Por malas planeaciones, violaciones al
reglamento y la falta de supervisión de la autoridad, las casas sufren daños,
pero más allá de ser sancionadas u obligarlas a resarcir el daño a los
afectados, las empresas de vivienda gozan de impunidad para seguir obteniendo
licencias de construcción
Mala planeación,
incumplimiento con protocolos de construcción, nula capacidad e inexperiencia;
falta de supervisión, omisión de estudios de suelo, violaciones al reglamento
de edificaciones y falta de la aplicación de la Ley por parte de las
desarrolladoras de vivienda, son algunos de los motivos que, acorde con
expertos en construcción, han propiciado que casas, fraccionamientos e incluso
colonias hayan resultado afectadas en Tijuana en la última década.
Laderas de Monterrey, Lomas
de Terrabella, Valle del Sur, Natura, Colinas de Chapultepec, Ribera del
Bosque, Colonia Juárez y recientemente Lomas del Rubí, son parte de los
complejos y espacios habitacionales perjudicados por “imprudencias” e
“inconsistencias” de los desarrolladores.
Los señalados en estos casos,
Consorcio ARA, Casas GEO, Grupo Arnaiz y Grupo Melo, en la totalidad de los
casos han salido “impunes” de las acusaciones que en su momento se han
realizado en su contra. Sólo algunos cuantos han reparado el daño generado a la
ciudadanía, sin que ello haya dado cumplimiento a las expectativas de los
afectados, lo cual resulta “muy grave” para los expertos, porque no sólo no se
cubren los estándares de calidad de la vivienda; tampoco se respetan los
reglamentos o toman la medidas necesarias de seguridad de lo que en un futuro
serán hogares, poniendo en riesgo a las familias.
La recomendación de los
especialistas, es que las autoridades municipales que expiden las licencias de
construcción sean más tajantes y estrictas al momento de revisar la
documentación requerida y al supervisar la construcción de los desarrollos,
cuando generalmente las compañías suelen brincarse la norma y no cumplen con lo
necesario.
Como sucedió el 2 de febrero
de 2018 en la colonia Lomas del Rubí, cuando una omisión al reglamento e
imprudencia por parte de Grupo Melo al momento de realizar un corte de talud,
propició un deslizamiento que dejó a más de 165 personas sin hogar.
Situación de la que hasta el
momento no se ha tenido una resolución concreta -el caso sigue en el Ministerio
Público-, tampoco les han reparado el daño a los afectados y la empresa sigue
sin asumir su responsabilidad, implícita en un dictamen realizado por la
autoridad municipal.
LOS CASOS MÁS SONADOS
Uno de los casos más notorios
ha sido el de Laderas de Monterrey, donde un deslizamiento de tierra ocurrido
en mayo de 2010 dañó dieciocho casas que se construyeron en un terreno
irregular, al no hacer excavaciones más profundas al momento de practicar los estudios geotécnicos.
En 2013, Grupo Arnaiz fue
acusado de propiciar un deslizamiento de 5 mil 500 metros del talud en Bulevar
Cuauhtémoc Sur, debido a los movimientos de tierra en la zona cuando se
disponían a realizar un fraccionamiento; en 2018 también fueron señalados de un
derrumbe en la colonia Juárez, donde no hubo afectados, sin embargo, también se
debió a malas maniobras que estaban desempeñando en el lugar, reparado por ellos mismos.
En 2013, Consorcio ARA fue
señalado e incluso demandado penalmente por fraude, negociaciones ilícitas y
coalición de servidores públicos tras detectarse algunas irregularidades en el
fraccionamiento Colinas de Chapultepec, lo cual quedó asentado en el expediente
7572/13/211/AP, aún en proceso.
Se les acusó de haberse
basado en un dictamen técnico falso, además de incumplir las normas de
edificación establecidas en reglamentos y leyes. La compañía no respondió a la
reparación de anomalías visibles y optó por ignorar las acciones de
rehabilitación que peritos especialistas en la materia realizaron luego de un
análisis de suelo.
La misma compañía fue
señalada de cometer irregularidades en un fraccionamiento en Lomas de
Terrabella, donde hubo daños materiales visibles en las viviendas.
Hace aproximadamente diez
años, en Ribera del Bosque, Casas GEO desarrolló un fraccionamiento que en la
actualidad está habitado y cuenta con servicios, no obstante, al momento de
instalarlo invadieron un predio en el que al momento de iniciar la edificación,
causó que los habitantes se quedaran sin servicio de telefonía e internet por
la mala planeación ejecutada en el territorio.
