La palabra bizarro tiene dos
acepciones. Una que proviene de su origen francés, usada también en inglés, que
se refiere a una persona extraña, peculiar o extravagante. Otra en español,
donde suele confundirse el término, que es positivo y quiere decir valiente. En
el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, los dos sentidos de la
palabra se ajustan perfectamente. Tiene un enorme valor para enfrentar todo y a
todos todo el tiempo para alcanzar el cambio prometido en la campaña. Al mismo
tiempo, utiliza sus enormes recursos políticos para forzarlos sin importarle
que el país que dirige no está aislado del mundo y que algunas de las
decisiones que están tomando podrán afectar a su gobierno, su proyecto y al
país de una manera inimaginable. Este sábado se dio el último paso al
territorio de los problemas.
La bancada de Morena en la
Cámara de Diputados distribuyó el proyecto de dictamen de 84 páginas donde
cambia el esquema de gobierno corporativo de Pemex. Hace casi un mes lo había
anticipado la ex síndica de Texcoco, Karla Yuritzi Almazán, miembro de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, pero no hubo muchas voces que expresaran
su preocupación. Este sábado se concretó su iniciativa en donde se descabeza el
gobierno corporativo de Pemex y se le otorgan facultades plenas al titular de
Pemex, que para efectos reales y prácticos es el presidente López Obrador, para
hacer lo que plazca con la empresa productiva del Estado Mexicano sin rendirle
cuentas a nadie.
El proyecto señala: “La
presente iniciativa pretende establecer un marco jurídico que garantice y
permita al director general dirigir, ejecutar, administrar y operar Petróleos
Mexicanos y las diversas empresas que la componen, de manera integral para
ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación”.
En la actualidad, agrega el proyecto, la ley “diluye la responsabilidad en las
líneas de actuación y porque un gobierno corporativo implica un órgano que
ordena y vigila, pero no opera”. Por lo tanto, los consejeros independientes
dejarán de ser realmente independientes y serán funcionarios públicos que le
den “certeza” a la buena marcha de Pemex, y se sacuden a la Comisión Nacional
de Hidrocarburos, para que el titular pueda contratar lo que desee sin un
órgano regulador.
Lo que pretende el presidente
es regresar el esquema que había venido construyendo Pemex en los últimos años
para adecuarlo a las reglas del mundo, y retroceder más de tres lustros, cuando
la arquitectura de las empresas cambió tras los escándalos corporativos en
Estados Unidos entra 2000 y 2002. Corporaciones como Enron Corporation, la
empresa petrolera y energía de Houston con fuertes vínculos con el gobierno de
George W. Bush, Tyco International y WorldCom, encabezaron una serie de
escándalos de malas prácticas que rompieron la confianza de los inversionistas
en las contabilidades que les presentaban al declararse en bancarrota, pese a
la solidez financiera de algunas de ellas. Esa crisis originó demandas urgentes
para restablecer los estándares regulatorios que habían sido desmantelados
siete años antes, lo que les había facilitado actuar fraudulentamente.
Con el fin de establecer
nuevos estándares contables, el senador Paul Sarbanes y el diputado Michael
Oxley, prepararon una ley que creaba un marco regulatorio al que incorporaban
una administración corporativa y un consejo de administración corporativo, a fin
de que nunca más las empresas públicas se manejaran sin pesos ni contrapesos, o
sin rendir cuentas a nadie. Esta ley se conoce como el Acta Sarbanes-Oxley,
aprobada en 2002, para proteger a los inversionistas de posibles actividades
contables fraudulentas por parte de las empresas.
Esa Acta creó un sistema de
reglas, prácticas y procesos que se le llama gobierno corporativo, que regulan
la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa.
Como explica Deloitte, una empresa multinacional con operaciones en México,
“establece las relaciones entre la junta directiva y el consejo de
administración, los accionistas y el resto de partes interesadas, y estipula
las reglas por las que se rige el proceso de toma de decisiones sobre la compañía
para generar valor”. La aplicación de un código de buen gobierno, agrega, es la
garantía para el crecimiento sostenible, restablece la confianza de los
inversionistas y aumenta el acceso al crédito.
El proyecto que se distribuyó
el sábado, camina en sentido contrario. Opacidad contra transparencia, sin
contrapesos ni mecanismos de rendición de cuentas, con manejo unipersonal en
Pemex para tomar decisiones verticales. El gobierno corporativo desaparece por
completo y la empresa se manejará de acuerdo a los intereses del presidente en
turno a través del titular en turno. De concretarse en Ley la iniciativa de
Morena, chocará con el Acta Sarbanes-Oxley que busca proteger a los
inversionistas con lo que se abre la posibilidad de que en el futuro, todo lo que
quiera hacer Pemex en el mundo sea revisado por la Comisión de Valores y
Cambios de Estados Unidos.
No se puede decir que de
aprobarse la ley se le cerrará el crédito a Pemex en el mundo y se parará la
inversión extranjera en la empresa, pero sí se puede argumentar que la
colocación de bonos para financiamientos, la búsqueda de líneas de crédito o de
inversionistas, será cada vez más difícil de conseguir. Es cierto que el
presidente López Obrador ya dijo que Pemex no emitirá bonos de deuda y que se revisarán
los contratos con inversionistas extranjeros porque no le gustan los
resultados. También ha dicho que no quiere tratos petroleros con el mundo sino
mirar solamente hacia adentro. Eso también es un proyecto de nación.
Inexistente, por cierto, hasta en Corea del Norte.
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twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/18 DE FEBRERO DE 2019)
