jueves, 31 de agosto de 2017

ARRASA BANDA “BARRIO 31” EN COLONIA; RECLUTA MENORES A LA FUERZA


Fotos: Manuel Ayala

Una banda delictiva tiene asolada a la comunidad en una colonia de San Antonio de los Buenos; vecinos y padres de familia los han denunciado ante las autoridades en varias ocasiones, debido a que también reclutan de manera forzada a menores para distribuir droga, con amenazas o con el argumento de brindarles protección en la zona. Autoridades municipales no han resulto del todo el problema y la delincuencia impera en ese lugar

Desde 2016, vecinos de la colonia Flores Magón han denunciado la participación de la banda delictiva “Barrio 31”, que opera el negocio del narcomenudeo, asalto a transeúntes y robo a domicilios; son un grupo de alrededor de diez personas, la mayoría de ellos menores de edad y provenientes de colonias aledañas como Salvatierra, El Monte y El Jibarito.

La falta de atención y presencia policiaca en la demarcación, aunado a la carencia de servicios públicos como luminarias, son factores que han propiciado que esta banda haya incrementado sus fechorías desde enero del presente año, no solamente con actividades ilícitas como el narcomenudeo; también reclutando a jóvenes de manera forzada para que sean coparticipes de la venta y distribución de droga en la localidad.

Esta situación ha propiciado que algunos padres de familia hayan tenido que sacar a sus hijos de dicha colonia y enviarlos a otras ciudades, ante el temor infundido con amenazas de provocarles algún daño a ellos o a sus familiares, si no participan en sus actividades y de la cual ya están cansados los residentes, debido a que a pesar que se han hecho públicas las constantes denuncias y se le hizo saber personalmente al alcalde Juan Manuel Gastélum, el problema persiste.

“DUEÑOS” DEL TERRITORIO QUE OPERAN

A cualquier hora del día y en cualquier esquina de la colonia, los integrantes de “Barrio 31” operan sin ninguna discreción, como lo hicieron saber algunos vecinos a ZETA; no saben si portan armas de fuego, sin embargo, les han visto “alguna que otra navaja o cuchillo”, lo cual no ha sido impedimento para asaltar a los que transitan por las calles de terracería de la localidad, los pocos negocios que ahí persisten o los domicilios de los residentes.

“La sensación de intranquilidad se siente en todo momento”, compartió un locatario que optó por omitir su nombre, quien señala que ellos como comerciantes están siempre con la intranquilidad que alguno de los integrantes de esta banda se vaya a presentar para pretender robarles algo de lo que venden o el poco dinero que obtienen al día, además que muchas veces aprovechan los lugares como el suyo para concentrarse afuera, beber alcohol y consumir estupefacientes, por lo que optan por cerrar aunque se pierda la ganancia del día.



Una persona integrante del comité de vecinos de dicha colonia, quien también prefirió el anonimato, compartió con ZETA que este grupo comenzó a tomar fuerza desde enero pasado, ya que la presencia policiaca disminuyó en la zona por esas fechas y estas personas comenzaron a aprovechar para posicionarse y adueñarse de su territorio, el cual también “se han ganado” con base a amenazas y la venta de droga a personas y adictos de la propia comunidad, quienes toleran su presencia debido a este factor.

RECLUTAN DE MANERA FORZADA

La misma vecina consultada dijo sentir mayor preocupación por ello, porque ya no solamente es la banda delictiva la que infunde temor, también los adictos que salen de la misma colonia y que llegan de otros lados por el bajo costo de los estupefacientes que les facilitan, sobre todo porque “Barrio 31” ha venido optando por reclutar jóvenes de manera forzada para abarcar mayor territorio en la distribución de droga.

“No solamente los obligan a vender (drogas), también les piden que se metan a robar a las casas y, si no lo hacen, los amenazan con provocarles algún daño a ellos o a sus familiares, ellos son los que lo hacen de manera obligada… otros solamente se meten por engaños, porque les ofrecen protección y dinero a cambio, y los muchachitos se vuelan con eso y andan también en los mismos pasos”, aseguró la vecina.

Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 27 de dicha colonia, corroboraron a este Semanario que a algunos de sus amigos “los tienen amenazados” y son obligados “a vender droga o robar”. Ante las constantes preguntas que se les realizaron para conocer más detalles de esta situación, prefirieron no hablar más por temor a que alguno de los integrantes de esta banda pudiera enterarse de que “andan hablando de ellos”.

Otros de los alumnos solamente asintieron al cuestionarles si conocían a “Barrio 31”, pero también prefirieron no entrar en detalles por las mismas razones, incluso uno de los jóvenes dijo que era su primer día de clases en la escuela y que “después de las vacaciones que tuvimos en paz, no queremos meternos en problemas por eso”.

El encargado de un negocio cercano a la escuela, quien se acercó al reportero mientras realizaba estas entrevistas con los alumnos, compartió que nunca le ha tocado ver una situación de violencia o haber sido víctima de esta pandilla, pero dijo, sí sabe que en la colonia opera un grupo “de malandrillos” que se hacen llamar así, los “Barrio 31”, y que sólo había que “darse unas vueltas” por las calles de la colonia para ver cómo tienen varios muros y bardas vandalizadas, las cuales ZETA pudo apreciar con leyendas como “B31”, “Loko31”, “RFM31”, entre otras.

Agregó que muchas veces se ha dado cuenta también, cuando termina su jornada laboral por las tardes, que algunos de estos jóvenes delincuentes se juntan en las canchas de la misma secundaria, ubicadas en la parte trasera de la misma, donde se ponen a consumir drogas o simplemente estar ahí platicando, situación por la cual cree que quizá nunca le ha tocado encontrárselos en la calle, aunque de igual manera considera “sí son un problema, y es algo que nos preocupa como colonos”.

DIRECTIVOS ESCOLARES DESCONOCEN LA PROBLEMÁTICA

Ante el visible temor que algunos alumnos de esta secundaria mostraron tras los cuestionamientos, ZETA buscó a la directora del plantel. No hubo respuesta, sin embargo, algunos directivos de la misma, ante los cuestionamientos y exposición de la situación, aseguraron desconocer que esto existe en el lugar e incluso ignoraron que esta pandilla moleste a algunos de sus estudiantes.


Sostuvieron que quizá sea parte de una problemática de la colonia, “que se da allá afuera”, pero no dentro de la misma escuela, acción que algunos de los alumnos que hablaron para el Semanario contradijeron, señalando que en ocasiones los de “Barrio 31” incluso se metían a la institución para amedrentarlos y que en su momento las propias autoridades los “corrieron” de sus instalaciones y ya no se acercan por ahí en horarios escolares.

POLICÍA MUNICIPAL PARTICIPA EN OPERATIVOS

Este contexto llevó a que miembros del comité de vecinos aprovechara la visita que el alcalde Juan Manuel Gastélum realizara a la escuela el 24 de abril, como parte de las actividades del “Lunes Cívico” que el mandatario realiza en diversos planteles de la ciudad, y algunos padres de familia le expusieron con preocupación la problemática, lo cual propició que se instrumentara un operativo en la zona por parte de la Policía Municipal.

El director de la Policía, Luis Felipe Chan Baltazar, externó a ZETA que dicho operativo, que se llevó a cabo en distintas ocasiones, se detuvo a dos personas en posesión de vehículos robados, quienes fueron acusados por vecinos por dedicarse al delito del robo de autos en dicha colonia, además, aprehendieron a una mujer de 39 años de edad que había sido denunciada por “husmear” en domicilios y fue detenida por robo a casa habitación; de ella se presume que posiblemente esté involucrada en más robos.

También detuvieron a tres personas de 23, 41 y 43 años de edad, porque las partes denunciantes los señalaron por “alterar el orden e inducir a jóvenes y menores al vicio”, así como a un hombre de 24 años por asomarse a una escuela, quienes solamente cumplieron con lo correspondiente a una falta administrativa por sus actos.

DELINCUENCIA NO CESA; PREOCUPAN POSIBLES REPERCUSIONES

A pesar de este operativo y los detenidos que se mencionan, los vecinos han manifestado que la delincuencia no ha cesado, y aunque manifiestan que hasta el momento no se han enterado que esta banda delictiva haya propiciado alguna situación mayor como un asesinato en la colonia, saben que el tema del narcomenudeo es uno de las principales causantes de la gran cantidad de muertos que se han presentado en la ciudad -mil 014 hasta el lunes 21 de agosto, según la Procuraduría General de Justicia en el Estado-, por ello temen  que en su momento esta banda pueda propiciar posibles repercusiones contra los mismos colonos, debido a las constantes denuncias que han realizado tanto a las autoridades municipales como a las policiacas; o simplemente por el hecho de que bandas rivales entren a la colonia y, en aras de querer apropiarse de este territorio, provoquen enfrentamientos entre ellos y desestabilicen todavía más “la poca tranquilidad” que les queda en sus hogares.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/   MANUEL AYALA/ LUNES, 28 AGOSTO, 2017 12:00 PM)

ASÍ MATARON A ABOGADO DE “EL BABAY”


Fotos: Cortesía.- A solo 50 metros de donde fue ejecutado el ex Subprocurador Palos Arocha, se encontraba una Comandancia de la Policía Municipal, sin embargo, por superioridad en armas y hombres, el oficial se limitó a reportar el hecho y resguardarse.