El más reciente y que mayor
afectación ha provocado es el de Lomas del Rubí, donde Grupo Melo provocó un
derrumbe que afectó a más de 165 personas que se quedaron sin hogar; a casi un
año del suceso, siguen sin reparar el daño y la demanda penal se encuentra
estancada en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
GRAVE SITUACIÓN EN TIJUANA
El ingeniero Jorge González
Belmont, quien fuera funcionario en la Secretaría de Asentamientos Humanos y
Obras Públicas del Estado durante las administraciones de los ex gobernadores
Milton Castellanos y Roberto de la Madrid Romandía, consideró la situación “muy
grave” debido a la tipografía que presenta la ciudad.
Sugirió que las autoridades
municipales deben poner mayor empeño tanto al
“Ayuntamiento trabaja en
apego al reglamento y legalidad”: DAU
Cuestionada sobre los
recientes sucesos de deslaves y derrumbes en los que se han visto involucradas
algunas empresas constructoras y sobre la función de seguimiento y revisión de
las obras por parte del Ayuntamiento, la directora de Administración Urbana,
Magdalena García Tafoya, aseguró que el Municipio en todo sentido “se apega al
reglamento y la legalidad”.
Bajo el entendido que algunas
firmas como Grupo Arnáiz han sido señaladas en varias ocasiones, y que ahora
Grupo Melo se ve envuelto en un problema al dejar sin hogar a 165 personas de
Lomas del Rubí, la titular de la Dirección de Administración Urbana (DAU)
explicó que en cuanto a la expedición de licencias y revisión de obras,
“siempre nos hemos puesto estrictos y apegados al reglamento y la legalidad,
siempre hemos hecho lo prudente y nunca se ha bajado la guardia. Se ha
trabajado a la par en cuanto a lo que nos corresponde”.
No obstante, resaltó que tras
los deslaves han puesto “más hincapié” en que el perito que realice movimientos
de tierra, sea el ingeniero civil a cargo y certificado.
En el caso de Lomas del Rubí,
están abocados a la resolución que se dará por principios de legalidad, al ser
un proceso jurídico y aún no poder
emitir comentario sobre dicha resolución respecto a la responsabilidad
de Grupo Melo.
Referente a los casos previos
en los que se han generado derrumbes, como en Laderas de Monterrey y la colonia
Mariano Matamoros, la funcionaria detalló que existen moratorias para la no
construcción en esas zonas, por lo tanto, ya no se expiden licencias para
edificar en dichos lugares.
“La situación en Tijuana es
realmente grave desde que el Estado cedió el control de las licencias de
construcción al Municipio, pues éste no ha tenido la capacidad para llevar a
cabo un control adecuado y seguro en la mayoría las edificaciones que se
realizan”, dijo.
El ingeniero considera que la
mayoría de los desarrollos urbanos se hacen de forma depurada y no se revisa
que sean sismoresistentes, uno de los puntos principales a tomar en cuenta,
debido a las diversas fallas en que Tijuana se asienta territorialmente.
Otro aspecto a considerar, es
que necesariamente se requiere de estudios geotécnicos para determinar las
características del terreno donde se va a desarrollar y los sistemas de
alcantarilla pluvial, cosa que no tienen estos desarrollos, en los que se
manejan escurrimientos superficiales, repercutiendo en las inundaciones y
problemáticas pluviales posteriores.
Otro aspecto en el que se han
detectado fallas, es que los desarrolladores no realizan estudios concretos de
carga para la cimentación, o los que hacen “no son adecuados y no los saben
calcular”, porque no se están diseñando de forma sismoresistentes y a la postre
se presentan fisuras, “por los errores de diseño y construcción”, subrayó el
entrevistado.
Respecto a las viviendas de
concreto reforzado, que son las que abundan en Tijuana, resaltó que para éstas
“no se cumple con la Ley de edificación, ni con la resistencia de concreto
estructural”, pues para la resistencia, mínimo se debe utilizar un concreto de
200 kilogramos por metro cuadrado, sin embargo, González ha percibido que las
desarrolladoras meten concreto de 150 kilogramos para bajar los costos, pero en
lo general bajan la resistencia y la vivienda se degrada más rápidamente.
ES UN FRAUDE, NADIE SUPERVISA Y PONEN EN RIESGO A LA
CIUDADANÍA
El especialista en
construcción considera que cuando se detectan este tipo de prácticas en algunas
edificaciones se trata de un fraude, ya que en la mayoría de las ocasiones, las
licencias de construcción de las desarrolladoras tienen algunas
especificaciones en lo concreto, pero en la práctica reducen la calidad de los
materiales.
“El problema es que nadie los
supervisa, por eso se hace lo que se les pega la gana, aunado a ello vemos que
los mismos arquitectos e ingenieros participan en la reglamentación de
construcción de vivienda, y todo lo que se fomenta con esto es inseguridad”,
detalló el experto, lo cual pone en total riesgo a la ciudadanía y a quienes
habitan este tipo de conjuntos habitacionales, ya sea porque poco después que
se entregan los fraccionamientos comienzan a mostrar deficiencias, o en su
caso, al momento de la construcción devienen las problemáticas.
