La tragedia de Tlahuelilpan,
donde decenas de personas murieron al explotar un ducto de gasolina por cuya
fuga robaban combustible y festejaban algunos bañándose en él, es una doble
desgracia. De la humana las crónicas y el número creciente de personas
fallecidas van construyendo el drama. De la gubernamental sólo hay omisiones
inconfesables, aceptaciones institucionales torpes para justificar la inacción
federal, y acciones legales que no pueden dejar de aplicarse. Si el presidente Andrés
Manuel López Obrador quiere darle un giro a la vida pública de la nación y
restaurar el Estado de Derecho, Tlahuelilpan no debe quedarse como su primera
marca de impunidad. Hay responsabilidades contra un número aún no claro de
pobladores de la zona por diversos delitos, así como también contra los mandos
militares y policiacos que no hicieron nada por prevenir el siniestro.
El secretario de la Defensa,
el general Luis Crescencio Sandoval dijo el sábado que cuando el Ejército llegó
al punto donde se reportó la fuga en el ducto Tuxpan-Tula el viernes, intentó
alejar a cerca de 800 pobladores, pero que los 25 soldados y policías que lo
intentaron, al ponerse agresivos algunos de ellos, se alejaron. De esa forma,
las fuerzas de seguridad, que no recibieron apoyo del Ejército o de la Policía
Federal –llegó primero la prensa que ellos-, fueron testigos de la explosión y
las muertes, donde ellos, por omisión, son responsables. Las declaraciones del
general son una confesión de culpa: tiene desplegados a 10 mil soldados para
combatir el huachicol, pero no hicieron nada en Hidalgo porque “estaban
rebasados”. Al ser autoridad, replegarse y no actuar en un delito en flagrancia
en una situación de alto riesgo, es imperdonable.
Los mandos militares y
policiales que llegaron a Tlahuelilpan son presuntos homicidas dolosos –al
saber que violaban la ley- por acción u omisión de facultades y atribuciones
comprendidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de Servidores Públicos, en su inciso uno, que ordena “cumplir
el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio”, y el inciso dos, que
obliga a “abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de
cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el
servicio público”.
En el caso de las personas
que robaron combustible –llevar bidones habla de premeditación-, incurrieron en
una serie de delitos que, de acuerdo con abogados, incluye el delito federal de
robo de un bien público con la evidente intención de obtener lucro personal, la
convocatoria a la insubordinación social para incluir a mujeres y menores de
edad en el hurto, asociación delictuosa y responsabilidad imprudencial para
obligar a terceros a cometer el delito, que fueron cometidos en flagrancia.
Además, dados los antecedentes de huachicol en la zona, el probable delito de
comercialización de combustibles sin autorización ni protocolos de seguridad.
Estos dos últimos párrafos se
refieren a la aplicación de la ley que, en este país, la norma es violarla y la
excepción es cumplirla. Por décadas, el uso legítimo de la fuerza por parte del
Estado ha estado cancelado. El punto de partida de esta debilidad institucional
está ubicado el 2 de octubre de 1968, cuando se realizó la matanza de
Tlatelolco, fecha desde la cual el Ejército se ha visto inhibido en momentos
tan dramáticos como lo que sucedió en Tlahuelilpan. El gobierno federal, se
puede argumentar por la falta de refuerzos enviados a ese punto a 124
kilómetros de la Ciudad de México, prefirió dejar hacer, dejar pasar, para
evitar un conflicto con la población. Para el gobierno del presidente López
Obrador, el hecho en sí mismo, es una contradicción.
Por años, la izquierda en
México, herida y agraviada históricamente, ha denunciado las acciones de fuerza
de soldados y policías como actos de represión. Los intentos por fortalecer el
uso legítimo de la fuerza han sido interpretados, denunciados y combatidos como
intentos por criminalizar la protesta social. López Obrador mismo ha caminado
sobre una línea delgada y cuidado su discurso para evitar cruzarla.
Apenas hace ocho días, cuando
habló del desabasto de gasolina, el presidente dijo que se trataba de “un asunto
transitorio” provocado por los “traviesos” que roban el combustible, y pidió a
la población no fomentar el robo y la corrupción. “Hay gente que se está
portando muy bien”, dijo en otro momento, “pero quiero pedirles a todos, hasta
a los traviesos, que se actúe con responsabilidad, que piensen en sus
familiares, que piensen en ellos mismos, que piensen en el prójimo, que piensen
en su país, en México. ¡Todos a portarnos bien!”.
Tlahuelilpan demostró lo
falible de ese discurso. Restablecer la ética a una sociedad, como pocos dudan
la requiere la mexicana, no se logra con discursos o una Cartilla Moral. Es un
trabajo de educación cívica que bien hecho demorará cuando menos una generación
en dar sus primeros resultados. Ningún pueblo es bueno, como imagina López
Obrador que es o puede ser el mexicano. La rectitud en la vida pública se da
mediante la eliminación de los incentivos para ser malo aunque se le tilde de
pueblo bueno.
En México los incentivos
inversos fueron alimentados por la rampante impunidad de décadas. Pero hay
luces. Tlahuelilpan será una gran oportunidad para López Obrador en su
intención por restablecer el Estado de Derecho, si aplica la ley en este caso,
y utiliza –no lucra- la tragedia en Hidalgo como el punto de partida para
restaurar el uso legítimo de la fuerza del Estado, que la va a necesitar,
cuando menos, en su cruzada contra el huachicol.
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PALACIO/21 DE ENERO DE 2019)
La cruzada que emprendió
Andrés Manuel López Obrador en contra del huachicol tiene consecuencias
inmediatas. Una, como dice, es que el robo del combustible se redujo al
enfrentar a los huachicoleros. Otra, que tiene plazos distintos, es que si el
combate es tan efectivo como lo asegura el presidente, el escenario de una
respuesta violenta por parte del crimen organizado debe ser una prioridad. Las
pérdidas económicas para quienes roban el combustible son cuantiosas –más de
tres mil millones de pesos en menos de 15 días-, con lo que afecta fuertes
intereses. Por ahora, la reacción de los criminales ante la acción
gubernamental han sido sabotajes en ductos estratégicos, pero ¿quién garantiza
que sus acciones revanchistas no escalen directo a López Obrador?
Meterse con el crimen
organizado en un negocio que es más redituable que el narcotráfico, cambia por
completo su entorno y modifica el paradigma de López Obrador que para estar
cerca del pueblo se despojó de la seguridad militar que cuidaba a los
presidentes mexicanos, y se rodeó de un equipo de civiles, que aunque fueron
entrenados en Israel, no tienen el número, alcance, o el trabajo de
inteligencia que le permitía al Estado Mayor Presidencial anticipar riesgos, como
cuando capturaron una célula del EPR que, escondida entre la maleza del Bosque
de Tlalpan, querían capturar al presidente Ernesto Zedillo, que hacía ejercicio
en ese lugar casi todas las mañanas.
Enfrentar enemigos tan
grandes y escurridizos, sin prisa para tomar venganza, hace que la seguridad
del presidente no sea un tema donde la única y última palabra la tiene Andrés
Manuel López Obrador. Su seguridad es un tema demasiado serio para que no se le
provea como jefe de Estado, ni es una discusión donde la necedad se imponga
sobre los protocolos que deben de seguirse y reforzarse en torno a su figura.
López Obrador es testarudo, pero el responsable de su seguridad, sus
principales asesores y quien sea necesario sumar para hablar con él, deben
hacerle ver que ya no es el activista, el agitador social o el candidato que
puede ser laxo en su seguridad. Como presidente, esta dejadez significa
irresponsabilidad. Y para quien está en su entorno y no le hable duro para
confrontarlo con la realidad que vive desde que llegó a Palacio Nacional, en
cualquier cosa que le suceda, será cómplice por omisión.
López Obrador no puede apelar
a la ética y a la buena fe de los mexicanos, para que sean ellos quienes lo
cuiden. Eso no existe ni en México, ni en el mundo reales. Hay gente de todo
tipo, buena y mala en distintos grados, pero cuando se trata de actividades
criminales, los riesgos se elevan sustancialmente en función de la solidez del
estado de Derecho y los niveles de impunidad. Sería un pleonasmo hablar de la
falta de lo primero y del superávit de lo segundo en México. Pero embarcarse en
la cruzada contra los huachicoleros, no es pelearse con políticos, empresarios,
periodistas o cualquier otra institución, donde la respuesta más violenta
estará siempre en el entorno de la política.
Luchar frontalmente contra
los criminales y afectar intereses económicos, ha llevado a López Obrador a
adentrarse a un campo donde nunca estuvo. Haber caminado territorios
controlados por el narco, como sucedió en la campaña presidencial, y haber
transitado sin mayores problemas por retenes criminales en el norte del país,
quedó en el pasado, cuando el enemigo no era él, sino los ex presidentes
Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. En ese momento no representaba ningún
riesgo para sus intereses económicos. De hecho, con el ofrecimiento de amnistía
a narcotraficantes, se volvía un aliado inopinado para ellos.Eso ha cambiado
radicalmente.
Como presidente, cuya primera
decisión fue confrontarlos militarmente, López Obrador ha pasado a ser su principal
enemigo. Más que Peña Nieto en el arranque de su gobierno, cuando dejó de
combatirlos, y más que Calderón, que comenzó la guerra contra ellos de manera
focalizada y gradual, López Obrador le declaró la guerra y llamó a los
mexicanos a combatirlos y a repudiar el mercado ilegal de combustible robado.
Su cruzada la hizo nacional.
Las resistencias, como ha
dicho el presidente, son fuertes. Pero que no se equivoque, como parece estar
haciendo en este momento. No sólo son los delincuentes de cuello blanco a los
que está enfrentando; el crimen organizado juega un papel preponderante y
central en este negocio. Dos cárteles están profundamente involucrados, Los
Zetas y Jalisco Nueva Generación, que son los más violentos. Debe entender que
si los está combatiendo con todo, no les deja puertas de salida. Si se cierra
todo, para acabar con esos robos, los criminales responderán como no lo han
hecho hasta ahora.
El presidente debe entender
la dinámica que modificó de manera abrupta y entender el cambio que ello
significa. Ser presidente implica que tiene que ceder libertades individuales,
de acción y movimiento, porque tiene que ser responsable con el pueblo cuyo
porvenir depende de él. Lo que le suceda al presidente no afecta sólo al
entorno de López Obrador, sino a una nación entera. Un atentado generaría caos,
zozobra e incertidumbre política, económica y social, nacional e internacional.
