Policías estatales preventivos
investigados por las áreas de inteligencia debido a sus ligas con el crimen
organizado siguen activos. En Tijuana, la tropa vincula los ataques armados
contra uniformados a parejas de agentes que participan en actividades ilícitas
con el Cártel de Sinaloa y ponen en riesgo a las corporaciones. Los 500
exámenes de Control y Confianza realizados al mes por el C3, rinden resultados
limitados
Por lo menos tres elementos
de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Baja California, en nómina y activos,
son investigados por las áreas de inteligencia por sus nexos con el
narcotráfico, particularmente con el Cártel de Sinaloa y la célula encabezada
por René Arzate “La Rana”.
Un agente de investigación
reveló a ZETA los nombres de los investigados: Edmos Sánchez Lizárraga “El
Elmos”, Luis Santiago Burgoin Ruvalcaba “Burgoin”, y uno más al que sólo
refirió como “El Leo”, pues no han logrado identificar cuál de dos elementos se
trata, si Leobardo Ramírez González o Leonardo Triay Blandón.
De acuerdo a las
indagaciones, los tres elementos de la PEP estarían ligados a un grupo de
vendedores de droga que el 1 de junio de 2018 asesinaron a Francisco Ibarra
González, jefe del área Técnica de la PEP en Ensenada.
Pero ese no sería el único
ataque de los criminales contra oficiales. Son acusados e investigados luego
que se presume que el 6 de noviembre de 2018 atacaron y dejaron heridos a dos
agentes estatales en Punta Colonet, mientras realizaban investigaciones
precisamente para capturar al homicida de Ibarra González.
Veinticuatro días después del
ataque a los oficiales y de la fuga del homicida, el 30 de noviembre, en el
puente peatonal frente a la guarnición militar y el Centro de Gobierno en
Ensenada, fue colgada una manta con un mensaje criminal que involucraba
directamente a los policías hoy investigados: “A toda la gente que anda
trabajando para el cártel de La Rana (Mercenario) y (90) y policías estatales
de nombre ´Elmo´, ´Leo´, ´Burgon´, municipales y min. Ya les cayó la barredora,
nosotros somos gente de trabajo, no asesinos, ni rateros atte: Cártel de
Ensenada”.
La afrenta epistolar confirmó
lo que ya se investigaba sobre los estatales: su colusión con el narcotráfico.
En las mesas de Coordinación
Territorial para la Construcción de la Paz, los mandos operativos de las
corporaciones municipales, estatales y federales conocen del tema, aunque la
indagatoria oficial es un misterio y los tres presuntos agentes deshonestos
siguen activos pese a la sospecha de que proporcionaron información para el
asesinato del agente Ibarra.
Los agentes de la PEP investigados tienen un largo historial de
delitos:
Edmos Sánchez Lizárraga
aparece en el sistema penitenciario en 2009 por comercio y posesión de dragas,
y en 2011 por posesión. En 2010 fue acusado de allanamiento de morada y abuso
de autoridad, delitos de orden federal y lesiones; en 2012 y 2016 por abuso de
autoridad y amenazas, mientras que en 2013 se le investigó por homicidio
calificado.
Desde agosto de 2016 se le
había mencionado oficialmente como un agente infiltrado del Cártel de Sinaloa,
en aquel entonces al servicio de Hugo Iván Rivera Gómez “El Padrino”,
trasegador de los hermanos Arzate. Sin embargo, tal información no tuvo
repercusiones.
Respeto a Luis Santiago
Burgoin Ruvalcaba, su nombre ha sido incluido en tres averiguaciones previas:
una por robo en 2006, otra por abuso de autoridad en 2014 y una más por el
mismo delito en 2017. Fue amenazado en diciembre de 2014, cuando criminales
dejaron una caja con la cabeza de un cerdo y un cartucho de fusil en la frente
del animal, en las inmediaciones de la casa del uniformado. En 2017 recibió
otra amenaza, curiosamente del Cártel de Sinaloa, con el cual presuntamente
tiene acuerdos.