El también ex subprocurador Carlos Palos Arocha fue ejecutado por cuatro sicarios frente a su despacho, a 50 metros de la Comandancia de Policía, en el fraccionamiento Juárez. Hay tres líneas de investigación, en las cuales se incluye la rivalidad de Abraham Cervantes Escareaga con el CJNG

“Era ya un blanco muy visible, creo que los casos en los que ha participado los expusieron en mucho, pero su aparición como defensor de ‘El Babay’ fue crucial para atraer los reflectores y colocarse dentro de los blancos principales para grupos rivales a este personaje”, reveló un efectivo de inteligencia militar en Baja California Sur, luego de la ejecución del licenciado Carlos Palos Arocha, ex subprocurador y abogado defensor de Abraham Cervantes Escareaga “El Babay”.

Carlos Palos Arocha, ex Subprocurador de Averiguaciones Previas de PGJE y Abogado Defensor de “El Babay” y demás criminales.

El despacho donde fue asesinado,  se localiza en las calles de Insurgentes, entre Del Tesoro y Coromuel, del exclusivo fraccionamiento Juárez en La Paz; a solo 50 metros se encuentra la Comandancia de Policía, donde solo hay un agente.

“Qué hacía el compañero, sólo esperar a que pase el evento y denunciar vía radio, no había mucho que pudiera hacer, pues sabemos que son personas preparadas y lo principal, lo superaban en número y no sabemos si traen armas largas, cosa que con una simple pistola nueve milímetros no se puede hacer mucho. No tiene caso hacerse el héroe en estos casos”, lamentó un agente adscrito a la Policía Municipal y Mando Mixto Policial.

De acuerdo a las investigaciones, fue alrededor de las 9:30 am del miércoles 23 de agosto, cuando la víctima “no sabemos si salió o iba llegando, aún está por corroborarse, pero en el sitio ya lo esperaban los sicarios”, dio a conocer un agente de Investigación de la Policía Ministerial adjunto a Homicidios.

Las indagatorias revelan que los cuatro sicarios que dieron muerte a Palos Arocha aguardaban en un vehículo “tipo Jetta”, de color blanco, mientras la víctima fue visible se localizó dentro de su vehículo Volkswagen Vento de color gris, de un momento a otro, los atacantes se aproximaron y dispararon en repetidas ocasiones.

“Falta determinar a través de videos de viviendas cercanas si los atacantes se acercaron a pie o desde el vehículo dispararon, que pudiera ser la segunda, por la evidencia que se encontró”, agregó el agente de investigación.

Los asesinos, según revelaron los agentes a ZETA, utilizaron armas cortas para dar muerte al abogado, nueve impactos de bala en el cristal delantero, los cristales laterales estaban destrozados, impactos de entrada y salida en la puerta del copiloto, lo que denota que la agresión se originó de la zona de calle o piloto y frontal del vehículo, por lo cual se deduce pudieron participar dos pistoleros.

De entrada los elementos de Homicidios informaron que la víctima alcanzó a ver a sus atacantes, al menos tuvo tiempo para tratar de huir de los disparos como si ya esperara agresión de algún tipo, pues el cuerpo de Palos Arocha fue localizado recostado sobre su lado derecho, cabeza interna en la zona inferior entre el tablero y el asiento, por donde se encuentran los tapetes; vestía playera de color gris o café, pantalón de mezclilla azul y, de acuerdo a los informes, tenía impactos de bala en pecho, espalda y uno en la cabeza, “al parecer y a simple vista cuatro”.

Al reporte acudió la unidad paramédica de Protección Civil Municipal de La Paz, que además de la revisión y certificación de la muerte, atendió  a una de las compañeras de Palos Arocha, la cual sufrió de crisis nerviosa al ver a la víctima.

Según el informe, una de las testigos afirmó que se estacionó detrás de la víctima, y al ver que él no descendía de la unidad, se acerca, pues el automóvil aún estaba en marcha, al ver la escena entró en crisis. No pudo corroborar la escena del ataque, parece que acaba de ocurrir momentos antes de que llegara y fue atendida por una paramédico.

Minutos más tarde, una mujer que “suponemos es su pariente, llegó al sitio donde ya la esperaban algunos amigos y amigas, la persona de inmediato fue consolada”, agregó, luego de que personas cercanas a la víctima se concentraran a sólo unos metros del incidente.



El día en que Carlos Palos Arocha se evidenció como defensor de líneas criminales, fue en el juicio y re-aprehensión de El Babay a las afueras del Juzgado del Poder Judicial de la Federación.

Erasmo Palemón Alamilla Villeda, procurador general de Justicia en el Estado, indicó que “la carpeta se inició desde ya, se tiene que iniciar de inmediato, se está trabajando en ella, mis compañeros agentes investigadores, los peritos, están trabajando ya para el esclarecimiento, como se hace en todos y cada uno de los asuntos que son competencia nuestra”.

LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

“Siempre que nos lo encontrábamos en el oficio y a como están las cosas, lo que siempre le dijimos era que se dejara de chingaderas, eso de operar o trabajar para células criminales no deja nada bueno, siempre lo hemos sabido, qué pasó con este joven abogado que acribillaron afuera de otro despacho jurídico, le dieron piso, lamentablemente nunca hizo caso y hoy vemos los resultados”, recordó un abogado litigante que conoció a Palos Arocha en el oficio.

El abogado y defensor de “El Babay”, ex líder de plaza de narcomenudeo en Los Cabos, llevaba gran variedad de casos criminales, aunque no han sido revelados por la fuente; se sabe que constantemente llevaba casos de narcomenudistas, sicarios y líderes de plaza, tanto para Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o Tijuana Nueva Generación (CTNG) y del Cártel de Sinaloa; de este último se han señalado casos como los de “El Simón” o “El Sepulturero”.

Sin embargo, hay criminales y ex funcionarios públicos a los que el propio Palos Arocha como servidor público encerró, por lo cual no se descartan los móviles que pudieron involucrarse. De acuerdo a la fuente de información, contemplan algunas líneas de investigación sólidas para llevar a los presuntos responsables.

Aquí algunos de los móviles, según la investigación abierta:

* Su vínculo directo con el caso “Babay”, pues es sabido que desde el 26 de junio, Palos fue exhibido como defensor de Abraham Cervantes Escareaga, lo que pudo detonar un ataque del mismo grupo por incumplir con la promesa de librar el proceso penal federal.

Abraham Cervantes Escareaga, “El Babay” fue detenido la madrugada del 19 de junio del 2017, fue llevado a audiencia al mediodía del 26 de junio.

* Rivales de la organización criminal de Jalisco, en la búsqueda de sacar de la jugada a “El Babay” y dejarlo tras las rejas y poder disputar el territorio.

* Venganza de ex funcionarios públicos que se encuentran presos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz, y que en el periodo en que Palos se desempeñó como servidor público, pudo encerrar tras vincular de acciones criminales en el Estado.

De acuerdo a las indagatorias, habría una orden de aprehensión en contra del abogado y otros de sus clientes, como los hermanos Alberto y Luis Coppola Joffroy, este último ex senador por Baja California Sur, acusados por malos manejos del Consejo de Administración de Inversiones El Vigía, SA de CV en periodos desde 2006 a 2012, situación que costó órdenes de aprehensión.

Sin embargo, por la cercanía que mantenía con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Palos Arocha pudo amparar con previo aviso de servidores públicos, a sus clientes y también a su favor hasta el día de su muerte.

El subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGJE forma parte de ex los funcionarios públicos agredidos a balazos y privados de la vida, así como:

* Carlos Miguel Calderón Hinojosa “El Virolo”, de 39 años de edad, ejecutado el 23 de agosto de 2014 en La Paz. Perteneció al equipo de gira del ex gobernador panista Marcos Covarrubias Villaseñor. Adscrito a la Policía Estatal.

* Narciso Cota “El Chicho”, ultimado el 29 de agosto de 2016  a bordo de un auto Toyota Corolla de reciente modelo. Perteneció a la Policía Estatal.

* Carlos Palos Arocha, ejecutado el 23 de agosto de 2017. Elemento de la PGJE.

