28 de septiembre pasado
realizaron otra marcha con camiones y maquinaria pesada. Denunciaron que la
obra pública en la entidad sólo ha beneficiado a un grupo de empresas foráneas,
que son “palomeadas” por Juan Pablo Orantes Coello, primo hermano del
gobernador, desde la Seinfrac.
Como sus peticiones no se
atienden, la OCIECH anuncia que marchará a la Ciudad de México para exhibir
ante el Congreso de la Unión las corruptelas mencionadas; también presentarán
denuncias ante la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la
República y la SFP.
“EL SEÑOR DE LAS OBRAS”
Humberto Naturi Pérez, quien
encabeza la Organización de Constructores Independientes del Sureste, denunció
que durante la administración de Velasco Coello sólo han recibido promesas y
migajas de obra pública, por lo que decenas de empresas han quebrado.
En la marcha de septiembre,
denunció que desde el sexenio de Juan Sabines Guerrero el gobierno estatal
arrastra fuertes adeudos con empresas locales, a las que no les paga ni les
asigna obra.
Señaló que la mayoría de las
asignaciones pasa por las manos del “señor de las obras”, Orantes Coello, quien
hace unas semanas fue removido de la Subsecretaría Técnica a causa de las
denuncias pero sigue despachando de forma ilegal “en el sótano de la Seinfrac”.
Los constructores inconformes
dieron a conocer en esa movilización que las empresas foráneas con
prestanombres chiapanecos son Grupo Constructor Oxchuc, Grupo Industrial CAMO,
Constructora Montes Azules y Constructora de Desarrollo Urbano y de Servicios
del Sureste.
Incluyeron también a GAVT
Iluminación, Parachicos Construcciones, Grupo VITRE, BELSAS Construcciones, y
Construcciones y Edificaciones Sector 7.
En esa ocasión Naturi Pérez
señaló que Orantes Coello tiene constructoras y subcontrata a las empresas
locales, a las cuales les debe millones, y los constructores advirtieron que si
el gobernador no pone fin a las “transas” de su primo hermano, la economía del
estado se irá en picada por la quiebra de las constructoras y el aumento del
desempleo.
La respuesta demoró hasta el
14 de octubre. En la sesión permanente del Plan de Atención Prioritaria para
Empresas Constructoras, Bayardo Robles Riqué, titular de la Seinfrac, anunció
ante los afiliados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
(CMIC) la asignación de mil 578 millones de pesos para dar continuidad a las
acciones de infraestructura en Chiapas.
El funcionario dijo que
gracias a las políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, la
infraestructura pública de Chiapas seguirá siendo un pilar de crecimiento
económico y social. Añadió que el 97% de la obra pública es ejecutada por
constructoras chiapanecas.
Los recursos anunciados por
Robles Riqué proceden de dos carteras de financiamiento: el Fondo Regional
(Fonregión), que dispone de mil 26 millones, y el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal (Fise) con 552 millones.
El mismo día, Robles Riqué
dijo que de 600 constructores que antes había en la entidad, aumentaron a 3 mil
400.
–Hay denuncias de que no hay
transparencia en la asignación de obra –se le preguntó.
–Obviamente, cuando uno no
resulta favorecido siempre habrá señalamientos y protestas. Pero todo está en
el portal de transparencia. Está auditado. Al menos 133 auditorías tengo
ahorita.
–Se habla de favoritismo
hacia empresas foráneas…
–Foráneas es relativo, son
mexicanas. Lo que sí puedo decir es que hay entre un 5 y un 6% de obras
asignadas a empresas que no son chiapanecas pero tienen tanto derecho como las
locales. Así como las empresas chiapanecas pueden ir a licitar a otros estados,
las de fuera pueden hacerlo aquí. Insisto, todo está en el portal de
transparencia.
–Se ha señalado al primo del
gobernador, Juan Pablo Orantes Coello, como el que asigna obras de forma
discrecional. ¿Sigue operando en las oficinas de la Seinfrac?
–Fue mi subsecretario
técnico, pero fue removido por el gobernador y la secretaría sigue los
parámetros que marca la Ley de Obra Pública. Y sobre todo, en el portal de
transparencia está la forma en que fue asignada cada una de las obras y a qué
empresa.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ SAÍN MANDUJANO/ 26 DE NOVIEMBRE DE 2015)