Ni siquiera estamos constitucionalmente preparados para la ausencia súbita de
un presidente. Esta es la externalidad que abrió su cruzada contra el
huachicol.
Su seguridad es prioritaria.
Pasó el tiempo del folclor y el discurso populachero. El presidente tomó
riesgos y lo apoya la nación. Debe estar a la altura de su responsabilidad y
asumir que el jefe de Estado Mexicano requiere de protocolos de seguridad que
protejan su vida por encima de todas las cosas.
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PALACIO/ 18 DE ENERO 2019)
El viernes pasado sucedió
algo insólito. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, interrumpió su
discurso en Tlapa, en un evento con Andrés Manuel López Obrador, ante los
gritos y mentadas de madre que recibía de morenistas, alentados por Pablo
Sandoval, expresidente estatal de Morena, hoy delegado federal, y hermano de la
secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, y le reclamó al presidente.
“Yo no vuelvo a ningún recorrido, es ofensivo”, le dijo Astudillo a López
Obrador. Evaluaría, dijo, a qué evento con el presidente asistiría en el
futuro. López Obrador le ofreció disculpas inmediatas y el lunes dijo en su
comparecencia mañanera que ese tipo de actitudes no deberían darse. Respeto
para todos, pidió, aunque parece tarde.
La polarización llegó para
quedarse y difícilmente se va a borrar. El presidente, un gran comunicador,
lleva años evangelizando a sus seguidores más fieles y persuadiendo a millones
más con un discurso simple, pero persuasivo: los ricos llenos de privilegios y
corruptelas, tienen que ser erradicados del país. Es el tiempo de los pobres,
que están del lado de los liberales, y hay que luchar contra los conservadores,
que se oponen al cambio, son palabras no textuales en la doctrina de López
Obrador que han abierto la confrontación nacional. ¿Hasta dónde llegará? Como
está la irritación, diariamente alimentada por los propagandistas del régimen
en las redes sociales, hasta que la retórica se convierta en agresión física.
La reacción del presidente
López Obrador ante lo que sucedió con Astudillo no empata con anteriores
comportamientos. Se mostró preocupado desde el mismo momento en que el
gobernador interrumpió su discurso y le expresó que sus seguidores de Morena
han hecho de sus eventos “torneos de insultos y descalificaciones”. El
presidente ofreció disculpas inmediatas y ha enviado línea política a sus
seguidores para que muestren respeto. No bastará. El humor está ardiendo y los
ánimos encendidos. Lo que le pasó a Astudillo, menos intenso, le sucedió el
domingo al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, aunque López
Obrador dijo que no sucedió nada. Antes le pasó al gobernador de Oaxaca,
Alejandro Murat, y previamente al de Michoacán, Silvano Aureoles. Los políticos
no son sus únicos blancos.
Los militantes de Morena
están empoderados por un presidente fuerte y carismático que, en este momento,
no tiene oposición que se le plante enfrente. El Congreso, un contrapeso, está
arrodillado ante él. El Senado también. La prensa es acosada y el Poder
Judicial ha sido agredido. Los órganos autónomos están siendo acosados
presupuestalmente como si la intención fuera deshidratarlos y acabarlos. La
gradería del presidente siempre aplaude y se anima a profundizar la división.
México está enfermo de rencor y resentimiento. La bola de nieve viene por la
ladera tomando fuerza y volumen. ¿Hasta dónde llegará? Reiteremos: como está la
irritación, diariamente alimentada por los propagandistas del régimen en las
redes sociales, hasta que la retórica se convierta en agresión física.
No están solos. Hay que ver
el fenómeno en toda su dimensión. El odio mostrado no corre en un solo sentido.
A toda acción hay una reacción, y en la esquina de enfrente hay respuestas
proporcionalmente violentas. Hay ataques clasistas y discriminadores
inaceptables a personas vinculadas a Morena por el color de su piel. ¿Cómo no
quieren entonces que se esté gestando una lucha de clases? La forma como se señala
visceralmente todo lo que hace el presidente no deja espacio a la razón, mucho
menos a la discusión argumentativa. Muchos no abordan críticamente sus acciones
y políticas, sino lanzan denuestos personalizados. Abundan las provocaciones,
los desafíos y las injurias. El discurso binario no avanza sobre un carril
único. Se nutre de todos lados, crecientemente intolerantes y beligerantes.
El gobernador Astudillo le
recordó a López Obrador que es presidente de todos los mexicanos, por lo que el
respeto debe ser mutuo y recíproco. No fue ociosidad expresarlo, porque se está
volviendo una norma de comportamiento en las élites de Morena, particularmente
en el Congreso, donde las cómodas mayorías que tiene el partido en el poder, ha
llevado a varios de sus líderes a actuar con mayor despotismo del que tanto se
quejaron, con más prepotencia con la que mucho tiempo los trataron,
abiertamente retadores. El poder tiene que ser magnánimo, no vengativo. El
Comité de Salud de la Revolución Francesa, que de algo sirva la Historia, llevó
a la guillotina a quienes hicieron de ella su instrumento de castigo contra
quienes se oponían al cambio de régimen.
Pero todo esto sólo tiene
sentido si estamos de acuerdo en vivir bajo un orden democrático real, no
retórico. Para quienes la democracia no tiene sentido, esta discusión es
irrelevante; querrán otro sistema –no régimen- que la sustituya. Para quienes
piensan que la democracia es el menor mal de los males, la satanización de los
de enfrente, la polarización política, la fragmentación que se vive en los
medios y las actitudes tribales, mal de México y el mundo, tiene que atajarse
para evitar que la brecha se siga ensanchando.
Yascha Mounk, director del
Centro de Renovación del Instituto “Tony Blair” para el Cambio Global en el
Reino Unido y conferencista en la Universidad de Harvard, escribió el año
pasado El Pueblo Contra la Democracia(The People vs. Democracy), donde identificó
los tres conductores del descontento: estancamiento niveles de vida, temor de
una democracia multiétnica y el surgimiento de las redes sociales. “Para
revertir la tendencia –señala Mounk- los políticos necesitan promulgar reformas
que beneficien a muchos, no a unos pocos”. Llevado al terreno mexicano, 30
millones de votos ganan elecciones, pero no gobiernan un país.
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PALACIO/ 17 DE ENERO 2019)
Las encuestas, todas, dan al
presidente Andrés Manuel López Obrador, un extraordinario respaldo para el combate
al robo de combustible. Las pérdidas económicas derivadas del desabasto de
gasolinas y las enormes incomodidades de las clases medias para reabastecer sus
vehículos, han sido insignificantes en su correlación con el apoyo a López
Obrador. Al menos ocho de cada 10 mexicanos están incondicionalmente con él, un
volumen muy superior incluso al que obtuvo en las elecciones presidenciales,
cuando 5.3 de cada 10 mexicanos votaron por él.
Hay quien se pregunta cuál es
la razón por la que un problema toral en la vida cotidiana, acentuado por el
claro naufragio de los funcionarios responsables del suministro de
combustibles, no haya hecho merma en la imagen ni el respaldo al presidente,
sino todo lo contrario. López Obrador tiene la confianza plena, en un fenómeno
que quizás no se veía desde que el pueblo, sin importar clases sociales, salió
a las calles a entregar todo lo que tenía para respaldar al presidente Lázaro
Cárdenas en la nacionalización petrolera.
La encuesta de El Financiero
publicada este lunes es muy clara: se cerraron filas detrás de López Obrador.
El 89% de los mexicanos en el país, apoya el combate contra el robo de
combustibles. La aprobación a su trabajo es de 76%, seis puntos arriba desde
última la medición, el 26 de diciembre pasado, un día antes que anunciara el
combate contra los huachicoleros, y prácticamente el mismo de cuando asumió la
Presidencia, cuando estaba en 77%. Es decir, una medida de gran calado que
requería invertir capital político, le representó cero pérdidas y significativos
réditos políticos.
El consenso es tan amplio que
nunca se dio, ni remotamente, una situación de disturbios en las calles, como
se dieron por situaciones análogas en los últimos años en Sao Paulo o Santo
Domingo. Para comenzar a entender el fenómeno que estamos viendo, hay que
recordar el eje de las campañas presidenciales de López Obrador, la lucha
contra un régimen corrupto que olvidó a las mayorías, y que el mandato en las
urnas el 1 de julio pasado fue precisamente para que cumpliera con su promesa.
Entonces, si el voto popular
fue para combatir la corrupción y López Obrador ha empaquetado el huachicoleo
como un problema de corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN, contra el
que masivamente se votó en las urnas en julio, ¿por qué sorprende tanto el
apoyo masivo al presidente en esta cruzada? López Obrador no ha perdido
oportunidad en cada mensaje y en cada discurso, para establecer la línea que
conecta el robo de combustible con anteriores gobiernos.
Es decir, todos los días a
todas horas está diciendo a los mexicanos que esta acción es consecuencia
directa del mandato que recibió, y respuesta frontal a su exigencia en las
urnas. El pedir de forma permanente el apoyo de los ciudadanos y agradecer de
manera reiterada la forma como han respaldado la acción contra los criminales
sin que estallaran conflictos –“se han portado bien”, es su frase-, es una
forma de involucrar a los mexicanos y hacerlos sentir que son parte importante
en esta lucha para evitar el saqueo de los recursos nacionales. No a todos les
gusta la forma como López Obrador construye las imágenes, pero a decir de las
encuestas, su mensaje ha penetrado y su apelación ha surtido un efecto que,
para los estándares y antecedentes mexicanos, es casi insólito. En la misma
encuesta de El Financiero se registró al 62% de los mexicanos que cree que la
gente debe confiar y tener paciencia mientras dure la situación de desabasto,
notándose un porcentaje incluso más alto, de acuerdo con el estudio, en
aquellos estados con mayor desabasto. Esto significa que el individualismo y
egoísmo ciudadano, tan característico de los mexicanos, fueron hechos de lado
ante el llamado presidencial.
