jueves, 6 de diciembre de 2018

LA SHCP PRESENTA DENUNCIA ANTE LA PGR PARA DESMANTELAR RED DE LAVADO DE DINERO DEL CJNG


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo nuevo titular es Santiago Nieto Castillo, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por una red de lavado de dinero y empresas fantasmas, operadas supuestamente por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta es la primera denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita del crimen organizado presentada por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la titularidad del Poder Ejecutivo Federal el pasado 1 de diciembre.

La red de lavado involucra una cadena de empresas manejadas por familiares del líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias el Mencho, quien está prófugo, capo por el cual el Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a la persona que otorgue información para lograr su captura.

La noche de ayer miércoles, la SHCP encabezada por Carlos Manuel Urzúa Macías, emitió un comunicado en el que informó sobre la denuncia presentada ante la PGR. Por su parte, Nieto Castillo escribió en su cuenta de la red social Twitter, Santiago Nieto, que continúan las diligencias ministeriales de aseguramientos y recuperación de activos.

“La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado como una prioridad el combate a las estructuras financieras del crimen organizado y esta acción es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación”, afirmó Hacienda en su comunicado.

“Estamos presentando una denuncia contra personas físicas y morales. Y el día de ayer entré en contacto con el doctor Alejandro Gertz Manero, el encargado del despacho en este momento de la PGR, para darle seguimiento no sólo a las denuncias previas que han sido presentadas por la UIF sino para tener un acercamiento, a fin de generar estrategias conjuntas de ataque a las estructuras financieras de los grupos delincuencias y de los casos de corrupción pública y privada”, dijo el titular de la UIF en entrevista con la periodista Carmen Aristegui Flores.

Recordó además que el presidente López Obrador ha planteado la estrategia de confrontación contra la delincuencia organizada sólo ha provocado más violencia. Por lo que Nieto Castillo dijo que el punto central de la nueva táctica consiste en “modificar el modelo para lograr un aseguramiento de cuentas bancarias, instrumentos y bienes producto del delito”.

Asimismo, el funcionario federal dio a conocer que, contrario a lo que no se hacía, ahora se “le dará seguimiento a las denuncias que ha presentado la UIF frente a los jurisdiccionales” con dos objetivos claros: “constituirnos como víctimas en virtud de que se trata de una afectación al Estado mexicano en temas financieros; y lograr al final el decomiso de los bienes e instrumentos, al momento de tener una sentencia condenatoria, sea un procedimiento abreviado o juicio oral”.

En enero pasado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un ente intergubernamental con sede en París, Francia, cuestionó la falta de acciones efectivas del Gobierno de México contra las estructuras financieras del crimen organizado.

El organismo indicó que, pese a existir un buen marco legal, esto no deriva en investigaciones efectivas ni en la confiscación sistemática de bienes ilícitos. “Hasta hace relativamente poco, la PGR no consideró como una de sus prioridades centrales la identificación e investigación del lavado de dinero […] En consecuencia, el número de casos y condenas por lavado de dinero es muy bajo”, señaló el GAFI.

EL CJNG, LOS CUINIS Y EL MENCHO

El Cártel de Jalisco Nueva Generación es un grupo delictivo dedicado al narcotráfico, extorsión, secuestro y tráfico de armas, robo de hidrocarburos, entre otros delitos, creado en 2007 como un brazo armado del Cártel de Sinaloa, bajo el nombre de Los Mata Zetas.

Según la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la alianza entre el Mencho, y su cuñado Abigael González Valencia, líder de los Cuinis; fue clave para que en menos de tres años tuvieran presencia en catorce entidades de México y poder competir con el Cártel de Sinaloa por el control del tráfico de drogas como la cocaína o metanfetamina a los Estados Unidos y Canadá.

El brazo financiero del CJNG son Los Cuinis, la familia de 18 hermanos de la esposa del Mencho, Rosalinda González Valencia, detenida por agentes federales la noche del pasado 26 de mayo, en el municipio de Zapopan, pero que recuperó su libertad al serle permutada la medida cautelar de prisión preventiva, por una caución de 1.5 millones de pesos.

Cinco miembros de los Cuinis están presos, pero el grupo sigue operando a través de Noemí, Berenice, Marisa, Erika, María Elena, Abigail y Estela, hermanas de la esposa del Mencho, a quienes las autoridades identifican como responsables encubiertas de los negocios del CJNG.