En cuanto al agente apodado
“El Leo”, éste aún no ha sido identificado.
De manera extraoficial se
informó a ZETA que en las investigaciones se refiere que estos policías
estatales sirven de apoyo a una célula de Sinaloa que desciende avionetas en el
sur de Ensenada. Que tienen influencia criminal en colonias como Los Laureles,
Villa Residencial del Prado segunda
sección, Valle Verde, Encinos, Laureles y Villas del Sol.
“La plaza” la pelearían al
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a las células identificadas como La
Barredora, Cártel de Ensenada y los hermanos Castro Mendoza en Isla de Cedros.
Con relación a René Arzate
“La Rana”, quien de acuerdo a los investigadores tiene orden de aprehensión
para efectos de extradición a Estados Unidos, le han identificado en calidad de
lugartenientes criminales a:
* Alfonso Niebla Vega “El 90”, de 37
años de edad, operador en Ensenada. Lo capturaron por daño en propiedad ajena
en 2005, y por posesión y comercio de droga en 2009 y 2011.
* Carlos Adrián Casas Reyes “El 8” y/o
“Mercenario”, sinaloense y “segundo al mando”, con dos residencias en Ensenada.
Desde 2016 se le atribuye ser parte del Cártel de Sinaloa y de mantener pugnas
a balazos por el control de la venta de narcomenudeo en el puerto.
* Jesús Salvador Villavicencio Meza “El
Venado” y/o “El Rayder”, de 24 años;
detenido, investigado y liberado por los delitos de lesiones, homicidio en
grado de tentativa en tres ocasiones, posesión de droga (capturado y puesto en
libertad dos veces) y una más por corrupción.en marzo de 2017.
* Ufrano Alberto Beltrán Romero “El
Betillo”, presuntamente dedicado al narcomenudeo y ubicado en el ataque al
palenque Póker en enero de 2016.
* Manuel Enciso “El Gordo”, ubicado por el grupo de fuerzas coordinadas
como elemento que transporta droga de Ensenada a Tijuana para “El Niebla”.
EL ASESINO DE IBARRA
Raúl Adrián Macías Rodríguez
tiene 20 años y por lo menos dos apodos. Unos le dicen “El Tigre”, otros lo
ubican como “El Rulo”. Cuando contaba con 12 años fue testigo de un homicidio
agravado por parentesco. Su madre solía trabajar en el Sistema Penitenciario
del Estado y un agentes estatal era su
pareja.
Hoy día, a su corta edad, “El
Rulo” es investigado por homicidio. Particularmente por el asesinato de
Francisco Ibarra González, quien fuera director del área técnica de la PEP en
Ensenada.
En las investigaciones han
logrado identificar que la red entre el señalado asesino Raúl Macías y el
Cártel de Sinaloa, es con Alberto Beltrán Romero y Manuel Enciso. Además,
Ibarra, el oficial asesinado, había encabezado varios aseguramientos de Fraga
al sur de Ensenada.
De acuerdo a las
indagatorias, Macías Rodríguez y su grupo criminal son señalados de atacar a
balazos a los policías estatales
-incluido un mando- que el 6 de
noviembre de 2018, pasadas las cinco de la tarde en las inmediaciones de un
expendio de gasolina en el Ejido México en Punta Colonet al sur de Ensenada,
buscaban detener a Raúl Macías.
El ataque fue producto de una
traición interna, cuando de las filas de la PEP informaron a la célula de
Sinaloa que el grupo de agentes iba por ellos para detener a “El Rulo”.
De los 151 ejecutados en Baja
California en menos de veinte días de iniciado el año, 127 corresponden a
Tijuana, 12 a Ensenada, Mexicali y Tecate contabilizan cinco cada uno y dos en
Rosarito.
Entre los últimos hechos
violentos en Tijuana, destaca el asesinato de 46 personas en los recientes seis
días.