El experto en opinión pública
Jorge Buendía, director de Buendía&Laredo, dijo que ante la escasa
información que hay sobre el combate, el abasto y sus efectos, el combate al
huachicol está alineado con el respaldo a López Obrador, como lo muestran todas
las encuestas. “Ante la falta de información, para muchos ciudadanos apoyar la
lucha contra los huachicoleros se reduce a expresar o negar su apoyo a Andrés
Manuel López Obrador”, agregó. “El éxito político de la medida dependerá de la
rapidez con que se termine el desabasto”.
Según funcionarios federales,
esta semana se normalizará el abasto en todas menos dos entidades, Guanajuato y
estado de México, con lo cual el escenario negativo que planteó Buendía podría
no llegar a darse. De cualquier forma, López Obrador trazó en su comparecencia
pública del martes, una nueva cruzada, que le va a permitir prolongar el tipo
de apoyo que ha recibido hasta ahora.
A pregunta de un periodista,
desarrolló una nueva narrativa donde ubicó la palabra “huachicoleo”, hasta
ahora sólo utilizada como sinónimo de robo de combustible, como el equivalente
a robo con alto daño a la nación, cometido o avalado por gobiernos anteriores.
Así, estableció la relación directa entre futuras campañas en otros sectores,
con parte del mandato de las urnas. El lunes dijo que después del huachicoleo
iría a combatir la corrupción en otros campos. El martes identificó
indirectamente que será en el rubro de los medicamentos.
El manejo político de López
Obrador ha sido impecable. El único límite que habrá entre su éxito y el
desgaste que lleve a la derrota, es si los resultados no son como los ha
prometido. Pero por lo pronto, está sólido y avanza rápido.
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PALACIO/ 16 DE ENERO 2019)
El parte de la guerra contra
el huachicoleo señala: mil 700 carpetas de investigación iniciadas en dos
semanas, tres altos funcionarios de Pemex cuyos casos por daños a la Nación se
judicializaron y 4.5 millones de barriles de combustible asegurado. La contraparte
en esta guerra son actos de sabotaje -que es una acción propia de terrorismo, y
una rebelión de la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula,
contra de un contingente de militares que perseguían a ladrones de combustible.
La comunidad los enfrentó, tras acusarlos de disparar contra la población, y
privó a tres de su libertad durante horas.
Esa zona es conocida por su
actividad huachicolera, y no es la primera comunidad que se rebela ante los
militares. El año pasado en Puebla, huachicoleros protegidos por los pobladores
de municipios de la zona se enfrentaron con militares en varias ocasiones.
También hubo enfrentamientos todo 2018 en el estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Tabasco, y Tlaxcala, lo que habla de la
magnitud territorial del problema. López Obrador hizo un llamado a los
pobladores de Santa Ana para que “no se mancharan” de sangre atacando
militares, y pidió en general que no se comprara gasolina robada. Difícil
empatar la ética frente a la sobrevivencia.
Un caso que puede ilustrar
este dilema es el de San Salvador Huixcolotla, que tiene un mercado nutrido en
hortalizas, frutas y ropa. Huixcolotla fue contaminado por la influencia de los
municipios vecinos que se encuentran dentro de la zona del Triángulo Rojo,
donde las ganancias que obtienen las bandas criminales por ese hurto, primero
auspiciadas por Los Zetas y más adelante por el Cártel Jalisco Nueva
Generación, es de dos millones de pesos diarios. Los huachicoleros aprovecharon
la coyuntura en ese municipio y en el país, abierta por la liberalización del
precio de los combustibles en enero de 2017.
Una externalidad del
gasolinazo fue la proliferación del huachicoleo por razones económicas. En
diciembre de 2016, el precio del litro de gasolina estaba en 14.81 pesos; el
retiro de todos los subsidios en enero lo elevó a 17.05 pesos. Los
huachicoleros expandieron sus mercados y llegaron a Huixcolotla, que se
convirtió en un centro de distribución de combustible robado, gracias a la
estrategia de los ladrones de combustible. Al elevarse el precio del diésel,
llegaron a las comunidades más alejadas con la oferta de mitad de precio y
colocado junto a sus cultivos. Para muchos, si no todos, la oferta era
irresistible en el contexto de su subsistencia, y el huachicol penetró
fácilmente el tejido social.
El huachicol mermó a Pemex.
En 2016, las pérdidas reconocidas eran de 30 mil millones de pesos. Para 2018,
dice López Obrador, ascienden a 60 mil millones, razón por la cual lo combate.
Dentro de esta lucha, matizó este lunes la acusación directa sobre gobiernos
anteriores de ser parte del crimen, e incorporó “o por su complacencia”. Esto
se ajusta más a la realidad. En mayo de 2017 se publicó en este espacio que el
presidente Enrique Peña Nieto intentaba salir de la pasividad en la que se
encontraba ante el fenómeno criminal, después de una desesperante inacción,
pero como reacción, no prevención. En ese momento se apuntó:
“Peña Nieto tendría que haber
estado muy bien informado del problema que se vivía, pues desde (hacía) unos
tres años promovió a quien había sido su jefe de seguridad en el gobierno del
Estado de México, el general brigadier Eduardo León Trauwitz, como subdirector
de Salvaguarda Estratégica de Pemex, que es el área responsable de los ductos.
El general Trauwitz sostenía reuniones regulares con los responsables del área
logística de Pemex para discutir del robo de combustible, donde había
acusaciones cruzadas. Ex funcionarios que conocen de esas reuniones,
(recordaron) que el general afirmaba que el robo tenía cómplices dentro de
Pemex, mientras que los encargados de logística respondían que era
responsabilidad de los militares la vigilancia.
“El alegato del general es
que tenía que haber complicidad en Pemex con los criminales porque para poder
ordeñar un ducto se necesitaba, a fin de evitar una explosión letal, que no
estuviera transportando combustible, información que sólo podría provenir del
salón de control de ductos de la empresa. Esta idea (siguió) permeando en el
gobierno federal y se (investigaba) en Pemex la posibilidad de complicidad con
los criminales. Pero el alegato de los responsables de logística, era por la
información que se tenía en las áreas de seguridad del gobierno poblano, que la
ordeña de ductos en el Triángulo Rojo estaba avalada y, en algunos casos,
controlada, por los militares”.
El fenómeno de Huixcolotla
mostró cómo, pese a todo, se extendió el huachicol. El entonces gobernador
Rafael Moreno Valle pidió reiteradamente apoyo federal para combatirlo, pero el
gobierno de Peña Nieto no se lo dio porque, según ex funcionarios, fortalecería
su eventual candidatura presidencial. Esa mezquindad se extendió, al no darse
jamás el apoyo. Poco antes de asumir la gubernatura, su esposa Martha Érika
Alonso recibió un mensaje de los huachicoleros -Huixcolotla es vecina de
Tecamachalco, el municipio donde nació- para que negociara con ellos impunidad.
El mensaje fue rechazado. Los dos murieron en un accidente de helicóptero en
diciembre, cuyas causas están siendo investigadas.
Pero la impunidad, en buena
parte por la pasividad o complicidad del gobierno federal, disparó el robo de
combustibles y le permitió a los huachicoleros armarse para enfrentar al
Ejército y a quien se le ponga enfrente. La impunidad y el crimen es lo que
quiere acabar López Obrador, que será el primer paso. El siguiente, restablecer
el tejido social, será más difícil de lograr.
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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 15 DE ENERO 2019)
Cuando Andrés Manuel López
Obrador dijo en su campaña presidencial que habría amnistía a quienes hubieran
participado en el narcotráfico, hubo quien vio una ventana de oportunidad. Fue
Miguel Ángel Treviño, el Z-40, el jefe de Los Zetas, preso desde julio de 2013,
quien a través de sus abogados envió un mensaje a la campaña del candidato
presidencial. Se comprometía a reducir en un 50% la violencia en Nuevo Laredo,
el tráfico de drogas, de armas, el contrabando de migrantes y el robo de
combustible, a cambio de una sola cosa: si llegaba López Obrador a la
Presidencia, que no lo extraditara a Estados Unidos. No hubo tiempo de nada,
porque el 19 de julio del año pasado, salió de México hacia una cárcel en ese
país.
Los Zetas siguieron
administrando su empresa criminal, a la que entraron hace casi 15 años, cuando
por falta de droga se diversificaron hacia el robo de combustible. Fue el
primer cártel que entró en ese negocio. Los Zetas lo convirtieron en una
operación trasnacional, y vendieron cuando menos 46 millones de dólares de
petróleo a refinerías en Estados Unidos, que posteriormente enfrentaron juicios
y varios de sus directivos fueron a la cárcel. La delincuencia organizada es
quien más ganancias extrae del robo de hidrocarburos en el mundo, uno de los
más grandes fenómenos criminales de este siglo.
De acuerdo con un documento
del Centro de Energía Global del Consejo de Atlántico, una organización privada
estadounidense que nació en 1961, publicado en 2017 (Downstream Oil Theft:
Global Modalities, Trends and Remedies), el negocio criminal deja utilidades
anuales por 133 mil millones de dólares, que es superior al PIB de Kuwait, una
de las naciones petroleras. El informe cita 10 casos de estudio, incluido
México, en donde dice que extraer petróleo refinado durante sólo siete minutos,
representa a un cártel ganancias de 90 mil dólares. Un ingeniero de Pemex fue
detenido cuando se descubrió que cobraba mil 250 dólares por cada toma
clandestina que dejaba sin reportar.
El informe menciona que la
delincuencia organizada es quien más está involucrada en el robo de
hidrocarburos, pero no es la única. En orden de importancia hay funcionarios o
empleados gubernamentales, comunidades “desesperadas” porque no tienen otra
forma de obtener recursos, políticos y terroristas. En el caso mexicano, de
acuerdo con un estudio elaborado en 2017 por la consultora EnergeA para la
Comisión Reguladora de Energía, además de cárteles participaban del llamado
huachicoleo, grupos armados especializados, bandas criminales de bajo impacto,
empleados y ex empleados de Pemex, gasolineros, policías y empresarios.
Paradójicamente, aunque el robo estaba convertido en uno de los problemas más
apremiantes, López Obrador no habló sobre esto durante sus conversaciones con
el presidente Enrique Peña Nieto en la transición, ni este se lo planteó como
una prioridad.
