lunes, 15 de enero de 2018

BANSEFI CLONÓ 3 MIL 79 TARJETAS DE DAMNIFICADOS POR SISMOS, ACUSAN

La CNBV indaga las irregularidades detectadas; detectó dispersión excesiva de recursos por 68.8 mdp



México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encontró irregularidades en el programa de tarjetas para damnificados de los sismos de septiembre de 2017.

El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió tarjetas a nombre de mil 495 beneficiarios en las cuales se depositaron 68.8 millones de pesos, sin embargo, en el caso de 11 personas, los nombres se repiten en 34, 26, 18, 16 y 14 tarjetas, entre quienes se encuentran aquellos que ni siquiera recibieron una tarjeta, publica Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Tal es el caso de Reynaldo Molina, oriundo de la comunidad de Tenochtitlán en Chiapas, quien decidió no demoler su casa, “como damnificado (…) recibió una tarjeta con 15 mil pesos”, la cual no sirve para costear la construcción de una nueva vivienda, sin embargo, su nombre aparece en 34 tarjetas donde se depositaron un total de 510 mil pesos.



Bansefi emitió 4,574 tarjetas para 1,495 beneficiarios en las cuales depositó los 68.8 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), banco al cual la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregó el censo de damnificados que aplicó.

De acuerdo con MCCI, de los 11 damnificados identificados a quiénes se les clonaron sus tarjetas, 5 que pudieron ser localizados, viven en comunidades marginadas de Chiapas, una de las cuales es Tenochtitlán donde sólo 32 de los 67 damnificados que entregaron papeles obtuvieron una tarjeta.

De acuerdo con la investigación de la CNBV, en las tarjetas emitidas se detecta el empleo excesivo de recursos, dado que el monto de apoyo por beneficiario iba de 15 a 25 mil pesos, por ende Bansefi sólo debió erogar de 22.4 a 37.4 millones de pesos, situación que la CNBV asocia a la falta de control por la ausencia de un listado de dispersión a nivel beneficiario.


(EL MAÑANA DE REYNOSA / SDP | 15/01/2018)

EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN VA POR PGR PARA OBLIGARLA A QUE DIGA QUÉ CON ODEBRECHT, Y ABRA CARPETAS


Dos casos, el de Odebrecht México y el de los presuntos desvíos de recursos a favor del PRI, han develado una trama de corrupción que pone bajo los reflectores al propio Presidente de la República, a seis gobernadores, tres funcionarios federales y a un trío de políticos priistas de altos vuelos, incluido Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).- El Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción dio a conocer que solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe para que dé a conocer todas las investigaciones que se han iniciado por el caso Odebrecht.

Los integrantes del organismo acordaron durante la primera sesión del Comité en 2018 que exhortarán a la PGR a que informe en qué etapa se encuentran las investigaciones y cuándo se tiene calculado que concluirán.

Además, explicaron los miembros del Comité, también pedirán a la dependencia las carpetas abiertas, las acusaciones y todos los datos importantes en relación al caso Odebrecht.

A través de unidades como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la PGR ha iniciado carpetas de investigación por presuntos casos de corrupción.

La primeras investigaciones del caso Odebrecht apuntan a que la campaña de Enrique Peña Nieto entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue financiada con supuestos sobornos a funcionarios mexicanos por parte de la empresa brasileña.
A lo largo del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto los señalamientos y acusaciones de corrupción en contra de funcionarios públicos no han cejado. Sin embargo, dos casos actuales -el de los sobornos de Odebrecht y el de los desvíos de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- han llevado los escándalos a la cúpula de la élite política de México, incluidos amigos y cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto.

Con Odebrecht, políticos del talle de Emilio Lozoya Austin, director de Pemex entre 2012 y 2016; Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz [2010-2016]; e inclusive el ex Presidente de México Felipe Calderón Hinojosa [2006-2012], han sido señalados de participar en el caso.

El pasado 5 de diciembre Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de la constructora brasileña Odebrecht, declaró ante dos fiscales brasileños que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, habría recibido 4 millones de dólares para la campaña del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.

El más reciente escándalo alcanza a Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex dirigente nacional del PRI; Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda entre 2012 y 2016; César Duarte Jáquez [2010-2016], Egidio Torre Cantú [2011-2016] y Javier Duarte de Ochoa, ex gobernadores de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, respectivamente.


(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / ENERO 15, 2018, 5:58 PM)

MALAYERBA ILUSTRADA: ARMAS DE JUGUETE

Pedro y Julio juegan a los balazos. Él dice que trae un cuerno. Su amigo y compañero del salón prefiere las uzi. Ra-ta-ta-ta-ta-ta, grita uno. Ta-ca-ta-ca-ta-ca, le contesta el otro.

Andan de chile bola a la hora del recreo. Inseparables, los une el tercero de primaria y su afición, casi obsesiva, por las camionetas jámer, las chévrolet y las lobo. También les atraen los yips del ejército, artillados; aviones y helicópteros de combate.

Sus armas no son palos ni tablas, ni trozos de muebles de madera torpemente clavados, asemejando un rifle o una pistola. Son muy parecidas a las de verdad: cromadas y negras, con los movimientos y sonidos de cuando se corta cartucho, con cargador que entra y sale y balas de plástico.

A Julio sus mayores le dicen, le repiten, que no sea violento, que las armas son sus juguetes y que juegue con ellas, pero nada más. Le informan de los asesinatos, los narcos y matones. Eso sirve, aseguran, para que no sea como ellos. Quién sabe.

Los papás de Pedro no le dicen nada. Ellos lo ven normal. Que juegue, qué le hace. Le compran y le compran. Ya tiene una colección de soldados, unos de color verde olivo y otros con uniforme gris.

Conoce los tipos de aviones y submarinos. Quiere que le digan qué es un ge-tres, un errequince o una uzi. Que si tienen más potencia, que si pueden más que una granada, que si disparan más lejos.

Ínguiasu, ta perrón, es una jámer, papá: una jámer perrona, dice, grita cuando la ve pasar en zumba por el malecón nuevo como si navegara en el asfalto, imponente y ufana. Luces por todos lados, como árbol de navidad rodante.

Quiere cargar los chalecos antibalas y ver si es cierto que pesan kilos. Ponerse detrás de una mira telescópica y clavar el ojo en el punto donde se cruzan las rayas de la mirilla.

Y a eso juega con su amigo: a la guerra, a los balazos, a las camionetonas y los rifles de alto poder. Nadie gana, sólo ellos dos. No hay perdedores ni muertos ni saldos rojos. En esas mentiras chiquitas e inocentes, apantalladas con tanta muerte, no existen los ajustes de cuentas.

Allá van: a la tiendita, a comprar robots con espadas y con pistolas y con rifles. A preguntar cuánto cuesta la bolsa de soldados de plástico y las pistolas anaranjadas y rojas, enteleridas y desechables, que se venden con todo y balitas cilíndrica.