“En cada uno de los caso hemos emitido el reporte respectivo y de los supuestos en los que ha habido agresiones tanto a las afueras del Cereso en dos ocasiones, a dos compañeros en la Policía Ministerial en San José del Cabo que estaban en servicio, y ex servidores públicos al licenciado Palos. Tenemos líneas muy sólidas de investigación y algunas incluso ya las hemos compartido con la Procuraduría General de la República”, explicó Erasmo Palemón Alamilla Villeda.

La PGJE informó a ZETA que en el caso abogado penalista de inmediato se abocaron a atender el asunto en Homicidios, y a la vez reconoció que Palos “laboró en esta Procuraduría desde 2011 con distintas responsabilidades”, entre éstas, subprocurador de Control de Procesos; subprocurador de Averiguaciones Previas; subdirector de Dictámenes; encargado de la subprocuraduría de Averiguaciones Previas y como encargado del área de Amparo.

El 30 de octubre de 2015, al inicio de la actual administración gubernamental, fue separado de su cargo.

Para el caso del ahora fallecido, en lo que respecta a la PGJE “ya se integra la carpeta de investigación, en cuanto haya algún resultado se dará a conocer oportunamente”, finalizó el procurador.


CASO “BABAY” LO EXHIBIÓ

La madrugada del 19 de junio de este año, el abogado fue llamado para defender un importante cliente por delitos como narcomenudeo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delincuencia organizada.



Narcomanta colgada el 24 de agosto en el Jardín de Niños Marcelo Rubio del municipio de La Paz, en ella declara la guerra Abraham “El Babay” a Rene “00”.

“Prefirió el dinero fácil, el dinero de esta índole no deja nada bueno, en este medio debes tener mucho cuidado y creo que no tomó en consideración que estás jugando con fuego cada vez, y eso lo llevó mal. Digamos se salió de control, ya todos supieron el caso que traía y por ahí le fue mal”, expresó un abogado litigante en materia penal.

No obstante, tras la detención de “El Babay”, uno de los principales líderes del narcomenudeo principalmente en Cabo San Lucas  que en los últimos meses buscó apropiarse de la zona de San José del Cabo, “autoridades federales traían ya la instrucción de desarticular el conflicto”, lo que requirió la atención de Palos.

En resumidas cuentas, ante la necesidad para afrontar un proceso por narcomenudeo, armas de uso exclusivo del Ejército, así como colusión de servidores públicos y delincuencia organizada, se requería un perfil con contactos dentro de las instituciones, capaz de librar una batalla contra fiscales federales, lo cual fue valorado por el abogado antes mencionado por recomendaciones e historial de casos de presuntos delincuentes.

Fue al mediodía del lunes 26 de junio que se llevó a cabo la audiencia en el Juzgado del Poder Judicial de la Federación, ante el juez federal Eduardo Velasco Treviño, donde el abogado defensor estuvo presente en el procedimiento que duró más de nueve horas.

A “El Babay” supuestamente se le aseguraron dos rifles de asalto, una pistola 9 milímetros, cuatro cargadores abastecidos con 75 cartuchos útiles, una maleta con más de 19 millones 246 mil pesos en efectivo y droga:

* 155 envoltorios de clorhidrato de metanfetamina con un peso de 36.9 gramos.

* 123 envoltorios de cocaína, equivalentes a 37.3 gramos.

* 26 envoltorios de marihuana (214 gramos).

* Una bolsa con 46.2 gramos de cocaína.

* Una báscula gramera.

Las pruebas fueron presentadas por el fiscal federal, además de que se dio a conocer que la detención del cliente de Carlos Palos se realizó sin un solo disparo cuando conducía un automóvil en las calles del centro de Cabo San Lucas; cuestión suficiente para que el abogado pudiera cuestionar la investigación y echar abajo el caso, lo cual significó “un triunfo para él y su distinguido cliente, el alegato que hizo y con sustento, fue que la detención habría sido inválida, pues con el uso de la fuerza ingresaron al domicilio de ‘El Babay’ y lo detuvieron en compañía de su esposa, era difícil de explicar todo lo asegurado y acomodado en el vehículo. Bastó la intervención de los hijos del imputado para que se determinara la libertad por el mal procedimiento”, expuso un agente del Grupo de Coordinación.

De acuerdo a las pruebas otorgadas por Palos Arocha en la audiencia, logró acreditar que su cliente fue detenido en su domicilio ubicado en el fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, y no en las calles de la zona centro, como lo dio a conocer la propia Secretaría de Gobernación a través de un boletín informativo difundido.

Lo que algunos expertos penalistas dieron a conocer a ZETA es que desde el principio era un caso ganado,  “nadie quería (tomarlo) por tratarse de imputados a la delincuencia organizada, además todos saben quién es ‘Babay’”, por lo cual el triunfo era esperado, pero al enfrentarse a la defensa, el fiscal federal buscó hacer tiempo para que la parte acusadora prepara un nuevo caso, un plan B, y poder retener al imputado tras las rejas.


Palos Arocha fue ejecutado a las afueras de su despacho jurídico a bordo de un vehículo de color gris que acababa de ser sacado de la agencia, la unidad aun estaba en marcha cuando fue encontrado muerto, recostado a su lado derecho entre el tablero y el asiento.

Así fue como ocurrió la noche, casi madrugada, en que “El Babay” fue liberado y reaprehendido. Palos Arocha lo acompañó hasta que fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por elementos de la Secretaría de Marina. Incluso en el sitio se le vio desconcertado.

Esa noche su abogado defensor se notó preocupado ante el resultado de varias horas en la audiencia, después de la confianza de tener contra la espada y la pared al fiscal, nunca se imaginó que el tiempo fue para aplicar ese plan B que daría como resultado “sentenciar de alguna manera al abogado, pues no estaba evitando que su cliente quedara tras las rejas”, señaló uno de los efectivos de la militares.

Una vez ejecutada la nueva orden de aprehensión, llegaría la preocupación, pues el abogado nunca esperó que al salir del Juzgado se hiciera efectiva.

LA ALERTA DE ESTADOS UNIDOS

Esta guerra encarnizada entre células criminales de Sinaloa, establecidas principalmente en San José del Cabo, y la célula comandada por “El Babay” a través del CJNG, logró una pugna considerable, peleas sin cuartel en las calles de Los Cabos, lo que empujó a la emisión de una nueva alerta por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, advirtiendo a sus connacionales que viajan a las diferentes ciudades de México, incluyendo los destinos de Baja California Sur como La Paz y Los Cabos, sobre el riesgo ante las actividades de organizaciones criminales en esas áreas; dicha advertencia de viaje reemplaza la emitida el 8 de diciembre de 2016.

En el caso de la entidad que incluye a estos dos municipios, menciona que “la actividad criminal y la violencia, incluyendo el homicidio, siguen siendo un problema en todo el estado. Tenga cuidado, cuando Baja California Sur siga experimentando una alta tasa de homicidios”.

Con referencia a lo anterior, se podría estar hablando de 207 personas privadas de la vida en 2016; mientras que en lo que va de 2017, la cifra es superior a los 280. La alerta señala que la “pugna entre grupos criminales han resultado en delitos violentos en áreas frecuentadas por ciudadanos estadounidenses, además de que en los incidentes, personas inocentes han sido heridas y los hechos se manifiestan a todas horas”.

La alerta actualizada contempla lo que denominan Batallas Territoriales (Turf Battles) entre grupos criminales, pero lo que condena el Departamento de Estado son (tiroteos en los que inocentes han resultado lesionados inclusive durante el día, y lo que más preocupa, en sitios en los que los ciudadanos norteamericanos se hacen más presentes o que frecuentan.

Los hechos sangrientos registrados con gran proporción, al menos hasta el mes de julio, evidenciaron la imposibilidad de las fuerzas de los tres niveles de gobierno para abatir los índices delictivos. Más aún, quedó evidenciada la descomposición social, al ser desmantelada por grupos criminales, una red de “chiquinarcos” que a una edad entre 14 y 23 años operaban una red de distribución de estupefacientes.

Un hecho que sin duda empujó al Grupo de Coordinación de Seguridad Pública a redireccionar las estrategias y operativos de seguridad, fue el atentado que sufrió una familia en la conocida Playa Palmilla, con distintivo Blue Flag, donde cinco personas perdieron la vida, tres en el lugar y dos más en el hospital.

Asimismo, entre los hechos de sangre que han comprometido al turismo, destaca la persecución y balacera en plena zona hotelera de San José del Cabo, cuando policías persiguieron a un presunto sicario en marzo, culminando en el lobby del hotel Hyatt Ziva.