No fue prioridad del Estado
Mexicano hasta el 27 de diciembre pasado, cuando el presidente López Obrador
anunció un plan para combatir el robo de hidrocarburos. La crisis del abasto de
combustible, resultado de incompetencia de las autoridades energéticas en la
planeación adecuada de la distribución para acompañar ese combate, ha sido
capitalizada por López Obrador para socializar didácticamente el problema
enfrente, e ir construyendo un consenso nacional, que no tuvieron anteriores
gobiernos, para ir a golpear al corazón del huachicoleo, que se encuentra en
quiénes son los principales responsables, por cuanto de beneficios obtienen,
del robo de hidrocarburos, y quienes pudieran ser figuras emblemáticas
involucradas en el delito que manden un mensaje a quien quiera seguir
delinquiendo: quien quiera seguir delinquiendo, que sepa que la pasividad y la
tolerancia se acabaron y si los atrapan, pagarán las consecuencias.
A través de declaraciones
públicas, el gobierno de López Obrador ha contabilizado cuatro personas que
investiga por este tema. Funcionarios federales dicen que han ido a declarar en
la PGR en calidad de “presentados”, lo que no significa que sean imputados en
este momento por cualquier delito. El único nombre que ha trascendido, al tener
que confirmar el presidente reportes de prensa, es el del brigadier general
Eduardo León Trauwitz, que de jefe de escoltas del gobernador Peña Nieto, pasó
a ser jefe de seguridad de Pemex en el gobierno anterior. En junio de 2017 se
retomó en este espacio una investigación publicada en ejecentral, donde el
brigadier general era la figura central en una demanda civil en Florida, por
haber incumplido con el pago de 1.7 millones de dólares de comisión -de un
total de 9.7-, por la compra de dos aeronaves para transporte de personal, cuya
información se mantiene en reserva.
Funcionarios federales
dijeron que además del militar hay otras cuatro personas, para un total de
cinco, sobre los cuales hay sospecha de haber participado en el robo de
hidrocarburos. Los nombres los mantienen en reserva, pero incluye a dos
ingenieros de Pemex en el área de logística, un empresario y un ex legislador.
En la administración anterior, cerca de 200 personas, incluidos funcionarios de
Pemex, fueron a la cárcel por ese delito, que sigue siendo no grave, donde se
utilizó información del SAT. El gobierno de Estados Unidos también ha dado a
conocer redes de gasolineras utilizadas por los cárteles de la droga, y se han
congelado sus cuentas bancarias.
Es decir, gobiernos
anteriores no fueron omisos, pero sí limitados en su alcance y débiles para
enfrentar a los criminales. López Obrador tiene la voluntad política, la fuerza
y el consenso. Adelante con todo el respaldo a cambio de algo: que llegue hasta
el fondo y mande a la cárcel a todos los responsables, sin importar apellido,
dinero, relaciones o filiación política.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 11 DE ENERO 2019)
La crisis de la gasolina ha
sido la crisis del nuevo gobierno de México. El equipo energético del
presidente Andrés Manuel López Obrador se ha hundido como resultado, se puede
argumentar, de su novatez. Pemex ha difundido comunicados consecutivos donde
afirma que hay suficiente gasolina para abastecer al país, con la petición de
que no hagan compras de pánico, porque la sobredemanda siempre le ganará la
carrera al suministro de combustible. Pero entre más lo hace, más gente
apresura sus vehículos a las gasolineras. No es un problema de abasto, sino de
distribución, dice el presidente López Obrador. Pero la distribución, se
supone, estaba prevista y organizada, según la secretaria de Energía, Rocío
Nahle.
La secretaria dice que la
estrategia se empezó a preparar desde el 27 de diciembre, cuando el presidente
anunció el programa contra el robo de combustible. Estaba tan confiada de lo
bien que lo habían hecho, que el domingo, mientras seis estados mostraban un
problema de abasto de combustible, Nahle veía el partido de futbol entre
Veracruz y los Pumas de la UNAM, sin pudor para escribir en Twitter sus
sentimientos deportivos. La crisis de la gasolina crecía y ella se divertía.
Cuando la acusaron en las redes sociales de insensibilidad, respondió que todo
estaba bajo control porque había una estrategia para evitar el desabasto.
Nahle, la jefa del sector energético, no parecía tener idea de lo que sucedía.
No se puede decir que la
estrategia fuera un desastre, porque en realidad no había estrategia para la
distribución del combustible. Nahle dijo que 15 secretarías de Estado y
dependencias federales participaban en la preparación de la estrategia, lo cual
es cierto, pero era para detectar los puntos de fuga de combustible al interior
de Pemex, y el reforzamiento militar para resguardar 58 instalaciones
estratégicas de Pemex, que incluían seis refinerías, 39 terminales de
almacenamiento y despacho, 12 estaciones de rebombeo y control de ducto.
Adicionalmente, se intervino a personal de Pemex, se monitorearon y observaron
sus procedimientos de abastecimiento y reparto. Es decir, nada sobre la
contingencia de distribución.
¿Por qué no lo hubo? A partir
de la información aportada el 27 de diciembre, porque no había necesidad de
ello. El abasto y la distribución no sufrirían alteración alguna. Sin embargo,
algo que desconoce la opinión pública sucedió, porque cuando la crisis de la
falta de combustible afectó a seis estados, el presidente López Obrador explicó
a la prensa, a manera de justificación, que obedecía a que se habían cerrado
los ductos para evitar el robo de combustible, y que se estaban utilizando
pipas para suministrar la gasolina. El cierre de ductos no estaba contemplado
en la estrategia contra el huachicoleo, ni hubo explicación del porqué se hizo.
Pero, para efectos de
argumentación, si hacerlo obedeció a circunstancias no previstas al finalizar
el año, Nahle y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, debieron haber
tenido listo el plan de distribución de combustible a través de pipas. Como ha
quedado perfectamente claro, no lo hicieron, o si lo hicieron, lo realizaron de
manera muy deficiente. El desabasto en seis estados contaminó a la Ciudad de
México, donde en cuando menos 12 puntos de la capital federal se acabo el
combustible en las gasolineras, provocando la percepción desabasto, que fue
creciendo con las horas, como se pudo observar por la forma como se fueron
saturando las gasolineras, y otras tres entidades empezaron a tener los mismos
problemas.
López Obrador es el único que
ha hablado de problemas de distribución. Romero Oropeza está escondido en su
oficina y emite comunicados institucionales poco tranquilizadores, a decir por
los resultados que provoca, mientras que Nahle, en la línea marcada por el
presidente, no habla de nada operativo, sino que se encierra en la retórica del
robo de combustible como la explicación de acción-reacción por la falta de
gasolina. El robo de combustible ciertamente es un crimen lacerante para la
economía en México y en muchos países. Pero no es nuevo. Se viene arrastrando
desde 2002 y tuvo un incremento sustantivo en los dos últimos años del gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, el problema del
huachicoleo no provocó desabasto ni una crisis en la distribución de la
gasolina. El contraargumento de que el robo no es la madre del desabasto lo
ofreció el propio presidente López Obrador en su conferencia de prensa el
martes por la mañana, cuando reveló que desde que comenzó el programa contra el
robo de combustible, los criminales se han robado ocho mil 540 pipas menos.
Entonces, la narrativa de que la falta de gasolina es resultado de la
estrategia contra el huachicol, significa que el desabasto tiene que ver con
que se cortaron los suministros de gasolina robada.
Asumiendo que es cierto lo
dicho por el presidente, regresamos al punto de la distribución. Si el programa
del 27 de diciembre se anticipaba tan exitoso en el corto plazo y se cerraron
los ductos para impedir nuevos robos, ¿qué hicieron Romero Oropeza y Nahle para
evitar el desabasto? Romero Oropeza quién sabe, porque no da la cara. Nahle
estaba viendo el partido del futbol confiada en que había una estrategia, que
no contemplaba la distribución, que resolviera el abasto. Entre los dos, por su
incompetencia profesional, provocaron una crisis donde no la había, que de no
atajarse crecerá hasta a afectar el aparato productivo y el transporte terrestre
y aéreo. Por lo que ha dicho el gobierno hasta ahora, todo se trata de un
fenómeno de percepciones. Pero que no se les olvide que las percepciones, sino
se atajan, se convierten en realidad.
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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 10 DE ENERO DE 2019)
La claridad sobre la política
de no intervención que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sobre el
papel que debe jugar en Venezuela, es antagónica a la subordinación política
que desde que ganó las elecciones ha mostrado frente al presidente Donald
Trump. Su promesa de campaña que las cosas serían diferentes entre él y Trump a
como habían sido con el presidente Enrique Peña Nieto, porque lo convencería
que era mejor tener una buena relación con México que de conflicto permanente,
se quedó en un discurso maniqueo. No lo confronta, cierto, pero tampoco lo
persuade de nada. Le extiende un tapete para que haga con México lo que quiera.
La semana pasada, en el
conflicto de Trump con los demócratas en el Capitolio porque no le quieren
presupuestar cinco mil 700 millones de dólares para construir el muro en la
frontera con México, dijo que estaría dispuesto, de no conseguirlo, de cerrar
la frontera con México. Cuando la prensa le pidió una reacción a López Obrador,
se lavó las manos y dijo: “Hemos actuado con prudencia y de manera precavida.
No hemos opinado de este tema porque se trata de un asunto interno del gobierno
de Estados Unidos y preferimos abstenernos”.
Ciertamente, la discusión
presupuestal sobre el muro es doméstica, pero cuando en las presiones de Trump
contra los demócratas involucra a México, el tema ya corresponde atenderlo a
los mexicanos, en voz de su gobierno. Sellar la frontera no es un tema menor.
De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cada
día hay más de un millón de cruces legales de personas, además de 300 mil
vehículos de los cuales, 70 mil son camiones de carga, lo que representa un
intercambio comercial de más de mil millones de dólares cada 24 horas. Un
cierre desestabilizaría a 94 municipios en seis estados fronterizos, que
participan con el 21% del PIB nacional. El problema que quiere estallar Trump
se traduciría en una crisis social y económica regional en México.
López Obrador soslaya la
amenaza para no quedar atrapado en la lucha de Trump y los demócratas, pero su
silencio tampoco contribuye a que se movilicen otras fuerzas internas en
Estados Unidos, como los empresarios y comerciantes que también resultarían
afectados por el cierre fronterizo, que podrían presionar a Trump para que si
quiere mantener abiertos los frentes de guerra en el Capitolio, no utilice a
México como chivo expiatorio de sus arrebatos. Su enmudecimiento contrasta con
la celeridad como quiere ayudarle a resolver el problema de la migración
centroamericana, que también le disminuye vulnerabilidades en su diferendo
político con el Capitolio.