No corren a la tienda: vuelan. No van juntos: son uno solo.  No platican ni se abrazan: se van entendiendo en sus silencios y con esas sonrisas que todo lo inundan y encandilan; y ahí, en la intimidad pública de los juegos en el recreo y en las canchas y pasillos, se encuentran. Ahí son ellos.

Día de reunión de padres de familia. La mamá de Julio es seria y hasta tímida. Entra, saluda apenas con un murmullo que nadie entiende, pero que es un buenos días. El padre de Pedro ahí está.

Ella se va antes, él se queda, pero no mucho. No se despiden.  ¿Y tu papá?, pregunta Julio, ¿por qué no viene nunca? ¿Por qué ni viene por ti?

No puede.

Por qué.

Porque está muerto: le pegaron cuando iba manejando el carro.

Por qué.

No sé. Dos balazos aquí atrás, le dice, lustrando sus ojos y apuntando sus deditos a la parte trasera de la cabeza.

Con pistola de verdad, balas de verdad. Qué gacho. Ni modo. Vamos a jugar, pues.

Columna publicada el 7 de enero de 2018 en la edición 780 del semanario Ríodoce.


(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 11 ENERO, 2018)

YO NO VOY


Pelo corto y un cuerpo compacto, como de brazos y tórax blindados. Recuerda esa vez que les dieron el pitazo: ahí, en esa casa blanca de pilares rojos, está El alacrán, un narco pesado de la localidad. Lo mandaron a él y a varios de su grupo. Cuando llegaron, el hombre estaba desarmado, sentado en la silla del comedor, junto a su esposa y un hijo. El hombre quiso brincar, tomar el fusil y enfrentarlos. No tuvo tiempo: ya lo tenían encañonado y varios uniformados encima.

Ellos llegaron gritando Secretaría de Marina. Pum. Tumbaron la puerta. Dos pasos, tres. Ya estaban frente a él, sometiéndolo. La esposa llorando, abrazándose al niño, que también chillaba. Vengo por él. Vengo por él. Gritó dos veces, viendo a la esposa y al hijo, intentando que no se preocuparan. Pero el cielo de hogar ya estaba quebrado, igual que la vida de esos tres. Salieron de ahí con la misma efectividad y el cincho atando las muñecas de ese hombre, uno de los más buscados por la autoridad.

Misión cumplida, le dijo a su superior. Era una de sus primeras encomiendas y la había atendido, como reza ese discurso tan usado por los políticos cuando anuncian una detención, sin disparar un solo tiro. Varios años en la marina y demasiada teoría en los salones de clase. A él le hubiera gustado más adiestramiento en cuanto al uso de armas, tácticas, enfrentamientos y casos de rehenes, francotirador, uso de explosivos, cuerpos de elite, etcétera. Pero no, poca formación militar y mucha teoría. Para él, los mejor adiestrados en cuanto al combate y operativos, son los militares. Los ve con envidia y añoranza.

Ese día que le dijeron que los iban a trasladar a Tamaulipas el suelo se le movió. Habían participado en un enfrentamiento: los civiles pusieron tres muertos, ellos ninguno. Su esposa estaba embarazada y la de su compañero tenía un bebé que apenas iba a cumplir el año. Y ellos ahí, mirando el abismo y pensando que iban a pisar el fuego del infierno: ahí, todos, uniformados y sicarios, alimentan las fauces de la muerte, que no tiene llenadera.

Él la pensó y la pensó. Ir a Tamaulipas, estar en medio de la guerra entre dos o tres organizaciones criminales. Patrullar con su gtrés en calles oscuras y zonas deshabitadas, propicias para la emboscada y para que les perforen el uniforme y los trocen la piel, los músculos, sus órganos intestinos. No le gustó nada. Se puso nervioso y se lo contó a su esposa. Ella lloró y le dijo no te vayas, agarrándose la panza. Al día siguiente él se presentó al cuartel a renunciar.

Su amigo le dijo yo me voy. No me va a pasar nada. Se despidió de su bebé y de su esposa de veintitrés. Lo sorprendieron patrullando, cuando hacía guardia. Les dispararon desde todos lados y ni siquiera tocó el gatillo. Su esposa le llora. Su hijo pregunta cuándo va a regresar su papá.


(RIODOCE/ JAVIER VALDEZ/ 29 MAYO, 2016)

SEGURO POPULAR, REBASADO EN BC

El servicio enfrenta disminución del presupuesto en 2015 y 2016, lo que dificulta el abasto de medicamentos que llega al 75 por ciento en el primer nivel.  El tiempo de espera es de más de una hora al acudir sin cita al centro médico, mientras que en los consultorios anexos a las farmacias, ronda los 30 minutos

Ana Gabriela Hernández, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), espera alrededor de 25 minutos para entrar a consulta en una de las farmacias Roma de Tijuana. Acude a ese establecimiento porque “ir al Seguro es perder todo el día, y luego para el medicamento, que te dan que ni te cura”.

Esta percepción es compartida por alrededor de treinta pacientes que diariamente se atienden en el turno vespertino en dicho local, narra la doctora Brenda Arce, quien desde hace cinco años consulta ahí y trabaja en el sector público.

La profesional de la salud comentó que 70 por ciento de los pacientes que ve son derechohabientes del IMSS, el resto están afiliados a otras instituciones como ISSSTE y Seguro Popular. Además de los estadounidenses que cruzan a México, debido a que el servicio de salud es más barato en enfermedades que no cubren las aseguradoras, y obtienen los medicamentos de forma rápida y segura.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), en Baja California existen alrededor de dos mil farmacias con consultorios anexos, de los cuales 40% se ubican en Tijuana.  En el último año, el crecimiento de esos locales fue similar a la tendencia nacional, por lo que se estima que alrededor de 700 se establecieron en la entidad durante ese lapso.

Brenda Arce señaló que, si bien en estos locales se atienden enfermedades comunes como las estacionales, respiratorias (en invierno) y gastrointestinales (en verano), también se revisa a pacientes con padecimientos crónico degenerativos y se da seguimiento a embarazadas y niños, a quienes se canaliza a diferentes instituciones cuando su condición médica así lo requiere, o para estudios de gabinete, laboratorio y vacunas.

En esta última área la entidad tiene un gran déficit comparado con otras de la República, donde hay un seguimiento férreo del esquema de vacunación infantil.

“En Baja California se da mucho el desabasto de vacunas, sobre todo en la triple (difteria, tosferina y tétanos), y la vigilancia inmunitaria es deficiente so pretexto de que en Tijuana hay mucha población flotante”, expresó.

Para la profesional de la salud, la saturación que presentan las instituciones de salud pública, particularmente la que vive el Hospital General de Tijuana, ha llevado a que los tijuanenses opten por el consultorio anexo a las farmacias, los cuales también están cerca del lugar donde habitan y/o trabajan.

“En Tijuana faltan más hospitales. Hace algunos años el gobierno estatal había planeado uno cerca del Bulevar 2000, pero no se ha construido, dónde está el presupuesto para éste”, cuestionó.