Además la ejecución de Carlos Ignacio Vázquez “El Barbas” o “El Caloso”, operador para el CJNG, muy cerca del hotel Grand Mayan de San José; lamentablemente en este enfrentamiento resultó lesionada una persona de origen norteamericano,  identificada como Carol “N”, de 60 años y originaria de Pennsylvania. El gobernador Carlos Mendoza y el alcalde cabeño Arturo de la Rosa condenaron el acto.


En el narcomensaje aparecido en el Jardín de Niños, amenaza con aumentar la violencia, pero también ir contra Ministerios Públicos y agentes que operaron para dejarlo tras las rejas.

“Hemos venido realizando diversas acciones por todos los integrantes del Grupo de Coordinación de Baja California Sur a fin de ir bajando el índice delictivo y sobre todo los hechos de violencia que algún momento han repuntado, y que afortunadamente van a la baja, vamos a continuar haciendo el reforzamiento implementando en las playas y las áreas del turismo, y sobre todo en las colonias donde se tiene antecedentes de hechos de esta naturaleza; de igual manera los sobrevuelos de helicópteros de la Marina y la Policía Federal”, manifestó Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno y vocero del Grupo de Coordinación.

Ante estos sucesos, se ha redoblado la vigilancia y establecido una estrategia redireccionada a la protección de los puntos vulnerables, sin descuidar la zona turística, principal fuente  económica del Estado.

“Hemos blindado las zonas de mayor afluencia con la presencia de las fuerzas federales y, afortunadamente, hemos tenido un resultado muy favorable. La actividad turística se desarrolla con total normalidad”, agregó De la Peña.

En cuanto a la alerta emitida por Estados Unidos, Baja California Sur recibió un impacto que han tomado en cuenta, sin embargo, en voz de Luis Genaro Ruiz, secretario de Turismo del Estado, la principal preocupación se centra en la generación de nuevas oportunidades de atracción a los turistas, pues los extranjeros siguen llegando, y lo que es mejor, el turismo nacional ha tenido un aumento en zonas como La Paz y Loreto en el recién concluido periodo vacacional.

“Por supuesto respetamos la emisión de esta nueva alerta del Departamento de Estado de Estados Unidos, un hecho que respetamos pero que no compartimos, porque Baja California Sur, como lo ha venido manifestando a lo largo de su historia, es un lugar donde nuestros visitantes pueden seguir viniendo a visitarnos en un ambiente seguro, desde 2014 se han venido estas alertas y nosotros hemos venido experimentando indicadores a la alza, desde 2015 los índices de crecimiento son del 20 por ciento anual en Los Cabos, y por supuesto en Loreto y La Paz también con indicadores positivos”, externó el funcionario estatal.

AMENAZA AL COMPADRE “RENÉ 00”

Desde su captura (19 de junio 2017), un conflicto se sintió en las calles, “los principales operadores de ‘El Babay’ estuvieron siendo afectados, parecía que la estructura criminal de este persona estaba debilitada, el análisis que nos dio es que estaba fracturada la relación entre los manejadores de la plaza de Los Cabos, principalmente”, se informó desde la inteligencia militar.

La muerte del ex subprocurador de Averiguaciones Previas la mañana del miércoles 23 de agosto, preocupó a los agentes de seguridad de los tres niveles, pues las dos hipótesis más fuertes en el homicidio, sitúan a grupos rivales eliminando al abogado defensor del ex jefe de plaza; por otro lado, refiere a la misma gente que opera con “El Babay” y como venganza cobró la vida del abogado.

Mientras esos resultados se esperan a través del Sistema de Investigación Balística Integrado (IBIS), hay más trabajo para el área de grafología y grafoscopía, pues la mañana del jueves 24 de agosto fue colgada una manta con narcomensaje en el Jardín de Niños Marcelo Rubio, Colonia Las Arboledas de La Paz, con el siguiente mensaje: “ESTOY ENCERADO PERO NO ESTOY MUERTO, ME COBRARON MUCHOS MILLONES Y ME DEJARON, SIGUEN UDS MPS Y TU RENE 00 VOY CONTRA TI PORQUE ME ESTAS MATANDO MI GENTE Y QUIERES QUITARME LA PLAZA DE LOS CABOS CORRERA SANGRE EN BAJA SUR, SE DECLARO LA GUERRA RENE 00 ATTE. TU EX COMPADRE EL BABAY”.

La amenaza va dirigida principalmente contra “René 00”, identificado por fuerzas de inteligencia militar como René Bastidas Mercado, compadre y colaborador de “El Babay” para el CJNG.

“La letra que se apreció inscrita en este mensaje da un claro mensaje de declaratoria de guerra entre la misma agrupación criminal si fuera el caso, además es notorio que fue escrito por una mujer, entonces hay mucho trabajo para la procuraduría”, dijo el efectivo militar.

Las hipótesis que investigan los cuerpos de seguridad se cierran más a la interpretación de contras de “El Babay” en la comisión del homicidio contra el abogado, o la que mayormente tienen en mente, que él mismo haya operado la ejecución y se cumpla la amenaza de incrementar la violencia.


Fuerzas de los tres niveles de gobierno investigan la conexión entre el homicidio del abogado Palos Arocha y grupos rivales de “El Babay”.

El mensaje escrito denota un claro rompimiento en la misma célula criminal, en la que ha sido de nuevo declarada la guerra por el control de la plaza del sur de BCS, pues “se había dado una especie de pugna donde la caída de la cabeza llevó a que el otro operador pusiera a su gente operando, pero creo que va más allá, la plaza no ha sido dejada, sigue el mismo”, refirió la fuente militar.

Esa apreciación de las fuerzas federales deja clara una disputa por la zona sur de la entidad, en una división de la plaza, “todo viene desde administraciones pasadas, los administradores municipales dejaron que se apoderaran de una plaza, la entregaron y dividieron, como fue el caso de Sinaloa y los que ahora se disputan, Jalisco, para tener que llegar de nuevo a lo que ellos decidan; porque ese poder se les entregó y les dieron impunidad”, determinó el efectivo.

Con una Policía viciada desde administraciones que abrieron paso a las fuerzas del crimen organizado, una plaza dividida desde la administración de Antonio Agúndez Montaño, donde “sus policías municipales coludidos con el narco dejaron crecer la división entre los ya establecidos en ese momento, que eran Los Javieres en la zona de San José del Cabo, y la plaza de San Lucas en Cabo San Lucas, esa herencia tiene temblando a todo el Estado con la nueva alerta del Departamento de Estados Unidos, y que nos pone en jaque”, enfatizó uno de los elementos del Mando Mixto en Los Cabos.

Pero para aquellos elementos de seguridad que operaron en líneas criminales, la manta encontrada esta semana evidencia que también va contra todo aquel que cobró piso por operar en Los Cabos y La Paz.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADAS BCS / INVESTIGACIONES ZETA /MARTES, 29 AGOSTO, 2017 12:00 PM)


TRAFICANTES-HOMICIDAS SE CREEN JUSTICIEROS


Foto: Cortesía.- "Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP"

 “El que me he quebrado ha sido porque se lo ha ganado” o “Debía dinero de droga”, han sido las justificaciones de los pocos sicarios en Tijuana, cuya jornada homicida ya provocó que Baja California, con mil 331 muertos, supere la cifra mortal del año pasado en la entidad. La justicia no alcanza a los asesinos, bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tijuana suman  mil 569 personas asesinadas, 118 órdenes de aprehensión solicitadas y obtenidas por homicidio, ocho juicios abreviados realizados, siete más en proceso  y cuatro juicios orales solicitados. Además, los sicarios liberados regresan a delinquir, como informó el secretario de Seguridad respecto a Filiberto Parra Ramos “La Perra”

La última semana de mayo de 2017, ZETA recibió el documento oficial que corroboró la liberación de Filiberto Parra Ramos “La Perra”, gatillero del Cártel Arellano Félix (CAF) que mudó al Cártel de Sinaloa con Eduardo García Simental “El Teo”, y que fue detenido en junio de 2009.

El jueves 23 de agosto de 2017, Daniel de la Rosa, secretario de Seguridad Pública del Estado, confirmó el regreso de “La Perra” a Tijuana y a la delincuencia organizada, aunque no precisó con cuál cártel, ni zona de operación.

“(Respecto a monitoreo) Por ahí nos referíamos a una persona de otro municipio (Manuel Garibay Espinoza), pero en torno y en específico a este sujeto (‘La Perra’), sí hay un seguimiento que se está desarrollando, y lo que nosotros vemos es una reincidencia de este tipo de personaje”.

De la labor delictiva de quien fue del CAF comentó:

“Sí hay en los reportes, sobre todo en la labor de inteligencia, sí trae ahí su regreso, cómo se opera su regreso, como está generando alguna alianza o retorno con los que en aquellos momentos operaba o le apoyaban. Si cuento con que sí haya un seguimiento, con que estamos desarrollando precisamente ese decomiso que derivó de algunas, otros que se han venido asegurando últimamente de las personas que podrían estar involucradas en torno a ese criminal”.