LUNES 14 DE ENERO. Dos hombres fueron asesinados a tiros en la colonia Los Reyes, una de
las víctimas fue identificada como
Miguel Elbert Paulino Solís Franco, de 62 años de edad. En las Delicias III, un
hombre fue acribillado. De igual manera, un joven murió en Tres de
Octubre. Antonio Camacho Cortez, de 39
años, fue privado de la vida a balazos en Nueva Esperanza. En la Clínica 1 del
IMSS, a consecuencia de heridas de arma de fuego, falleció David Castellanos
Zurita, de 45 años.
MARTES 15.- En
el interior de un domicilio en la Amparo Sánchez, fueron asesinados de tiros en
la cabeza Mauricio Alejandro Zamora Rayo y Rodrigo Calvillo Méndez, de 34 años.
Testigos refieren que los presuntos responsables huyeron a bordo de la
camioneta tipo pick-up color negro. Joaquín Norzagaray Castro, de 28 años,
murió en el Hospital General tras recibir un tiro en el cráneo. Óscar Daniel
Trujillo Grajeda, de 40 años, murió en la Cruz Roja, víctima de dos tiros en el
tórax.
MIÉRCOLES 16.
Brayan Adán Zarate Ochoa, de 25 años, fue asesinado a balazos en Las Torres parte alta. Ricardo Sarmiento
Hernández, de 37 años fue ultimado en Burócratas Ruiz Cortines. Una mujer, aún
sin identificar, falleció en la Clínica 18 del IMSS a consecuencia de tiros que
recibió. En el Ejido Francisco Villa 2, un sujeto fue privado de la vida con un
arma de fuego. Y en una vivienda de la colonia Alemán se localizó el cadáver
putrefacto de un masculino.
JUEVES 17. El
cuerpo de un desconocido de alrededor de 35 años fue encontrado envuelto en un
tapete color gris en la carretera Tijuana-San Miguel, a la altura del puente
Punta Bandera. En la colonia Reacomodo Sánchez Taboada fue asesinado un joven de 25 años.
CAEN 4 POR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
Sergio Jesús Hernández
Herrera “El Tío”, de 51 años; Romeo Rafael Hernández Moreno “El Chino”, de 39;
Misael Alexis Velázquez Verdusco “El Chiquitín”, de 23 años; y Hugo Alexander
León Almada, de 16, fueron detenidos el sábado 12 de enero por la autoridad
municipal tras rescatar a quince personas que los mencionados mantenían
privadas de su libertad en la colonia La Morita de Tijuana. Se les decomisó un
arma calibre 3.57 con cinco cartuchos útiles, un revólver 38 especial con seis
cartuchos y 16 envoltorios de la droga conocida como “cristal”.
Las víctimas rescatadas
fueron identificadas con los nombres de
Kavir de Jesús Maya Pelcastre “El Kavir”; Jesús Palacios Valenzuela “El
Morral”; José de la Cruz Ávalos “El Crucito”; Mario Alberto Soto Villanueva
“El Gordo”; Héctor Antonio Soto
Villanueva “El Facundo”; Leonel Muñoz
Bermúdez “El Leonel”; Diana Karina Magaña Zavala,; Daniel López Sánchez “El
Dani”; Juan Carlos Longines Miranda “El
Pluto”; Cristana Vada Reyes; Luis Eduardo Flores Leyva; además de Bertha
Sánchez Barajas y dos de sus hijos y hermano: Cristian Alejandro Pérez Sánchez,
Axel Nava Sánchez (menor de edad) y Abraham Macías Hernández.
“Se presume inocente,
mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13,
CNPP”
CUANDO LLEGARON LOS POLICÍAS, YA LOS ESTABAN
ESPERANDO.
En el ataque donde se
accionaron armas largas, a uno de los elementos le destrozaron la mano derecha
y a otro el bazo y la rodilla derecha.
A la fecha, Raúl Adrián
Macías Rodríguez sigue prófugo, por lo que autoridades del Estado de Sinaloa en
coordinación con las de Baja California, lo buscan en Mazatlán.