César Alejandro Monraz Sustaita, director del Seguro Popular en Baja California, reconoció que, pese al avance en el tema del suministro de medicamentos persiste un desabasto de 25% en el primer nivel (medicina general), y de 15% en el segundo nivel (especialistas).

Indicó que el Seguro Popular tiene 33 mil 335 afiliados al 2 de enero de 2018, quienes se atienden en 145 centros de salud del Estado. La cantidad de afiliados es inferior a la de 2014, producto de una depuración de 215 mil registros en el padrón, que estaban duplicados en otras instituciones de salud pública como IMSS, ISSSTE y Fuerzas Armadas.

Por ello, el presupuesto del Seguro Popular en Baja California también disminuyó 215 millones entre 2015 y 2016. De modo que para 2018 se contará con alrededor de mil 065 millones de pesos, monto similar al del año pasado, lo que complica las finanzas para adquirir medicamento.

Pese al recorte presupuestal, Monraz Sustaita precisó que en Tijuana se atienden 433 mil 471 afiliados; en Mexicali, 284 mil 584; en Ensenada, 218 mil 939; en Playas de Rosarito, 59 mil 383; y en Tecate, 36 mil 958. En conjunto, el Seguro Popular brindó 245 mil consultas en 2017, que representan alrededor de 3% más que el año anterior.

Dijo que mediante el Programa Médico Siglo XXI, cuya póliza es gratuita, el Seguro Popular cubre 487 padecimientos en adultos, lo que equivale a cerca de 90% de las enfermedades de las mil 560 establecidas en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud. Aparte cubre 61 padecimientos considerados como gastos catastróficos: cáncer, hemofilia y VIH-Sida, entre otros. Mientras que en menores de 0 a 5 años, la cobertura es de 100% de las enfermedades.

Dato relevante si se toma en cuenta que la proporción de afiliados al Seguro Popular es más alta en los niveles socioeconómicos más bajos del país, ubicándose en 87% de afiliación en el quintil más pobre, en contraste, en el más alto es de 20.8%.

Por otro lado, el funcionario admitió que no se ha logrado la universalidad de la salud en el Estado, debido a que a la fecha no se ha firmado convenio con otras instituciones de salud, “en virtud de que el IMSS no unifica sus costos de intervenciones, los cuales son distintos a los del ISSSTE, ISSSTECALI y el Seguro Popular”.

TIEMPO DE ESPERA NO DISMINUYE EN INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT MC 2016), el promedio de tiempo de espera para que un paciente reciba atención médica en México es de 70.86 minutos. El contraste más significativo se da entre los 29.51 minutos que un usuario espera al acudir a los consultorios anexos a las farmacias, y los 91.15 minutos de espera en los servicios estatales.

De acuerdo con Alejandro Monraz Sustaita, cuando un afiliado al Seguro Popular en Baja California acude con cita al centro de salud, el tiempo promedio de espera ronda los 20 minutos, sin embargo, si no cuenta con ella, el lapso puede incrementar hasta una hora después de tener una ficha en la mano.

En el IMSS Prospera (que atiende a población en condición vulnerable sin seguridad social) el promedio nacional es de 81.84 minutos; en el IMSS, 70.23 minutos; en otras instituciones públicas, 66.76 minutos; en el ISSSTE, 63.75 minutos; en Pemex, Sedena y Semar, 42.04 minutos; y en el sector privado (que no incluye los consultorios anexos a las farmacias), 31.73 minutos.

Respecto a la duración de la consulta, datos publicados por el Instituto Nacional de Salud Pública indican que el promedio en el país es de 28.7 minutos. “La duración de la consulta es ligeramente mayor en los servicios públicos como Pemex, Sedena y Semar, con 33 minutos, y en los servicios privados (excluyendo a los consultorios anexos a las farmacias), con 32.1 minutos”.

AUMENTAN CONSULTORIOS ANEXOS A LAS FARMACIAS EN MÉXICO

De 2016 a 2017 el número de consultorios anexos a las farmacias aumentó 35%, es decir, 4 mil 500 más en el país, para llegar a 15 mil a finales del año pasado. De los cuales, 13 mil los concentran las principales cadenas: Farmacias Similares, Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Farmacias Guadalajara, Femsa, Walmart y otros autoservicios, detalló Marcos Pascual Cruz, director comercial de la Anafarmex.

Indicó que la Ciudad de México y área conurbada; Guadalajara, Jalisco; así como Monterrey, Nuevo León, son las zonas donde se concentra cerca del 45% del total de farmacias con consultorio. En contraste, Colima es la entidad federativa con menos locales.

En entrevista recordó que los consultorios anexos a las farmacias se expandieron después de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) regulara la dispensación de antibióticos en las farmacias, de modo que, a partir de 2010 solo se venden al presentar la receta firmada por el profesional de la salud que los prescribe.

Otro factor que incide en el crecimiento de estos establecimientos es la influencia de los medicamentos genéricos, los cuales representan 60% de las unidades totales que se comercializan en nuestro país, y significan hasta 40% (66 mil millones de pesos) del valor total del mercado, que es de 220 mil millones de pesos.

En ese sentido, Pascual Cruz destacó que el precio del medicamento genérico es inferior hasta en 70% en comparación con los llamados de patente. “Este diferencial de precio para el consumidor ha hecho que se vaya posicionando más. Y en estos consultorios es lo que se está dando”.

Actualmente, las farmacias están incorporando mejores servicios de salud en el consultorio anexo con precios bajos, con lo que hacen una labor social, y se pretende haya mayor profesionalización de su personal.

“Dentro de los próximos meses, los usuarios encontrarán una variedad de servicios en las principales cadenas como: química seca, química sanguínea, análisis clínicos y seguros médicos a muy bajo costo, no mayor a los 500 pesos, para que el cliente pueda tener acceso a consultas con especialistas de algún catálogo que incluirá más servicios”, anticipó.

La cercanía, el posicionamiento del médico de la colonia y la calidad de la atención, son las principales fortalezas para que los consultorios anexos a las farmacias sigan captando más usuarios en un futuro.

El incremento de estos establecimientos también contribuye a la farmacovigilancia en la que se colabora con las autoridades para determinar qué medicamento está teniendo reacciones adversas; aunado al aporte en cuanto al diagnóstico de enfermedades crónico degenerativas, y a las estadísticas de dichos padecimientos, resaltó.

ESTADO, EJE RECTOR EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Martín Vera Martínez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), consideró que la creciente participación del sector privado en la prestación de servicios de salud contribuye a mejorar la cobertura sanitaria, y no constituye la privatización de los mismos, toda vez que el Estado no deja de ser el actor obligado de vigilar que la atención sea de calidad, para que se preserve el bien público, que es la salud y no se mercantilice.

Actualmente, los consultorios ligados a las farmacias brindan cerca de 400 mil consultas diarias a lo largo del territorio nacional, cantidad que paulatinamente se va acercando a las 500 mil que otorga el Seguro Social, y ya superó por mucho a las 96 mil ofrecidas por el ISSSTE.