Del regreso de Parra Ramos a las calles de Tijuana, refirió quien estuvo a cargo de su captura en 2009, y además fue coordinador del Consejo Estatal de Seguridad y Comandante de la II Región Militar, el General Alfonso Duarte Mujica:

“Con la liberación, aduciendo que sus derechos humanos les fueron violentados, es evidente la reincidencia de estas personas en los mismos delitos que anteriormente incurrieron. Tenemos que tomar muy en cuenta y así está establecido jurídicamente, que los derechos humanos son fundamentales en cada individuo, pero estos tienen un límite y encima de estos está el orden público y la seguridad de la sociedad, y estos tienen prevalencia sobre los primeros.

“Qué bueno hubiera sido que su liberación fuera para incorporarse a la sociedad y tener una ocupación honesta, pero de acuerdo con la información de las autoridades respectivas, es lamentable que esta maravillosa ciudad de Tijuana que recibe a mucha gente y les da oportunidades de trabajo, esté sufriendo con las actividades delictivas de estos individuos. Pero tengo la certeza, que como antes, Baja California es más grande que sus problemas y los buenos somos más”, indicó el militar.

TAMBIÉN “EL KARATECA” DEL CAF, LIBRE

En su declaración el jueves ante la prensa de Tijuana, sin dar el nombre, De la Rosa confirmó la liberación de Carlos Gamiño González “El Karateca”. Así lo mencionó: “También así como ese caso (de ‘La Perra’) hay algunos otros que pudiera comentarles, que ya los habíamos inclusive detenido, algunos hasta les habían dado sentencias condenatorias de hasta nueve años de prisión, pero en amparos que promovieron presuntamente, obtuvieron alguna libertad.



“Entonces ahí nosotros estamos trabajando particularmente para ese tipo de personas ponerlas a disposición de nueva cuenta de la autoridad, obviamente aquí pues cuenta a partir en nuestro ámbito de la flagrancia delictiva, porque ya mandamientos judiciales en este momento pues no existen, porque vienen saliendo de las prisiones, sobre todo federales”, informó el funcionario estatal.

ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y JUICIOS DE HOMICIDAS

Entre el 18 de junio de 2016 y el 23 de agosto de 2017, con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en Tijuana, se han abierto mil 470 expedientes por homicidio con mil 557 víctimas; en el mismo periodo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha solicitado y le han concedido 118 órdenes de aprehensión, lo que significa una efectividad del 7.5 por ciento. Ni todos los asesinos han sido detenidos, ni todos los capturados, han sido juzgados.

En el Poder Judicial informan que en los mismos 14 meses, sólo ocho homicidas han sido sentenciados, todos  el año pasado.

Elementos de la PGJE refieren que los presionaron a dar resultados tras la reunión del 17 de julio con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Previamente, entre junio de 2016 y junio de 2017, con mil 312 asesinatos en mil 230 carpetas, el área de Homicidios había logrado 73 órdenes de aprehensión, un promedio de ocho al mes, lo que significaba un 5.5% de efectividad, pero sólo en obtención de órdenes de aprehensión.

En julio y agosto, dicen, tras las órdenes recibidas, promovieron y obtuvieron otras 45 órdenes de captura, lo que significa un promedio de 23 por mes, prácticamente seis órdenes de aprehensión a la semana.

El subprocurador de Investigaciones Especiales, del que dependen las áreas de Homicidios de Tijuana y Mexicali, José María González Martínez, explicó que de esas 118 órdenes, algunas corresponden a uno o más implicados en una carpeta, y que los homicidios judicializados incluyen varios de los ocurridos a partir del 18 de junio de 2016, cuando entró el NSJP. Sus expedientes judicializados suman un 10%.

Cristián Guillen Rángel, “El Dicho”, Cártel de Sinaloa, Cártel de Los Chapitos “Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP”

“No he encontrado el estándar nacional, pero sacar de dos a cuatro órdenes de aprehensión a la semana, la verdad es un gran esfuerzo. Tengo 20 parejas trabajando, otros 10 o 12 entregando oficios, de guardia, diez agentes procesando porque es mucho muerto. Me han dotado de más gente, entrevisté a 12 candidatos a secretarios para una eventual contratación, tengo MPs que no tienen secretario. Sigue faltando personal”, reveló.

— Este año, ¿alguna de las carpetas tiene sentenciados?

“No tenemos juicios, porque no nos han dado fecha”.

— A algunos detenidos les dieron fecha de juicio en las audiencias de vinculación, ¿se supone empezaban en agosto?

“Se han diferido; nosotros ya pedimos audiencias para juicios y no nos las han dado, y eso no es responsabilidad ni del Poder Judicial ni de la procuraduría, hay que ver caso por caso qué recursos interponen, o cuando maliciosamente cambian el abogado para hacer más largo el inicio de juicio”.

— ¿Cuántas audiencias ha solicitado?

“Cuatro”.

— ¿Tiene alguna carpeta para juicio abreviado?

“Sí, son siete”.

De los 118 presuntos homicidas contra los cuales se han solicitado órdenes de aprehensión, el 81% tiene como móvil venta de droga al menudeo, 11% sido pasionales, 7% por violencia intrafamiliar y 2% víctimas colaterales.

El perfil de los homicidas detenidos se trata de ladrones o vendedores de droga convertidos a sicarios, como tres del grupo de José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, Juan Manuel González Vega “El Quemado”, Jaime Andrés González Cabrera “El Chinola” y Christian Rangel Guillen “El Dicho”, quienes matan por dinero.

También existen casos como el del multihomicida Miguel Ángel Pérez Romero, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel Arellano Félix (CAF), recientemente detenido por elementos del Ejército y la Policía Municipal, con dos años de homicidios acumulados.

Se trata, explica un investigador, de sociópatas, delincuentes que se consideran a sí mismos justicieros que tuvieron alguna muerte o un incidente violento en su familia y emprenden una campaña contra los “sarras”, otros delincuentes considerados en el ámbito criminal como “sin honor”.

Juan Manuel González Vega, Manuel Alonso Nevárez Vega, “El Quemado”, “El Popet” “Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP”

“EL QUEMADO”, MATÓN A SUELDO

Juan Manuel González Vega “El Quemado”, el alias de Manuel Alonso Nevárez, ha sido detenido siete veces en 2017. Todas por posible involucramiento en homicidio, siempre salía en libertad por falta de elementos.

En agosto finalmente quedó encerrado por homicidio calificado en grado de tentativa. La tarde del 25 de julio, en la calle Colombianos frente al número 8409 del Infonavit Latinos, intentó asesinar con arma de fuego a Christian Alberto Amaro Reyes, testigos lo identificaron y está sujeto a proceso.

Antes fue relacionado y señalado por otra víctima que fue lesionada el 8 de julio en la Avenida Acueducto número 46 de la colonia Lomas de la Amistad. En un asesinato donde también hubo tres lesionados, ocurrido el 4 de julio en la calle Santo Tomás del Bulevar Cucapah. Y el 21 de julio, “El Quemado”, acompañado por “El Pancho”, disparó a “La Güera”; lo había denunciado por robo en el Infonavit Cachanillas.

Las dos armas relacionadas con “El Quemado”, una calibre 9 milímetros y otra .380, están involucradas en otra tentativa de homicidio en la calle Esperanza de la colonia Villas de Alcázar. Y en expediente abierto por homicidio o tentativa el 2 de julio, en la colonia Sánchez Taboada.

También en el asesinato del 27 de junio, en la calle Huehuetéotl de Camino Verde, de Jorge Benítez Fierro de 38 años de edad; el 24 de junio, el homicidio de un desconocido de entre 25 y 30 años en la calle Salvador Arteaga de la colonia División del Norte; otro desconocido acribillado el 10 de abril en un camino vecinal del fraccionamiento Valle de San Pedro; el asesinato de Manuel Gómez el 7 de abril en la colonia Valle Verde ; y la muerte a balazos de Víctor Tarín el 5 de abril en la colonia Progreso.

A Christian Rangel Guillén, detenido por la Policía Municipal el jueves 24 de agosto, las autoridades del Grupo Coordinación lo contemplan como uno de los sicarios involucrados en varios de los homicidios de este grupo del Cártel de Sinaloa, sin embargo, al momento de su detención sólo tenía una orden de aprehensión pendiente por homicidio en el Número Único de Caso 2/4/2017/27682, y otra por robo el 21 de agosto.

