“Los expedientes son potencialmente
explosivos pues probarían más allá de toda duda que Echeverría sirvió a un
gobierno extranjero a cambio de un beneficio (pago) cuando fue subsecretario y
secretario de Gobernación”. Foto: Susana Navarrete/Cuartoscuro
Washington, D.C.—Contrario a
los que anticiparon una “verdadera mina de oro”, los recién liberados 2,800
documentos secretos sobre la investigación del asesinato de John F. Kennedy, no
contienen ninguna bomba informativa que ayude a corroborar oficialmente el
contubernio entre los gobiernos priistas de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz
Ordaz y Luís Echeverría con la CIA. A última hora, Mike Pompeo, director de la
famosa agencia de espionaje, convenció a Donald Trump–quien por ley tenía como
fecha perentoria liberarlos el jueves 26 de octubre–, mantener en reserva 90
por ciento del acervo de 30,000 documentos por consideraciones de “seguridad
nacional”.
Jefferson Morley, autor de la
biografía de Winston Scott, el legendario jefe de la estación de la CIA en México
de 1956 a 1969, me dijo que la CIA se opuso a su divulgación, entre otros
motivos, para proteger uno de los operativos secretos más ambiciosos de su
historia: el reclutamiento de la élite política mexicana. En Our Man in Mexico
(Nuestro Hombre en México, Tauros 2011), Morley dice que López Mateos, Díaz
Ordaz y Echeverría fueron reclutados, con pago de por medio, por Scott, según
consta en documentos obtenidos por el autor para su libro. Estos no revelan los
montos que les pagaban, pero se deduce que eran excesivos, a decir por las
quejas al interior de la agencia.
Las leyes de transparencia
estadounidenses generalmente prohíben la difusión de material secreto que aluda
a personas vivas. En vista de que todos los reclutas de Scott han muerto, con
la excepción de Echeverría, cabe concluir que el propósito de la CIA es blindar
al individuo que ordenó la masacre de Tlatelolco y darlos a conocer sólo
después de su muerte. “Tengo la certeza de que el nombre de Echeverría está en
los documentos que están siendo negados por esa razón”, me dijo Morley, quien
posee una lista de títulos de una parte del acervo bajo reserva.
Los expedientes son
potencialmente explosivos pues probarían más allá de toda duda que Echeverría
sirvió a un gobierno extranjero a cambio de un beneficio (pago) cuando fue
subsecretario y secretario de Gobernación. Bajo la Constitución, eso se llama
traición a la patria. Morley considera que el argumento que esgrimió la CIA
ante Trump invocando la seguridad nacional es falso. “La estrecha relación
entre la CIA y las presidencias mexicanas de entonces, es muy delicada porque
puede tener implicaciones para las relaciones hoy en día. De saberse, el
presidente mexicano [Enrique Peña Nieto] tendría que pronunciarse y dañaría las
relaciones”, me dijo Morley.
Morley no sabe si el gobierno
de Peña fue consultado, aunque no lo descarta. “No me sorprendería si la CIA o
el Departamento de Estado hubieran preguntado a sus contrapartes si tendrían
problema en que se publicaran. Es posible”.
Otra razón para frenar su
divulgación, según Morley, puede estar relacionada a los métodos de espionaje
de la CIA. Pese a que han transcurrido más de seis décadas, la CIA pudo negarse
a que se conocieran el lugar donde ubicaban cámaras secretas de vigilancia,
aparatos de intercepción telefónica y hasta los nombres de los colaboradores
que ayudaron a espiar al consulado de Cuba y a la embajada de la URSS. De no
haber sido por la subordinación de López Mateos, quien dio luz verde a la CIA
para echar andar el masivo operativo de espionaje contra Cuba y la URSS, la CIA
jamás se hubiera enterado de la presencia de Lee Harvey Oswald en las sedes
diplomáticas de esos países semanas antes del asesinato de Kennedy.
Morley dice tener la certeza
de que los documentos censurados por la CIA contienen información sobre los
informantes de Litempo, nombre en código del operativo de reclutamiento de la
agencia, y la relación con la presidencia de México. Fernando Gutiérrez Barrios
y Miguel Nassar Haro, los torturadores irredentos de la sangrienta guerra
sucia, también fueron parte de Litempo. “Sabemos que los records no
desclasificados tienen muchas referencias a esas relaciones”.
Cabe concluir que la
cacareada desclasificación de la semana pasada fue mucho humo y poco fuego no
solo en lo que respecta a México sino también al asesinato de JFK. Ha sido
gracias al trabajo de Morley que sabemos de Litempo y de cómo la estación de la
CIA en México solapó en sus despachos a Washington a los verdaderos autores de
la masacre de Tlatelolco para proteger su connivencia con el gobierno de Díaz
Ordaz. Los documentos obtenidos por Morley–los que pueden consultarse en línea
en los Archivos de Seguridad Nacional de la Universidad George
Washington–ofrecen una ventana a la perversa historia de intrigas y componendas
entre las élites de Estados Unidos y México, pero es una historia incompleta y
fragmentada porque seis décadas después la CIA insiste en mantenerla en
secreto.
RUSIAGATE TOCA A SINALOA
Resulta que Mercury Public
Affairs, la firma contratada por el gobierno de Quirino Ordaz Coppel de
Sinaloa, al son de 25,000 dólares mensuales, está enredada en la explosiva
investigación en torno a la presunta colusión entre los rusos y la campaña
presidencial de Donald Trump. Contratada por Sinaloa para dar “asesoría
estratégica” sobre “asuntos internacionales, abogacía, publicidad y cabildeo”,
Mercury es la compañía identificada como “A” en el encausamiento criminal
contra Paul Madafort, ex jefe de la campaña de Trump. Según la acusación, los
pagos que Madafort hizo a Mercury son parte de los millones de dólares que el
operador político lavó en paraísos fiscales para ocultar su procedencia
vinculada a Rusia. A ver si a Quirino Ordaz no le sale el tiro por la culata
por andar empleando servicios mercenarios que no por caros son menos
cuestionables y cuestionados.
Twitter: @DoliaEstevez
(SIN EMBARGO/ DOLIA ESTÉVEZ/ NOVIEMBRE 3, 2017, 12:00
AM)