Dijo que el riesgo de una mayor participación del sector privado sin el equilibrio del sector público es que la atención se encarezca paulatinamente, sobre todo en tratamientos de largo plazo e intervenciones quirúrgicas, lo que lo haría elitista.

Por otro lado, subrayó que el Estado también debe generar mayor competencia en el sector para evitar los monopolios, porque la prestación de servicios privados de consulta ligados a farmacia todavía está muy concentrada.

“Predomina la cadena de las Farmacias Similares y los consorcios vinculados a las fundaciones de Carlos Slim, y del propietario de la empresa SuKarne, Jesús Vizcarra Calderón”, señaló el académico de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, quien agregó que uno de estos actores también es preponderante en telefonía, laboratorios clínicos y consultas médicas, lo que es mucha concentración de recursos públicos.

Además, dijo que el proyecto de la creación de la cartilla de salud electrónica está desarrollándose en la fundación vinculada a Carlos Slim. “Es muy delicado que la información de salud de la población mexicana esté en manos de particulares porque abre un mercado multimillonario, que no necesariamente generará un escenario de mayor competencia, cobertura y calidad”.

A juicio del experto en administración pública, debería haber mayor competitividad para que existan organizaciones privadas o de beneficencia con presencia local, de modo que se active el empleo de los médicos, la circulación del dinero, el abasto de medicamentos en ese nivel.

“No pasar de un monopolio a otro, sino hacer un sistema más compartido y competitivo para tener mejores servicios privados y públicos”, externó.

El que cada vez más mexicanos acudan a estos establecimientos es una llamada de atención para las instituciones públicas y deberá motivar su autocrítica en aras de mejorar la calidez y calidad del servicio que prestan, sobre todo en el primer nivel, puesto que las dependencias sanitarias tienen que rendir cuentas a los contribuyentes.

Sin embargo, a pesar que desde hace 20 años se ha impulsado un cambio, en México no se asigna el presupuesto por la calidad efectiva de los servicios, como sucede en otros países.

“En Inglaterra, a los médicos se les paga su sueldo y aparte un poco más si logran que los pacientes dejen de fumar o bajen el nivel de colesterol, de esa forma se combaten enfermedades crónico degenerativas que hoy cuestan mucho dinero y tienen muy castigados a amplios sectores de la población, pero en nuestro país al doctor se le mide por el número de pacientes que atendió y no por los resultados que tuvo la consulta”, finalizó.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / JULIETA ARAGÓN/ LUNES, 15 ENERO, 2018 12:00 PM)

SE COMPLICA EXHUMACIÓN EN FOSA DE VALLE DE LA TRINIDAD

El primer operativo falló debido a que los restos se encuentran sepultados en capas de tierra y concreto a una profundidad de 12 a 15 metros de material inestable, que pone en riesgo a rescatistas ante de la posibilidad de un colapso; una decena de familiares de desaparecidos permanece en el poblado

Habitantes en el Valle de la Trinidad encontraron lo inesperado el sábado 30 de diciembre de 2017, en un rancho abandonado en las faldas de los cerros conocidos como “Las Chichis”, cuando dieron con una fosa clandestina.

Han pasado varios días desde la primera ocasión en que los lugareños localizaron, por la superficie, el cuerpo de por lo menos un hombre en el fondo del pozo, a una profundidad de entre 12 y 15 metros, cubierto con concreto.

Describieron que usaron sogas, lámparas de mano y mucho valor, para bajar a la oscura fosa donde la única señal que los orientó fue el aroma fétido.

Quienes tuvieron contacto con el cuerpo relataron que se trata de un pie descalzo, hinchado, blanco y amoratado, de un cadáver sumido en concreto y tierra, del cual sobresale donde comienza la rodilla. Tiene pantalón de mezclilla, uñas largas.

“Se cree que hay más cuerpos, pues en el lugar hay varios casquillos 9 milímetros percutidos.  Hay cal, arena y hasta cemento que tiran arriba de los cuerpos”, mencionó un testigo que no reveló su nombre, con residencia en el Valle.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mantiene custodia en el lugar, pero  no ha confirmado si se trata de uno o varios cadáveres, e informó que los trabajos se retrasaron debido a las lluvias que cayeron en días pasados.

Habitantes y familiares que hablaron con ZETA se sienten amenazados por la violencia que se vive en la delegación y suplican una pronta actuación.

Datos de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California mantienen un registro de por lo menos 120 personas en calidad de desaparecidas en Ensenada, 70 de ellas corresponden a la zona de San Quintín.

El representante de la agrupación, Fernando Ortigoza, ha estado presente en los trabajos que se llevan a cabo en el rancho, con el propósito de identificar los restos humanos que estén posiblemente sepultados.

En noviembre del año anterior, la estela de homicidios en el Valle de San Quintín llevó a las autoridades hasta una fosa clandestina en el Rancho San Marcos, en la parte sur de la delegación, de donde extrajeron cuatro cadáveres.

DIFÍCIL OPERATIVO DE RESCATE

Con base a las observaciones, especialistas de búsqueda y rescate de Bomberos se involucraron en el operativo, iniciando hoy viernes 12 de enero con un plan de extraer los restos.

Se optó con cavar una zanja lateral con máquinas retroexcavadoras para ampliar el diámetro y hacer una rampa lateral al pozo, será necesario usar una herramienta neumática para abrir el concreto, donde el mayor temor es que las paredes del pozo colapsen.
12 DESAPARECIDOS

Francisco Javier Martínez Gastélum fue dos veces delegado de Valle de la Trinidad y propietario del restaurante Mi Pueblito y del hotel Cielito Lindo, donde sufrió un atentado la noche del 20 diciembre mientras dormía en una de las habitaciones.

Información oficial indica que poco después de la medianoche se escucharon detonaciones de arma de fuego en el hotel, una pareja de 37 y 38 años de edad resultaron con lesiones, mientras que el ex propietario desapareció.

En la fachada de las habitaciones se pueden ver por lo menos ocho perforaciones de arma de fuego.

Martínez Gastélum llamó a su familia en el momento del incidente, pero en cuestión de segundos no supieron más de él. Se sabe que se lo llevaron iba con ropa de dormir y sin calzado.  Cuando iniciaron la búsqueda, se corrió el rumor sobre la fosa en el rancho abandonado.  Aseguraron que fueron solos porque las autoridades se negaron a acompañarlos.

En el Valle de la Trinidad hay por lo menos diez habitantes que buscan a un familiar y han estado atentos a los avances de los operativos. Los buscados son solo hombres.

“Aquí está un amigo que busca a su hijo y hermano que desaparecieron desde hace un mes, otro que su hijo no está desde noviembre, él busca su hermano, desde abril no saben nada, igual que del sobrino”, describió Dora, joven residente del Valle.

Junto al bebedero se encuentra el pozo en donde presuntamente están él o los cuerpos.

Hicieron petición para que todas las personas con familiares desaparecidos viajen a Valle de la Trinidad y supervisen los trabajos.