Jaime Andrés González Cabrera, Rafael Cabrera González, “El Recio”, “El Chinola” “Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP”

“EL CHINOLA” EN HOMICIDIO DEL NIÑO DAVID

Caso similar el de Jaime Andrés González Cabrera “El Chinola” o “El Recio”; el 17 de julio fue judicializado por el homicidio del niño de 7 años Hugo David, quien murió de un balazo en la cabeza y otro en el cuello, cuando un grupo de matones ingresó a su domicilio en la colonia Sánchez Taboada y dispararon contra el padrastro del menor, Roberto Carlos Casas Maravilla, a quien querían matar y que vende droga en esa casa, al servicio de Jalisco.

El arma que las autoridades tienen relacionada con González está implicada en los siguientes casos: intento de homicidio en el fraccionamiento Las Fuentes el 5 de junio; asesinato de un desconocido en la colonia Reforma el 10 de marzo; asesinato de Miguel Mascorro el 31 de mayo en la colonia Sánchez Taboada, y ahí mismo, el homicidio de un joven desconocido de 20 años, el día 30 de mayo. Además, en cuatro intentos de homicidio donde las víctimas se negaron a declarar.

Al ser capturado, “El Chinola” aseguró que únicamente él utilizaba el arma, sin embargo, explicó que al concluir un operativo homicida la entregaba a un hombre en moto que la resguardaba. También declaró que la mayoría de las armas del grupo criminal se compartían.

Miguel Ángel Pérez Romero, Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, “Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13, CNPP”

EL SICARIO QUE SE CONSIDERA JUSTICIERO

Ángel Pérez, cuya captura fue el 21 de agosto, tiene 21 años y lleva dos años asesinando. En pláticas previas a sus declaraciones ante el juez, dijo que “trabajó” con el Cártel de Sinaloa, pero se había cambiado al CJNG.

Les dijo a sus captores: “Al que me he quebrado, ha sido porque se lo ha ganado…la mayoría de los jales me los he aventado gratis, porque no me gusta que la gente se meta con la gente”.

Fue detenido por lesiones, robo de vehículo, lesiones a su padre, daños en propiedad ajena y delitos contra la salud. Sus asesinatos empezaron en 2015 y los ejecutó por orden del “El Güero Chompas”, a su primer muerto lo apodaban “El Noble” y para Los Uriarte también asesinó a un hombre cerca de Pabellón Rosarito. Confesó que compraba droga para moverla, y que en más de una ocasión, para tener dinero empeñó alguna de sus armas con alguno de los traficantes del grupo.

Aseguró haber estado en por lo menos dos decenas de atentados homicidas, en algunos participó sólo para apoyar a conocidos.

De la guerra criminal en las calles, indicó que uno apodado “El Bebo” intentaba matarlo para quedar bien con sus jefes, y lo dejaran controlar la venta de droga en unas cuadras. Por su cabeza, dijo, ofrecieron mil pesos. De cómplices para matar, reveló que uno es un guardia de seguridad que trabaja en la Zona Norte y que mató a uno de sus concuños porque le pagaron. Que asesinó a “El Macoi” porque estaba traicionado al grupo dando información a los rivales. Además, dio muerte a otros matones servidores de Loreto Capoema  “El Versi”.

También aseguró participar en el homicidio de Gonzalo Rivera “El Tragedias”, sicario de los hermanos Alfonso y Rene Arzate, muerto el 19 de agosto de 2015 en una pizzería en la Plaza Paseo 2000 en Tijuana. Y recientemente asesinó a gente con la que antes “trabajó”, vendedores de droga y matones al servicio de recién detenido Christian Rangel Guillén “El Dicho”.

La PGJE lo consignó esta semana por un homicidio del viejo sistema, pero no informó cuál.

CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD RECLAMA EFICIENCIA

Genaro de la Torre, presidente en Tijuana del Consejo Ciudadano de Seguridad Municipal, refirió que la sociedad no está satisfecha con los resultados de la PGJE en el tema del homicidio, que en conversaciones con personal de la fiscalía, el argumento ha sido la falta de personal y de equipo.

“Y sí, resulta preocupante que Tijuana con el 70% de los homicidios en el Estado tenga tan poca infraestructura, el mismo personal y equipo que Mexicali”, aseveró.

Otro problema es que en la PGJE se han escudado que todos  -homicidios- son problema entre narcotraficantes, y algunas de las víctimas no, pero como las catalogan así, dejan de revisar lo que sucede alrededor del homicidio, y dos o cuatro semanas después, cuando se dan cuenta que no era así, ya es muy tarde pata obtener lo que se pudo haber investigado en los primeros días.

“Le hemos exigido (a la procuradora Perla Ibarra) nos aclare estos asunto, ¿por qué no hay avances?”, cuestionó De la Torre.

Finalmente se le preguntó si la procuradora ha hecho algún compromiso con el Consejo Ciudadano para mejorar la efectividad en el tema de homicidios; la respuesta fue “No”.

BC REGISTRA MIL 331 CRÍMENES EN 2017

En menos de nueve meses, Baja California superó el  número de homicidios dolosos perpetrados en 2016. Hasta el 24 de agosto, en la entidad se tenía registro de mil 331 crímenes, mientras que el año pasado se cometieron mil 257.

En los últimos siete días, en Tijuana se cometieron 41 ejecuciones. El miércoles 23, en el fraccionamiento El Dorado, en un lote baldío se encontró entre la maleza un cuerpo sin vida de un masculino de entre 30 y 35 años de edad, con lesiones de bala en la cabeza. Un hombre identificado como Eder Acosta Vega, de 34 años, fue ejecutado a tiros  en la colonia Hacienda Las Fuentes. En un lugar utilizado como basurero en la colonia San Martín y Rancho El Chicote, se localizó un vehículo tipo vagoneta calcinado; en su interior se encontró una persona carbonizada.

Luego, en menos de 24 horas, seis personas fueron asesinadas. En el Hospital General, un hombre perdió la vida tras las heridas que sufrió en un ataque armado ocurrido el 15 de agosto en la colonia Niños Héroes. Con huellas de violencia fueron encontrados los cadáveres de un hombre y una mujer en el interior de la pila de la CESPT ubicada en la colonia Esperanza. Cuando iba a bordo de una camioneta Jeep Cherokee, en el fraccionamiento Santa Fe, una mujer identificada como María Angélica Castañeda García, de 46 años, fue ejecutada por hombres desconocidos que huyeron de la escena del crimen en una camioneta tipo pick-up color rojo. En la colonia Azteca, fue localizado el cadáver de Arnulfo Jiménez, de 37 años. Tenía lesiones por arma de fuego.

El martes 22, frente a las albercas El Vergel, a la altura de Vía Rápida Alamar, fue localizado un vehículo sedán calcinado. En la cajuela estaba el cuerpo de una persona carbonizada. Y en la colonia Los Laureles, se informó que se encontraban los restos de un masculino.

Del 18 al 20 de agosto, 19 personas fueron asesinadas en distintos puntos de la ciudad.  El viernes, Carlos Enrique Araujo Hernández, de 22 años, perdió la vida en el Hospital General, luego de los balazos propinados. En un terreno baldío en la colonia El Florido fue encontrado el cadáver de Manuel Germán Orozco Acosta. Tenía lesiones producidas por arma de fuego.  En la colonia La Encantada fueron localizados los restos de un masculino, presuntamente estrangulado. El cuerpo de Esthela Yessenia Pérez García, de 22 años, fue hallado en la colonia  El Laurel.  En la escena del crimen se localizaron tres indicios balísticos, así como el cuerpo de un hombre en la colonia Valle Verde. En el Hospital General murió a consecuencia de las  heridas punzocortantes Andrés Frutos García. En el mismo nosocomio falleció Leonel Jorge Villalobos, de 22 años, tras recibir heridas de bala.

El sábado, en el centro de rehabilitación Jardín de las Mariposas de la colonia Juárez, fue asesinada María Inés Aguilar Osuna, de 44 años. En un camino vecinal adyacente a caseta de peaje Tijuana-Playas de Rosarito del fraccionamiento Costa Coronado, fue encontrado el cadáver de un masculino de entre 20 y  25 años. La víctima tenía un trozo de metal incrustado en la cabeza. Diana Razo Martínez, de 34 años,  fue asesinada en una vivienda de la colonia Palma Real. Por las heridas provocadas por arma de fuego,  Rubén Ornelas Barba, de 35 años,  murió en el patio de una vivienda en la colonia Rancho La Cima. Frente a la privada Bruselas en el fraccionamiento Laurel 2  fue asesinado a tiros Julio César Salazar, de entre 40 y 45 años. En Colinas de la Cruz, fue localizado el cuerpo sin vida de un masculino, con heridas de bala en el rostro.