CÉLULA DE “EL 50” EN DOS ATAQUES A POLICÍAS
Alrededor de las nueve de la noche del domingo 13 de enero, en el C4
recibieron el reporte de un ataque armado en la privada Aniz de Villas del
Prado, zona donde varios policías recibieron crédito habitacional.
Allí se localizó el cuerpo de
Aldo Garibaldi Rodríguez, y en calidad de herido, al policía municipal René
Solís Alor.
Testigos refieren que el
ataque fue directo contra Garibaldi. Cinco tiros le dieron de frente al joven
hijo de Mónica Rodríguez, una agente municipal asignada a Los Pinos. A Solís le
dispararon después. Las balas le llegaron por la espalda mientras vestía de
civil y acompañaba a su vecino. No estaba trabajando como lo hace en la Zona
Centro.
Solís y su familia habrían
estado conviviendo con la víctima frente a una fogata cuando llegaron dos
hombres. Uno vestía sudadera negra con capucha y portaba un arma corta, el otro
estaba cubierto con una chamarra azul y empuñaba un arma larga; una de las
sudaderas tenía la leyenda Aero.
La oficial Rodríguez explicó
ante las autoridades que ella vivía en la casa en la que su hijo fue atacado,
pero se había mudado una semana atrás, luego de recibir “amenazas de un sicario
que vive afuera de la privada”, al cual no identificó.
Otros testigos advirtieron
que una pareja de policías que viven en la misma privada “aseguraron una droga”
e ignoraban con cuánta se quedaron, pero la estaban “vendiendo”, los criminales
se enteraron y estaban amenazando.
En la búsqueda del homicida,
la Policía Municipal capturó a Cristian Reynoso Ordaz, de 32 años, en posesión
de un fusil. Anteriormente había reconocido vender droga para el CJNG.
El presunto delincuente
detalló que el domingo del ataque, le
habló “El Homero” para darle instrucciones para recoger un auto y después pasar
por “El Virus”, quien se había quedado
sin gasolina, lo esperó durante veinte minutos pero no apareció, y cuando bajó
a buscarlo, después de los balazos lo detuvieron.
A pesar que “El Homero” fue
identificado por uno de los testigos de la balacera en Villas del Prado, donde
asesinaron al hijo de la policía Rodríguez, éste diría más adelante que sólo
había manejado el carro.
“Se presume inocente,
mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art.13,
CNPP”.- Luis Santiago Burgoin Ruvalcaba, “El Burgón”
Pese a que no admitió haber
participado en el ataque de manera extraoficial, Reynoso Ordaz sí dijo que
llevaba tres meses trabajando con “El Homero”, de quien sabe, es hermano de “El
Tortas” y que los dos habían sido detenidos recientemente. Dio detalles sobre
su participación en el operativo criminal de la célula del CJNG: surtir de
droga tres “tienditas” en la colonia Sánchez Taboada, a cambio de entre mil y 2
mil pesos por semana, aunque en ocasiones le pagaban con la droga conocida como
“cristal”.
Los referidos como “El
Tortas” y “El Homero”, son los hermanos Hernández Quintero, Juan y Homero,
aprehendidos alrededor de las cinco de la tarde del jueves 10 de enero en las
inmediaciones de su casa, entre las calles Biznaga y Cactus de la colonia
Sánchez Taboada. Llevaban consigo una
pistola calibre .22, una escopeta y 33 envoltorios de “cristal”. El reporte
oficial indica que dieron con ellos por una denuncia ciudadana que alertó sobre
la presencia de hombres armados. “El Tortas” tenía orden de aprehensión por
homicidio calificado, otorgada el 11 de mayo de 2018.
Los policías que los
detuvieron, incluyeron en el reporte una leyenda: “No omitimos informar que los
hoy asegurados son sospechosos directos de participación del homicidio de los
policías en Sánchez Taboada hace una semana”, sin embargo, no aportaron
elementos de prueba.