La delegación del Valle de la Trinidad se ubica a 120 kilómetros sobre la carretera Ensenada-San Felipe. Es un poblado agrícola con una característica particular: tiene conexión con la delegación de San Quintín a través del paraje serreño llamado La Calentura.

El sur de Ensenada ha sido zona de cárteles por el trasiego de droga de Sinaloa y otros lugares hacia Valle de la Trinidad, allí se han destruido pistas clandestinas para avionetas.

Quienes se aventuraron a buscar el pozo sin custodia de la Policía, debieron usar la calle principal que dirige al panteón del poblado, seguir el camino de terracería y doblar por la subestación de la Comisión Federal de Electricidad.
El trayecto es de unos 20 minutos saliendo de la delegación y aproximadamente diez kilómetros hacia la colina, sobre un arenoso sendero casi inaccesible.

Es una zona totalmente despoblada con tierras en apariencia infértiles, pero es cercada con firmeza por los ejidatarios.

La fosa se ubica dentro de un terreno que hace años fue un rancho, pero ahora está en ruinas, hay dos accesos, una casita derruida de dos cuartos, una pila de agua, árboles secos y un pozo. Desde unos quince metros se alcanzan a ver dos hieleras, lonas azules, mangueras de riego y mucha basura.

Todo el lugar es escabroso y únicamente se escucha el sonido que con el viento generan las cintas amarillas que la Policía Municipal colocó alrededor del perímetro como medida de seguridad. No hay olores fétidos que dominen el ambiente.

FALLA EL PRIMER OPERATIVO DE RESCATE

El sábado 6 de enero, Bomberos y Ejercito Mexicano implementaron un operativo. Llevaron maquinaria pesada, levantaron un campamento pero fue imposible sacar los restos y, seis horas después, se declararon incompetentes para llevar a cabo la extracción, regresando de inmediato a la ciudad.

El familiar de uno de los desaparecidos informó que el comandante de la Procuraduría General de la República asignado al Valle de la Trinidad les dijo que las labores pararon al no existir las condiciones de seguridad adecuadas para intentar de otra manera.

“Creemos todos los familiares que una semana desde que se hizo el hallazgo deja mucho que hablar de la eficiencia de las autoridades para realizar su trabajo. Las familias afectadas estamos contemplando la posibilidad de acudir a las autoridades federales para que intervengan y den mejores resultados”, acusaron.

Un estudio de la Universidad Iberoamericana, titulado “Violencia y Terror, Hallazgo sobre Fosas Clandestinas” y publicado en agosto de 2017, indica que el uso de fosas por parte de grupos armados tiene una larga historia que data desde antes de la Revolución.

Entre otras coincidencias, mencionan que los grupos organizados nunca pretender esconder los cadáveres, sino lo contrario. El hallazgo de fosas clandestinas en México se ha convertido en un hecho recurrente durante los últimos diez años, dentro de un contexto de violencia y violaciones a derechos humanos que se ha extendido a lo largo y ancho del país.

 “Creemos que con la inhumación de personas en fosas clandestinas a lo largo de la última década no se ha pretendido invisibilizar los cuerpos ni completa, ni perpetuamente. Sí de disponer de ellos, incluso tal vez de eliminar sus identidades, pero no de imposibilitar su hallazgo ni ocultar por completo de la población la práctica de la inhumación clandestina vinculada a hechos de violencia. Por el contrario, sostenemos que los actores involucrados en ellos han recurrido al enterramiento clandestino con la finalidad de que alguien encuentre los cuerpos”, refiere el documento.

INTERVIENE CEDHBC

A partir de una solicitud hecha a la defensoría por parte de una asociación civil,  en este caso Unidos por los Desaparecidos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California visitó la zona y abrió un folio.

A través del enlace se informó que derivado de esta solicitud, la defensoría ha brindado atención victimológica a familiares de personas desaparecidas.

Además, indicó que hasta el momento no se han registrado posibles irregularidades en el actuar de autoridades que den materia para la apertura de un expediente de queja.

EL CASO KAREN CASTRO

El 7 de diciembre de 2017, Karen Castro Jiménez, de aproximadamente 25 años de edad, desapareció al salir de su trabajo en un bar llamado Los Pepillos, en Calle Caracoles y Bulevar Costero de la zona turística.

Casi a la media noche, llamó a su familia para informar que estaba a punto de tomar un taxi frente a las instalaciones de la Secretaría de Marina, pero nunca llegó a su domicilio, por lo que se inició una localización bajo el número de expediente 0201-2017-21982.

Esa madrugada portaba pantalón azul, tenis negros, blusa negra y llevaba el cabello recogido Tres días después, el 10 de diciembre, se informó sobre el hallazgo de un cuerpo femenino sin vida debajo del puente del arroyo El Gallo, a 200 metros de donde vieron por última vez a Karen.

La última información de la Procuraduría es que el cadáver  no ha podido ser identificado y permanece en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Familiares de Karen revisaron imágenes del cuerpo, pero aseguran, no concuerdan los rasgos físicos, como una marca de cirugía.

Como en los demás municipios de Baja California, 2017 fue el año más violento del que haya registro, con 194 homicidios. Datos de Unidos por los Desaparecidos indican que desde 2008  tienen un registro de 50 personas desaparecidas en Ensenada y 70 en las diversas delegaciones.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LORENA LAMAS /LUNES, 15 ENERO, 2018 12:00 PM)

143 MDP MÁS PARA QUE LA COSMOPOLITANA COCINE PARA REOS DE BC

A pesar que la SSPE ha solicitado una licitación, el gobierno estatal no lo ha iniciado para que otras empresas concursen por dar el servicio de alimentación en las cárceles de la entidad. Mientras, la empresa con antecedentes de corrupción seguirá cobrando millones

Desde un par de meses, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ha solicitado a la Oficialía Mayor que encabeza Loreto Quintero, iniciar una licitación pública para que empresas puedan ofrecer servicios de alimentación en las cárceles de Baja California que actualmente ha monopolizado La Cosmopolitana, compañía bajo sospecha y señalamientos de corrupción e irregularidades.

Hasta el momento, la licitación no se ha publicado por parte de Oficialía Mayor del Estado y, el contrato que La Cosmopolitana firmó con el gobierno estatal, ya caducó el 31 de diciembre de 2017; sin embargo, para que los internos de los Centros de Reinserción Social (Cereso) no se queden sin alimentación, la SSPE ha solicitado 34.4 millones más para que la empresa no deje de prestar el servicio en los primeros días de 2018.

Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos del año en curso, se puede saber con certeza que el Gobierno del Estado tiene pensado gastar 143 millones 466 mil 321 pesos para la alimentación de sus reos y policías penitenciarios, monto al cual La Cosmopolitana puede acceder ya sea consiguiendo nuevamente la licitación pública o, tal como se ha solicitado actualmente, por medio de ampliaciones presupuestales, ante la falta de un nuevo contrato.