El domingo 20, en colonia México Lindo, fue localizado el cuerpo desmembrado de un masculino al interior de una maleta de color café. Los restos -cabeza, extremidades superiores e inferiores- estaban en tres bolsas de color negro. Tenía entre 35 y 40 años. En el Hospital General murió un sujeto de entre 35 y 40 años. Fue atacado a balazos en la colonia Las Torres. También en el mismo nosocomio perdió la vida Jorge González, de 52 años quien, junto a dos hombres más, de 29 y 46 años, fueron agredidos a tiros.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  INVESTIGACIONES ZETA/ LUNES, 28 AGOSTO, 2017 12:00 PM)



“KIKO” Y BONFANTE ARRUINARON 189 MDP INVERTIDOS EN TECNOLOGÍA


Foto: Jorge Dueñes

El Consorcio Tecnológico de Baja California, construido con 189 millones de pesos de fondos públicos, es un complejo abandonado por el gobierno estatal, sin la presencia de empresas, con un centro de investigación que cerró por falta de apoyo y uno más en la incertidumbre jurídica. Además, en oficinas que hoy se encuentran vacías, se constataron millonarios sobrepagos en obra

Los 189 millones de pesos en recursos públicos invertidos en el Consorcio Tecnológico de Baja California son suficientes para que éste opere plenamente, en cambio, se trata de un conjunto de edificios abandonados, oficinas vacías; uno de los principales centros de investigación en el país cerrado, y el otro, en la incertidumbre.

La negativa del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid para entregar la propiedad del inmueble a los dos centros de investigación ahí ubicados, a pesar de que así se convino desde la administración estatal anterior, hizo que uno cerrara su subsede en Tijuana.

Y lejos de trabajar en conjunto para rescatarlo, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Estado, titulada por Carlo Bonfante, presionó para que el equipo de laboratorio fuera transferido a un tercero interesado.

A eso se suma la falta de promoción que este gobierno estatal ha dado al complejo para que empresas obtengan servicios de innovación y tecnología.

El Consorcio Tecnológico, construido en un terreno de cinco hectáreas y ubicado sobre la Carretera Libre Tijuana-Tecate en El Florido, es propiedad del Gobierno del Estado y su operación está a cargo de Sedeco, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Cocit) de Baja California.



Foto: Cortesía.- En la inauguración del lugar, el ex gobernador Osuna Millán y su secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray

Por fuera lucen modernos edificios, trabajadores regando la jardinería y limpiando los ventanales, por dentro, hay oficinas empolvadas, sin inmobiliario ni personal.

Cinco edificios componen el complejo. El principal alberga las oficinas de la dirección regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Cocit.

Otro edificio corresponde al Centro de Transferencia Tecnológica con solo dos de siete oficinas ocupadas. Uno más, al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi) y un cuarto estaba asignado al Cideteq, ahora vacío. Ambos forman parte del sistema de centros Conacyt.

Mientras que, en la parte posterior, se encuentra un complejo de tres edificios, pensado para albergar incubadoras de empresas, pero que se encuentra en desuso y deteriorado.

UN PROYECTO ABANDONADO

El Consorcio Tecnológico de Baja California fue uno de los proyectos más ambiciosos y costosos del sexenio del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán y de su entonces secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray.

Inició en 2009, cuando el Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), un organismo empresarial, junto con el gobierno estatal, detectó una carencia de oferta en los servicios tecnológicos acreditados, investigación y desarrollo tecnológico e innovación, según la justificación del proyecto.

Fue así como el Consorcio Tecnológico se ideó como un proyecto de triple hélice con la participación de gobierno, universidades e iniciativa privada. Conacyt apoyó con la instalación de extensiones de los centros de investigación interesados y, junto con el gobierno de Baja California, financió la infraestructura.



Lo que queda de Cideteq, uno de los principales centros de investigación en el país

Por otra parte, el sector empresarial, representado por el CDT, se encargó de los estudios de factibilidad, así como de su promoción y el Parque Industrial El Florido aportó el terreno para la sede.

Una vez construidos los edificios, su equipamiento corrió a cargo de los centros de investigación bajo el entendido de que, en el futuro, las construcciones les serían donadas, lo cual no ocurrió.

INVERSIÓN PERDIDA

Los costos de las diferentes etapas de construcción del Consorcio Tecnológico suman 188 millones 800 mil pesos, todos obtenidos de fondos públicos. Si a esto se suma el valor del terreno, valuado en 20 millones de pesos en 2009, la cifra supera los 200 millones de pesos.

La obra inició en 2009, cuando el CDT obtuvo 34 millones 993 mil pesos para la construcción de la fase uno del Consorcio Tecnológico, tras participar en la convocatoria de Fondos Mixtos, un fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado y Conacyt.

No obstante, esta cifra abarcó apenas el 33 por ciento del costo total de la primera fase. De acuerdo con un Informe de Gobierno de Osuna Millán, la construcción de los edificios donde se instalaron el Cidesi y el Cideteq, así como las vialidades y accesos, tuvieron un costo de 106 millones de pesos. Tan solo en el acceso principal, se destinaron 9 millones 799 mil 999 pesos del Presupuesto de Egresos 2010 del gobierno estatal.

El terreno, con una superficie de cinco hectáreas y un valor de 20 millones 550 mil pesos, fue donado al Gobierno del Estado por el fideicomiso Submetrópoli de Tijuana, perteneciente al Grupo El Florido.

La donación fue condicionada a que el inmueble se destinara única y exclusivamente al establecimiento y operación del Consorcio Tecnológico de Baja California, por lo que se convino que, en un futuro, la propiedad de los inmuebles que ocuparían Cidesi y Cideteq, fuera entregada a éstos.

En una segunda etapa, concluida en 2012, se construyeron las oficinas centrales con una inversión de 17 millones 800 mil pesos, nuevamente con fondos adquiridos a través de Conacyt y el Gobierno del Estado; además, se destinaron otros 15 millones de pesos para el equipamiento de laboratorios del Cidesi.

Ese mismo año se destinaron 20 millones de pesos más al Cideteq y 7 millones adicionales al edificio de Conacyt.

Una tercera etapa, financiada nuevamente con Fondos Mixtos en 2013, contempló una inversión de 16 millones 200 mil pesos para la terminación de las oficinas centrales y 6 millones 800 mil pesos para las incubadoras de empresas.

EL ROMPIMIENTO CON CIDETEQ

En 2011, el Consorcio Tecnológico inició operaciones con Cideteq y Cidesi. Ambos son centros públicos de investigación adscritos al sistema Conacyt, y con sus sedes principales en Querétaro.

El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi) se fundó en 1984 y cuenta con sedes adicionales en Nuevo León, Estado de México y Baja California. En Tijuana, cuenta con laboratorios de ensayo, medición y calibración acreditados que proporcionan servicios, por ejemplo, a empresas gasolineras para sus máquinas de abastecimiento de gasolina.



Oficinas de CICESE, dañadas y abandonadas

También ofrece soporte tecnológico y servicios especializados para el sector aeronáutico y aeroespacial en México.

Por su parte, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (Cideteq) es un centro público de investigación adscrito al sistema Conacyt, fue creado en 1991 y su única subsede era la de Tijuana.

En esta ciudad, contaba con 22 laboratorios en los que proporcionaba servicios como análisis de metales, análisis de aguas, caracterización de materiales y análisis de fallas a empresas.

El doctor Gabriel Siade Barquet es el director general de Cideteq. Ex empleados explican que ante la falta incertidumbre jurídica del inmueble de 2 mil metros cuadrados, la dirección general comenzó a restringir el crecimiento de la subsede en Tijuana, ya que no deseaba invertir más recursos en ella si no había garantía de que se les entregaría.

Cideteq llegó a tener hasta 40 clientes constantes y atendieron hasta 100 empresas. Tan solo el equipo con el que contaban tenía un valor de 28 millones de pesos.

Sin embargo, en febrero, comenzaron las presiones del Gobierno del Estado a través de Alfredo Babún, subsecretario de Desarrollo Económico del Estado y presidente del Cocit, por lo tanto, responsable de la operación del Consorcio Tecnológico, para que el inmueble fuera desocupado.

Haciendo referencia a su cargo como “administrador de los fondos Fomix (Fondos Mixtos) con los que se financió la construcción de las instalaciones de la subsede Tijuana de Cideteq”, Babún envió un oficio al doctor Siade Barquet, el 17 de febrero de 2017, para hacerle saber “he sido informado que en fecha próxima tienen planeado concluir con las actividades que ahí se realizan debido a la dificultad económica que atraviesa el país”.

Por lo que, le solicita “que las instalaciones y el equipamiento que se encuentran en la subsede de Tijuana, no sea removido y se busque una alternativa para su operación por un tercero interesado”.