De manera extraoficial, ZETA
pudo conocer que tanto la leyenda en el Informe Policial Homologado, como la
versión del secretario de Seguridad Pública, Marco Antonio Sotomayor, en la que
acusó a los líderes del CJNG del asesinato de los agentes Omar Araujo y
Fidencio Figueroa la noche del 3 de enero en un restaurante de comida china,
deriva de la captura de por los menos tres grupos delictivos que de manera
unánime delataron como responsables al matón Juan Hernández Quintero “El
Tortas”; al cabecilla de sicarios Jorge Luis Quezada “El Veloz”; y al líder de
célula criminal, Alejandro Vázquez Vázquez “El 50”.
Sin embargo, tales delaciones no fueron integradas al expediente
del homicidio de los oficiales Araujo y Figueroa, por lo menos al cierre de
esta edición, no había mayores elementos para vincularlos con el crimen de la
colonia Sánchez Taboada y se les investigaba por el asesinato cometido de
Villas del Prado.
SOTOMAYOR: SEGUNDO ATAQUE NO FUE CONTRA POLICÍAS
“Yo me preocupé cuando llegó
la primera versión de que los habían atacado de civil y en su casa, porque eso
era escalar, pero después de hablar con nuestra gente, vimos que fue un ataque
directo al muchacho, y que no era la casa del policía. Me puedo equivocar, no
soy poseedor de la verdad, la investigación está en proceso, pero pienso que va
a ser por los antecedentes del occiso”, afirmó el secretario de Seguridad
Pública Municipal de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor.
Entre 2012 y 2017, el joven
Aldo Garibay, quien trabajaba como guardia en una escuela, había sido detenido
en seis ocasiones por la Policía Municipal por delitos contra la salud,
portación de armas, daños en propiedad ajena y por ingerir bebidas en vía pública.
— ¿Cómo se entiende que los agresores sean del mismo
grupo de “El Tortas”?
“Son parte del grupo que
opera criminalmente en esa zona, pero no tendría sentido que atacaran a un
policía de la Zona Centro o a una policía de Los Pinos que ni siquiera trabajan,
ni hacen detenciones ni aseguramientos en Sánchez Taboada”.
— ¿Qué saben entre los mandos de la amenaza a la mujer
policía madre de la víctima y de la denuncia de un supuesto robo de droga?
“No tenemos informe al
respecto, pero todo se va a investigar”.
NARCOS TAMBIÉN LO NIEGAN
Mientras en las instalaciones
de la Comandancia Regional Sur “Margarito Saldaña Rivera“ se realizaba la
reunión semanal de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de
Tijuana, a unos metros, en el puente peatonal que va de norte a sur, delincuentes
colgaron otra narcomanta que fue retirada inmediatamente por elementos del
Grupo de Operaciones Tácticas.
Consultadas las autoridades
municipales, reconocieron el hecho y, además de no dar parte al Ministerio
Público, decidieron reservarse el contenido del mensaje de los criminales,
limitándose a declarar que palabras más o menos, el CJNG se deslindó del
segundo ataque, en el que un policía resultó herido y el joven Aldo fue
acribillado.
“EL TORTAS”, POR NARCOMENUDEO Y HOMICIDIO
En cuanto a Juan Hernández,
cabeza del grupo presuntamente responsable de ambos operativos criminales donde
policías fueron victimados, fue presentado ante el Ministerio Público por
narcomenudeo, y una vez detenido, se le ejecutó orden de aprehensión por
homicidio que tenía vigente. El apodado “El Tortas” negó los cargos recientes.
Dijo que estuvo interno en un centro de desintoxicación del que salió hace
poco.
En el homicidio por el que
será juzgado, uno de sus cómplices, Manuel Santiago Navarro Silva “El Minimí”,
fue condenado a 27 años y seis meses de prisión, y al pago de reparación del
daño por 734 mil 782.40 pesos a favor de
la ofendida, esposa de la víctima.