Esta afirmación tiene su
sustento en el comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Interna el 20
de diciembre pasado, que da cuenta del anuncio realizado por la secretaria
Kirjsten Nielsen, sobre “la acción histórica” para confrontar la crisis
migratoria, donde Estados Unidos dejaría de mantener en su territorio a los
migrantes centroamericanos que buscan asilo político en ese país, porque de
acuerdo con una negociación con el gobierno de López Obrador, sería México
quien haría ese trabajo. El acuerdo entre los dos gobiernos modificó
radicalmente las políticas migratorias de ambos, sirviendo el mexicano a los
intereses de la Administración Trump.
Varios funcionarios del
gobierno lópezobradorista han dicho que si bien hay pláticas aún no hay nada
concreto, salvo la decisión de que México no serviría como la estación
migratoria para Estados Unidos. Sus palabras realmente no tienen peso en
Washington, ni son creíbles. Este lunes, en la reunión con embajadores y
cónsules mexicanos en el exterior, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, tuvo oportunidad de clarificar la posición de su gobierno, pero fue
omisa, probablemente en forma deliberada. Explicó que los migrantes
centroamericanos tendrán garantías a sus derechos humanos cuando crucen
territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, y mientras se resuelve su situación
migratoria en aquel país. Es decir, aceptó implícitamente la existencia de la
nueva política estadounidense, aceptada según Washington por el gobierno de
López Obrador, llamada Permanecer en México.
Esta política sólo ha
generado preocupación en Estados Unidos. El 2 de enero, el presidente del
Caucus Hispano en la Cámara de Diputados, Eliot Engel, miembros del Comité de
Asuntos Exteriores, y Albio Sires, miembro del Subcomité de Asuntos de América
Latina del mismo Comité, enviaron una carta al secretario de Estado, Mike
Pompeo, preocupados por el acuerdo de los dos países. “Aunque ambos gobiernos
han descrito esto como una política unilateral de Estados Unidos que el
gobierno de México aceptó”, dijeron los diputados.
Los diputados querían saber
puntos específicos: ¿cuándo se acercó el gobierno de Estados Unidos a México y
cuántas dependencias estuvieron involucradas en la discusión?, ¿qué tipo de
acuerdo alcanzó el gobierno con México? ¿cuáles son los detalles? ¿fue previo
al anuncio del 20 de diciembre sobre el cambio en la policía de asilo? Hasta
esta fecha, Pompeo no ha respondido a los diputados, pero tampoco ha desmentido
la existencia del acuerdo. En México, el silencio del presidente López Obrador
ha sido protegido por la complacencia del Senado, controlado por Morena.
No hay presión alguna en
México para que el presidente responda sin evasivas sobre lo que está haciendo
Trump, ni forma de que los secretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores
rindan cuentas sobre lo que han estado hablando con Washington. Pero esconderse
no blinda lo que viene. Trump no se detiene ante nadie, ni le importa nada
salvo sacar adelante su agenda. A México lo ha utilizado como instrumento de
presión y el gobierno López Obrador se ha prestado para ello. De este
vasallaje, como en el pasado sucedió, no saldrán buenas cosas.
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(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 09 DE ENERO 2019)
De 2000 a 2017 (los últimos tres
sexenios) se construyó únicamente una Terminal de almacenamiento y Reparto en
Pemex, mientras que la demanda de combustibles creció 42.3 por ciento, informó
el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Reveló que el nivel de
almacenamiento recomendado por la Agencia Internacional de Energía es tener
como mínimo una capacidad de hasta 21 días. Sin embargo, en México es de 7.5
días para gasolinas y 6.9 para el diésel.
Ciudad de México, 21 de enero
(SinEmbargo).– En 17 años, Petróleos Mexicanos (Pemex) solamente construyó una
Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR), equivalente al 0.4 por ciento de la
capacidad de almacenamiento en el país, mientras que la demanda de combustibles
aumentó 42.3 por ciento, lo que afectó la seguridad energética nacional,
destacó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En su estudio
“Infraestructura de petrolíferos afecta seguridad energética”, el CIEP precisó
que de 2000 a 2017, es decir, en los últimos tres sexenios, se construyó
únicamente una TAR (Tapachula II) equivalente a 0.4 por ciento del total de la
capacidad de almacenamiento del país. Por otra parte, en el mismo periodo, la
demanda de combustibles (gasolinas y diésel) creció 42.3 por ciento, a una tasa
media anual de 2.0 por ciento.
El análisis realizado por el
investigador Alejandro Limón Portillo subraya que la diversificación tanto de
fuentes de energía, como de infraestructura de producción, procesamiento,
almacenamiento y distribución de combustibles, juegan un papel importante en
garantizar el abasto de energía a la población.
De acuerdo con el CIEP, la
infraestructura de petrolíferos (gasolinas, diésel, turbosina, gas licuado de
petróleo, entre otros) puede analizarse desde dos áreas: almacenamiento y
transporte. Actualmente, las 73 TAR que hay en México suman una capacidad
operativa de 11 millones 971 mil 619 barriles, mismos que son transportados en
3/4 (76 por ciento) por ductos.
Las TAR están distribuidas en
diversas regiones del país, cuestión que determina el tipo de suministro que
las alimenta, dada la cercanía a las refinerías y la geografía regional.
De 2000 a 2017 se construyó
únicamente una TAR (Tapachula II) equivalente a 0.4 por ciento del total de la
capacidad de almacenamiento del país. Foto: Cuartoscuro.
Por ejemplo, mencionó el
CIEP, las TAR de la zona centro del país (considera Ciudad de México, Morelos,
Hidalgo, Puebla, Querétaro y Estado de México), se alimentan en 96.8 por ciento
por ductos y reciben 83.9 por ciento del producto de la refinería de Tula. Así,
un conflicto en tal refinería o en los ductos que transportan producto a la
zona centro puede afectar seriamente el abasto de dicha región.
Esto sugiere que, a mayor
diversificación de medios de refinación y de transporte, mayor seguridad
energética.
En regiones donde se
presentan condiciones de inseguridad, una mayor oferta de medios de
distribución incrementa la posibilidad del robo a combustibles, según el
estudio. Tal es el caso del conjunto de zonas denominado
Sur-Golfo-Centro-Occidente que concentra 79.9 por ciento de la capacidad
operativa del país.
“En esta región se transportan
3 mil 272 millones 200 barriles por día, por ductos que suman una longitud de 4
mil 962 kilómetros, que permiten el flujo desde el Golfo hacia el centro del
país y el Bajío, así como al Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec”,
detalló.
LOS RIESGOS
El informe del CIEP indicó
que los riesgos externos de no tener infraestructura de almacenamiento se
asocian con una balanza comercial negativa de petrolíferos. Durante 2018 se ha
importado 73.9 por ciento y 66.8 por ciento de la demanda de gasolinas y
diésel, respectivamente.
Entre los riesgos internos
precisó que la seguridad energética también se puede ver amenazada por la
cantidad de inventario que una región puede tener.
Estos números reflejan la
cantidad de días que las TAR de dichas regiones pueden satisfacer la demanda si
se quedan repentinamente sin producto. Esta situación se vio ejemplificada en
las últimas semanas con el desabasto de gasolinas a raíz de la estrategia del
Gobierno en el combate al robo de combustibles.
“Considerando que en la zona
centro del país se encuentra el 23 por ciento de las estaciones de servicio del
país, y que la capacidad de almacenamiento de combustibles en las TAR de la
región es menor a tres días, la seguridad energética de la zona se ve
comprometida”, expuso el CIEP.
Según el informe, el nivel de
almacenamiento recomendado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) para
satisfacer la demanda es tener como mínimo una capacidad de hasta 21 días. Sin
embargo, el promedio en México es de 7.5 días para gasolinas y 6.9 para el
diésel.
Para motivar a una mejora en
niveles de almacenamiento, la AIE (a la que México se adhirió en febrero 2018)
recomienda que sus miembros tengan en inventarios el equivalente a 90 días de
importaciones netas, excepto para los países exportadores netos.
A septiembre 2018, únicamente
hay tres países con estas características: Canadá, Noruega y México, lo que
exenta al país de cumplir dicha medida.
El CIEP señaló que la
Política Pública de Almacenamiento mínimo de Petrolíferos, publicada en
septiembre de 2017, establece que a partir del 1 de enero de 2020, los
volúmenes mínimos requeridos serán equivalentes a cinco días de ventas internas
de gasolinas, diésel y turbosina. Para 2022, el inventario mínimo aumentará a 8
días, y para 2025, a 11.
Para el CIEP, más allá de
revelar las redes de delincuencia organizada en la distribución de
combustibles, el desabasto de gasolinas y diésel observado a inicios de 2019,
se evidenció la falta de diversificación de infraestructura de petrolíferos del
país.
“La concentración de la
demanda en algunos sectores específicos de ciertas regiones en particular, que
a su vez se abastecen de una escasa oferta de opciones de suministro, reflejó
la vulnerabilidad en materia de seguridad de hidrocarburos. Por ejemplo, el
caso del sector transporte de la zona centro del país, alimentada en su mayoría
por poliductos provenientes de la refinería de Tula”, detalló.
Consideró que para discutir
una transición energética efectiva, el concepto de seguridad energética debe
integrar los diferentes sistemas de energía con sus respectivas
particularidades.
Como parte de los números rojos de Pemex
en producción, refinación, inversión y deuda, en sus 21 hospitales, 12 clínicas
y 26 consultorios en el país hay desabasto de medicinas, acusan algunos de sus
700 mil derechohabientes, quienes deben comprar por su cuenta y esperar a que
se les devuelva el gasto. La Auditoría Superior de la Federación ha observado
fallas en los inventarios y en el proceso de adquisición de insumos de la
petrolera, así como en la contratación de terceros para servicios médicos.
Ciudad de México, 19 enero
(SinEmbargo).– “No te enfermes, no hay medicinas”, advertía un letrero mostrado
por trabajadores petroleros y jubilados durante una protesta afuera de una
supervisión médica de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Córdoba, Veracruz. El
problema de desabasto de medicamentos, un reflejo más de los números rojos de
la empresa productiva del Estado, se extiende a nivel nacional incluso en áreas
de urgencias, acusaron los derechohabientes, quienes deben pagar de su bolsillo
los insumos y esperar hasta meses para un reembolso.