Sin ofrecerle ningún tipo de apoyo para ayudar a la promoción del Cideteq, Babún insiste: “No estamos de acuerdo en retirar esos equipos de nuestro estado”, a pesar de que el equipo pertenecía a Cideteq.

Cinco días después, el doctor Siade dio contestación al subsecretario de Desarrollo Económico de Baja California para aclararle “las actividades de nuestra unidad en Tijuana se mantienen activas”.

Entonces llegó el recordatorio del compromiso sin cumplir “con fecha del 10 de junio de 2011, se firmó un acuerdo administrativo de inmuebles y hasta la fecha, el Gobierno del Estado de Baja California no ha cumplido con dicho compromiso; y como usted seguramente debe estar enterado, hemos hecho inversiones en mobiliario y equipo sin ser propietario del terreno en donde se localiza nuestra unidad Tijuana”.

En febrero de ese año se hizo un recorte de personal para continuar operando con el mínimo requerido y finalmente, en julio, el Cideteq cerró por completo y el equipo fue reintegrado a la sede principal en Querétaro.

El inmueble de dos pisos continúa desocupado y sobre un mueble de madera que queda en el lobby, se escribió la palabra “ADIÓS”  a manera de grafiti.

EDIFICIOS CON PRECIOS INFLADOS, SIN PERMISOS NI FIANZAS DE VICIOS OCULTOS

Tan solo por la terminación del edificio administrativo y la construcción de las incubadoras de empresas dentro del consorcio, el gobierno de Baja California realizó sobrepagos por 2 millones 189 mil 604 pesos.

Así lo determinó la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California al revisar las cuentas públicas del Fondo Mixto correspondientes a 2013.

El Fondo Mixto busca fomentar la investigación científica y tecnológica del Estado.

En 2013, entre los doce proyectos beneficiados con estos fondos, se encontraba la terminación del edificio administrativo, donde operan las oficinas de Conacyt y de Cocit, así como la construcción de incubadoras de empresas.



UABC prefirió cerrar sus puertas

Para el primer proyecto se destinaron 14 millones 200 mil pesos a la empresa Sistemas Innovadores en Construcción, la cual resultó beneficiada y con Hugo Enrique León Canales como responsable técnico. Se trató de la segunda obra que más recursos de Fomix recibió, solo por debajo del Museo Interactivo Tijuana, que obtuvo un monto de 16 millones de pesos.

El segundo proyecto del consorcio beneficiado ese año, fue el de las incubadoras de empresas que recibió 6 millones 800 mil pesos a través de la compañía beneficiada, Arquitectura y Desarrollo Constructora, con Pedro Diego Caudillo como responsable técnico.

Estas incubadoras consisten en tres edificios en la parte posterior del consorcio, de una planta cada uno, los cuales se encuentran en desuso, deteriorados por dentro y por fuera, uno de ellos, incluso aún con la envoltura de plástico sobre la manija de la puerta.

El Fomix opera bajo el Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso del Fondo Mixto, presidido hasta octubre de 2013 -cuando finalizó la administración de Osuna Millán- por Alejandro Mungaray y luego por Carlo Bonfante, ex titular y actual titular de Sedeco, respectivamente.

Según el dictamen, con fecha del 21 de enero de 2016, en la terminación del edificio administrativo se registraron sobrepagos por 893 mil 196 pesos. De este monto, 436 mil 607 pesos se justificaron en el suministro y colocación de equipo hidroneumático y dos tanques de presión.

Sin embargo, tales insumos ya habían sido pagados en la construcción del Centro de Transferencia e Innovación Tecnológica de Baja California.

Otros 456 mil 589 pesos resultaron en un sobreprecio para el cuarto de máquinas del consorcio, con precios inflados en el metro cuadrado de block.

En cuanto a las incubadoras, se detectaron pagos en exceso por un millón 296 mil 408 pesos, esto cuando se compararon “las cantidades de los conceptos estimados y las obtenidas mediante visita e inspección física”, detalla el documento.

Mientras que, por el suministro y colocación de ocho juegos de WC y lavabos, se realizaron pagos por exceso en 86 mil 24 pesos.

Cuando se le informaron de estas anomalías al Comité del Fideicomiso, éste no requirió la reintegración de los recursos a la empresa constructora.

Además, las cuentas no fueron claras. Los gastos se sustentaron con facturas y resúmenes de estimaciones por partidas, sin desglose de conceptos de obra, ni documentación soporte.

Más violaciones a la Ley de Obras Públicas en las que incurrieron con estos dos proyectos, de acuerdo con lo que estableció el dictamen número 260, son la falta de sellos y firmas en los planos proporcionados que acrediten la aprobación y valoración de la Dirección de Administración Urbana Municipal.

Tampoco se proporcionó evidencia de haber obtenido los permisos, licencias de construcción y estudios de impacto ambiental correspondientes, señala el documento legislativo.

…  Y CONSTRUIDOS POR EMPRESAS CON MISMO SOCIO; UNA SE DISOLVIÓ

La empresa Sistemas Innovadores en Construcción, beneficiada con 14 millones 800 mil pesos para la terminación del edificio administrativo del Consorcio Tecnológico, se fundó el 28 de mayo de 2012 en Tijuana, un año antes de que solicitara el recurso del Fomix.

De acuerdo con su acta constitutiva, está integrada por los socios Leandro Enrique Gómez Castellanos, Hugo Enrique León Canales y Jesús Daniel Roque Silva.

De los tres, solamente Jesús Daniel Roque Silva, quien obtuvo su título como licenciado en Contaduría por la UABC en 2011, está registrado como socio de otra empresa y es precisamente Arquitectura y Desarrollo Constructora, la que recibió 6 millones 800 mil pesos del Fomix para la construcción de las incubadoras de empresas.

Desde su fundación en 2011, la empresa estaba integrada solamente por Pedro Diego Caudillo y Gustavo Gracia Rosario, pero Jesús Daniel Roque Silva aparecía como comisario de la misma.

Ambas empresas, además, participaron en una licitación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) para la adquisición de materiales de construcción, en 2014.

Sin embargo, el 28 de abril de 2017 se disolvió la empresa Arquitectura y Desarrollo Constructora, según consta en actas de asamblea inscritas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.

SIN PRESENCIA DE EMPRESAS, SOLO CETYS Y UTT SIGUEN CON OFICINAS

En discursos, pronunciados primero por Osuna Millán y luego por “Kiko” Vega, se repitió que el Consorcio Tecnológico fortalecería a empresas con base tecnológica y fomentaría la creación de otras más.

Incluso dentro del Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Vega de Lamadrid, se delineó como una estrategia en el área de Economía, “otorgar mayores recursos al Consorcio Tecnológico para innovación, investigación, desarrollo tecnológico e incubadoras de empresas”.

Sin embargo, a la fecha “ninguna empresa se encuentra trabajando dentro del Consorcio Tecnológico”, informó la Sedeco en el recurso de revisión a una solicitud de información pública, con folio REV/226/2017, resuelto por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIP) de Baja California.

También detalló que ninguna empresa ha solicitado su intención, por escrito, de ocupar alguna de las oficinas.

En un recorrido que ZETA hizo por las instalaciones del consorcio, se constató cómo en el Centro de Transferencia Tecnológica solamente dos oficinas continúan ocupadas, las de vinculación de CETYS Universidad y la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT).
Aunque ese día, el miércoles 23 de agosto, solamente la de CETYS estaba abierta, el resto de las oficinas se encuentran cerradas y en completo desuso.

Ignitus, una de las empresas que originalmente se encontraba ahí, se trasladó a las oficinas de Vía Corporativo en Tijuana. Otra de las empresas a las que les fueron entregadas amplias oficinas en el Centro, Innovacci, se disolvió en 2016.

Mientras que la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) informó que su espacio asignado en esta oficina “no se ha podido aprovechar, dado que está en proceso de definirse una estructura normativa y orgánica con relación al aprovechamiento y comercialización de resultados de la investigación, en beneficio de la institución y sus investigadores”.

De acuerdo con el padrón de bienes inmuebles de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, el Consorcio Tecnológico de Baja California está valuado de 46 millones 558 mil pesos, lo equivalente a los avalúos de cuatro escuelas primarias u hospitales del Issstecali. Es una de las edificaciones del gobierno estatal de mayor valor en Tijuana.

Aun así, es una de las más desaprovechadas, a pesar de su potencial para vincular a estudiantes, investigadores y empresas.

Se solicitaron entrevistas pare este reportaje a la oficina de Comunicación Social de Gobierno del Estado, al subsecretario de Desarrollo Económico, Alfredo Babún, y a la dirección general de Conacyt. Hasta el cierre de edición, ninguno respondió a la petición.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS GARCÍA RAMOS/ LUNES, 28 AGOSTO, 2017 12:00 PM)