El expediente que sirvió para
condenar a Navarro indica que el 22 de septiembre de 2016, “El Minimí” recibió llamado de “El Tortas”,
quien le dio instrucciones, arma, foto de la víctima y lo trasladó hasta la
casa del objetivo, incluso le avisó cuando iba saliendo su presa. Entre las
calles Huapango y Niágara de Lomas de la Presa, dieron muerte a Juan Manuel Aguilar
Villa, vendedor de droga de 53 años.
Acusó que además participaron
en el asesinato Juan Hernández Quintero, su esposa, otro hombre al que sólo
identificó como Giovany, la esposa de éste,
Daniel Misael Murillo Gastélum “El H” y él. Por ese homicidio le pagaron
3 mil pesos, y a Murillo, 5 mil.
QUEJAS, DENUNCIAS Y DEPURACIÓN
Durante 2018, la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió 102 quejas contra elementos de la
Policía Estatal Preventiva (PEP); 41 fueron presentadas en Mexicali, 38 en
Tijuana, 20 en Ensenada y tres en Tecate
Los principales derechos
vulnerados, fueron a la seguridad jurídica, a la legalidad, al trato digno, a
la integridad y seguridad personal. Mientras los principales hechos violatorios
fueron detenciones arbitrarias, violencia desproporcionada, falta a la
legalidad, a la honradez y parcialidad en el desempeño de sus funciones, así
como imputar indebidamente hechos.
El total de quejas contra
policías municipales en los cinco ayuntamientos de Baja California fueron 492
el año pasado: 279 en Tijuana, 90 en Mexicali, 79 en Ensenada, 26 en Rosarito y
18 en Tecate. Los hechos violatorios acusados son detenciones arbitrarias y
falta de legalidad y honradez en el servicio.
En cuanto a denuncias
presentadas contra agentes de las diversas corporaciones ante el Ministerio
Público, en septiembre de 2018 la Unidad de Transparencia de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE) informó que de enero de 2016 a la fecha
la fiscalía recibió 3 mil 811 denuncias contra policías en todo el Estado, sin
precisar la corporación. Los delitos más denunciados fueron abuso de autoridad,
daño en propiedad ajena y lesiones; en tanto los menos denunciados fueron
cohecho y privación de la libertad.
Sólo en Tijuana, bajo el
Nuevo Sistema de Justicia Penal, entre junio y diciembre de 2017 se presentaron
450 denuncias contra policías, mientras que durante 2018, la cifra ascendió a
610 denuncias.
En la mayoría de los casos la
víctima fue incapaz de identificar a cuál corporación pertenecía el policía que
abusó de la autoridad, con acciones que fueron desde el maltrato hasta el robo,
la agresión física y la privación de la libertad.
De hecho, de las 450
denuncias de 2017, sólo 88 fueron
interpuestas específicamente en contra de agentes municipales y 77 en contra de
agentes estatales.
Tales estadísticas están
incompletas, ya que la PGJE decidió proteger a los uniformados y evadieron
entregar la información de manera detallada y oficial.
En cuanto a la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, que actualmente cuenta con un promedio de 660
elementos activos, detalla su combate a la corrupción en el reporte publicado
por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (CECC): entre 2013 y
noviembre de 2018, inició 710 investigaciones administrativas a elementos de la
Policía Estatal Preventiva, de los cuales 108 han resultado en procedimientos
de remoción contra los uniformados, pero sólo 32 han sido removidos. En los
últimos cinco años, 41 agentes renunciaron, once han sido suspendidos y tres
fueron detenidos.
En su última entrevista con
ZETA, concedida en junio de 2018, la
directora del C3 en Baja California, Brenda Valdez Jaramillo, mencionó como
datos estadísticos que realizan un promedio
de 500 evaluaciones de Control de Confianza al mes, y en los últimos ocho años,
mil 080 agentes reprobaron el examen de permanencia, con un promedio de 135 por
año.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /INVESTIGACIONES ZETA/LUNES, 21 ENERO, 2019
01:00 PM)
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