Las autoridades mexicanas atribuyen a los Cuinis negocios como comercializadoras, clínicas de belleza y rejuvenecimiento, hoteles, restaurantes y ferias, entre otros. Incluso los considera como una de las organizaciones criminales más ricas de México, en su sociedad familiar con el CJNG.

En octubre del 2016, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a siete miembros de los Cuinis en la lista de narcotraficantes internacionales que elabora su Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

El fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, informó el pasado 16 de octubre, que el CJNG trafica al menos cinco toneladas de cocaína y cinco de metanfetamina a los Estados Unidos cada mes, y según el funcionario estadounidense, la organización criminal tiene presencia en San Diego, Nebraska, Nueva York, Orlando y Virginia, así como en Asia y Australia.

En México opera en más de la mitad del territorio donde controla más de 100 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina, abundó el fiscal general estadounidense, quien aseguró, además, que el CJNG está vertiendo grandes cantidades de droga, por lo que es uno de los más peligrosos a nivel mundial.

“Tales organizaciones tienen que ser confrontadas y tienen que ser derrotadas”, advirtió Sessions, quien junto el administrador Interino de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Uttam Dhillon; y otros funcionarios anunciaron en Washington sanciones contra personas presuntamente relacionadas con el CJNG.

Un día antes, el 15 de octubre pasado, el Gobierno de Estados Unidos anunció la creación de un grupo de trabajo especializado para combatir el “crimen transnacional” que representa la “mayor amenaza” para dicho país, como lo son determinadas pandillas y cárteles del narcotráfico, entre ellos el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, además del grupo terrorista libanés Hezbolá.

El pasado 15 de agosto, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), el Gobierno Federal ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que sea “veraz y útil” para ubicar y detener a Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Sobre la recompensa, la PGR indicó que la información sobre “El Mencho” será recibida en sus oficinas de Paseo de la Reforma número 75; en el correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx, y en los números telefónicos (55) 53 46 38 67 y en el (55) 53 46 00 00, extensión 3825, en la Ciudad de México; y en el 01 800 831 31 96, desde cualquier parte del país.

“El Mencho”, y/o “El Gallero” y/o “El Señor de los Gallos”, nació el 17 de julio de 1964 o de 1966, en la localidad de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán. Su carrera delictiva inició hacia finales de la década de los 80 del Siglo pasado, cuando emigró al norte de California, en Estados Unidos, para traficar heroína.

Oseguera Cervantes fue detenido en 1992 y pasó tres años en una prisión estadounidense. Deportado, regresó a México, donde “El Mencho” se consolidó como uno de los principales operadores del Cártel del Milenio, para después formar el CJNG, junto a los hermanos González Valencia.

Oseguera Cervantes tiene diversas órdenes de aprehensión en México y una orden de detención provisional con fines de extradición, librada desde febrero de 2015 por un juez federal de la Ciudad de México. La última vez que estuvo cerca de ser detenido el capo de aproximadamente 52 años de edad, fue el 1 de mayo de 2015, cuando un grupo de hombres armados a su servicio repelieron un operativo en el camino de Casimiro Castillo-Villa Purificación, en el estado de Jalisco, y derribaron un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

El CJNG, que se dedica principalmente a transportar drogas sintéticas a Estados Unidos, surgió en 2007 como brazo armado del Cártel de Sinaloa, del que se separó en 2010, y ahora es el “objetivo prioritario” del Gobierno Federal mexicano, que quiere “desmantelar” al grupo delictivo, según palabras del entonces titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida.

Antes, el 27 de marzo de este mismo año, Brian McKnight, nuevo agente a cargo de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Chicago, Illinois, declaró que alias “El Mencho”, es el nuevo enemigo público número uno de dicha ciudad estadounidense.

(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS  CARLOS ÁLVAREZ /JUEVES, 6 DICIEMBRE, 2018 11:53 AM)

LAS CUENTAS DE LA COCINERA


La colocación de una oferta de recompra de bonos que financiaron parte de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, levantaron en muchos las expectativas que la construcción se continuaría. No será así a menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador vuelva a nacer –y eso tampoco garantizaría un destino diferente-, o surjan contingencias inimaginables en este momento. Texcoco está muerto, para efectos de aeropuerto, y la Base Aérea de Santa Lucía, como dijo López Obrador, es la opción. El futuro es claro desde su óptica, aunque valdría la pena que alguien, cuando menos para que no diga que nunca nadie le advirtió, le hiciera las cuentas de la cocinera sobre lo que significan los costos para el proyecto que está en el epílogo de su vida, y el que está en la mente de los asesores constructores del presidente.