Como los casos del derrumbe
en Lomas del Rubí, donde se asume fue propiciado por movimientos de tierra que
realizó Grupo Melo mientras edificaban.
“Hay corresponsabilidad legal
entre los promotores, ingenieros, desarrolladores y autoridades, están
obligadas a revisar la memoria técnica y los protocolos de la obra, todas las
instancias de gobierno cobran a los desarrolladores por cada una de las partes
que les corresponde avalar, pero nadie hace una supervisión oficial a detalle
que sea efectiva y de calidad”, puntualizó el ingeniero.
Once meses después que se
presentara un derrumbe provocado por Grupo Melo en la colonia Lomas del Rubí,
donde más de 165 personas resultaron afectadas, la empresa -en convenio con el
Ayuntamiento de Tijuana- aportará 8 millones de pesos para la construcción de
los pies de casa de 68 vecinos que recibieron un terreno por parte de la
administración municipal en las colonias Los Pinos y Villas de Baja California,
tras haber acreditado todos los requisitos de procedencia.
“Es decir, son dueños o
propietarios de las casas que se vieron derrumbadas”, compartió el secretario
de Gobierno, Leopoldo Guerrero Díaz, quien agregó que entre los afectados hay
tres tipos de damnificados.
Unos son los propietarios que
ahí vivían, a quienes se canalizó el recurso; otros, los que estaban rentando
una casa; y los terceros, los propietarios de las casas que estaban siendo
rentadas. A los últimos dos grupos les dejaron de lado para, mediante la vía
legal, resolver su situación.
Sobre el convenio con Grupo
Melo, el funcionario detalló que este beneficio es “sin condicionantes” para
los vecinos afectados y como “acto solidario para que puedan iniciar el pie de
casa”, es decir, no implica el hecho de retirar las demandas en contra de la
empresa.
Para ello, Grupo Melo
entregará el 30 por ciento en estos días y en un lapso corto pagarían la mitad
(4 millones de pesos); el resto, otros 4 millones, serían bajo un crédito de
cuatro años.
Finalmente, aclaró que se
tiene un convenio con la empresa para comenzar la construcción de las casas, la
cual asciende a 217 mil pesos, con un crédito a diez años para los
beneficiarios; costo que se les reduce a la mitad con la aportación de quienes
se ha venido señalando como culpables del derrumbe.
Guerrero Díaz puntualizó que
los pies de casa se terminarán de edificar en seis meses, con dos habitaciones,
sala, comedor, cocina, patio y baño; además, contarán con una cimentación que
permita a las familias la construcción de un segundo piso. Manuel Ayala Chávez
Once meses después que se
presentara un derrumbe provocado por Grupo Melo en la colonia Lomas del Rubí,
donde más de 165 personas resultaron afectadas, la empresa -en convenio con el
Ayuntamiento de Tijuana- aportará 8 millones de pesos para la construcción de
los pies de casa de 68 vecinos que recibieron un terreno por parte de la
administración municipal en las colonias Los Pinos y Villas de Baja California,
tras haber acreditado todos los requisitos de procedencia.
“Es decir, son dueños o
propietarios de las casas que se vieron derrumbadas”, compartió el secretario
de Gobierno, Leopoldo Guerrero Díaz, quien agregó que entre los afectados hay
tres tipos de damnificados.
Unos son los propietarios que
ahí vivían, a quienes se canalizó el recurso; otros, los que estaban rentando
una casa; y los terceros, los propietarios de las casas que estaban siendo
rentadas. A los últimos dos grupos les dejaron de lado para, mediante la vía
legal, resolver su situación.
Sobre el convenio con Grupo
Melo, el funcionario detalló que este beneficio es “sin condicionantes” para
los vecinos afectados y como “acto solidario para que puedan iniciar el pie de
casa”, es decir, no implica el hecho de retirar las demandas en contra de la
empresa.
Para ello, Grupo Melo
entregará el 30 por ciento en estos días y en un lapso corto pagarían la mitad
(4 millones de pesos); el resto, otros 4 millones, serían bajo un crédito de
cuatro años.
Finalmente, aclaró que se
tiene un convenio con la empresa para comenzar la construcción de las casas, la
cual asciende a 217 mil pesos, con un crédito a diez años para los
beneficiarios; costo que se les reduce a la mitad con la aportación de quienes
se ha venido señalando como culpables del derrumbe.
Guerrero Díaz puntualizó que
los pies de casa se terminarán de edificar en seis meses, con dos habitaciones,
sala, comedor, cocina, patio y baño; además, contarán con una cimentación que
permita a las familias la construcción de un segundo piso. Manuel Ayala Chávez.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / MANUEL AYALA
/LUNES, 21 ENERO, 2019 01:00 PM)
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