La Auditoría Superior de la
Federación (ASF) ha observado desde 2013 a 2016 una serie de irregularidades en
los inventarios y adquisición de medicamentos de la petrolera, así como en los
contratos a terceros para servicios médicos, entre ellas, que no se cuenta con
criterios para evaluar las cantidades de insumos que requieren las unidades
médicas de Pemex.
“En urgencias te dicen que no
hay medicamento, y nomás te ponen una inyección contra el dolor y se acabó. Yo
tengo desde enero [del 2018] esperando una cirugía. La necesito con urgencia
porque es molesto en la forma en que ando”, dijo la esposa de un trabajador
petrolero en la manifestación en Veracruz.
Hay al menos casos detectados
en Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato y Ciudad de México. El mecanismo
de compensación se repite, según los testimonios. El derechohabiente tiene que
ir a comprar con su dinero el medicamento a una farmacia particular en la que
logra conseguirlo, pero tiene que hacer que la factura salga a nombre de Pemex,
y llevarla a la clínica u hospital que le corresponde para la devolución del
gasto.
El presupuesto ha ido en
aumento. Para el nuevo Gobierno federal el problema radica en la corrupción.
El presupuesto para servicios
médicos de personal de Pemex asciende a 14 mil 176 millones 869 mil 714 de
pesos para este 2019, más que los 12 mil 383 millones 817 mil 104 de pesos de
hace cinco años, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda. El
Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer en la conferencia mañanera que
harán todas las compras de medicamentos de manera consolidada, con precios
transparentes para que no se paguen sobreprecios y haya medicinas.
“Es que no hay abasto de
medicamentos por la corrupción en las medicinas. Se robaban, espero que ya no
lo sigan haciendo, hasta el dinero de las medicinas. A ese grado se había
llegado”, aseveró sobre el sistema de salud pública social y popular.
Petróleos Mexicanos, con
inversión, producción de hidrocarburos y refinación a la baja, es responsable
de proporcionar el servicio médico “integral”, “efectivo” y “oportuno” a sus
trabajadores, jubilados, viudas y derechohabientes, en cumplimiento del Capítulo
XIV del Contrato Colectivo del Trabajo, por medio de la Subdirección de
Servicios de Salud que está sujeta al Gobierno federal, al ser integrante del
Sistema Nacional de Salud.
La población derechohabiente
de Pemex es de 765 mil 421 personas, de las cuales 198 mil 533 (25.9 por
ciento) son trabajadores en activo; 88 mil 771 (11.6 por ciento) trabajadores
pensionados, y 478 mil 117 (62.5 por ciento) familiares de trabajadores activos
y pensionados, de acuerdo con cifras de 2014.
El sistema de unidades
médicas de Pemex se compone por 21 hospitales centrales, regionales y generales
distribuidos en Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Tabasco,
Nuevo León, Campeche, San Luis Potosí, Oaxaca e Hidalgo; 12 clínicas en
Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Campeche y Jalisco; 26
consultorios en Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chihuahua,
Oaxaca, Sinaloa, Nuevo León, Chiapas, y Ciudad de México; y 17 gerencias,
subgerencias y coordinaciones en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y
Veracruz.
“Los servicios médicos están
desastrosos. No hay medicamento, no hay incluso material para atención de los
enfermos en las áreas de urgencia de los hospitales y clínicas de Pemex. El
trabajador tiene a veces que ir a comprar algo que esté necesitando para tratar
a un paciente que esté en urgencias. Esto no es posible”, aseveró en entrevista
Raúl Romero Maldonado, trabajador jubilado de la sección 34 en la Ciudad de
México.
Interpuso una denuncia ante
la Secretaría de la Función Pública (SFP) y en una denuncia penal contra el
líder sindical Carlos Romero Deschamps también lo señala.
“En el Contrato Colectivo se
dice que para los trabajadores petroleros el servicio médico de Pemex tiene que
ser de la mejor calidad, y ofrecer todos los medicamentos y lo que sea
necesario para recuperar la salud. No se está cumpliendo”, dijo. “Tuvimos que
interponer una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública porque no hay
medicamentos”.
“Por qué un trabajador tiene
que comprar y facturar a nombre de Pemex. Pudiera incidir en una violación a la
Ley Hacendaria: comprar y facturar a nombre de otro”, cuestionó Romero
Maldonado.
Enfatizó sobre casos de los
jubilados o derechohabientes y viudas que en ese momento carecen de recursos
económicos para hacer la compra. Además, para obtener el reembolso hay que
acudir varias veces, con el consiguiente gasto económico, “peor aún para
quienes usan sillas de ruedas o andaderas, ya que deberán pagar taxis”.
En la denuncia penal que
interpuso el 15 de marzo de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la
República, el trabajador jubilado Raúl Romero planteó la violación al Contrato
Colectivo por parte de Pemex al no brindar buena atención médica por falta de
medicamentos e insumos para curaciones, deficiencia en estudios radiológicos,
así como análisis clínicos tardíos, y con ello los médicos no pueden dictaminar
los tratamientos adecuados por ausencia de instrumental.
“La falta de defensa sindical
ha propiciado que los trabajadores activos, jubilados y derechohabientes
padecemos la falta de medicamentos y una buena atención médica tal como lo
señala el Contrato Colectivo de Trabajo, que mandata que se nos proporcione
atención médica de la mejor calidad, así como medicamentos de patente, no
similares”, reza la denuncia.
En Tabasco, el Movimiento
Obrerista Democrático de Acción Petrolera (MODAP) ha exigido la ampliación del
cuadro básico, así como mejorar los servicios a los derechohabientes y las
instalaciones en el Hospital General en Comalcalco por ser obsoletas e insuficientes.
Su capacidad es para ocho mil personas frente a la demanda de 20 mil. Los
propios trabajadores han debido comprar en momentos de urgencia médica el
alcohol, gasas, curitas y medicamentos que llegan a costar hasta más de cinco o
siete mil pesos.
La Asociación Civil “Coatza
Vihve” acusó que más de 100 pacientes con VIH han sufrido el desabasto de
medicamentos antirretrovirales en los hospitales de Pemex de la región de
Veracruz. Las medicinas por fuera cuestan entre ocho mil a 10 mil pesos por frasco,
correspondiente a un mes de tratamiento.
LAS FALLAS DETECTADAS POR LA ASF
“La falla en los medicamentos
ha sido un talón de Aquiles muy notorio con lo que respecta a todos los rubros
y hospitales de los tres niveles. Batallan mucho los pacientes que ya llevan un
tratamiento como hipertensos o diabéticos que constantemente necesitan el
servicio para la medicina. A veces no hay ni pastillas para la presión que es
lo más común”, aseguró en entrevista René Valdez, ex trabajador petrolero del
área de mantenimiento del Hospital General de Pemex en Nanchital, Veracruz,
cerca de Coatzacoalcos.
“Esta problemática la venimos
arrastrando desde hace varios años, estamos hablando de cinco años para acá”,
estimó. “Tenemos testimonios de personas que se quejan demasiado, más que nada
los adultos mayores, jubilados de edad avanzada. Se está jugando con la salud
de las personas; puede haber alto índice de mortandad. Hay personas que no
tienen dinero para comprárselo y están con la esperanza de que Pemex se lo
surta”.
En la Cuenta Pública de 2013
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se observaron los inventarios
de medicamentos en almacenes de unidades médicas de Pemex. Ese año el Sistema
de Servicios de Salud de la empresa recibió un total de 12 millones 460 mil 411
medicamentos, por un importe de mil 509 millones 476 mil pesos.
El órgano fiscalizador
detectó que en 580 resurtimientos de medicamentos por 5 millones 409 mil pesos
“su control fue discrecional”, por carecer de un procedimiento establecido que
regulara su despacho con un formato homogéneo.
En su dictamen realizado en
noviembre de 2014 concluyó que de las 47 unidades médicas, 38 (el 80.9 por
ciento) no proporcionaron evidencia de la realización de inventarios físicos en
incumplimiento de la normativa. Asimismo, se omitió revelar en su información
financiera las existencias de medicamentos de sus farmacias en operación por
151 millones 072 mil pesos.
“Donde hay cierta deficiencia
es en el abasto de medicamentos. Pensamos que en este nuevo gobierno vamos a
estar mucho mejor”, dijo Jesús Ponce Hernández, trabajador jubilado, sobre el
desabasto en el Hospital Regional en Cd. Madero, Tamaulipas.
Para la Cuenta Pública de
2015, la ASF abordó la subrogación de servicios médicos al personal de Pemex,
esto es, contratación de terceros para servicios de hospitales o medicinas. En
2015 la petrolera ejerció un presupuesto de 4 mil 027 millones 739 miles de
pesos, mediante la subrogación para la adquisición de medicamentos y productos
farmacéuticos, subcontratación de servicios con terceros y servicios
integrales.
Para el dictamen de noviembre
de 2016 se acusó que no se formalizaron tres contratos de servicios médicos
subrogados realizados en 2015, con un presupuesto de 116 millones 903 miles de
pesos; y de siete contratos de servicios médicos subrogados, por 195 millones
562 miles de pesos, realizados en 2015 por adjudicación directa, Pemex no
acreditó la realización de investigaciones de mercado, ni se fundó por lo que
debieron realizarse por licitación pública. Otro contrato de adjudicación
directa para medicinas por 14 millones 766 mil pesos también debía ser por
licitación.
Basado en lo visto en el
Hospital General de Nanchital, Veracruz, donde laboraba, el trabajador jubilado
René Valdez pidió revisar los contratos que se tienen.
“Las ambulancias no
pertenecen a Pemex, son subrogadas y se tendría que ver quién es el dueño, en
qué condiciones está y si es justo. Sigue habiendo problemas con ambulancias
descompuestas o que no salen a tiempo. A simple vista, como carecen de
ambulancias, a lo mejor no es la vía correcta. Que Pemex tenga sus ambulancias
y el mismo personal de Pemex le brinde el mantenimiento como se hacía antes”,
aseguró.
El proceso de adquisición de
medicamentos fue fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación para la
Cuenta Pública de 2016.“En nuestra
opinión el sistema de control interno tiene debilidades significativas”,
concluyó en el dictamen de octubre de 2017.