En números aproximados, las cuentas sobre la opción de Santa Lucía son las siguientes:

*El costo de la obra, promediando la cifra de tres mil millones de dólares calculadas por el ingeniero José María Riobóo, autor intelectual del asesinato de Texcoco, y los siete mil millones que estimó el Colegio de Ingenieros, quedaría en cinco mil millones de dólares.

*El costo de las vías de acceso a Santa Lucía y un tren rápido entre la Base Aérea y el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, mil 300 millones de dólares.

*Las adecuaciones al aeropuerto “Benito Juárez”, mil millones.

*El prepago de bonos, mil 800 millones.

*El prepago de la Fibra E, otros mil millones.

*El acuerdo con las empresas constructoras mexicanas para la terminación de los  contratos, dos mil millones.

*La remediación ambiental en Texcoco, dos mil millones.

*El costo de una nueva Base Aérea, mil millones.

Esto significaría un costo de 15 mil 100 millones de dólares, comparado con el costo del proyecto del NAIM en Texcoco, cuyo proyecto fue de 13 mil millones de dólares. En este caso, las cuentas finales son las siguientes:

*Los sobrecostos, porque se tuvieron que ampliar la terminal y el área de carga por un incremento en el número de pasajeros en 2017, son de tres mil millones de dólares.

*Menos, tres mil millones por el avance de las obras.

*Menos, dos mil millones de dólares por el valor del terreno en el actual aeropuerto “Benito Juárez”.

*Menos, el valor de la ciudad aeropuerto, que suma dos mil millones de dólares.

En ambos casos se les quitan los cinco mil millones que tiene el Fideicomiso del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. De esta forma, el costo de Santa Lucía, con esa reducción, requeriría recursos adicionales por 10 mil 100 millones de dólares, para que la opción propuesta por López Obrador se concrete, sin saber con certeza todavía si es posible que funcionen de manera simultánea las dos terminales. Para terminar el NAIM en Texcoco, se necesitarían cuatro mil millones de dólares.

Visto en moneda, la diferencia de cinco mil 100 millones de dólares de diferencia entre concluir Santa Lucía, no parece la decisión financiera más inteligente haber cancelado Texcoco a favor de Santa Lucía. Pero en los cálculos de López Obrador, las finanzas y la pérdida de confianza entre los inversionistas que provocó  esa decisión de política pública, es menos importante que el cumplimiento de una promesa de campaña.

Para enfrentar las contingencias de una demanda colectiva en los tribunales neoyorquinos por la cancelación de la obra, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, contrató a tres instituciones financieras y a un despacho de abogados estadounidenses –cuyos costos no fueron calculados en lo que se tendrá que invertir en Santa Lucía- para que le diseñaran el plan de recompra del 30% de los bonos, con la expectativa de que participen en la subasta el 50+1 de los tenedores de los bonos, con lo cual se cancelan los términos en los que se firmaron los contratos y pueden renegociar con ellos otras condiciones para el pago de la deuda.

La oferta de compra es por 90 centavos por cada dólar, que si se toma en cuenta que la cancelación de Texcoco tiró el valor del bono hasta 77 centavos dólar, abre la posibilidad de que sí sea posible recuperar el 30% de los bonos que están en manos de inversionistas extranjeros. La apuesta es alta, y no es algo cierto que se logre el cometido. Sin embargo, el gobierno de López Obrador no tenía opción, porque cancelar la obra sin tomar esas previsiones, habría provocado demandas multimillonarias en Nueva York, las cuales, por lo pronto, se pusieron en espera.

Las primeras señales del mercado no han sido positivas para el propósito buscado por el gobierno. La firma de abogados Hogan Lovelis, que representa a fondos como Blackrock y Prudentual, que tienen más del 50% de los bonos del NAIM, ya adelantaron que no apoyarán la recompra en la forma como se presentó la oferta, lo que introdujo complicaciones para el gobierno a menos de 72 horas de haber tomado la iniciativa. Pero aún si consiguiera el objetivo de recomprar los bonos y renegociar los términos del contrato con el 70% de los tenedores de los bonos, no es una buena señal la que habrán mandado los mercados.

Dicho de otra manera, si el gobierno de México recompró al precio más bajo y los inversionistas vendieron con ese descuento, significa que perdieron la confianza en la nueva administración y prefieren recortar sus pérdidas. O sea, no quieren volverse a fijar en este país mientras no haya acciones que recuperen la credibilidad en el gobierno.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ESTRICTAMENTE PERSONAL/6 DE DICIEMBRE DE 2018)