34.4 MILLONES MÁS POR LO PRONTO

En un documento en manos de ZETA, dirigido a la oficial mayor Loreto Quintero Quintero, el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Sosa Olachea, solicita una ampliación de 34.4 millones de pesos para que La Cosmopolitana siga dando el servicio de alimentación en 2018.

Cita el contrato No. 32065001-017-17, “referente a la prestación de servicio de alimentación para los Centros de Reinserción Social (…) celebrado por el Ejecutivo Estatal con la empresa La Cosmopolitana, S.A de C.V”.

Como el contrato tiene una vigencia a partir del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, Sosa requiere “su valioso apoyo para llevar a cabo la ampliación de los bienes y servicios por un importe de $34´444,594.70 m.n. (treinta y cuatro millones, cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos).

“Lo anterior, justifica, en virtud de la necesidad latente de evitar suspender la alimentación a dichos internos y ante el tiempo que conlleva realizar los trámites de licitación del Servicio de Alimentación para el próximo ejercicio fiscal”.

LO NEGRO DE LA COSMOPOLITANA

Antes de ser contratada por el gobierno de Baja California, en octubre de 2016, La Cosmopolitana arrastraba un historial que incluía desde intoxicación de internos hasta investigaciones penales por enriquecimiento ilícito a funcionarios.

La compañía dedicada a la comercialización de comida también se ha visto señalada en amparos en tribunales a raíz de quejas de internos de los Cereso.

Dos años antes de ser contratada en Baja California, La Cosmpolitana pagó un millón de pesos por haber intoxicado con ceviche de soya a 450 internos del penal de Puente Grande, Jalisco.

Pero sus negocios con gobiernos en el país no se limitan a alimentar a los presos, precisamente se le investigó como parte de una red de corrupción y tráfico de influencias para obtener contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Su llegada a Baja California se dio en octubre de 2016, cuando la empresa radicada en la Ciudad de México obtuvo un contrato con vigencia de tres meses para preparar los alimentos en el Cereso de Mexicali y el Centro de Tratamiento para Adolescentes de la misma ciudad a cambio de 20 millones de pesos.

Pero no causó una buena impresión. De acuerdo con un oficio enviado por Daniel de la Rosa, entonces titular de la SSSPE  -de la cual depende la Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario-, la empresa manejó alimentos en mal estado o caducos, y tampoco cumplió con el menú señalado.

Sin embargo, esto no impidió que desde Oficialía Mayor se renovara el contrato y no solo eso, sino que se extendió para los Cereso y los centros de tratamiento de adolescentes de todo el Estado.

En 2017, la partida presupuestal para la alimentación de presos y custodios llegó a los 226 millones 629 mil pesos, 60 por ciento más de lo entregado en 2016.

Baja California cuenta con alrededor de 11 mil internos, número inferior al de años anteriores, en parte por la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal a mediados de 2016, el cual permite que detenidos por robo y delitos contra la salud (los principales delitos cometidos por internos) lleven el proceso en libertad.

Por si fueran pocos los antecedentes de esta empresa, La Cosmpolitana ha sido señalada por el propio personal de seguridad del penal de no servir los menús que presentó para obtener los contratos, de sustituir los alimentos por otros de baja calidad y de provocar problemas de salud en los custodios.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ ISAÍ LARA BERMÚDEZ /LUNES, 15 ENERO, 2018 12:00 PM)

LUZ 300% MÁS CARA AGOBIA A INDUSTRIA DE BC

Por el alza de precio de la electricidad, el Estado perderá competitividad, desincentivará inversiones, afectará el desarrollo económico provocando desempleo y disminuirá el poder adquisitivo de la población ante una mayor inflación

El incremento de hasta 300 por ciento en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respecto a noviembre de 2017 afecta a grandes y pequeñas empresas, tal como relata Luis Castro, propietario de Reciclados Castro, cuyo recibo de luz de noviembre de 2017 llegó por 12 mil 400 pesos. Mientras que en diciembre del mismo año el costo se elevó a 78 mil 980 pesos, sin que se registrara mayor consumo de electricidad.

“En 30 años de operación de la compañía nunca habíamos visto un incremento en la luz tan exagerado”, destacó Castro, quien podría cerrar su negocio y por consiguiente dejar sin empleo a diez trabajadores, al no haber manera de afrontar tal encarecimiento.

Si bien, el alza en la tarifas eléctricas industriales afecta a todo el país, Baja California es donde más se encarecieron de las 17 zonas que conforman el país, al no estar conectada a la red nacional, según la propia autoridad.

Así lo demuestra el caso de la empresa regiomontana Basal, que produce cuartos refrigerados y desde hace tres meses se instaló en Tijuana con una inversión de 20 millones de dólares. El recibo de la luz, del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2017, llegó por 267 mil 582 pesos. Un mes después el monto se elevó a 452 mil 363 pesos en BC.

En contraste, los costos de electricidad de dicha empresa no se incrementaron en Nuevo León, destacaron los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tijuana, Marcelo Hinojosa Jiménez; de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index) Zona Costa, Luis Manuel Hernández; y de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), Salvador Díaz González.

Esta situación, que se suma el aumento en el costo de la electricidad del año pasado, el del Gas LP, así como el de las gasolinas y el diésel de inicios de 2018, representa un retroceso en la competitividad económica de la entidad respecto al resto del país. Además, provocaría el inminente cierre de empresas, la paralización y salida de inversiones, despidos masivos, desempleo y mayor inseguridad en la región.

“No sólo no van a llegar más inversiones, sino que las que están se irán a otros estados, como los del Bajío, donde las tarifas eléctricas son más competitivas”, advirtieron.

De modo que estarían en riesgo 600 industrias, 300 mil empleos directos y un millón de indirectos.

Asimismo, el precio de los productos y servicios podría dispararse hasta 40% para los consumidores, pues el encarecimiento de la energía eléctrica perjudica a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a instituciones gubernamentales como la Comisión Estatal de Servicios Públicos y los ayuntamientos, los cuales tendrán que pagar más por el alumbrado público.

En conferencia de prensa, los dirigentes explicaron que a partir de diciembre de 2017 y por primera vez, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) define las tarifas eléctricas aplicables con base en una nueva metodología, argumentando que ese nuevo esquema toma en cuenta el costo de cada segmento de la cadena de valor de la industria eléctrica.

“En estos nuevos recibos que nos están llegando al parecer están eliminando el beneficio de bajo consumo. Es decir, a partir de diciembre todo es alto consumo, y los acuerdos que se tenían anteriormente no aplicaron en ese mes”, añadieron.

El sector industrial de Tijuana se dijo molesto y preocupado, ya que “el alza en las tarifas eléctricas a todas luces es arbitrario y representa un engaño, toda vez que tanto el Presidente Enrique Peña Nieto como el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, habían mencionado que este año no habría tales aumentos”.

En ese mismo sentido se pronunció Gilberto Fimbres, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana, quien dijo, la agrupación comparte la preocupación por las decisión unilateral de la dependencia federal de incrementar las tarifas y los impactos que generará en la sociedad bajacaliforniana.