Entre otras causas, desglosó,
porque la Subdirección de Servicios de Salud no cuenta con criterios
establecidos para evaluar las cantidades de insumos que requieran las unidades
médicas de Pemex.
De una muestra de seis
contratos por 558 millones 792 mil pesos, en el 55.1 por ciento del importe
contratado se identificó que no existe evidencia de supervisión tanto para el
comprador como el administrador de proyecto en el proceso de contratación, por
parte de la Gerencia de Contrataciones para Procesos de Soporte y Servicios de
Salud de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento.
Y sobre la distribución de
medicamentos, la Gerencia de Contrataciones no proporcionó la evidencia
documental de la capacidad técnica, financiera y legal de los servicios
contratados para la recepción, almacenamiento, control, distribución y entrega
de medicamentos a las farmacias que justificara la adjudicación del mismo, por
un monto de 26 millones 354 miles de pesos.
En ese 2016, derechohabientes
de Nanchital, Veracruz, ya acusaban carecer de medicamentos, por lo que
buscaban la alternativa de la medicina genérica de similares.
“Tiene aproximadamente más de
un año [en 2015] que como trabajadores estamos enfrentando el desabasto de
medicamentos en la clínica”, dijo un trabajador jubilado en transición. La
farmacia de la clínica privada carecía de insulina, antibióticos y material de
curación.
Una auditoría más de ese 2016
fue sobre la atención médica a nivel nacional. “Pemex no llevó a cabo con
trasparencia el proceso de adjudicación del contrato para la prestación de
servicios médicos subrogados, por mil 305 millones 434 miles de pesos, ni dicho
contrato operó de acuerdo con las condiciones pactadas”, dictaminó el órgano.
A poco más de un mes de tomar las
riendas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde ya
ha logrado dos de sus principales objetivos: poner en marcha el programa
Jóvenes Construyendo el Futuro y aumentar el salario mínimo. En entrevista para
SinEmbargo, la Secretaria habla de los proyectos que la dependencia
implementará en este sexenio, entre los que destaca la libertad sindical.
Ciudad de México, 18 de enero
(SinEmbargo).– La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no puede
quitar o poner líderes sindicales como Carlos Romero Deschamps, pero sí
garantizará que en este sexenio haya libertad sindical para que los trabajadores
decidan libremente quién los representa a través del voto libre y secreto,
asegura la titular de la dependencia Luisa María Alcalde Luján.
La Secretaria encargada de la
política laboral en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador,
explica en entrevista sobre la iniciativa de ley secundaria de la reforma
realizada el 24 de febrero de 2017 a la Ley Federal del Trabajo, la cual dota a
los trabajadores del derecho a elegir a sus sindicatos y líderes sindicales de
manera libre y democrática, pero además obliga a los sindicatos a entregar
cuentas por escrito.
“Ya tenemos una iniciativa
que establece clarísimo que debe de haber voto libre y secreto, no solamente
para que los trabajadores puedan elegir quién los represente, sino también para
que se consulte antes de firmar un contrato colectivo, o por ejemplo, en una
revisión contractual se tiene que garantizar que quien está negociando tiene
legitimidad y respaldo de los trabajadores”, menciona Luisa María Alcalde.
En las últimas semanas el
Gobierno federal ha implementado una lucha contra la corrupción por el robo de
combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual ha derivado en
investigaciones a servidores públicos de la petrolera, empresarios y políticos.
Diversas voces han señalado como uno de los responsables al líder petrolero
Carlos Romero Deschamps, pero el Presidente informó que no ha interpuesto
ninguna denuncia penal en su contra, por lo que no hay elementos para
enjuiciarlo.
Si bien no hay pruebas que
vinculen al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República
Mexicana con el huachicol, la titular de la STPS confirmó que en la Junta de
Conciliación y Arbitraje hay asuntos que se están resolviendo en contra de
Romero Deschamps.
“Hay asuntos que lo
resolverán los diferentes presidentes de las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, que recordemos son órganos tripartitos”, dice Alcalde y también
enfatiza que en este momento hay muchas piezas de un rompecabezas que se están
colocando para garantizar los derechos de los trabajadores sindicalizados.
“Considero que el esquema
anterior era de control, no es novedoso decir en este momento que el 90 por
ciento de los contratos eran de protección, es decir, se hacían a espaldas de
los trabajadores, por eso hubo un divorcio entre los trabajadores y sus
representaciones (…) Yo creo que las nuevas reglas del juego en materia laboral
nos van a ayudar a ir corrigiendo ese camino”, detalla.
Luisa María Alcalde, Secretaria del
Trabajo, habla acerca de los objetivos de su administración. Foto: Cri
Rodríguez, SinEmbargo.
Luisa María Alcalde, de 31
años, también habla sobre uno de los programas más ambiciosos en este sexenio:
Jóvenes Construyendo el Futuro, cuya meta es atender a 2 millones 300 mil
jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. Dice que la principal
diferencia entre este programa y los implementados en administraciones pasadas
es que “los anteriores estaban más relacionados con incentivos fiscales para
las empresas y tampoco eran tan específicos en atender una demanda en
concreto”.
En entrevista para
SinEmbargo, la Secretaria más joven del Gabinete de López Obrador, enumera los
cuatro principales objetivos durante su administración: Jóvenes Construyendo el
Futuro, recuperación del salario mínimo, democracia y libertad sindical y el
trabajo digno.
***
–La semana pasada la STPS
puso en marcha Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿cuál es la diferencia de este
programa y otros que hemos visto en sexenios anteriores como por ejemplo el de
Primer Empleo (con Calderón), los cuales iban dirigidos a jóvenes, pero que
terminaron siendo aprovechados por las empresas.
–Son varias las diferencias.
Por un lado, los programas anteriores estaban más relacionados con incentivos
fiscales para las empresas y tampoco eran tan específicos en atender una
demanda en concreto, que sí es el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Este programa se divide en
dos grandes objetivos: uno es garantizarle a todos los jóvenes de este país que
tengan una posibilidad. El problema que tenemos es que son millones de jóvenes
que no tienen opciones, que quieren capacitarse, que no encuentran empleo, que
les piden experiencia profesional, la cual no tienen, que no hay puertas en
dónde tocar. Lo que garantiza este programa no sólo es que tú puedas apoyar y
enlazar a estas dos partes, sino que el apoyo es directo a los jóvenes y eso no
se había hecho antes.
Es el primer programa que
atiende a los jóvenes, sin intermediarios, a través de una tarjeta bancaria
para que logren capacitarse. Las empresas ganan varias cosas, por un lado, es
el compromiso que asumen ante la sociedad al decir ‘entendemos la problemática,
sabemos que hay un potencial que se está desperdiciando’, y también ganan la
posibilidad de ir formando los perfiles, que tampoco están encontrando en el
mercado laboral, porque por un lado los jóvenes no tienen posibilidades, pero
por el otro las propias empresas no están encontrando los perfiles que
necesitan.
Jóvenes Construyendo el
Futuro ayuda a que las empresas puedan ir formando a los jóvenes.
–Sobre Jóvenes Construyendo el Futuro,
esta semana el Centro de Estudios Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) hizo una
serie de observaciones, pues consideró que en este programa la desigualdad de
género no está debidamente atendida. Por ejemplo, dijo que una oportunidad para
atender esta limitación hubiese sido incluir en los Lineamientos la posibilidad
de que las mujeres con niños pequeños utilizaran las guarderías del IMSS o de
otras instituciones para poder participar activamente en el Programa. Otro
hueco que detectó es que mantienen como requisito de participación que él o la
joven no se encuentre ya trabajando, lo que impide que los jóvenes salgan de
empleos precarios. ¿Cuál es la respuesta de la dependencia a estas
observaciones?
–Dos cosas, sin duda lo ideal
hubiera sido que parte de los beneficios que obtuvieran los jóvenes fueran las
guarderías, pero eso no era posible en este primer momento. Hay muchas mujeres
que no estudian ni trabajan, pero se dedican al cuidado de sus hijos, enfermos,
personas de la tercera edad, entonces no estarían disponibles para trabajar.
En un primer momento creímos
que eso iba a ser una dificultad para que las mujeres ingresaran al programa,
lo cierto es que la realidad nos está demostrando que no necesariamente hay esa
deficiencia en el programa y tal es el caso, que hay más mujeres inscritas que
hombres. Pareciera asumirse que si no hay guarderías entonces no entran las
mujeres a Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no, hay más mujeres inscritas
que quieren participar.
–La STPS recibió un aumento presupuestal para este
año. Sin embargo, al igual que otras dependencias, a finales de diciembre
comenzó con el despido de personal, así lo denuncian los afectados y acusan
irregularidades en el despido. ¿Tiene conocimiento de estos despidos, cuántos
empleados fueron y en qué áreas?
–De entrada no se despidió a
nadie que fuera de base, pero sí hubo una reestructura en toda la función
pública porque durante los dos sexenios pasados engordaron mucho la nómina. La
oficina del anterior Secretario (Roberto Campa) tenía para atender sus asuntos
a más de 100 personas, entonces sí hubo una reestructura, pero en todos los
casos se respetaron los derechos de los trabajadores. Sí hubo un recorte
necesario porque se duplicaban funciones, porque ya no eran prioritarios en
este nuevo proyecto.
Recordemos que había tres
subsecretarías y ahora lo reducimos a dos. Lo que está sucediendo es que si
bien hay más presupuesto para la STPS, éste no se utiliza para pagar nómina
sino se utiliza para pagar la beca de los jóvenes que no tienen opciones. Al
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” se le destinaron 40 mil millones de
pesos en esta primera etapa porque nuestra meta es atender a 2 millones 300
mil, pero si hay más jóvenes de 18 a 29 años que necesiten este apoyo el
presupuesto se irá ampliando.
–En las últimas semanas el Gobierno federal ha
implementado una lucha contra la corrupción en el robo de combustible a Pemex.
Diversas voces han señalado como uno de los responsables al líder petrolero
Carlos Romero Deschamps, dicen que si el gobierno de verdad busca limpiar Pemex
tendría que empezar con él porque sólo ha usado al sindicato para enriquecerse.
¿Cómo va a intervenir la STPS en el tema de Deschamps?