“Como ciudadanos y dueños de la CFE, porque finalmente los mexicanos somos dueños de la Comisión, les pedimos a quienes están administrando este recurso que lo hagan bien, que sean eficientes y que no vean al consumidor como la solución de los problemas de sus costos de operación”,  pues hasta el momento no se han instaurado estrategias en aras de ello, y sin dichos métodos difícilmente las nuevas reglas de la reforma energética serán efectivas.

En su oportunidad, el Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito (CCE) sentenció que la afectación del incremento en más de 120% en las tarifas eléctricas tiene un efecto negativo en el desarrollo y crecimiento económico regional y nacional, por lo que urgió a crear un plan de acción en conjunto con el Gobierno del Estado, representantes del Congreso de la Unión y las cámaras empresariales para definir el rumbo que contrarreste el excesivo aumento de la energía eléctrica.

También propuso eliminar las Horas Punta, crear incentivos fiscales para proyectos de generación de energía renovable y la conexión de Baja California a la infraestructura eléctrica nacional.

“Hacemos un llamado a los líderes empresariales y ciudadanos bajacalifornianos para demandar que nuestras autoridades afronten y resuelvan este problema, con voluntad, sin medianías, ni intereses políticos, ya que de no hacerlo, el desarrollo económico de nuestro Estado se compromete, causando la afectación del sector empresarial y la del poder adquisitivo de los ciudadanos”, concluyó.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA  JULIETA ARAGÓN LUNES, 15 ENERO, 2018 12:00 PM)

ROBAN, ASESINAN, LOS DETIENEN Y REGRESAN A LA CALLE (Y LA HISTORIA SE REPITE)

Hombres y mujeres que delinquen una y otra vez, son atrapados por policías, presentados ante jueces y dejados en libertad para reiniciar el ciclo. En Tijuana hay 54 de ellos, identificados por las autoridades, muchos detenidos en más de 10 ocasiones. No son simples reincidentes, sino delincuentes que inician con robos, pasan a vender droga y portar armas para terminar asesinando

Hay delincuentes que son detenidos mes tras mes, incluso con días de diferencia. Tanto policías como agentes del Ministerio Público, los reconocen plenamente por sus rostros y sus apodos. “El Tabaco”, “El Apache”, “El Yonki”, “El Güero”  y “El Cesarín”, son algunos de ellos.

Unos iniciaron hace más de una década, cometiendo robos simples y luego a punta de pistola; de ahí pasaron a asaltar comercios o robando casas y automóviles, para luego vender droga en las calles o moviendo armas de fuego.

Son personas que se convirtieron en homicidas justo después de haber sido detenidos por robo, vendiendo droga o portación de armas en el último año, pero al ser estos delitos los que no requieren prisión preventiva, de acuerdo con el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), no permanecieron en prisión.

Hasta el cierre de 2017, ésta es la lista de los principales reincidentes en Tijuana que circula entre las autoridades de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y a la cual, ZETA tuvo acceso. Se trata de 54 hombres y mujeres que se han convertido en los principales reincidentes de Tijuana.

Tan solo 17 de ellos operan en la Zona Centro, 11 más en la delegación Sánchez Taboada e igual número en La Presa, mientras que cuatro pertenecen a la delegación Los Pinos. Aquí los casos más notorios.

Uno de ellos es Miguel Ramírez Peña “El Tabaco”, quien acumula 14 detenciones por diferentes corporaciones en Tijuana. En 2004 y 2005 se le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por robo simple.

Al salir de prisión, en 2007, fue turnado por robo de automóvil y en 2008 por portación de arma blanca, así como robo a una escuela. Precisamente, en ese año, la PGJE obtuvo una orden de aprehensión en su contra por portación de armas prohibidas.

Tras conseguir su libertad, la historia no solo se repitió, sino que escaló la gravedad de sus delitos. En febrero de 2016 se le detuvo en posesión de un vehículo con reporte de robo, siguieron más detenciones y en 2017 se sumó a su historial criminal, delitos contra la salud, y en noviembre se le señaló como presunto responsable de un intento de homicidio.

Tomás Hernández Flores “El Apache”, identificado como miembro de una célula de los “Erres”, en la Zona Centro. Son más de 12 detenciones las que acumula, tanto por la Policía Municipal, como por la Policía Estatal Preventiva (PEP), la mitad tan solo en 2017.

El 26 de mayo de ese año, “El Apache” fue encontrado herido de bala, al igual que su novia Alejandra Macedo, en la Colonia Altamira, fueron trasladados al Hospital General donde los atendieron.

Precisamente, dos días antes, Hernández Flores había sido detenido por elementos de la PEP y presentado en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), por posesión de dos armas cortas, una de calibre .30 y otra de nueve milímetros. No importó que fuera reincidente.

Antes de eso, el 24 de mayo y el 10 de abril, ya había sido detenido con distintas armas como una subametralladora, revolver, pistola, cartuchos cargadores y 55 dosis de cristal. Mientras que en 2016 acumuló cinco detenciones por posesión de arma de fuego y de dosis de cristal, así como por posesión de una motocicleta y un automóvil con reporte de robo. Desde ese año, se le comenzó a investigar como presunto responsable de homicidio y delincuencia organizada.

Después de sobrevivir al ataque, el 18 de julio volvió a ser detenido por portación de arma de fuego. El 24 de septiembre fue arrestado por privar de la libertad a su ex pareja y en posesión de un arma de fuego. Tres días después, ya en la calle, se le detuvo con posesión de droga.

Finalmente, el 21 de octubre se le detuvo como presunto responsable de intento de homicidio y en posesión de un arma de fuego. Ese día, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) atendieron un reporte de lesionado por proyectil de arma de fuego.

La víctima señaló a “El Apache” como su agresor y relató cómo lo atacó en las calles Hamburgo y París, de la colonia Altamira, por lo que los agentes implementaron un operativo de búsqueda y dieron con el presunto responsable. En su mochila, Hernández Flores cargaba una pistola calibre .22 y dosis de cristal.

Víctor Hugo Guzmán Pantoja “El Güero”. Una de sus primeras detenciones se remonta a 2006 cuando violó a una mujer que bajaba de un taxi en la colonia Rinconada de Otay. Suma delitos como robo a transeúnte, posesión de arma prohibida y de un arma larga calibre 20.

Aunque en marzo de 2017 fue herido de bala, para julio ya había sido detenido con un subfusil y en agosto, nuevamente por posesión de arma de fuego.

Noé Moisés Montalvo Hernández “El Yonki” fue detenido en noviembre de 2017, en la Zona Norte. Al momento de su aprehensión, tenía 10 dosis de cristal y una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

El hombre de 28 años de edad cuenta con un historial que incluye robo con violencia, portación de arma prohibida, delitos contra la salud y daños a banco. Meses antes de ser detenido por homicidio, se le arrestó en posesión de un arma de fuego y droga, en abril y mayo de 2017.

César Norberto Uribe Rosales “El Cesarín” fue detenido en tres ocasiones durante 2017. En mayo, por posesión de arma de fuego, y en septiembre, el 15 y el 20, específicamente, por posesión de vehículo con reporte de robo.

Alex Téllez Lorenza “El Pitufo”. A pesar de que en enero de 2017 se le cumplimentó una orden de aprehensión por lesiones calificadas, fue detenido en dos ocasiones: en octubre por portación de una arma de fuego calibre .38, y otra calibre .44, pero su historial incluye investigaciones como presunto responsable de un homicidio cometido en 2015 y por narcomenudeo en 2016, entre otras detenciones.

Antonio de Jesús Arellano Cázares “El Chuki”. Desde 2014 ha sido detenido siete veces. Las primeras ocasiones por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego, larga. En 2017 se le detuvo en posesión de droga, en febrero, y para noviembre se le cumplió una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Jesús Martín Arana Vega “El Chinola” ha sido detenido en ocho ocasiones desde 2015. En los primeros cuatro casos fue por los delitos de lesiones por riña, robo equiparado, portación de arma punzocortante y delitos contra la salud. Para 2017, su cartilla criminal continuó con portación de arma de fuego y tres detenciones en posesión de droga.

José Roberto Celis Amador “El Morral” o “El Chespi” tiene dos órdenes de aprehensión cumplimentadas por delitos contra la salud y ha sido turnado por portar un arma prohibida y amenazar con ella, así como por delitos contra la salud.

Joel López Hernández “El Cholo”, detenido el 19 de abril  por posesión de dos arma de fuego y presentado ante la PGR, para que el 3 de marzo se le aprehendiera por delitos contra la salud y homicidio.

Edgar Alberto Ruiz Castellón suma seis detenciones desde 2013. Como otros, sus primeros arrestos se dieron por robo de vehículo, pero de ahí escaló a posesión de un rifle AK47, mejor conocido como “cuerno de chivo”. Mientras que en 2016 y 2017 acumuló casos por posesión de droga, de más armas de fuego hasta llegar a ser señalado como presunto responsable de homicidio.

Irma Graciela Araujo Cota “La Kelly”. Son siete las veces que esta mujer ha sido detenida desde 2014. Ese año fue aprehendida en dos ocasiones por delitos contra la salud, el año siguiente se le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por este delito, y en 2017 fue detenida en febrero, marzo y abril, por estos mismos delitos.

Alejandro Javier Novelo Díaz, detenido en seis ocasiones de marzo a julio de 2017, por portación de arma de fuego y delitos contra la salud. Ninguno de los dos requiere prisión preventiva.

Beatriz Ascencio “La Betty” se le relaciona con un secuestro cometido en mayo de este año y se le investiga por asociación delictuosa.

José Ramón Cruz Armenta “Bocho”. En 2017 se le detuvo en cuatro ocasiones, tres de ellas por posesión de vehículo robado, en marzo, mayo y junio. Antes de eso, en enero fue detenido por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego.

Irvin Miguel Lozano Millán “El Chinola” o “El Pelón” es un narcomenudista de la Zona Centro que ha sido detenido en cuatro ocasiones durante 2017, la mayoría de las veces con varias dosis de cristal.

Raymundo Hidalgo Mendoza fue detenido cinco veces en 2017, dos veces en febrero por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, nuevamente fue arrestado en agosto por los mismos delitos.

César Nolberto Uribe Rosales “El Cesarín”, detenido en tres ocasiones en 2017 por los delitos de robo a casa habitación, portación de arma de fuego y posesión de vehículo con reporte de robo.

Javier Bolaños Martínez. En 2017 acumuló cinco detenciones, cuatro por delitos contra la salud y una por disparos de arma de fuego.

Los hermanos Martínez Arizmendi. Jesús Antonio Martínez Arizmendi “El Chucho” acumula casi 20 detenciones en los últimos años. Seis entre 2014 y 2015 y otras ocho tan solo en 2017, específicamente el 9 de marzo, el 6 y 25 de abril, el 2 y 18 de mayo, el 3 y el 15 de junio y 29 de julio.

En su historial están los delitos contra salud, robo calificado, posesión de vehículo robado, portación de un arma de nueve milímetros e incluso se le señala como presunto responsable de homicidio.

Juan Carlos Martínez Arizmendi. Para 2012 ya se le había cumplimentado su segunda orden de aprehensión por robo con violencia. Cuatro años después, en 2016, se le detuvo en dos ocasiones por portación de armas prohibidas. En 2015 acumuló cinco detenciones, también como presunto responsable de lesionar a una persona con un arma punzocortante, por posesión de drogas y por portación de un arma de nueve milímetros, entre otros delitos.

Los hermanos Armenta Sánchez. Christian Armenta Sánchez “El Güero”.  En 2016 se le detuvo por robo con violencia a una tienda Oxxo, de ahí pasó a ser detenido en cuatro ocasiones durante 2017 por robo a casa habitación, posesión de vehículo robado, robo equiparado y robo con violencia.

José Luis Armenta Sánchez “El Lusillo”. Junto con su hermano Christian fue detenido el 20 de diciembre de 2016 y el 11 de abril de 2017 por robo a una tienda Oxxo y robo a casa habitación. El 20 de abril se le cumplió orden de aprehensión por robo calificado a casa habitación, pero para el 25 de octubre ya había sido detenido de nuevo por delitos contra la salud.

Armando Diego Araujo Valenzuela, detenido en la delegación Sánchez Taboada, en cuatro ocasiones durante 2017 por delitos contra la salud y por portación de armas de fuego.

José Trinidad Mendoza Cárdenas. El 10 de febrero se le aprendió con posesión de un arma de fuego, por lo que fue remitido a la PGR, pero un mes después fue detenido por homicidio.

Edgar Lara García, son cuatro las veces que fue detenido durante 2017 por delitos contra la salud; se le giró una orden de aprehensión por posesión de vehículo robado, delito por el que ha sido detenido en dos ocasiones más.

Jesús Yair Arizmendi Molina “El Chino”, detenido en tres ocasiones durante 2017 por posesión de vehículo con reporte de robo.

Alejandro Javier Novelo Díaz, seis detenciones en 2017, en marzo, dos ocasiones en abril, una más en mayo y otra en julio por delitos contra la salud y por portación de arma de fuego.

Carlos Villaseñor García “El Flako”, detenido en tres ocasiones durante 2017 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Alma Mondragón Flores. En 2017 fue detenida en cuatro ocasiones por delitos contra la salud y se le señala dentro de una investigación por lesiones con arma de fuego.

Guadalupe Lira Lira cuenta con tres detenciones por portación de arma de fuego y una más por lesiones con arma de fuego durante 2017.

Todos, delincuentes probados, identificados por las policías en su escalada dentro del crimen, todos reincidentes y todos libres.


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES ZETA/LUNES, 15 ENERO, 2018 12:00 PM)