–No le corresponde a la
Secretaría del Trabajo ni poner ni quitar líderes, esos eran otros tiempos
donde desde el poder se determinaba quien debería ser o no, ese no es nuestro
trabajo. Al contrario, lo que nosotros tenemos que garantizar es que haya libertad
y democracia, ese es nuestro papel, garantizar que la gente pueda decidir
libremente y los trabajadores tienen que decidir quién los representa y lo
deben de hacer a través del voto personal libre y secreto.
Va a hacer un proceso porque
no es de la noche a la mañana, pero ya estamos avanzando. Ya tenemos una
iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, que es la iniciativa
reglamentaria a la Reforma Constitucional que establece clarísimo que debe de
haber voto libre y secreto, no solamente para que los trabajadores puedan
elegir quién los represente, sino también para que se consulte antes de firmar
un contrato colectivo, o por ejemplo, en una revisión contractual se tiene que
garantizar que quien está negociando tiene legitimidad y respaldo de los trabajadores.
Ese es el papel de la
Secretaría del Trabajo y ese es el que estamos desempeñando.
–¿En la STPS les ha llegado alguna denuncia en contra
del líder sindical?
–Sí, en la Junta de
Conciliación y Arbitraje hay asuntos que se están resolviendo y que lo
resolverán los diferentes presidentes de esas juntas, que recordemos son
órganos tripartitos.
–No sólo es el sindicato de Pemex, está también el de
la CFE, el del Metro, del Monte de Piedad… Los trabajadores acusan que aunque
el Senado ya firmó el Convenio 98, los grandes sindicatos siguen haciendo
alianzas con empresas dejando sin voz a los pequeños sindicatos. ¿Qué va a
hacer con el tema del cacicazgo en los sindicatos?, ¿los trabajadores pasarán
otro sexenio denunciando a estos señores, hasta qué punto llega la autonomía
sindical?
–Lo que nos va a tocar a
nosotros es una gran transformación del mundo laboral, es esta posibilidad de
que los trabajadores decidan a través del voto secreto. En este momento hay
muchas piezas de un rompecabezas que se están colocando.
Por un lado es la Reforma
Constitucional que ya habla del voto secreto (de sindicatos), también están los
compromisos asumidos por México en el T-MEC (Tratado comercial México, Estados
Unidos y Canadá), donde estamos diciendo que vamos a acabar con los contratos
de protección, vamos a garantizar la representación de los trabajadores y la
libertad de éstos para organizarse. También está la ratificación del Convenio
98 de la OIT en el Senado.
La conclusión de todo esto es
una iniciativa que ya se presentó en la Cámara de Diputados y que estamos a la
espera de que se apruebe, esperamos que en febrero se esté discutiendo en ambas
cámaras para tener este marco jurídico que deje en claro que se vale y que no.
Nosotros estamos convencidos
de que si los trabajadores tienen un instituto autónomo que se encargue de
todos los registros sindicales del país y si este mismo órgano se encarga de
los depósitos de los contratos colectivos, se garantizará la libertad. Por otro
lado, si la justicia laboral transita de las juntas de conciliación y arbitraje
a los tribunales laborales, se garantiza la autonomía y una serie de mecanismos
y procedimientos muy claros de cómo se debe proceder ante una elección de
dirigentes, de una consulta a los trabajadores para revisiones contractuales y
para firmas de contratos laborales iniciales.
Los procedimientos están
claros, están en la iniciativa que estamos a al espera de que se apruebe en
estos meses y a la STPS le va a tocar la buena implementación de estas nuevas reglas
del juego en términos de libertad sindical y democracia. Eso nos va a ayudar a
garantizar que el líder que esté frente a los sindicatos realmente sea alguien
que los y las trabajadoras respaldaron y votaron por él.
Todos los nuevos
procedimientos, a partir de que apruebe la reforma, van a tener que ser con
voto secreto, van a tener que pasar por un procedimientos donde haya un padrón
confiable, una convocatoria amplia y se deje participar a todos, un lugar
neutro en el cual se realice la votación y realmente que sea en urnas, secreta,
nunca más a mano alzada. Ese procedimiento, que hoy no es una realidad en el
país, se va a tener que realizar de manera obligatoria.
Nosotros en la Secretaría
vamos a garantizar que la gente realmente decida, que este procedimiento se
realice de esta manera. Si no es así, le toca a la autoridad decir que es nula
esa votación. A nosotros no nos toca decir quién e líder y quién no.
La titular de la STPS aseguró que
luchará por la libertad sindical. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.
***
–Un avance muy importante al inicio de su
administración fue lograr un aumento considerable en el salario mínimo, ¿cuál
es la meta de su dependencia en esta materia?, ¿planean hacer más aumentos?
–Sí, este es un primer paso
histórico, llevábamos más de 30 años que no se habían dado estos incrementos
significativos, 16 por ciento en todo el país y se fue al doble en la frontera.
Es una nueva visión, los gobiernos anteriores limitaron al salario de manera
deliberada y eso lo sabemos porque si nosotros revisamos el estancamiento del
salario mínimo, en muchos de los años se dio por debajo de la inflación y
cuando la productividad estaba aumentando por encima del mínimo.
Es un primer paso y fue un
proceso de diálogo. Lo interesante de este incremento es que salió por
consenso, estuvieron de acuerdo los empresarios, los representantes obreros y
el Gobierno, entonces es una nueva política de salarios mínimos ara irlos
recuperando de manera responsable y paulatina. La idea es que podamos seguir
este camino para que los trabajadores puedan vivir con dignidad con su salario.
–¿En esto influyó el cambio de presidente de la
Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami)?
–Me atrevería a decir que las
decisiones de la Conasami respondieron a una política económica y al Gobierno
en turno. Creo que fueron los funcionarios de Hacienda y los propios
presidentes los que determinaron que el salario mínimo no aumentara por muchas
razones, una era que creían que si manteníamos los salarios bajos íbamos a ser
atractivos en el exterior e iban a llegar los grandes capitales. Por otro lado,
es que el salario mínimo está vinculado a muchas cosas como los créditos del
Infonavit, cosas que lo sujetaban y que no permitían que creciera.
Creo que en los últimos
meses, por lo menos por parte de la Coparmex (que siempre estuvo declarando que
necesitábamos una política salarial distinta) se vinieron encontrando los
consensos. Ahora, también le da una frescura a la Conasami el hecho de que sea
un grupo distinto de especialistas que esté al frente de este organismo, que es
el que ayuda de proveer de buena información para tomar decisiones.
–Una de las deudas que dejó el sexenio pasado fue la
precarización del empleo. ¿Cómo trabajará la STPS en este tema, cómo vincular a
los jóvenes que ya se están preparando en las universidades al trabajo y que
éste sea bien pagado?
–Es un plan integral, es uno
de los retos del país el ver cómo le hacemos para generar bienestar y que la
gente pueda vivir y no tener que salirse de sus lugares de origen para
encontrar una forma digna de vivir.
Hay muchos programas que
están enfocados a que la gente encuentre actividades productivas que le
permitan ir mejorando su calidad de vida. En lo que respecta a la STPS, por un
lado está lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, que nos va a ayudar a que ellos
ingresen al mercado laboral y tengan mejores salarios.
Por el otro lado, tenemos
todo lo que tiene que ver con la nueva iniciativa, en la cual si tú garantizas
que hay una representación del lado de los trabajadores, van a haber mejores
contratos colectivos. Si tienes un representante que realmente vea por tus
intereses en las revisiones de contratos va a ir por mejores incrementos.
También estamos creando una
área que se llama “Trabajo Digno”, la cual, a diferencia de lo que existía
anteriormente que había una inspección muy corrupta y poco efectiva porque
muchos inspectores iban a las empresas a ver qué encontraban para pedir
mordida, lo que estamos planteando ahora es una revisión mucho mas enfocada en
prioridades, por ejemplo, para que no haya una subcontratación abusiva, durante
los últimos años parte de la precarización del empleo era por figuras como la
subcontratación, que yo siempre he dicho que es como el colesterol, hay del
bueno y malo, pero e dañino ha crecido y ha afectado las relaciones laborales y
los derechos de los trabajadores.
Atender la subcontratación
abusiva es uno de los pendientes que nos toca en esta administración, y por el
otro lado es el tema del subregistro en el Seguro Social. No sólo es el drama
de que e 60 por ciento de los que trabajan no tienen acceso a seguridad social,
sino a los que sí tienen los registran con un salario menor al que realmente
gana, y eso provoca un daño al IMSS y a los propios trabajadores porque al
cotizar de manera baja no están ahorrando para su futuro.
–¿A parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, la
dependencia tiene algún otro programa para implementar este sexenio?
–Jóvenes Construyendo el
Futuro es el programa principal de la dependencia y subsiste el Servicio
Nacional de Empleo (SNE), que ayuda con la intermediarios laboral. Necesitamos
mejorar mucho la plataforma que existe para buscar para el trabajo porque quedó
muy rezagada.
–¿Qué opina de los líderes sindicales mexicanos que
han sido denunciado por trabajadores?
–Considero que el esquema
anterior era un esquema de control, no es novedoso decir en este momento que el
90 por ciento de los contratos eran de protección, es decir, se hacían a
espaldas de los trabajadores, por eso hubo un divorcio entre los trabajadores y
sus representaciones.
Yo creo que las nuevas reglas
del juego en materia laboral nos van a ayudar a ir corrigiendo ese camino
porque si uno platica de esto en otras partes del mudo, no entienden cómo es
que alguien pueda firmar a nombre de los trabajadores si antes no los
consultaron. Ahora con estas nuevas reglas del juego van a tener que crearse o
fortalecerse liderazgos auténticos que representen a los trabajadores y que nos
ayuden a tener equilibrios, que se den diálogos auténticos, tanto para
incrementar los salarios como productividad.
Era una decisión del
Gobierno, como en el caso del salario mínimo, también en estos casos controlar
(los sindicatos), ahora la apuesta es distinta, es fortalecer el mercado
interno y que haya mayor crecimiento.
– Cuáles son los principales objetivos de la STPS en
este sexenio?
– Jóvenes Construyendo el
Futuro, recuperación del salario mínimo, democracia y libertad sindical para
rescatar la negociación colectiva, y en el área de trabajo digno será atender
la subcontratación abusiva y subregistro del seguro social.
(SIN EMBARGO/ GUADALUPE
FUENTES LÓPEZ/18 DE ENERO 2019)
